Dos propuestas que hace apenas unos años parecían extravagantes: supermercados públicos y/o seguridad social alimentaria... la propuesta de supermercados públicos del alcalde de Nueva York, Mandani, busca garantizar que todo el mundo tiene acceso a los alimentos que necesita... en Francia se debatió la creación de una seguridad social de la alimentación. Si la sanidad, la educación y las pensiones son —en Europa— derechos consagrados en la constitución y garantizados mediante provisión pública, ¿por qué no podría serlo también la alimentación? Consistiría en un programa de unos 100-150 euros al mes a toda la población, para gastar en establecimientos asociados... establece incentivos para que los patrones de consumo cambien progresivamente... pues el programa solo funciona para ciertos productos que han sido declarados “producto agroecológico”, y porque el productor encuentra una demanda estable que le da garantías para convertir su producción en agroecológica. El reciente estudio de la cooperativa El Pa Sencer, por ejemplo, calcula que la propuesta costaría 76.800 millones de euros (un 5,7% del PIB español)... En España hace ya se cuenta con un proyecto piloto en Getafe... y Podemos ya propuso la creación de un supermercado público... En la medida en que el sector primario se está convirtiendo, cada vez más rápido, en un sector crítico y vulnerable, queda justificada la intervención directa por parte del Estado para planificar su reorientación. Algo similar a lo que está sucediendo en el sector industrial... pero aplicado al sistema que nos da de comer. Esto conllevaría la necesidad de programas específicos que pueden incorporar la compra de tierras, ayudas y subsidios suficientes a la producción agroecológica, creación y reforzamiento de nuevas infraestructuras públicas (entre ellas, los supermercados), etc. Todo ello destinado a que más temprano que tarde cualquier país, por ejemplo, España, disponga de un sistema agroalimentario ecológico con el que producir alimentos saludables (Alberto Garzón Espinosa)

"La disyuntiva entre supermercados públicos o seguridad social alimentaria está mal formulada. Las dos son necesarias y, al mismo tiempo, insuficientes: la primera actúa sobre la distribución; la segunda, sobre la demanda, pero ninguna puede transformar por sí sola la forma en que producimos los alimentos. Y ese es uno de los elementos críticos del siglo XXI

En pocos meses, dos propuestas que hace apenas unos años parecían extravagantes han entrado en el debate político internacional. Por un lado, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdami, ha dado un nuevo paso en su proyecto para crear cinco supermercados públicos en la ciudad, con el objetivo declarado de reducir los precios de la cesta de consumo de la clase trabajadora. La iniciativa es eco del socialismo municipal de Milwaukee, ciudad estadounidense que tuvo alcaldes del Partido Socialista durante la mayoría del período entre 1910 y 1960, y que municipalizó muchos servicios otrora privados. Como ha recordado recientemente el sociólogo del trabajo Eric Blanc, aquella experiencia histórica es hoy una lección para construir una alternativa al neoliberalismo demócrata y el autoritarismo trumpista en los Estados Unidos. En este caso, la propuesta de supermercados públicos busca garantizar que todo el mundo tiene acceso a los alimentos que necesita.

Por otro lado, en Francia se debatió el año pasado en la Asamblea nacional otra propuesta con espíritu similar: la creación de una seguridad social de la alimentación. Si la sanidad, la educación y las pensiones son —en Europa— derechos consagrados en la constitución y garantizados mediante provisión pública, ¿por qué no podría serlo también la alimentación? La propuesta no llegó a aprobarse por el boicot de los diputados conservadores, pero consiste en un programa de unos 100-150 euros al mes a toda la población para gastar en establecimientos asociados. En Francia, hay varias decenas de proyectos piloto, siendo el más destacado el de Montpellier. Aunque a primera vista parezca una propuesta asistencialista, el programa va mucho más allá de la necesidad de combatir el hambre entre las familias con menos recursos. En España hace poco tuvo lugar un debate, promovido por la Fundación Carasso, en el que además de debatir la experiencia francesa se presentó una propuesta para España (que ya cuenta con un proyecto piloto en Getafe).

Esta renovada preocupación por el derecho a la alimentación coincide con la resaca del proceso inflacionario desencadenado en 2022 tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia y también con la guerra en Irán iniciada este febrero de 2026. Como se ve en el siguiente gráfico, los precios de los alimentos a nivel mundial se mantuvieron relativamente estables durante la década de los noventa y principios de siglo, pero han mostrado una gran volatilidad y una tendencia alcista desde la crisis de 2007-08. Además, en la mayoría de países los precios de los alimentos han subido mucho más que los salarios, provocando un deterioro preocupante en los presupuestos familiares, especialmente entre las clases trabajadoras (que dedican más recursos a la alimentación).

En el debate público, sin embargo, rara vez se menciona que la inflación alimentaria no es sólo el resultado de episodios coyunturales provocados por guerras, tensiones geopolíticas o especulación financiera. Es también el síntoma de un sistema agroalimentario extremadamente dependiente de combustibles fósiles, cadenas logísticas globales y recursos naturales cada vez más escasos, todo ello en tiempos de nemercantilismo y proteccionismo. En este sentido, a la pregunta de cómo conseguimos abaratar los alimentos debe sumarse la idea de cómo garantizar que puedan seguir produciéndose.

En todo caso, el crecimiento de los precios de los alimentos ha provocado reacciones políticas también en España, donde en el año 2023 el partido Podemos ya propuso la creación de un supermercado público; en febrero de este año 2026, Más Madrid presentó en la Asamblea regional una propuesta para crear una red de supermercados públicos —fue rechazada por la derecha, pero tampoco la apoyó el Partido Socialista—; en junio, a propuesta de Sumar, el Congreso aprobó una proposición no de ley que insta al gobierno a crear “infraestructuras públicas que distribuyan productos saludables, ecológicos y de proximidad”; y hace unas semanas Adelante Andalucía anunció que propondrá la creación de supermercados públicos.

A primera vista, el debate parece reducirse a una elección entre dos instrumentos: crear supermercados públicos o implantar una seguridad social alimentaria. Pero, en realidad, como dice el economista político de la alimentación Raj Patel, ambas son más compatibles que antagónicas, y sólo tienen sentido si se entienden como piezas de una transformación mucho más profunda del sistema agroalimentario, que actualmente afronta límites económicos, ecológicos y geopolíticos cada vez más importantes.

Democratizar el acceso a los alimentos

La primera de las propuestas, la de Mamdani, consiste en crear un supermercado público. Debe recordarse que un supermercado es parte de la infraestructura necesaria para que los alimentos que se producen en el mundo agrario lleguen a los hogares —que se concentran generalmente en las ciudades—. La mayoría de esa infraestructura es hoy de naturaleza privada, por lo que las redes de producción, transporte, distribución y comercialización siguen la lógica de la rentabilidad a través de las señales del mercado. Esto es importante porque bajo el capitalismo los productores no producen alimentos para nutrir a las poblaciones, sino para ganar dinero. Y todos los agentes de la cadena siguen invariablemente esa lógica.

Lo que sucede es que la estructura de esa cadena es muy desigual, y muchísimos productores venden sus productos a un número muy reducido de grandes empresas de distribución y comercialización, que concentran un enorme poder de negociación. Por ejemplo, en España las cinco principales cadenas de distribución reúnen algo más de la mitad del mercado y una sola empresa, Mercadona, concentra en torno al 27 % del gasto en distribución alimentaria. Ese poder se ejerce en toda la cadena: condiciona los precios que reciben agricultores y ganaderos, determina las condiciones de suministro e incluso decide qué productos llegan finalmente a los lineales. Tal estructura atrapa a los productores entre la provisión industrial de inputs (semillas, fertilizantes, pesticidas, gasoil, etc.) y la compra de su producción por parte de grandes cadenas.

Esta estructura ayuda también a entender una parte importante de la inflación alimentaria reciente. Como ha señalado la economista Isabella Weber, cuando se produce un shock de oferta —como ocurrió tras la invasión de Ucrania o ante las tensiones en el estrecho de Ormuz— las empresas con poder de mercado pueden trasladar e incluso ampliar esos incrementos de costes para proteger o aumentar sus márgenes de beneficio. Y estos shocks de oferta están afectando al canal de la alimentación no solo a través de la energía sino también de los fertilizantes. Al final, el resultado son precios más elevados para los consumidores, mientras los salarios no crecen al mismo ritmo.

En este contexto, la propuesta de crear supermercados públicos pretende introducir un contrapeso a ese poder privado. Al no estar sometido a la lógica de maximizar beneficios, un operador público podría trabajar con márgenes menores y contribuir tanto a abaratar la cesta de la compra como a aumentar la competencia en un mercado muy concentrado. Ésa es la principal argumentación económica de la propuesta, que también es aplicable, por ejemplo, al defender una empresa pública de energía.

No obstante, las experiencias pasadas nos recuerdan que el proyecto no es en absoluto sencillo. Hay precedentes de supermercados públicos en lugares donde ya no llega la iniciativa privada —los llamados desiertos alimentarios—, o creados para competir directamente con ella; y muchos han fracasado. Entre los principales problemas está la escala, ya que contar con unos pocos supermercados no es suficiente para servir realmente de contrapeso al poder privado o para negociar precios mayoristas baratos con los productores y distribuidores; pero también está la problemática de la gestión profesionalizada, la financiación, la oferta de productos (los supermercados de Mamdani no ofrecerán carne ni comida caliente), y la viabilidad política a medio y largo plazo, entre otros. La idea es buena y necesaria, pero la mejor forma de conseguir que funcione un supermercado público es integrarlo dentro de un programa más amplio y ambicioso capaz de transformar realmente el sistema alimentario.

Pero antes de entrar en ello, conviene subrayar un elemento ciego en esta propuesta. Un supermercado público nace con un mandato muy claro: vender más barato. Ahora bien, para vender barato hay que comprar barato. ¿Y dónde se compra barato hoy? En la cadena industrial: producción intensiva, insumos importados de países con salarios y recursos baratos, grandes volúmenes y operaciones a escala, contratos con centrales de compra. Es decir, exactamente en el modelo agroalimentario convencional. En ese sentido, el supermercado público es una buena política de coste de la vida, si bien bajo el ropaje de política alimentaria, pero el objetivo debería ser más audaz.

La razón es que vivimos en el contexto de una crisis ecosocial. Usar este concepto significa aceptar que la degradación ecológica y el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría no son dos crisis distintas que coinciden por casualidad en el tiempo, sino dos manifestaciones del mismo proceso de acumulación. Y, sobre todo, que no se pueden jerarquizar. La formulación habitual de la izquierda es “primero garanticemos que la gente coma, y ya después nos ocuparemos de la sostenibilidad”. Pero la realidad es que los dos plazos han acabado coincidiendo, como demuestran los episodios de Ucrania u Ormuz: la inflación que hoy erosiona el presupuesto de un hogar trabajador tiene entre sus causas el encarecimiento de la energía y los recursos naturales, y ese encarecimiento anticipa la restricción biofísica de mañana. No son dos problemas sino uno. De modo que la pregunta no puede ser sólo cómo facilitamos a la clase trabajadora el acceso a los alimentos, sino también a qué alimentos y cómo se producen.

Estamos comiendo petróleo

Cada vez que llenamos el carro de la compra creemos estar comprando alimentos, pero también estamos comprando petróleo, gas natural y una enorme cantidad de energía fósil incorporada en fertilizantes, pesticidas, transporte, refrigeración y envases. Decía con razón el ecólogo Howard Odum que una de las características centrales de las sociedades industriales era que habíamos aprendido a comer patatas hechas en parte de petróleo. El punto crítico es que, si consideramos toda la energía que gastamos para producir, distribuir y consumir alimentos, teniendo presente toda la cadena, resulta que es muy superior a la energía que obtenemos de esos mismos alimentos: un sistema completamente insostenible porque depende de lo que Joan Martínez Alier y Vaclav Smil llaman subsidio o dopaje fósil. Esto es parte de la anomalía de la era de los combustibles fósiles, ya que ninguna sociedad humana anterior pudo mantener durante mucho tiempo (antes de colapsar) rendimientos netos negativos de la energía.

