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27.1.26

¿Las pensiones son una “estafa piramidal”? ¿Los mayores le están “robando” el futuro a los jóvenes? Las pensiones no son sólo gasto, son motor económico... constituyen un mecanismo de transferencia de rentas que financia el consumo autónomo –el que no depende directamente del nivel de producción–, contribuyendo así a reforzar la demanda y el empleo, y a estabilizar el ciclo económico... muestran un multiplicador superior a 1 –el consumo de los pensionistas genera más actividad de lo que gasta la Seguridad Social en ellos– y, por cada euro gastado, el Estado recupera 42 céntimos... El desafío futuro es asumible. Hoy gastamos en pensiones el 12,7% del PIB y la Airef estima que en 2050 dicho gasto ascenderá al 16%, para ir descendiendo después. ¿Esto es insostenible? Actualmente Austria gasta ya el 14,8% de su PIB en pensiones, e Italia el 16,2%. ¿Realmente alguien se puede creer que España no tendrá capacidad de afrontar, dentro de 25 años, lo que ya hoy asume la Italia de Meloni? Quien apueste por desmontar el sistema público de pensiones como opción ideológica, que no lo esconda detrás de una supuesta insostenibilidad... Redistribuir hacia los jóvenes es necesario. Quienes están preocupados por la falta de inversión en políticas de juventud tienen razón. Pero lo que está roto no es el pacto generacional, sino el pacto social. Reconstruirlo no pasa por espolear el conflicto entre jóvenes y mayores, sino por redistribuir desde quien tiene más capacidad económica hacia quien tiene menos. Podemos empezar, por ejemplo, recuperando la contribución de los grandes grupos empresariales en el Impuesto de Sociedades... Si esta figura tributaria mantuviese actualmente la misma capacidad recaudatoria que tuvo entre 1995 y 2007, las administraciones contarían con 30.000 millones adicionales para políticas de juventud (Nacho Álvarez)

Nacho Álvarez @nachoalvarez_

¿Las pensiones son una “estafa piramidal”? ¿Los mayores le están “robando” el futuro a los jóvenes? Este debate está contaminado por narrativas muy sesgadas. Es necesaria una conversación pública más rigurosa y, para ello, conviene tener en cuenta las siguientes claves 

1. El reto es innegable. 

España tiene hoy ~10 millones de personas mayores de 65 años. En 2050 serán ~15 millones. Garantizar pensiones a esos ‘boomers’ será un desafío real. No hay soluciones mágicas.

2. El reto es asumible. 

 Hoy gastamos el 12,7% del PIB en pensiones. En 2050 será el 16%, según la AIREF. Austria hoy ya gasta el 14,8%, e Italia el 16,2%. ¿Alguien se cree que España no podrá hacer en 25 años lo que Italia puede hacer ahora?

 Llamemos a las cosas por su nombre: quien apueste por desmontar el sistema público de pensiones como opción ideológica, que no lo esconda detrás de una supuesta “insostenibilidad” que no se sostiene empíricamente.

 3. Que aumente el gasto es razonable. 

Si hay más personas mayores, es lógico que destinemos más recursos a garantizar su bienestar. El Estado de Bienestar no se disfruta "por edades", dado todos pasaremos a lo largo de nuestro ciclo vital por sus distintas prestaciones.

 4. Las (autoproclamadas) reformas "pro-juventud” perjudicarían más a los jóvenes. 

Calcular la pensión con toda la vida laboral, o aplicar cuentas nocionales, reduciría más las futuras pensiones de quienes hoy son jóvenes que las prestaciones de los 'boomers'.

 5. La “vida cañón” no llega a la mayoría de pensionistas. 

Según la Seguridad Social, el 40% cobra menos de 1.000 €/mes y el 60% menos de 1.500 €. Solo el 17% supera 2.500 €. Según la ECV, más de la mitad de los mayores de 65 tiene rentas inferiores a los 1.500 €/mes.

6. Las previsiones a 30 años suelen fallar. 

En 1990s, los expertos preveían que en 2025 tendríamos 40 millones de habitantes, 16,7 millones de afiliados a SS y una ratio pensionistas/afiliados del 64%. Sin embargo, somos 49 millones, 21,8 millones de afilados y una ratio del 48%

 Justificar recortes hoy con escenarios futuros tan inciertos es temerario. 

Mejor reforzar ingresos e impulsar políticas que mantengan ritmo de creación de empleo, mejoren productividad, faciliten saldos migratorios... Las proyecciones sirven para prepararse, no para resignarse.

 7. Las pensiones no son sólo gasto, son motor económico. 

 Recientes investigaciones muestran multiplicador superior a 1 –el consumo de los pensionistas genera más actividad de lo que gasta la Seguridad Social en ellos– y, por cada euro gastado, el Estado recupera 42 céntimos.

 8. Redistribuir hacia los jóvenes es necesario. 

Lo que hoy está roto no es el pacto generacional, sino el pacto social. Reconstruirlo no pasa por espolear el conflicto entre jóvenes y mayores, sino por redistribuir desde quien tiene más renta y riqueza hacia quien tiene menos.

 Un ejemplo claro, para empezar: el Impuesto de Sociedades hoy recauda menos que en 2007, pese a que los beneficios empresariales son un 55% superiores. Si recaudase como en la década de 1995-2007, habría 30.000 millones extra para juventud: vivienda, empleo, futuro.

 Desarrollo estas ideas en este artículo, en @CincoDiascom

1:09 p. m. · 22 ene. 2026 64,1 mil Visualizaciones

"Ocho tesis sobre las pensiones.

 Hay temas que difícilmente entran en la agenda política. Y otros, como las pensiones, que nunca salen. Y es comprensible, porque esta partida supone casi un tercio del gasto público total. Sin embargo, el debate sobre esta materia se apoya en narrativas cada vez más sesgadas. La extrema derecha y el discurso anti-boomer hoy se miran de reojo. Los primeros señalan que el sistema de pensiones es “una estafa piramidal” insostenible, que habría que eliminar (en palabras de Silvia Orriols, de Aliança Catalana). Los segundos consideran que en España se está produciendo un atraco, un robo generacional perpetrado por las personas mayores contra los jóvenes. Sus discursos no son iguales, pero a veces se funden y confunden.

Frente a estas narrativas tan sesgadas, resulta necesario que el debate público sobre este pilar esencial de nuestro Estado del Bienestar sea algo más riguroso. Convendría para ello tener en cuenta al menos las siguientes claves.

Primero. El desafío futuro es indiscutible. Hoy hay en España casi 10 millones de personas mayores de 65 años, y el envejecimiento poblacional hará que sean 15 millones en 2050. Garantizar pensiones a todos esos baby boomers será un reto, y no hay varitas mágicas.

Segundo. El desafío futuro es asumible. Hoy gastamos en pensiones el 12,7% del PIB y la Airef estima que en 2050 dicho gasto ascenderá al 16%, para ir descendiendo después. ¿Esto es insostenible? Actualmente Austria gasta ya el 14,8% de su PIB en pensiones, e Italia el 16,2%. ¿Realmente alguien se puede creer que España no tendrá capacidad de afrontar, dentro de 25 años, lo que ya hoy asume la Italia de Meloni? Quien apueste por desmontar el sistema público de pensiones como opción ideológica, que no lo esconda detrás de una supuesta insostenibilidad.

Tercero. Que aumente el gasto en pensiones es sensato. Muchos liberales y anti-boomers reconocen que el sistema es perfectamente sostenible pero argumentan, legítimamente, que a costa de transferir excesivos recursos públicos a los pensionistas. Esta es sin duda una cuestión opinable, sujeta a las preferencias que cada uno pueda tener. Desde mi punto de vista, parece lógico que en una sociedad en la que aumenta transitoriamente el porcentaje de personas mayores, puedan aumentar también las partidas del Estado del Bienestar necesarias para garantizar su capacidad adquisitiva y su bienestar. El Estado de Bienestar no se disfruta por tramos de edad, ya que todos vamos a pasar a lo largo de nuestro ciclo vital por sus distintas prestaciones.

Cuarto. Si se aplicasen las reformas de pensiones que habitualmente se plantean para “favorecer a la juventud”, estas penalizarían más las futuras prestaciones de quienes hoy son jóvenes que las de los baby boomers. Esto se debe a que las reformas suelen introducirse en el sistema progresivamente, afectando menos a quienes hoy se jubilan que a quienes lo harán en el futuro. Así sucede, por ejemplo, con las propuestas para calcular la pensión en función de toda la vida laboral, con las llamadas cuentas nocionales, o con medidas similares al factor de sostenibilidad de la reforma de 2013. Estas propuestas resultarían en pensiones más bajas, pero sobre todo para las futuras generaciones.

Quinto. Meter en el mismo saco a todos los pensionistas es un error. La “vida cañón” no llega a la mayoría de ellos. De los 6,6 millones de pensiones de jubilación que paga la Seguridad Social, el 40% está por debajo de los 1.000 euros mensuales, el 60% es inferior a 1.500 euros y sólo un 17% supera los 2.500 euros al mes. De los 2,3 millones de pensiones de viudedad existentes, el 66% está por debajo de los 1.000 euros al mes. Si atendemos a la Encuesta de Condiciones de Vida, más de la mitad de los mayores de 65 años tienen una renta mensual inferior a 1.500 euros, mientras que un 22% supera los 2.500 euros al mes.

Sexto. Como decía el premio Nobel Niels Bohr, “hacer predicciones es muy difícil, especialmente sobre el futuro”. Sabemos con bastante exactitud cuánta población se jubilará durante las próximas décadas pero, para estimar el futuro gasto en pensiones, debemos además asumir supuestos sobre la evolución del PIB, el empleo, los flujos migratorios o la productividad en los que seguramente nos equivoquemos. De hecho, conviene revisar las hemerotecas. Algunos de los mejores expertos del país (‘La reforma de las pensiones en España’, Perspectivas del Sistema Financiero nº 56, 1996, José A. Herce) preveían hace treinta años que en 2025 tendríamos 40 millones de habitantes, 16,7 millones de afiliados a la Seguridad Social y una ratio entre pensiones y afiliados del 64%. La realidad, sin embargo, es que en España hoy hay 49 millones de habitantes, 21,8 millones de afiliados y una ratio pensiones/afiliados del 48%. Las propias proyecciones de población del INE para 2050 contemplan escenarios muy distintos –con diferencias entre ellos de hasta 16 millones de personas– reconociendo que, sencillamente, no sabemos qué pasará.

