Las puertas giratorias de la Sareb y las cajas quebradas... Decenas de políticos y empresarios pasaron de decidir el destino de cientos de miles de viviendas e hipotecas “tóxicas” de las cajas quebradas a ocupar altos cargos de los principales beneficiarios de aquellas medidas... Por esa puerta giratoria pasaron 35.000 millones de euros, los que el Estado pidió prestado a la Unión Europea para comprar más de 200.000 viviendas e hipotecas consideradas “tóxicas” de las bancas quebradas...

"Toda la historia de las cajas quebradas por la crisis de 2008 y de la Sareb —el banco malo creado para comprar ese patrimonio inmobiliario entonces considerado “tóxico”— es la historia de una gran puerta giratoria, un puerta por la que pasaron decenas de miles de millones de euros de dinero público que terminaron en manos privadas, de un rescate encubierto de la banca que terminó favoreciendo a los grandes fondos de inversión y promocionando a una generación de políticos y empresarios que vieron en la tormenta inmobiliaria de principios de la década de los 10 oportunidades de negocio, ascenso y promoción.

Por esa puerta giratoria pasaron 35.000 millones de euros, los que el Estado pidió prestado a la Unión Europea para comprar más de 200.000 viviendas e hipotecas consideradas “tóxicas” de las bancas quebradas. Unos 35.000 millones que fueron avalados por el propio Estado y no por los principales bancos españoles, que fueron quienes se quedaron con el visto bueno del Gobierno del PP con la mayoría accionarial del banco malo. Cuando era imposible disimular la quiebra técnica de la Sareb, la agencia de estadística de la Comisión Europea le recordó a España de quién era el aval y que esos 35.000 millones eran deuda pública.

La gestión de los dos presidentes de la Sareb, Belén Romana (2012-2014) y Jaime Echegoyen (2015-2021), dejaron miles de millones de euros de pérdidas y una empresa quebrada que tuvo que ser rescatada y nacionalizada en enero de este año. A pesar de los malos resultados, Romana fue contratada por el Banco Santander y Echegoyen por Cerberus-Haya Real Estate, ambas entidades favorecidas por la gestión de estos dos altos ejecutivos.

El reciente fichaje de Echegoyen muestra cómo el fenómeno de las puertas giratorias ha nutrido de beneficios a las inmobiliarias, a los grandes bancos y especialmente a los grandes fondos de inversión, que consiguieron gracias a sus contactos con la alta política convertirse en los principales actores del mercado inmobiliario español.

El fenómeno de las puertas giratorias no se limita a la Sareb, sino también al patrimonio inmobiliario de otras cajas quebradas o en problemas que fueron entregadas antes de la creación de la Sareb a bancos y fondos de inversión. La historia de la Sareb y la banca quebrada es la historia de una gran estafa. Recorrer la trayectoria profesional de algunas de las personas que tomaban entonces las decisiones ayuda a entender cómo la gran idea de la Sareb se convirtió en un desfalco para la administración pública y una fuente de negocios inagotable para el gran capital inmobiliario.

Puertas giratorias en la Sareb y las cajas quebradas

Una pequeña muestra de una generación de empresarios y políticos que pasó de decidir qué hacer con cientos de miles de viviendas a ocupar altos cargos de empresas beneficiadas de esas políticas

Jaime Echegoyen. De presidente de la Sareb a Haya Real Estate

Fue consejero delegado de la Sareb en 2014 y presidente de la entidad entre 2015 y 2021. Durante sus mandatos, el Banco Malo entregó el 40% de la gestión de su patrimonio inmobiliario a Cerberus-Haya Real Estate. En octubre de 2019, Sareb eligió a Cerberus para gestionar una cartera de unos 8.400 millones durante 30 meses. Y en enero de 2020, la Sareb otorgó un contrato a Haya para la gestión de 3.300 inmuebles. En julio de 2022, un año después de dejar la Sareb, Echegoyen fichó por Cerberus.

Es el caso más reciente y uno de los más claros de puertas giratorias que afectan a la Sareb. Echegoyen llegó de Barclays y Bankinter a la Sareb a principios de 2014, donde fue nombrado consejero delegado. Un año después, el 26 de enero de 2015, fue elegido presidente de la entidad, cargo que ocupó hasta el 7 de mayo de 2021, cuando presentó su dimisión. A pesar de que alegó “cuestiones personales”, la fecha de su alejamiento coincide con el anuncio del Gobierno de que tomaría el control de la entidad, hasta entonces con mayoría privada.

Un año después, el 16 de julio de 2022, se daba a conocer que fichaba por Haya Real Estate, la filial española de Cerberus que elevó a arte la práctica de la puerta giratoria y la influencia política para conseguir negocios en la pasada década.

De la mano de José María Aznar Botella o Juan Hoyos Martínez de Irujo —hijo y amigo íntimo del ex presidente respectivamente— el gigante fondo de inversión estadounidense se hizo con contratos millonarios: en 2013 comenzó a gestionar toda la cartera inmobiliaria de Bankia y un año después se quedó con la gestión del 40% de todo el patrimonio inmobiliario de la Sareb. En el momento en que el banco malo entregaba la gestión de 52.000 hipotecas por valor de 18.000 millones a Cerberus, Echegoyen ya era consejero delegado de la Sareb y un mes después se convertía en su presidente.

Durante la presidencia de Echegoyen, Haya Real Estate se benefició además de varios contratos vinculados con el banco malo. En octubre de 2019, Sareb eligió a Cerberus para gestionar una cartera de unos 8.400 millones de euros durante 30 meses, hasta mediados de 2022. “El nuevo modelo de gestión pactado con Haya Real Estate va a ser más flexible, más eficiente, más alineado con nuestro plan de negocio y con la estrategia de transformación de nuestra cartera, y nos prepara mejor para los retos que tengamos que abordar en el futuro”, explicó entonces Echegoyen.Y en enero de 2020, la Sareb otorgó un contrato a Haya para la gestión de parte de su cartera de activos en alquiler en un contrato de dos años para la comercialización de 3.300 inmuebles, de los que 1.800 eran viviendas.

Belén Romana. De presidenta de la Sareb al Banco Santander

Bien relacionada con Guindos y Rato, fue la primera presidenta de la Sareb entre 2012 y enero de 2015. En 2014, Romana entregó la gestión de 44.000 inmueble a Altamira, la inmobiliaria tradicional del Santander. Un año antes el banco de Ana Botín había vendido la inmobiliaria a un fondo de inversión pero se había quedado con un 15%. Once meses después de abandonar el cargo, Romana fue contratada por el Banco Santander, entidad que era y sigue siendo la principal accionista privada del Banco Malo con el 22,2%.

Si se habla de puertas giratorias en las salidas y las entradas de la Sareb, toca hablar también de Belén Romana. Fue la primera presidenta de la Sareb, un puesto que dejó en enero de 2015 para ser reemplazada por Echegoyen. Los dos presidentes que tuvo hasta ahora el banco malo abandonaron su puesto para pasar a trabajar en entidades que se beneficiaron directamente de su gestión en la Sareb: Echegoyen, en Haya Real Estate; y Romana, en el Banco Santander, once meses después de dejar su puesto en la entidad semipública. En esos momentos, Santander era el primer accionista privado de la entidad semipública, con un 22,2%, una posición que mantiene en la actualidad pese a la nacionalización.

Belén Romana fue designada presidenta de la Sareb en 2012, año en el que nació la entidad. Romana era un cargo cercano a Luis de Guindos, padre del banco malo y entonces ministro de Economía. Había sido también secretaria de Estado con Rodrigo Rato. Su nombramiento como presidenta de la Sareb fue criticado por carecer de experiencia en el mercado inmobiliario.

En 2014 adjudicó la gestión de todo el patrimonio de la Sareb a Haya Real Estate —fondo que contaba con numerosas conexiones con el PP—, Servihabitat y Altamira Asset Management, la inmobiliaria tradicional del Banco Santander. Según un comunicado del banco malo, la cartera adjudicada a Altamira consistió en 44.000 inmuebles y préstamos al promotor originados por Catalunya Caixa, BMN y Caja3 que costaron a la Sareb 14.000 millones de euros. Un año antes, en 2013, el banco de Ana Botín había vendido el 85% de Altamira, unas acciones que terminaron en manos del fondo doValue, dependiente en última instancia del fondo de inversión Fortress. El Santander mantuvo en su poder el 15% de las acciones restantes de la inmobiliaria.

El conflicto de intereses entre Romana y el Banco Santander también viene por los activos tóxicos del Banco Popular, una entidad que pactó con las autoridades un plan que eludía la intervención gubernamental gracias al compromiso de ampliar capital y la creación de su propio banco malo. Este proyecto se concretó en la venta del 51% de su inmobiliaria, que tras un juego de trilería financiera terminó en 2017 en manos de Aliseda-Blackstone. Tras la compra del Banco Popular por parte del Santander, el banco de Ana Botín y Belén Romana posee el 49% de esta inmobiliaria cuyo patrimonio no pasó a formar parte de la Sareb por una decisión política.

Eduard Mendiluce. De la semipública Caixa Catalunya a Blackstone

Era el encargado de gestionar el patrimonio inmobiliario de Caixa Catalunya, la quinta caja más grande de España, dirigida entonces por Narcís Serra. En 2014, culminó la venta de la inmobiliaria de la caja a Anticipa-Blackstone. El propio Mendiluce pasó a ser el consejero delegado de Anticipa y hombre fuerte de Blackstone en España. Las 41.000 hipotecas traspasadas le constaron a Blackstone apenas 40 millones de euros. Hoy, Anticipa-Blackstone gestiona toda la cartera de la Sareb junto con el fondo KKR-Hipoges.

Es el hombre de Blackstone en España como consejero delegado de Anticipa y Aliseda, dos de sus filiales. La primera de ellas, junto con el fondo de inversión KKR-Hipoges, se ha quedado con la gestión de la cartera inmobiliaria de la Sareb a partir de este 1 de julio.

