La banca no sabe qué hacer con 16.000 millones de exceso de capital tras años récord de beneficios... pues, teniendo en cuenta que la banca española, instalada en las malas prácticas, es la banca menos solvente de Europa, se la debería obligar a capitalizarse, cuando menos (El País)

 "La banca afronta qué hacer con 16.000 millones de exceso de capital tras años récord de beneficios.

Los años de sangre, sudor y lágrimas han quedado atrás definitivamente. La banca ha pasado página de la gran crisis y su década de consecuencias, en forma de tipos cero que amenazaron su modelo de negocio. Tras la subida en vertical del precio del dinero en 2022, ha encadenado años de beneficios en máximos. El problema, sin embargo, es qué hacer con esos excedentes. En un sector muy maduro, con pocos bancos y oportunidades de inversión, las entidades se debaten entre exprimir el crecimiento, con o sin compras, o devolver este dinero a los accionistas.

De acuerdo a las cuentas del tercer trimestre de 2025, a 31 de septiembre, los seis mayores bancos españoles (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja) acumulan un exceso de capital de más de 16.000 millones. Es decir, se trata del capital que excede tanto a los requerimientos mínimos fijados por el Banco Central Europeo (BCE) como el suelo mínimo que se han fijado las propias entidades, que suele rondar el 12%. Los inversores consideran que con el dinero sobrante de los balances pueden afrontar compras o pagar dividendos.

La segunda opción ha sido la preferida por las entidades en los últimos años. Durante la crisis y los años posteriores, las acciones de la banca habían pasado por su particular travesía del desierto, cuando cotizaban todos ellos por debajo de su valor en libros. Repartir el exceso de capital con recompras de acciones era una vía válida y efectiva de insuflar vida al precio de sus títulos. Los bancos, sin embargo, ya cotizan por encima de su valor en libros, por lo que esta fórmula está empezando a perder algo de atractivo entre los inversores. Algunos empiezan a reclamar a los banqueros que aprovechen la buena situación para hacer movimientos que no solo les den réditos a corto plazo, sino que miren un poco más allá.

“La clave para los bancos es cómo hacer uso del capital. Muchos están centrados en crecimiento orgánico, pero creo que también veremos operaciones corporativas en los próximos meses. Hay quien está pensando también en posicionarse en posibles fusiones transfronterizas”, indican desde uno de los grandes bancos de inversión que operan en España.

Por entidades, algunos han dado más pistas que otros en el uso de este capital. Quizás el Santander es el que ha ofrecido más certezas, a la espera de que en febrero publique su próximo plan estratégico. La propia presidenta, Ana Botín, aprovechó la última presentación de resultados para explicar al mercado cuál sería su orden de prelación para usar el capital. Primero, el crecimiento orgánico. Después, las distribuciones de dividendos y recompras, y finalmente al inorgánico para terminar con las recompras extra con cargo al excedente de capital que supere el 12%. En concreto, avanzó entonces que repartirá al menos 10.000 millones a sus accionistas entre entre 2025 y 2026, con cargo tanto a sus resultados, en virtud a un pay-out (porcentaje del beneficio distribuido como dividendos) del 50% como al exceso de capital.

Con respecto a lo estratégico, las líneas maestras están marcadas. El Santander apuesta por crecer en negocios de alta rentabilidad y que aporten ingresos en comisiones con los que compensar etapas de tipos de interés más bajos, como los seguros, la banca de inversión, la gestión de activos o la banca privada. Por geografías, ha puesto el foco en Reino Unido y México, a donde acaba de llevar Openbank, y ha comprado el británico TSB para reforzarse en ese país.

El BBVA, por su parte, es la entidad que presenta actualmente un exceso de capital mayor, de algo más de 5.000 millones. No en vano, la entidad se ha pasado 17 meses inmersa en la opa hostil al Sabadell, sin poder recomprar títulos ni adentrarse en otras fórmulas de crecimiento. Ahora acaba de culminar un programa de recompra de acciones por valor de 1.000 millones y espera comunicar otro, “de un tamaño significativo”.

CaixaBank, en su plan estratégico, aseguraba que repartiría todo el capital extra. También apunta en este sentido el Sabadell, que el año pasado hizo una recompra con cargo a su exceso de capital. También Unicaja, el banco español con el nivel de capital más alto, ha dado muestras de cómo retribuirá con él a sus accionistas. Solo Bankinter se sale del guion. No tiene fijado un suelo de capital como tal, más allá del mínimo regulatorio que fija el BCE, y su consejera delegada, Gloria Ortiz, afirmó en la última presentación de resultados que el plan del banco es invertirlo en crecimiento.

“El pico de rentabilidad de la banca ya ha pasado. Ya no vamos a ver las cifras de los años anteriores. Por ello, los bancos estarán obligados a buscar otras alternativas. En primer lugar, las compras en el mismo país, sobre todo con bancos de tamaño mediano. También habrá operaciones de entrada en nuevos negocios menos sensibles a los tipos de interés, como seguros o gestión de activos. Finalmente, ya hemos visto operaciones como la toma del portugués Novo Banco por BCPE o la adquisición de la filial del Santander en Polonia por Erste”, explica un analista del sector.

Otro elemento es intentar crecer orgánicamente, sin compras. En un principio, parece la opción preferida de muchas entidades, pero algunas de las fuentes consultadas dudan de su eficacia. En un mercado tan competido como el bancario en España, las entidades tienen difícil arañar mucha más cuota al resto, más cuando tienen que hacer frente a nuevos actores como Revolut. Prueba de ello es el mercado hipotecario, donde las entidades han echado el resto este año, lo que ha llevado los precios a niveles que han llegado a comprometer la rentabilidad de las operaciones, como han denunciado algunos de los principales ejecutivos del sector.

La clave es quizás más profunda, casi filosófica. Se trata de cuál es el nivel de capital óptimo en un banco, aquel que blinda su viabilidad en caso de turbulencias económicas y también le permite crecer, invertir y prestar a la sociedad. Un asesor de los grandes bancos apunta a que “no tiene sentido” que algunas entidades alcancen hasta el 18%, si bien los bancos centrales apuntan a que el suelo esté, al menos, en el 12%. De hecho, la simplificación regulatoria y cómo se computan estos colchones de capital es uno de los grandes caballos de batalla del sector en este momento."

(Álvaro Bayón , Cinco Días, 15/12/25) 

 

"Daños a los clientes bancarios.

 La oleada de desregulación financiera internacional promovida por los grandes bancos y la Administración de Estados Unidos —que propugna debilitar a los reguladores, reducir las exigencias de capital y de las pruebas de resistencia— coge a España con sus propios problemas financieros previos: un sistema financiero instalado en las malas prácticas y la banca menos solvente de Europa.

Un indicador de las malas prácticas bancarias es la exorbitante cifra de reclamaciones que los ciudadanos realizan a las propias entidades. En 2024 se presentaron 2.086.706 reclamaciones, una cifra por sí sola intolerable, que más que duplica las 828.213 presentadas en 2020, según la Memoria de Reclamaciones del Banco de España.

El malestar de los clientes quedó patente a la vista de cómo se resolvieron sus reclamaciones, ya que solo un 40% fueron favorables al reclamante. En el mismo ejercicio, las reclamaciones dirigidas al Banco de España alcanzaron una cifra récord, 56.099, un 69% más que el años anterior. Lo significativo es que las entidades no acataron un 21% de las resoluciones del supervisor, obligando a los clientes a acudir a los tribunales, como ha destacado Asufin.

La menor solvencia de la banca española ha quedado acreditada por la Autoridad Bancaria Europea, que puntúa el ratio de capital de los bancos españoles con un 13,18%, el más bajo de Europa, en donde 17 países superan el 17%.

Es significativa la preocupación del gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá: “Hemos constatado que la rentabilidad del sector bancario español mejoró en 2024, gracias a que el aumento del margen de intereses y de los ingresos por comisiones fue superior al de los costes y provisiones. Por su parte, las ratios de capital permanecieron estables, cubriendo con creces las exigencias normativas, pero lejos de la media europea. Los beneficios obtenidos el pasado ejercicio no se aprovecharon para recortar esta diferencia con Europa”.

El comportamiento de las entidades viene preocupando a las autoridades desde hace tiempo. El anterior gobernador, Pablo Hernández de Cos, encargó una evaluación externa de la supervisión de conducta a tres expertos: Stefan Ingves, Hanzo van Beusekom y Pedro Duarte Neves. En respuesta a sus recomendaciones, el Banco de España se compromete a “poner el foco en el posible daño a la clientela, frente al enfoque anterior, más correctivo”. También divulgará “los principales riesgos sectoriales identificados desde la perspectiva de la conducta”. Iniciativas relevantes porque los daños han sido gravísimos (desahucios, intereses, comisiones y prácticas abusivas).

La Memoria de Supervisión de 2024 revela que de los 939 empleados con funciones de supervisión, solo un 7% estaban dedicados a asuntos de conducta y solo una de las 145 medidas supervisoras correspondía a expedientes sancionadores. En materia de sanciones, el supervisor está pendiente de un informe jurídico para considerar el aumento de las sanciones, el veto a ciertos productos y la utilización del llamado cliente misterioso o mystery shopping. Supone “la posibilidad de infiltrarnos en las entidades para conocer como tratan de verdad a los clientes”, en palabras de la subgobernadora Soledad Núñez. Medidas imprescindibles ante el asombroso poder de los bancos y la cuantía de los daños."

( Andreu Missé , El País, 15/12/25)

Las cláusulas suelo, colocadas secretamente por las entidades financieras en las hipotecas que impedían a millones de hogares beneficiarse de las bajadas de los tipos de interés, son nulas por abusivas y falta de transparencia, según sentencia del Tribunal de Justicia Europea, que ha obligado a rectificar al Tribunal Supremo, corregido a los poderes públicos desde el Banco de España a la Abogacía del Estado y censurado las malas prácticas financieras... afecta a más de un centenar de entidades financieras y millones de contratos... los hogares afectados varía entre los 3,8 millones y 2,2 millones... La cuantía de los intereses indebidos pagados por los afectados oscila entre los 7.600 millones de euros, y 15.945 millones, hasta 2019... El TJUE ha tenido que dictar cinco resoluciones (2016, 2020, 2021, 2022 y 2024) que han obligado al Tribunal Supremo a rectificar... La sentencia del Supremo es de aplicación inmediata en todos los casos bajo apercibimiento de multas, y es un apoyo decisivo a la ley sobre demandas colectivas que tramita el congreso (Andreu Missé)

 "En unos momentos de tanta desazón por la incapacidad de los líderes europeos para actuar en consecuencia ante las vulneraciones de tantos derechos vale la pena destacar los logros de la sociedad civil al amparo del derecho europeo. Los principios de la Unión se mantienen sólidos en los ciudadanos que los han hecho suyos. “Europa, siempre Europa”, es la expresión de la abogada Karina Fábregas, de la asociación de consumidores Adicae, que mejor sintetiza el impacto de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que culmina una larga historia de abusos bancarios. 