Equivocarse en previsiones a tan largo plazo es comprensible y precisamente por ello conviene tomarlas con prudencia. Sería temerario justificar recortes en el presente por un impacto futuro que no conocemos bien. Particularmente después de que las reformas del Gobierno de Coalición hayan reforzado sensiblemente los ingresos de la Seguridad Social para las próximas décadas.

Las proyecciones nos ayudan a gestionar –con incertidumbre y cautela– determinados escenarios futuros. Pero la materialización de dichos escenarios dependerá de las decisiones de política económica que hoy se adopten. Impulsar medidas orientadas a mantener las actuales tasas de crecimiento, a elevar la productividad y la tasa de empleo, o a conseguir saldos migratorios positivos, reducirán el impacto de las pensiones en las próximas décadas. Las proyecciones son útiles para indicarnos cómo debemos prepararnos, no para asumirlas de forma determinista.

Séptimo. Las pensiones públicas no son un mero “gasto”, son un motor económico. De hecho, constituyen un mecanismo de transferencia de rentas que financia el consumo autónomo –el que no depende directamente del nivel de producción–, contribuyendo así a reforzar la demanda y el empleo, y a estabilizar el ciclo económico. Una reciente investigación de la Universidad de Castilla-La-Mancha (Pensions as an Engine of Growth. An Approach to the Spanish Case, Based on the Sraffian Supermultiplier, de E. Febrero y F. Bermejo), revela que el gasto en pensiones en España presenta un efecto multiplicador superior a 1 –el consumo de los pensionistas genera más actividad de lo que gasta la Seguridad Social en ellos– y, por cada euro gastado, el Estado recupera 42 céntimos en impuestos.

Octavo. Redistribuir hacia los jóvenes es necesario. Quienes están preocupados por la falta de inversión en políticas de juventud tienen razón. Pero lo que está roto no es el pacto generacional, sino el pacto social. Reconstruirlo no pasa por espolear el conflicto entre jóvenes y mayores, sino por redistribuir desde quien tiene más capacidad económica hacia quien tiene menos. Podemos empezar, por ejemplo, recuperando la contribución de los grandes grupos empresariales en el Impuesto de Sociedades.

Este impuesto hoy aún presenta una recaudación inferior a la de 2007, a pesar de que los beneficios empresariales son un 55% superiores a los de entonces. En la década previa a 2007 el tipo efectivo del impuesto oscilaba en torno al 20%. Tras la reforma de 2014 se introdujeron nuevas deducciones e incentivos fiscales particularmente favorables para los grandes grupos empresariales, y el tipo efectivo se redujo hasta el 10-11%, nivel en el que aún se sitúa hoy. Si esta figura tributaria mantuviese actualmente la misma capacidad recaudatoria que tuvo entre 1995 y 2007, las administraciones contarían con 30.000 millones adicionales para políticas de juventud. Esto supondría, por ejemplo, multiplicar por tres el actual presupuesto público en materia de vivienda, principal preocupación de los jóvenes. Además, mientras que el ahorro derivado de posibles recortes en las pensiones tardaría décadas en materializarse, una reforma del Impuesto de Sociedades produciría ingresos al día siguiente." 

(Nacho Álvarez, Cinco Días, 03/01/26)

9.12.25

¿Es insostenible el sistema actual de pensiones? En general, se invoca simplemente la llamada “ratio de dependencia”, un indicador puramente demográfico que relaciona la población en edad de trabajar (habitualmente de 16 a 65 años) con la que ya ha cumplido los 65 años. De su evolución, se deriva la conclusión de que habrá cada vez menos cotizantes por cada pensionista. Se olvida que no todos los que tienen edad de trabajar están efectivamente ocupados y cotizando y de que existe margen para que se mantenga o incluso aumente el número de ocupados, aunque disminuya la población en edad de trabajar. Por ejemplo, la llegada de las mujeres al mercado de trabajo ha aumentado considerablemente la proporción de los cotizantes, y la población ha aumentado más que nunca gracias a la llegada de inmigrantes, que alimentan directamente la población en edad de trabajar... La necesidad de recortar ahora las pensiones se argumenta con proyecciones de gasto a treinta o más años vista, pero no contemplan para el futuro lo que ha sucedido hasta ahora: que la llegada de de inmigrantes ha suplido con holgura la escasez de autóctonos... Si, por razones demográficas, las empresas no pudieran cubrir sus necesidades de mano de obra, las consecuencias para España serían desastrosas y superarían ampliamente el ámbito de las pensiones. Es por lo tanto necesario que se elaboren proyecciones demográficas que tengan en cuenta el mercado de trabajo como determinante de los flujos de llegada de inmigrantes, para poder estimar con mayor exactitud el porcentaje del PIB que se prevé dedicar al pago de las pensiones en los próximos años (Juan Antonio Fernández Cordón, Un. París)

 "El debate sobre un supuesto “problema de las pensiones”, que promueven los bancos y las aseguradoras, a través de sus servicios de estudio y de una cohorte de expertos ligados a estos organismos, lleva muchos años presente en España y en otros países. Desde mediados de los años noventa vienen vaticinando la inminente ruina del sistema público, por una causa casi única: el envejecimiento demográfico. Como es fácil de constatar, esta profecía no se ha cumplido en España. Pero esto no impide que sigan intentando alarmar a la población con el mismo anuncio, ahora expresado como “necesidad de garantizar la sostenibilidad futura del sistema”. Este discurso catastrofista se mantiene, a pesar de que la realidad lo desmiente, en gran parte por la enorme capacidad de difusión de la que disponen los interesados en recortar las pensiones públicas, pero también porque no existe un discurso alternativo articulado que justifique el sistema actual y que desmonte la falsedad de los argumentos del lobby recortador. Para desarrollar esa alternativa es necesario reflexionar y actuar en tres direcciones principales: una profundización teórica del sistema público de reparto que sustituya la referencia implícita al sistema de capitalización que fundamenta la mayoría de las críticas y propuestas, un análisis de las proyecciones de gasto que deje claro el modesto papel que juega la demografía en el futuro del sistema y restablezca la importancia de la evolución del mercado de trabajo y de la distribución de la riqueza y, finalmente, sería conveniente artícular fórmulas políticas y legales para blindar las pensiones y ponerlas al abrigo de posibles reformas draconianas, como la de 2013, aprobada gracias a la mayoría absoluta del PP.

¿Qué es un sistema de reparto?

Es cada vez más habitual referirse a este sistema, que es el más antiguo y el más extendido en el mundo, como una forma incompleta y no eficiente, del sistema de capitalización. Así, se le designa, en inglés, como “unfunded system” en oposición negativa a los sistemas de capitalización que son “funded system”. El primero no estaría respaldado por ningún activo financiero, mientras el segundo sí lo está, lo que le otorgaría, según esta visión, mayor garantía. Lo primero que hay que decir es que cualquier sistema de pensiones es una forma, socialmente organizada, de transferir recursos de los activos actuales a los jubilados actuales. No existe, en la práctica, ninguna manera de organizar individualmente el traspaso de recursos de la edad activa al período de jubilación: Robinson no hubiera llegado a viejo en su isla. De manera que hay que preguntarse qué principios y qué mecanismos utiliza cada sistema de pensiones para organizar esta transferencia de recursos. La base de la modalidad de reparto es bien conocida: las cotizaciones de los trabajadores sirven para pagar las pensiones de los jubilados en cada momento, en nombre de la solidaridad entre generaciones. Es el sistema más parecido al que imperaba en las familias extensas donde los mayores se beneficiaban de los recursos aportados por los más jóvenes. Cuando cambió el modelo de familia, intervino el Estado, como intermediario y garante, ingresando las contribuciones de los que trabajan y repartiéndolas a los jubilados. El sistema resultante es contributivo, no porque cada uno ahorre para su pensión futura, sino porque contribuye, en la medida de sus posibilidades (salario), a aportar recursos a los mayores. El importe de la pensión que recibe el jubilado está relacionado con su contribución anterior, pero no determinado mecanicamente por ella, lo que permite introducir una cierta dosis de redistribución en el sistema. Su sostenibilidad financiera depende de la evolución del monto cotizado frente al gasto en pensiones de cada año. Suponiendo que la tasa de cotización sea la adecuada para los parámetros estructurales del sistema, importa la situación del mercado de trabajo y el reparto del PIB entre rendimientos del capital y rendimientos del trabajo, ya que solo de estos últimos salen las cotizaciones. Por su parte, el sistema de capitalización se basa en la compra por los trabajadores de activos financieros con la intención de venderlos a los trabajadores que existan cuando a ellos les llegue la hora de jubilarse. Admitiendo que, en aquel momento, seguirá existiendo un mercado de títulos financieros, se plantean tres tipos de incertidumbre. El primer peligro sería colocar sus ahorros en un activo equivocado, cuya cotización habrá disminuído cuando llega el momento de venderlo. Por ello existen fondos de pensiones que permiten diversificar los activos y diluir ese riesgo entre todos los partícipes, aunque las comisiones de gestión y el beneficio de las entidades gestoras suponen un coste para el ahorrador. El segundo peligro es que el momento de la jubilación coincida con un período de crisis o, simplemente, un momento bajo del ciclo económico, que provoque una disminución generalizada del valor de los activos financieros. El tercer peligro es que el ahorrador viva más de lo que había previsto y tenga que estirar el capital acumulado o asumir el coste de una renta vitalicia. En los modelos basados en la capitalización, todos los riesgos son asumidos por el jubilado. Las ventajas que se les atribuyen son que promueven el ahorro y que los activos que los respaldan son inversiones que favorecen el crecimiento económico, aunque no necesariamente en el país del ahorrador. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, cuando un sistema de capitalización alcanza su regimen de crucero, su funcionamiento no difiere mucho del de un sistema de reparto: las aportaciones de un año compensan lo que se paga a los jubilados de ese año. La diferencia es que un sistema de capitalización habrá acumulado un capital que proviene del tiempo que media entre las aportaciones de los primeros partícipes y el pago de las pensiones correspondientes. Durante aproximadamente cuarenta años, este sistema ingresa sin tener que pagar, lo que le impide, en la práctica, sustituir fácilmente a un sistema de reparto en funcionamiento, pero explica que exista un capital acumulado que genera intereses y, eventualmente, plusvalías, que se añaden a la pensión que recibirá el ahorrador (lo que no deja de ser una forma de detraer recursos existentes, por otras vías).