Ese subsidio fósil sirve, sobre todo, para remendar una fractura. Marx, leyendo la química agrícola de su tiempo, describió una ruptura en el intercambio de materia entre el ser humano y la tierra: la ciudad consume los nutrientes que el campo produce y no los devuelve, de modo que el ciclo se rompe y hay que reponerlo desde fuera. John Bellamy Foster convirtió aquella intuición en concepto —la ruptura metabólica— y Kohei Saito la ha situado en el centro de la lectura ecológica del último Marx. Siglo y medio después la descripción sigue sirviendo, sólo que la fractura ha ido creciendo de escala: primero fue entre la ciudad y su campo, después entre unas comarcas y otras, y hoy es entre países enteros. En España se ve con toda claridad en la ganadería. Casi una cuarta parte de la biomasa que come nuestra cabaña se produce fuera, y con ese pienso entra también el nitrógeno que después se queda aquí. Como el animal está donde no está el cultivo, los nutrientes hacen un viaje de ida sin vuelta: allí donde se produce el pienso el suelo se empobrece, y donde se concentra el ganado el nitrógeno sobra hasta acabar en los acuíferos, contaminando ríos y suelos.

Todo esto tiene enormes implicaciones porque está afectado no sólo el consumo de una energía no renovable sino también porque se sostiene sobre relaciones ecológicas desiguales: por ejemplo, el nivel de consumo alimentario de los países del Norte global sería imposible si no fuera por la cantidad de alimentos importados en los países del Sur Global y que consumen allí los recursos naturales, destacadamente la tierra y el agua. Por ejemplo, la Unión Europea consume una superficie del tamaño de España en tierras agrícolas en otras partes del mundo. Como es evidente, dado que la disponibilidad de tierra en el planeta es finita, no es posible generalizar a todos los países este tipo de modelo de abastecimiento alimentario.

Por estas razones, en un mundo que aspira a vivir sin combustibles fósiles la producción alimentaria tiene que cambiar radicalmente. Por eso mismo, garantizar el acceso universal a los alimentos dentro de un sistema metabólicamente insostenible es garantizar el acceso a algo que va a dejar de existir en la forma en que hoy existe. En consecuencia, el objetivo debe ser transformar el modelo productivo agroalimentario y, como inmediatamente se verá, los patrones de consumo.

Transformar la demanda a través de la Seguridad Social Alimentaria

La segunda propuesta, la de Seguridad Social Alimentaria, es un instrumento de política pública que trata de modificar la demanda de alimentos a través de incentivos. El programa concede a cada ciudadano una cantidad determinada de dinero para que se gaste en establecimientos acreditados, lo que permite condicionar a qué tipo de gasto se destina. Por esa razón las diferentes formulaciones del programa postulan que el objetivo no es sólo inyectar recursos económicos para compra de alimentos, sino también estimular la compra de alimentos con características tales como su sostenibilidad ecológica y su impacto positivo en la salud de los consumidores.

El programa de la seguridad social alimentaria no obliga a los ciudadanos a consumir ciertos tipos de alimentos, sino que establece incentivos para que los patrones de consumo cambien progresivamente. Por un lado, porque el programa solo funciona para ciertos productos que han sido declarados previamente. Por otro lado, porque el productor encuentra una demanda estable que le da garantías para convertir su producción en agroecológica. Es una forma menos invasiva de orientar el sistema alimentario hacia un nivel sostenible y saludable, lo que quiere decir que es también una herramienta de transición ecológica. El reciente estudio de la cooperativa El Pa Sencer, por ejemplo, calcula que la propuesta costaría 76.800 millones de euros (un 5,7% del PIB español), pero asegura que los costes sanitarios ocultos con el patrón de consumo actual son de hasta 23.379 millones de euros anuales debido a las enfermedades asociadas.

La lógica de la propuesta es parecida a la que se usa actualmente con la compra pública alimentaria, que afecta a comedores escolares, hospitales, residencias, centros de día, cocinas centrales, etc. Cuando fui ministro de Consumo pusimos en marcha la redacción de nuevos criterios para esas compras, siguiendo guías científicas, y el ministerio actual, con Pablo Bustinduy al frente, ha continuado y culminado con éxito varios momentos críticos de esa hoja de ruta. Se trata de mover un volumen de demanda grande y planificable a varios años, que es justamente la señal que un agricultor necesita.

Sin embargo, la propuesta de seguridad social alimentaria no está exenta de dificultades. Desde la definición exacta de “producto agroecológico” hasta el diseño de sus instituciones de gobierno, que pretenden acercarse a una democracia participativa donde decide la comunidad implicada más que el Estado. Pero también ocurre que para que una propuesta como esta sea exitosa y vaya más allá de los canales cortos (donde el productor vende casi de forma directa) necesitará del apoyo de la infraestructura. Un agricultor puede producir estupendamente y no tener dónde almacenar, cómo enfriar, dónde transformar ni cómo llegar a un comprador grande. Es un problema de logística. Como en el caso de los supermercados públicos, en España podría utilizarse una infraestructura pública ya existente: la red de Mercas —los mercados mayoristas de titularidad mixta, estatal y municipal—, que junto con los mercados municipales de abastos constituyen un sistema de acopio, frío y distribución mayorista que ya está construido, ya está amortizado y ya está ubicado exactamente donde tiene que estar.

En resumen, si los supermercados públicos actúan sobre la distribución y la seguridad social alimentaria sobre la demanda, entonces falta necesariamente un tercer elemento: intervenir sobre la propia capacidad de producir alimentos.

Política Industrial para el sector primario

Ya he mencionado que el sistema alimentario actual es ecológicamente insostenible, así como internacionalmente desigual e injusto. Ello también implica que es vulnerable a los shocks geopolíticos o climáticos, en tanto puede quedar comprometida la capacidad de abastecimiento. Transformar este sistema en uno que proporcione alimento suficiente al tiempo que se reducen sus impactos ecológicos debe ser el objetivo principal.

El problema es que los combustibles fósiles son precisamente la varita mágica principal que ha permitido la multiplicación de los rendimientos de las explotaciones agrarias, produciendo muchos más alimentos por superficie. Sin ellos, la capacidad de producción queda comprometida. No obstante, hay un debate muy importante abierto al respecto, ya que hay formas de producción agroecológica que ofrecen rendimientos iguales o más elevados para ciertos productos. Sin embargo, hay otro tipo de productos alimentarios cuya producción no puede de ningún modo generalizarse, como es el caso de la carne procedente de grandes explotaciones industriales y altamente dependiente de inputs importados (conocidas como macrogranjas).

Por esta razón, no se trata tampoco sólo de transformar un sistema agroalimentario basado en combustibles fósiles en otro basado en prácticas agroecológicas. Para cumplir con los objetivos de sostenibilidad ese desplazamiento exige, además, un cambio en las dietas o patrones de consumo. Sé que aquí entramos en terreno minado, porque es el de la famosa polémica sobre el consumo de carne que tanto me persiguió —o que tanto perseguí, según se mire— durante mi etapa política. Pero conviene plantearlo bien, porque casi siempre se plantea mal.

Los costes de la dieta actual no se reparten al azar. Las enfermedades asociadas a malos hábitos alimentarios, como el alto consumo de ultraprocesados, presentan un gradiente social inverso a la renta: cuanto menos dinero tienes, más las sufres. Quien peor lo pasa con el patrón alimentario dominante es la clase trabajadora. De manera que la transición dietética consiste precisamente en la retirada de una carga que las familias más pobres vienen soportando de forma desproporcionada. Y debemos deshacer un malentendido sobre qué dieta estamos hablando. La que prescriben los sanitarios y dibujan los modelos biofísicos —con más peso de la legumbre, cereal, aceite de oliva, hortaliza de temporada y proteína animal ocasional y de calidad— no es un invento de nutricionistas urbanos. Es, básicamente, lo que llamamos dieta mediterránea, y que exportamos como marca país y celebramos como patrimonio de la humanidad, a pesar de que está en franco retroceso.

El problema es que el sistema alimentario actual está profundamente distorsionado, y transformarlo no es sencillo. Por ejemplo, como se ve en el siguiente gráfico, en España se importa una gran cantidad de grano para pienso, con el que se alimentan animales cuya carne se exportará luego: es el modelo típico de la ganadería intensiva, sostenida sobre desequilibrios ecológicos muy serios. Es una dinámica muy arraigada y de la que viven muchos actores económicos, lo que dificulta la transformación.

Sin embargo, el informe del think tank Alimentta, publicado a instancias de Greenpeace, sostiene que tal transformación es perfectamente viable para España. Según su modelización, España puede llegar a tener un modelo agroalimentario perfectamente sostenible para 2050. En la actualidad, el sistema español emite 107 megatoneladas de dióxido de carbono, contribuyendo a un cambio climático que, como recuerda el propio informe, «producirá una reducción mayor de la producción nacional» en el futuro. Esto no es en absoluto desconocido para el sector: hace unos años COAG presentó su informe “Empieza la cuenta atrás” en el que valoraba el impacto del cambio climático en la agricultura española. Según Alimentta, la modelización ecológica permite imaginar que en 2050 el sistema alimentario español podría convertirse en sumidero neto, es decir, no emitir dióxido de carbono, sino absorber 17 megatoneladas anuales. Las condiciones para lograrlo son una enorme transformación en el tipo de producción y consumo alimentario, acabando con modelos como la ganadería intensiva y promoviendo la producción de alimentos típicos de la dieta mediterránea.

Como se puede ver, todos estos elementos —supermercado público, seguridad social alimentaria, cambio del modelo— están profundamente interrelacionados. Piénsese en que pasaría si, siguiendo la política de reorientación de la demanda inducida por la seguridad social alimentaria, de repente entraran miles de millones de euros de nueva demanda de productos ecológicos. En España, actualmente sólo el 12% de la superficie cultivada se corresponde con estas características, un porcentaje del todo insuficiente para abastecer a la población. La consecuencia sería un proceso inflacionario tremendo en ese nicho de mercado, razón por la cual los programas de seguridad social alimentaria aconsejan el gradualismo a la hora de implantarse.

Sin embargo, hay otra opción: política industrial. En la medida en que el sector primario se está convirtiendo, cada vez más rápido, en un sector crítico y vulnerable, queda justificada la intervención directa por parte del Estado para planificar su reorientación. Algo similar a lo que está sucediendo en el sector industrial en los nuevos tiempos neomercantilistas, y particularmente en la transición energética, pero aplicado al sistema que nos da de comer. Esto conllevaría la necesidad de programas específicos que pueden incorporar la compra de tierras, ayudas y subsidios suficientes a la producción agroecológica, creación y reforzamiento de nuevas infraestructuras públicas (entre ellas, los supermercados), etc. Todo ello destinado a que más temprano que tarde cualquier país, por ejemplo, España, disponga de un sistema agroalimentario ecológico con el que producir alimentos saludables.

Conclusiones

Volvamos entonces a la pregunta del principio: ¿supermercados públicos o seguridad social alimentaria? La respuesta es que la pregunta está mal formulada. No porque ambas propuestas sean equivocadas, sino porque las dos son necesarias y, al mismo tiempo, insuficientes. Una actúa sobre la distribución; la otra, sobre la demanda, pero ninguna puede transformar por sí sola la forma en que producimos los alimentos. Y ese es uno de los elementos críticos del siglo XXI."

( Alberto Garzón Espinosa , Rebelión,  05/08/2026)

¡Cómo estará la situación, para buscar la salvación en el estiércol! La respuesta de Bruselas a la inminente crisis de fertilizantes es utilizar más estiércol de vaca... Cuando el Estrecho de Ormuz cerró a finales de febrero, los precios del gas se dispararon y los de los fertilizantes subieron un 70 por ciento... Una de las formas más rápidas de ayudar a los agricultores hubiera sido suspender los aranceles y derechos adicionales sobre las importaciones de fertilizantes de Rusia y Bielorrusia, pero eso habría ayudado a Putin... así que estiércol (POLITICO)

 "La respuesta de Bruselas a la inminente crisis de fertilizantes es utilizar más estiércol de vaca.

Los aumentos repentinos de los precios de los alimentos están a la vista en medio de la guerra interminable en Irán y el aumento del costo de los fertilizantes. Sin embargo, el plan de la Comisión Europea para reforzar el suministro de Europa, que se publicará el martes, se centra en un impulso regulatorio a largo plazo para reciclar más estiércol y residuos agrícolas en fertilizantes.