 Una epopeya en buena parte explicable por las reiteradas resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) favorables a los ciudadanos que han obligado a rectificar al Tribunal Supremo, corregido a los poderes públicos desde el Banco de España a la Abogacía del Estado y censurado las malas prácticas financieras.

La sentencia, de la que ha dado completa información este diario, hace referencia al largo conflicto de las cláusulas suelo, que ha perjudicado a millones de hogares durante 15 años. Los hechos ofrecen una ilustrativa radiografía de las relaciones entre los poderes económicos y los derechos ciudadanos. Ahora ha quedado fuera de duda que las cláusulas suelo, colocadas secretamente por las entidades financieras en las hipotecas que impedían a millones de hogares beneficiarse de las bajadas de los tipos de interés son nulas por abusivas por falta de transparencia. Los sobre costes hipotecarios han hecho más gravosa la crisis para millones de trabajadores.

 Las cifras revelan las extraordinarias dimensiones del conflicto como admite el Tribunal Supremo: “más de un centenar de entidades financieras y millones de contratos”. El número de hogares afectados varía entre los 3,8 millones, según apuntó Adicae en 2010 y los 2,2 millones de la Memoria del Real decreto 1/2017. La cuantía de los intereses indebidos pagados por los afectados oscila entre los 7.600 millones de euros, según el Banco de España, y los 15.945 millones de euros hasta 2019, cifrados por la consultora AFI.

En la resolución favorable de este inmenso litigio han sido determinantes la labor de numerosas asociaciones de consumidores, abogados y jueces que han invocado en numerosos escritos el derecho europeo. Hay que destacar la tenacidad de Manuel Pardos, presidente de Adicae, que desde el primer momento optó por las demandas colectivas para evitar un colapso judicial como ha ocurrido. “Ahora ya me puedo morir tranquilo”, dice Pardos al ver reconocidos sus esfuerzos.

No ha sido nada fácil. El TJUE ha tenido que dictar cinco resoluciones (2016, 2020, 2021, 2022 y 2024) que han obligado al Tribunal Supremo a rectificar. Han sido sustanciales los votos particulares del entonces magistrado del Supremo Javier Orduña, cuya doctrina de la transparencia ha sido tenida en cuenta por el TJUE y la Comisión Europea. La sentencia del Supremo es de aplicación inmediata en todos los casos bajo apercibimiento de multas, según Adrián Rebollo de ASJ Jurídico, antiguo abogado de Adicae. La sentencia es un apoyo decisivo a la ley sobre demandas colectivas que tramita el congreso." 

( Andreu Missé , El País, 23/06/25)

Un banco postal en cada rincón de España. Cómo hacerlo posible. Propuestas y debate... España es un caso anómalo en Europa: no tiene banca pública, ni cajas de ahorro en la práctica. Pero tenemos a Correos, que es una empresa pública, con 2.388 oficinas digitalizadas y un total de 8.267 puntos de atención al público... El banco postal será público, de todos, porque Correos es una sociedad mercantil pública, lo que justifica la participación de los ciudadanos en su gestión... es indispensable que los trabajadores tengan la vocación de servidores públicos y que crean en su misión de sacar adelante ese banco postal. Por eso, los trabajadores tendrán que pasar una prueba que capte esa sensibilidad hacia lo público... La libreta A francesa es un ejemplo de cuenta de ahorros que recoge unos 500.000 millones de euros, que se remuneran al 3% y que está destinada principalmente a la economía social y solidaria y a préstamos a la vivienda social en alquiler (Aurora Martínez Hernández. Coordinadora de la Plataforma por una Banca Pública)

 "El 23 de abril tuvo lugar en el Centro de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid una jornada de la Plataforma por una Banca Pública con el título «Un banco postal en cada rincón de España. De todos. para todos. Cómo hacerlo posible. Propuestas y debate» y ese fue el objeto de esta presentación, dirigida de forma especial a los sindicatos y trabajadores de Correos. Porque el objetivo de la reunión era que sirviera para promover e impulsar la creación de un banco postal en España, tan necesario…y sobre todo, posible.

Porque ¿Cómo no va a salir adelante un banco que llegue a todos los rincones de España, que se va a financiar principalmente con los ahorros de los ciudadanos (no con fondos extranjeros),  que va a invertir en las verdaderas necesidades de sus ciudadanos y que los bancos desatienden, y que no va a pagar sueldos millonarios a sus directivos, ni dividendos a los accionistas, que tiene que ser  eficaz, como exige el artículo 103 de la Constitución Española, guiado por los principios de la banca ética y los de la antigua Caja postal y siendo sus trabajadores verdaderos servidores públicos, unidos en su misión de sacar adelante ese banco postal? 

El sistema financiero español, contexto del deseado banco postal.

España es un caso anómalo en Europa: no tiene banca pública, ni cajas de ahorro en la práctica. Pero tenemos a Correos, que es una empresa pública, con 2.388 oficinas digitalizadas y un total de 8.267 puntos de atención al público.  

Las consecuencias de  esa anomalía del sistema financiero español se traduce en la existencia de un oligopolio bancario, lo que supone un riesgo de inestabilidad financiera (Santander, BBVA, CaixaBank  y Sabadell copan el 75% de los depósitos), incapacidad de fomentar el ahorro, exclusión financiera y territorial, abandono del medio rural, y falta de inversiones. Esta falta de inversiones se dan tanto en la economía real (pymes y autónomos), como en proyectos capaces  de satisfacer necesidades estratégicas del país, no cubiertas por los bancos. Ejemplos tenemos: gestión de los bosques para evitar los fuegos, infraestructuras del agua, para poder regar en caso de sequía;  rehabilitación de viviendas rurales, recuperación de trenes locales o la industria de la lana de oveja, que actualmente se tira. Antonio Turiel propone garantizar las cosas más simples y imprescindibles, como es el suministro de alimentos y el agua limpia, relocalizar el trabajo o trabajar con materiales de proximidad.

La conclusión es que necesitamos un banco postal, con un mandato de servicio público recogido en una Ley con un doble objetivo: por una parte asegurar el acceso a todos los ciudadanos a los servicios básicos de banca minorista y, por otro, obtener beneficio para contribuir a la  sostenibilidad económica de Correos.

Características del banco postal.

Comentaremos tres características: Fomentar el ahorro, descentralización y gestión democrática y control social. 

Hutchinson en su libro «Why and how britain developed the industrial revolution» explica cómo el ahorro que generaron las  800 «saving banks» en Gran Bretaña permitió la revolución industrial (en la segunda mitad del siglo XVIII). Así mismo, la Caisse des Depots et Consignations en Francia y la Cassa  Deposite e Prestiti en Italia permitieron en el siglo XIX financiar el desarrollo de esos países.  También nuestra Caja Postal tuvo esa capacidad de generar ahorro, y teniendo un tamaño mucho menor que el de los grandes bancos, su cuota de mercado -el 19% -era mucho mayor que la de ellos y con rentabilidades de hasta el 39%.

¡Y ahora, en los informes Dragui, Letta y OCDE  descubren que Europa necesita más ahorro ciudadano, asegurado por el Estado y bien remunerado para financiar la transición verde y tecnológica, aumentar la productividad y no depender de la financiación extranjera!. Y un banco postal es el mejor instrumento para asegurar ese ahorro nacional, porque los bancos tradicionales no invierten correctamente los ahorros. 

Sobre la descentralización, decir que tanto las «saving banks» como las cajas de ahorro o las Sparkassen han sido esencialmente regionales y rurales. Y sobre la gestión democrática y el control social, el banco postal deberá tener dos órganos de gobierno: un Consejo de Administración y Supervisión y una Junta Directiva. El Consejo de Administración será el órgano de control de la Junta Directiva y elaborará los planes anuales y estratégicos y estará formado por los representantes del Estado, del Parlamento, de los trabajadores y de los ciudadanos…y de su presidente, que tendrá que presentar el informe anual del banco postal en el Parlamento. Por otra parte, la Junta Directiva se encargará de la gestión del banco. Y estará bajo el control del Consejo de Administración, pero no estará bajo el control del gobierno de turno.  

De todos, para todos.

Josep Fontana escribió: «Y lo que no puede ser compartido con los más, por razonable que parezca, está condenado a quedar en el terreno de la utopía, que es necesaria para alimentar nuestras aspiraciones a largo plazo, pero inútil para la lucha política cotidiana».

El banco postal será público, de todos, porque Correos es una sociedad mercantil pública, lo que justifica la participación de los ciudadanos en su gestión. Antonio Palazuelos considera que para que se produzca un nuevo orden social y , en nuestro caso, para que salga adelante el  proyecto de un banco postal, se necesita: voluntad política, una base material (la financiación, inversiones en locales, mobiliario..) y una base social, que presione: los ciudadanos organizados y mayoritarios, los trabajadores y los usuarios.

Dentro de los trabajadores tendremos que considerar dos clases de trabajadores: los trabajadores que provienen de  Correos, que necesitarán formación bancaria; y los nuevos trabajadores, los especialistas y los formadores de los trabajadores. En todo caso, los trabajadores serán trabajadores de Correos, evitando contratar a empresas consultoras que realicen los primeros trabajos de puesta en marcha.

Los usuarios e impositores proporcionarán la fuente característica de financiación del banco postal: sus ahorros. Para conseguir fomentar un ahorro, es necesario que esté garantizado por el Estado y recibir por él una buena rentabilidad merecida, lo que dará al ahorro estabilidad. Porque gracias al ahorro de los ciudadanos, los bancos consiguen sus beneficios. La libreta A francesa es un ejemplo de cuenta de ahorros que recoge unos  500.000 millones de euros, que se remuneran al 3% y que está destinada principalmente a la economía social y solidaria y a préstamos a la vivienda social en alquiler. 

