El empleo vive su mejor momento desde 2008: ¿en qué se diferencia aquel mercado laboral del actual? El acelerón de las actividades profesionales, científicas y técnicas sustancian parte del acelerón del empleo en los últimos años... La tasa de desempleo es la menor en 15 años, cuando explotó la crisis inmobiliaria

 "Hay una muletilla que nunca falta en las crónicas sobre empleo de los últimos meses. Los datos positivos que se desmenuzan suelen ser los mejores “desde 2008″.

 ¿En qué se diferencia el mercado laboral de entonces del actual?

La comparación es conveniente ante los sucesivos récords positivos de los últimos meses. Cabe preguntarse cómo hemos llegado hasta aquí, con tres reformas laborales por medio, y en qué ha cambiado España respecto a entonces. (...)

 Cabe destacar que, según la mayoría de analistas, entonces la economía estaba dopada: el cénit de la actividad de construcción tenía los pies de barro. Esto se advierte con claridad con un vistazo a la tasa de desempleo previa al hinchazón de la burbuja: de 2002 a 2004 rondó el 11%, en términos parecidos a los actuales.

 Ahora hay más trabajadores en España que en 2008, unos 400.000 más. Hemos pasado de 20,65 millones a 21,06, una cifra nunca vista. Es un acelerón importante, pero hay que tener en cuenta que desde entonces también ha aumentado la población. En julio de 2008 había 45,98 millones de residentes, frente a los 48,35 actuales. Así, los ocupados han aumentado un 2%, mientras que la población lo ha hecho un 5,2%.

Pero hay un matiz importante que añadir a estas cifras: la población ha envejecido sustancialmente desde entonces. Hay muchos más jubilados.(...) en 2008 había 7,16 millones de inactivos mayores de 64 años, mientras que ahora hay 9,1, dos millones más.

 En resumen, hay más trabajadores que nunca, pero la porción de población participante en el mercado laboral es ligeramente inferior por la demografía.

 El peso de cada sector económico ha cambiado muchísimo en la economía española en los últimos 15 años. La construcción se ha desplomado a la mitad: de absorber el 12,4% de la ocupación en el segundo trimestre de 2008 al 6,5% en 2023. La industria también ha sufrido un retroceso, aunque no tan severo: del 15,9% al 12,9%. La menor caída es la de la agricultura, que pasa del 4% al 3,6%. Estos trabajadores se han incorporado al sector servicios, que ha crecido del 67,7% al 77% en tres lustros. (...)

este alza de la hostelería no es suficiente para convertirse en la segunda actividad más importante del sector servicios, posición que sí tenía en 2008. Ahora la superan las actividades sanitarias y de servicios sociales, que pasan del 6,1% al 9,1%. Hay que tener en cuenta que, por medio, hemos vivido un envejecimiento acusado de la población y una pandemia.

También es importante el crecimiento de los ocupados en educación (del 5,7% al 7,3%) y en actividades profesionales, científicas y técnicas (del 4,4% al 5,9%). El acelerón de estas profesiones, tanto las vinculadas al sector público como las de alto valor añadido, sustancian parte del acelerón del empleo en los últimos años. Los expertos señalan la importancia de los fondos europeos en este fenómeno. (...)

Ninguna variable del mercado laboral ha cambiado tanto con la reforma que el Gobierno aprobó a finales de 2021 como la temporalidad. Este mal endémico del mercado laboral español se está corrigiendo, acercando la proporción española de contratos temporales (17,3% en el segundo trimestre de 2023) a la media europea (11,1% en 2022).(...)

 Otra variable a tener en cuenta es la parcialidad, la proporción de trabajadores que no están empleados a jornada completa. Se da una leve subida de la parcialidad en España, que pasa del 11,8% del segundo trimestre de 2008 al 13,5% en 2023. Es una estadística engañosa: aunque un índice alto se puede interpretar negativamente (las empresas no son capaces de ofrecer jornadas completas; y mucha parcialidad oculta jornadas completas con parte del salario en b, o incluso sin él), la realidad es que los países con más jornadas parciales en Europa presumen de fortaleza económica. (...)

Hay una variable inequívoca que sí apunta a una tendencia a mejor en España respecto a la parcialidad: en los últimos meses cae la proporción de trabajadores con este tipo de jornadas por obligación. El 47,6% trabaja a jornada parcial porque no encuentra empleo a jornada completa, la cifra más baja desde 2010 y muy por debajo del peor momento de la Gran Recesión, cuando rondaba el 60%. Pero sigue siendo una tasa alta, que en el segundo trimestre de 2008 se situaba en el 33,6%. (...)

El salario español ha perdido desde 2008 un 7% de poder adquisitivo. Así se desprende de un reciente estudio de la compañía de recursos humanos Adecco —elaborado con datos de la Encuesta de Costes Laborales del INE y de Eurostat—. Esta contracción fue especialmente profunda en 2022, cuando la inflación se desbocó por la invasión rusa de Ucrania, con el consecuente aumento de los costes energéticos. El salario medio en España perdió un 4% de poder de compra solo en 2022, a pesar del aumento en las retribuciones.  (...)

Los hombres nacidos en España representaban el 49,5% de la fuerza laboral en el segundo trimestre de 2008. En el mismo periodo de 2023 son el 44,3%. Este pronunciado declive se debe al auge de mujeres y empleados con doble nacionalidad: ambas variables se encuentran en récords históricos. Y cuando estas variables se mezclan, la subida es exponencial.

En los últimos 15 años, las trabajadoras han pasado de representar el 42,4% del mercado laboral al 46,5%. El mayor incremento es el de mujeres con doble nacionalidad, que en 2008 eran 119.400 y ahora son 524.100. Es decir, han pasado de agrupar el 0,58% del empleo al 2,5%. La cifra de mujeres extranjeras apenas aumenta, pero sí la de empleadas de nacionalidad española: pasan de concentrar el 35,6% de los puestos de trabajo al 37,8%. (...)

La asignatura pendiente es cerrar las brechas que siguen sufriendo tanto mujeres como inmigrantes. Cobran menos, padecen mayor temporalidad y también más parcialidad no voluntaria. "                (Emilio Sánchez Hidalgo , El País, 09/10/23)

La temporalidad en el empleo está disparada en el sector público (28,1%) y supera a la del sector privado (23%) ¡En la sanidad pública es del 40%! El motivo es, entre otros, la infrafinanciación estructural del sector público debido a una contribución fiscal 6,2 puntos del PIB

Carlos Martín Urriza @carlosurriza

 La temporalidad en el empleo está disparada en el sector público (28,1%) y supera a la del sector privado (23%) ¡En la sanidad pública es del 40%! El motivo es, entre otros, la infrafinanciación estructural del sector público debido a una contribución fiscal 6,2 puntos del PIB...

por debajo de la media de la Eurozona. Esta brecha supone que el Estado deja de ingresar €70.000 millones al año. La temporalidad alcanza su nivel más alto en las CCAA (31,7%) y las Corporaciones Locales (32,6%). Y el más bajo en la Administración Central (9,8%)

Por CCAA, la tasas de temporalidad en el sector público alcanza su nivel más alto en País Vasco (36,8%), Navarra (36,7%), Cantabria (34%), Canarias (33,1%) y Extremadura (32,8%). Y el más bajo en Madrid (23,9%), Cataluña (24,2%) y La Rioja (24,4%).

El detalle de todo esto en el estudios presentado hoy por @CCOO https://ccoo.es/01ff8757c0b4f9

4:50 p. m. · 2 dic. 2021
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Dinamarca, con un desempleo en plena pandemia del 8%, y Suecia del 9%, tienen nada menos que el 30% del mercado laboral siendo funcionarios. A ver si alguno pilla porque tienen un mercado laboral estable y bajas tasas de desempleo

Carlos Cagigal @CcagigalNeira

 Suecia o Dinamarca tienen una tasa de empleo público entorno al 30% y son puestos de ejemplo como países eficientes. El Pseudoliberalismo patrio, en su línea,.