No es la solución rápida que algunos esperaban.

Los agricultores "esperaban una acción audaz", dijo la eurodiputada Veronika Vrecionová, quien preside la comisión de agricultura del Parlamento Europeo. Las hojas de ruta no pagan las facturas. Los agricultores necesitan acción, no intenciones.

Los grupos de presión agrícolas están promoviendo la misma línea. "Los agricultores europeos no pueden esperar otra hoja de ruta a largo plazo mientras los costes de producción siguen aumentando y la capacidad de fertilizantes de Europa sigue desapareciendo", dijo José María Castilla de ASAJA, la organización agraria más grande de España. La crisis actual no solo se trata de precios, sino de autonomía estratégica, seguridad alimentaria y la supervivencia de la agricultura europea.

Europa produce la mayor parte de sus propios fertilizantes a partir de gas importado. Cuando el Estrecho de Ormuz cerró a finales de febrero, los precios del gas se dispararon y los mercados mundiales de fertilizantes se ajustaron, lo que elevó los precios aproximadamente un 70 por ciento por encima de los niveles de 2024.

La ambición de larga data de la UE de destetar a Europa de los fertilizantes a base de gas de repente pareció profética cuando se cerró el estrecho. Productores, agricultores y minoristas estaban observando para ver si Bruselas podía actuar con rapidez en una crisis.

Sin embargo, según borradores recientes obtenidos por POLITICO, el plan ofrece poco para ayudar a los agricultores que luchan con el aumento de costos de este otoño o para proteger a los compradores de la bomba de tiempo de precios que se avecina el próximo año.

En cambio, Bruselas se apoya en medidas y herramientas a largo plazo que tardan años en dar resultados. Eso se debe en parte a que las palancas más rápidas, como suspender los aranceles sobre las importaciones rusas y bielorrusas o pausar el impuesto de la UE sobre las importaciones intensivas en carbono, eran demasiado tóxicas políticamente para usarlas.

Una de las formas más rápidas de ayudar a los agricultores también habría ayudado a Vladimir Putin: suspender los aranceles y derechos adicionales sobre las importaciones de fertilizantes de Rusia y Bielorrusia, lo que serviría como una fuente clave de ingresos para financiar la guerra de Rusia contra Ucrania. Los borradores muestran a la Comisión defendiendo esos aranceles, vigentes desde junio de 2025, en el propio plan, presentándolos como necesarios para reducir la dependencia estratégica de Rusia.

La otra herramienta rápida habría sido frenar el impuesto fronterizo al carbono (CBAM) sobre los fertilizantes importados de países con normas climáticas más débiles. Un borrador de abril del plan mostraba que la Comisión estaba considerando seriamente esto como una forma de abaratar los productos importados para los agricultores, cumpliendo temporalmente un deseo importante para los grupos de presión agrícolas como Copa-Cogeca. Sin embargo, la medida habría sido un gran paso atrás con respecto a las ambiciones climáticas del Berlaymont, y otros departamentos de la Comisión intervinieron para desbaratar el plan.

Los últimos borradores profundizan aún más. En lugar de simplemente preservar el CBAM, la Comisión ahora se compromete a "mejorar aún más el mecanismo", trabajando con el Parlamento y los países miembros en medidas contra la elusión.

Pero los productores de fertilizantes podrían beneficiarse de otra exención climática: si expanden la producción utilizando alternativas más limpias, el plan indica que la Comisión podría mantener algunos de sus permisos de contaminación gratuitos más allá de 2034 en el Sistema de Comercio de Emisiones de la UE, el mercado de carbono del bloque. La decisión se aplaza a una revisión separada que se realizará en julio.
Más allá de las herramientas rápidas

Con las palancas a corto plazo fuera de juego, el plan se centra en una vía regulatoria para reducir la dependencia de Europa de los fertilizantes derivados de combustibles fósiles importados del extranjero.

Lo hace proponiendo cambios a varias normas existentes, incluidas las disposiciones sobre Renure de la Directiva sobre Nitratos. Estos permiten actualmente a los agricultores de regiones donde la contaminación del agua es una preocupación utilizar nitrógeno extraído del estiércol, lo que les permite aplicar más de lo que los límites de la UE permiten normalmente. Se extenderían para cubrir los digestatos, los subproductos de la producción de biogás, que crean gas renovable al descomponer el estiércol y otros residuos orgánicos.

Herbert Dorfmann, un influyente eurodiputado de la Comisión AGRI, dijo que el estiércol podría ser parte de la solución, pero no la única.

"El estiércol puede ser una contribución, pero nunca puede sustituir a los fertilizantes a base de urea, a base de nitrógeno", dijo Dorfmann, miembro italiano del Partido Popular Europeo, de centroderecha.

El eurodiputado verde Thomas Waitz de Austria argumentó que la Comisión no está yendo lo suficientemente lejos.

¿Cuántas llamadas de atención más necesitamos? Seguimos hablando de crisis —energéticas, alimentarias, geopolíticas— pero estamos ignorando la causa raíz: nuestra adicción a los fertilizantes a base de combustibles fósiles", dijo Waitz.
Imperturbable ante los acontecimientos

Incluso sin la guerra en Irán, el plan de acción para los fertilizantes probablemente sería muy similar.

La mayor parte de lo que contiene el plan ya se estaba redactando antes de la guerra, como respuesta de Bruselas a una crisis de fertilizantes en 2022 y el impulso más amplio para reducir la dependencia de Europa del gas importado. La guerra añadió un puñado de elementos con sabor a emergencia en los márgenes, incluyendo ayuda estatal para los agricultores afectados, la opción de designar los fertilizantes como un bien relevante para la crisis y una promesa de aumentar el presupuesto agrícola de emergencia de la UE.

Pero incluso la cifra de recarga está en blanco, ya que el plan solo dice que la cantidad será "sustancial". Un número real depende de un proceso presupuestario separado que vence el próximo mes.

"Lo que parece estar surgiendo es un plan sin cifra presupuestaria, con instrumentos de la PAC bloqueados y la única medida que habría ayudado a los agricultores a comprar más barato – la ralentización del CBAM – ya sacrificada a la política interna de la Comisión", dijo a POLITICO la presidenta de AGRI, Vrecionová, de los Conservadores y Reformistas Europeos de extrema derecha.

La urgencia política se ve algo atenuada por el hecho de que Bruselas está implementando un plan a largo plazo para un problema que aún no ha llegado a los campos (ni a las facturas de la compra de la mayoría de los europeos). La cosecha que se está sembrando ahora se pagó antes de la guerra.

Doriana Milenkova, analista senior de materias primas en Rabobank, dijo que la decisión de la Comisión de elaborar un plan estructural en lugar de medidas de emergencia era defendible. Los fertilizantes para la temporada actual ya se habían asegurado antes de la guerra. Los productores locales cubrieron los precios del gas. Las importaciones siguieron fluyendo.

"No hay crisis de fertilizantes en la UE para esta temporada de cultivos, ya que la mayoría de los fertilizantes se obtuvieron antes del conflicto", dijo Milenkova. Por lo tanto, la Comisión Europea no tomó medidas de crisis, sino que continuó con el plan de acción sobre fertilizantes que ya estaba en marcha.

Sin embargo, la Comisión ha promocionado el plan como una solución viable en los últimos meses.

Esta situación es muy grave. Soy plenamente consciente de ello y estoy muy preocupado. Este asunto tiene toda mi atención", escribió el Comisionado de Agricultura Christophe Hansen en una publicación en X el mes pasado.

Lo que quiero evitar a toda costa es que los agricultores dejen de producir en el próximo ciclo de cosecha.

La Comisión declinó hacer comentarios antes de la adopción del plan."

(Bartosz Brzeziński , Ketrin Jochecová  , POLITICO, 18/05/26, traducción Quillbot, enlaces en el original) 

La agricultura regenerativa produce la misma cantidad de alimentos sin ningún sobrecoste... Ya hay un primer estudio científico que lo prueba... la escala no varía, los alimentos son más saludables y los campos mucho más resilientes al clima extremo... las calabazas cultivadas en las parcelas regeneradas tuvieron un mayor contenido mineral y de sustancias antioxidantes. Y las peras regenerativas también maduraron con un contenido superior en polifenoles y el doble de capacidad antioxidante, “todo esto ayuda a reducir el estrés oxidativo celular y favorece una mayor protección frente a enfermedades”... la concentración de carbono en el suelo regenerativo es de al menos un 35% mayor en las parcelas regenerativas en comparación con las convencionales... Otro dato clave es la retención de agua, un 9% más alta en las parcelas regenerativas «Esto supone que pueden absorber más agua en caso de inundación y tener más reservas en caso de sequía”

 "La agricultura convencional suele invalidar las técnicas regenerativas argumentando que ofrecen menos cultivos con costes productivos más elevados. Ya hay un primer estudio científico –liderado por el CREAF– que lo refuta: la escala no varía, los alimentos son más saludables y los campos mucho más resilientes al clima extremo.

Cuando se habla de agricultura regenerativa –modelo agrícola que busca regenerar, estimular y mantener la fertilidad y biodiversidad de la tierra–, los empresarios agrícolas, defensores de los usos intensivos del suelo, suelen comenzar sus frases con un “sí, pero”. En el sí reconocen algunas de las bondades de estas técnicas alternativas –suelos más sanos, tierras más fértiles, cosechas de mayor calidad, etc.–. Sin embargo, tras el pero, repiten siempre el mismo argumento: que es imposible alimentar a las 8.000 millones de personas del planeta con una agricultura que tiene una escala limitada y unos costes de producción más elevados. En enero de 2026, este mantra ha sido refutado por la evidencia científica. 

En una sala céntrica de Madrid, ubicada a pocos metros de la estación de Atocha, el CREAF y la Asociación Española de Agricultura Regenerativa Ibérica dieron a conocer esta semana los resultados del primer estudio científico (Regenera.cat) que, durante dos años, ha comparado en un mismo territorio (Cataluya) parcelas regenerativas con convencionales. Una de las principales conclusiones es que las primeras –después de un periodo de transición y una vez se recupera la salud del suelo– producen misma cantidad de alimentos que el sistema tradicional y lo hacen con un coste similar o incluso inferior. 

“Esto es importante porque echa por tierra ese falso argumento de que con la agricultura regenerativa no se puede producir a gran escala. Siempre lo refutamos, pero hoy tenemos la validación científica”, ha explicado Javier Retana, catedrático de Ecología de la Universitat Autònoma de Barcelona, investigador del CREAF y coordinador de este proyecto.

Múltiples beneficios 

Entre los resultados del estudio –realizado entre enero de 2024 y enero de 2026–, el equipo científico destaca que los productos obtenidos por técnicas regenerativas incrementan la concentración de algunos nutrientes y son, por tanto, más saludables. «Existen pocos trabajos que hayan evaluado la densidad nutricional de los alimentos obtenidos por técnicas regenerativas”, indica Dolores Raigón, investigadora de la Universitat Politècnica de València y experta en análisis nutricional. 

Por ejemplo, las calabazas cultivadas en las parcelas regeneradas tuvieron un mayor contenido mineral y de sustancias antioxidantes. Y las peras destacaron por su equilibrio en la concentración de ácidos y azúcares totales. “Es decir, son frutas más compensadas en el sabor, ni muy dulces ni muy ácidas”, explica la experta. Al igual que en las calabazas, las peras regenerativas también maduraron con un contenido superior en polifenoles y el doble de capacidad antioxidante, “todo esto ayuda a reducir el estrés oxidativo celular y favorece una mayor protección frente a enfermedades”.  

Por su parte, la leche procedente de las vacas de las fincas regenerativas de Planeses (Girona) presentaron un índice aterogénico claramente más bajo, “esto quiere decir que hay menos ácidos grasos asociados a la formación de placas en las arterias”, añade la experta. En el caso del yogur regenerativo, los resultados son aún más positivos, ya que presenta índices aterogénicos y trombogénicos -que mide la tendencia de las grasas a favorecer la formación de coágulos en la sangre- más bajos. «En general, esto se asocia a un perfil lipídico más saludable, con menor riesgo cardiovascular y de formación de trombos”, explican los científicos.