La voluntad política

La voluntad política es condición necesaria e imprescindible, pero no suficiente porque necesita de la participación ciudadana para que el proyecto de banco postal salga bien. Mariana Mazzucato propone para el sector público un Estado emprendedor, y unos gobiernos que vayan más allá de repartir subvenciones. Y promuevan proyectos concretos, como es la creación de un banco postal. Proyectos bien planificados, orientado por los resultados mediante una evaluación continua y rendición de cuentas.

Cómo hacerlo posible: mi propuesta y la necesidad del debate.

José Santos Pulido sintetiza como sigue el proceso de puesta en marcha del banco postal: 1º. Decisión del Presidente de Correos de crear un banco postal. 2º. Aprobación por el Gobierno de crear un banco postal. 3º. Consulta al Banco de España sobre lo que se necesita. 4º. Preparación de la documentación para un plan de negocio a tres años. 5º. Aprobación por el Banco de España y por el Banco Central Europeo de la puesta en marcha del banco postal. 6º Comienzo de la actividad.

La propuesta que elegí para comentar y para que al banco postal le vaya bien, es considerar como objetivo estratégico principal conseguir una plantilla de trabajadores excelentes y el cómo conseguirlo sería preparando la máxima calidad en la selección del personal. Christoph Scherrer, coordinador del libro «Public Banks in the age of financialization«, considera que es indispensable que los trabajadores tengan la vocación de servidores públicos y que crean en su misión de sacar adelante ese banco postal. Por eso, además de seleccionar a los trabajadores de acuerdo con los criterios de igualdad, mérito y capacidad tal como se exige en el artículo 103 de la CE y en la Ley 40/2025 del Régimen Jurídico del Sector Público (que además exige a los directivos experiencia) los trabajadores tendrán que pasar una prueba que capte esa sensibilidad hacia lo público. Junto a esto, también hay que tener en cuenta la Ley del Estatuto del Empleado Público que en su artículo 20 exige la evaluación del desempeño (Por supuesto, el desempeño de los cargos directivos también).Esta reunión pretendió iniciar el debate de la necesidad de un banco postal. No todos los presentes  llevaron  una propuesta para que tengamos el banco postal que necesitamos y que es posible. Pero vamos por el buen camino del proponer, no sólo  del «Hay que…»"

( Aurora  Martínez Hernández. Coordinadora de la Plataforma por una Banca Pública , attac España, 13/05/25)

La indefensión de los ciudadanos ante los abusos de las entidades financieras está rebasando todos los límites... la asociación de consumidores Asufin ha denunciado ante el Ministerio de Consumo, a estas entidades “por la reiteración en el ejercicio de prácticas abusivas por las entidades financieras y de crédito ya condenadas con carácter anterior por usura o falta de transparencia” y “por la práctica abusiva disuasoria para la reclamación de consumidores, consistente en la oposición y recursos sistemáticos”... Es especialmente injusto el caso de las tarjetas revolving por afectar a las personas con menos recursos, y que puede dar lugar al “efecto bola de nieve”, que es “el riesgo de encadenarse a una deuda indefinida, que nunca se termina de pagar” (Andreu Missé)

 "La indefensión de los ciudadanos ante los abusos de las entidades financieras está rebasando todos los límites. La última alarma la ha lanzado el Juzgado 104 bis, especializado en asuntos financieros, básicamente tarjetas revolving y microcréditos. El juzgado ha pedido al Ministerio de Consumo y al Banco de España que tomen medidas ante la actitud recalcitrante de las entidades que alargan con recursos sin fin los pleitos a pesar de ser ganados masivamente por los clientes. Adrián Gómez, letrado de la Administración de Justicia de este juzgado ha ofrecido a las autoridades “el listado de entidades, procedimientos y fallos”, de estos casos.

La gravedad de los hechos ha llevado a la asociación de consumidores Asufin a elevar una denuncia ante el Ministerio de Consumo, para que sancione a las entidades “por la reiteración en el ejercicio de prácticas abusivas por las entidades financieras y de crédito ya condenadas con carácter anterior por usura o falta de transparencia” y “por la práctica abusiva disuasoria para la reclamación de consumidores, consistente en la oposición y recursos sistemáticos”. La asociación recuerda la saturación de los juzgados especializados, que han recibido más de 850.000 demandas por asuntos bancarios desde 2017 y todavía quedan 138.714 por resolver.

Los hechos revelan que las entidades financieras utilizan el sistema judicial, atestado de demandas que a veces tardan hasta cinco años para resolverse, para disuadir a sus clientes de reclamar. Los expediente de tarjetas representan el segundo producto con más reclamaciones, el 29% del total, según el Banco de España.

Es especialmente injusto el caso de las tarjetas revolving por afectar a las personas con menos recursos. Una sentencia del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 2020, ya advertía de los riesgos de estas operaciones por “el público al que suelen ir destinadas, personas que por sus condiciones de solvencia y garantías disponibles no pueden acceder a otros créditos menos gravosos”. La resolución avisaba del pago de cuotas “con una elevada proporción correspondiente a intereses y poca amortización del capital, hasta el punto de que puede convertir el prestatario en un deudor cautivo”.

 El Banco de España también se ha referido a las consecuencias del crédito revolving al señalar que puede dar lugar al “efecto bola de nieve”, que es “el riesgo de encadenarse a una deuda indefinida, que nunca se termina de pagar”.

Otra sentencia del Tribunal Supremo, del pasado 30 de enero, ha confirmado por fin “el carácter abusivo de la cláusula que fija el interés remuneratorio” por falta de transparencia, de un contrato de tarjeta revolving. Para apreciar la falta de buena fe del banco, los magistrados tuvieron en cuenta “la incitación por parte del profesional a la contratación en la modalidad revolving en los términos más proclives a acentuar los riesgos, como son la comercialización fuera de establecimientos financieros (estaciones, aeropuertos o centros comerciales) y el empleo de “denominaciones que ocultan esos riesgo”. Las autoridades deberían superar el miedo reverencial del derecho canónico (temor a desagradar a personas a quien se debe sumisión) y actuar civilmente ante los abusos bancarios."                ( Andreu Missé , El País, 10/03/25)

El Banco de España regala 12.000 millones a la banca y a la banca le parece mucho un impuesto por el que paga 1.695... no está justificado de ningún modo que los bancos centrales tengan que pagar esos intereses a la banca. Es un regalo, un subsidio que no responde a ninguna necesidad, sino tan solo a un privilegio. Antes de 1999 no existía esa remuneración en Europa (salvo en Alemania) y sólo desde 2008 comenzó a darse en Estados Unidos... Los del Banco de España afirman que ese impuesto de 1.695 millones puede penalizar el crédito, y los de Fedea que “desincentiva el crecimiento” de los bancos» y tiene “repercusiones negativas sobre su eficiencia”. Son los que dicen que no hay dinero para el sistema de pensiones públicas, pero les parece bien darle a la banca sin justificación ninguna el equivalente a lo que más o menos se ha gastado en pensiones en el pasado mes de noviembre, o sea, los 12.000 millones... Pónganles ustedes el calificativo que deseen a la situación (Juan Torres López)

 "Vuelvo a escribir sobre el mismo tema que comenté en un artículo del pasado mes de marzo y en otro de febrero de 2023 porque es fundamental que la gente sepa los regalos multimillonarios que el Banco de España y el Banco Central Europeo están haciendo a la banca privada con su dinero.

Lo hago de nuevo a partir de un artículo publicado en el diario económico Cinco Días por Carlos Arenillas, exvicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y Jorge Pérez, exjefe de regulación contable del Banco de España.

Estos economistas han estimado que el Banco de España ha pagado unos 12.000 millones de euros a los bancos españoles, entre septiembre de 2023 y 2024, en concepto de intereses por los depósitos que mantienen en el banco central. Una cantidad que explica las pérdidas de unos 8.000 millones de euros que registró el Banco de España y que supone una merma de ingresos de ese mismo montante para el Tesoro.

Por ese concepto y al conjunto de la banca privada europea, estos economistas estiman que el Banco Central Europeo ha pagado 125.000 millones de euros en el mismo periodo.

Estas cifras son escandalosas, al menos, por tres razones.

En primer lugar, por su magnitud: los pagos por intereses del BCE a la banca privada representan casi el 75 por ciento de todos los gastos que realiza la Unión Europea a lo largo del año. En España equivale más o menos a un mes de gasto público en pensiones, un mes y medio de gasto en sanidad o a dos meses y medio en educación.

En segundo lugar, es escandaloso que esas cifras se mantengan en secreto. Arenillas y Pérez han tenido que estimarlas porque el Banco de España se niega expresamente a proporcionar la cantidad exacta que paga a cada banco, a pesar de que se trata de dinero público y de que sus directivos no paran de reclamar transparencia, austeridad y eficacia a los gastos que realizan las demás instituciones del Estado.

En tercer lugar, porque, como expliqué en el artículo de marzo, no está justificado de ningún modo que los bancos centrales tengan que pagar esos intereses a la banca. Es un regalo, un subsidio que no responde a ninguna necesidad, sino tan solo a un privilegio. Antes de 1999 no existía esa remuneración en Europa (salvo en Alemania) y sólo desde 2008 comenzó a darse en Estados Unidos. Como ha mostrado, entre otros, Paul de Grauwe, para evitar ese dispendio cuando los tipos de interés están subiendo, el banco central puede aumentar la cantidad de dinero que los bancos han de mantener en reservas no remuneradas o vender los bonos que los bancos centrales acumulan para retirar dinero del sistema bancario.

Mientras se produce este escandaloso regalo a la banca con dinero público, mis colegas economistas que ponen el grito en el cielo cuando aumenta el gasto del Estado para dar ayudas mucho menos generosas a las personas o empresas más necesitadas mantienen silencio. Se callan cuando la banca española recibe un subsidio privilegiado del Banco de España de 12.000 millones de euros, mientras que sólo las cinco mayores entidades tuvieron un beneficio de más de 25.000 millones en 2023, y cuando, a pesar de ello, rechazan un impuesto extraordinario por el que sólo tuvieron que pagar 1.695 millones de euros.