Gonzalo Bernardos @GonBernardos

 La tasa de empleados públicos en España es del 15,6%, en la OCDE del 17,9%. ¿Hay demasiados empleados públicos en nuestro país? Las cifras lo dicen claramente: NO.

10:37 p. m. · 27 jul. 2021
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Dinamarca, con un desempleo en plena pandemia del 8%, y Suecia del 9%, tienen nada menos que el 30% del mercado laboral siendo funcionarios. A ver si alguno pilla porque tienen un mercado laboral estable y bajas tasas de desempleo... 

11:07 a. m. · 28 jul. 2021
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Los trabajadores realizaron 120.000 horas extras incluidos sábados, domingos y los festivos de Semana Santa para tramitar los ERTE, con ordenadores con una vida media de 35 años. La “democratización de esta ayuda” ha contribuido a extender el manto sobre las compañías... “Hemos dado de sí todo lo que hemos podido para sacar esto adelante, pero estamos cansados, estresados y angustiados"

 "(...) La vida laboral de las 8.321 personas —entre funcionarios de carrera, interinos y demás personal—, que conforman este organismo ha dado un vuelco en los últimos 12 meses por la pandemia. 

Tanto por volumen de trabajo —los 5.999 que se dedican a reconocer prestaciones tramitaron 23.126.297 expedientes en 2020, el triple que el año anterior por el auge de los ERTE—, como por la novedad de haberlo tenido que hacer durante los primeros meses de la pandemia desde sus hogares. Algo inédito en la historia de la Administración. “Ha sido como juntar todo el trabajo de 2018 y 2019”, matiza De la Torre.

Entre los meses de marzo y abril de 2020 se gestionaron más de tres millones de prestaciones. “En pocas semanas fuimos capaces de poner a 4.000 personas trabajando desde casa. No solo contestando a correos, sino reconociendo prestaciones por desempleo, con la complejidad que eso conlleva”, recuerda Gerardo Gutiérrez, director general del SEPE. “A mí me prestó un portátil mi hermana, y durante los primeros días recibía cerca de 1.000 correos electrónicos”, explica Yaiza Castilla, trabajadora del SEPE en la provincia de Las Palmas. “Yo aún sigo recibiendo llamadas en mi teléfono particular, que fue el que tuve que utilizar durante bastante tiempo”, se suma otro compañero de Cataluña, que prefiere no dar su nombre “para que no me metan en la lista negra”.

 A la inflexibilidad técnica del sistema para sacar adelante las solicitudes se sumó la obsolescencia de los equipos informáticos. “Tienen una antigüedad media de 35 años y lógicamente no están preparados para hacer frente a semejante avalancha de trabajo”, incide Javier Hormigo, que trabaja desde hace 32 años en una oficina del SEPE en Cádiz.

 “Es verdad que se intentó mejorar el sistema para absorber el trabajo de forma más rápida y que la gente pudiera cobrar, pero se produjeron una serie de problemas con algunos conceptos como las cuentas bancarias o el DNI que retrasó mucho el proceso. Yo todavía estoy corrigiendo errores de los meses de julio, agosto y septiembre”, amplía Castilla. Fuentes del Ministerio de Trabajo y Economía Social aseguran que algunos de esos retrasos se produjeron por errores de las empresas. Hubo quien llegó a remitir las solicitudes de ERTE a otros departamentos como el de Sanidad.

Junto con la necesidad de remodelar el equipamiento de trabajo —para cuya partida se destinarán cerca de 100 millones de euros de los fondos del mecanismo de Resiliencia y Recuperación—, la otra rémora ha sido la falta de personal, una demanda histórica tanto de los propios trabajadores como de los colectivos que los representan (...)

 Durante 2019, en el último ejercicio prepandémico, en España se tramitaron 366.273 expedientes de prestación contributiva por ERTE —la ayuda más voluminosa, a la que acompañaron otras siete prestaciones específicas para diferentes colectivos—, siendo Madrid el territorio en el que más se aprobaron (102.290). Entre los meses de enero y diciembre de 2020 fueron 15.583.725 (+41,5%), con Barcelona como la provincia que más autorizó (2.816.566).

Los expedientes de regulación temporal de empleo han sido el remedio para impedir que el cese de actividad de muchas empresas provoque un aluvión de despidos, y tras la última prórroga seguirán vigentes hasta el 31 de mayo. La “democratización de esta ayuda”, como recalcan en Trabajo, ha contribuido a extender el manto sobre compañías de distinto tamaño. “Se les ha dado una utilidad novedosa y está claro que los ERTE han venido para quedarse. Pero se ha corrido mucho y sin pensar en las consecuencias, y eso ha hecho que toda su gestión haya sido una locura”, mantiene Josetxo Gándara, responsable de Acción Sindical de CC OO en la AGE.

 Según el registro interno del SEPE, sus trabajadores realizaron 120.000 horas extras incluidos sábados, domingos y los festivos de Semana Santa “para poder llegar a todas las personas en el momento que más nos necesitaban”, sostiene el director del SEPE. Unas dinámicas de trabajo que han extenuado a su personal. “Hemos dado de sí todo lo que hemos podido para sacar esto adelante, pero estamos cansados, estresados y angustiados. Como la situación no mejore el verano puede ser terrible”, lamenta Hormigo. Antes de la pandemia atendía entre 18 y 20 citas al día, hoy no baja de 40.  (...)

Sin embargo, después de que el pasado 9 de marzo todos los ordenadores de las 710 oficinas repartidas por el país se vieran afectados por un virus informático que los dejó fuera de servicio durante seis días, todavía hoy muchas de ellas continúan sin recuperar la normalidad. “Aún hay aplicaciones basadas en internet que no están operativas por motivos de seguridad (supongo, ya que no nos han dicho nada del motivo), pero en general, estamos operativos más o menos”, indica un funcionario.

 “No hay riesgo alguno de no cobrar las prestaciones”, mantuvo 48 horas después del ataque la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. “Si antes ya nos costaba llegar ¿cómo lo vamos a hacer ahora?”, ironiza Castilla, que tras observar la situación del organismo en el que trabaja creó en abril la plataforma Movimiento SEPE, que reúne a 1.000 trabajadores, para reclamar mejoras. Además, pertenece a la Unión Sindical Obrera (USO) —de pequeño calado en la Administración—, único sindicato que ha convocado dos jornadas de huelga a comienzos de esta semana en protesta por la situación del organismo. “Lo hacemos para que haya una reacción y podamos ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía”, asegura. (...)

Un total de 4.008.789 personas terminaron el mes de febrero en situación de desempleo, y 899.383 trabajadores en un ERTE —entre Madrid y Barcelona acumulan casi un tercio—, según datos de Seguridad Social. “Si las empresas no aguantan y terminan por hacer un ERE el sistema volverá a saturarse”, pronostica Hormigo."                   (Gorka R. Pérez, El País, 04/04/21)

En España la tasa de ocupación es baja, lo que junto con el bajo nivel de los salarios, explican que la masa salarial sea pequeña y que la demanda doméstica (el principal motor del desarrollo económico) lo sea también, y explica el alto nivel de endeudamiento privado de la población. Por tanto, es preocupante que no tenga mayor resonancia mediática y política la propuesta de crear empleo público por parte del gobierno actual. El New Deal Verde es insuficiente si no va acompañado y es parte de un New Deal Social, que incluya una inversión masiva sobre los servicios sanitarios y sociales

"(...) Ya han aparecido voces neoliberales de nuevo, con gran resonancia mediática, diciendo que el gasto público tiene que reducirse para evitar el crecimiento del déficit público, el mismo mensaje que llevó al desastre – y no hay otra manera de definirlo - de las políticas de austeridad que hicieron tanto daño a la mayoría de la población española y, muy en particular, a la calidad de vida de las clases populares. 