Más agua y carbono en el suelo  

Más allá de los alimentos, los resultados de este estudio pionero revelan que la gestión regenerativa tiene “efectos muy positivos” sobre el suelo. En concreto, la concentración de carbono en el suelo regenerativo es de al menos un 35% mayor en las parcelas regenerativas en comparación con las convencionales. “Para hacernos una idea de la importancia de este dato, se ha estimado que aumentando cada año un 0,4% la retención de carbono de todos los suelos agrícolas y forestales podría compensarse la totalidad de las emisiones actuales de gases de efecto invernadero”, destaca Sara Marañón, investigadora del CREAF, quien también forma parte del proyecto.

Otro dato clave es la retención de agua, un 9% más alta en las parcelas regenerativas «Esto supone que pueden absorber más agua en caso de inundación y tener más reservas en caso de sequía”, explica Marañón. Durante la presentación, Ana Digón, presidenta de la Asociación, mostró una foto de estos días de borrascas interminables de dos parcelas linderas pero con diferentes modelos agrícolas –tradicional/regenerativo–. Una estaba toda inundada, con la cosecha estropeada; la otra estaba verde, sin acumulación de agua, gracias a la esponja de su cobertura vegetal.

El estudio también muestra que el modelo regenerativo mantiene mejor el microclima del suelo. “Esto es muy positivo porque, por ejemplo, se amortigua la temperatura cuando hace calor y se mantiene mejor la humedad. De hecho, hemos visto que se pueden amortiguar hasta 3,6 ºC las temperaturas máximas del suelo en verano”, añade Marañón.

Se ha observado, además, que hay más biodiversidad de bacterias, hongos y microartrópodos en el suelo, y varias de las especies que se han detectado son bioindicadores de una mejor calidad del ecosistema. “También aparecen especies reconocidas como biopesticidas comerciales, como Metarhizium sp., es decir, que pueden actuar como control natural de plagas”, explica Xavi Domene, otro de los investigadores del CREAF.

10 criterios para evitar el greenwashing 

Con la presencia de agricultores que vienen desde hace años apostando por la agricultura regenerativa, la presentación de los resultados de este estudio sirvió para oficializar el primer documento que establece los diez criterios básicos que determinan qué es la agricultura regenerativa real.

El diagnóstico de la Asociación Española de Agricultura Regenerativa Ibérica es que el ansiado auge de este modelo no ha ido acompañado de una certificación oficial, “lo que ha provocado que empresas y otros actores se apropien de este término como herramienta de greenwashing”.

Este decálogo ha contado con el consenso de casi 200 personas productoras, entidades y representantes del sector, además de personal científico de universidades y centros de investigación de toda España. 

Los criterios:

1. Contextualidad: adaptar y aplicar las prácticas regenerativas al contexto territorial, ambiental, social y agronómico de cada finca, en coherencia con una planificación a largo plazo.

2. Agua: planificar, dimensionar y desarrollar la producción agroganadera acorde con la disponibilidad hídrica y la realidad geológica y edafoclimática de la región, y realizar prácticas de manejo hidrológico que promuevan un uso responsable y no contaminante del agua, favoreciendo la captación y retención de aguas pluviales en el paisaje.

3. Biodiversidad: realizar prácticas que activamente protejan y aumenten la biodiversidad tanto silvestre como cultivada/doméstica.

4. Pastoreo dirigido: en presencia de ganado herbívoro u omnívoro, que es una práctica altamente deseable y recomendable, integrarlo con pastoreo dirigido.

5. Sin labranza: eliminar el laboreo con volteo de las capas del suelo y reducir al máximo la labranza vertical.

6. Cobertura: mantener el suelo cubierto durante el mayor periodo de tiempo posible con materia vegetal o animal

7. Cultivos: en el caso de los cultivos estacionales, aplicar asociaciones y/o rotaciones y/o diversificación de cultivos combinándolos en el espacio y en el tiempo.

8. Insumos: gestionar, como objetivo fundamental, la finca sin fertilizantes o biocidas de síntesis química (herbicidas, insecticidas y fungicidas), transgénicos ni los generados por edición genética (aplicando siempre el principio de precaución y teniendo en cuenta los posibles avances científicos).

9. Plásticos y residuos: minimizar el uso de plástico y de materiales no reciclables, y garantizar el reciclaje adecuado del que se utilice.

10. Vínculo social y territorial: fomentar la cooperación territorial y la transferencia de conocimiento para fortalecer la comunidad y la sostenibilidad del territorio."

( Andrés Actis , Rebelión, 13/03/26) 

La economía que creó nuestra crisis no puede solucionarla... Por el momento, sigue habiendo un tope de precios en la energía, por lo que la locura de Trump con Irán aún no se está filtrando a nuestra economía. Pero cuando llega el verano, el regulador está obligado por ley a asegurarse de que todos los operadores sigan obteniendo beneficios... los proveedores de energía nacionales tienen un contrato para dejar claro que seguirán obteniendo ganancias pase lo que pase... Así que estamos a punto de entrar en otra crisis espiral de costo de vida que distorsionará aún más la política interna y socavará lo que queda de nuestra economía nacional... La regla más importante en el capitalismo en Gran Bretaña no es la competencia en los mercados libres, sino asegurar que las condiciones del mercado se gestionen de manera que garanticen generosos rendimientos para los inversores... Lo más estúpido de muchas cosas estúpidas que hizo el Reino Unido fue ceder alegremente la soberanía alimentaria a los supermercados. Al pedir a las empresas con fines de lucro que garanticen nuestros suministros nacionales de alimentos, logramos deslocalizar la mayor parte de nuestra producción alimentaria. Dicho de otra manera, sin un comercio internacional sin trabas, Gran Bretaña se muere de hambre... Uno de los impactos de la guerra de Irán va a ser una escasez inmediata de fertilizantes. Quita el fertilizante de la agricultura y nuestra productividad alimentaria se desploma. De hecho, una estimación autorizada concluye que sin importaciones, el suministro de alimentos de Gran Bretaña colapsaría en un 80 por ciento. Dependemos de manera paralizante del resto del mundo para nuestro bienestar financiero y aún más para nuestro bienestar material básico. Simplemente no producimos lo suficiente... La economía que tenemos no relocalizará nada... Nuestra "economía de inversores" no produce cosas... O construimos mercados para la producción nacional o cualquier paso que demos se deshará. O tomamos una estrategia activa de gestión de recursos o cualquier nación con el monopolio de cualquier metal o mineral que podamos necesitar nos tendrá agarrados por los huevos para siempre. Y nada de esto se puede lograr en absoluto por medios ortodoxos. (Robin McAlpine)

 "El reciente pánico global de precios, impulsado por la guerra, no es una aberración, sino una constante en la economía global contemporánea. Es tan inestable que, a menos que tomemos un nuevo rumbo, se derrumbará tarde o temprano.

 Aquí hay otra llamada de emergencia desesperada para Escocia que desearía creer que alguien escucharía. En algún momento pronto, una serie de condiciones económicas podrían coincidir de manera que creen un riesgo existencial para nuestra sociedad, y Trump parece decidido a acelerarlo. Para entender, me temo que voy a tener que pedirle a alguien que me explique el capitalismo de nuevo...

En verano todos nos enfrentamos a otro precipicio financiero. Por el momento, sigue habiendo un tope de precios en la energía, por lo que la locura de Trump con Irán aún no se está filtrando a nuestra economía. Pero cuando llega el verano, el regulador está obligado por ley a asegurarse de que todos los operadores sigan obteniendo beneficios.

También solo un recordatorio; el costo real de extraer petróleo y gas no ha cambiado en absoluto, es solo la escasez de suministro lo que está elevando los precios. Así que las compañías petroleras se están beneficiando a través de lo que son efectivamente cárteles globales, y los proveedores de energía nacionales tienen un contrato para dejar claro que seguirán obteniendo ganancias pase lo que pase. Dejando...

…Tú. El capitalismo nunca se vendió como un sistema en el que el Estado garantiza las ganancias a los ricos obligando a todos los demás a pagarles más todo el tiempo. ¿Qué tiene que ver todo eso con los mercados competitivos, la elección del consumidor y la aplicación del trabajo al capital en busca de mejoras en la productividad?

Así que estamos a punto de entrar en otra crisis espiral de costo de vida que distorsionará aún más la política interna y socavará lo que queda de nuestra economía nacional, y es casi seguro que esto signifique que mientras observadores más ilustrados hablan del verdadero problema detrás de todo esto, nuestra política volverá a encontrar soluciones fáciles a expensas de los contribuyentes, perdiendo de vista el panorama general.

¿De qué está hablando realmente el observador ilustrado? El riesgo estructural inherente de una economía basada en cadenas de suministro globalizadas en un mundo cada vez más inestable. No te voy a explicar todo esto, pero el modelo de capitalismo globalizado con el que vivimos ahora fue diseñado para una era diferente.

Ya se estaba desmoronando a principios de la década de 2000 porque el modelo asumía abundantes suministros globales de petróleo y gas baratos. La globalización se basó en la suposición de que el precio clave de producción era la mano de obra y no la energía. Pero entonces China empezó a crecer y la demanda de petróleo y gas de Asia Oriental realmente empezó a acelerarse.

El siglo XXI se ha convertido, por lo tanto, en una era de extrema volatilidad en los costos de energía. La demanda ha aumentado, la inversión especulativa ha afluido en masa, la acción gubernamental se ha reducido drásticamente y el resultado es una economía global endémicamente errática. La globalización permitió que la producción se trasladara según los precios de la mano de obra, pero en un plazo de varios años. No puede responder a los precios del petróleo y el gas, que están globalizados de todos modos y que pueden variar de hora en hora.

La regla más importante en el capitalismo en Gran Bretaña no es la competencia en los mercados libres, sino asegurar que las condiciones del mercado se gestionen de manera que garanticen generosos rendimientos para los inversores. La teoría es que el dinero es algo que otra persona tiene y a menos que les resulte muy atractivo invertir parte de ese dinero en tu economía, no tendrás más dinero.

Pero las ganancias garantizadas son anatema para el capitalismo real e inevitablemente distorsionarán una economía – y eso es lo que ha sucedido. Si los inversores tienen garantizadas las ganancias pero los productores no, el dinero sensato se aleja de la producción y se dirige hacia la especulación (que en realidad no es especulación si el gobierno está casi garantizando sus rendimientos).

Se habla mucho de cómo Thatcher desindustrializó el norte de Inglaterra, Escocia y Gales. Pero eso hace que parezca que aprobó una legislación que obligó al cierre de fábricas o algo así. Lo que realmente sucedió fue que ella arruinó sus primeras intervenciones industriales, casi mató la economía y, por lo tanto, entró en pánico y le dio un impulso al sector de servicios financieros para compensar lo que había destruido accidentalmente. Thatcher no desindustrializó el norte, lo hizo el neoliberalismo.

Fue una lucha desesperada, no un movimiento planeado – y sin embargo, seguimos atascados con él. Vendemos servicios y compramos productos. Esa es nuestra economía. Pero esto también disfraza una realidad significativa: muchos de esos "servicios" en realidad se refieren a la venta de nuestros activos nacionales o al endeudamiento en el sector privado para evitar que nuestra economía se deslice hacia la insolvencia.

Como probablemente sabrás, la deuda nacional de Gran Bretaña ronda el 95 por ciento del PIB. Pero esa es solo deuda gubernamental. En general (incluido el sector privado), Gran Bretaña está en deuda con el resto del mundo en un 550 por ciento del PIB. Eso es, con mucho, lo peor del G7.

 Compramos mucho más de lo que vendemos y luego pedimos prestado de maneras visibles o invisibles para compensar la diferencia y mantener algo parecido a nuestro nivel de vida. Esto es a lo que Mark Carney se refirió astutamente como "confiar en la amabilidad de extraños" para salir adelante (aunque no hay amabilidad involucrada). Pero es un esquema Ponzi y no hay mucho que lo sostenga.

"Dicho de forma muy sencilla, la solución a esto va a ser poco convencional o infructuosa, una u otra cosa".

Todo esto es muy teórico y de hoja de cálculo y no tendrá sentido para la mayoría de la gente. Es como un dragón oculto que influye en tu mundo pero que no puedes ver. Lo que puedes ver es el tigre agazapado, la inestabilidad inherente contenida en esto que está esperando para abalanzarse, y que se abalanza una y otra vez.