O, mejor dicho, no se callan. Los del Banco de España afirman que ese impuesto puede penalizar el crédito y los de Fedea que “desincentiva el crecimiento” de los bancos» y tiene “repercusiones negativas sobre su eficiencia”. Son los que dicen que no hay dinero para el sistema de pensiones públicas, pero les parece bien darle a la banca sin justificación ninguna el equivalente a lo que más o menos se ha gastado en pensiones en el pasado mes de noviembre.

Pónganles ustedes el calificativo que deseen a la situación y a quienes la justifican y defienden."                  (Juan Torres López, 06/12/24)

Ayer se aprobó la toma en consideración de la denominada Ley REDAL, un texto legal fundamental para la protección y la justicia con millones de familias afectadas por los abusos de la banca en los contratos hipotecarios

 "El Pleno del Congreso de los Diputados aceptó la toma en consideración de la denominada Ley REDAL, no aprobó la proposición de Ley, ni va a ser publicada en los próximos días en el Boletín Oficial del Estado, tal y como se ha escuchado y publicado en algunos ámbitos. Esta ley, cuyo responsable principal es el diputado Félix Alonso, de Sumar, es muy importante para millones de afectados por los abusos de la banca en los contratos hipotecarios. Sin embargo, no se puede crear falsas expectativas en estas personas.

Friedrich Nietzsche afirmó que «la esperanza es el peor de los males, pues prolonga el tormento del hombre». Por esa razón, es cruel que se creen falsas esperanzas porque las personas afectadas no pueden creer lo que no es.

Lo que sucedió ayer en el Congreso de los Diputados fue el punto de partida. A partir de hoy los diferentes grupos parlamentarios tienen 15 días para la presentación de enmiendas que pueden ser a la totalidad o al articulado. Las primeras se dividen entre aquellas de devolución y las de texto alternativo. Así, cuando un grupo parlamentario ve inoportuna la tramitación del texto o se opone a su contenido, presenta una enmienda de devolución, para que la iniciativa no se tramite. Por su parte, las enmiendas de texto alternativo rechazan el contenido de la iniciativa, al tiempo que proponen un texto articulado diferente.

Durante estos quince días, plazo que es prorrogable, los diputados pueden presentar enmiendas al articulado, es decir, incluir una modificación parcial del texto original: sustituir un texto por, incorporar nuevo articulado o suprimir algún fragmento de la iniciativa.

A partir de este momento, la Ley REDAL tendrá que pasar primero por el debate de la ponencia, es decir, el grupo de diputados constituido en el seno de la comisión que debatirá la iniciativa a puerta cerrada, tanto el texto tramitado como las enmiendas presentadas. Esta ponencia tiene capacidad para proponer una nueva redacción aunque ésta no esté recogida por las enmiendas. El informe final de la ponencia incluirá el texto final de la proposición surgido de las enmiendas y las nuevas redacciones aprobadas por voto ponderado.

Ese documento pasa a la comisión, órgano que ratifica, debate y vota el informe de la ponencia, junto con las enmiendas que no fueron incluidas. Tras el debate, se votan las enmiendas al articulado y las transaccionales, si se presentan. Los acuerdos de la comisión se aprueban por mayoría simple.

El texto final surgido de la comisión se eleva al Pleno, aunque el Reglamento del Congreso permite, dependiendo del caso, que se delegue en la comisión para aquellas proposiciones o proyectos de Ley que son de obligatorio debate en el Pleno, tal y como se recoge en la Constitución.

La Ley REDAL, en el momento de debatirse en el Pleno, terminará con una votación de las enmiendas que se mantengan vivas y que no han sido ya incorporadas al texto. La aprobación definitiva se exige con mayoría absoluta o simple. Si se aprueba, pasa al Senado que la puede aprobar, vetar o devolver al Congreso. Si sucede esto último, volverá a debatirse en el Pleno. De aprobarse, será entonces cuando se promulgue y publique en el BOE.

Este es un resumen del procedimiento parlamentario. Ahora empieza el camino de verdad y queda mucho trabajo por hacer. Pero el primer paso ya está dado."

 ( José Antonio Gómez , Diario16+, 23/10/24)

A favor de la Caja Postal... existe un Instituto de Crédito Oficial, a través del cual el Estado moviliza sus líneas de financiación hacia los diferentes campos de la economía (el ICO), que carece de red y que tiene que apoyarse en la banca privada necesariamente. Ya se echó de menos en la crisis de 2007 la ausencia de un banco público: muchas empresas que se acogieron a las líneas ICO tuvieron que pagar un sobreprecio, cuando no fueron hábilmente desviadas por algunos bancos hacia sus propias líneas de financiación, siempre más caras... el Correo necesita una apuesta potente de futuro, y por otra, la financiación pública necesita de una red propia que eleve su eficacia. Sobre todo, cuando es una red que existe y que, si no le das juego, reentrenando al personal propio, corres el peligro de tener que recurrir, en un plazo no lejano, a despidos indeseados y numerosos, y a tener que cubrir sus déficits con dinero de los presupuestos generales... La existencia de un banco público, como era Caja Postal, puede abrir un camino para ofrecer vías favorables a la economía social, establecer una línea de especialización en el apoyo financiero y canalización a las intervenciones para consolidar el fomento de la vivienda social, tanto en alquiler como en venta, y -algo muy importante- volcarse en el apoyo a iniciativas de recuperación de la España abandonada... el presidente de Correos, ha declarado públicamente su apuesta para que Correos se convierta en una entidad de dinero electrónico: una prerrogativa que tiene Correos desde 2011(José Luis Martín Palacín)

 "Acompañar el esfuerzo que España realiza para avanzar hacia un país más social, con un banco que desde lo público acompañe a una economía más social, contribuyendo a un mejor reparto entre los ciudadanos del incremento de beneficios de los bancos, introduciendo la competitividad en el sector, no puede traer más que beneficios a la sociedad.

El magnicidio se cometió hace 33 años: en 1991. Hace poco más de lo que entendemos por una generación. Por eso un 35,4% de españoles no saben lo que fue Caja Postal. Una entidad financiera similar a las numerosas entidades de este tipo que se formaron en todo el mundo a partir de las operaciones dinerarias realizadas dentro de los Servicios de Correos y Telégrafos en los distintos países. En España se había creado en 1909, y personalmente tuve el triste honor de ser su último presidente. Y aquel lamentable suceso fue la causa de que presentara mi dimisión como secretario general de Comunicaciones ante el ministro Borrell, que heredó el ministerio del que dependía dicha Secretaría General y que aglutinaba Correos, Caja Postal, Telecomunicaciones y el sistema español de satélites de Comunicaciones Hispasat.

Llegué a Comunicaciones procedente desde la Subsecretaría de Interior, y con la convicción de que la entidad del Estado que más lejos alcanzaba en el territorio del Estado era la Guardia Civil. Pero al llegar me di cuenta de que el servicio del Estado más capilarizado era, y sigue siendo -junto con los ayuntamientos- el Servicio de Correos y Telégrafos. Aquella Caja Postal que fue finiquitada el 12 de marzo de 1991 daba unos beneficios de 16.000 millones de pesetas de entonces; era la entidad financiera que más créditos daba para vivienda de protección pública, y tenía un plan estratégico de implantar una sucursal en cada oficina de Correos, que venía acompañado de la voluntad de volcarse en tres sectores estratégicos para la economía española: el transporte, el turismo y las telecomunicaciones. Y de consolidar la Corporación Caja Postal, que había comenzado a operar con cierta inteligencia, y que -entre otras cosas- capitaneó los seguros consorciados de los lanzamientos de los dos primeros satélites de Hispasat.

Caja Postal fue sacrificada junto con el Banco Hipotecario, el Banco de Crédito Local, el Banco de Crédito Agrícola y el Banco Exterior de España, porque sus beneficios enjugaban las enormes pérdidas del Banco Exterior de España, y porque de todos era la Entidad que tenía una red de oficinas amplia y atractiva. Y el proyecto que abrigaba Solchaga era crear un ente (lo que fue Argentaria) que aglutinara todo para ser después vendido -en sus intenciones- al Santander, aunque después se frustraron sus expectativas y fue el BBV el heredero de aquella joya. Casualmente, como Correos y Telégrafos necesitaba prestar al menos los servicios bancarios básicos, se dio la paradoja de que unos meses después tuvo que sacar un concurso para esos servicios, que lo ganó por un tiempo el Deutsche Bank.

Hace muy poco, Pedro Saura, el presidente de Correos, ha declarado públicamente su apuesta para que Correos se convierta en una entidad de dinero electrónico: una prerrogativa que tiene Correos desde 2011, con la ley sobre dinero electrónico de julio de aquel año. Es loable que el presidente de Correos esté buscando fórmulas para reflotar una sociedad estatal que en los últimos tres ejercicios ha perdido 676 millones de euros. Pero la fórmula de la que echa mano -por mucho que haya generado cierta polémica en el sector bancario- se queda corta en relación con los servicios que Correos podría prestar. 

Aún le quedan más de 7.250 oficinas, y una presencia asidua y cualificada en la España abandonada: justo aquella de la que están huyendo no sólo las oficinas bancarias, sino hasta los cajeros automáticos. Y exactamente aquella en la que la brecha digital (infraestructural y humana) dificulta precisamente las operaciones estrictamente de dinero electrónico. Y en la que hace falta un resurgimiento que facilite operaciones plenamente bancarias, y una dinamización de las actividades económicas, por ejemplo, con el apoyo a emprendedores y con la rehabilitación de viviendas: porque en ella se da la paradoja de que mientras hay un porcentaje preocupante de viviendas abandonadas, condenadas a la ruina, hay falta de viviendas para quienes quieran ir a trabajar. Algo que dificulta la lucha contra la despoblación y acentúa la decadencia del rural.

Se da, además, el caso de que existe un Instituto de Crédito Oficial, a través del cual el Estado moviliza sus líneas de financiación hacia los diferentes campos de la economía (el ICO), que carece de red y que tiene que apoyarse en la banca privada necesariamente. Ya se echó de menos en la crisis de 2007 la ausencia de un banco público: muchas empresas que se acogieron a las líneas ICO tuvieron que pagar un sobreprecio, cuando no fueron hábilmente desviadas por algunos bancos hacia sus propias líneas de financiación, siempre más caras.