Estas son algunas de las cuestiones en las que sería necesario profundizar para poder analizar el sistema público actual según su propia lógica y no asimilandolo a otro distinto, que ni siquiera se describe tal como es en realidad.

¿Es insostenible el sistema actual?

El diagnóstico de no sostenibilidad se apoya en la evolución demográfica proyectada, sin entrar en los mecanismos concretos por los que se transmiten los cambios demográficos al equilibrio financiero del sistema público. En general, se invoca simplemente la llamada “ratio de dependencia”, un indicador puramente demográfico que relaciona la población en edad de trabajar (habitualmente de 16 a 65 años) con la que ya ha cumplido los 65 años. De su evolución, se deriva la conclusión de que habrá cada vez menos cotizantes por cada pensionista. Se olvida de que no todos los que tienen edad de trabajar están efectivamente ocupados y cotizando y de que existe margen para que se mantenga o incluso aumente el número de ocupados, aunque disminuya la población en edad de trabajar. Por ejemplo, la llegada de las mujeres al mercado de trabajo ha aumentado considerablemente la proporción de los cotizantes entre los que tienen edad de trabajar y la reducción del paro tiene un efecto similar. Se olvida también de que, a pesar de que hace cuarenta años que la natalidad en España no basta para renovar la población, esta ha aumentado más que nunca gracias a la llegada de inmigrantes, que alimentan directamente la población en edad de trabajar. La “ratio de dependencia” no tiene tampoco en cuenta que una parte de los mayores no depende del sistema de pensiones y que sus recursos pueden provenir de prestaciones llamadas no contributivas, que se pagan con cargo a los ingresos generales del Estado. Un único factor demográfico es relevante para el gasto en pensiones: el aumento de la esperanza de vida de los jubilados. En un sistema de capitalización, como lo es el sistema de cuentas nocionales, por ejemplo, el riesgo de vivir más de lo esperado recae sobre el jubilado, que verá mermada su pensión mensual. Es necesario abrir una reflexión sobre la mejor manera de hacer frente a los costes de este aumento de nuestros años de vida, sin olvidar que es el fruto de un proyecto social de mejora general, que no tienen por qué pagar solo los jubilados, ni olvidar tampoco sus beneficios, que son muchos.

La necesidad de recortar ahora las pensiones se argumenta con proyecciones de gasto a treinta o más años vista. Las que se publican en el Ageing Report, un informe de la Comisión Europea, subestiman considerablemente la capacidad productiva futura de nuestra economía, al transmitir mecanicamente la disminución de la población en edad de trabajar que anuncian las proyecciones demográficas, a la población efectivamente ocupada. No contempla para el futuro lo que ha sucedido hasta ahora: que la llegada de de inmigrantes ha suplido con holgura la escasez de autóctonos. De hecho, es más bien la población ocupada, que depende de la demanda de las empresas, la que determina la población en edad de trabajar, por la llegada de inmigrantes, y no al revés. Si, por razones demográficas, las empresas no pudieran cubrir sus necesidades de mano de obra, las consecuencias para España serían desastrosas y superarían ampliamente el ámbito de las pensiones. Es por lo tanto necesario que se elaboren proyecciones demográficas que tengan en cuenta el mercado de trabajo como determinante de los flujos de llegada de inmigrantes, para poder estimar con mayor exactitud el porcentaje del PIB que se prevé dedicar al pago de las pensiones en los próximos años.

Prevenir reformas futuras indebidas.

Podemos anticipar actualmente tres niveles de amenaza para el futuro. En lo inmediato, existe la posibilidad de que la Comisión Europea obligue a realizar un ajuste, si prevalecen las proyecciones del Ageing Report que, como ya se ha visto, se basan en supuestos erróneos sobre la economía española. Más adelante, de aquí a unos dos años, la posibilidad de un cambio de mayoría política abriría la puerta a reformas, llamadas paramétricas, para modificar la edad de jubilación, el cálculo de la pensión inicial (alterando el período de cómputo de la base reguladora o introduciendo un factor para disminuirla si aumenta la esperanza de vida) y la fórmula de revalorización anual. Finalmente, a medio plazo, las entidades financieras y su entorno académico proponen con insistencia la implantación del sistema de cuentas nocionales, que tiene todos los inconvenientes para los trabajadores de un sistema de capitalización, con el agravante de que incluye mecanismos automáticos para eliminar, antes de que se produzcan, los déficits eventuales anticipados, mediante una disminución de las pensiones, tanto las que se están pagando en ese momento, como las futuras.

Las pensiones representan un frente de batalla importantísimo. El extraordinario empeño por reducirlas se debe, en primer lugar, a que son el elemento de la retribución de los trabajadores que, hasta ahora, mejor ha resistido la presión a la baja, al contrario de los salarios, que llevan en España veinticinco años congelados en términos reales, y, en segundo lugar, que un sistema público con simples pensiones de subsistencia, favorecería sobremanera el gran negocio de los fondos privados, del que se benefician los bancos y las aseguradoras.

La única forma, o al menos la más eficaz, de prevenir estos peligros sería incluir en nuestra Constitución una serie de restricciones a eventuales reformas del sistema público. En su defecto, sería posible plantear una Ley Orgánica de Pensiones renovada, en la que figuren los mecanismos necesarios, y las restricciones a reformas eventuales, para asegurar la sostenibilidad social del sistema. El objetivo sería la garantía de una pensión digna, que permita al jubilado mantener su nivel de vida anterior, teniendo en cuenta la nueva situación, lo que podría traducirse en fijar la pensión inicial utilizando una tasa de reemplazo calculada en función de los ingresos anteriores y de la posible disminución de las necesidades en la situación de jubilado. De esta manera, la tasa de sustitución de ingresos pasaría a ser un parámetro esencial en el sistema de reparto, que permitiría valorar el impacto de cualquier reforma y sería el objeto principal de la negociación entre las partes implicadas.

Conclusión

El debate en torno a las pensiones va a seguir y la ofensiva contra el sistema público se acrecienta en España debido a que la serie de reformas promovidas por el actual gobierno de coalición han tenido, por primera vez, más en cuenta el interés de los que se jubilan que el de las entidades que buscan hacer negocio. Frente a los medios de que disponen los partidarios de reformas a la baja, que han conseguido que sus tesis se erijan en pensamiento dominante, si no único, es necesario elaborar un discurso a la vez crítico y propositivo. Los comentarios anteriores se enmarcan en los tres ejes principales que, en nuestra opinión, deben estructurar un discurso progresista sobre las pensiones. A la incesante marea de estudios y opiniones que pretenden demostrar que el sistema no es sostenible y, por tanto, que es necesario reformarlo reduciendo el gasto, debe oponerse un discurso coherente, bien argumentado y apoyado en hechos, que no esté contaminado por los intereses del mundo financiero y, al contrario, tenga en cuenta con claridad el objetivo de una pensión digna para todos y elementos tan importantes como la evolución del reparto de la renta y de la riqueza y el aumento inquietante de las desigualdades." 

( 

20.11.25

Se viene difundiendo reiteradamente la idea de que nuestro sistema de pensiones es excesivamente generoso, con el argumento de que los pensionistas reciben bastante más de lo que aportaron, proponiendo que es necesario rebajar las pensiones, si queremos que el sistema sea justo y sostenible a largo plazo... Sin embargo, estas tesis realmente no son ciertas y los datos demuestran que nuestro sistema de pensiones contributivas es sostenible, solidario y equilibrado en el largo plazo... Para verificarlo hemos cuantificado el valor actual de las cotizaciones de los trabajadores/as que se jubilan en 2025 y las hemos comparado con el valor actual de las pensiones que van a percibir, ellos y sus beneficiarios (por viudedad, orfandad y en favor de familiares) durante los años de su esperanza de vida... La comparativa confirma que los valores son prácticamente equivalentes... El indicador que mide esta equivalencia (Factor de Equidad Actuarial) es 1,01, lo que revalida que el sistema está equilibrado. Es decir, da en pensiones aproximadamente el mismo valor que lo aportado en cotizaciones, por lo que es plenamente sostenible (Fernando de Miguel Lázaro)

 "Numerosos informes y artículos de opinión vienen difundiendo reiteradamente la idea de que nuestro sistema de pensiones es excesivamente generoso, con el argumento de que los pensionistas reciben bastante más de lo que aportaron, proponiendo que es necesario rebajar las pensiones, si queremos que el sistema sea justo y sostenible a largo plazo.    

Sin embargo, estas tesis realmente no son ciertas y los datos demuestran que nuestro sistema de pensiones contributivas es sostenible, solidario y equilibrado en el largo plazo.

Es más, el sistema, con sus últimas reformas, consigue fortalecer estos objetivos, incluso a pesar de que los importantísimos superávits que produjo en el periodo 1977-2011 no se guardaron para la atención de las pensiones futuras, que era su finalidad, sino que se incorporaron a los Presupuestos Generales para financiar las necesidades generales. De hecho, ésta es la razón principal de los déficits actuales, con independencia de su equilibrio a largo plazo (1).

Para verificarlo hemos cuantificado el valor actual de las cotizaciones de los trabajadores/as que se jubilan en 2025 y las hemos comparado con el valor actual de las pensiones que van a percibir, ellos y sus beneficiarios (por viudedad, orfandad y en favor de familiares) durante los años de su esperanza de vida, estableciendo hipótesis sobre la evolución económica y demográfica futura basadas en datos de periodos largos que abarcan distintas coyunturas.

Se ha tenido en cuenta las cotizaciones de los jubilados con 65 años y un mínimo 38,5 años cotizados, las de jubilación ordinaria de 66,7 años y las de las jubilaciones anticipadas o por invalidez, teniendo en cuenta sus años medios de cotización. También, a los que cotizaron con una base mayor a la pensión máxima, a los que les correspondería una pensión mayor, pero reciben la pensión máxima y, por tanto, contribuyen solidariamente.

En el cálculo de las pensiones, se ha tenido en cuenta la esperanza de vida separadamente de hombres y mujeres, para recoger las pensiones de viudedad, en general de mujeres, por su mayor esperanza de vida, así como las de orfandad o en favor de familiares, ambas de importes poco significativos.

La comparativa confirma que los valores son prácticamente equivalentes, como se detalla en el cuadro adjunto. El indicador que mide esta equivalencia (Factor de Equidad Actuarial) es 1,01 (2), lo que revalida que el sistema está equilibrado. Es decir, da en pensiones aproximadamente el mismo valor que lo aportado en cotizaciones, por lo que es plenamente sostenible.