Pasó con la crisis financiera. La estrategia de "rendimientos garantizados para los inversores" animó a los inversores a volverse locos, haciendo colapsar la economía, pero luego nuestro dinero de impuestos se desvió para restaurar sus rendimientos porque ese es el piso del esquema Ponzi. Algo así volvió a suceder alrededor del Brexit, pero luego principalmente durante la pandemia, y de nuevo en el atasco de la cadena de suministro pospandémico.

Y de nuevo por la guerra de Ucrania – y ahora de nuevo por la guerra de Irán. Todo el sistema está tambaleándose gravemente, y un claro ejemplo de ello es la vivienda. ¿Recuerdas la amabilidad de los extraños? Bueno, la inversión en el mercado inmobiliario es así. Prometemos inflar los precios de la vivienda continuamente porque hay muy pocas otras opciones para obtener rendimientos seguros y garantizados para los inversores.

Así que ahora no podemos proporcionar viviendas a nadie menor de 40 años porque los constantes rendimientos de los inversores significan que las casas se han vuelto increíblemente caras – y así Reform culpa a los inmigrantes y terminamos aquí. Pero esto es solo la punta del iceberg. Lo más estúpido de muchas cosas estúpidas que hizo el Reino Unido fue ceder alegremente la soberanía alimentaria a los supermercados. Al pedir a las empresas con fines de lucro que garanticen nuestros suministros nacionales de alimentos, logramos deslocalizar la mayor parte de nuestra producción alimentaria.

Dicho de otra manera, sin un comercio internacional sin trabas, Gran Bretaña se muere de hambre. ¿Qué tan dependientes somos? Peor de lo que crees. Importamos directamente más del 40 por ciento de los alimentos que consumimos, pero los alimentos que producimos también dependen de las cadenas de suministro. Uno de los impactos de la guerra de Irán va a ser una escasez inmediata de fertilizantes. Quita el fertilizante de la agricultura y nuestra productividad alimentaria se desploma.

De hecho, una estimación autorizada concluye que sin importaciones, el suministro de alimentos de Gran Bretaña colapsaría en un 80 por ciento. Dependemos de manera paralizante del resto del mundo para nuestro bienestar financiero y aún más para nuestro bienestar material básico. Simplemente no producimos lo suficiente para pagarnos nuestro camino en el escenario mundial o sobrevivir sin cantidades masivas de importaciones.

Mirar por qué no producimos fertilizantes te lo dice todo. Los precios altos y volátiles del petróleo y el gas hicieron que invertir en nitrógeno artificial (que es básicamente lo que son los fertilizantes) fuera menos que una apuesta segura. Así que pasamos de ser autosuficientes a cero, y ahora somos rehenes.

Quería repasar cómo es la alternativa y cómo podríamos llegar a ella, pero si empiezas por ahí, todo se vuelve demasiado superficial. "Reubicar la producción" es un mito de Trump. La economía que tenemos no relocalizará nada, y es por la mitad de la tendencia que he descrito anteriormente. Nuestra "economía de inversores" no produce cosas, pero es la volatilidad lo que hace difícil revertir esto.

No se puede pasar de un sistema o enfoque a otro sin un compromiso sostenido, y ¿quién quiere hacer un compromiso sostenido cuando todo cambia constantemente? (...)

Si solo respondieras a "hoy", no sería lo mismo, ¿verdad? Uno es un problema, otro es una crisis, y el otro no está tan mal. Pero luego mira un año después de eso y vuelve a ser un problema. Para el verano podría ser una crisis de nuevo. Como está descubriendo Trump, no se puede hacer que los productores inviertan más creando un conjunto de circunstancias que no creen que estarán presentes un año o dos después.

Porque hemos hecho a los inversores gordos y perezosos. Literalmente creen que siempre deberían obtener un retorno de la inversión, como si fuera un derecho humano. Y son los políticos quienes se han esforzado al máximo para reforzar esa mentalidad. Ya no puede corregirse a sí mismo.

 Así que volvamos por un segundo. El componente laboral de la producción no es tan importante como lo era si el componente energético está aumentando, y de nuevo, si la automatización puede reemplazar la mano de obra, entonces los costos laborales se vuelven irrelevantes. Pero el componente energético no solo está cobrando más importancia, sino que también se está volviendo más inestable, desestabilizando todo el sistema.

Y la parte que nunca se discutió previamente – ese elemento de capital – es ahora objeto de un acalorado debate. En los albores de la era de la globalización, todo iba a ser de plástico y era barato e inagotable, por lo que las materias primas no eran tan importantes. De repente, el cuello de botella son los metales y minerales de tierras raras, y el problema ni siquiera es el precio, sino la disponibilidad y el control.

Dicho de forma muy sencilla, la solución a esto va a ser poco convencional o infructuosa, una u otra. O bien re-incentivamos la producción y frenamos el capitalismo especulativo de los inversores, o el comercio interrumpido podría matarnos. O impulsamos la estabilidad energética o nos aferramos para siempre con las uñas, esperando que no haya movimientos bruscos cuando eso es todo lo que hay.

O construimos mercados para la producción nacional o cualquier paso que demos se deshará. O tomamos una estrategia activa de gestión de recursos o cualquier nación con el monopolio de cualquier metal o mineral que podamos necesitar nos tendrá agarrados por los huevos para siempre. Y nada de esto se puede lograr en absoluto por medios ortodoxos.

Dije que esto era una señal de alarma para Escocia. Bueno, esto es una señal de alarma para todos en este momento. Gran Bretaña es el país desarrollado más expuesto, y dentro de Gran Bretaña, Escocia probablemente es más vulnerable que nadie. En Escocia no confiamos en la amabilidad de los extraños, sino en su lástima. La inversión extranjera es un grito sin sentido de patetismo en una nación que no pierde el tiempo pensando en economía.

Creemos que somos un país desarrollado con un nivel de vida acorde, pero en gran medida es una ilusión. Estamos al borde de una seria recalibración y, lo peor de todo, hemos dejado las cosas de tal manera que todo esto está fuera de nuestro control. Necesitamos tomar las riendas o ser zarandeados por un caos cada vez mayor. Volveré a lo que esto significa la semana que viene." 

(Robin McAlpine, Common Weal , traducción Quillbot, enlaces y gráficos en el original)

Los supermercados públicos con los que Mandani quiere equipar a Nueva York ya existen en Francia y en Bolivia... es una medida muy rupturista pues conlleva el enfrentamiento con las grandes multinacionales de la distribución alimentaria con poder y presupuestos mucho mayores que los que, de hecho, maneja la ciudad de Nueva York... Si la alimentación no es una mercancía, sino un derecho vital para todas las personas, la alimentación debería de garantizarse desde lo público, al igual que se hace con otros derechos básicos como la educación o la sanidad... el supermercado público debe ser viable, debe remunerar correctamente a las y los trabajadores, debe fomentar que sus productos lleguen del campesinado local, a quienes pagar debe como merecen, debe garantizar precios finales de venta accesibles y esto debe ser posible porque no hay, arriba de todo, sentado en una poltrona, un empresario o unos accionistas exigiendo enriquecerse... en Francia se llama “Seguridad Social de la Alimentación”. En este caso, el mecanismo que se propone es entregar a toda la población, como se hace para garantizar el derecho a la salud, una tarjeta monedero cargada con la cantidad económica suficiente para, en establecimientos conveniados, adquirir la canasta alimentaria básica (Gustavo Duch)

 "Hace poco, en las páginas de la revista Soberanía Alimentaria, se publicó un artículo firmado por el activista boliviano Mario Vargas en el que explica el funcionamiento de la cadena de supermercados públicos de su país, conocidos como los EMAPA, dado que están gestionados por la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos, de titularidad pública. Esta cuestión ha vuelto a los titulares con la noticia de la victoria de Zohran Mamdani en las elecciones a la Alcaldía de Nueva York. La creación de una red de supermercados públicos es una de sus medidas estrella y, ciertamente, muy disruptiva, pues conlleva, nada más y nada menos, que disputar la alimentación a los mercados especulativos donde está instalada, enfrentándose a grandes multinacionales de la distribución alimentaria con poder y presupuestos mucho mayores que los que, de hecho, maneja la ciudad de Nueva York. ¿Lo conseguirá? En Bolivia, hasta el momento, se ha logrado.

A mi entender, los supermercados públicos beben de una misma idea: “La alimentación no es una mercancía”, el primer eslogan que las y los campesinos de La Vía Campesina lucían en sus pañoletas verdes durante sus enfrentamientos con la Organización Mundial del Comercio, en Cancún o Hong Kong, en 2003 y 2005 respectivamente. En esos tiempos ya era evidente que la globalización y el trasiego de alimentos por todo el planeta, además de todas las consecuencias ecológicas derivadas, llevaría al pequeño campesinado a una situación donde sostener su modo de vida sería muy complicado. Si la alimentación no es una mercancía, sino un derecho vital para todas las personas, la alimentación debería de garantizarse desde lo público, al igual que se hace con otros derechos básicos como la educación o la sanidad. 

Así, uno de los objetivos principales de los supermercados públicos, tanto en Bolivia como ahora en Nueva York, es garantizar que toda la población –especialmente la de bajos ingresos (en las ciudades de EEUU, el precio de los alimentos se ha triplicado en los últimos 40 años) o las que viven en “desiertos alimentarios”– tengan acceso a alimentos frescos y saludables a precios justos. Para ello, en el caso del plan de Mamdani, se prevé, en una primera fase, la instalación de cinco supermercados, uno por cada distrito de la ciudad. 

Si bien estos supermercados públicos siguen operando en “los mercados”, la diferencia principal con las cadenas privadas es que el ánimo de lucro no es su motivación. La empresa debe ser viable, debe remunerar correctamente a las y los trabajadores, debe fomentar que sus productos lleguen del campesinado local, a quienes pagar debe como merecen, debe garantizar precios finales de venta accesibles y esto debe ser posible porque no hay, arriba de todo, sentado en una poltrona, un empresario o unos accionistas exigiendo enriquecerse de todas estas dignas dedicaciones. La presencia de supermercados públicos con precios no especulativos puede entenderse, incluso, como una intervención para regular los precios alimentarios, en tanto que las cadenas privadas, de alguna manera, se pueden ver obligadas a rebajar sus márgenes si, más o menos cerca, hay un supermercado municipal con precios justos. 

Aunque otros lugares de EEUU ya han desarrollado iniciativas parecidas, con diferentes formatos, lo que hace significativa esta propuesta en Nueva York es que una gran ciudad se sume a experimentar con sistemas alimentarios bajo esta óptica pública. En este sentido, hay que poner atención a las pruebas piloto de lo que en Francia llaman la creación de una “Seguridad Social de la Alimentación”. En este caso, el mecanismo que se propone es entregar a toda la población, como se hace para garantizar el derecho a la salud, una tarjeta monedero cargada con la cantidad económica suficiente para, en establecimientos conveniados, adquirir la canasta alimentaria básica. Unas y otras, buenas y necesarias prácticas que, como estamos viendo con las comunidades energéticas o las luchas por la vivienda pública, visibilizan que sí, que podemos agrietar el capitalismo."

(Gustavo Duch , CTXT, 13/11/25)

Cómo los supermercados municipales pueden combatir la inseguridad alimentaria y los desiertos alimentarios... Una de las propuestas más innovadoras de Zohran Mamdani para ayudar a abordar la creciente crisis del costo de vida en Nueva York, es abrir una tienda de comestibles de propiedad municipal en cada distrito... es una solución prometedora para las comunidades que sufren el hambre y la inseguridad alimentaria derivadas de vivir en desiertos alimentarios, barrios urbanos o rurales con acceso limitado a alimentos saludables y asequibles. Los desiertos alimentarios existen en parte debido a los intereses lucrativos desalineados de las empresas privadas de comestibles... una solución prometedora para las comunidades que sufren el hambre y la inseguridad alimentaria derivadas de vivir en desiertos alimentarios, barrios urbanos o rurales con acceso limitado a alimentos saludables y asequibles. Los desiertos alimentarios existen en parte debido a los intereses lucrativos desalineados de las empresas privadas de comestibles... La ciudad de Nueva York alberga más de dos docenas de barrios clasificados como desiertos alimentarios, donde las opciones de alimentos no saludables superan con creces a las nutritivas... Los precios de los alimentos en Nueva York han aumentado en más del 25 por ciento desde 2019. No se puede decir lo mismo de los salarios de los trabajadores, que se han estancado... La Iniciativa de Tiendas de Comestibles Rurales de la Universidad Estatal de Kansas brinda apoyo personalizado a las nuevas tiendas de comestibles, desde estudios iniciales de viabilidad e investigación de mercado hasta capacitación de empleados y gestión operativa, a través de una iniciativa estatal de alimentos saludables (Maya Khadr – Omar Ocampo)

 "La victoria sorpresa de Zohran Mamdani en las primarias demócratas para la alcaldía de Nueva York se debió a su enfoque en la asequibilidad. Una de sus propuestas más innovadoras para ayudar a abordar la creciente crisis del costo de vida en la ciudad es abrir una tienda de comestibles de propiedad municipal en cada distrito que amplíe el acceso a alimentos de buena calidad para los residentes a un precio asequible.

