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19.4.26

Juan Torres López: La Junta de Andalucía ha dispuesto en los últimos años de más dinero que nunca y, sin embargo, esos servicios funcionan peor. La administración de Moreno no ha sido capaz de ejecutar todo el presupuesto disponible y se ha dedicado a financiar el negocio privado... Moreno ha sido un ejemplar ejecutor de la estrategia orientada a debilitar calladamente el sector público para así justificar el apoyo financiero al privado, y eso ha provocado listas de espera gigantescas, escasez de aulas y profesionales, irregularidades, escándalos en la gestión y corruptelas de todo tipo... La gente recibe cada día peor atención, menos ayudas, servicios públicos más deteriorados y, sin embargo, las encuestas apuntan a que el Partido Popular, responsable de todo ello, volverá a ganar las elecciones... La explicación de este fenómeno no puede ser simplista y a mí se me escapa en toda su pofundidad, pero debe tener mucho que ver con lo que vienen haciendo los partidos de izquierda... La incapacidad de los dirigentes de los diferentes partidos de izquierda para coaligarse los desnuda ante la ciudadanía... Su incoherencia es brutal, no se puede decir que se defiende el bienestar de la gente y luego no alcanzar coaliciones amplias, sin las cuáles es imposible que eso se pueda conseguir... Sin embargo, la ciudadanía debe sobreponerse a la irresponsabilidad de sus representantes y votar con inteligencia, incluso a quienes no se merecen nuestro voto ni apoyo. El riesgo de deterioro económico y dictadura no es retórico, ni una metáfora más, sino real y próximo... Hemos de votar a quien defiende la democracia, la paz, los servicios públicos y la justicia social -aunque lo estén haciendo con irresponsabilidad e incoherencia- para mostrar así que no queremos que se siga avanzando por el camino de las privatizaciones y el deterioro de las libertades que llevan consigo los gobiernos del Partido Popular y Vox

 "Una vez que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha convocado elecciones, ya sólo nos queda saber si se consumará el disparate de la izquierda del PSOE presentando varias candidaturas, luego votar y conocer por fin las consecuencias de la irresponsabilidad con la que han actuado todos los partidos progresistas de nuestra comunidad en los últimos tiempos.

Las encuestas predicen que ganará de nuevo el PP y algunas señalan que incluso podría hacerlo con mayoría absoluta. Algo que debería resultar extraño pues, bajo el mandato de Moreno, se ha producido un enorme deterioro en la provisión de servicios públicos esenciales, como sanidad y educación, de los que depende la vida de la inmensa mayoría del electorado.

La Junta de Andalucía ha dispuesto en los últimos años de más dinero que nunca y, sin embargo, esos servicios funcionan peor. La administración de Moreno no ha sido capaz de ejecutar todo el presupuesto disponible y se ha dedicado a financiar el negocio privado. Moreno ha sido un ejemplar ejecutor de la estrategia orientada a debilitar calladamente el sector público para así justificar el apoyo financiero al privado, y eso ha provocado listas de espera gigantescas, escasez de aulas y profesionales, irregularidades, escándalos en la gestión y corruptelas de todo tipo.  La gente recibe cada día peor atención, menos ayudas, servicios públicos más deteriorados y, sin embargo, las encuestas apuntan, como acabo de señalar, a que el Partido Popular, responsable de todo ello, volverá a ganar las elecciones con una gran subida, además, de la extrema derecha.

La explicación de este fenómeno no puede ser simplista y a mí se me escapa en toda su pofundidad, pero debe tener mucho que ver con lo que vienen haciendo los partidos de izquierda que, supuestamente, constituyen la alternativa a lo que está sucediendo.

El Partido Socialista, noqueado desde los escándalos que la derecha judicial urdió con la complicidad indisimulada del PP para acabar con su hegemonía, ha hecho oposición en régimen mediopensionista, de fin de semana. Cuando más se necesitaban dirigentes pegados al terreno denunciando lo que estaba pasando, su candidata estaba en Madrid. No me cabe la menor duda de allí ha tratado de defender lo mejor posible los intereses de Andalucía gestionando las cuentas públicas y la administración del Estado. Pero la tarea de una candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía no es esa, sino la de tratar de alcanzar esa representación en las urnas. Un objetivo a cuyo alcance no ha contribuido su actividad en el gobierno de la Nación. Hasta ella misma ha dicho que jugaba en la champions, como la mujer más poderosa de nuestra historia democrática, y que venir a Andalucía es algo así como fichar por un equipo de segunda división. En lugar de liderar la oposición a pie de obra en nuestra tierra, ella misma ha escrito la partitura con la que Moreno la criticará en campaña al haber sido autora de un diseño de financiación autonómica para contentar al soberanismo catalán basado en principios que rompen la equidad y solidaridad interterritorial que son cruciales para Andalucía.