Esas políticas se llevaron a cabo en contra de toda la evidencia que existía entonces y que señalaba que causarían el daño que han causado. Es más, todos los países que lideran los rankings de calidad de vida son los países escandinavos, que tienen la mayor tasa de gasto y empleo públicos de la Europa Occidental, a la vez que están entre los más eficientes y competitivos del mundo, tal como ha sido reconocido por el Vaticano del neoliberalismo: el Foro de Davos.

 Fíjense en Suecia, con un gasto público como porcentaje del PIB del 49,3%, en Dinamarca (49,6%), en Noruega (51,8%) o en Finlandia (53,3%). Recordemos que en España el gasto público es del 41,9% del PIB (Eurostat, 2019).(...)

 Hoy este pensamiento neoliberal está en total descredito. Incluso el Financial Times subraya "la necesidad de revertir las políticas económicas de las últimas cuatro décadas". En España, sin embargo, todavía se continúa con la misma ideología en establishments políticos y mediáticos que, además de causar tanto daño (y un enorme aumento de las desigualdades) han promovido políticas enormemente ineficientes. El retraso económico de España se debe en gran parte a esa pobreza de su sector público, que es consecuencia y causa al mismo tiempo de su subdesarrollo.(...)

 En España, uno de los mayores problemas es el llamado desempleo. Sin embargo, se ha dado poca atención al bajo porcentaje de la población ocupada (la tasa de ocupación), resultado del escaso número de puestos de trabajo (incluso más acentuado en cuanto a "buenos" puestos de trabajo) en la economía española. El porcentaje de la población ocupada entre 20 y 64 años en España es del 68%, frente al 74,2% de promedio en la UE-15.  (...)

Este déficit, así como el bajo nivel de los salarios, explican que la masa salarial sea baja y de que la demanda doméstica (el principal motor del desarrollo económico) lo sea también. Ello explica también, por cierto, el alto nivel de endeudamiento privado de la población. Estos son precisamente algunos de los puntos flacos de la economía española, los cuales se han acentuado todavía más durante la pandemia, y que más han dañado el bienestar de sus clases populares, que han vivido una etapa dura y difícil durante la Gran Recesión (crisis que sigue sin estar resuelta) y que ahora se agudiza todavía más por la enorme crisis causada por la pandemia.

A la luz de estos hechos, es preocupante que no tenga mayor resonancia mediática y política la propuesta de crear empleo público por parte del gobierno actual, propuesta que adquiere incluso mayor influencia en la crisis económica y social actual debida al coronavirus. 

Lo que se ha hecho hasta ahora ha sido, predominantemente, proveer de ayudas económicas y financieras para facilitar que las empresas retengan a sus trabajadores durante esta crisis económica. No obstante, existen otras dos maneras de crear empleo. Una es la de repartir el trabajo mediante la reducción de la jornada laboral (del tiempo de trabajo de cada empleado), revirtiendo la situación actual donde el trabajador español es el que trabaja, de promedio, más horas en la UE-15. 

Aunque pocos se han atrevido a proveer una cifra exacta, existe un amplio consenso entre los expertos sobre que la reducción de la jornada laboral, pasando de 40 a 35 horas semanales en cinco días, sería una política que crearía una cantidad considerable de puestos de trabajo, sin mencionar el impacto positivo en términos de conciliación laboral-familiar, un derecho que no es plenamente reconocido ni en la Constitución ni en el ordenamiento jurídico español.

 La segunda alternativa sería crear empleo público. Y de esto no se habla tanto como se debería por su urgencia, pues además de crear trabajo y riqueza, generando mayores ingresos para las arcas del Estado, la creación directa de empleo reduciría el enorme déficit de empleo público que ya he señalado al principio del artículo, mejorando así los servicios del Estado del Bienestar y, con ellos, la calidad de vida y bienestar de la población. No hay plena conciencia en los establishments financieros y económicos españoles, totalmente imbuidos por el dogma neoliberal de que la dimensión social del Estado es fundamental para garantizar el bienestar de la población y, a la vez, la eficiencia de su economía. (...)

Entre todas las opciones a nuestro alcance, la que más ocupación crearía es la de desarrollar lo que se llama el 4º pilar del Estado del Bienestar, es decir, los servicios de ayuda a las familias, que incluyen los servicios de atención y educación de la primera infancia (0-3 años) y los servicios de atención a la dependencia. 

Según el reciente informe "El Cuarto Pilar del Estado del Bienestar: una propuesta para cubrir necesidades esenciales de cuidado, crear empleo y avanzar hacia la igualdad de género", los primeros (los servicios de atención y educación de la primera infancia), crearían 143.000 puestos de trabajo directos como profesionales del sistema educativo en la primera infancia (de 0 a 3 años); y, los segundos (los servicios de atención a la dependencia), entre 432.000 y 584.000 nuevos empleos, que corresponderían a 

(1) atención directa y cuidados, 

(2) funciones de hostelería en centros de día o residencias, 

(3) mantenimiento de centros y servicios, 

(4) personal especializado (médicos, trabajadores sociales, etc.), y 

(5) administración y gestión de los centros. 

Además de estos empleos directos, se generarían otros empleos indirectos consecuencia de la necesidad de ampliar y adaptar la red de infraestructuras necesarias para suministrar los servicios de forma adecuada y suficiente. De ahí que se generarían empleos indirectos en empresas proveedoras de productos y servicios relacionados con la actividad hotelera o de actividades relacionadas con la rehabilitación y cuidado de la salud. 

No debemos olvidar tampoco que tales servicios públicos contribuirían a la afloración de empleo sumergido y a la dignificación de miles de empleos, al convertirse el empleo privado precario en empleo público. Ni que decir tiene que tales cambios aumentarían las rentas disponibles de las familias empleadas, con el consiguiente aumento del consumo y de la demanda de empleo. Es todo un círculo virtuoso.

A la cantidad de empleo directo e indirecto creado en el sector de los cuidados, habría que añadir la incorporación al mercado de trabajo de las mujeres liberadas de parte de las tareas que realizan al percibir los servicios públicos de cuidados citados anteriormente. 

Si se aplicara el criterio de que por cada puesto de trabajo en los servicios de ayuda a las familias se facilita la integración de otras dos mujeres al mercado de trabajo, resulta que tal inversión puede llegar a facilitar un incremento de la ocupación de casi dos millones de personas más, además de la cantidad creada directamente, lo cual convierte esta inversión en la más eficaz que el Estado puede impulsar para facilitar la creación de empleo.

 

Qué nos ha enseñado la pandemia que no podemos olvidar

 

La pandemia ha mostrado claramente lo que ya había señalado la Gran Recesión. El Estado no puede continuar facilitando el liderazgo económico ofrecido por el mundo empresarial. Éste tiene sus objetivos legítimos dentro de un sistema democrático, pero no pueden confundirse tales objetivos -la acumulación de beneficios empresariales- con los objetivos del Estado, que deben regirse por la obtención del bien común. Y esto lo ha mostrado la pandemia de una forma muy clara. 

Aquellos países que no han protegido el bien común y han facilitado o cedido a los intereses empresariales han acabado en desastre. EEUU, el modelo neoliberal por excelencia, es un ejemplo de ello, mostrando claramente las consecuencias de anteponer el interés empresarial por encima de todo lo demás. Esta es la marca de la administración Trump. (...)