Contrariamente a las protestas públicas de los críticos, las tiendas de comestibles propiedad de la ciudad no son una idea novedosa o radical en Estados Unidos. El ejército de los Estados Unidos ya opera una red de supermercados de propiedad pública; las comunidades rurales de Kansas han experimentado con éxito con supermercados de propiedad municipal; y las grandes ciudades están explorando su potencial y trazando planes.

Las tiendas de comestibles de propiedad municipal son una solución prometedora para las comunidades que sufren el hambre y la inseguridad alimentaria derivadas de vivir en desiertos alimentarios, barrios urbanos o rurales con acceso limitado a alimentos saludables y asequibles.

Los desiertos alimentarios existen en parte debido a los intereses lucrativos desalineados de las empresas privadas de comestibles. Grandes cadenas de supermercados como Kroger y Whole Foods no se molestan en invertir en ciertas comunidades porque, a pesar de la demanda, los barrios de bajos ingresos carecen de la infraestructura y el poder adquisitivo necesarios para sostener sus negocios con fines de lucro. En cambio, los minoristas concentran o reubican sus supermercados en áreas donde pueden esperar una mayor tasa de rentabilidad, como los barrios suburbanos más ricos.

Ese incentivo de lucro crea un ciclo perjudicial que perpetúa un fenómeno conocido como "discriminación de supermercados", que deja a miles de comunidades desatendidas.

La ciudad de Nueva York alberga más de dos docenas de barrios clasificados como desiertos alimentarios. Estas localidades son predominantemente de población negra e hispana y dependen tanto de bodegas como de tiendas de un dólar para satisfacer sus necesidades de comestibles, creando "pantanos alimentarios" donde las opciones de alimentos no saludables superan con creces a las nutritivas.

La propuesta de Mamdani busca llenar el vacío dejado por el mercado. Está ofreciendo tiendas de comestibles de propiedad municipal como una opción pública para residentes de bajos ingresos en barrios que el sector privado ha abandonado. Si resulta elegido, Mamdani se ha comprometido a destinar 60 millones de dólares para apoyar su programa piloto de comestibles, centrándose en ampliar la accesibilidad y garantizar la asequibilidad en lugar de obtener beneficios. Las quejas sobre la rentabilidad son exageradas, dado que los supermercados del sector público pueden controlar los costes eliminando los márgenes de beneficio mediante exenciones del impuesto sobre bienes inmuebles, el alquiler y las tasas de licencia.

El ahorro proyectado para los consumidores gracias a este programa ha tenido buena acogida entre los neoyorquinos. Los precios de los alimentos en Nueva York han aumentado en más del 25 por ciento desde 2019. No se puede decir lo mismo de los salarios de los trabajadores, que se han estancado y no han logrado mantenerse al ritmo del costo de los alimentos.

Los detractores de Mamdani señalan varios desafíos para gestionar una tienda de comestibles municipal de manera eficaz. Por ejemplo, los gobiernos locales pueden carecer de experiencia operativa o tener dificultades para comprar alimentos a los mayoristas a un precio competitivo. Pero estos desafíos no son insuperables.

 La Iniciativa de Tiendas de Comestibles Rurales de la Universidad Estatal de Kansas brinda apoyo personalizado a las nuevas tiendas de comestibles, desde estudios iniciales de viabilidad e investigación de mercado hasta capacitación de empleados y gestión operativa, a través de una iniciativa estatal de alimentos saludables.

“Antes se consideraba que el sector de la alimentación era un sector multigeneracional, donde el negocio pasaba de padres a hijos”, dijo la directora del programa, Rial Carver, a Inequality.org en una entrevista reciente. Pero con la creciente concentración del mercado en manos de un puñado de empresas dominantes, “ahora hay tenderos que entran en el negocio sin el conocimiento transmitido de generación en generación”. La necesidad de asistencia técnica es grande y hacemos todo lo posible para apoyarlos.

Los gobiernos e instituciones estatales y locales pueden encabezar o participar en programas que ayuden a las tiendas de comestibles municipales con conocimientos especializados del mercado, apoyo técnico e iniciativas estatales como el Programa de Acceso a Alimentos de la Comunidad de Colorado, que ayuda a los minoristas a acceder a alimentos a precios más bajos.

Los comisariatos militares son un excelente ejemplo de cómo la colaboración entre tiendas puede mantener precios competitivos. Al compartir proveedores entre su red de tiendas, pueden mantener precios entre un 25 y un 30 por ciento más bajos que las tiendas minoristas.

En Dakota del Norte, tres tiendas de comestibles y otras dos entidades se unieron en 2021 para formar Rural Access Distribution (RAD), una cooperativa de compras. Uno de los objetivos de la cooperativa es que las empresas compren alimentos al por mayor de forma conjunta para aprovechar los beneficios de los precios mayoristas. “También hay un restaurante [y] un distrito escolar que se ha unido a la cooperativa de compras”, añadió Carver. “Ven las ventajas de comprar a ese mayorista.” También puede servir para otros tipos de negocios.

Las tiendas de comestibles de Mamdani, propiedad de la ciudad, pueden adoptar una estrategia similar con otras tiendas de comestibles de Nueva York, formando o uniéndose a un consorcio, para aunar sus recursos y comprar alimentos en grandes cantidades y así acceder a precios mayoristas más baratos.

El supermercado St. Paul, una tienda de comestibles propiedad y operada por la ciudad de St. Paul en Kansas, es un ejemplo exitoso de tienda municipal. Tras la jubilación de Joe y Sue Renfro, el ayuntamiento decidió comprarlo. La tienda de comestibles lleva doce años funcionando como empresa municipal. Según la ciudad, el secreto reside en un amplio apoyo comunitario y un equipo de liderazgo eficaz, además del compromiso de la ciudad de seguir brindando apoyo financiero.

Los supermercados públicos no tienen que ser uniformes. Pueden adoptar diferentes estructuras organizativas dependiendo de los deseos de las partes interesadas de la comunidad, el nivel de apoyo de los residentes y los gobiernos locales. Los modelos varían desde cooperativas propiedad de los trabajadores y organizaciones sin ánimo de lucro hasta asociaciones público-privadas en las que se externalizan las operaciones.

Por ejemplo, la ciudad de Atlanta planea abrir dos tiendas de comestibles de propiedad municipal en asociación con el mercado de alimentos orgánicos Savi Provisions a finales de este año para combatir la inseguridad alimentaria. Las tiendas serán más que un simple lugar para comprar alimentos; también serán un centro comunitario y cultural con talleres y clases.

 En lugar de aceptar que los pequeños pueblos rurales y las comunidades históricamente marginadas carezcan de acceso adecuado a alimentos asequibles y de calidad en aras del beneficio corporativo, la propiedad pública replantea el debate abordando directamente el fallo del mercado. Las tiendas de comestibles de propiedad municipal también tienen el potencial de generar nuevos debates sobre los altos niveles de concentración del mercado en la industria y revivir la aplicación de la Ley Robinson-Patman para revertir la discriminación de precios de los mayoristas hacia las tiendas de comestibles municipales y más pequeñas.

Es posible que las tiendas de comestibles municipales de Mamdani registren pérdidas económicas en los primeros años, pero las opciones públicas no están diseñadas para generar beneficios. Están diseñados para proporcionar a los clientes un acceso adecuado a los productos de alimentación a un precio asequible.

El verdadero retorno de la inversión son mejores resultados en salud, vecindarios más fuertes, mayor rendición de cuentas a sus electores y la eliminación de los desiertos alimentarios para los más de 53 millones de personas que actualmente viven en ellos. Las tiendas de comestibles de propiedad municipal son un paso hacia la transformación del acceso a los alimentos y a los supermercados de servicio completo, de un privilegio a un derecho comunitario." 

(Maya Khadr – Omar Ocampo , C0unter Punch, 08/08/25, traducción Quillbot, enlaces en el original) 

Marruecos: Crisis alimentaria y estrés hídrico en el contexto de la crisis económica, la deuda y la presión de las instituciones financieras globales... Décadas de políticas neoliberales, bajo la égida de las Instituciones Financieras Internacionales (IFI), han modelado la economía marroquí y profundizado su dependencia del mercado capitalista mundial a todos los niveles... Marruecos vende 8.000 millones de dólares en verduras, frutas y cítricos (que están saturados de agua y consumen año tras año el 80% de nuestros menguantes recursos hídricos) para comprar 9.000 millones de dólares en cereales... es el fruto amargo de una política consciente para beneficiar a los grandes inversores agroalimentarios privados locales y extranjeros... Es el resultado de la política agrícola neoliberal dictada por las IFI, conocida como Plan Marruecos Verde, en virtud del cual, entre otras opciones, se decidió reducir la superficie de cultivo de cereales de 6 millones de hectáreas a 1,5 millones de hectáreas y sustituirlos por cultivos de sandías, aguacates, tomates... de país exportador de cereales, ha pasado a depender en gran medida del mercado internacional... el gobierno actual sigue aplicando las nefastas recomendaciones del BM y del FMI, que han llevado a Marruecos a una degradación de las condiciones de vida y de trabajo de la inmensa mayoría de la población... La austeridad presupuestaria ha tenido graves consecuencias... El endeudamiento de los hogares, sobre todo entre los pobres, ha aumentado y la tasa de emigración ha crecido entre los jóvenes que buscan escapar del infierno del desempleo masivo... el subdesarrollo se ha agravado y nuestra clasificación se ha deteriorado en términos de indicadores de desarrollo humano... El país se enfrenta a una disyuntiva histórica: mantener su dependencia y seguir sirviendo a los intereses de las empresas multinacionales, o romper el círculo vicioso de la deuda y el libre comercio que obstaculiza su desarrollo. El país debe encontrar su propio camino (Mohamed Hadi )

 "Tras los años de crisis provocados por la pandemia del Covid-19, la economía marroquí sigue enfrentándose a una situación extremadamente difícil.

 Mayor dependencia

La economía marroquí está estrechamente vinculada a la situación en Europa. Europa es el primer socio comercial, financiero y económico del Reino. Absorbe casi el 60% de las exportaciones marroquíes y proporciona el mismo porcentaje en importaciones. Es el destino de las principales remesas de los nacionales marroquíes en el extranjero, y es la fuente de ingresos procedentes del turismo, la ayuda al desarrollo y los préstamos, etc. La economía marroquí es, por tanto, muy dependiente de Europa. La economía marroquí es, por tanto, muy dependiente de la Unión Europea y de las crisis que pueda sufrir. Lo hemos visto con la ralentización que afecta actualmente a Europa -sobre todo debido a las repercusiones de la guerra en Ucrania-, que está provocando una caída de la demanda de productos extranjeros, incluidos los marroquíes.

Según el Banco Mundial, Marruecos es actualmente uno de los países con economías más abiertas al exterior, con una tasa de apertura superior al 65% para el periodo 2008-2013, superior a la de Egipto (39,5%), India (36,6%), Argentina (35,8%) o Turquía (43,6%), y con un nivel de importaciones muy superior al de exportaciones.

Décadas de políticas neoliberales, bajo la égida de las Instituciones Financieras Internacionales (IFI), han modelado la economía marroquí y profundizado su dependencia del mercado capitalista mundial a todos los niveles, conduciendo incluso a la pérdida de su soberanía para elaborar sus propias políticas económicas y sociales...