A su izquierda, lo ocurrido es sencillamente un disparate, una muestra de irresponsabilidad política en grado sumo. La incapacidad de los dirigentes de los diferentes partidos para coaligarse los desnuda ante la ciudadanía. Nada hay que pueda justificar sus personalismos y vergonzoso comportamiento, las alianzas segmentadas de mesa camilla entre siglas que no tienen nada detrás y sin otro fin que salvaguardar nóminas, prebendas y financiación a partidos endeudados hasta las cejas. Su incoherencia es brutal: no se puede decir que se defienden los servicios públicos y el bienestar de la gente y luego no alcanzar acuerdos y coaliciones amplios, cuando estos son condición previa y sin la cual es imposible que eso se pueda conseguir.

Andalucía no se merece lo que le han hecho los dirigentes de las organizaciones de la izquierda. Mucho menos, en circunstancias tan excepcionales como las actuales, en medio de dos guerras que pueden afectarnos directamente en cualquier momento, bajo la amenaza de una gran crisis económica y cuando la extrema derecha, cada día más agresiva y totalitaria se propone destruir la democracia.

Sin embargo, es en estos momentos cuando la ciudadanía mínimamente consciente de todo ello debe sobreponerse a la irresponsabilidad de sus representantes y votar con inteligencia, incluso a quienes no se merecen nuestro voto ni apoyo. El riesgo de involución, de guerra, de deterioro económico y dictadura no es retórico, ni una metáfora más, sino real y próximo. Basta ver lo que está sucediendo en países como Argentina, Hungría o Estados Unidos, en donde ya se persigue sin disimulo a los adversarios políticos.

No podemos dejar de utilizar nuestro voto porque este es un instrumento fundamental para señalar por dónde queremos ir. En estos momentos es más necesario que nunca y no usarlo ahora nos haría ser tan irresponsables como lo han sido los dirigentes de la izquierda andaluza. Hemos de votar a quien defiende la democracia, la paz, los servicios públicos y la justicia social -aunque lo estén haciendo con irresponsabilidad e incoherencia- para mostrar así que no queremos que se siga avanzando por el camino de la guerra, las privatizaciones y el deterioro de las libertades que llevan consigo los gobiernos del Partido Popular y Vox. Y hemos de esforzarnos para mostrar, al mismo tiempo, que ese voto es también de censura hacia los dirigentes de las izquierdas que habrán sido los directos responsables de lo que todo indica que será un nuevo retroceso en bienestar y equidad, tras las elecciones del 17 de mayo. Es muy posible que la tremenda irresponsabilidad del PSOE y de los demás partidos a su izquierda impida a estas alturas que la derecha y la extrema derecha sigan haciendo en Andalucía lo que hacen. Pero lo que es totalmente seguro es que, sin nuestro voto, incluso a quien nos duela votar, iremos a peor."

(Juan Torres López, blog, 28/03/26) 

16.2.26

Ernesto Ekaizer: El exdespacho de Montoro era “decisivo” para lograr las reformas favorables a las empresas gasístas... era el contacto con las `autoridades implicadas´ el factor decisivo para la obtención del beneficio fiscal investigado”... La patronal gasística no veía la luz del túnel en sus intentos para sacar adelante esas reformas hasta que supo que el canal para lograrlas era, ¡eureka!, Equipo Económico de Montoro. Los miembros de esta consultora, en contacto con el equipo de Hacienda que trabajaba con Montoro, diseñó las reformas. Montoro las propuso en el Consejo de Ministros. Y Mariano Rajoy les dio el visto bueno... Equipo Económico ingresó 35,5 millones por sus gestiones y capacidad de entrada en el Ministerio de Hacienda de Montoro para satisfacer la necesidad legislativa de distintos lobbies o clientes

 “Según se deduciría de los correos y documentos, en ambas reformas legales [a favor de los intereses de las empresas gasísticas quedaría definido el reparto de roles, así como el desempeño real por el que sería retribuido EQUIPO ECONÓMICO, esto es, indiciariamente la mera presentación del resultado a las `autoridades implicadas´”.