Aunque Mendiluce no es técnicamente un político ni ha ocupado puestos en la administración, ha sabido navegar y caer siempre de pie. Entre sus milagros destaca el haber sobrevivido —y salir reforzado— al naufragio de Caixa Catalunya, la que llegó a ser la quinta caja más grande de España y la segunda de Catalunya.

En julio de 2008, este empresario fue fichado por Caixa Catalunya, como responsable de su gigantesca pata inmobiliaria. Eran tiempos del socialista José Montilla en el Gobierno de la Generalitat y de Narcís Serra, vicepresidente con Felipe González, en la dirección de esta caja semipública.

Mendiluce fue el encargado de reordenar el patrimonio inmobiliario de Caixa Catalunya después del estallido de la burbuja inmobiliaria y organizar su privatización —en ese momentos la caja ya estaba intervenida y nacionalizada a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), la responsable de la Sareb—.

En 2014 Mendiluce culminó el traspaso de 41.000 hipotecas consideradas “tóxicas” —activos valorados en 9.000 millones de euros— a Anticipa-Blackstone por solo 40 millones de euros. Con el lema “CX Inmobiliaria ahora es Anticipa”, la gestión de todos los inmuebles de la inmobiliaria de Caixa Catalunya pasaron a Blackstone. Y Mendiluce pasó a ser el consejero delegado de Anticipa.

Tanto Serra como el que fuera director general de la caja en esos años, Adolf Todó, fueron imputados en varios juicios por administración desleal, enriquecimiento injustificado y subidas de sueldo escandalosas para medio centenar de altos directivos en medio de la crisis de la caja. En 2017, la Audiencia Nacional imputó a Serra y a Todó por provocar un agujero de más de 720 millones de euros en el balance de la entidad por operaciones inmobiliarias realizadas entre 2000 y 2013. Y en 2019, la Fiscalía pidió para los dos directivos cuatro años de cárcel por el caso de los sueldos desorbitados, aunque luego fueron absueltos. A pesar de que Mendiluce era el responsable de todo el negocio inmobiliario de la caja en los peores años de la crisis y fue uno de los que se benefició de esas altas retribuciones —273.000 euros anuales en su caso—, consiguió salir indemne y fortalecido de la ruina de una de las cajas más grandes del Estado español.

En julio de 2022, como consejero delegado de Anticipa y Aliseda, Mendiluce se hizo con la gestión de la cartera de la Sareb, negocio que compartirá con el fondo de inversión KKR-Hipoges.

Soraya Sáenz de Santamaría. De vicepresidenta del Gobierno al bufete Cuatrecasas

La vicepresidenta del Gobierno durante las dos legislaturas de Rajoy (2011-2018) dejó la política en 2019 y ese año fue contratada por el segundo bufete más grande de España, Cuatrecasas. Este despacho ganó en 2012 un millonario contrato de asesoramiento en la creación de la Sareb. También participó en la tasación de más de 200.000 activos de la Sareb. En 2015, un pacto entre la Fiscalía y la Abogacía del Estado, dependientes entonces de Sáenz de Santamaría, redujo la condena por evasión fiscal a Emilio Cuatrecasas —dueño del bufete— al mínimo para no entrar en prisión.

 La línea que une a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría con el banco malo es el bufete de abogados Cuatrecasas, el segundo más grande de España. Meses después de dejar el Gobierno y la política, en marzo de 2019 fue contratada por este famoso despacho como socia en el área mercantil.

¿Y qué tiene que ver Cuatrecasas con la Sareb? En 2012, este despacho consiguió un gran contrato para asesorar al FROB en el nacimiento de la Sareb. No hay datos sobre cuánto dinero supuso este primer contrato de 2012 para Cuatrocasas, pero la prensa económica daba por hecho que le había permitido “salvar el año” con una facturación de 1,2% mayor que la de 2011 gracias a su área mercantil y concretamente a su asesoría para crear el banco malo.

En años posteriores, el bufete asesoró a la Sareb en una ampliación de capital y emisiones de bonos por valor de 28.000 millones de euros y en la valoración, junto con otras seis firmas, de 200.000 activos inmobiliarios que fueron transferidos desde las cajas nacionalizadas. El mismo bufete que ayudó a marcar los precios y asesoró a la Sareb, poco después pasó a trabajar con fondos y bancos que compraron activos de la Sareb, como Cerberus, Merrill Lynch o Canyon Capital Finance. El 4 de agosto de 2021, Servihabitat ganaba un contrato del suelo de Sareb para el desarrollo de solares para 60.000 pisos. Según se puede leer en su propia web, Cuatrecasas asesoró a este servicer inmobiliario en todo el proceso de licitación, negociación y adjudicación del contrato.

a prensa de la época achacó el primer gran contrato con la Sareb a un trabajo previo que el despacho había realizado para el Gobierno de Rajoy por el valor de 1 euro: nada menos que el desarrollo de un Fondo de Pago a Proveedores, con un fondo de 35.000 millones, pensado para pagar deudas de ayuntamientos y comunidades autónomas.

No fue este el único favor del PP a Cuatrecasas. Si los contratos de este bufete catalán vinculados con la Sareb no son achacables directamente a Sáenz de Santamaría más allá de que era la número dos de Rajoy, sí lo es lo que ocurrió en 2015, cuando Emilio Cuatrecasas, actual jefe de la exvicepresidenta, fue condenado por defraudar a Hacienda más de tres millones de euros. Un pacto con la Fiscalía y la Abogacía del Estado —ambas dependientes de Sáenz de Santamaría entonces— dejó una petición de 20 años de cárcel en una condena de dos años, el límite para no entrar en la cárcel, y una multa de 1,5 millones añadida a la devolución del monto defraudado.

Walter de Luna. De los Papeles de Panamá a director general de la Sareb. Y de ahí a Acciona

Según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, Walter de Luna fue intermediario de una offshore en las Islas Vírgenes británicas entre 1994 y 1998. Durante un año fue director general de la Sareb y en 2014 se convertía en el responsable de la división inmobiliaria de Acciona. En 2018 fundó con Luis Moreno, también ex alto cargo de la Sareb, Ibero Capital Managmet, una plataforma inmobiliaria con 400 millones de euros aportados por el fondo de inversión Oak Hill Advisors.

En septiembre de 2014, el ex director general de la Sareb Walter Luna se convertía en el fichaje estrella de la división inmobiliaria de Acciona, el grupo controlado por la familia Entrecanales. Junto con Luis Moreno, ex director de activos financieros de la Sareb y compañero de Luna en Acciona, puso en funcionamiento en 2018 Ibero Capital Managment, una plataforma inmobiliaria con 400 millones de euros aportados por uno de los mayores fondos de inversión del mundo, Oak Hill Advisors. En Ibero Capital también participó hasta este año Arturo de Fernando, ex director de Acciona Inmobiliaria y ex director financiero de Sareb.

En 2016, una investigación periodística internacional situó el nombre del ex número dos de Belén Romana en la Sareb entre los Papeles de Panamá. Según el trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, Walter de Luna había sido intermediario de una empresa offshore en las Islas Vírgenes británicas creada por el despacho Mossak Fonseca durante cuatro años, entre 1994 y 1998.

Alicia Hinojosa. De la financiación ilegal del PP a vender miles de pisos de la Sareb

Alicia Hinojosa fue la gerente adjunta del Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade) y responsable entre 2007 y 2010 del desarrollo urbano de esta entidad señalada por el auto de la Trama Púnica como una de las vías de financiación ilegal del Partido Popular. Según el alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, Hinojosa era uno de los "ejecutores" de esta trama cuyas órdenes "venían de arriba". Fue fichada por Haya Real Estate para vender más de 15.000 pisos de la Sareb, Cajamar y Bankia durante cinco años.

Esta arquitecta de profesión fue la gerente adjunta del Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade) y responsable entre 2007 y 2010 del desarrollo urbano de esta entidad. Según el auto de la Trama Púnica, esta institución fue utilizada para desviar fondos hacia las cuentas del Partido Popular “aprovechando el abultado presupuesto que contó entre los años 2006 y siguientes, hasta su liquidación en el año 2010”. El antiguo alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, condenado por la Gürtel, confirmó que Alicia Hinojosa era uno de los dos ejecutores de esta vía de financiación ilegal del partido, aunque las órdenes “venían de arriba”. Tras el cierre del Imade, Hinojosa pasó a formar parte de la sociedad sin fines de lucro Madrid Network, según el trabajo del investigador Manuel Gabarre, autor del libro Tocar Fondo (Traficantes de Sueños, 2019). Según Gabarre en un artículo publicado en El Salto, Madrid Network se convirtió en una pantalla para todo tipo de transacciones y desvío de fondos a empresas vinculadas con Manuel Lamela, Ildefonso de Miguel y Javier López Madrid entre otras figuras del PP.

En 2014, cuenta Gabarre, la filial de Cerberus Haya Real Estate contrató a Alicia Hinojosa y “le concedió el poder suficiente para actuar en su nombre”. Poder para actuar sobre todos los inmuebles nacionalizados de Bankia, cuya gestión había entregado el Gobierno a Cerberus en septiembre de 2013. Y a partir de diciembre de 2014 también sobre buena parte del patrimonio inmobiliario de la Sareb, ya que este fondo de inversión fue uno de los tres elegidos por el banco malo para gestionar su cartera, junto con Servihabitat y Altamira. Según este investigador del Observatorio CODE de delitos económicos, Alicia Hinojosa fue la directora de la gestión y de la venta de los “activos singulares” de Sareb, de Cajamar y de Bankia durante cinco años. Según cuenta Gabarre, Hinojosa era la directora de un equipo compuesto por 20 vendedores “que tuvo a su recaudo más de 15.000 bienes inmobiliarios provenientes de los rescates públicos”.