 Decadente soberanía alimentaria

Desde 2022, Marruecos sufre una crisis inflacionista, con tasas de inflación de los precios de los alimentos básicos que oscilan entre el 5% y el 30%. Además, según el Banco Mundial (enero de 2023), «la caída de las precipitaciones muy por debajo de la media amenaza al sector agrícola [marroquí] con la sequía por sexto año consecutivo». A mediados de enero, la tasa de llenado de los embalses era muy baja (23,3%, frente al 31,5% a mediados de enero de 2023), lo que pone en peligro los cultivos y la producción alimentaria local [1].

Mientras que la factura alimentaria del país aumentó en más de 3.000 millones de dirhams (300 millones de euros) en 2023, todos los productos alimenticios que Marruecos compra en el extranjero experimentaron un aumento significativo, tanto en valor como en volumen. Según las estadísticas oficiales, la factura de importación de animales vivos (es decir, el rebaño de ovejas y vacas que Marruecos acabó trayendo del extranjero tras décadas de autosuficiencia) costó unos 3.000 millones de dirhams (300 millones de euros).

Por ejemplo, la balanza comercial de Marruecos [2] pone de relieve el hecho chocante de que el país vende 8.000 millones de dólares en verduras, frutas y cítricos (anegados y que consumen año tras año el 80% de nuestros menguantes recursos hídricos) para comprar 9.000 millones de dólares en cereales.

Desde la independencia formal de Marruecos [3], el sector agrícola ha absorbido una parte muy importante de las ayudas bajo distintas formas: en infraestructuras, presas, insumos y equipos, además de ayudas financieras y exenciones fiscales, etc. A esto se añade el hecho de que en el sector se mantienen salarios bajos y duras condiciones de trabajo.

Todo esto es el fruto amargo de una política consciente para beneficiar a los grandes inversores agroalimentarios privados locales y extranjeros. Es el resultado de la política agrícola neoliberal dictada por las IFI, conocida como Plan Marruecos Verde (2008-2018) [4] y ahora como Generación Verde (2020-2023) [5]. Una política en virtud de la cual, entre otras opciones, se decidió reducir la superficie de cultivo de cereales de 6 millones de hectáreas a 1,5 millones de hectáreas y sustituirlos por cultivos de sandías, aguacates, tomates... y Marruecos, que hasta finales de los años 60 era principalmente un país exportador de cereales, ha pasado a depender en gran medida del mercado internacional.

 Una aguda crisis del agua

«Mientras que se espera que las necesidades de agua de los cultivos aumenten entre un 8 y un 27%, el rendimiento de los cultivos de secano, sobre todo cereales y hortalizas, podría disminuir entre un 5 y un 30%».

Un estudio comparativo de los países del Magreb pone de relieve la especial vulnerabilidad de Marruecos al cambio climático. La subida de las temperaturas y el consiguiente aumento de la evapotranspiración, combinados con la disminución de las precipitaciones, aumentarán la presión sobre los recursos hídricos, mientras que en algunas zonas los balances de aguas subterráneas ya son deficitarios [6]. [6]. Un aumento de la temperatura de 2 °C con respecto al periodo 1980-2010 provocaría una disminución del 30% de los caudales de agua de aquí a 2050 y un aumento del 50% de la frecuencia de los días de sequía de aquí a finales de siglo.

La importancia de la agricultura de secano (95% de la superficie agrícola total utilizada) y la captación de agua para actividades agrícolas (87% de la captación total) son factores decisivos en las tendencias de la productividad. Mientras que se prevé que las necesidades de agua de los cultivos aumenten entre un 8% y un 27%, el rendimiento de los cultivos de secano, sobre todo cereales y hortalizas, podría disminuir entre un 5% y un 30%, según un estudio de la FAO, entre otros. La vulnerabilidad también tiene en cuenta la importancia económica del sector agrícola en Marruecos, tanto en términos de PIB (17% del PIB) como de empleo (casi el 45% del empleo) [7].

 El sobreendeudamiento y la cura neoliberal

Marruecos es actualmente uno de los países más endeudados, el tercero del mundo árabe después de Egipto y Argelia en términos de deuda exterior. Se ha vuelto incapaz de embarcarse en un programa sin pedir prestado al extranjero. A cambio de estos préstamos, las IFI recomiendan que el país revise radicalmente el fondo de compensación, lo que llevaría a su eliminación y amenazaría seriamente las subvenciones a los alimentos básicos de los que depende la gran mayoría de la población.

Mientras tanto, el gobierno actual sigue aplicando las nefastas recomendaciones del BM y del FMI, que han llevado a Marruecos a una degradación de las condiciones de vida y de trabajo de la inmensa mayoría de la población. Según estas instituciones, la salida del callejón sin salida es que Marruecos prosiga y profundice las mismas políticas aplicadas durante los años del programa de ajuste estructural y de apertura al mercado mundial. Aún más privatizaciones y orientación a la exportación, menor gasto público, deducciones fiscales a costa de las clases trabajadoras, etc.

La austeridad presupuestaria ha tenido graves consecuencias. Las infraestructuras sociales, como escuelas y hospitales, y los servicios que prestan, se han deteriorado. Lo mismo ocurre con otras infraestructuras como carreteras, redes de agua y electricidad, etc. El endeudamiento de los hogares, sobre todo entre los pobres, ha aumentado y la tasa de emigración ha crecido entre los jóvenes que buscan escapar del infierno del desempleo masivo. Las clases trabajadoras se han visto especialmente afectadas por la subida de los precios y el elevado coste de la vida.

Este es un resultado amargo y catastrófico para nuestro pueblo, ya que el subdesarrollo se ha agravado y nuestra clasificación se ha deteriorado en términos de indicadores de desarrollo humano (nivel de educación, salud y renta per cápita), a veces superada por países en situación de guerra e inestabilidad. La política de endeudamiento ha intensificado la dependencia de los países imperialistas, agravando la pérdida de soberanía política, económica, financiera, alimentaria, medioambiental y cultural de Marruecos.

 Liberarse del yugo de la dependencia y el subdesarrollo

El país se enfrenta a una disyuntiva histórica: mantener su dependencia y seguir sirviendo a los intereses de las empresas multinacionales y los países imperialistas, o romper el círculo vicioso de la deuda y el libre comercio que obstaculiza su desarrollo. El país debe encontrar su propio camino. Para ello, hay que acabar con el sistema de despotismo político y corrupción, instaurar un Estado de derecho y de justicia social, poner en marcha una política que favorezca el desarrollo industrial del país y unas estructuras agrícolas adecuadas, etc. Hay que implantar políticas que protejan al ser humano y a la naturaleza, y fomentar la buena gestión de los recursos naturales, su explotación y transformación... todo ello en beneficio de la población trabajadora.

Una vez reunidas estas condiciones y puestas en práctica por una autoridad popular al servicio de las clases trabajadoras, se podrá sacar al país del subdesarrollo y activar su desarrollo económico, lo que a su vez liberará los recursos necesarios para poner en marcha un sistema de políticas sociales coherentes y eficaces que satisfagan las necesidades de bienestar del conjunto de la población.

Para avanzar hacia la soberanía alimentaria, necesitamos :

-    Situar la agroecología en el centro de las políticas gubernamentales. La agroecología es una alternativa al modelo productivista neoliberal. Garantiza los derechos colectivos de los campesinos, protege la biodiversidad, fortalece los sistemas alimentarios locales y valora el trabajo de las mujeres, que es literalmente vital.

-    La puesta en marcha de una reforma agraria popular y global, que acabe con el acaparamiento del agua, las semillas y la tierra por parte de las empresas transnacionales, y que garantice a los pequeños productores derechos justos sobre los recursos productivos.

-    Una gobernanza alimentaria basada en los intereses de los pueblos y no en los de las empresas transnacionales. A escala mundial, regional, nacional y local, debemos poner fin al dominio de las multinacionales sobre la gobernanza alimentaria y situar los intereses de las personas en el centro. Debe reconocerse a los pequeños productores un papel clave en todas las instancias de gobernanza alimentaria;

-    Acabar con el círculo vicioso de la deuda pública ilegítima, que es uno de los principales obstáculos para satisfacer las necesidades humanas básicas, incluido el acceso a una alimentación digna. La satisfacción de las necesidades humanas básicas debe primar sobre cualquier otra consideración, ya sea geopolítica o financiera. En términos morales, los derechos de los acreedores, rentistas y especuladores no están a la altura de los derechos fundamentales de ocho mil millones de ciudadanos, pisoteados por el implacable mecanismo que es la deuda [8]."

( Mohamed Hadi  , CADTM, 23/05/25, traducción DEEPL, notas en el original)

Los precios de los alimentos se han disparado estos últimos años en toda la Unión Europea. En marzo de 2023, la inflación en alimentos alcanzó la cifra récord del 15%. Los consumidores alemanes pagan casi un 30% más por los alimentos que en 2021, a pesar de la reducción de costos energéticos y de producción... Al mismo tiempo, la parte del precio minorista que llega al agricultor es cada vez menor... Un ejemplo sorprendente es la participación declinante de los agricultores en el precio del pan: en 1970 obtenían el 19,2% del precio de venta al público; en 2022, el porcentaje se había derrumbado al 5%... muchos productores de leche operan a pérdida y dependen de subsidios para sobrevivir... A los agricultores se les pide producir alimentos de alta calidad y al mismo tiempo proteger el medioambiente, el clima y los animales (a menudo, cumpliendo gravosas normas burocráticas). Pero conforme la creación de valor se aleja de los productores, los beneficios se concentran cada vez más en unos pocos procesadores y minoristas poderosos... no se ha dado respuesta suficiente a la cuestión central: garantizar precios justos en toda la cadena de valor... Se necesita un mecanismo de fijación de precios que comience en el productor; esto implica cuatro reformas fundamentales, empezando por el cumplimiento de obligaciones contractuales. En el caso particular de los productores lácteos, es común que entreguen sus productos sin saber qué precio se les pagará, algo que en la mayoría de los demás sectores sería impensable... En Alemania, cuatro minoristas controlan el 85% del mercado alimentario. Y también el sector de procesamiento está muy concentrado. Un informe de 2024 de la Comisión Alemana de Monopolios advertía de que la creciente concentración del mercado perjudica a productores y consumidores por igual... Los precios artificialmente bajos actuales son posibles mediante la sobreexplotación de los recursos naturales (tanto en Europa como en el resto del mundo), sumada a la falta de bienestar animal, la precariedad de la mano de obra migrante y una presión financiera implacable sobre los agricultores... Si Europa quiere seguir teniendo alimentos, debe lograr que la agricultura sea económica y ecológicamente sostenible; no con más subsidios, sino con condiciones de mercado justas y normas de sostenibilidad sólidas (Elmar Hannen, productor lechero)

 "Los precios de los alimentos se han disparado estos últimos años en toda la Unión Europea. En marzo de 2023, la inflación en alimentos alcanzó la cifra récord del 15%. Los consumidores alemanes pagan casi un 30% más por los alimentos que en 2021, a pesar de la reducción de costos energéticos y de producción.

Algunos economistas lo atribuyen a que los procesadores y vendedores minoristas están obteniendo beneficios inesperados, a expensas de los hogares de bajos ingresos. Al mismo tiempo, la parte del precio minorista que llega al agricultor es cada vez menor. Los productores alemanes, por ejemplo, sólo recibieron el 21,7% del precio minorista en 2021, y la cifra está en disminución. Un ejemplo sorprendente es la participación declinante de los agricultores en el precio del pan: en 1970 obtenían el 19,2% del precio de venta al público; en 2022, el porcentaje se había derrumbado al 5%.

Los productores de leche enfrentan desafíos similares. Entre 2014 y 2024, los precios de la leche quedaron sistemáticamente retrasados respecto del aumento de costos de producción. El resultado es que muchos establecimientos operan a pérdida y dependen de subsidios para sobrevivir.

A los agricultores se les pide producir alimentos de alta calidad y al mismo tiempo proteger el medioambiente, el clima y los animales (a menudo, cumpliendo gravosas normas burocráticas). Pero conforme la creación de valor se aleja de los productores, los beneficios se concentran cada vez más en unos pocos procesadores y minoristas poderosos.

Las protestas generalizadas de agricultores a principios de 2024 revelaron la profunda frustración de todo el sector agrícola de la UE. Pero la respuesta política fue decepcionante. Bajo presión de facciones conservadoras y liberales, se eliminaron las normas ambientales de la política agrícola común del bloque, lo que fue un duro golpe contra su ya frágil pilar ecológico. En tanto, no se ha dado respuesta suficiente a la cuestión central: garantizar precios justos en toda la cadena de valor.