“En coherencia con ello cabe llamar la atención sobre el hecho relativo a que las gasísticas, disponiendo de equipos de expertos y profesionales (que asisten a las reuniones con EQUIPO ECONÓMICO y con el MINISTERIO), son las que materialmente desarrollan los trabajos y estudios, elaboran/perfilan los datos e informes sobre las reformas legislativas. Ello en sí mismo pudiera hacer innecesario contratar al despacho investigado para una misma labor para la que las gasísticas que tienen medios más que suficientes (y que emplearon sin éxito su propia estructura de expertos fiscalistas para sus previos intentos fallidos de obtener las reformas legales)”.

“Por tanto, el despacho investigado jugaría un rol distinto que no requiere de tal despliegue de medios ni de ese valor añadido, esto es, presuntamente sería el contacto con las `autoridades implicadas´ como factor decisivo para la obtención del beneficio fiscal investigado”.

Informe de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada (Fiscalía Anticorrupción), 23 de enero 2026.

El juez Rubén Rus, titular del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona recibió el 19 de febrero de 2025 un informe de la Unidad Central Operativa (UCO). Dicho informe analizó 400 productos financieros relacionados con miembros de la consultora Equipo Económico fundada por Cristóbal Montoro, despacho que abandonó en 2008 y pasó, tres años más tarde, a finales de 2011, a ser ministro de Hacienda del gobierno de Mariano Rajoy.

La UCO cifró en ese informe que la citada consultora había cobrado 673.500 euros por trabajos para conseguir reformas legislativas que solicitaba el sector gasísta español.

“La trazabilidad realizada no muestra una operativa diferenciada o destacable en relación con los fondos ingresados por las sociedades gasistas en comparación con otros abonos efectuados por distintas empresas. Gran parte de estas entradas tienen como destinos los socios de EE/GA [Equipo Económico] a través de transferencias directas…[que] fueron utilizados para cubrir pagos/gastos operativos y/o habituales, impuestos, gastos personales, sin que se haya identificado una derivación de estos fondos, todo ello con los datos analizados y expresados en el presente informe”, señala la UCO.

Este informe llegaba, en febrero de 2025, en un momento relevante de la acción del juez Rus, instructor de la causa desde 2018.

Todavía bajo el secreto de las actuaciones, el juez debía resolver sobre el levantamiento del secreto y la imputación a Montoro y a otras 27 personas.

El 12 de junio de 2025, el juez instructor dio orden de entregar el informe de la UCO y todas las cuentas bancarias examinadas por dicho cuerpo de policía judicial a los inspectores fiscales de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, es decir, la Fiscalía Anticorrupción.

Un mes más tarde, a mediados de julio de 2025 ¡bum!, Rus levantó el secreto sumarial y dio traslado a las partes de gran parte del material.

Montoro y otras 27 personas, socios y ex socios de Equipo Económico, y clientes, eran imputadas por presuntos delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

Cristóbal Montoro, por tanto, y nueve miembros del plantel de altos cargos del Ministerio de Hacienda, figuran entre los imputados.

Ahora, ocho meses después de que el juez instructor solicitara a los inspectores de Hacienda adscritos a la Fiscalía Anticorrupción examinar aquello que a su turno había analizado la UCO, ha llegado el informe con fecha 23 de enero pasado.

Un informe que los inspectores definen todavía como preliminar habida cuenta de que no han tenido acceso a todas las cuentas bancarias que, en principio, debían estudiar (no han tenido acceso a las de dos fundadores del despacho de consultoría, como es el caso de Montoro y del exministro Luis de Guindos).

Los inspectores solicitan ahora al juez que intervenga para que se aporten esas cuentas.

Según el nuevo informe, la cantidad que habría pagado el sector gasísta para obtener dos reformas legislativas que favorecieron fiscalmente a dichas empresas ha ascendido a una cantidad superior a la que se había barajado.

Ya no son ni los 673.500 euros que señalaba la UCO en febrero de 2025, ni los 771.000 euros apuntados en el auto del juez Rus de mediados de julio de 2025.

Ahora son, entre 2011 y 2020, 991.613,76 euros.

La cantidad refleja los pagos por dos trajes a medida: dos reformas fiscales legislativas.