Este compromiso con el bien común tiene que significar poner en el centro de la recuperación las inversiones sociales y, dentro de ellas, los servicios como la sanidad, la vivienda, la educación y otros servicios del Estado del Bienestar. Es más que preocupante ver que en las propuestas que se están haciendo para garantizar la recuperación de la economía española este tipo de inversiones se pongan casi al final de una larga lista, cuando deberían ser prioritarias y constituir el centro de tal reconstrucción.

 Se escribe, con razón, sobre la necesidad de priorizar la digitalización y la inversión verde en la reforma industrial, pero tales propuestas, aunque son necesarias, son también insuficientes. No es creíble pedir un mundo mejor que nos proteja del cambio climático cuando ya ahora se están muriendo miles y miles de personas por falta de servicios y atención. 

El New Deal Verde es insuficiente si no va acompañado y es parte de un New Deal Social, que incluya una inversión masiva sobre los servicios sanitarios y sociales, así como el establecimiento de la parte menos desarrollada del Estado del Bienestar español: el 4º pilar del Estado del Bienestar, es decir, de los servicios de ayuda a las familias. Éstos facilitan la liberación e igualdad de la mujer, así como el pleno desarrollo de cada miembro de la familia creando, con ello, una gran riqueza y demanda que nos permitirá salir de la crisis rápidamente y con notable incremento del bienestar. (...)

 

 El muy necesario New Deal Verde necesita de un New Deal Social, pues el primero no conduce al segundo a no ser que esté diseñado para que así lo sea. Se tiene que utilizar el proceso de reconstrucción para mejorar la sociedad anterior a la pandemia en lugar de mantener la que teníamos pues ésta era enormemente insuficiente e injusta para millones de españoles. Así de claro."               (Vicenç Navarro, Público, 08/07/20)

Pavlina R Tcherneva: Hay un fenómeno económico que se comporta como una epidemia. El desempleo... tener un programa de reserva como el Trabajo Garantizado para proporcionar trabajos básicos a los desempleados es como dar la medicina mínima necesaria. Una política que cura y previene al mitigar la propagación del desempleo

Pavlina R Tcherneva @ptcherneva

There's one economic phenomenon that behaves very much like an epidemic.
Unemployment. From the way it spreads, to the way it affects people, communities and the economy, to its long term impact. It's chronic and can be quite literally deadly.

Traducido del inglés

Hay un fenómeno económico que se comporta como una epidemia.El
desempleo. Desde la forma en que se propaga, hasta la forma en que afecta a las personas, las comunidades y la economía, hasta su impacto a largo plazo. Es crónico y puede ser literalmente mortal.

What gets me is that, for an epidemiologist, long term preparedness, prevention & inoculation are at the heart of policy making. But for economists, when it comes to preparing, preventing & inoculating against unemployment, its spread and costs, well... that's just not practical.

Traducido del inglés

Lo que me sorprende es que, para un epidemiólogo, la preparación a largo plazo, la prevención y la inoculación están en el corazón de la formulación de políticas. Pero para los economistas, cuando se trata de preparar, prevenir e inocular contra el desempleo, su propagación y costos, bueno ... eso simplemente no es práctico.

There are many reasons for it & problems in the labor market to resolve but having a standby program like the JobGuarantee to provide basic jobs to the unemployed is like giving the minimum necessary medicine. A policy that cures and prevents by mitigating the spread of unempl.

Traducido del inglés

Hay muchas razones y problemas en el mercado laboral para resolver, pero tener un programa de reserva como el Trabajo Garantizado para proporcionar trabajos básicos a los desempleados es como dar la medicina mínima necesaria. Una política que cura y previene al mitigar la propagación del desempleo.

12:48 a. m. · 14 jul. 2020
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La decisión de utilizar los ertes para mantener los salarios ha evitado que hoy tengamos 5 millones más de desempleados. Esta “nacionalización” de los salarios es un novedoso compromiso público con el empleo. Para extenderla, el instrumento adecuado podría ser la creación de un “Fondo nacional para el pleno empleo” que financie la creación de empleo con salarios equivalentes al salario mínimo.

"El empleo tiene que ser la vara de medir de la bondad de todas las cosas relacionadas con la economía, ya sean las políticas, las empresas o la I+D. El empleo confiere a las personas la dignidad y el reconocimiento que buscamos en la vida. Cuando las personas están en condiciones de trabajar, no quieren ser ayudadas con una renta, quieren un empleo. (....)

Afortunadamente, los gobiernos se han enfrentado a esta crisis con políticas adecuadas. En el caso de España, la decisión de utilizar los ertes para mantener los salarios y el vínculo laboral ha evitado que hoy tengamos 5 millones más de desempleados. Esta “nacionalización” de los salarios es un novedoso compromiso público con el empleo.

Cierre de la economía

La pregunta es por qué ahora ha sido posible. Seguramente porque, a diferencia de las anteriores, esta recesión ha sido provocada de forma deliberada por los gobiernos. Deliberada, pero no arbitraria, ya que se ha cerrado la economía para proteger un bien superior: la vida y la salud de los ciudadanos, amenazadas por el contagio de la covid-19. 

Ahora, a corto plazo, el reto es preservar ese empleo. Hay que lograr que la apertura gradual de las actividades económicas no lleve, por un lado, a que las empresas se vean obligadas a transformar los ertes en eres, destruyendo empleo ni, por otro, a mantener empleo que no es sostenible sin el apoyo público. No será fácil.  

Hay que aprovechar el clima de solidaridad que trae el coronavirus para extender ese compromiso público a todas las personas que, deseando trabajar, no encuentran empleo.

El instrumento adecuado podría ser la creación de un “Fondo nacional para el pleno empleo” que financie la creación de empleo con salarios equivalentes al salario mínimo. La financiación del fondo se haría con recursos del estado (en parte, nuevos y en parte procedentes de los fondos dedicados a políticas activas de empleo, de escasa eficacia) y de la Unión Europea (el nuevo fondo para el desempleo). La gestión debe ser descentralizada, desde las comunidades, las ciudades y las pequeñas localidades. 

En cada territorio o localidad donde existan desempleados de larga duración, el sector privado, el sector público y el sector social presentarían, de forma competitiva, iniciativas en las que el criterio de selección sería su capacidad para crear empleo estable. Además, se tendría en cuenta el logro de los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por las autoridades nacionales y europeas. Los resultados se someterían a evaluación. En muchos casos, esos proyectos podrían ser elegibles para ser financiados por el nuevo programa de recuperación europeo.

Otra ventaja de estefondo para el pleno empleo es que permitirá llevar el empleo a los lugares donde vive la gente, y no a la inversa, como han intentado hacer las políticas de empleo de las últimas décadas. Políticas que han tenido escasos beneficios, pero sí grandes costos, en términos de desarraigo de las personas y de despoblación del territorio y pequeñas ciudades.

En la medida en que reduciría los elevados niveles actuales de desempleo estructural, y aumentaría el empleo de recursos de los territorios ahora no utilizados, el fondo permitiría aumentar el crecimiento potencial de la economía. Los resultados de este crecimiento, en términos de ingresos públicos, permitirían cubrir buena parte de los costes. 

El desempleo no es una fatalidad inevitable de la economía de mercado. Tampoco, como algunos piensan, producto de la indolencia de las personas desempleadas. Es el resultado de la falta de mecanismos adecuados para hacer efectivo el derecho al empleo. 