El sistema es algo menos generoso con quienes han tenido carreras largas e ininterrumpidas de cotización, especialmente si cotizaron por encima de la pensión máxima y más generoso con quienes sufren una incapacidad permanente o tienen carreras cortas o lagunas de cotización, pero, en conjunto, el sistema, además de solidario, es sostenible y está actuarialmente equilibrado.

Debe remarcarse que no se incluye en estos cálculos las modificaciones de la reforma de 2023, que fortalecen la sostenibilidad del sistema de pensiones: el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, la Cuota de Solidaridad y los incentivos para incrementar los años de cotización. 

Y si esto es así, ¿por qué intentan, casi a diario, convencernos de lo contrario?

Además del carácter interesado que puedan tener muchos informes y opiniones, algunos se presentan como estudios técnicos independientes y fiables, como el que publicó hace unos meses el Instituto de Actuarios Españoles (3). Estas publicaciones exigen un especial análisis crítico, porque son la base para artículos periodísticos o declaraciones, que difunden, sin revisión suficiente, sus conclusiones.

Este estudio de los actuarios está realizado sobre una muestra de individuos tipo que también se jubilan en 2025, con cotización ininterrumpida y bases medias de cotización, pero llegan a un Factor de Equidad Actuarial de 1,61. Es decir, que, aparentemente, los jubilados recibirían la equivalencia de 1,61 euros de pensión por cada euro cotizado (un 61% más). Así, según este estudio, la pensión media de jubilación actual de 1.506€, debería rebajarse hasta los 935€ para ser equilibrada (?).

Estas conclusiones se presentan como una verdad matemática irrefutable, anticipo del colapso del sistema público de pensiones, que sufrirán las generaciones más jóvenes.

Pero, claramente, estas conclusiones no son ciertas.

Por un lado, se sostiene que el crecimiento del PIB en el futuro será muchísimo más bajo (poco más de la mitad) que el crecimiento medio de los últimos cuarenta años, pese al notable crecimiento actual, por un supuesto estancamiento poblacional, en contradicción con el fuerte crecimiento existente y las proyecciones del INE, que estima un crecimiento poblacional sostenido. Esta hipótesis, totalmente forzada, incrementa injustificadamente el desequilibrio que plantean.

Por otro lado, a pesar de que la muestra, como hemos dicho, es solo de individuos que se jubilan en 2025 habiendo cotizado de forma ininterrumpida y con bases medias de cotización y se les estima la esperanza de vida media de hombres y mujeres, sin embargo, para calcular sus pensiones solo se tienen en cuenta el 57,7% de sus cotizaciones, para llegar finalmente a la conclusión de que reciben un 61% más por cada euro cotizado.

Justifican esta decisión en que solo analizan la “contingencia de jubilación” y no el resto de las pensiones (invalidez, viudedad, orfandad y familiares) y por eso solo aplican un porcentaje de lo cotizado, igual al porcentaje del gasto en pensiones de jubilación sobre el gasto total de pensiones que, según ellos, es del 57,7% (4).

Sin embargo, este razonamiento carece totalmente de sentido, puesto que los componentes de esta muestra, tal como está efectuada, no van a percibir pensión de invalidez, es sumamente improbable que sus posibles beneficiarios perciban las de orfandad o de familiares, ni tampoco las de viudedad, porque se ha calculado la duración de la pensión según la supervivencia media de hombres y mujeres. Por lo tanto, la parte de las cotizaciones no tenidas en cuenta (casi la mitad) no percibirán prácticamente ninguna contraprestación.

Esta inconsistencia no se tiene en cuenta en este estudio. Si se tuviera en cuenta el efecto de la totalidad de las cotizaciones, su Factor de Equidad Actuarial en lugar de ser el 1,61 que establecen, sería inferior a la unidad, desmontando el argumento, El estudio presenta, por tanto, una visión claramente sesgada e induce al lector a posiciones totalmente erróneas.

En conclusión, la única forma razonable de validar la equidad de nuestras pensiones contributivas es comparar la totalidad de las cotizaciones y las prestaciones de sus usuarios, como se ha detallado más arriba, lo que da como resultado que el sistema es solidario, sostenible y equilibrado. Por tanto, el legítimo derecho de los pensionistas a no ver recortadas sus pensiones por pura justicia social, es, además, un derecho avalado por sus propias cotizaciones.

(1) Sobre este tema véase nuestro artículo https://economistasfrentealacrisis.com/la-generacion-del-baby-boom-si-financio-sus-pensiones-futuras/ (WEB Economistas Frente a la Crisis).

(2) El Factor de Equidad Actuarial es el indicador que mide el equilibrio actuarial de las pensiones con las cotizaciones. Cuando es igual a uno quiere decir que lo que se recibe es financieramente equivalente a lo que se aporta.

(3) https://actuarios.org/wpcontent/uploads/2025/03/InformeInstitutoActuariosPensionesFeb25.pdf

(4) Los datos medios de las altas de enero a junio 2025 de la Seguridad Social arrojan porcentajes significativamente más altos del 57,7% de este estudio."

(Fernando de Miguel Lázaro y José María Diez-Picazo, Economistas frente a la crisis, 05/11/25)

 

"Ni las pensiones en España son más generosas, ni la renta de los pensionistas españoles es más elevada.

 Antes de las vacaciones algunos medios de comunicación se hicieron eco de la publicación por la Fundación BBVA y el IVIE de un extenso e interesante trabajo que lleva por título Formación, transición digital y calidad de vida de los mayores en España. La recopilación de datos nacionales y las comparaciones con otros países europeos acerca de las condiciones de vida de las personas mayores en España, así como de su evolución en los últimos años, constituyen un esfuerzo interesante en muchos aspectos y de recomendable lectura.

Sin embargo, algunos medios de comunicación se han hecho eco de algunos datos e interpretaciones[i] que, a pesar de sus llamativos titulares, no se ajustan, en mi opinión, a un análisis riguroso de los datos, y llevan a los lectores a conclusiones erróneas. Esencialmente que las pensiones en España son tan elevadas y generosas que hacen que los jubilados españoles sean más ricos que los europeos. Y que, además, esa “excesiva generosidad” de las pensiones ocasiona que muy pocos jubilados españoles quieran seguir trabajando, al contrario que en los restantes países de nuestro entorno.

Estas noticias se enmarcan, además, en una campaña un tanto grosera de ataques injustificados y carentes de rigor a las pensiones en España.

Analicemos punto por punto las dos afirmaciones literales (que se destacan en los titulares de las noticias), y veamos algunas objeciones y puntualizaciones que merecen.

  1. “La generosidad del sistema público de las pensiones español, y la revalorización de estas con el IPC, para evitar la pérdida de poder adquisitivo por la crisis de inflación [han conducido a] que nuestros jubilados son ya un 6,4% más ricos que los vecinos del entorno comunitario”.

En primer lugar, ¿son tan generosas las pensiones públicas españolas? ¿Qué dicen los datos?

Las llamadas tasas de reemplazo de las pensiones que se utilizan a menudo para medir esa “generosidad” comparada de las pensiones se definen, en la descripción de Eurostat utilizada por el trabajo que estamos comentando, como: la relación entre la mediana de las pensiones brutas de las personas de 65 a 74 años, excluyendo otras prestaciones sociales, y la mediana de los ingresos brutos de las personas de 50 a 59 años, ambas igualadas por las paridades de poder de compra.

Este indicador era en España, a comienzos de la década de 2010 (como se observa claramente en la tabla siguiente), inferior a la media europea y también a la mayoría de los países occidentales de la Unión Europea (UE-15) con los que debemos hacer, por homogeneidad económica y social, la comparación (que suponen el 77% de la población de la UE). Sin embargo, ahora los datos de Eurostat calculan que sucede todo lo contrario: esas tasas españolas han pasado a ser “de golpe” unas de las dos mayores de la UE. Significativa, y en buena medida sorprendentemente, sólo por detrás de Grecia cuyas pensiones ocupan el primer puesto (¿?) en materia de generosidad de estos países de la Unión Europea.

¿Qué ha pasado con las tasas de reemplazo en España (y también en Grecia) entre 2010 y 2023, para que pasmosamente hayan pasado en sólo unos pocos años de ser de las más bajas a las más generosas de Europa? La respuesta es NADA que tenga que ver con un aumento de la generosidad de las pensiones, más bien todo lo contrario: se trata en realidad del efecto aritmético de la tasa vinculado con los cambios en las variables (fundamentalmente en su denominador: la mediana de los ingresos brutos de las personas de 50 a 59 años) que se han producido en este periodo.

Sobre ello, en el caso de España se deben distinguir dos periodos. 1.- Entre 2010 y 2020 se producen reformas de las pensiones en 2011 y 2013 que conllevan, ambas, reducciones de sus cuantías respecto a su tendencia anterior, por lo que el aumento de la tasa de reemplazo sólo es coherente con una caída muy intensa del denominador: los ingresos de las personas de entre 50 y 59 años, que es exactamente lo que se produjo durante los años de la crisis financiera debido al fuerte incremento del paro también entre las personas de más edad y por el derrumbamiento de sus salarios, lo que elevó la tasa de reemplazo sin que se produjera mejora alguna de las pensiones. 2.- Entre 2021 y 2023 operan dos fenómenos. Por un lado, se restablece la revalorización de las pensiones con la inflación, eliminada en 2013, coincidiendo además con el periodo fuertemente inflacionista a partir de la invasión de Ucrania por Rusia. Y por otro, los ingresos de las personas de entre 50 y 59 años (el denominador de la tasa) se ven nuevamente mermados por la depresión de los salarios reales (nuevamente por el efecto de la elevada inflación) que se produce con mucha mayor intensidad que en otros países.

En definitiva, la mayor parte del avance de las tasas de reemplazo de las pensiones en España se ha producido por la caída de los ingresos reflejada en el denominador de la tasa y no indica por lo tanto que las pensiones españolas se hayan vuelto repentinamente «muy generosas» (otros indicadores como, entre otros que se citarán más adelante, la elevada tasa de pobreza de los pensionistas españoles así lo muestran), sino que en otros países no se ha producido, al contrario que en España, con esa magnitud el fenómeno de caída de los ingresos de las personas de entre 50 y 59 años (antes de la jubilación) durante un largo periodo de años, lo que ha conducido a que la relación entre las pensiones de los ya jubilados y los ingresos de las personas cercanas a la jubilación no aumente como en nuestro caso.