La patronal gasística no veía la luz del túnel en sus intentos para sacar adelante esas reformas hasta saber que el canal para lograrlas era, ¡eureka!, Equipo Económico.

Los miembros de esta consultora, en contacto con el equipo de Hacienda que trabajaba con Montoro, diseñó las reformas.

Montoro las propuso en el Consejo de Ministros.

Y Mariano Rajoy les dio el visto bueno.

Es curioso que el mismo material examinado no haya llamado la atención de la UCO en febrero de 2025, ahora, según el informe del pasado 23 de enero, despierta sospechas fundadas de la unidad tributaria en la Fiscalía Anticorrupción.

Según advierten, había un patrón de funcionamiento de los socios y exsocios de Equipo Económico, quienes se habrían servido de esos “fondos con trazas contaminadas” con una periodicidad mensual, “lo que presuntamente pudiera asemejarse más a una velada distribución de beneficios, no vinculada a su porcentaje societario, que a una eventual remuneración por una prestación efectiva”.

Aun así, y pese a "las limitaciones expuestas" [faltan las cuentas bancarias de Montoro] y "a expensas de que dicha información, en su caso, pueda ser ampliada” loe inspectores han localizado siete transferencias en las que Montoro "consta como destinatario en el concepto bancario" por valor de 137.358,16 euros.

Y también existen pagos a la mujer del exministro que se hicieron cuando ya no estaba vinculado al despacho por un total de 9.450,69 euros.

La unidad solicita, asimismo, el envío de comisiones rogatorias-petición de auxilio judicial-Alemania y a Luxemburgo para seguir la ruta del dinero transferido.

El informe desmonta uno de los puntos del argumentario que el PP ha distribuido en los medios de comunicación según el cual sería la ausencia de una legislación para regular la actividad de lobby -grupos de presión que representan intereses privados que intentan hacer prosperar sus intereses en el Congreso y en el Gobierno- lo que explicaría la actividad de Equipo Económico durante el gobierno de Rajoy con Montoro en Hacienda.

Según el informe, Equipo Económico ingresó 35,5 millones por sus gestiones y capacidad de entrada en el Ministerio de Hacienda de Montoro para satisfacer la necesidad legislativa de distintos lobbies o clientes.

“Por tanto, el despacho investigado jugaría un rol distinto que no requiere de tal despliegue de medios ni de ese valor añadido, esto es, presuntamente sería el contacto con las `autoridades implicadas´ como factor decisivo para la obtención del beneficio fiscal investigado”, señala el informe (página 167).

Ahora, el juez Rus tiene que afirmar, frente a las múltiples personaciones y recursos de reforma, su competencia para investigar la causa y citar a declarar a Montoro y los otros veintisiete imputados." 

(Ernesto Ekaizer , blog, 15/02/26)  

8.12.25

Mazón, la verdad acojona... Valencia estaba en manos de una pandilla de frívolos e incompetentes ante la peor dana de su historia. Tenían la información y la ignoraron porque no saben y porque no les importaba. Los técnicos les dijeron lo que había que hacer y ni les hicieron caso ni les importó... Los servicios estaban preparados para enfrentarse a la catástrofe. Ellos, los jefes políticos, no. Esa es la verdad. Carlos Mazón estaba a comer bien y a disfrutar de la sobremesa cojonuda. Su jefe de gabinete estaba a controlar los daños políticos y que no le fueran a decir que confinaba a la gente. Salomé Pradas estaba a que alguien le dijera lo que tenía que hacer. Tres incompetentes en busca de un destino trágico y brutal para los únicos que sabían lo que estaba pasando y se enfrentaron a ello mientras quienes debían ayudarles se mandaban whatsapps con el contenido y el nivel de un grupo de adolescentes bobos: las víctimas abandonadas a su suerte. Fallaron todas las administraciones, dice el nuevo presidente, Pérez Llorca. No, fallaron ustedes y usted ha sido y es cómplice y encubridor político de todas las mentiras que nos han intentado colar para tapar su irresponsabilidad criminal... El plus que va a cobrarse Carlos Mazón por no hacer nada en las Cortes valencianas, las 630 monedas de plata no son una simple paga por los servicios no prestados. Son sobre todo la recompensa para que se haga a un lado y ni el PP ni Feijóo tengan que exponerse a unas elecciones en Valencia que nadie sabe cómo acabarán. Todo cojonudo, Alberto (Antón Losada)