José María Aznar Botella. De hijo de expresidente y de la entonces alcaldesa a conseguidor para Cerberus

La estrategia global de Cerberus—fichar altos cargos bien relacionados— fue calcada al milímetro en España, donde contrató a Juan Hoyos Martínez de Irujo, íntimo amigo del expresidente José María Aznar, y a José María Aznar Botella, hijo del expresidente y de la entonces alcaldesa de Madrid, Ana Botella. En septiembre, la nacionalizada Bankia traspasó la gestión de su inmobiliaria a Cerberus y un año después Sareb le entregó el 40% de su patrimonio inmobiliario.

En septiembre de 2013, la nacionalizada Bankia anunció el traspaso de la gestión de su negocio inmobiliario Bankia Hábitat a Haya Real Estate, una filial de Cerberus, por un máximo de 90 millones de euros. La estrategia de este fondo de inversión estadounidense —situar en sus direcciones a altos cargos republicanos para aceitar las relaciones con la administración— fue calcada al milímetro en España. Además de Alicia Hinojosa, Cerberus fichó a Juan Hoyos Martínez de Irujo, íntimo amigo del expresidente José María Aznar, y a José María Aznar Botella, hijo del expresidente y de la entonces alcaldesa de Madrid, Ana Botella.

La estrategia debió funcionar porque en esos años no le faltaron contratos a Cerberus en España. En 2013, se quedó con la gestión en exclusiva de decenas de miles de pisos y préstamos de Bankia para los próximos diez años. Y en 2014, el fondo se hizo con la gestión del 40% de los pisos y las hipotecas de la Sareb, en total 52.000 préstamos vinculados al sector inmobiliario originado por Bankia y adquiridos luego por la Sareb por 18.000 millones de euros, según se lee en la propia página del banco malo. Esta concesión duró hasta 2022, cuando Blackstone y KKR tomaron el relevo en la gestión de la cartera de la Sareb.

Gloria Calvo. Del Ministerio de Economía de Guindos y la dirección del FROB a Bankinter

Abogada del Estado jefe del Ministerio de Luis de Guindos y miembro de la comisión rectora del FROB, el fondo del Estado para rescatar a la banca arruinada y propietaria hoy del 50,15% de la Sareb. En 2015, Calvo fue fichada como directiva de Bankinter, donde ocupa la Secretaría General y del Consejo de Administración del Banco. Bankinter tenía hasta hace unos meses el 1,37% de las acciones de la Sareb.

Abogada del Estado jefe del Ministerio de Economía en tiempos de Luis de Guindos, en 2015 Gloria Calvo fue fichada como directiva de Bankinter. Como no tenía estatus de alto cargo, ni siquiera tuvo que esperar dos años para pasar de decidir las políticas económicas a beneficiarse de ellas. Calvo era también miembro de la comisión rectora del FROB, el fondo del Estado para rescatar a la banca arruinada y propietaria hasta hace unos meses del 45% de la Sareb. En Bankinter, Calvo ocupa la Secretaría General y del Consejo de Administración del Banco.

Bankinter tenía hasta hace poco un cantidad relativamente pequeña de las acciones de la Sareb, apenas un 1,37%. Sin embargo, esta participación resultó clave en la negociación del Gobierno con el resto de accionistas cuando este quiso tomar el control del banco malo. Gracias a la venta de estas acciones, el FROB ha conseguido el 50,15% del capital de la Sareb ante la negativa de los otros bancos presentes en su accionariado, sobre todo Santander, CaixaBank y Sabadell de vender su participación.

Luis de Guindos. De Lehmnan Brothers y PwC a Ministro de Economía y al BCE

Es el maestro de las puertas giratorias: cuanto peor van las cosas más asciende. Secretario de Economía con Aznar (2002-2004), contratado por Lehman Brothers y luego por la consultora PwC, ambas compañías con una alta responsabilidad en crack económico global que arrastró a España. Como ministro de Economía de Rajoy diseñó una Sareb que "no costaría ni un euro a los españoles". Ahora que el agujero dejado llega a los 35.000 millones, critica que la deuda se ha desbocado y reclama ajustes desde la vicepresidencia del Banco Central Europeo.

Sí hay un maestro de las puertas giratorias y en ascender aunque todo salga mal y todos caigan a su alrededor es Luis de Guindos. Comenzó en la política con José María Aznar y llegó a ser secretario de Estado de Economía en su último Gobierno, de 2002 a 2004. Ese mismo año dio el salto a la gran empresa privada, nada menos que a Lehman Brothers como jefe de su división en España y Portugal. Después de que la ruina de esta empresa en 2007 provocara un efecto en cadena que generó la mayor crisis mundial desde el crack de 1929, pasó a ser responsable de la división financiera de PricewaterhouseCoopers (PwC) entre 2008 y 2010. Esta auditora internacional ha sido denunciada por decenas de casos de conflictos de intereses, entre ellas su trabajo para favorecer la evasión fiscal de grandes multinacionales gracias a información confidencial o su papel en los peores momentos de Bankia.

Para la fusión de Bankia y otras cajas en ruina, fue PWC la encargada de auditar las cuentas. Según reconoció el propio Rodrigo Rato en el Congreso, “se contrató a PwC para que hiciera un cálculo más estresado y riguroso de las posibles pérdidas esperadas y no cubiertas hasta el momento”. El resultado, como se supo después, fue un agujero de 30.000 millones de pérdidas y una situación que el propio Guindos tendría que intentar dar solución, esta vez como ministro de Economía del Gobierno de Rajoy, a partir de diciembre de 2011.

La solución a los problemas de Bankia y otras cajas arruinadas por sus negocios especulativos con la vivienda fue la creación de la Sareb, una operación que no “costaría ni un euro” a los españoles. El resto de la historia es conocida. La Sareb compró caro, vendió barato, el dinero desapareció, el banco malo se fue a pique y el Estado se quedó con 35.000 euros de deuda.

En mayo de este año, ya como vicepresidente del Banco Central Europeo, Guindos advertía al Gobierno español sobre los altos niveles de deuda y de déficit del Estado español, y que ante la crisis que se viene debería moderar el aumento de las pensiones e ir pensando en volver a los ajustes que marcaron su década como ministro de Economía."

( Martín Cúneo , El Salto, 28/07/22)

El juez Andreu juzga a la antigua cúpula de Bankia por la salida a Bolsa

"El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha dado por concluida la investigación abierta del “caso Bankia”, que investiga la salida a Bolsa de la entidad, y ha procesado a 34 personas, entre ellas al expresidente Rodrigo Rato; al exconsejero delegado, Francisco Verdú y a los exconsejeros José Luis Olivas y José Manuel Fernández Norniella. 

 A todos ellos, el juez les imputa los delitos de falsedad en las cuentas anuales de los ejercicios 2010-2011 y fraude de inversores por incluir datos falsos en el folleto informativo para la salida a Bolsa.

El juez ha sobreseído el procedimiento para la auditora Deloitte y para los directivos de la CNMV y del Banco de España (BdE), cuya imputación había solicitado la acusación popular. Quedan fuera de la causa, entre otros, el exgobernador del BdE, Miguel Ángel Fernández Ordóñez y el exvicepresidente Javier Aríztegui.

A lo largo de 253 folios, el magistrado resume los cinco años de investigación penal. Además de los interrogatorios practicados, Andreu se ha basado en los informes periciales recabados, que le permiten concluir que los estados financieros individuales y consolidados de BFA (la matriz de Bankia) a 31 de diciembre de 2010 y a 31 de diciembre de 2011, así como las cuentas anuales de Bankia de 2011, no reflejaban la imagen fiel de la situación económica de la entidad.

En su escrito, el magistrado sostiene que los administradores de BFA y Bankia “aprobaron unas cuentas maquilladas sobre la verdadera situación de las entidades que administraban, que no reflejaban la imagen fiel de las mismas, de manera que no mostraban la verdadera situación económica de la Entidad con el consiguiente perjuicio tanto para los que posteriormente suscribieron acciones de la mercantil cotizada, como para el Estado”.

Por ese motivo, el juez argumenta que debe procederse contra los miembros del Consejo de Administración que adoptaron las decisiones, en tanto que tenían un deber especial de actuación y datos suficientes para conocer la conducta de sus subordinados que podría crear un riesgo jurídicamente desaprobado, como así ocurrió, “Debían adoptar cuantas cautelas y medidas de prevención fueran necesarias”, escribe el juez.

El magistrado de la Audiencia Nacional también considera que los consejeros investigados falsearon la información económica que contenía el folleto informativo elaborado para la salida del banco a Bolsa. Según Andreu, no sólo se produjo una falsa información al inversor, sino que “se llegó a producir un perjuicio para los nuevos accionistas, quienes basaron su inversión en una información y unos datos que resultaron ser falsos”.

Reflejo irreal de Bankia

Por ese reflejo “irreal” de la situación de Bankia que mostraba el folleto informativo, el juez imputa el delito de fraude de inversores a Bankia y BFA S.A. como personas jurídicas y a Rato, Verdú, Olivas y Fernández Norniella en tanto que participaron en la  reunión del Consejo de Administración de Bankia que aprobó la inclusión de esa información en el folleto. 

El mismo delito se imputa también al auditor externo como cooperador necesario,  por analizar, verificar y dictaminar la corrección y veracidad de las cuentas de Bankia que se presentaron en ese folleto de emisión para su salida al parqué bursátil.

La Comisión Intersindical de Crédito, personada como acusación popular, atribuyó a varios directivos de la CNMV y del Banco de España su responsabilidad en la comisión de los hechos investigados. 

Sin embargo, el juez ha descartado su responsabilidad penal. En el caso de la CNMV, Andreu explica que su labor era la de adoptar las medidas necesarias legalmente establecidas para la protección de los inversores, “y no parece razonable exigirle que constatara por sus propios medios que los estados financieros incluidos en el folleto y avalados por el auditor representasen la imagen fiel de la entidad”. 

Respecto al Banco de España, el juez reitera que no fue decisión suya la salida a Bolsa, aunque no se opusiera a ella, y que “no ha participado en la ficción de aparentar solvencia donde no la había”.