Con toda probabilidad se trata de un fenómeno muy similar al que ha provocado que la tasa de reemplazo de las pensiones en Grecia haya pasado, en los años de fuerte depresión económica provocada por las impuestas políticas de ajuste, de ser muy baja en 2010 a ser la más alta de la UE en 2023.

Hay un segundo aspecto relacionado con esa imaginaria “generosidad” hacia los pensionistas españoles que no forma parte de la medición en sí misma de la tasa de reemplazo: los pensionistas de cada país reciben, además de sus pensiones, otras prestaciones públicas que se suman a las pensiones y… estas son (igualadas por las paridades de poder de compra) mucho mayores en la mayoría de los países que en España. Por lo que una adecuada medición del grado de generosidad de las pensiones debería considerar todas las rentas públicas que reciben las personas en la etapa de su jubilación.

En efecto, esas otras prestaciones dinerarias son superiores a las españolas en el promedio de la UE-27 y en la Eurozona, y mucho mayores (incluso más que las duplican), como se observa en la tabla siguiente, en ocho de los catorce países occidentales de Europa.

https://economistasfrentealacrisis.com/ni-las-pensiones-en-espana-son-mas-generosas-ni-la-renta-de-los-pensionistas-espanoles-es-mas-elevada/

Por último, es preciso analizar el supuesto “sorpasso” de la renta (corregida por las paridades de poder de compra de cada país) de los pensionistas españoles, que al parecer serían ahora un 6,4% más ricos que los europeos.

Se trata de un dato que, en primer lugar, sólo responde a que la comparación se realiza con los Veintisiete países de la UE, de los que muchos de ellos corresponden a los países del este de Europa de nivel económico y renta por habitante muy inferior al de España. Pero, si esa comparación se realiza con los países del entorno al que verdaderamente pertenecemos en la UE (ver la siguiente tabla), los occidentales o de la UE-14 (que suponen, como se señaló antes, el 77% de la población de la UE), la situación es muy diferente.

Por debajo de España en esa tabla mencionada se sitúan sólo Suecia, Dinamarca, Finlandia (todos bastante cerca de nuestro país) y Portugal y Grecia (bastante más lejos). Y por encima están Luxemburgo, Austria, Alemania, Francia, Holanda, Irlanda, Bélgica e Italia. Por lo tanto, los países que bajan la media europea y sitúan a España por encima de esta serían fundamentalmente los del este de Europa.

Así, en este caso, la comparación con la media europea –y el exagerado y manipulador mensaje que pretende resaltarse: que los pensionistas españoles ya son incluso más “ricos” que los europeos- pierde su significación. Porque, más allá de ese 6,4%, en sí mismo verdaderamente trivial y seguramente puntual y cambiante, la renta mediana de los jubilados españoles sigue siendo inferior a la de la mayoría de los países de nuestro verdadero entorno.

En segundo lugar, dado que la medición se realiza en paridades de poder de compra (PPS), esto supone que los niveles de renta y de pensiones de los pensionistas de la mayoría de los países comparables de la UE (los occidentales) están muy por encima de los españoles, porque sus niveles de precios, claramente muy superiores a los españoles, hacen que la comparación, siendo adecuada para expresar teóricamente niveles de consumo, no indique expresamente que las pensiones españolas sean como se pretende de cuantías más elevadas.

Por otro lado, se ofrece (tabla siguiente) la medición exclusivamente del conjunto de las pensiones (asimismo en paridades de poder de compra) por habitante, tanto contributivas como mínimas y no contributivas, pero sin contar, como sí lo hacía la comparación anterior, con otras fuentes de renta distintas de las pensiones y no vinculadas con ellas.

Además, en esta nueva tabla se facilitan los datos en términos medios y no de renta mediana, porque esta última supone una medición que, por una parte, no contempla de la misma manera las pensiones más altas, que son mucho más frecuentes en otros países que en el nuestro, y por otro, la información de esta nueva tabla deja fuera las otras fuentes de renta que pueden distorsionar la comparación estricta de las pensiones.

Con esta nueva medición se obtienen los datos comparados directos de las pensiones en el conjunto de los países considerados (el 77% de la población de la UE). Los resultados son evidentes: las pensiones en España se encuentran en el penúltimo lugar, sólo por encima de Irlanda, y netamente inferiores incluso a la media de los Veintisiete.

  1. “La formación contribuye a prolongar la vida activa de los trabajadores sénior, sin embargo, la tasa de actividad de los mayores de 65 en España apenas llega al 3,7%, frente a la media europea del 6,6%”.

La segunda de las afirmaciones de los artículos mencionados se refiere a una supuesta menor tasa de actividad laboral de los pensionistas españoles respecto a los demás europeos. Nuevamente nos encontramos con un dato que ofrece una idea equívoca de la situación de los mayores, es decir, de las personas pertenecientes al grupo de edad de la jubilación.

En realidad, los datos muestran que las tasas de actividad de los españoles mayores de 65 años son muy similares a las de la media de los europeos. Veámoslo más claramente analizando el inverso de esas tasas. Los inactivos con más de 65 años son en España el 96,3%, y en el conjunto de la UE el 93,4%, la diferencia no llega ni a tres puntos porcentuales. En ambos casos, más de nueve de cada diez personas en edad de jubilación son inactivas, precisamente porque –como resulta bastante lógico y comprensible- han terminado su etapa de actividad laboral y han pasado a ser pensionistas.

¿Qué se pretende decir destacando unas diferencias tan absolutamente irrisorias como que menos de tres de cada cien europeos mayores son laboralmente más activos que los españoles? ¿Quizá nuevamente que las pensiones en España son tan elevadas y generosas que desincentivan a trabajar después de la jubilación? Nada de esto, como analizaremos a continuación, tiene ni sentido ni relevancia.

La afirmación anterior respecto a la supuestamente menor tasa de actividad de los pensionistas en España se conjuga en los medios con otro dato. A saber: que la tasa de Ninis (aquellas personas sin empleo que ni estudian ni trabajan) se eleva hasta el 38,1% en el colectivo de 55 a 64 años, edades previas al momento de la jubilación, y se dispara al 90,4% en el caso de los mayores de entre 65 y 74 años, siendo en ambos casos muy superior a la de los jóvenes.

Como ya se ha dicho, parece bastante lógico que eso suceda en el caso de los mayores de 65 años que precisamente han llegado al momento de su jubilación. Por su parte, la comparación entre la proporción de ninis en los jóvenes y las personas en la misma situación con edades previas a la jubilación (55 a 64 años) merece, sin embargo, un comentario aparte.

Las personas mayores de 55 años que han sido expulsadas del mercado de trabajo no tienen apenas ninguna oportunidad en España de conseguir un empleo. Porque son mayoritariamente de baja formación y empleos poco cualificados, porque en las empresas opera claramente un “edadismo” que les margina de cualquier posibilidad de contratación, y porque finalmente (para redondear su desgracia) no cuentan con políticas de empleo que les ayuden (las Políticas Activas de Empleo son extremadamente débiles e ineficaces, y van dirigidas, todas ellas, pero en especial las de formación, a los más jóvenes y escasísimamente a los mayores, a los que se margina de las posibilidades de volver al empleo). Esta es la razón por la que, a pesar de contar con subsidios de desempleo muy inferiores al SMI y al umbral de pobreza, parezca que estas personas se han desentendido del empleo cuando nada de eso es cierto en la inmensa mayoría de los casos: han sido rechazados y abandonados.

Pero, como nos temíamos más arriba, todo esto (al igual que antes el asunto de la baja actividad de las personas jubiladas), en las noticias mencionadas termina por atribuirse a la supuesta generosidad de las pensiones, verdadero objetivo que pretenden transmitir esas publicaciones: “unas pensiones relativamente generosas respecto al salario, con una pensión mediana próxima al 80% del salario mediano de los mayores en España frente a menos del 60% para la media EU-27” son las causas imputadas.

  1. En conclusión

Un estudio amplio e interesante sobre la situación de los mayores en España en comparación con los europeos ha terminado por generar algunas ideas equivocadas cuando se ha pretendido demostrar que las pensiones en España son tan en exceso generosas que los jubilados españoles ya son más ricos que los europeos, lo que además causaría problemas sobre el empleo de los mayores.

Pero, todo esto no se ajusta a la evidencia disponible como se ha ido analizando punto por punto. El resumen de todo ello permite destacar una serie de conclusiones.

  1. El estudio analizado utiliza comparaciones en términos de ingresos de las personas mayores y no solamente de pensiones, lo que no es equivalente y no permite extraer conclusiones claras sobre estas.
  2. Las comparaciones, cuando se hacen en términos de la mediana de rentas obvian las grandes diferencias que existen en España respecto a los demás países en la mitad superior de la población, cuyas rentas totales (no sólo las pensiones, que también) son mucho más elevadas que en nuestro caso.
  3. Esas comparaciones se hacen, además, con el promedio de los Veintisiete países de la UE, lastrado por un amplio conjunto de países de rentas y pensiones muy bajas (los del este de la Unión), lo que en este caso distorsiona claramente la realidad. Si el contraste se realiza con los países de nuestro verdadero entorno (cuya población es el 77% de la UE), que representan mejor el contexto de desarrollo económico y social al que pertenece España, tanto las rentas de nuestros mayores como sus pensiones están a la cola de esos países con los que debemos compararnos.
  4. Si la comparación se realiza centrándose de forma exclusiva en las pensiones medias en paridades de poder de compra, sin introducir otras fuentes de renta ajenas a las mismas, las pensiones españolas se sitúan las penúltimas del grupo de los catorce países de la parte occidental de la UE.
  5. La tasa de reemplazo (en la definición de Eurostat) no muestra una alta generosidad de las pensiones españolas, sino esencialmente la caída mucho mayor que la de los países comparables y durante muchos años de los niveles de ingresos de las personas de 50 a 59 años especialmente durante los años de la gran crisis financiera.
  6. Para comparar si las pensiones son o no son altas hay que añadir también las restantes prestaciones públicas que reciben las personas jubiladas, que elevan sustancialmente la pensión en muchos países, y mucho más que en España.
  7. En la perspectiva de la actividad laboral, las tasas de actividad, así como las situaciones en las que las personas mayores no trabajan ni estudian, no pueden compararse con las de las generaciones más jóvenes: son momentos vitales distintos. En el caso de las personas ya jubiladas, las tasas de actividad son tan bajas como en los demás países europeos. En el de las personas mayores con edades previas a la jubilación (de 55 a 64 años), en España una proporción mucho mayor que en otros países se encuentra desempleada y marginada del empleo por la negativa de las empresas y por una absoluta falta de ayudas por parte de las políticas de empleo.
  8. Todas estas situaciones, en definitiva, nada tienen que ver con una supuesta generosidad de las pensiones. Primero, porque para las personas ya jubiladas la muy mayoritaria situación de inactividad en España no es en absoluto diferente de la de los restantes países europeos. Y segundo, porque poco pueden influir las pensiones sobre el grado de actividad de las personas que no han alcanzado la edad de jubilación" 