¿Cómo hemos garantizado el derecho a la sanidad, la educación o las pensiones? Creando mecanismos públicos dotados de recursos financieros y organizativos: Sistema Nacional de Educación, Sistema Nacional de Salud, Seguridad Social. De la misma forma, el Fondo Nacional para el Pleno Empleo sería el instrumento para dotar de contenido real al derecho al empleo."                (Antón Costas, El Periódico, 22/05/20)

Como el gobierno de EE.UU. había hecho con el New Deal en la década de 1930. Alternativas al desempleo, un «mal capitalista». Entre las tareas socialmente útiles para los titulares de empleos federales podrían haber figurado las campañas masivas de pruebas de coronavirus en todo el territorio de los Estados Unidos; la limpieza y desinfección periódicas de los espacios públicos; la reorganización de las instalaciones públicas para asegurar el distanciamiento social...

"(...) En los Estados Unidos, en particular, se ha hecho muy poco y demasiado tarde para contrarrestar el desempleo causado por la pandemia con la creación de otros puestos de trabajo en la sociedad. 

Por ejemplo, el aumento de la contratación en los servicios de entrega a domicilio (vinculados al comercio electrónico) está lejos de haber absorbido los millones de personas despedidas por restaurantes, bares, grandes comercios, hoteles, aerolíneas, etc. Hubo una explosión de la espiral regresiva.

Sin embargo, nada de eso era inevitable. Como el gobierno de EE.UU. había hecho con el New Deal en la década de 1930, podría haber implementado un programa federal de empleo masivo para dar trabajo a los millones de personas despedidas por los empleadores con el «cierre» el sector privado. 

Entre las tareas socialmente útiles para los titulares de empleos federales podrían haber figurado las campañas masivas de pruebas de coronavirus en todo el territorio de los Estados Unidos; la limpieza y desinfección periódicas de los espacios públicos; la reorganización de las instalaciones públicas para asegurar el distanciamiento social; cursos a través de medios de comunicación o de las redes sociales para los alumnos y estudiantes de las escuelas públicas (así como para el público en general con ganas o necesidad de seguir aprendiendo); una evolución de toda la producción y la economía para satisfacer las exigencias ecológicas; la creación de una red de cooperativas de trabajadores; etc. (...)

es irracional privar de empleo a los trabajadores y trabajadoras cuando existen las herramientas, el equipo y las materias primas necesarias para producir bienes y servicios socialmente útiles. También es socialmente irracional dejar inactivos los lugares de trabajo en los que se acumulan «el óxido y el polvo», en lugar de reconfigurarlos o reestructurarlos para que sean lugares de trabajo seguros y socialmente útiles.

 Es irracional ignorar la salud mental y física que procura todo trabajo no alienante, sumiendo a millones de trabajadores y trabajadoras en el desempleo. Por último, y por sobre todo, es irracional privar a la sociedad en su conjunto de los bienes y servicios que pueden ser producidos por los trabajadores cuando tienen trabajo. Si el sector capitalista privado no puede o no quiere volver a emplear a estos desempleados buscando la manera más útil para la sociedad, entonces esta tarea le corresponde al gobierno, que puede y debe hacerlo. 

Si el interés por las ganancias privadas lleva a los capitalistas a tomar decisiones socialmente irracionales -como el despido de millones de empleados/as-, entonces la sociedad ya no debería considerar la ganancia como el criterio decisivo. Deberíamos sustituir este sistema basado en el beneficio privado por otros criterios en la toma de decisiones de las empresas. 

Este nuevo sistema podría asociar a las empresas privadas y a las empresas públicas en cooperativas de trabajadores y trabajadoras. En empresas de este tipo, los trabajadores y las trabajadoras tomarían democráticamente las decisiones relativas a la empresa: todos/as tendrían los mismos derechos a la hora de votar.

Y mejor aún, otros dos grupos de interesados/as podrían participar igualmente de manera democrática en la toma de decisiones: 1° los consumidores de la producción de cada empresa; y 2° los habitantes de las localidades en las que opera cada empresa.

Un sistema como éste determinaría como objetivos esenciales la calidad y la seguridad de los puestos de trabajo, el consumo y la residencia, y son esos criterios los que permitirían evaluar la rentabilidad de las empresas.

Las cooperativas de trabajadores y trabajadoras, en tanto que marco de trabajo para los millones de personas que han quedado desempleadas a causa de los desastres causados por el capitalismo, tienen un propósito específico. Los trabajadores y trabajadoras de las cooperativas de trabajo podrían ver con más claridad y reaccionar mucho antes a la irracionalidad fundamental del desempleo causado por el capitalismo. (…)

El establecimiento de un sector de ese tipo en los Estados Unidos permitiría que los estadounidenses tomaran verdaderas decisiones sobre su propio sistema económico. Los ciudadanos podrían observar, comprar y trabajar en empresas organizadas como cooperativas de trabajo asociadas y compararlas con sus homólogas organizadas según criterios capitalistas. En segundo lugar, las opciones democráticas adoptadas con conocimiento de causa permitirían que el pueblo de los Estados Unidos decidiera cómo combinar los dos sistemas económicos alternativos.

El hecho de avanzar hacia esas perspectivas ayudaría enormemente a encontrar y explotar nuevas formas para salir de esta crisis por arriba, no por abajo; a imaginar un futuro positivo ante las ruinas catastróficas de una pandemia y de un crash capitalista mayúsculo."

(Richard D. Wolff es profesor emérito de economía en la Universidad de Massachusetts, Amherst, Rebelión, 13/05/20, fuente: Trouthout)

El retorno del pleno empleo: El plan de Trabajo Garantizado... Si es usted un parado de larga duración ¿aceptaría un empleo con un sueldo digno en el sector público? El Plan de Trabajo Garantizado es sencillamente eso: el compromiso de que el Estado, de forma descentralizada, diseñe programas de empleo socialmente útiles...

"Con gran audacia, el senador por Vermont y aspirante a la candidatura demócrata para la presidencia de los Estados Unidos, Bernie Sanders, ha anunciado un plan que ofrecerá a toda persona que desee trabajar un empleo retribuido con un salario de quince dólares a la hora y prestaciones sociales tales como seguro médico y vacaciones.

 El Plan de Trabajo Garantizado es el mecanismo opuesto a la regulación neoliberal de la economía, la herramienta antagónica a una estrategia basada en el desempleo y la precariedad. 

La propuesta de Sanders es recibida en España en silencio entre aquellos que sueñan con alcanzar la zanahoria de la redistribución: solo hay que perseguir al dinero allá donde está con mayor convicción y echar a los corruptos de las instituciones. Hay un problema de corrupción y habrá que afrontarlo con las herramientas judiciales adecuadas, pero el problema a nivel macroeconómico no es la corrupción. 

Seguramente podamos achacar esta falta de interés por el terremoto que ha producido en los medios y el debate político del mundo anglosajón la propuesta de Sanders al compromiso de la izquierda europea con la Unión Económica y Monetaria. 

Esta impermeabilidad hacia el plan de garantía de empleo de Sanders contrasta con, por ejemplo, cómo buena parte de la izquierda se subió al carro de Syriza, los cantos de sirena que llegan desde Portugal, o el abortado experimento finlandés de Renta Básica Universal.

El Plan de Trabajo Garantizado se deriva del análisis de la teoría monetaria moderna (TMM). El senador Sanders cuenta entre sus asesores con la economista Stephanie Kelton, una de las principales exponentes de esta corriente y eso se nota. De ser una escuela heterodoxa y desconocida antes de la crisis, aspectos de la TMM han empezado a ser asumidos por el mainstream económico, especialmente aquellos que son una mera descripción de la realidad del funcionamiento de los sistemas monetarios.

La TMM expone fielmente el funcionamiento de nuestro sistema monetario. Puede resultar inaudito, pero un Estado emisor de la divisa en régimen de monopolio no está sometido a ninguna restricción presupuestaria. No necesita sacarles a los ricos los recursos que financian políticas sociales, en primer lugar, porque esto es una confusión en torno a la operatividad del circuito monetario, de los flujos y reflujos que tienen lugar desde que se introduce el dinero en la economía hasta que es retirado.