Hace solo tres meses, la Audiencia Nacional ya condenó a Rodrigo Rato a cuatro años de cárcel por un delito continuado de apropiación indebida entre los años 2003 y 2012 por el caso de las tarjetas black de Bankia. En esta causa fue decisiva la actuación del colectivo 15MpaRato, que denunció ante las autoridades la existencia de esta práctica delictiva, tal y como explica en este vídeo la activista Simona Levi."                  (La Marea, 11/05/17)

El FROB manejó decenas de miles de millones, sin reglas, para regalar las Cajas de Ahorro a grupos económicos afines... en eso consistió el 'rescate'

"(...) La banca española nunca debió ser rescatada: sus acreedores, y no los contribuyentes, tendrían que haber sido quienes sufrieran las pérdidas derivadas de sus malas inversiones.(...)

 Hasta la fecha, y de acuerdo con el último informe del Tribunal de Cuentas, la jugada nos ha salido por 60.718 millones de euros, unos 3.300 euros por familia española. El coste todavía no es definitivo: y no solo porque, como le gusta repetir al Gobierno y a su prensa afín, pueda terminar rebajándose en unos pocos miles de millones a través de la privatización de Bankia y de Banco Mare Nostrum, sino porque también podría terminar aumentando como consecuencia de la imputación de nuevas pérdidas a los esquemas de protección de activos otorgados por el Tesoro a los compradores de las entidades financieras rescatadas. 

No en vano, estos esquemas de protección de activos ya nos han costado hasta la fecha 10.389 millones de euros, y hay otros 10.900 millones que podrían verse afectados durante los próximos años.

 Y he ahí el auténtico escándalo destapado por el Tribunal de Cuentas que debería haber copado la atención de todos los medios de comunicación: no el cálculo preciso del coste provisional del rescate bancario —algo que, 'grosso modo', ya conocemos desde hace años—, sino las irregularidades, torpezas y arbitrariedades detectadas por el Tribunal en el comportamiento del FROB y que bien podrían haber encarecido artificial e innecesariamente la factura del rescate injustamente soportado por todos los españoles.

Así, según denuncia el Tribunal de Cuentas, el FROB ni siquiera aprobó un protocolo de actuación que contuviera las pautas básicas a seguir en el proceso de privatización de las entidades rescatadas: “Excepto en los casos de NCG y CX, el FROB no aprobó durante el periodo fiscalizado un procedimiento que estableciera las reglas básicas aplicables a cada una de las ventas de entidades de crédito”. 

O dicho de otra manera, el FROB actuó de manera completamente libérrima a la hora de vender las cajas recapitalizadas con dinero público a otras entidades financieras: actuó libérrimamente, por tanto, a la hora de escoger al comprador, de fijar el precio y de determinar las condiciones de la operación.

Imaginen por un momento el gigantesco poder que detentaron los miembros del FROB sin siquiera hallarse sujetos a los más mínimos controles: manejaron decenas de miles de millones de euros de los contribuyentes para reflotar a compañías quebradas que luego pudieron regalar a grupos económicos afines. 

En ningún momento, pues, se sometieron a un procedimiento reglado que pusiera coto a su arbitrariedad, de modo que el riesgo de abuso de poder resulta demasiado grande como para poderlo soslayar. Un auténtico festín de potencial corrupción.

De hecho, una de las rúbricas donde mayores destrozos pudo haber generado el FROB es, justamente, el de los ya mencionados esquemas de protección de activos (EPA). Los EPA son garantías frente a pérdidas que otorgó el Estado a los compradores de cajas quebradas para que aceptaran adquirirlas. 

Por ejemplo, el Banco Sabadell compró la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) a cambio de un euro, ya que aceptó hacerse cargo de todas las deudas de la CAM. Sin embargo, para que la transacción le resultara suficientemente atractiva al Sabadell, el Estado le prometió que cubriría todas las pérdidas que se derivaran de los activos más problemáticos de la CAM hasta un importe de 16.600 millones de euros. 

Es decir, en realidad, el Estado pagó al Sabadell para que se hiciera cargo de la CAM. Lo que ahora nos está diciendo el Tribunal de Cuentas es que el FROB no se sometió a ningún control a la hora de determinar qué precio debíamos abonar entre todos al Sabadell (o a otros bancos que se beneficiaron de los EPA). Lean el rapapolvo que al respecto recibe el FROB:

El FROB no determinó los criterios financieros, fiscales y de oportunidad que debían aplicarse para valorar, ordenar y seleccionar cada uno de los instrumentos de apoyo financiero que cabría adoptar en cada proceso, especialmente en los de resolución y venta de entidades; criterios que resultaban esenciales para poder conseguir el objetivo de asegurar la utilización más eficiente de los recursos públicos, minimizando los apoyos financieros públicos, establecido en el artículo 3 de la Ley 9/2012.

A tenor de las graves irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas en el manejo del rescate bancario, urge una investigación mucho más profunda que permita aclarar si hubo o no administración desleal por parte del FROB y de sus superiores políticos.

 Como decíamos, el rescate estatal a cargo del contribuyente jamás debería haberse producido: pero, una vez tuvo lugar, las administraciones públicas encargadas de gestionarlo deberían haber orientado todos sus esfuerzos en minimizar el quebranto que iba a suponer para el contribuyente. 

El Tribunal de Cuentas acaba de revelar que no se siguieron los procedimientos mínimamente exigibles para hacerlo. Toca clarificar y, en su caso, depurar responsabilidades. Ya basta de que la oligarquía político-financiera juegue con las cartas marcadas, de que les paguemos la fiesta y de que, para más inri, nos inflen descaradamente las facturas."             (Juan Ramón Rallo, El Confidencial, 13/01/17)

La oligarquía española, de Aznar a Rajoy...

"(...) Siguiendo esta lectura, la política en España parece rodar hoy por similares derroteros. La corrupción estructural y las tres crisis sistémicas (del régimen político, del modelo financiero/económico, y del bloque mediático y propagandístico) que la acompañan así lo indican: en los últimos 25 años, la política (desde la monarquía hasta las pequeñas instituciones locales) ha servido para mediar y medrar entre empresarios necesitados de contratos, facilitando adjudicaciones, licencias, recalificaciones, favores, fusiones, tanto dentro como fuera del país.

Si apuntamos a la acumulación primigenia que ha resultado en esta capacidad intermediaria, veremos cómo los diferentes gobiernos de turno han facilitado durante décadas que gigantescos recursos (financieros, materiales, humanos) fueran desviados desde el Estado a determinadas manos.

Un ejemplo del peso de este capital transferido a manos privadas es que la capitalización de las seis empresas públicas que cotizaban en el Ibex35 en los años 90 (Fecsa, Repsol, Telefónica, Sevillana, Tabacalera y Endesa) suponía entonces casi el 40% de la capitalización del índice bursátil (38,14%); es decir, una sexta parte de las empresas concentraba más de un tercio de la capitalización del índice. Hoy, estas empresas siguen siendo fundamentales en el reparto de poder del Ibex. Pero la crisis ha movido las fichas y el poder se ha troceado entre distintas facciones.

Oligarquía política

Este capitalismo español concentrado ha ayudado a que los partidos y sus líderes se sitúen en una posición privilegiada dentro del poder económico, cual oligarquía perestroikiana, hasta ser un reflejo del mismo, ocupando así sus más altas posiciones.

 Los gobiernos de nuestra historia democrática y predemocrática se abrazan en el Ibex35, en un imparable juego de puertas giratorias. En el Grupo Santander están UCD, el PSOE y el PP: el actual vicepresidente, Matías Rodríguez Inciarte, fue ministro de la Presidencia con UCD; el consejero Guillermo de la Dehesa fue secretario de Estado de Economía y arquitecto de las privatizaciones en los 80 con el PSOE; Isabel Tocino, ministra de Medio Ambiente con el PP, también es consejera.

En Gas Natural, nuestro presidente más longevo (14 años), Felipe González, fue consejero hasta el año pasado; retrocediendo al Ibex de los años 90, encontramos a otro expresidente, Leopoldo Calvo Sotelo, como consejero de Ferrovial; y en otra gran constructora, OHL, se unen pasado y presente: su actual presidente y propietario, Juan Miguel Villar Mir, remite a la Transición --fue vicepresidente y ministro de Economía del primer Gobierno del Rey (1975)--; su actual CEO, peso pesado en los dos Gabinetes de Aznar, es Josep Piqué, ex ministro de Exteriores, Industria,  Ciencia y ex portavoz del gobierno.

Los políticos que acaban en el Ibex no son sujetos aislados, sino que tienen una singularidad y una unidad específica como grupo, lo que les constituye como un bloque de poder ‘económico’: se extienden por 29 de las 35 empresas del Ibex35 actual. Forman así parte de un grupo de presión muy relevante, pues el simple estornudo de estas empresas asusta a toda la economía: su cotización es una muestra de salud interna y muchas de ellas entran, por su riesgo sistémico, en la lista de las ‘entidades susceptibles de rescate’, las denominadas “too big to fail”.

Ese grupo de políticos/empresarios forma, junto a los empresarios puros, una clase pacíficamente desunida dentro del Ibex35, en el que hoy se cruzan alianzas y enfrentamientos y se desarrolla la pugna por conseguir la posición dominante en la economía. Hay mucho en juego. 

En un país vigilado muy de cerca por la Troika y más endeudado que nunca (casi el 100% del PIB), la capitalización de las 35 empresas del principal índice bursátil equivale a la mitad del Producto Interior Bruto español: 547.785 millones, aportando 18.173 millones (en 2014) a las arcas del Estado por impuestos de sociedades (un 40,5% de los 44.823 millones que se recaudaban al inicio de la crisis, en 2007, según un informe de CC.OO).

Durante dos largas décadas todo fue bien para las grandes empresas del Ibex y su imperio: la unidad del bloque estaba garantizada por el Estado y por las cajas de ahorro, es decir, por consejeros políticos y el riego de capital de las cajas y el Estado.