Es comprensible que hay que gobernar con gran prudencia y no alborotar a diversos sectores, que enseguida echan mano de la acusación -infundada- de competencia desleal. Pero, por una parte, el Correo necesita una apuesta potente de futuro, y por otra, la financiación pública necesita de una red propia que eleve su eficacia. Sobre todo, cuando es una red que existe y que, si no le das juego, reentrenando al personal propio, corres el peligro de tener que recurrir, en un plazo no lejano, a despidos indeseados y numerosos, y a tener que cubrir sus déficits con dinero de los presupuestos generales.

No es ningún disparate recomponer una banca pública, como Caja Postal, que jamás debió haber dejado de existir. Ya que lo hizo al rebufo de la fiebre neoliberal de las concentraciones bancarias, alimentadas en un primer momento por el ministro Solchaga, de dudosa eficacia para el servicio que la banca debe prestar a empresas y particulares, ya que la reducción de la competencia puede llegar a dar pie a prácticas de “dumping”, e incluso a que las empresas encuentren menos espacio para su financiación, ya que la experiencia que ha existido es la de que los bancos concentrados han concentrado también el riesgo de las empresas que tenían créditos con los bancos objeto de fusión, disminuyendo la capacidad de financiación de las empresas afectadas.

La existencia de un banco público, como era Caja Postal, puede abrir un camino para ofrecer vías favorables a la economía social, establecer una línea de especialización en el apoyo financiero y canalización a las intervenciones para consolidar el fomento de la vivienda social, tanto en alquiler como en venta, y -algo muy importante- volcarse en el apoyo a iniciativas de recuperación de la España abandonada. Algo que, en combinación con las propias oficinas de Correos, puede prestar un servicio de ventanilla única de las Administraciones, con el asesoramiento pertinente, para que los habitantes del rural (que sufren también los efectos de otra brecha como la digital) no tengan que realizar desplazamientos fuera de su localidad para la realización de trámites y la resolución de asuntos.

No se trata de una decisión de “dicho y hecho”, porque hay que adaptarse al axioma de que “las cosas no se hacen: se organizan”. Puede Correos comenzar con lo del dinero electrónico -que es algo que ahora mismo ya no le resulta ajeno-, pero con el designio de ir entrenando a su personal para la recuperación de su carácter de banco público, retomando, una generación después, los planes de consolidación, de expansión y de acción social sobre los que ya venía trabajando a finales de los 80 y a principios de los 90. Acompañar el esfuerzo que España está realizando de avanzar hacia un país más social, con un banco que desde lo público acompañe a una economía más social, contribuyendo a un mejor reparto entre los ciudadanos del incremento de beneficios de los bancos, a partir de introducir la competitividad en el sector, no puede traer más que beneficios para nuestra sociedad."

( José Luis Martín Palacín , attac España, 22/09/24, Artículo original publicado en mundiario.com)

Sumar ha demandado al Banco de España ante la Audiencia Nacional por falta de transparencia, al no detallar lo que le paga a cada banco por depositar sus reservas en el Banco de España... “En 2023 los bancos ganaron por esta vía [el dinero público que el Banco de España transfirió por depositar sus reservas en él] 8.000 millones de euros, lo que representó el 65% de sus beneficios en España. Como resultado, el Banco de España registró pérdidas en su cuenta de resultados que fueron compensadas con provisiones, y el ingreso de 2.000 millones que el BdE suele hacer anualmente en el Tesoro procedente de sus beneficios se redujo a cero. Esto supuso un importante menoscabo en las posibilidades de financiar políticas públicas”

Carlos Martín Urriza @carlosurriza

Hoy  @Sumar ha demandado al Banco de España ante la Audiencia Nacional por falta de transparencia. El regulador no quiere detallar lo que le paga a cada banco por depositar sus reservas en el Banco de España.

El BdE transfirió 8.000 mill a los bancos en 2023 por sus depósitos, lo q representó el 65% de sus beneficios en España. Resultado de la transferencia, el BdE no tuvo beneficios el año pasado y no pudo transferir al Tesoro los 2.000 mill que habitualmente le ingresa cada año

El BdE se escuda en el "secreto profesional" para no dar la información, pero:  

1/ La jurisprudencia del TJUE establece que la denegación de información sobre la labor de supervisión no puede basarse en una "presunción general de confidencialidad”

 

2/ La información solicitada no daña, ni siquiera hipotéticamente, los intereses privados de los bancos depositantes. De hecho, algunos ya publican la información solicitada en sus memorias

 

3/ El interés público a esta información prima sobre el privado, pues es necesaria para hacer un buen diseño de la política fiscal y para los inversores. En efecto, será muy útil para fijar el nivel óptimo de gravamen a la banca cuando se transforme en un impuesto permanente

 

Esta información es también muy útil para los inversores. No es lo mismo invertir en un banco que obtiene el 65% de sus beneficios de la facilidad de depósito, que en otros que obtiene el 65% de dar créditos a empresa y hogares.

 

4/ Esta demanda no es exclusiva de España. Por ejemplo, el Parlamento británico ha solicitado con éxito esta misma información directamente a los bancos

 

5/ El BdE es el menos transparente de Europa; es el que más solicitudes de información deniega

 

 Por todos estos argumentos nos hemos visto obligados a poner la demanda da la importancia de la información que se solicita y que venimos reclamando desde mayo

 

 Por último, mi felicitación al excelente equipo jurídico de @SumarGP y, en concreto, a Alaia Moreno por la elaboración de la demanda y a @JuanMorenoRe por el apoyo y supervisión jurídica.

De elpais.com

3:37 p. m. · 13 sept. 2024 10,1 mil Reproducciones

 

"Los bancos españoles se embolsaron cerca de 39.000 millones de euros antes de impuestos en 2023. 

Estos beneficios tan altos se deben al incremento de tipos de interés (que acaban de empezar a bajar) pilotado por el Banco Central Europeo para combatir la crisis de precios de los últimos años. Esto supuso un problema para el bolsillo de muchas familias, con más dificultades para acceder al crédito. A la vez las entidades se han beneficiado de la remuneración que les abona el Banco de España por sus depósitos, que en poco más de un año pasaron del -0,5% al 4%. Ante esta situación, Sumar exigió en febrero al organismo público que detallase las cantidades abonadas a cada entidad, petición que el Banco de España rechazó en base al secreto profesional. El grupo parlamentario anunció en mayo que denunciaría a la entidad por negar esta información y ha cumplido su advertencia este viernes.

Los diputados de Sumar Txema Guijarro, Carlos Martín y Manuel Lago han interpuesto una demanda al respecto ante la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional. En el texto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se reclama al tribunal que “dicte sentencia anulando la resolución de denegación dictada por el Gobernador del Banco de España, de fecha 10 de junio de 2024, por vulnerar el derecho fundamental a obtener información de los diputados”.

El gobernador cuando Sumar inició este proceso, Pablo Hernández de Cos, habló del tema en mayo en el Congreso. “¿Por qué no podemos darle los datos individuales? Estamos sujetos al deber de confidencialidad [al respecto]. El Banco de España no puede hacer otra cosa que cumplirlo”, dijo en respuesta a las preguntas del diputado Martín, que este viernes ha cargado contra el rechazo del BdE: “En 2023 los bancos ganaron por esta vía [el dinero público que el Banco de España transfirió por depositar sus reservas en él] 8.000 millones de euros, lo que representó el 65% de sus beneficios en España. Como resultado, el Banco de España registró pérdidas en su cuenta de resultados que fueron compensadas con provisiones, y el ingreso de 2.000 millones que el BdE suele hacer anualmente en el Tesoro procedente de sus beneficios se redujo a cero. Esto supuso un importante menoscabo en las posibilidades de financiar políticas públicas”.

En la demanda, Sumar rechaza de plano que el Banco de España no pueda facilitar estos datos: “Teniendo en cuenta la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la información solicitada y relativa a las cantidades abonadas por el Banco de España a entidades de crédito en concepto de intereses por los depósitos realizados en el mecanismo de facilidad de depósito, no constituye información sujeta al deber de secreto profesional”. Cree que esto es así porque “la información solicitada no puede dañar, siquiera hipotéticamente, los intereses privados de los bancos depositantes”; porque “las cantidades pagadas por el Banco de España por el concepto referido deberían ser públicas”; y porque “la publicidad de la información solicitada no entorpece en modo alguno la función del Banco de España relativa al diseño y ejecución de la política monetaria”.

“El privilegio de los parlamentarios de acceso preferente a la información de las Administraciones públicas se justifica en la necesidad de que puedan ejercer sus funciones, entre otras, las funciones legislativas y de control al Gobierno”, agregan los demandantes, en cuya opinión el Banco de España “se ha limitado a señalar el carácter confidencial de la información solicitada, sin explicar por qué es confidencial o en qué medida puede dañar los intereses del Banco de España o de terceros”. En la misma línea, consideran que “no puede existir una presunción general de confidencialidad de todas las operaciones que realiza el Banco de España”.    (Emilio Sánchez Hidalgo , El País, 13/09/24)

Escrivá no altera la independencia del Banco de España... lo que sí causa un descrédito de la institución es el fracaso de los antecesores en la defensa de los usuarios de banca y entidades financieras, y en cómo se ponen de perfil ante las estafas bancarias, como por ejemplo las clausulas suelo y las sucesivas crisis bancarias que han sido el punto más negro de la última década... Los llamados técnicos y no políticos, como Linde o Hernández de Cos, han mirado para otro lado, y se han dedicado básicamente a alertar sobre las catástrofes de la subida del salario mínimo o la recesión que supuestamente llegaría a España en el año 2023... Lo que hay que pedirle al nuevo gobernador es que se ocupe de la selva en el sector financiero, que mejore la capacidad de defensa de los consumidores, y que sí sea independiente en materia de control y sanción para las entidades que estafan a muchos clientes, no como sus predecesores (Alejandro Inurrieta)

 "Lo que hay que pedirle al nuevo gobernador es que se ocupe de la selva en el sector financiero, que mejore la capacidad de defensa de los consumidores, y que sí sea independiente en materia de control y sanción para las entidades que estafan a muchos clientes, no como sus predecesores

Escrivá, un ex del Banco de España que vuelve de gobernador tras cuatro años como ministro

Una vez más la conversación pública en España se ha convertido en un vertedero de descalificaciones e insinuaciones entre los agentes políticos y mediáticos, tras el nombramiento del ministro Escrivá como gobernador del Banco de España. De nada sirve que en el Consejo del BCE, donde estará Escrivá ya el próximo día 11 de septiembre, esté lleno de ex ministros, como el caso de Austria o Portugal, asesores y otros cargos políticos que pasan directamente a formar parte del directorio, siendo gobernadores de los respectivos bancos centrales de cada país. 

