"(...) En la pasada legislatura, y en un contexto marcado por la sucesión de dos crisis (COVID 19, primero, Guerra en Ucrania, a continuación) en el aspecto negativo y la respuesta inédita de la UE con la aprobación de los Fondos “Next Generation UE” en el lado positivo, se han abordado importantes reformas que estaban pendientes en España desde hacía mucho tiempo, como la Reforma Laboral o la de Pensiones, por citar dos de las más importantes.
Asimismo, en ese contexto se han desarrollado importantes políticas sociales y laborales para compensar los efectos de ambas crisis y se han creado o reforzado otras políticas públicas sobre cuestiones, como sanidad y educación o salario mínimo, rentas mínimas y dependencia, entre otras, que precisaban desde hace tiempo de una respuesta a su deterioro y de un fortalecimiento. La disponibilidad de los mencionados fondos europeos, así como su obligada utilización en un marco de reformas, han apoyado de forma muy relevante el conjunto de esas actuaciones.
Todo ello, no obstante, ha puesto de manifiesto sobre todo dos cuestiones. Por un lado, las consecuencias de ambas crisis sobre aspectos de gran trascendencia, como el incremento hasta niveles considerables del endeudamiento público, que requiere un planteamiento claro y suficiente para su corrección, sólo posible en un marco temporal amplio. Y por otro, el carácter parcial y a veces embrionario de las reformas y del fortalecimiento mencionado de los servicios públicos y de las políticas sociales. Estas cuestiones, sobre todo, marcarán el contexto en el que deberán definirse las líneas de la política económica. (...)
Hay respuestas posibles a los desafíos: pleno empleo mejorando salarios y productividad
Hay, en definitiva, muchos y muy difíciles retos para el próximo gobierno. Sin embargo, eso no significa que no haya respuestas a los mismos. Comenzando por dar respuestas en lo que sobre todo depende de nosotros. Necesitamos resolver las contradicciones.
En primer lugar, la economía española ha de mantener en el tiempo, y reforzar, la resiliencia que está exhibiendo en los últimos años con un crecimiento económico de los mayores de la UE y de la zona euro. Para ello, se requiere más empleo y más productividad.
El primero debe continuar creciendo y aumentando también su resiliencia y, a su vez, eso nos lleva a la necesidad de abordar un nuevo impulso en las reformas laborales. Hay muchas cosas que han quedado pendientes o incompletas, como los riesgos de los ajustes de empleo ante las crisis, que no han quedado totalmente resueltos con los ERTES, y que requieren cambios importantes en el despido. O como el papel de los ajustes salariales, que deben canalizarse a través de los acuerdos colectivos, y no desencadenar una vez más procesos masivos de devaluación salarial que son autodestructivos.
Particularmente, están pendientes las reformas para fortalecer el desequilibrado papel del Trabajo en las relaciones laborales colectivas. Los convenios colectivos tienen que reforzarse para garantizar una mejor evolución de los salarios reales (somos el único país de Europa donde no han crecido nada durante el último cuarto de siglo, un dato impresionante y con grandes consecuencias económicas y sociales, pero también políticas, porque explica en buena medida la debilidad relativa de la izquierda, y que no puede resolverse solamente con los crecimientos del SMI), y para abordar las mejoras de productividad en las empresas en el marco de una mayor participación de los empleados. Ambas cosas, salarios reales y productividad de las empresas, son dos aspectos claves del crecimiento económico.
De mantenerse la orientación y la acción de esta política de reformas en el campo laboral puede asegurarse con una alta probabilidad que, salvo imponderables de la coyuntura económica internacional, al final de esta legislatura se estará muy cerca o se habrá alcanzado el pleno empleo (en nuestro caso, una tasa de paro inferior al siete por ciento), incluyendo la asimilación de los necesarios saldos migratorios positivos, y recuperando la ocupación de la gran mayoría de las personas desempleadas de larga duración. Para lo que hace falta que se pongan en marcha de una vez las inéditas durante décadas en España eficaces políticas activas de empleo. Este es otro elemento estratégico pendiente. Por lo tanto, más empleo, con más estabilidad y más productivo, y con mejores salarios.