 Durante este tiempo, se repartieron el poder PP y PSOE, apoyándose en cajas de ahorros y en el control de la SEPI (el grupo industrial estatal, antes conocido como INI y INH) según el gobierno de turno. Pero la larga recesión y las medidas impuestas por Europa torcieron este equilibrio.

Reparto PSOE-PP

El reparto vigente en 2010 daba a los tecnócratas del PSOE influencia en un área del Ibex35 que incluía a las antiguas empresas públicas (Telefónica, Repsol, Endesa), las participadas por el Estado (Red Eléctrica o Enagás) y el Banco Santander, al cual benefició en los años 90 (concurso mediante) con la adjudicación de un Banesto expropiado, convirtiendo así el banco de la familia Botín en la mayor entidad financiera del país.

Los mandarines del PP, por el contrario, se habían ido extendiendo por múltiples sectores, constituyendo un holding de eléctricas, seguros, tecnológicas y alimentación, a partir de su control de Caja Madrid y Bancaja. Ambas cajas, controladas por el exvicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato y por José Luis Olivas (expresidente de la Generalitat Valenciana con el PP), y finalmente fusionadas en Bankia, disfrutaban en 2010, ya bien entrada la crisis económica, de una posición oligopólica en el Ibex35, con la participación en un total de ocho sociedades del índice (Indra, Iberia, Mapfre, Iberdrola, Ebro Foods, Enagás y BME), siendo dominantes en las tres primeras, e indirectamente, controlando un área mucho más amplia, a través de las participaciones de sus participadas. Sólo había un accionista con un poder similar en el Ibex35 en 2010: La Caixa (con seis participadas).

Ni siquiera el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue un problema para el poderío del PP/Ibex. El presidente socialista dio el visto bueno, aunque no fuera de su agrado, a la fusión de Bancaja y Caja Madrid en diciembre de 2010, las dos cajas madres del gran proyecto económico del PP y sus empresarios afines: Valencia y Madrid.

En Valencia, Bancaja siempre fue un fiel aliado para financiar el imperio del PP: fútbol, construcción, arte y espectáculos. Un ejemplo: la caja compró suelo –sin valor según el juez Andreu-- por valor de 86 millones a Enrique Ortiz, amigo de la alcaldesa alicantina Sonia Castedo * y de Aurelio Izquierdo, director general de Bancaja, con el que compartía juergas en prostíbulos y yates. 

La caja se sumaba así al apoyo de la CAM, que había llegado a financiar con 150 millones al constructor. También insufló oxígeno a proyectos faraónicos, como Terra Mítica (200 millones junto a la CAM) o la Ciudad de la Luz (que costó una cifra similar y que estos días sale, por segunda vez, a subasta pública). La incursión de Bancaja en el fútbol no fue menor: colaboró como si no hubiera un mañana en la financiación del Valencia C.F., con el cual tenía en 2008 una deuda de 308 millones.

En el imperio levantino no se ponía el sol: la caja hizo inversiones hasta en el Caribe, en la sociedad Grand Coral, que operaba en México, con préstamos y compra de acciones por valor de 100 millones. A partir de maniobras fraudulentas de ampliación de capital, los socios alicantinos Juan Ferrí y José Baldó (dueños del 35% de Grand Coral) se embolsaron 47,4 millones de la caja, según un informe de Bankia. El presidente de Bancaja y posterior vicepresidente de Bankia, José Luis Olivas, está hoy imputado por estafa y malversación. Como medida de gracia, el juez Juan Pablo González le ha concedido el desbloqueo de 3.500 euros al mes.

Blesa, Aznar y compañía

En Madrid, la caja controlada por Miguel Blesa, el viejo amigo de José María Aznar, tuvo una actuación similar, aunque, dado su tamaño, el brazo financiero de la casa ayudaba a círculos empresariales más exclusivos. Ahí quedan los créditos a múltiples empresarios, algunos de ellos encarcelados hoy. Por ejemplo, a Díaz Ferrán, consejero en Bankia (131 millones, de los que el 15% ha quedado impagado); al exvicepresidente de la CEOE y también consejero en Bankia, Arturo Fernández (2 millones), o a los todopoderosos Florentino Pérez (620 millones, aún sin cuantificar los que proceden de Bankia), Esther Koplowitz (1.000 millones en créditos junto al BBVA, cuyo pago ha sido pospuesto a 2018), Villar Mir (344 millones al 0% de interés, concedidos mientras López Madrid, su yerno, era consejero) o al dueño de la quebrada Martinsa Fadesa, Fernando Martín (1.000 millones para la compra de Fadesa a Manuel Jové, autorizados por el responsable de créditos a empresas Carlos Vela, quien después pasó a ser CEO del grupo constructor).

Pero Caja Madrid no es sólo la gran acreedora de las fortunas del ladrillazo español. Su política como brazo financiero de proyectos de envergadura le llevó a igualar a su amiga valenciana, financiando un parque temático para Madrid, el Parque Warner, al cual concedió un crédito de 211 millones. O el fichaje de Cristiano Ronaldo (76,5 millones). 

 O dando crédito a mansalva a medios de comunicación. Su radio de acción no sólo abarcaba la tierra patria. Su política de compras le llevó muy cerca de Bancaja, a Florida, donde se hizo con el City National Bank of Florida, por 1.134 millones, que finalmente fue vendido en 2013 por 683 millones, casi la mitad de lo que costó. Esta fue una operación investigada por el juez Elpidio Silva, que le supuso ser apartado de la carrera judicial.

El destino quiso que la unión en 2010 del imperio del PP en Valencia (Bancaja) y Madrid (Caja Madrid) se hiciera con la bendición del PSOE. No sólo dio su visto bueno en esta ocasión, sino que posteriormente, Elena Salgado (ministra de Economía, hoy en Enel) permitió su salida a Bolsa en mayo de 2011, en un proceso para el cual las cuentas fueron “maquilladas”, en palabras de los peritos del Banco de España al servicio de la Audiencia Nacional y del juez Andreu.

 Veredicto que no comparten el FROB y la CNMV, esta última investigada por la Audiencia Nacional por una presunta trama de cobros por la cual se pudo beneficiar a, entre otras, Bankia, en su salida a Bolsa. Están siendo investigados los responsables del presunto regulador desde la etapa de Zapatero: Manuel Conthe (hoy en Acerinox y participante en muchos de los actos de Ciudadanos), Julio Segura Sánchez (en el cargo durante la salida a Bolsa), y Elvira Rodríguez (actualmente en funciones).

El verdadero problema llegó con el rescate a Bankia. La casa Aznar había depositado ahí todas sus esperanzas de control y poder: ahí estaban todos los proyectos apadrinados durante tres lustros por el Partido Popular, y todos sus compañeros de viaje, empresarios, conseguidores y capitalistas, unos renombrados y otros menos conocidos. 

Ahí estaban los créditos concedidos a dedo, pero también las participaciones en empresas que permitían al Partido Popular mantener un gran poder intermediario dentro del Ibex35. Todos los indicios apuntan hoy a que Caja Madrid sirvió de tabla de salvación para el poder económico cuando llegó la crisis.

 Pero dos años después, años de Púnica y Taula, todo se torció. Las pérdidas reales que anunció Bankia en diciembre de 2012, próximas a los 20.000 millones, quedaban fuera del alcance del FROB, así que el Gobierno Rajoy tuvo que acudir a un crédito concedido por el MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad). 

La aprobación del préstamo, que incluye tres tramos hasta llegar a los 100.000 millones (el 10% de la deuda pública actual), la realizó Mariano Rajoy en el momento de mayor especulación sobre la prima de riesgo, que había llegado a los 610 puntos en agosto de 2012.

Ya en diciembre, con el rescate debajo del brazo, el Gobierno firma las condiciones incluidas en el memorando de entendimiento. Su aplicación implicaba limitar el control de las cajas de ahorros sobre las empresas en las que participaban (se reduce a cuatro), transformarlas todas en bancos (y a las fundaciones en tenedoras de acciones), y evitar la participación de políticos en ellas. 

Era el programa perfecto para limitar el poder de las cajas y facilitar la entrada de un nuevo competidor en el quebrantado pastel económico: los fondos y los bancos custodio estadounidenses.

Este hecho supuso un duro golpe para Aznar. Al aplicar esas condiciones a Bankia, Rajoy, su sucesor designado, le había robado el muñeco con el que había dominado el Ibex35. Rajoy defenestró a la cúpula de Bankia, retiró a Rato e impuso un consejo de administración dominado por un ex del BBVA, Ignacio Goirigolzarri. Indirectamente, con esa acción puso toda clase de información no solo en manos de la Troika sino también en manos de los competidores, los fondos de inversión que controlan el BBVA. 

Los mismos que hoy han logrado poner en su órbita de control a Bankia. Presionado por Alemania, Draghi y el FMI, el Gobierno de Rajoy se desprenderá unos meses después del holding Bankia: el 12% de IAG (junio de 2013), el 20,14% de Indra (agosto de 2013), el 4,94% de Iberdrola (abril de 2014), el 19,07% de Metrovacesa (diciembre del 2014), y la joya de la corona, el 15% de Mapfre (septiembre de 2014).

Sin mover una ceja, y quizá sin proponérselo, Rajoy había ganado la partida a su expatrón y a su gran enemiga, Esperanza Aguirre.

Aznar y la presidenta del PP madrileño se quedaron de repente sin su inmenso poder de intermediación, si bien es cierto que el cerebro de la operación todavía podía recurrir a sus delfines, Francisco González (BBVA), Pablo Isla (Inditex) y César Alierta (Telefónica), a los cuales colocó en puestos clave durante su mandato. Pero nada era lo mismo, pues sin dominar el aparato de créditos, favores y participaciones, ya no tenía poder económico sobre ellos.

Aznar respondió a la situación creando el Instituto Atlántico de Gobierno, en el cual reunió a sus otrora beneficiados y benefactores. En el consejo directivo del instituto que preside figuran numerosas autoridades “amigas” de empresas del Ibex35: Alierta (Telefónica), Borja Prado (Endesa), Josep Piqué (OHL), Javier Monzón (Indra), Javier Benjumea (Abengoa), Antonio Brufau (Repsol), María Dolores Dancausa (Bankinter) o Antonio Huertas (Mapfre).