 El sector público puede sostener el gasto total que permite no despilfarrar nuestras energías dejándolas paradas, comprando todo aquel trabajo a la venta en su propia moneda que no encuentre acomodo en el sector privado. Esto es una limitación real, no financiera, que por supuesto afecta de forma diferente a cada país.

¿Qué es el plan de trabajo garantizado (TG)?Si es usted un parado de larga duración ¿vendería su fuerza de trabajo al sector público si le ofrecieran un empleo retribuido con un salario de, digamos, 10 euros la hora? El Plan de Trabajo Garantizado es sencillamente eso: el compromiso de que el Estado, de forma descentralizada, diseñe programas de empleo socialmente útiles donde puedan integrarse todas aquellas personas que no consigan encontrar un trabajo en el sector privado. 

El Estado se convierte así en empleador de último recurso. Se trata de resolver de forma directa un problema que ni las subvenciones, ni las ineficaces políticas activas de empleo, ni la adaptación de los currículos universitarios al mercado laboral, ni las reducciones de cuotas de cotización a la Seguridad Social consiguen resolver de forma indirecta. Ninguna de estas medidas es capaz de acabar con un fenómeno monetario como es el desempleo, síntoma de que el gasto total en la economía es insuficiente; solo aspiran a reorganizar la cola del paro o, como está pasando, dividir entre varios el empleo que ya existe.

Como se pueden imaginar, el anuncio de Bernie Sanders ha sido recibido con feroces críticas desde el conservadurismo y el neoliberalismo. (...)

Si una empresa no puede retribuir dignamente a sus trabajadores no debe existir, y si se les presenta a los trabajadores una alternativa la explotación propia o ajena deja de ser justificable. Supondría el fin de la precariedad tanto en su forma tradicional como en su moderna versión “colaborativa”. La uberización de la economía sería desactivada de raíz.

La propuesta ha sido tildada de comunista, ignorando que el desempleo es un fenómeno monetario que solo puede darse en un régimen capitalista y que, ya en los años 30 del siglo pasado, Roosevelt aplicó recetas similares como el Works Progress Administration. (...)

Equipándola de una herramienta como el Trabajo Garantizado, las prioridades de la sociedad podrían hacerse efectivas: se recuperarían entornos naturales degradados en vez de incentivar fiscalmente la construcción de proyectos del estilo de Eurovegas; se cuidaría de las personas desvalidas en lugar de acometer una devaluación interna para atraer empresas de atención al cliente en las que las multinacionales externalizan sus servicios; se reconstruiría el valioso patrimonio cultural de nuestros pueblos para crear un turismo diferente a los negocios que crecen alrededor del turismo de borrachera estimulado por los precios bajos; o se podría implantar un programa de traslado gratuito a centros de salud de personas necesitadas de atención sanitaria.

Los programas de Trabajo Garantizado permitirían acometer proyectos que fueran carbono-neutrales y sostenibles, sustituyendo procesos productivos que esquilman el medioambiente. (...)

También se ha reprochado que la garantía de empleo sería inflacionista. En realidad, es un potente instrumento de estabilidad macroeconómica que proporciona un anclaje a los precios y el valor de la moneda en base a una sustancia común a la producción de bienes y servicios: el trabajo. Si el Estado dice que paga 10 euros por hora de trabajo está fijando el valor de su moneda (1 euro=6 minutos de trabajo). Funciona también como un mecanismo automático de gestión del ciclo económico al expandirse o contraerse en función de las expectativas privadas.

 La cantidad de gasto destinada a estos programas no es discrecional pues dependerá de la demanda que surja del sector privado al citado salario. En un ciclo bajista los empresarios despedirán trabajadores que podrían incorporarse a uno de estos programas estabilizando el gasto agregado. En un ciclo alcista los empresarios podrían contratar trabajadores entre las personas productivamente empleadas por el sector público y, por tanto, con sus capacidades sociales y técnicas actualizadas, en lugar de personas desganadas y con habilidades oxidadas tras un período de paro prolongado. Mientras se mantengan o aumente la productividad de los trabajadores no tiene por qué producirse ninguna tensión inflacionista.

La denuncia principal sobre cómo financiar estos programas de garantía laboral es por definición descabellada, dado que es imposible que el monopolista de la emisión de la moneda caiga en la insolvencia. En cualquier caso, insisten los críticos, garantizar el pleno empleo es tan costoso que sería inasumible. ¿De verdad pretenden que mantener recursos ociosos, despilfarrando las fuerzas productivas del país, es más “eficiente”?

Ya estamos pagando altísimos costes por culpa del desempleo, tal y como siempre insiste Pavlina Tcherneva, una de las investigadoras sobre Trabajo Garantizado más notables. No nos referimos solo a la prestación de desempleo en la que el cicatero estado social español gastó algo más de 18.600 millones de euros en 2016 (el 1,8% del PIB).

En la cuenta del desempleo hay que sumar otros costes de oportunidad como los años de vida saludable perdidos por culpa de enfermedades que podían haberse evitado, puesto que es sobradamente conocido que las situaciones de desempleo prolongado y precariedad acaban socavando la salud mental y física de las personas víctimas de la depresión, el estrés y la exclusión social. También pagamos un precio en forma de mayor criminalidad. España tiene 130,7 personas encarceladas por cada 100.000 habitantes, cuando la mediana europea es de 117. (...)

Pero el coste es aún mayor si computamos los años de producción potencial perdidos, los proyectos personales suspendidos, los hogares y familias que han dejado de formarse, la merma de las capacidades productivas de la fuerza de trabajo, y podríamos seguir. Estos son los costes reales, los daños irreparables ocasionados por no disponer del acceso a los instrumentos para movilizar nuestras fuerzas simplemente por la oposición de las élites a los cambios sociales que ello ocasionaría. (...)

La capacidad de Sanders para alejarse de la mojigatería centro-izquierda debe valorarse, más si la comparamos con aquella izquierda que habla de soberanía y hacienda solo para aceptar una austeridad light y crear un falso dilema entre partidas presupuestarias y regiones, buscando torpemente encontrar el dinero allá donde se esconde en vez de ir a su origen. Necesitamos una Hacienda Funcional para alcanzar el pleno empleo transformando nuestra sociedad democráticamente, no unos confundidos aspirantes a Robin Hood." (Esteban Cruz Hidalgo , Stuart Medina Miltimore , Red MMT España, El Salto, 14/07/18)

La fantasía monetarista terminó... Boris Johnson está decidido a superar la resistencia del Tesoro a sus enormes ambiciones de gasto...

"La forzada renuncia del ministro de Hacienda del Reino Unido, Sajid Javid, es la última señal de que la política macroeconómica está siendo cambiada drásticamente, y no sólo en el Reino Unido. Además de completar el entierro ritual de las políticas de austeridad implementadas por los gobiernos del Reino Unido desde 2010, el alejamiento de Javid el 13 de febrero tiene una importancia mayor. 

 El primer ministro Boris Johnson está decidido a superar la resistencia del Tesoro a sus enormes ambiciones de gasto. La última vez que un primer ministro británico intentó abrir los grifos de gasto del gobierno a este nivel fue en 1964, cuando Harold Wilson, del Partido Laborista, creó el Departamento de Asuntos Económicos (DAE) para contrarrestar la hostilidad del Tesoro a la inversión pública. (...)

Pero el último golpe de Johnson también es un indicio de un giro global de política monetaria a política fiscal. Después de la Segunda Guerra Mundial, la política de estabilización, creación de John Maynard Keynes, comenzó siendo fuertemente fiscal. El presupuesto del gobierno, se argumentaba, debía utilizarse para equilibrar una economía inestable y llevarla al pleno empleo. Sin embargo, en los años 1970, llegó la contrarrevolución monetarista, liderada por Milton Friedman.(...)