( 

14.10.25

El desarrollo de un sistema mixto de financiación proporcionada por cotizaciones e impuestos como el que se está estableciendo en España no es ninguna extravagancia... “las pensiones contributivas son el principal instrumento igualador de las diferencias de renta en España”... Las pensiones son el mecanismo más eficiente de nuestro modelo social. Nuestro problema de no es de un exceso de generosidad. Hacen falta más impuestos para asegurarlo y reducir las desigualdades (Andreu Missé)

 "Un reciente y oportuno estudio titulado Preocupada y un tanto desorientada: la sociedad española ante las pensiones, elaborado por Funcas, pone al descubierto el bajo nivel de conocimientos de los ciudadanos sobre las pensiones. Solo uno de cada ocho españoles conoce cómo se financian las pensiones. Este desconocimiento dificulta la comprensión de la llamada generosidad del sistema. Diferentes estudios demuestran que por término medio la Seguridad Social devuelve más de lo aportado a ella. Esta alta rentabilidad del sistema público español es la base sobre la que se apoyan los análisis para justificar la insostenibilidad financiera del sistema de pensiones.

El sistema español de pensiones públicas es un sistema de reparto. Las cotizaciones de las empresas y los trabajadores se destinan inmediatamente para pagar las pensiones. Como en los últimos años estas aportaciones han sido insuficientes, ha sido necesaria una creciente aportación del Estado para equilibrar el sistema.

La participación del Estado en la financiación de las pensiones, cuyos ingresos fundamentales provienen de los impuestos, no resulta nada excepcional. Después de la Segunda Guerra Mundial en Europa se consolidaron dos grandes modelos de la Seguridad Social, basados en el reparto. El sistema alemán, establecido originariamente por el canciller Bismarck, en 1881, en el que los ingresos proceden de las cotizaciones de empresarios y trabajadores. Es el seguido, con determinadas particularidades por Francia, Italia y España. Por el contrario, en el Reino Unido, se implantó un modelo público también de reparto, diseñado por William Beveridge en 1942, cuya financiación se realiza a través de impuestos. En este contexto, el desarrollo de un sistema mixto de financiación proporcionada por cotizaciones e impuestos como el que se está estableciendo en España no es ninguna extravagancia.

La extraordinaria relevancia de las pensiones en el conjunto de la economía española implica que no se puedan analizar de forma aislada. Las pensiones públicas en España son el mayor instrumento de redistribución de la renta. Un estudio referencial, Los efectos redistributivos de las prestaciones sociales y los impuestos: un estado de la cuestión, realizado en 2020 por los catedráticos Luis Ayala y Olga Cantó, concluía que “las pensiones contributivas son el principal instrumento igualador de las diferencias de renta en España”. No obstante, la reducción del 20,27% de la desigualdad por efecto de las pensiones en España, fue superada por otros países con sistemas más generosos, como Alemania (27,13%), Italia, (25,25%) y Francia (24,60%) con datos de 2018.

La situación ha mejorado significativamente en España en los dos últimos años, con subidas de las pensiones mínimas y no contributivas del 12% y 15,4%, respectivamente. A pesar de ello y de la implantación del Ingreso Mínimo Vital, la pobreza severa ha seguido creciendo hasta alcanzar a 4,1 millones de personas y la infantil sigue estancada en el 34,6%, según la Red de Lucha contra la Pobreza. Las pensiones son el mecanismo más eficiente de nuestro modelo social. Nuestro problema de no es de un exceso de generosidad. Hacen falta más impuestos para asegurarlo y reducir las desigualdades." 

(Andreu Missé , El País, 13/10/25) 

13.7.25

A pesar de que la Unión Europea, fiel defensora de la contención, por no decir los recortes, de las pensiones, ha dado su visto bueno a la situación actual de nuestro sistema público de pensiones, los ataques no cesan por parte de diferentes grupos autodenominados “de expertos”, financiados por el sector financiero... La conclusión, que no se menciona en el texto, es que, con la legislación actual, la variación de la Tasa Bruta de Reemplazo será mínima de aquí a 2065... Se puede comprender que los bancos y las aseguradoras promuevan y financien estudios cuyos resultados favorecen sus intereses. Menos comprensible es que eso incluya estudios cuya única aportación es un título llamativo, que no se justifica por el contenido, como ocurre en este caso (Juan Antonio Fernández Cordón)

 "A pesar de que la Unión Europea, fiel defensora de la contención, por no decir los recortes, de las pensiones, ha dado su visto bueno a la situación actual de nuestro sistema público de pensiones, fruto de las reformas introducidas por el actual gobierno de coalición, los ataques no cesan por parte de diferentes grupos autodenominados “de expertos”, financiados por o en abierta colaboración con el sector financiero. Un último ejemplo es el trabajo publicado recientement por la Fundación BBVA y el Ivie, como Esenciales 03/2025 (BBVA-Ivie, 2025), con un título llamativo, que ha conseguido así la atención de los medios de omunicación.

Ese breve estudio empieza por cuantificar el efecto, entre 2025 y 2065, de la maduración de las reformas introducidas a partir de 2021, sobre la Tasa Bruta de Reemplazo (TBR)[1]. En particular, destaca que, para los que solo han cotizado durante 30 años:

– los que tienen ingresos bajos, mejoran su TBR: de 77,1% en 2025 a 79,6% en 2065.

– los que tienen ingresos medios sufren una ligera disminución: de 77,1% a 75,3%

– los que tienen ingresos altos se benefician de un aumento: de 53,4% a 64,8%

Para los que han cotizado 35 o 40 años, la TBR para los ingresos bajos y medios se mantiene y aumenta ligeramente para los altos. Todas se sitúan en torno al 90%[2].

La conclusión, que no se menciona en el texto, es que, con la legislación actual, la variación de la TBR será mínima de aquí a 2065. Como es evidente, los que han cotizado menos (por ejemplo 30 años, en vez de los 38.5 que se van a exigir, a partir de 2027, para recibir el 100% de la Base Reguladora (BR)) van a recibir una pensión inferior y, por lo tanto, su TBR será también inferior.

En el estudio, también se afirma, por una parte, que los que quieran mantener su nivel de vida previo, habiendo cotizado solo 30 años, podrán jubilarse más tarde, añadiéndo así años de cotización (otra evidencia) o bien contratar una pensión privada (un deseo interesado que tal vez explique la motivación de este trabajo). Por otra parte, mediante un deslizamiento que no se explica de manera convincente, se afirma que son los jóvenes de ahora los que van a tener menos años cotizados (por ejemplo, solo 30). Como argumento, se esgrimen las tasas de ocupación de los jóvenes de 16-29, hoy por debajo de su nivel de 2007. Se omite señalar que en 2007 se dieron máximos de la tasa de ocupación a todas las edades y que las tasas de los jóvenes (como las de otras edades) dejan de disminuir a partir de 2013 y han subido desde entonces, como muestra el primer gráfico que presenta el propio estudio BBVA-Ivie. Teniendo en cuenta la situación actual del mercado de trabajo y el aumento considerable de ocupados que se está produciendo, es previsible que la tasa de ocupación de los jóvenes va a seguir aumentando en el próximo futuro. Por otra parte, para llegar a la jubilación a los 67 años con solo 30 años cotizados, hay que haber empezado a cotizar a los 37 años, una edad muy improbable, por tardía, para la mayoría. El retraso de la entrada en el mercado de trabajo de los jóvenes actuales no puede por tanto explicar que sean ellos los que más sistemáticamente van a tener menos años cotizados en el momento de la jubilación. La temporalidad, otro argumento para asociar los jóvenes y la insuficiencia del tiempo cotizado, está disminuyendo, gracias a la reforma laboral promovida por el actual gobierno. Entre los jóvenes de 16 a 29 años, ha pasado de 50,3% en 2007 a 34,7% en 2023, y la tendencia es a que siga disminuyendo (MTSS, 2024, p. 21).

Sin duda habrá personas que no consigan llegar al mínimo de años cotizados para obtener una pensión plena, pero son colectivos que habrán tenido carreras laborales fraccionadas o truncadas. Es más probable que estén formados por mujeres de bajo nivel educativo e ingresos reducidos (con mayoría de inmigrantes) que no podrán costearse una pensión privada.

El planteamiento de los autores es, por lo demás, bastante sorprendente. Parecen asumir, como normalidad, que la TBR sea máxima para todos y consideran que los que no la alcancen a la edad legal de jubilación (67 años a partir de 2027) deberán retrasar su salida de actividad. Esto haría de España uno de los paises de la OCDE con las TBR más altas, en el que la media coincidiría con la máxima, en torno a 90%, válida para todos. Actualmente (en 2023, último dato disponible) la TBR media en España es de 80,4% para ingresos bajos y medios y de 49,6% para los altos (OCDE, 2024, p. 151). En algunos países es menor, como en Suecia que, con su sistema de cuentas nocionales, que tanto gusta al entorno intelectual de los autores, tiene una TBR de 62,3% para los ingresos bajos y medios, con jubilación a los 70 años (OCDE, 2024, p. 151). No hablemos de los Estados Unidos que, para ingresos bajos, asegura el 49,4% y para los altos, el 27,8% del último salario (OCDE, 2024, p. 151). El planteamiento es tanto más sorprendente cuanto los autores contemplan las siguientes hipotéticas reformas, que podrían aprobarse en el futuro, que, todas, hacen disminuir la TBR:

a) Elevar el período utilizado para el cómputo de la BR hasta los 35 años

b) Aumentar hasta 40 años de cotización el mínimo para obtener una pensión igual al 100% de la BR

c) Vincular la pensión inicial a la esperanza de vida (Factor de sostenibilidad, también llamado de Equidad Intergeneracional) a partir de 2044

El resultado, como era esperable, es una reducción sistemática de la TBR, cualquiera que sea el número de años cotizados. Los autores no plantean de cuanto tendrían los jóvenes que retrasar su jubilación, si se aprobaran estas reformas (bastante más que los 6 años anunciados). Sin embargo, en el resumen que encabeza el artículo, existe cierta confusión al respecto.