El pecado del ministro Escrivá, según estas voces, es que pasa directamente de la mesa del Consejo de Ministros al edificio de Cibeles, sin solución de continuidad, por lo que, según estas fuentes interesadas, provocará un descrédito de la institución y una “colonización” de la misma, siempre porque el elegido es un supuesto socialista peligroso.

La realidad es bastante distinta a la que dibujan estos agoreros, cuya vigencia del argumento durará escasos días, porque la próxima institución ya no tiene las funciones que otrora sí podían verse afectadas por un cargo político. En primer lugar, hay que destacar que el currículum de Escrivá es impecable para cubrir la vacante; si lo comparamos, por ejemplo, con Luis de Guindos, le supera ampliamente, y este es hoy, nada menos, que vicepresidente del BCE. Para los puristas académicos liberales y libertarios, a Escrivá solo le falta ser doctor, algo de lo que también adolece De Guindos, o la propia Christine Lagarde, pero ellos siempre se callan a la hora de juzgar a sus correligionarios ideológicos. 

En segundo lugar, para los que ponen el grito en el cielo, España hace tiempo que delegó la política monetaria y cambiaria al BCE, perdiendo la soberanía monetaria, algo que muchos seguimos echando de menos para poder llevar a cabo políticas fiscales expansivas que pudieran acabar con el desempleo. Esto hace que no quepa incidencia del titular del Banco de España sobre la política económica del país, lo cual despoja de cualquier veleidad de intervención o falta de independencia a la hora de votar en los Consejos del BCE sobre el devenir de los tipos de interés. 

En consecuencia, no existen conflictos de intereses por pasar de ministro a gobernador, dadas las funciones que la propia Ley de Autonomía del Banco de España otorga a su rector. Adicionalmente, y por el flanco ideológico, Escrivá es un liberal de libro y neoclásico de formación, lo cual no desentona para nada a la hora de analizar el papel de los tipos de interés, o la función y definición del dinero, muy alineada con los colegas del BCE. 

Pero vayamos, de verdad, a lo que sí causa un descrédito de la institución. El Banco de España sí conserva, por delegación, la supervisión financiera y bancaria y por tanto, la defensa de los usuarios de banca y entidades financieras. Aquí el fracaso de los antecesores ha sido palmario. La burbuja inmobiliaria, negada en el propio servicio de estudios del Banco de España, y las sucesivas crisis bancarias han sido el punto más negro de la última década, y especialmente cómo se ponen de perfil ante las estafas bancarias, como por ejemplo las clausulas suelo, entre otras. Los llamados técnicos y no políticos, como Linde o Hernández de Cos, han mirado para otro lado, y se han dedicado básicamente a alertar sobre las catástrofes de la subida del salario mínimo o la recesión que supuestamente llegaría a España en el año 2023. Estos factores, disfrazados de análisis académicos, seguirán presentes ante la llegada de cualquier nuevo gobernador, ya que dicha figura no redacta los informes que se publican, sino que son los economistas titulados los que los llevan a cabo. 

Otro argumento que se ha esgrimido es que el Banco de España ejerce de contrapoder al Gobierno, algo que no es así, y que se encarga de fiscalizar las políticas públicas, lo que tampoco es cierto. Estas aseveraciones son las que se utilizan para negar la posible independencia del ministro Escrivá, lo que no se utilizó con De Guindos, Caruana u otros en el caso europeo. 

El Banco de España emite informes no vinculantes, también realiza previsiones, cuya fiabilidad en los últimos años es muy discutible, pero no intervine en ninguna faceta de la determinación de la política económica del país y nunca podrá influir en las decisiones del Ejecutivo, y mucho menos en las del Legislativo. 

En suma, el ministro Escrivá es un perfecto economista liberal, monetarista y neoclásico, con aprioris ortodoxos sobre el concepto del dinero, la excitante e inverosímil teoría sobre la velocidad de circulación del mismo. Además, como se ha demostrado, es intercambiable en gobiernos del PSOE y del PP, por lo que no causará ningún problema en el Consejo del BCE, algunos de cuyos miembros tienen menor capacidad profesional que él. 

Lo que hay que pedirle desde mañana es que se ocupe y preocupe de la selva en el sector financiero, que mejore la capacidad de defensa de los consumidores, y que sí sea independiente en materia de control y sanción para las entidades que estafan a muchos clientes, no como sus predecesores. Y por su supuesto, en sus ratos libres que haga suyas las conclusiones de la doctrina que emana del Servicio de Estudios, es decir no hay que subir el salario mínimo, obviando la teoría de salarios de eficiencia, que se desdiga de las bondades de su reforma de pensiones, y que mantenga las fantásticas soflamas de la teoría económica y monetaria neoclásica. Nada de esto afectará a la independencia del Banco de España, salvo para los nostálgicos que siguen pensando en pesetas."               (Alejandro Inurrieta , eldiario.es, 04/09/24)

¡El Banco de España es político! Una cosa es la pretendida autonomía, o la independencia funcional, del Banco de España, y otra, su tendencia a adoptar decisiones y a emitir recomendaciones de política económica. A hacer política, en definitiva... las posiciones ideológicas de los mandatarios del banco fueron bastante explícitas: lo primero, la inflación, y lo segundo, el desempleo. El mercado laboral debía flexibilizarse, y los salarios, moderarse (Andrés Villena)

 "Todas las instituciones de una sociedad tienen ideología. Y las que niegan su verdadera naturaleza son las que con más ahínco militan en ella

No se dejen engañar: en el entreverado debate actual todo se mezcla sin contar con el espectador. Una cosa es la pretendida autonomía, o la independencia funcional, del Banco de España, y otra, su tendencia a adoptar decisiones y a emitir recomendaciones de política económica. A hacer política, en definitiva. 

A finales de los años setenta, España atravesó una crisis que amenazaba con obstaculizar decisivamente la transición a la democracia. El Banco de España fue clave para frenar una epidemia financiera que se llevó a más de cincuenta bancos. 

Pero el resultado no fue neutro: la oligarquía financiera, el club de los siete grandes bancos españoles, absorbió buena parte de las oficinas de las entidades quebradas o en apuros, y la puesta en marcha de nuevas instituciones, como el Fondo de Garantía de Depósitos o la Corporación Bancaria, incrementó la solvencia general, pero a cambio de cerrar el debate sobre las nacionalizaciones, un tema que figuraba en el programa de la mayoría de los partidos de izquierdas. El Banco de España emergió entonces como un actor clave, como un prestigioso y casi incuestionable juez de la política económica en España. 

En los años ochenta el todavía banco emisor practicó una política de elevadísimos tipos de interés que perseguían mantener el valor de la moneda, la peseta, y luchar contra la inflación, mayoritariamente importada de la crisis del petróleo. El resultado tampoco fue imparcial, y, pese a que la inflación se frenó a tasas relativamente soportables, se normalizó un nivel de paro que llegó a superar el 20%. 

Por entonces, las posiciones ideológicas de los mandatarios del banco eran bastante explícitas: lo primero, la inflación, y lo segundo, el desempleo. El mercado laboral debía flexibilizarse, y los salarios, moderarse. Los gobiernos de Felipe González se enfrentaron a los sindicatos y complementaron desde sus ministerios las enseñanzas y directrices del banco central español, que a principios de los noventa se vio privado de su gobernador más decidido y carismático, el malogrado Mariano Rubio Jiménez. 

A finales de 1994 era intervenido de urgencia el Banco Español de Crédito, Banesto. El regulador adjudicó dicho banco al Santander, presidido por Emilio Botín, que se convertiría en el gran patrón de la banca española. Mario Conde, expresidente de Banesto, y tercera vía al bipartidismo en los años noventa, comenzó entonces su hundimiento carcelario. 

Otro gigante financiero, el BBVA, terminó su unificación en 1999, y en el 2000 presenció la definitiva toma de poder de Francisco González, designado por el PP para colonizar la banca pública (Argentaria) y privada (BBV). El Banco de España estaba por entonces dirigido por el técnico comercial y bróker financiero Jaime Caruana -procedente de Renta 4-, que, desde 1996 a 1999, había sido director general del Tesoro y Política Financiera bajo el mando del ministro económico Rodrigo Rato. 

Una denuncia contra los consejeros del antiguo BBV, algunos de estos relativamente cercanos al Partido Nacionalista Vasco y al PSOE, puso en marcha una investigación por parte del banco central y terminó con la renuncia de la vieja guardia en el consejo del BBVA. Jaime Caruana, que procedía del mismo ámbito profesional que Francisco González, el presidente de la entidad, forma parte actualmente del consejo de administración del banco. 

El nombramiento, en 2006, de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, MAFO, como gobernador del Banco de España, levantó las críticas del Partido Popular, al ser un significado miembro de la rama liberal del PSOE y provenir de la secretaría de Estado de Hacienda. MAFO, que conocía la existencia y los riesgos de la burbuja inmobiliaria, hizo mutis oficial y exigió posteriormente que el mercado laboral español absorbiera los detritus de la descomunal crisis organizada.  

Todos estos breves relatos y otros de los muchos que la entidad que da a la Plaza de Cibeles acumula nos sirven para confirmar lo afirmado inicialmente. Que la política existe y está en todas partes. Que los bancos centrales puedan hacer de contrapeso a unos gobiernos demasiado orientados al corto plazo no los convierte en entes políticamente ciegos y científicos. La política económica, la regulación e incluso el análisis de las variables más importantes tratan de ofrecer respuestas a interrogantes. Pero tanto la forma de plantear estos como la decisión de no hacer determinadas preguntas vienen influidos por ideologías, por valores, principios e incluso normas institucionalizadas. 