 La razón es lo suficientemente clara: la política monetaria no logró anticipar, y por lo tanto prevenir, la Gran Recesión de 2008-09, y no pudo generar una plena recuperación desde entonces. En muchos países, entre ellos el Reino Unido, los ingresos reales promedio todavía son más bajos que hace 12 años.  (...)

Ahora, hasta banqueros centrales prominentes reclaman la ayuda de la política fiscal. (...)

En términos más prosaicos, la bomba monetaria tiene demasiadas filtraciones. Demasiado dinero termina en el sistema financiero, y no el suficiente en la economía real. Mark Carney, el gobernador saliente del Banco de Inglaterra, recientemente lo admitió al decir que los bancos comerciales habían sido “inútiles” para la economía real después de iniciada la crisis, a pesar de que los bancos centrales les habían dado inmensas cantidades de dinero. 

En verdad, a la teoría ortodoxa todavía le cuesta explicar por qué billones de dólares de alivio cuantitativo, o QE, siguen atascados en activos que ofrecen una tasa de interés real negativa. (...)

En términos sencillos, los bancos centrales no pueden controlar el nivel agregado de gasto en la economía, lo que significa que no pueden controlar el nivel de precios y el valor agregado de la producción y el empleo.  (...)

Un observador menos escéptico que Rogoff habría analizado más de cerca propuestas para fortalecer estabilizadores fiscales automáticos (...)

 Por ejemplo, un observador justo al menos estaría abierto a la idea de una garantía de empleo en el sector público del tipo considerado por la Ley Humphrey-Hawkins de 1978 en Estados Unidos, que autorizaba al gobierno federal a crear “reservorios de empleo público” para equilibrar las fluctuaciones en el gasto privado.Esos reservorios automáticamente se vaciarían y se volverían a llenar en tanto la economía decayera y creciera, creando así un estabilizador automático.

 La Ley Humphrey-Hawkins, de haber sido implementada, habría reducido marcadamente la discreción de los políticos sobre la política contracíclica, creando al mismo tiempo un estabilizador mucho más poderoso que los sistemas de seguridad social de los que hoy depende el gobierno.  Sin duda, tanto el diseño como la implementación de una garantía laboral de esas características generaría problemas. 

Pero, por razones tanto políticas como económicas, deberíamos intentar enfrentarlos en lugar de concluir, como lo hace Rogoff, que “si se entorpece la política monetaria y la política fiscal es la apuesta principal, deberíamos esperar ciclos comerciales más volátiles”. Tenemos la inteligencia para hacer las cosas mejor."                    (Robert Skidelsky , Project Syndicate,  17/02/20)

El Supremo declara improcedente el despido de una limpiadora del Clínic que encadenó 242 contratos en 8 años

"El Hospital Clínic de Barcelona tendrá que readmitir o indemnizar a una limpiadora a la que hizo firmar 242 contratos de interina en ocho años para cubrir vacaciones, descansos y permisos de otros trabajadores. Luego la despidió. El Tribunal Supremo ha declarado improcedente el despido, que había sido avalado por un juzgado de Barcelona y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

La trabajadora, identificada con las siglas M. C. P. G., firmó contratos de interinidad por sustitución en el Hospital Clínic desde diciembre de 2007 hasta enero de 2011. Ese mes empezó a cobrar el paro y, dos meses más tarde, volvió a trabajar para el Clínic con las mismas condiciones. En total firmó 242 contratos, siempre con la categoría de limpiadora, en los que se indicaba el nombre de la persona a la que sustituía y la causa.

En unos casos era para cubrir días de asuntos propios o de convenio, en otros para recuperación horaria, incapacidad temporal, vacaciones o fiesta optativa de convenio, y en otros, para ausencia, permiso sindical, enfermedad de un familiar o asistencia a una boda. El 8 de mayo de 2015 la empresa le notificó la extinción definitiva del contrato.

La Sala de lo Social del Supremo ha revocado las dos sentencias anteriores que habían dado la razón al hospital. El tribunal, de acuerdo con la jurisprudencia que ya ha fijado en casos similares, rechaza que la cobertura de las vacaciones pueda realizarse con contratos de interinidad por sustitución. Ese contrato, explica el tribunal, es de duración determinada y tiene por objeto sustituir a un trabajador con derecho a reserva de puesto de trabajo, por lo que la duración depende de la reincorporación del sustituido.

“La ausencia por vacaciones no es una situación de suspensión del contrato de trabajo con derecho a reserva de plaza, sino una mera interrupción ordinaria de la prestación de servicios que no genera vacante reservada propiamente dicha”, señala la sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada María Luisa Arastey (...)"                  (Reyes Rincón, El País, 28/11/19)

Atención a la dependencia: sí hay solución. El coste que supondría cambiar del sistema actual a un sistema basado en el derecho universal a la atención suficiente y de calidad por parte de los servicios públicos sería de 5.700 millones. Se crearían 385.000 nuevos empleos a tiempo completo y el erario público recuperaría casi 4.500 millones solamente por el aumento de cotizaciones e impuestos correspondientes a los empleos creados... entonces, ¿cuál es el problema?

"(...) ¿Quién puede permitirse una residencia privada? Su coste mensual medio ronda los 2.000 euros (sin contar extras) (...) 

Contratar a una o a varias empleadas de hogar también está fuera del alcance de la inmensa mayoría. (...)

¿Qué decir de las cuidadoras familiares? (...) conviene recordar que la PCEF está sujeta a un tope de 387,64 euros/mes. (...)

En conclusión, el sistema actual es tremendamente injusto (...) Este sistema no es gratis ni mucho menos. Además del gasto en prestaciones, hay que contar el creciente gasto en desgravaciones relacionadas con la dependencia (ya 1.711 millones para dependientes mayores de 65 años en 2016)(...)

La buena noticia es que hay solución. El Instituto de Estudios Fiscales ha realizado un estudio (por las investigadoras Rosa Martínez, Mercedes Sastre y Susana Roldán) en el que se estiman las necesidades reales no cubiertas de atención a mayores de 65 años, utilizando datos de encuestas y tomando como referencia la atención proporcionada por el sistema sueco. 

En base a todo ello, se calcula el coste que supondría cambiar del sistema actual a un sistema basado en el derecho universal a la atención suficiente y de calidad por parte de los servicios públicos (financiación y provisión pública).

Los resultados de este estudio son espectaculares: el incremento presupuestario neto total sería de 5.700 millones de euros. Se crearían 385.000 nuevos empleos a tiempo completo y se reconvertirían los actuales empleos precarios en empleos públicos.

El estudio también estima que el erario público recuperaría casi 4.500 millones de euros solamente por el aumento de cotizaciones e impuestos correspondientes a los empleos creados directamente por el sistema; sin contar la contribución de otros nuevos empleos indirectamente relacionados ni la de aquellos a los que podrían acceder las mujeres que hoy no tienen empleo a tiempo completo por razones de cuidado. Hay que subrayar que estos nuevos empleos serían dignos y no contaminantes, lo que es crucial si queremos evitar, o mitigar, el colapso al que nos dirigimos por el cambio climático.

Las conclusiones de este estudio, publicado en la web del IEF (Papel de Trabajo 5/2018), no han sido rebatidas, pero tampoco han sido muy celebradas ni utilizadas, salvo por algunas asociaciones feministas y de trabajadoras del sector. Por tanto, es obligado preguntarse: ¿cuál es el problema? 

¿Cómo es posible este silencio ante la noticia de que es posible construir un sistema que atienda las necesidades, que asegure los derechos y que contribuya a la transición ecológica?