Como consecuencia de la intervención de Bankia, la influencia del PP sobre el Ibex quedó en manos de Rajoy, quien a través de la SEPI controla (en funciones) Ebro Foods, Enagás, Indra y Red Eléctrica; y, a través del FROB, también Bankia y otras entidades financieras rescatadas, como Banco Mare Nostrum o Banco CEISS.

La consecuencia más inmediata de este cambio de cromos es que, si el PP no lograra acceder al Gobierno en las sesiones de investidura o elecciones venideras, quedará sin ninguna capacidad de control sobre un buen número de sociedades del Ibex35.

Y no sólo eso, sino que quien controle la galaxia Bankia controlará un sinfín de créditos que sostienen todavía a muchas de las grandes fortunas y empresas que van en dirección a la quiebra y cuya subsistencia depende del gran respirador artificial.

En el nuevo Ibex35 post Bankia, la partida ha pasado de ser un juego de dos (La Caixa y Caja Madrid como accionistas de múltiples empresas) a una que incluye a tres actores: un PP que se aferra a la SEPI y el FROB para no perder el control de lo que fue su imperio; un sector mayoritario, vinculado a las antiguas empresas públicas o concertadas (Telefónica, Repsol, Iberia, Endesa), hoy en la órbita del Santander, BBVA y los fondos de inversión (Chase Nominees, Bank of New York Mellon, State Street Bank), y en particular de Blackrock; y por último, un tercer sector de empresas, el único articulado por una entidad de capital nacional: La Caixa.

Blackrock, el actor emergente

El nuevo actor emergente, Blackrock, ha ganado terreno con la crisis y tiene hoy repartidos 12.000 millones por empresas del Ibex35. Su ascenso ha sido meteórico. En 2010 solo tenía participaciones en dos empresas (Telefónica y Gamesa); en 2013 tenía participación en doce sociedades del Ibex35, y en 2016 han pasado a ser 19. 

Sus principales referentes en España son el BBVA y el Santander, los cuales han tenido tradicionalmente bancos custodio como accionistas de referencia (State Street Bank y New York Mellon, y Chase Nominees, entre otros). Los bancos fueron los precursores de la invasión fondista, con Telefónica, la primera empresa del Ibex35 que introdujo a Blackrock como accionista.

 Su presidente, Larry Fink, un asiduo al foro de Davos, es autor de varias frases memorables. Una afirma: “Hay que educar a la población [en Europa] para que vote al líder correcto que tome las medidas correctas”. En otra aconsejaba esperar el momento oportuno, cuando suceden fuertes caídas y hay pánico en las bolsas, para comprar acciones: “Antes de comprar hay que ver sangre en las calles”.

En una entrevista concedida a El País durante una visita a España en junio del año pasado, Fink advertía: “Quien gobierne en España (…) debe de ser responsable de los compromisos adquiridos, que son compromisos de Estado y no de un gobierno concreto”.

Blackrock es la mayor gestora de fondos del mundo: maneja una cartera de 4,2 billones de euros, cuatro veces el PIB español.  (...)"                (Rubén Juste de Ancos, CTXT, 01/03/16)

El crimen está dentro del Partido Popular, una asociación criminal... la de Rejoy, Rato, Blesa, Bárcenas, Correa... la de la boda de Aznar

"Como en algunos chistes, los 65 exalcaldes, ex concejales de Urbanismo, expresidentes o ex consejeros delegados de cajas de ahorros, y otros ex de relumbrón, se vieron de pronto rodeados ni más ni menos que por un hombre justo, cuyo nombre, Francisco Verdú, no le suena a nadie, y toda su estrategia de defensa se desmoronó.

Francisco Verdú era un alto cargo de Caja Madrid cuando alguien de la confianza del jefe supremo, Miguel Blesa, a su vez de toda la confianza de la cúpula del PP madrileño, inventó las tarjetas black, o sea, negras, para que los enchufados de Blesa, y después de Rodrigo Rato, se forraran con dinero presuntamente negro, a costa de los impositores de la caja. 

Y Francisco Verdú, y tres personas decentes más, Esteban Tejera, Félix Sánchez e Íñigo Aldaz, se negaron a aceptar la tarjeta y, por tanto, su uso. Cuatro entre 86 consejeros. No está mal el porcentaje. Verdú les ha rodeado ahora con su testimonio: el uso de esas tarjetas era irregular, y seguramente delictivo. Un testimonio que deja a los 65 usuarios de las tarjetas a los pies de los caballos. Sinvergüenzas sin ninguna excusa.

También en los juzgados de Madrid se sienta una buena cantidad, hasta 37, de altos cargos del PP, por haber participado en mayor o menor grado, de la extensa red de sobornos y comisiones ilegales, de saqueo de fondos públicos que los investigadores bautizaron como Gürtel, en honor a Francisco Correa, su inventor.

Entre los dos asuntos, hay 102 personajes sentados en el banquillo de los acusados, y casi todos ellos pertenecen o pertenecían a un partido político, que no es otro que el Partido Popular, que gobierna España y una buena cantidad de sus comunidades autónomas y municipios.

Cuando uno sigue los dos procesos, y atiende a los argumentos que las acusaciones y las defensas ponen sobre la mesa, la desmoralización ciudadana amenaza con acabar con toda esperanza. Verdú devuelve algo de optimismo al espectador. Él y José Luis Peña, militante del PP que grabó a Correa jugándose muchas cosas con sus compañeros. 

Desde luego que no tendrían cargos mal pagados, pero eso no le quita, ni mucho menos, valor a lo que han hecho. Ni Peña ni Verdú participaron de la sangría inmunda en la que se metió toda la banda (banda es lo que hay que llamarles) de Rato y Blesa, y Correa por su lado. Es fácil suponer el ambiente en que se tenían que mover Verdú y Peña después de negarse a participar en el banquete.

En Gürtel hay 37 imputados, que se van a ver rodeados también por Francisco Correa. El tipo amenazó con contarlo todo. Desde luego, contó mucho aunque no sabemos si eso es todo. Pero el Partido Popular no ha quedado muy bien después de su deposición. En común con el caso de las tarjetas black, tiene el caso Correa que el PP aparece por todas partes, unas veces como beneficiario directo de las golferías, y otras como el beneficiario a través de sus militantes.

Correa ha hablado dice que harto de que los políticos se llamaran andana ante su caso. Como le pasa en parte a Luis Bárcenas, que el pobre se la está llevando toda, cuando no es sino una parte de la trama de financiación ilegal del partido.

Para que no falte nada, ha aparecido un power point, es decir, una presentación en forma de esquema, siguiendo la cual, todo militante corruptible del PP podría realizar tropelías sin cuento con los contratos y el dinero públicos. No faltaba de nada allí.

La diferencia entre Francisco Verdú y su tocayo Correa es evidente. Se parecen en que los dos han rodeado a gente que les supera con mucho en número, pero mientras Verdú hace gala, lícita, de su carácter de hombre limpio, Correa nos muestra su esencia de hombre corrupto y corruptor, que no está dispuesto a pagar más que aquellos a los que él condujo a la basura.

Hay un mensaje de optimismo en todo esto: no funciona ningún pacto de silencio, ninguna omertá, o sea que no hay mafia en sentido estricto.

Pero el crimen ha estado o está dentro del Partido Popular, de una organización que, salvo que actuara con mucha rapidez limpiando sus bodegas, podría ser considerada una asociación criminal por alguien ajeno a la política española."                (Jorge M. Reverte, El País, 27/10/16)

El honor perdido de la cúpula del Banco de España, culpables del caso Bankia

" Los cuatro correos electrónicos y el informe anexo aportados a la causa de salida a Bolsa de Bankia muestran la parte oscura de una operación que provocó la intervención del Estado y una "socialización de pérdidas" de casi 23.000 millones de euros en términos de capital y aportaciones indirectas por otros 23.000 millones de euros, sin contar grandes cantidades de dinero a través de otros apoyos, como avales del Estado.

 Esta fue, en efecto, la “socialización de pérdidas” que vaticinaba José Antonio Casaus, el autor de esos correos, en abril y mayo de 2011, inspector cabecera de BFA-Bankia, tras tras haber supervisado también, con anterioridad, Caja Madrid. 

    Estos correos permiten responder a una pregunta clave: ¿era inevitable la crisis de Bankia, que desembocó en el rescate europeo, o se podía haber evitado o al menos limitado?

   Casaus cifra el saneamiento de capital que hubiese sido necesario asumir en 15.000 millones de euros.  

     ¿Por qué hemos tenido que pagar 23.000 millones?

   Estos informes fueron solicitados a Casaus por su superior en aquella época, el entonces “jefe de grupo” Pedro Comín. El jefe necesitaba conocer el punto de vista de los inspectores sobre los estados financieros de BFA-Bankia a 31 de marzo de 2011. Con estos estados, precisamente, se perfilaba la salida a Bolsa de la entidad el 20 de julio de 2011.

   El inspector Casaus pone de relieve en estos correos que para él BFA-Bankia es inviable. (...)

  En su análisis, el inspector cabecera señala que BFA-Bankia anota los préstamos de promotores inmobiliarios y de suelo como normales y por tanto se apunta intereses. Casaus dice que “todos” deberían ser clasificados como “dudosos”, y por tanto habría que deducir los intereses apuntados (255 millones de euros). Bankia, pues, sale a Bolsa el 20 de julio de 2011, a juicio de Casaus, con el ya señalado margen negativo de 205 millones. 

   No es viable, dice Casaus, y por si queda alguna duda de lo que aprecia en el talismán de la salida a Bolsa, tampoco va a resolver el problema, que acabará en una nacionalización o socialización de pérdidas con graves consecuencias para los contribuyentes, acreedores y titulares de deuda subordinada.