Continuar avanzando en el empleo y en la productividad eleva el PIB y los ingresos públicos, lo que reduce la ratio de déficit y de deuda (respecto al PIB, que fija su importancia y sostenibilidad), por lo que esas reformas del funcionamiento del mercado de trabajo resultan funcionales para contribuir a resolver otros problemas.
En cuanto a la productividad, una gran parte de nuestro margen de mejora (donde tenemos los mayores déficits) se sitúa, aunque no exclusivamente, en el capital humano. Así lo demuestran los indicadores DESI (Índice de Economía y Sociedad Digitales, de la Comisión Europea) y los amplios y recurrentes informes de OCDE. Según DESI, la escasez de expertos digitales avanzados, y uno de los porcentajes más bajos de empresas que dan formación en TIC, dificultan las perspectivas de crecimiento del país y limitan la productividad, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas (pymes) y las microempresas. Y de acuerdo con OCDE, seleccionando alguno de los muchos datos significativos, España es uno de los países con mayor nivel de sobrecualificación laboral en las empresas (el primero, según Eurostat) y también de infracualificación, así como de desajustes en el campo de los estudios, y en materia de alfabetización.
El problema es amplio y complejo y requiere de un estudio profundo, un diagnóstico certero y práctico, y un plan estratégico de aplicación de medidas que aporten avances rápidos. Los problemas de desajuste oferta-demanda se encuentran directamente en el interno (estructura y funcionamiento) de las empresas, en el desajuste del modelo educativo y en las competencias y cualificaciones de una gran parte de la fuerza laboral. Según cálculos de OCDE, España sería el país en el que más aumentaría la productividad si se corrigieran los desajustes en materia de formación. No es algo desdeñable, más bien lo contrario: es estratégico.
Más ingresos públicos y una mayor justicia fiscal son imprescindibles
Otra dimensión esencial para poder hacer frente al endeudamiento, pero también para otras cuestiones vinculadas con nuestro desarrollo económico y social, como las inversiones necesarias para la transición medioambiental, que son fuente de oportunidades de crecimiento y modernización del modelo productivo (pero para las que los recursos de los fondos europeos no serán suficientes), o como el desarrollo de la economía de los cuidados, o como la superación de los problemas de la sanidad y de la educación, y en definitiva para superar la situación de tensionamiento que padecen la mayoría de los servicios públicos y las limitaciones de la protección social y de las políticas dirigidas a los jóvenes, entre otras muchas, es la referida a los ingresos públicos.
La recaudación impositiva en España es muy baja (entre cinco y seis puntos del PIB inferior a la media de la zona euro y a mucha mayor distancia de los países más desarrollados de la UE) y además los impuestos son poco o nada progresivos, por lo que la fiscalidad carece de capacidad redistributiva. Sin justicia fiscal no puede haber justicia social.
Si no hay una decisión seria de realizar la reforma fiscal en profundidad, que lleva tantos años en espera, resulta inviable que se puedan solucionar muchos de los problemas que nos aquejan, al contrario, tenderán a aumentar, ni tampoco dar respuesta a las limitaciones de las políticas públicas. Los impuestos, al volver al sistema productivo a través del gasto público y de la actividad económica que este genera (el mutiplicador del gasto), tienen un alto retorno en forma de producción, empleo e ingresos públicos, sostienen el crecimiento de la economía y, con todo ello, permiten reducir mucho más rápidamente el endeudamiento público, atendiendo necesidades sociales e impulsando la economía y reduciendo las desigualdades.
En
suma, muchos de los desafíos a los que nos enfrentamos tienen respuesta
dentro del arsenal de una política económica progresista. Por ello, una
legislatura más de gobierno de progreso y la voluntad de avanzar entre
otras en las líneas señaladas permitirían ir mucho más allá de los
importantes pasos, pero básicos, dados en la anterior y conseguir dar un
gran salto adelante en el proceso de desarrollo social y económico de
nuestro país." (Antonio González, Economistas frente a la crisis, 16/12/23)