Las dos primeras medidas están en la línea habitual de los reformadores que buscan reducir el gasto en pensiones. La tercera formaba parte de la Reforma de 2013, aprobada con la entonces mayoría absoluta del PP (sin consenso en el Pacto de Toledo), y que fue objeto de rechazo general, por la temible bajada de la pensión inicial que implicaba, por su carácter socialmente regresivo y que fue finalmente abolida.

¿A qué viene traerlas aquí? Podemos pensar que se trata de un ejercicio de prospección, de cuantificar el efecto de algunas reformas, pero entonces: ¿por qué estas y no otras? No lo justifican los autores. Pero es más probable que se trate de una anticipación del futuro que nos espera, en el caso de que se produjera un cambio de mayoría política. Son estas algunas de las reformas que serían propuestas y, entonces, con seguridad, aprobadas. Todas conducen al mismo resultado: una disminución de las pensiones de los jubilados.

En su afán de denunciar el supuesto conflicto generacional entre viejos con pensiones demasiado generosas y jóvenes olvidados por las políticas públicas, los autores rizan la incoherencia, al presentar como negativo para los jóvenes unas reformas (hipotéticas) que conducen a recortar las pensiones, una política que ellos mismos promueven.

Se puede comprender que los bancos y las aseguradoras promuevan y financien estudios cuyos resultados favorecen sus intereses. Menos comprensible es que eso incluya estudios cuya única aportación es un título llamativo, que no se justifica por el contenido, como ocurre en este caso." 

 , Economistas frente a la crisis, 04/07/25)

19.3.25

Con proyecciones realistas, la sostenibilidad del sistema público de pensiones español está garantizada... El envejecimiento de la población, y la jubilación de la enorme generación del baby boom,es un hecho, pero debe ser confrontada con otros hechos que también determinan el futuro del empleo y de los ingresos... ya pasó con los vaticinios de quiebra del sistema de pensiones realizados a principios de los noventa, pero luego la inmigración compensó la reducción de la población nativa, el empleo creció y las pensiones continuaron pagándose sin problemas... la salida del mercado laboral, por jubilación, de una generación muy grande (los boomers) y la diferencia de tamaño con las generaciones siguientes, mucho más pequeñas, implicaría si no se compensa con entradas suplementarias que la población en edad de trabajar (que determina la oferta de trabajo) se reduciría de forma muy considerable. Y eso haría caer el empleo y desplomarse el PIB, y los niveles de vida en España. Para evitarlo, y mantener esos niveles de empleo, PIB y niveles de vida, no existe otra salida más que la compensación con el mantenimiento de flujos de inmigración compensatorios suficiente (Antonio González)

 "El economista Antonio González es actualmente consejero del Consejo Económico y Social de España (CES) en representación de UGT; fue director general del gabinete del ministro de Trabajo e Inmigración (2010-2011) y vocal asesor en la Oficina Económica del Presidente del Gobierno (2008-2010). También fue director del Gabinete Técnico de la Comisión Ejecutiva de UGT (1995-2004) y es vicepresidente de Economistas Frente a la Crisis (EFC).

Precisamente en la web de EFC publicó recientemente un artículo en el que desarrolla un análisis crítico de las proyecciones del ‘Informe sobre Envejecimiento 2024’ de la Comisión Europea y argumenta que, frente a la abundancia de tesis en contra, mediante las medidas adecuadas y con proyecciones más precisas, el sistema público de pensiones puede mantenerse estable y sostenible a largo plazo.

En su artículo hace una crítica a la opacidad y falta de consistencia en la elaboración del ‘Informe sobre Envejecimiento 2024’ de la Comisión Europea, ¿puede resumirnos cuáles son sus principales puntos débiles?

Las proyecciones que realiza el informe para 2050 y hasta 2070 se basan en supuestos de empleo, que a su vez toman como referencia la evolución de la población en edad de trabajar, y esta de una estimación insuficiente y no justificada de los flujos migratorios. Como resultado el empleo estimado por el informe caerá de forma continuada durante los veinte años hasta 2050: eso es algo que no ha sucedido en nuestra historia económica a lo largo del último cuarto de siglo. Y con ello, la previsión del PIB así como los ingresos por cotizaciones, que dependen decisivamente del empleo, se deprimen durante todo el periodo. Al relacionar el gasto en pensiones, descontados los ingresos por cotizaciones, con esa estimación del PIB, la proporción de ese gasto resulta anormal y artificialmente inflada. Unos supuestos más realistas dan como resultado que el peso del gasto en pensiones será en realidad muy inferior. La conclusión es que según las proyecciones del informe habría dificultades para sostener el gasto en pensiones. Pero, con unas proyecciones más realistas eso no sucede en absoluto.

¿Y qué opina de los últimos informes y estudios realizados por entidades como la FEDEA o AIReF en materia de sostenibilidad de las pensiones públicas?

En general, FEDEA suele utilizar para el empleo y el PIB las proyecciones del informe de envejecimiento de la Comisión Europea, y tienden a elevar las estimaciones de gasto en pensiones de la Seguridad Social –que consideran poco realistas–, por lo que aún exageran más el peso del gasto futuro de las pensiones.

En el caso de AIReF, tienen mayor autonomía de criterio. El cálculo que hicieron unos meses antes del informe europeo daba unos resultados muy próximos a las estimaciones realizadas por la Seguridad Social porque trabajan con supuestos bastante realistas. Ahora con la revisión al alza por el INE de los datos del PIB, toda la serie proyectada crece considerablemente para unos niveles dados de gasto. Eso creo que lo pondrá de manifiesto AIReF.

Las tesis en contra de la sostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones suelen partir del impacto del envejecimiento de la población en el empleo y, por tanto, en los ingresos, ¿es un punto de partida demasiado simplista? ¿Qué factores considera más importantes para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones?

No es simplista, todos partimos de esas realidades. El envejecimiento de la población, y la jubilación de la enorme generación del baby boom,es un hecho, pero debe ser confrontada con otros hechos que también determinan el futuro del empleo y de los ingresos. Si esa salida de millones de personas del mercado de trabajo no se compensa con nuevas entradas a través de los flujos migratorios, caerá el empleo y el PIB y todo el país se empobrecería y se desplomarían los niveles de vida de los españoles: ¿se puede creer que estemos dispuestos a contemplar cómo todo se hunde a nuestro alrededor sin tomar las medidas que tenemos a nuestro alcance? Es lo mismo que ya pasó con los vaticinios de quiebra del sistema de pensiones realizados a principios de los noventa, pero luego la inmigración compensó la reducción de la población nativa, el empleo creció y las pensiones continuaron pagándose sin problemas.

Lo más importante es el análisis conjunto de los factores que determinan el empleo y el PIB, en un contexto de fuertes salidas a la jubilación que no deben producir caídas del volumen de empleo y de la renta: si compensamos esas salidas, podremos pagar más pensiones sin hacer recortes.

¿Qué opinión le merecen las últimas reformas emprendidas por Escrivá y Elma Saiz? ¿Siguen el buen camino hacia la sostenibilidad del sistema?

Me parecen positivas desde un punto de vista social y sostenibles desde la perspectiva económica, por lo que acabo de explicar. Lo anterior, los recortes injustificados de las pensiones de la reforma de 2013, me parecen socialmente insostenibles e innecesarios desde la perspectiva económica, por eso acabaron cayendo.

Escrivá había estudiado a fondo en la AIReF la cuestión de las pensiones y había comprendido que lo que resultaba insostenible era el recorte continuado del poder adquisitivo de las pensiones. Las últimas reformas realizadas se han basado en la combinación de una serie de factores que facilitan la sostenibilidad de las pensiones: la elevación de la edad efectiva de jubilación, a través de sistemas voluntarios, lo que ha permitido aminorar la senda de crecimiento del gasto, y el aumento moderado de los ingresos, así como la perspectiva de mantenimiento y crecimiento del empleo, de los salarios y del PIB. Todo ello con el objetivo de ayudar a pasar el periodo temporal y transitorio de la jubilación de la generación del baby boom, que concentra en ese periodo las tensiones para, una vez superado, que las aguas vuelvan a su cauce.

Frente el argumento del envejecimiento poblacional, suele utilizarse el papel que juega la inmigración. ¿Cómo cree que va a ejercer ese papel de cara a la sostenibilidad del sistema de pensiones? ¿Lo está ejerciendo ya en la actualidad y pueden hacerse prospecciones sobre su importancia en el futuro?

Como hemos dicho, la salida del mercado laboral, por jubilación, de una generación muy grande (los boomers) y la diferencia de tamaño con las generaciones siguientes, mucho más pequeñas, implicaría si no se compensa con entradas suplementarias que la población en edad de trabajar (que determina la oferta de trabajo) se reduciría de forma muy considerable. Y eso haría caer el empleo y desplomarse el PIB, y los niveles de vida en España. Para evitarlo, y mantener esos niveles de empleo, PIB y niveles de vida, no existe otra salida más que la compensación con el mantenimiento de flujos de inmigración compensatorios suficiente. El propio informe europeo, como es natural e inevitable, lo contempla para evitarlo y también para mantener las pensiones, aunque de forma incompleta e insuficiente. Esos flujos han de ser un poco mayores para compensar plenamente la caída del empleo que de otra forma se produciría. Ese cálculo está hecho y no sólo no hay otra opción sino que es perfectamente factible y tan sólo depende de que se adopten en nuestro país las decisiones necesarias.

En su artículo también menciona que el gasto en pensiones ha aumentado en términos absolutos, pero se ha mantenido estable en relación al PIB. ¿Cómo se ha logrado esto? ¿Será posible mantener esa estabilidad en España?

Para explicarlo, como siempre, hemos de hacer un poco de memoria. El hundimiento del empleo y del PIB durante la crisis financiera de 2008 ocasionó que el gasto en pensiones creciera varios puntos respecto a este último. Y que para compensar el hundimiento correlativo de los ingresos por cotizaciones que son el sostenimiento fundamental de las pensiones se aplicara todo lo que se había acumulado en el Fondo de Reserva, que en realidad no se había dispuesto para eso, sino para compensar más adelante, entre 2027 y 2050, el periodo de transición demográfica entre la jubilación de los boomers, que aumenta el volumen de pensiones, y requería un colchón de recursos.