La respuesta es simple. En primer lugar, aunque el incremento presupuestario es perfectamente abordable, exige mantener el sistema de impuestos y aumentar su progresividad. Pero los partidos de derechas no hacen más que prometer bajadas generalizadas de impuestos, que sistemáticamente resultan mayores para las rentas altas y reducen la recaudación. 

Nos prometen que se ocuparán de la atención a la dependencia, ¿pero cómo? Sobre todo aumentando las desgravaciones por seguros privados y por cuidar a dependientes en el hogar, así como las prestaciones por utilización de servicios. Instrumentos que, como hemos visto, benefician sobre todo a la misma minoría de rentas altas. Así, esta minoría paga cada vez  menos y se beneficia cada vez más.

La patronal de la dependencia va en la misma línea (...)"                 (María Pazos Morán Investigadora en el Instituto de Estudios Fiscales, Público, 25/04/19)

La propuesta de Ciudadanos para acabar con los contratos precarios haría mucho más fácil el despido de los trabajadores fijos, incluso de los “trabajadores públicos de las administraciones y de empresas públicas”... supone introducir en nuestra legislación el despido libre sin causa”

"(...) Ciudadanos y el PDeCAT pertenecen a la misma familia política, la familia europea liberal. Es, pues, lógico y predecible que, como hace cualquier partido liberal, Ciudadanos (y también el PDeCAT) hayan estado aplicando las mismas políticas económicas y sociales favorables al mundo empresarial que caracterizan a esta tradición política. 

En realidad, todos los partidos liberales existentes en Europa fueron establecidos y/o apoyados por el mundo empresarial a fin de defender sus intereses. Y Ciudadanos es un claro ejemplo de ello. 

Tal partido fue promocionado por la estructura de poder financiero, económico y político español como respuesta al surgimiento de Podemos y sus confluencias, surgimiento que por el carácter contestatario de tales partidos alarmó al poder empresarial del país. Como bien dijo uno de los mayores banqueros del país, el Sr. Josep Oliu, presidente del Banco de Sabadell, era necesario crear “una especie de Podemos de derechas”. 

 Y así fue como se impulsó a Ciudadanos, que predeciblemente ha contado con un enorme apoyo y visibilidad mediática, resultado de la enorme (y antidemocrática) influencia del mundo empresarial (y muy en particular del mundo financiero) sobre los mayores medios de información y persuasión del país. 

Al principio de su existencia, Ciudadanos tuvo un escaso atractivo electoral. Su apoyo en las urnas, sin embargo, ha aumentado enormemente como consecuencia del crecimiento del movimiento secesionista en Catalunya que ha generado, como respuesta, la movilización del nacionalismo españolista, y con ello el crecimiento electoral de este partido, el cual se definió, desde el principio, como máximo valedor de este tipo de nacionalismo centralista, uninacional y opuesto a la diversidad nacional del Estado español. 

En Catalunya, barrios obreros que votan a En Comú Podem en las elecciones legislativas a las Cortes Españolas, votan a Ciudadanos en las elecciones autonómicas como protesta frente al bloque independentista, que controla los aparatos de la Generalitat y sus medios, dirigido por PDeCAT (ver mi artículo “Por qué la clase trabajadora catalana cambia de voto en las elecciones españolas y catalanas”, Público, 19.01.18).

A fin de atraer el apoyo de los barrios obreros, además de utilizar su nacionalismo uninacional centralista, Ciudadanos está utilizando un lenguaje y una narrativa casi “obrerista”. En realidad es uno de los poquísimos partidos españoles que explícitamente habla y utiliza el término “clase trabajadora”. 

Su lenguaje, para referirse a sus deseadas bases electorales, incluye siempre el término de clase trabajadora, presentándose como el defensor de los intereses de los grupos más vulnerables de estas clases. El reciente discurso de Inés Arrimadas en el Parlament de Catalunya ejemplifica este énfasis en temas sociales, rodeado de una narrativa obrerista.

De ahí que haya introducido una propuesta de ley en las Cortes Españolas (la Ley en contra de la precariedad) que se presenta como la solución a unos de los mayores problemas que tiene la clase trabajadora hoy en España: la precariedad. Su intención es nada menos que eliminar los contratos temporales y sustituirlos por contratos fijos. 

Según dicha propuesta, todos los contratos pasarían a ser contratos indefinidos, aumentando así la protección de los trabajadores, ya que la indemnización por despido pasaría en su propuesta de 12 a 20 días por año trabajado. Es decir, que cuando el empresario despidiera a un trabajador que tiene ahora un contrato temporal, tendría que pagarle (si tal ley se aprobara en las Cortes) el dinero equivalente a 20 días por año trabajado en lugar de 12 días, como ahora. 

Si este trabajador fuera ahora un trabajador temporal, ganaría con tal propuesta ocho (20-12) días por año trabajado, lo cual, además de favorecer al trabajador temporal, frenaría que el empresario lo despidiera, pues le sería más caro hacerlo que ahora.  

A primera vista, por lo tanto, tal propuesta parece una medida que favorecerá a los trabajadores temporales, que tienen este tipo de contratos porque no pueden encontrar trabajos fijos. Podría, pues, ser un paso adelante, aunque no resolvería el problema de la precariedad, pues la propuesta no aborda otras causas y consecuencias de esta precariedad.

Lo que no se cita sobre tal propuesta de Ciudadanos es que esta tiene que ver no solo con los ahora definidos como contratos temporales, sino también con los contratos ahora definidos como fijos. Y para estos últimos contratos la propuesta es que cobren como indemnización los mismos días que recibirían los contratos temporales, es decir, 20 días por año trabajado. 

Y ello significa que dicha propuesta tiene dos enormes regalos a los empresarios: uno es que en lugar de tener que pagar 33 días cuando despiden a un trabajador fijo, como tienen que hacer ahora, tendrían que pagarle solo 20 días por año cuando la ley se aprobara; y el otro gran regalo es que la propuesta de ley hace mucho más fácil, en comparación con ahora, que el empresario despida a un trabajador fijo. 

Es suficiente que el empresario considere que el puesto de trabajo no es necesario, o que debe modificarse, o que duplica el trabajo de otro trabajador, o “lo que fuera” para que él despida al trabajador.

 En otras palabras, el empresario puede alegar cualquier motivo (cambiar su estrategia empresarial, su actividad, su oferta de productos y/o servicios, su adquisición de nuevas tecnologías, su cambio de clientes, o del mercado, etc., etc.) para despedir al trabajador. Lean la ley y lo verán:  

“Se considerará que la amortización estará justificada cuando las funciones desempeñadas por el puesto de trabajo no respondan a una necesidad de trabajo de carácter estructural y permanente dentro de la actividad normal de la empresa. En todo caso, se entenderá que no responden a dicha necesidad los puestos de trabajo cuyas funciones hubiesen devenido innecesarias o redundantes con las que estos puestos de trabajo […] o como resultado de cambios en el objeto social de la empresa o en su estrategia empresarial, en su estructura organizativa, en su actividad, en su oferta de productos o servicios o en la composición de su cartera de clientes o proveedores, o a resultas de la aplicación de una innovación tecnológica o de alternaciones significativas del mercado”.

Tal ley afectaría también a los “trabajadores públicos de las administraciones y de empresas públicas”. Como bien ha indicado Lola Santillana, secretaria de Empleo de CCOO, la propuesta de Ciudadanos “es una barbaridad [ya que] supone introducir en nuestra legislación el despido libre sin causa”. 

 Es lo que la gran patronal ha deseado siempre: el máximo de flexibilidad para poder despedir al trabajador cuando quiera. Así de claro.  (...)"                   (Vicenç Navarro, Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universitat Pompeu Fabra, Público, 26/03/18)