    Nada de lo que va a ocurrir, pues, tiene que ver, esencialmente, con la evolución adversa de la economía o el double dip o doble recesión en la que recae la economía española tras la salida a Bolsa de Bankia. La raíz no es esa.

   Todo esta predeterminado porque la fusión de las siete cajas que dan nacimiento a Bankia no ha sido sometida a los saneamientos necesarios y porque se ha acometido con una sobrevaloración de activos.

  Esas valoraciones, que debían ser supervisadas por el auditor Deloitte sobre la base de las presentadas por otras dos entidades, Analistas Financieros Internacionales (AFI), y BDO, según resolución del Ministerio de Economía, de pasado 27 de junio, que confirma las sanciones del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) a la auditora, no fueron comprobadas. La resolución pone negro sobre blanco algo insólito.

   "En suma: no hay constancia en los papeles de trabajo de las pruebas de auditoría realizadas sobre la valoración del patrimonio a 1 de enero de 2011 que dan origen a la creación del grupo y a la operación de emisión de capital mediante aportaciones no dinerarias. 

Como asimismo, no hay constancia, al cierre de los estados financieros de marzo y junio de 2011 de las pruebas realizadas, que permitiera concluir que no se hubiesen producido variaciones del valor asignado a los activos y pasivos por la evolución general de las variables económicas que determinan las hipótesis de valoración"

    En los correos, el inspector cabecera subraya varias veces la inviabilidad de BFA-Bankia y estima que la solución pasaría por la toma de control del grupo por una entidad financiera más potente.

    "Esta toma de control HARIA VIABLE UN GRUPO QUE HOY NO LO ES [mayúsculas en el original] por su reducido y menguante margen de intereses (por el peso de su deuda y por su enorme cartera hipotecaria con bajos diferenciales) por sus elevados costes de estructura pese al tijeretazo marcha del 15% de la dimenstón (sueldos medios altos para un sector en dificultades) y por sus activos iliquidos y aún sobrevalorados (riesgo con promotores y adjudicados, en particular suelo) Esta sería la solución definitiva y la óptima, pues no perderia nadie: ni el contribuyente ni los acreedores [el subrayado es del original]"

    ¿Era posible? Casaus opina que sí.

   Escribe: "Y que es posible. Otra cosa es que los que gestionan Bankia no quieren explorar esta vía para no perder sus poltronas ni su herramienta de financiación"  (...)

señala: "Mañana hablamos, pero mi resumen en 30 líneas del Word de 6 páginas es: 1.- Diagnóstico: viabilidad cuestionable por sus muy graves y crecientes problemas de rentabilidad,liquidez y solvencia. Gobierno interno mejorable y gestores desalineados entre sí y desacreditados ante el mercado. Fortaleza de la red y de la imagen entre sus clientes...."

    Casaus, tras analizar todos estos aspectos, pasa al siguiente punto, "2. Tratamiento del enfermo", en el que apunta: "La solución endógena ideada por Bankia: una salida a Bolsa con la estructura de doble banco sin hacer cambios estructurales. No funcionará y creará quebranto al contribuyente".

   Y advierte. "Opinión: sólo es una "bombona de oxígeno" que permitirá cumplir temporalmente con los nuevos requisitos de solvencia pero que no logrará transformar la estructura de Bankia. Terminará en el medio plazo con ta venta a bajo precio del banco cotizado, pues no generará beneficios recurrentes, y con el estado nacionalizando BFA, teniendo que hacer frente a los tenedores de subordinadas y de preferentes contabilizados allí, lo que supondrá un quebranto para tos contribuyentes que posiblemente no se daría en la alternativa que se comenta a continuación". Se refiere a que "la solución tiene que ser exógena y estructural: un cambio de control que integre a Bankia en un grupo con suficiente fortaleza financiera".

    En sus correos, Casaus insiste una y otra vez en que el grupo no es viable. Y es consciente de que los demás pueden estar cansados de escucharle.

   "Dije que no lo diría más,..¿o sí?. Pero Io digo: este grupo NO ES VIABLE sin un cambio de control que posibilite una drástica reducción de los costes de financiación (de unos 200 puntos básicos, que supondría una no disminución añadida de 300 millones de euros del margen de intereses cada año) y un tijeretazo a los costes de personal (de en torno al 10% del sueldo, lo que supondría unos 200 millones de euros más de margen de explotación "one off')".

   Y ¿sin ese cambio de control?

   "Se acabará malvendiendo el banco cotizado, por un lado, y el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) tendrá que hacerse cargo del banco no cotizado, y por el otro, con un coste para el contribuyente de en torno a 15.000 millones de euros, frente a la opción de coste cero para el contribuyente que supondría que el grupo fuera comprado hoy por una entidad potente y solvente".  (...)"                  (Ernesto Ekaizer, 16/10/16)

Fue a su oficina cada día durante dos meses con una pancarta en la que había escrito ‘Devuélveme mi dinero’. Es un desgaste psicológico increíble... la estafa de las preferentes tienen graves consecuencias sanitarias

"En otoño de 2011 estalló la crisis de las preferentes. Cientos de miles de españoles habían perdido sus ahorros por culpa de las malas prácticas bancarias y comenzaban la lucha para recuperarlo. Un drama económico que empezó a resolverse en los tribunales años más tarde gracias a la movilización ciudadana.

Muchos casos particulares abrieron los telediarios, ocuparon páginas enteras de los periódicos. Algún suicidio o intento de suicidio, afectados explicando que llevan años con ansiedad, matrimonios que no aguantaron la crisis y muchos que, al ser mayores, se quedaron en el camino... Aunque, de manera general, no se solía hablar de los perjuicios a la salud.

Hoy, cinco años más tarde, esos daños ocultos son el rastro de una crisis que sobrepasa la estricta estafa financiera. Como unas muñecas rusas del drama: una vez abierto el desastre económico encontramos otro sanitario.

En junio de 2015, un grupo de expertos en economía, derecho, medicina y ética crearon la fundación Finsalud para establecer, de manera científica, asociaciones entre “la pérdida súbita de los ahorros y la salud física y mental de las personas”. (...)

“En un primer momento, me preocupé para que recuperara su dinero, temía que mi padre perdiera sus ahorros de toda la vida y veía que eso le afectaba, pero no tanto en temas de salud aunque sí veía que se pasaba noches sin dormir o con estrés”. Su padre falleció súbitamente pocas horas después de recuperar su dinero. (...)

“Recuerdo a esta mujer gallega que había perdido 6.000 euros, todos sus ahorros, y que fue a su oficina cada día durante dos meses con una pancarta en la que había escrito ‘Devuélveme mi dinero’. Al final, la echaron y siguió tres meses más fuera de la oficina. Fueron cinco meses en la que estuvo completamente sola. Es de este desgaste psicológico del que estamos hablando. Es un desgaste increíble”, sentencia Missé.

En su libro, el periodista relata cómo en Mataró la profesora de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona Ingeborg Porcar investigó y dirigió talleres para preferentistas que ya habían cobrado después de varios años de lucha. Según ella, incluso después de recuperar su dinero, los afectados seguían teniendo “una sensación de absoluto descontrol” sobre sus vidas y muchos seguían traumatizados.

Para Missé, el tema de fondo es el engaño sustentado ya que los afectados confiaban plenamente en su banco, pensando que seguían funcionando como cajas de ahorros, destinados a ayudar al pequeño ahorrador. Pero, de momento, son pocos los casos en los que la justicia ha reconocido los daños morales y otorgado indemnización para ellos.   (...)

La hipótesis de la fundación es que estas estafas bancarias han aumentado el riesgo de enfermedades cardiovasculares, depresiones y crisis de ansiedad que pueden llevar al suicidio, así como un deterioro general de la calidad de vida del afectado.

A principios de octubre, la fundación presentó sus resultados preliminares con un análisis de unos 200 afectados que habían o no recibido compensación (el estudio prevé estudiar un total de 800 casos). Según la investigadora, los resultados finales estarán disponibles en la publicación científica que se encuentra actualmente en revisión.

Estas primeras conclusiones del estudio no son optimistas. En su análisis, los expertos indican que, en comparación con la población general, los afectados por fraude bancario tienen peor calidad de vida, peor calidad de sueño, menos horas de sueño, peor salud mental y peor percepción de la salud.

Un cuarto de las personas afectadas tiene diagnóstico psiquiátrico aunque, según el estudio, un 80% presenta criterios de “posibles casos” psiquiátricos. Además, de manera general, la salud mental de los afectados por preferentes es regular o mala en el 85% de los casos frente a un 20% del conjunto de la población. Y casi todos sufren algún dolor, sobre todo en el cuello o la espalda, donde se acumula la tensión. (...)

En Vilanova de Córdoba, Pedro Vera luchó junto a 300 afectados de su pueblo para recuperar un total de 13 millones de euros. Tras dos años y medio de lucha, lo consiguieron pero, al ser preguntado sobre su estado de ánimo, Vera contestó:

“Me siento un poco frustrado. Al fin y al cabo, hemos logrado que nos den lo que era nuestro, hemos tenido que luchar mucho, con mucho sufrimiento y algunos se han quedado por el camino. Ellos en cambio se han ido de rositas, nadie nos ha pedido ni disculpas ni perdón, eso no es justicia”.

El sufrimiento, añadido al sentimiento de culpa, lleva a algunos a querer olvidar esta época después de cobrar el dinero que pensaban perdido. Serrano explica cómo muchos siguen en trauma, “no les gusta recordarlo”, y eso dificulta el trabajo de investigación de la fundación. Missé coincide con esta versión explicando cómo varios expertos y activistas dejaron de contestarle una vez recuperado el dinero. “Quedan todos agotados de tantos años de lucha y ahora quieren olvidar”, explica el periodista.