El nombramiento del ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, como gobernador del Banco de España, ha sido visto por el PP como el enésimo paso colonizador de las instituciones por parte del PSOE. El tiempo demostrará si Escrivá –que proviene del BBVA y que ya formó parte de un gobierno del PP–, es un delegado del primer mandatario de La Moncloa, o el invidente juez de la política económica en España. 

Pero tanto la entidad de Cibeles como la de Sonnemannstrasse, en Frankfurt seguirán siendo catedrales políticas. En esta última reside el Banco Central Europeo, el banco de bancos de la Zona Euro, y el que determina en primera instancia la política monetaria. El que, desde 2012, mantiene viva nuestra economía al garantizar la solvencia de la deuda pública nacional. Una elección puramente política, y una decisión que se ha convertido en uno de los pilares de la Eurozona en estos nuevos tiempos de inestabilidad. La despolitización no es más que una politización en traje de gala, una ideología sin sonido. Quitémosle el volumen o nos dejará sordos."                                (Andrés Villena Oliver , eldiario.es, 04/09/24)

Bancos centrales independientes…cuando conviene... Se exige que los bancos centrales y sus máximos responsables sean independientes, pero sólo de los gobiernos y de las preferencias de la sociedad, no de la banca privada ni, en general, de los grandes poderes económicos. Se pone el grito en el cielo si se trata de nombrar un gobernador más o menos vinculado a ideas o intereses de grupos o partidos progresistas o de centro izquierda, pero no se dice nada si se trata de directivos de grandes bancos con intereses regulatorios muy definidos, o incluso de políticos de la derecha. ¿Por qué se considera que Luis de Guindos, ex ministro del PP, exdirectivo de Lehman Brothers y con trayectoria de gestión muy desacertada y costosa para el erario público, puede ser idóneo para dirigir el BCE y Escrivá no para el BCE?... el posible nombramiento de Escrivá no va a violentar la independencia del BCE más que el de otros anteriores, con ideas y vínculos muy claros con el PP o el PSOE, o el de otros directivos del BCE procedentes de ejecutivos, o de bancos privados. Este debate, ya lo he dicho, es falso... Los bancos centrales regidos bajo el principio de independencia no han contribuido a que las economías funcionen mejor. Es una evidencia y no puede ser una casualidad que, en el periodo reciente en que ha sido así, se ha registrado el mayor número de crisis financieras (bancarias, cambiarias y de deuda) de toda la historia (Juan Torres López)

 "El periodista Xavier Vidal-Folch es una de las firmas que siempre leo con interés, por su habitual lucidez y porque siempre aprendo de sus escritos, esté o no de acuerdo con lo que dice.

Hoy publica en El País un artículo sobre el retraso en el nombramiento del gobernador del Banco de España y plantea muy bien la controversia que suscita el posible nombramiento para el cargo del actual ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá.

Aprovechando que Vidal-Folch tiene la amabilidad de citarme en su artículo, me gustaría hacer tres comentarios al respecto.

El primero sobre la independencia de los bancos centrales. Un principio que he criticado en varios libros y artículos, básicamente, por tres tipos de razones:

a) Los bancos centrales hacen, por definición, «política» monetaria. No toman decisiones técnicas, sino políticas, es decir, que responden a preferencias sociales diferentes porque afectan de desigual manera a distintos grupos sociales. Por tanto, no me parece correcto que, al contrario de las demás políticas económicas, la monetaria no esté sujeta al debate social que revele las preferencias mayoritarias. A mi juicio, un poder monetario independiente es contrario a la democracia.

b) También me parece inadecuado que la política monetaria se lleve a cabo al margen de las demás. Es un error que se paga caro, pues equivale -por expresarlo gráficamente- a conducir un vehículo dejando que una persona pise el acelerador y otra distinta el freno. Sobre este asunto, siempre menciono la opinión de James Tobin, un economista poco sospechoso de radicalismo: «La idea de que el dinero y los precios pueden separarse y delegarse al banco central mientras que el Congreso y el Ejecutivo se ocupan por su cuenta del presupuesto, los impuestos, el empleo y la producción es una falacia».

c) Los bancos centrales regidos bajo el principio de independencia no han contribuido a que las economías funcionen mejor. Es una evidencia y no puede ser una casualidad que, en el periodo reciente en que ha sido así, se ha registrado el mayor número de crisis financieras (bancarias, cambiarias y de deuda) de toda la historia.

El segundo comentario que me parece necesario hacer tiene que ver con el modo en que se suele considerar y valorar la independencia de los dirigentes de los bancos centrales y de la institución en general.

Se exige que los bancos centrales y sus máximos responsables sean independientes, pero sólo de los gobiernos y de las preferencias de la sociedad, no de la banca privada ni, en general, de los grandes poderes económicos. Se pone el grito en el cielo si se trata de nombrar un gobernador más o menos vinculado a ideas o intereses de grupos o partidos progresistas o de centro izquierda, pero no se dice nada si se trata de directivos de grandes bancos con intereses regulatorios muy definidos, o incluso de políticos de la derecha. ¿Por qué se considera que Luis de Guindos, ex ministro del PP, exdirectivo de Lehman Brothers y con trayectoria de gestión muy desacertada y costosa para el erario público, puede ser idóneo para dirigir el BCE y Escrivá no para el BCE?

Por último, creo que hay mucha falta de coherencia en estas políticas de nombramientos. Por un lado, me parecería estupendo que un gobierno progresista, como se supone que es el de Pedro Sánchez, fuese crítico con el uso tan falaz y oportunista que se viene haciendo del principio de independencia de los bancos centrales. Pero no me parece lógico que se defienda y al mismo tiempo se promueva como gobernador a quien hasta ese momento se sienta en el Consejo de ministros. Se cae en la misma incoherencia de los gobiernos de la derecha que acabo de mencionar.

Es cierto que el posible nombramiento de Escrivá no va a violentar la independencia del BCE más que el de otros anteriores, con ideas y vínculos muy claros con el PP o el PSOE, o el de otros directivos del BCE procedentes de ejecutivos, o de bancos privados. Este debate, ya lo he dicho, es falso.

Sin embargo, lo que sí ocurrirá es que el gobierno de Pedro Sánchez se meterá innecesariamente en un nuevo conflicto. El capricho del ministro Escrivá le abrirá al gobierno un nuevo frente, como ya le ocurriera, con toda la razón, con anteriores nombramientos manifiestamente inapropiados y sin más justificación que el interés personal; sobre todo, en el Tribunal Constitucional.

No sé si será cierto o no, pero alguna vez me contaron que Felipe González recomendaba siempre a sus ministros que no se metieran en charcos innecesarios. A Pedro Sánchez, con independencia de otras grandes virtudes que sin duda tiene, parece que le pasa todo lo contrario: no sale de uno cuando ya se ha metido en otro sin necesidad. No sé qué sacará de eso, pero a la gente le cansa y los costes colectivos que produce son mucho mayores que los beneficios (personales, en este caso) que este tipo de decisiones llevan consigo."               (Juan Torres López, blog, 26/08/24)

Sumar registra una histórica Proposición de Ley contra los abusos hipotecarios... Según ha declarado Félix Alonso, «reclamamos que los bancos pasen una ITV de las hipotecas y enmendar los ‘errores’ contractuales. Desgraciadamente, mucha gente perdió su vivienda cuando su contrato hipotecario estaba mal hecho»... También se aplicará a aquellos contratos que contengan cláusulas de amortización basadas, total o parcialmente, en un sesgo de comprensión matemático-financiero que supere el entendimiento del consumidor medio. En otro orden, y esto es muy importante para los afectados por cláusulas abusivas de la banca, la Proposición de Ley incluye las cláusulas «que utilicen herramientas conocidas de sesgo en la decisión financiera, que llevan al prestatario a tomar decisiones económicas en contra de sus intereses». Aquí se incluyen técnicas como el anclaje, la parcialidad en la redacción del contrato o la atenuación

 "Félix Alonso lo ha vuelto a hacer. Tras los históricos informes sobre IRPH e hipotecas Redito Ad Libitum (REDAL), ahora, junto al Grupo Parlamentario Sumar, ha registrado en la mañana de hoy en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley, a la que Diario16+ ha tenido acceso.  

El objetivo principal es «establecer nuevas opciones de resolución de los contratos y préstamos hipotecarios en aquellos casos en que existan cláusulas de carácter abusivo   vinculadas a la amortización del pago de la cuota y de sus intereses, que estos carezcan de fórmula para su cálculo o que, en caso de existir, esta pueda contener errores fundamentales que no hagan posible el cálculo exacto de estas cuotas a pagar o esté referenciada en índices para cuya elaboración se hayan tenido en cuenta cláusulas abusivas, así como establecer el mecanismo para la integración de los contratos en las que estuvieran insertadas».

Según ha declarado Félix Alonso, «reclamamos que los bancos pasen una ITV de las hipotecas y enmendar los ‘errores’ contractuales. Desgraciadamente, mucha gente perdió su vivienda cuando su contrato hipotecario estaba mal hecho».

La futura ley tendrá afectaría a los contratos hipotecarios que contuvieran cláusulas REDAL, esto es, que influyan en la amortización que no permiten el cálculo de las cuotas mensuales, «ya sea por errores financieros en las fórmulas o sistemas de amortización, o por falta de información relativa a la carga económica y obligaciones financieras del contrato», indica la proposición.

También se aplicará a aquellos contratos que contengan cláusulas de amortización basadas, total o parcialmente, en un sesgo de comprensión matemático-financiero que supere el entendimiento del consumidor medio.

En otro orden, y esto es muy importante para los afectados por cláusulas abusivas de la banca, la Proposición de Ley incluye las cláusulas «que utilicen herramientas conocidas de sesgo en la decisión financiera, que llevan al prestatario a tomar decisiones económicas en contra de sus intereses». Aquí se incluyen técnicas como el anclaje, la parcialidad en la redacción del contrato o la atenuación.

La Proposición de Ley registrada hoy en el Congreso incluye también todo tipo de cláusulas de amortización «que no provean al prestatario las informaciones relativas a los importes de las cuotas mensuales bajo diferentes escenarios posibles de movilidad de los tipos de interés aplicables al contrato».

También se aplica a la inclusión en los contratos de expresiones de tipo financiero, tales como «sistema francés», «cuotas constantes» o «amortización progresiva», entre otras, que no suelen ir acompañadas de su definición y de sus correspondientes fórmulas.