Felizmente, esta cuestión comienza por fin a generar interés político. La UE está revisando su directiva sobre prácticas comerciales desleales y el reglamento sobre organización común de los mercados. Estas reformas son el resultado del «diálogo estratégico sobre el futuro de la agricultura de la UE» (un foro para la discusión de políticas puesto en marcha por la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen en 2024, que reunió a una amplia coalición de partes interesadas). El comisario de agricultura de la UE, Christophe Hansen, ha incorporado algunas de las recomendaciones a su agenda de políticas.

Pero para resolver los problemas de la cadena alimentaria europea no bastan cambios cosméticos. Se necesita un mecanismo de fijación de precios que comience en el productor; esto implica cuatro reformas fundamentales, empezando por el cumplimiento de obligaciones contractuales. En el caso particular de los productores lácteos, es común que entreguen sus productos sin saber qué precio se les pagará, algo que en la mayoría de los demás sectores sería impensable.

La legislación de la UE ya ofrece margen para reformas, de las que hay ejemplos en Francia y España, donde es obligatoria la firma de contratos escritos vinculantes. España incluso prohíbe vender por debajo del costo de producción. Pero en Alemania, los intentos de introducir medidas similares chocaron contra la resistencia del lobby agrícola y de sus aliados conservadores y liberales.

En segundo lugar, las cooperativas agrícolas también tienen que estar obligadas a firmar contratos. A pesar de sus principios fundacionales progresistas, muchas cooperativas ahora funcionan como grandes empresas convencionales que dan más importancia a minimizar los precios de compra que a proteger los intereses de los productores lácteos. Aun así, en países como Alemania (donde representan el 70% del procesamiento lácteo) siguen exentas de esa obligación.

En tercer lugar, hay que reforzar los derechos de las organizaciones de productores. Gigantes lácteos como Arla y DMK podrían controlar hasta el 13% del volumen de producción de leche en la UE una vez concretado su proyecto de fusión; pero las normas actuales de la UE limitan a sólo el 4% la cuota de mercado de las organizaciones de productores dirigidas por agricultores. A pesar de años de intensos debates, este desequilibrio persiste y dificulta una negociación justa.

Por último, las autoridades de la UE deben frenar la concentración del mercado minorista de alimentos. En Alemania, cuatro minoristas controlan el 85% del mercado alimentario. Y también el sector de procesamiento está muy concentrado. Un informe de 2024 de la Comisión Alemana de Monopolios advertía de que la creciente concentración del mercado perjudica a productores y consumidores por igual.

Pero a pesar de estos problemas, empiezan a surgir modelos prometedores. Un ejemplo es el reciente proyecto piloto de contrato tripartito en Alemania, que se basa en el modelo francés. En vez de que los productores entreguen productos a ciegas a los procesadores, que a su vez firman contratos separados con los minoristas, con el nuevo modelo las tres partes deben acordar de antemano la elección de los socios comerciales y firmar contratos a largo plazo (por lo general, de entre 3 y 5 años) con estructuras de precios claras.

El contrato tripartito contiene cláusulas que obligan a revisarlo en forma trimestral para adecuarlo a fluctuaciones del mercado y de los costos. Además de los precios, se ocupa de la presentación de los productos, las estrategias de comercialización y las normas sobre bienestar animal y sostenibilidad ambiental. Fomentando un sentido de responsabilidad compartida, promueve mejoras de calidad y una compensación justa. También ayuda a proteger a productores y consumidores contra la volatilidad del mercado, crea valor añadido en toda la cadena de suministro y ofrece una base para la definición de buenas prácticas que puedan llevarse a escala regional y nacional.

El único modo de que la agricultura europea siga siendo viable es que los agricultores puedan cubrir sus costos; por eso el Consejo Europeo de la Leche considera que el contrato tripartito es un paso importante hacia una estructura de mercado más justa y sostenible; y puede generar estabilidad de ingresos y seguridad en la planificación, con beneficios para todas las partes interesadas: agricultores, procesadores y consumidores (que hoy pagan de más por alimentos de bajo costo producidos en masa).

Una fijación de precios justa también mejorará la resiliencia de Europa frente a crisis, guerras y el cambio climático. Los precios artificialmente bajos actuales son posibles mediante la sobreexplotación de los recursos naturales (tanto en Europa como en el resto del mundo), sumada a la falta de bienestar animal, la precariedad de la mano de obra migrante y una presión financiera implacable sobre los agricultores. Puesto que muchos agricultores de la UE padecen cargas de deuda aplastantes y un encarecimiento de los insumos, no es de extrañar que menos del 12% tengan menos de 40 años.

Si Europa quiere seguir teniendo alimentos, debe lograr que la agricultura sea económica y ecológicamente sostenible; no con más subsidios, sino con condiciones de mercado justas y normas de sostenibilidad sólidas. Soluciones basadas en el mercado como el contrato tripartito son la prueba de que el cambio positivo es posible, siempre que Europa mantenga el rumbo."

(Elmar Hannen, productor lechero de tercera generación, Martin Häusling, productor lechero ecológico, Revista de prensa, 22/05/25, fuente Project Syndicate )

Argentina: El gobierno ultraderechista de Javier Milei ataca la soberanía alimentaria... La pobreza alcanzó un alarmante 57,4% de la población el pasado mes de enero (frente al 49% de diciembre), todo un récord, debido a la acelerada devaluación de la moneda nacional (una devaluación del 116% nada más asumir Milei en diciembre) y a la extrema desregulación de los mercados, que han provocado una escalada de los precios de los productos básicos, erosionando considerablemente los ingresos y el poder adquisitivo de las clases medias... Aunque el gobierno de Milei quiera destruir el Estado y la democracia, todavía hay señales de que podemos sobrevivir a las cuchillas de la motosierra... La soberanía alimentaria es una propuesta política urgente e imprescindible frente al hambre y la miseria (Salomé Vuarant, CADTM)

 " Balance tras 100 días en el poder

En el momento de escribir estas líneas, han transcurrido unos 100 días desde que Javier Milei, líder del Partido La Libertad Avanza (LLA) de Argentina, llegó al poder. Fue elegido con un programa que representa un ataque sin precedentes a los sectores populares y a la clase trabajadora. Paradójicamente, su discurso de erradicar «la casta» y «los privilegios de la política» demuestra que su mayor enemigo es el pueblo y no los «amigos del poder» que siguen cómodamente instalados en sus privilegios.

El hambre, la pobreza, el paro, la deuda y la inflación descontrolada forman parte del programa de su gobierno, que está generando una miseria sin precedentes en la historia del país y atentando gravemente contra la soberanía alimentaria.

 El hambre no espera, ¡paren el ajuste!

 La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ha congelado la transferencia de fondos destinados a la asistencia social a los sectores más desfavorecidos de la población. El gobierno ha cancelado escandalosamente comedores sociales, ha interrumpido la asistencia médica a pacientes con enfermedades crónicas y agudas, ha suprimido planes de asistencia social como el programa Potenciar Trabajo, ha empujado a la pobreza a jubilados con pensiones cercanas al umbral de la pobreza, etc. Antes de que este gobierno de extrema derecha llegara al poder, la soberanía alimentaria -el derecho de las personas a elegir lo que comen y cómo se produce- ya estaba siendo gravemente socavada. El acceso a alimentos sanos, de alta calidad y a precios justos es muy deficiente en Argentina, y las políticas de Javier Milei están agravando gravemente la situación.

«La pobreza en el país alcanzó un alarmante 57,4% de la población el pasado mes de enero».

 Publicado en febrero de 2024, un informe del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) indicaba que la pobreza en el país había alcanzado la alarmante cifra del 57,4% de la población en enero de 2024 (frente al 49% de diciembre), todo un récord. Este drástico aumento se debe principalmente a la acelerada devaluación de la moneda nacional (una devaluación del 116% nada más asumir Milei en diciembre) y a la extrema desregulación de los mercados, que han provocado una escalada de los precios de los productos básicos, erosionando considerablemente los ingresos y el poder adquisitivo de las clases medias.

Sin embargo, más allá del desastroso plan de gobierno que está llevando a cabo, Milei está construyendo su imagen a través del desarrollo de un discurso surrealista, muy criticado, pero que sin embargo goza de cierto consenso social, lo que le otorga una relativa legitimidad.

 Argentina «en venta

La presentación de la Ley bases para la libertad de los argentinos - coloquialmente conocida como Ley Ómnibus - tenía como objetivo, a través de un proyecto de 349 páginas, modificar la Constitución nacional y, de este modo, grabar en piedra la doctrina liberal.

 El plan fue elaborado para satisfacer a empresas internacionales y grupos económicos nacionales vinculados al plan gubernamental, entre ellos familias emblemáticas como los Macri, los Caputo y parientes de la canciller Diana Mondino. El objetivo del plan «Argentina en venta» es otorgar grandes concesiones comerciales a los «reyes del mercado», así como ventajas a organismos internacionales de crédito como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El proyecto de Ley Fundamental orquesta una reforma estructural del Estado que incluye una serie de medidas para flexibilizar el trabajo, privatizar empresas estatales y medios de comunicación, y desmantelar ministerios y servicios públicos. Peor aún, pretende sentar las bases para poner el país en venta, permitiendo el libre saqueo de bienes comunes en áreas estratégicas para el mundo empresarial, como el litio, la pesca, la megaminería, la hidrovía Paraná-Paraguay, etc.

Este paquete de reformas estructurales también atenta contra la cultura, la defensa de los derechos humanos, la educación pública, el financiamiento de las universidades nacionales y la investigación científica pública. Afortunadamente, este proyecto de ley ómnibus fue frenado a tiempo, pero el gobierno no ha renunciado a su plan de reformas y pretende imponerlo por otros medios.

 Ajuste respaldado por la represión

 A pocos días de asumir, Patricia Bulrrich, ministra de Seguridad y ex candidata presidencial por el partido Propuesta Republicana (PRO), introdujo un protocolo antipiquetes, tipificando como «delito» toda manifestación social durante la cual se corten calles o se obstruya el tránsito. Esto demuestra claramente que el feroz ajuste que se nos impone sólo puede mantenerse con más represión.

Este protocolo antipiquetes, que viola el derecho constitucional a la libre manifestación y movilización, fue lanzado en una fecha dolorosa para la República Argentina, el 20 de diciembre de 2023, día de conmemoración de un episodio de represión ultraviolenta contra manifestantes, que causó la muerte de 39 personas en 2001. Ese mismo día, un número surrealista de fuerzas de seguridad se desplegó en las calles de la capital federal para impedir las movilizaciones de las organizaciones sociales con motivo del aniversario de aquellos trágicos sucesos. Hoy, el aparato represivo es más fuerte que nunca y no teme reprimir en contextos de pobreza, hambre y desesperación. Los movimientos sociales se unen y declaran que comer no debe ser un privilegio.

 Conclusiones

 En estos 100 días ha quedado meridianamente claro que la única libertad que defiende el Gobierno de Javier Milei es la «libertad de mercado». Aunque a veces nos invade la indignación ante la triste realidad que estamos viviendo, también confiamos en la organización popular y colectiva.

La «unión de los trabajadores» se ha hecho muy fuerte en este clima de acoso. La primera huelga general del 24 de enero fue abrumadora por su capacidad de reacción y su apoyo masivo. Del mismo modo, la marcha del 24 de marzo fue decisiva en su denuncia del negacionismo histórico y del plan criminal del gobierno para empobrecer a la mayoría popular. Los resortes de la democracia y del Estado siguen funcionando. Testigo de ello es el contrapeso de poderes ejercido por el poder judicial y el legislativo, impidiendo la aprobación de la «ley ómnibus» y la aplicación de la DNU. Aunque el gobierno de Milei quiera destruir el Estado y la democracia, todavía hay señales de que podemos sobrevivir a las cuchillas de la motosierra. La organización popular y obrera es la solución. La soberanía alimentaria es una propuesta política urgente e imprescindible frente al hambre y la miseria. Trabajemos juntos para allanar el camino a las alternativas."           (Salomé Vuarant , CADTM, 28/02/25)