Pero si los resultados finales del estudio son concluyentes, Serrano espera que puedan servir para que todos estos perjuicios en la salud sean reconocidos. “Nuestro objetivo es dar argumentos científicos para que la reparación sea lo más total posible”, concluye el economista aunque reconoce que siempre faltará algo que ningún estudio podrá lograr: una disculpa."               (Elise Gazengel, CTXT, 26/10/16)

El saqueo de las cajas de ahorro: en sólo 47 operaciones hubo un desfalco de 3.587 millones de euros (500.000 millones de las antiguas pesetas)

"El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) se ha personado en 24 causas penales contra las entidades nacionalizadas, ha informado el presidente de la entidad, Jaime Ponce, durante su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso. De ellas, 20 han sido iniciadas por denuncias del propio FROB.

 El organismo ha trasladado un total de 47 operaciones supuestamente irregulares de entidades financieras que han recibido fondos públicos; suman un perjuicio económico de 3.587,8 millones de euros que recae sobre los contribuyentes. (...)

El FROB ha remitido cinco operaciones relacionadas con Caja Granada, Sa Nostra y Caja Penedés, que implicaron un quebranto patrimonial de 175 millones. En marzo de este año, ha recordado Ponce, envió a la Fiscalía diez operaciones de las antiguas Bancaja y Caja Madrid, con un perjuicio patrimonial estimado de 1.503 millones. (...)

El presidente del organismo ha recordado que el dinero público empleado por el FROB para la reestructuración del sistema bancario asciende a 58.966 millones de euros. Del total, unos 54.353 millones de euros fueron inyectados para la recapitalización de 11 entidades de crédito, entre las que se destacan Bankia (22.424 millones de euros), Catalunya Banc (13.889 millones), Banco CAM (11.102 millones) y NCG Banco (10.251 millones). 

Sin embargo, las entidades que recibieron más ayudas con relación a sus balances, es decir, con su tamaño, fueron Banco de Valencia (28%), que era filial de Bancaja, Catalunya Banc (18%), Banco CAM (16%), CCM (15%) y NCG Banco (14%). (...)"               (El País, 19/10/16)

La vida que la tarjeta black procuraba a sus propietarios era la de la un derecho de adquisición sin fin, un derecho de pernada capitalista, Comprar sin el engorro de que mengüe la pasta. La debacle moral, política y económica de este país era invisible, intocable, como la fortuna de las black

"El despilfarro era virtual, ahí residía su facilidad, y su magia. Casi todos los acusados en la causa de las Tarjetas black niegan o no recuerdan haber utilizado la tarjeta para sacar dinero. Directamente, descartan que esa función estuviera habilitada. 

El rectangulito de plástico, o mejor, la vida que éste procuraba a sus propietarios, tenía tintes de burbuja, de elusión de la realidad. La pompa inmobiliaria generó fortunas al margen de la verdad del mercado. Y estalló. Las Tarjetas black aportaban una riqueza sin medida esquivando la correcta fiscalidad.

El funcionamiento cumplía una fantasía consumista: saltarse el paso del dinero. Comprar sin el engorro de que mengüe la pasta, sin la certeza de que estás gastando horas de trabajo, horas de vida, en adquirir productos, cosas, caprichos. O sea, eliminó la perspectiva de eso que llaman el sudor de la frente(aunque tampoco es que los de Caja Madrid y Bankia se mataran a hacer horas).

Tarjetas, burbuja, adjudicaciones, financiación ilegal; corrupción. La debacle moral, política y económica de este país ya existía en los años de supuesta bonanza, el camino hacia el abismo estaba desbrozado. El desastre vivía ya, pero era invisible, intocable, como la fortuna de las black.

 Al referirnos a las tarjetas, hablamos de cantidades, de montos, y es necesario hacerlo, pero distorsiona la verdad. Los consejeros no recibían riadas de dinero, sino un derecho de adquisición sin fin: lo más parecido a un derecho de pernada que ha habido nunca en el capitalismo nacional. (...)"                 (Esteban Ordóñez, CTXT, 11/10/16)

Produce un rechazo, una angustia y un asco enorme comprobar cómo los banqueros, personas educadas, poseedoras en su mayoría de fortunas personales más que suficientes, robaron, engañaron, presionaron y maltrataron a ciudadanos ignorantes

"El pasado día 20 se presentó en Madrid el libro de Andreu Missé, director de la revista Alternativas Económicas, titulado La gran estafa de las preferentes: abusos e impunidad de la banca durante la crisis financiera en España. (...)

Este es el texto de la intervención de Gallego-Díaz:

“Quiero decirles que este libro es espeluznante. Que su lectura descompone porque es un relato detallado, impresionante, del fracaso de las instituciones, de la política y del periodismo de este país frente al poder del sistema financiero español.

Un sistema financiero que es perfectamente capaz de planear, de manera consciente y sin el menor reparo moral, una estafa de proporciones gigantescas que consiste en apropiarse mediante el engaño de los ahorros, del dinero, de pequeños clientes que habían depositado en ellos su confianza durante muchos años.

Cierto que los gestores de ese sistema ya se habían asegurado antes de que los pretendidos organismos reguladores no tuvieran ni los mecanismos necesarios para impedirlo, ni la capacidad de sancionarles por ello, pero aún así sigue produciendo un rechazo, una angustia y un asco enorme comprobar cómo personas educadas, poseedoras en su mayoría de fortunas personales más que suficientes, robaron, engañaron, presionaron y maltrataron a ciudadanos ignorantes, sabiendo perfectamente lo que estaban haciendo y exclusivamente en beneficio propio.

Espeluzna el relato ordenado y pausado que va poniendo Missé delante de nosotros, porque nos hace ver la terrible indefensión en la que estamos, el enorme poder que se ejerce sobre nosotros desde el mundo financiero sin que siquiera seamos plenamente conscientes de quienes lo ejercen. De lo sucio que es el mundo financiero cuando se mezcla con el político.

 Según se va leyendo el libro, se va percibiendo cómo las personas, funcionarios o políticos que intentan advertir de lo que estaba ocurriendo o incluso modificar, al menos en parte, los mecanismos a través de los cuales se estaba produciendo la formidable estafa, son apartados, aplastados, ignorados o desviados hacia otros terrenos. 

Missé nos los presenta para que, al menos, reconozcamos su intento: son personas como Jaime Terceiro, Manuel Conthe, Paca Sauquillo, Andrés Herzog, algunos empleados de banca que, a escondidas, advierten a sus confiados clientes, inspectores del Banco de España que escriben uno tras otro informes de denuncia. 

A todos ellos se les debería rendir un homenaje público. Lo mismo que se debería hacer un acto de repudio público (independientemente de su eventual procesamiento) de todos aquellos que ocuparon cargos en aquellos momentos, que era políticos, periodistas y parlamentarios, que sabían o intuían lo que estaba ocurriendo, y que se callaron y fueron tragando la estafa sin mover un dedo. (...)

Permítanme que insista sobre dos de los aspectos de esta historia sobre los que Andreu Missé proyecta una luz poderosa. La primera, la captura del Parlamento por el lobby financiero, perfectamente reflejado en el episodio de la amnistía clandestina que ya se concedió a los bancos por el mismo asunto de las preferentes en 2003. 

Missé relata cómo la diputada socialista Maite Costa presenta un proyecto de nueva ley sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas que pretende impedir que esas preferentes se emitan en paraísos fiscales y, sobre todo, lograr que las sociedades emisoras tributen al menos el 5% en el impuesto de sociedades, sin deducción posible en la cuota. 

Pues bien, Convergencia i Unió, la de Artur Mas y Jordi Pujol, se encarga de lanzar una ofensiva para parar el proyecto, con el apoyo del PP, por supuesto, y finalmente con el acuerdo también del propio PSOE. Mayor victoria para la banca imposible, y mayor demostración de esa captura del Parlamento, también imposible.

El segundo asunto que me gustaría resaltar es el fracaso de los medios de comunicación a la hora de cumplir con su papel e intentar contrarrestar la asimetría en la información de la que habla Missé y que es tan relevante en estos asuntos. 

Los bancos, el sistema financiero en general, funciona con una información muy superior a la que disponen los ciudadanos normales, y sus gerentes y responsables se esfuerzan en que esa información no llegue a sus clientes. 

Se supone que las autoridades del Estado son las encargadas de reequilibrar esa asimetría, exigiendo que los clientes normales tengas acceso a esos datos. Y se supone también que los medios de comunicación van a ayudar a luchar contra esa asimetría, trasladando a un lenguaje común esa información y haciéndola accesible al común de los ciudadanos.

Pues bien, en este caso, ni una cosa ni otra. Y lo que es peor, ni una ni otra cosa están ocurriendo hoy día. Ni las autoridades del Estado han sido capaces de cambiar sustancialmente esa situación de privilegio (es verdad que la normativa europea ha ayudado un poco a mejorar ese desequilibrio) ni, sobre todo, los medios de comunicación han sido, ni son, capaces de colocar los intereses de sus lectores por encima de cualquier otra consideración, y sobre todo, por encima de los intereses de las entidades  financieras. 

Incluso da la impresión de que el papel de los grandes medios de comunicación se empequeñece día a día, al ritmo de sus propias dificultades para pagar sus propios créditos.

Este es un asunto fundamental, porque lo vemos aparecer continuamente y porque es uno de los pilares del abuso. La ignorancia. Lo hemos visto en el problema de la hipotecas, en las cláusulas suelo, en los intereses de demora que son intereses de usura (algo contra lo que legisló mi bisabuelo, nada menos que en las Cortes de María Cristina, a finales del siglo XIX).

 Nada de eso sería tan fácil, si los medios de comunicación cumplieran con su obligación primordial: contar lo que sucede, contar los hechos que se esconden detrás de vocabularios engañosos y cláusulas en letra pequeña. Si los medios de comunicación fueran capaces de defender a sus lectores o televidentes del abuso del mundo financiero.

 ¿No es lamentable que el único periódico que llamara un poco la atención sobre el extrañísimo hecho de que Bankia estuviera colocando sus preferentes a pequeños clientes y no a inversores fuera el Wall Street Journal en una pequeña información, mientras que los medios españoles no contaban absolutamente nada? ¿Estaban a por uvas? (...)"                (Soledad Gallego-Díaz, CTXT, 21/09/16)