Según la Proposición de Ley, «las entidades de crédito deberán implantar un sistema de reclamación específico, que tendrá carácter voluntario para el consumidor, y cuyo objeto será atender a las peticiones que estos formulen en el ámbito de esta ley. Las entidades de crédito deberán garantizar que ese sistema de reclamación es conocido por todos los consumidores que tuvieran incluidas cláusula objeto de esta ley en su préstamo hipotecario y puede ser ejercido por cualquier consumidor, independientemente de las acciones judiciales que haya llevado a cabo previamente».Además, limita a los bancos de iniciar acciones judiciales por incumplimiento de las condiciones de pago siempre y cuando las cuotas satisfechas por el cliente «sean superiores a los intereses mensuales». En este orden, la entidad estará obligada a ofrecer al consumidor el acogimiento a un sistema de pago de cuotas mixtas «de importe suficiente para cubrir los intereses y amortizar una cantidad mínima de capital, a su voluntad, siempre que dicha cantidad no sea nula, de modo que no se le podrá atribuir el incumplimiento de la condición del pago de las cuotas mixtas establecida en el mismo».

Por otro lado, la Proposición de Ley afirma que, en el caso de que exista contradicción entre los tecnicismos del contrato y los pactos financieros acordados, el consumidor podrá elegir entre la nulidad de la cláusula de amortización o la aplicación de condiciones financieras que al consumidor le sean más favorables."                   (José Antonio Gómez , Diario16, 16/07/24)

¿Fusiones bancarias? ¡No, gracias! La OPA hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell es esa última gota que ha colmado el vaso. Hemos generado un auténtico Leviatán. Está muy bien oponerse a este penúltimo intento de fusión bancaria. Pero llega muy tarde, cuando el mal ya está hecho... La estructura de la inmensa mayoría de los grandes bancos sistémicos es tremendamente inestable... No nos engañemos, el tamaño del capital y reservas en relación con el volumen subyacente en sus posiciones de derivados es irrisorio, de manera que dichos bancos están en un riesgo estructural permanente de colapso (Juan Laborda)

 "La OPA hostil lanzada por BBVA para adquirir el Banco Sabadell es esa última gota que ha colmado el vaso. Hemos generado un auténtico Leviatán. Está muy bien oponerse a este penúltimo intento de fusión bancaria. Pero llega muy tarde, cuando el mal ya está hecho. Para colmo, los reguladores se han convertido, tarareando esa canción de Radio Futura, en meras estatuas del jardín botánico. Sin embargo, hay solución. Con voluntad política clara y contundente podría revertirse una parte del desastre inducido desde la Gran Recesión.

En el caso de nuestro país, al igual que ha ocurrido en la mayoría de países occidentales, la Gran Recesión produjo una mayor concentración del sistema bancario. Como consecuencia, ciertos bancos han alcanzado un tamaño excesivamente grande y constituyen un auténtico riesgo sistémico para nuestra economía y la economía global. ¿Recuerdan cuál fue la solución a los problemas de solvencia y liquidez del Banco Popular? Regalárselo a un banco sistémico, uno de esos bancos “demasiado grande para quebrar”. Pero son insaciables y quieren más, más poder de mercado. Todos ellos, aprovechándose del riesgo moral de que son “demasiado grandes para quebrar”, siguen beneficiándose de subsidios públicos implícitos creados por la expectativa de que el Gobierno los respaldará si se encuentran en dificultades financieras. Este subsidio implícito distorsiona la competencia entre bancos, favorece una toma excesiva de riesgos y, en última instancia, puede implicar elevados costes para los contribuyentes. La expectativa de que obtendrán respaldo estatal reduce los incentivos de los acreedores para controlar el comportamiento de los mismos, alentando así un apalancamiento y una toma de riesgos excesivos. Es necesario acabar con ello. ¡Basta ya!

Lo que no se hizo

Tras la Gran Recesión, en los países desarrollados se deberían haber impuesto límites a la concentración de depósitos, préstamos u otros indicadores bancarios, en definitiva, al tamaño de los bancos. La Regla Volcker, como parte crucial de la Ley de Reforma Financiera de los Estados Unidos, también conocida como Dodd-Frank, además de restringir las actividades de riesgo, trataba de limitar el tamaño de los bancos; al igual que en el Informe Vickers para el Reino Unido. Pero hasta ahora, nadie ha hecho caso a estas sugerencias. Los bancos sistémicos han aumentado el tamaño de su balance y están aun más apalancados que en 2007.

La estructura de la inmensa mayoría de los grandes bancos sistémicos es tremendamente inestable. Los lobbies bancarios en su momento compraron y pagaron por eliminar todo tipo de regulación, desmantelando así casi todas las salvaguardas que los podía proteger si las cosas vienen mal dadas. No nos engañemos, el tamaño del capital y reservas en relación con el volumen subyacente en sus posiciones de derivados es irrisorio, de manera que dichos bancos están en un riesgo estructural permanente de colapso. Los bancos se deshicieron de la seguridad y la solidez en favor del rendimiento, el beneficio y los bonus de la gerencia. Volvió a funcionar la codicia y la avaricia. Y ahí seguimos, no se ha hecho casi nada por corregir estos excesos.

Para entender la situación actual de la banca sistémica, permítanme compartir con ustedes los trabajos de Anat Admati, profesora de la Universidad de Standford y probablemente una de las mayores expertas académicas sobre la banca. En su libro 'The Bankers’s New Clothes. What’s Wrong with Banking and What to Do About It' Admati analiza por qué el sistema bancario es demasiado frágil e ineficiente, y propone diversas líneas de actuación. La fragilidad e ineficiencia del sistema bancario moderno surgen de estructuras y prácticas que los bancos eligen mantener, y no necesariamente porque sean intrínsecas al sistema bancario en sí. Los bancos operan con niveles de capital extremadamente bajos en relación con sus activos, lo que los hace dependientes de la deuda y vulnerables a pérdidas. ¿Y qué mejor que fusionarse y concentrarse para continuar con la mascarada?

Las cosas en Europa no pintan mucho mejor. Permítanme introducir un artículo de Aristóbulo de Juan 'Los Problemas de la Unión Bancaria'. Se trata de un artículo minucioso, excelente, a cuya lectura me remito, del cual se extraen aspectos tangentes y complementarios al análisis de Anat Admati.  El otrora director general de Banco de España, y persona clave en el diseño del rescate bancario español de la década de los 80, señala en el artículo aspectos muy jugosos sobre la Unión Bancaria en la Unión Europea que no hacen otra cosa sino aumentar la fragilidad de la banca sistémica europea. Por un lado, “no se refuerza la vigilancia de la pérdida de valor de los activos, verdadera causa de la insolvencia y de las crisis bancarias (...) e incluso las exigencias regulatorias de capital validan componentes de escasa calidad y conceptualmente muy discutibles, por ser onerosos o exigibles o por carecer de sustancia económica o de liquidez –activos fiscales diferidos y ciertos títulos híbridos–”. Por otro lado, “las inspecciones dirigidas por el Mecanismo Único de Supervisión evitan que se cuantifiquen los ajustes, reduciendo al mínimo la duración de las inspecciones (...) abandonando incluso un mecanismo clave para una buena supervisión, la revisión de los expedientes de crédito de cara a detectar la capacidad de pago del deudor”. Estos diagnósticos defectuosos supondrán, respecto al mecanismo de resolución, “retrasar, obstaculizar e incluso impedir el tratamiento pronto y eficaz de la insolvencia”. Impactante, ¿verdad?

En definitiva, remata Aristóbulo de Juan, “un diagnóstico y un tratamiento tardío o equivocado de la insolvencia encarecería fuertemente las soluciones, que serían sufragadas por los propios sistemas financieros y el bail-in de los acreedores… sin excluir incluso a los contribuyentes”. En resumidas cuentas, los Bancos Centrales no es que no hagan nada y se pongan de perfil, como lo harán a la hora “analizar” la OPA de BBVA a Sabadell. ¡Es que siempre protegen a la banca sistémica frente al interés general de la ciudadanía! ¿Para esto querían algunos la independencia de los Bancos Centrales?

El riesgo sistémico es la gran banca

Es condición necesaria ineludible poner bajo el control público parcial o completo a la totalidad de los principales establecimientos financieros mundiales. La lista ya es conocida, son aquellos a quienes, a petición del G20, el Financial Stability Board califica de sistémicos. Habría que añadirles los principales establecimientos de los países BRICS y emergentes porque es evidente que muchos de ellos se transformarán en “sistémicos” en cinco años. El objetivo es doble: por una parte, asegurarse que estas entidades resistan a las tentaciones especulativas, ya sabemos que no se puede confiar en sus dirigentes y/o accionistas privados; por otra parte, organizar un “desinflado suave” de la economía virtual que no destruya la economía real. 

Sin embargo, es necesario cuestionar no sólo la probidad u honradez, o incluso la solvencia de los grandes bancos mundiales, sino su fundación intelectual. La élite financiera ha pasado estos últimos años reescribiendo la historia para que la culpa de la actual crisis económica y bancaria no recayera sobre ellos. Han sido otros los culpables, braman en voz alta, la culpa es del pueblo y de naciones enteras que tomaron deudas que no podrían pagar. Es hora de contraatacar y dejar claro que ha sido y es la forma en que los bancos desarrollaron sus actividades normales lo que causó la Gran Recesión. Fue el resultado y la consecuencia de un sistema que es un completo fracaso a la hora de hacer lo que más les enorgullece, la gestión de riesgo.

Deberíamos haber aprendido que los estándares de capital eran insuficientes y que había un agujero enorme en la estructura reguladora. En su lugar, se aplicó la noción equivocada de que algunas instituciones son simplemente demasiado grandes para quebrar. Inevitablemente se crea una situación de asignación ineficiente. Como afirmaba Andrew Haldane, quien fuera responsable del departamento de estabilidad financiera del Banco de Inglaterra, “los bancos están en el negocio de riesgo, crean el riesgo, y luego sistemáticamente nos engañan e incluso entre ellos sobre lo que han creado… En última instancia los bancos generan espejismos que parecen milagros”."                  (Juan Laborda, eldiario.es , 10/05/24)