Esa crisis y el mal funcionamiento del mercado de trabajo español, con su increíble propensión al despido y al ajuste de empleo, muy superiores a los de los otros países europeos, ocasionó el desastre, hundiendo los ingresos y llevándose por delante el Fondo de Reserva de las pensiones.

En la crisis siguiente, la del coronavirus, de un calado excepcional, nada de esto sucedió. Las medidas adoptadas impidieron que fuera así: el empleo se preservó muchísimo más, la tasa de paro creció en tres puntos frente a los diecinueve de la crisis precedente. A continuación, el empleo se ha recuperado con muchísima fuerza, y la reforma laboral ha incrementado notablemente su estabilidad bajando como nunca antes la temporalidad del mismo, y también se han aprobado subidas del SMI de una magnitud desconocida. Con todo ello, la relación entre pensionistas y cotizantes se ha recuperado hasta el punto de que en los últimos años, incluso con una fuerte inflación y manteniendo (ahora sí) el poder adquisitivo de las pensiones, los ingresos por cotizaciones han crecido incluso más que el gasto en pensiones.

Si, como parece, el cambio en el comportamiento del mercado de trabajo ante las crisis nos ha hecho, por fin, responder como los demás países europeos, y si se adoptan las reformas que completen ese cambio en el mercado laboral (despidos), podemos estar seguros y protegidos frente a las crisis, y con ello, y con las medidas demográficas que impidan la caída del empleo y del PIB, y con las medidas de reforma ya adoptadas en el sistema de pensiones, todos los cálculos apuntan a la sostenibilidad del gasto respecto al PIB.

Por último, ¿por qué cree que las tesis sobre la insostenibilidad del sistema público de pensiones tienen tanta difusión? ¿A qué obedece esa insistencia en el alarmismo?

Pues no estoy muy seguro, la verdad. Y es algo que yo también me pregunto. Si la profecía de la insostenibilidad de las pensiones públicas (que se lanzó a principios de los años noventa) a partir de la entrada del nuevo siglo no se cumplió. Si la que se volvió a lanzar hace diez años en el mismo sentido, tampoco se está cumpliendo, ni se va a cumplir incluso eliminando los recortes de las pensiones y sustituyéndolos por una estrategia de medidas económicamente viables y socialmente más sostenibles, me pregunto cuál es la razón que lleva a la insistencia en sentido contrario de determinados informes, que tienen tanto eco en algunos medios de comunicación, que siembran dudas injustificadas sobre la sostenibilidad de las pensiones públicas.

¿Qué recomendaciones daría a las actuales generaciones de trabajadores de cara a su jubilación? ¿Les aconsejaría los productos de ahorro privado?

Naturalmente, los sistemas privados de pensiones forman parte de nuestro sistema de pensiones: son el tercer pilar del mismo como así se determinó hace ya muchos años en las conclusiones parlamentarias del Pacto de Toledo. Cumplen su papel de ofrecer pensiones complementarias para las personas que tienen capacidad económica sobrada para sufragarlas.

Pero, las generaciones que van caminando hacia su jubilación deben tener en cuenta que van a contar en primer lugar con pensiones públicas suficientes y aseguradas. Más allá de eso, aquellas personas que puedan y deseen complementarlas con pensiones privadas tienen posibilidades a su disposición. Es una forma de ahorro como tantas otras. Lo que no se debe hacer es promover esos fondos privados sobre la falsa idea de que no habrá pensiones públicas suficientes y garantizadas."

(Entrevista a Antonio González, Economistas frente a la crisis, 13/03/25)

23.4.24

Eduardo Garzón: CASI TODOS los medios de comunicación han copiado y pegado en sus espacios el BULO de que la Comisión Europea ha tumbado o puesto en cuestión la reforma de pensiones del gobierno... sucede que "Bruselas afirma que el gasto de pensiones aumentará en cinco puntos del PIB". No se dice nada de que obligará a realizar recortes ni nada parecido... porque resulta que el gasto estimado por la Comisión Europea es CASI EL MISMO que estimó el gobierno. 15,1% entre 2022 y 2025 frente a 15%. Es una diferencia despreciable ¿Dónde está la alarma? Si el gasto promedio es del 15%, pero los nuevos ingresos por cotizaciones son del 1,2%, y los ingresos extraordinarios por salario mínimo y afloramiento economía sumergida son un 0,6%, según cálculos del gobierno, no habrá que ajustar nada

Eduardo Garzón   @edugaresp

Esto es alucinante: CASI TODOS los medios de comunicación han copiado y pegado en sus espacios el BULO de que la Comisión Europea ha tumbado o puesto en cuestión la reforma de pensiones del gobierno. Es muy fácil demostrar que es falso, pero casi todos los medios han caído...

Fijaos: no es sólo la prensa de derechas la que ha difundido este bulo que deja mal al gobierno (a lo que estamos acostumbrados), sino también la de izquierdas. El mensaje es claro: "según los datos de la Comisión Europea habrá que hacer un ajuste en las pensiones". Es FALSO.  

 Os animo a que vayáis al informe al que hacen referencia y busquéis dónde se dice tal cosa. No vais a poder, porque es que sencillamente no lo dice. Es mentira. Lo único que hace este informe es estimar a cuánto se elevará el gasto en pensiones. Nada más.

 https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/2024-ageing-report-economic-and-budgetary-projections-eu-member-states-2022-2070_en

 El único medio que he visto que ha titulado bien esta noticia es @publico_es: "Bruselas afirma que el gasto de pensiones aumentará en cinco puntos del PIB". No se dice nada de que obligará a realizar recortes ni nada parecido, porque es mentira. Esto sí es periodismo.

 Además, y esto es lo más fuerte de todo: resulta que el gasto estimado por la Comisión Europea es CASI EL MISMO que estimó el gobierno. 15,1% entre 2022 y 2025 frente a 15%. Es una diferencia despreciable. ¿Dónde está la noticia? ¿Dónde está la alarma?

 https://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/b7bd492e-0171-477a-be29-394c450162b9/Informe+Proyec_SS+2023_final.pdf?MOD=AJPERES

 Por si fuera poco, la ley de la reforma de las pensiones establece que se tendría que hacer un ajuste sólo si el gasto previsto MENOS LOS INGRESOS superara el 13,3% del PIB. Así que hasta que no se tengan en cuenta los ingresos, no se puede saber si hay que reformar o no.

 ¡Y LA COMISIÓN EUROPEA NO HABLA DE INGRESOS! Así que es técnicamente imposible concluir de ese informe que habrá que realizar un ajuste. Falta conocer los ingresos, y los dará la AIREF en 2025. ¿Habéis visto cómo se han inventado la "noticia"? Y los medios difundiéndolo...

 En el informe del gobierno se estima que el gasto promedio será del 15%, pero los nuevos ingresos por cotizaciones serán del 1,2%, y los ingresos extraordinarios por salario mínimo y afloramiento economía sumergida un 0,6%. Según esta estimación, no habría que ajustar nada.

 Y la estimación del gobierno podrá errar o ser diferente de la de la AIREF, vale, ¡pero es que todavía no podemos saberlo! Titular que habrá que hacer un ajuste acorde a los datos de la Comisión Europea es INVENTARSE la "noticia". Por favor, ¡que se conozca esta desinformación!

 Y todo esto sin mencionar que realizar ajustes basándose en proyecciones a largo plazo es una barbaridad, porque si no aciertan ni para el año siguiente, como para acertar para el año 2070... Está estudiado que todas estas proyecciones siempre fallan. 

 Amén de que es totalmente arbitrario realizar un ajuste si el gasto promedio menos ingresos supera el 13,3% del PIB. Si tenemos la sanidad, educación, cultura, dependencia, ayudas, etc, con déficit, ¿por qué no tenerlo también con las pensiones? Es absurdo...

10:00 a. m. · 21 abr. 2024 239,3 mil Reproducciones

29.8.23

Un millón de pensionistas alemanes, laboralmente activos, algunos de ellos con los 85 cumplidos, tratan de complementar su jubilación a través de los llamados 'mini jobs' o empleos de baja remuneración

 "Los tiempos en que se identificaba a los jubilados alemanes con turismo de la tercera edad o residentes fijos del litoral español empezaron a quedar atrás. Cada vez son más los que con 67 años o más siguen trabajando, en un país donde no hay restricciones para hacerlo una vez alcanzada la edad para acceder a la jubilación. A los pensionistas actuales, al menos los que pasaron recientemente al retiro, se les ve ejerciendo de cajeros de supermercado, guardas de seguridad o servicios de limpieza, pero también como conductores de autobús

Cifras recientes del gobierno situaban en más de un millón el número de jubilados laboralmente activos, sin contar los profesionales autónomos, lo que significa un incremento de 200.000 respecto a 2015. Es una cifra en ascenso continuado, en un país del que se estima que llegará en 2035 a tener veinte millones de pensionistas –del total de 84,4 millones de ciudadanos de Alemania--. Las rentas se van equiparando año a año, pero quedan por debajo del nivel de inflación.

La pensión media que percibe un jubilado que haya cotizado un mínimo de 45 años está en 1.543 euros, lo que en el caso de las mujeres del este del país baja a 865 euros. Es decir, aproximadamente mil euros menos del sueldo medio neto de un trabajador. El gobierno del socialdemócrata Olaf Scholz ha implantado mejoras en las jubilaciones más bajas, de manera que quienes perciban menos del mínimo denominado existencial –450 euros al mes-- pueden solicitar complementos en forma de ayuda al pago del alquiler o por otros conceptos.

El caso es que ese millón de pensionistas laboralmente activos -algunos de ellos con los 85 cumplidos-, tratan de complementar su jubilación a través de los llamados 'mini jobs' o empleos de baja remuneración. Es una fórmula establecida en 2003 bajo el canciller socialdemócrata Gerhard Schröder que tras sucesivas revisiones permite trabajar hasta 43,3 horas al mes por un máximo de 520 euros. 

 Son más de seis millones de personas las empleadas en 'mini jobs' en Alemania. Para los más jóvenes, es una vía para acceder al mercado laboral; para los jubilados, una manera de mejorar su renta. Son, respectivamente, las dos franjas de población a las que reporta ciertas ventajas. Sin embargo, a los trabajadores con edades en torno a los 40 años el régimen de subempleo les condena a futuras pensiones de miseria.

 Los dos grupos de población predestinados al 'mini job' no logran, sin embargo, subsanar la falta de personal que, como otros países europeos, sufre Alemania. (...)"    (Marina Ferrer, El Periódico, 25/08/23)