 "“Cojonudo”: la respuesta de Mazón a Pradas cuando la consellera le habla de su preocupación por el barranco del Poyo antes de irse a comer a El Ventorro

La lógica implacable de la investigación penal siempre acaba empujando la verdad hacia la superficie. Conforme se hace más tangible la posibilidad del reproche y el castigo penal, la lealtad se rompe, la amistad se desvanece y la versión acordada se deshace como arena en la marea. Salomé Pradas no es inocente. Pero no es la única culpable y no está dispuesta a ser ni el chivo expiatorio ni la mala oficial. Entregar sus mensajes es la primera cosa decente que hace desde el día de la tragedia.

Los mensajes que les cuenta elDiario.es confirman lo que ya sabíamos y confirman lo mucho que nos temíamos. El peor escenario posible se ha hecho incontestable realidad. La cronología va cerrando un relato más horroroso con cada nueva noticia.

Valencia estaba en manos de una pandilla de frívolos e incompetentes ante la peor dana de su historia. Tenían la información y la ignoraron porque no saben y porque no les importaba. Los técnicos les dijeron lo que había que hacer y ni les hicieron caso ni les importó. Incompetencia, negligencia y abandono de consecuencias políticas aún pendientes de pagar y consecuencias penales que deberá dilucidar la ejemplar instrucción de la jueza de Catarroja.

Los servicios estaban preparados para enfrentarse a la catástrofe. Ellos, los jefes políticos, no. Esa es la verdad. Carlos Mazón estaba a comer bien y a disfrutar de la sobremesa cojonuda. Su jefe de gabinete estaba a controlar los daños políticos y que no le fueran a decir que confinaba a la gente. Salomé Pradas estaba a que alguien le dijera lo que tenía que hacer.

Tres incompetentes en busca de un destino trágico y brutal para los únicos que sabían lo que estaba pasando y se enfrentaron a ello mientras quienes debían ayudarles se mandaban whatsapps con el contenido y el nivel de un grupo de adolescentes bobos: las víctimas abandonadas a su suerte.

Fallaron todas las administraciones, dice el nuevo presidente, Pérez Llorca. No, fallaron ustedes y usted ha sido y es cómplice y encubridor político de todas las mentiras que nos han intentado colar para tapar su irresponsabilidad criminal.

El plus que va a cobrarse Carlos Mazón por no hacer nada en las Cortes valencianas, las 630 monedas de plata no son una simple paga por los servicios no prestados. Son sobre todo la última barrera que le protege de sentarse en un banquillo. También son la recompensa para que se haga a un lado y ni el PP ni Feijóo tengan que exponerse a unas elecciones en Valencia que nadie sabe cómo acabarán. Todo cojonudo, Alberto."

(Antón Losada, eldiario.es, 05/12/25) 

23.11.25

José María Ruiz Soroa: el Supremo no ha condenado por revelación de secretos sino por revelación de informaciones (datos, dice) reservadas... sospecho que ha aplicado la regla de oro de la tomística: «cuando el razonamiento se atasque, introduce una distinción para poder proseguir». Es decir, si no hay forma de probar que el fiscal filtró los correos, demos un paso y distingamos entre 'secretos' y 'datos reservados'... datos reservados son aquellos que una norma ordena no divulgar al funcionario o autoridad que los guarda... esto es lo que hizo el fiscal con toda conciencia: divulgarlos en la nota oficial que difundió en la mañana del 14 de marzo en la que explicaba con detalle el contenido de los intercambios entre la Fiscalía y el abogado de González Amador... Cierto que esos datos no eran ya secretos sino de cierta difusión pública, pero es que el requisito de ser desconocidos se aplica a los secretos, no a los datos reservados. Estos no pueden revelarse por la autoridad en ningún caso... ¿Entonces? Pues sucede que la Sala ha estado toreando a las partes durante todo el juicio. Todos los testigos y peritos discutiendo quién y cuándo filtró los mensajes secretos aquella noche, desde cuándo habían dejado de ser secretos, quién era la fuente … ¡Zarandajas! Al lector, como a mí, se le habrá quedado cara de pasmo. Porque sucede una cosa, que cuando el Supremo asumió la causa y su instrucción, según auto de 15-10-2024 de la Sala, afirmó claramente que el posible delito no estaba en la nota oficial del día 14 (porque su contenido era ya de dominio público ese día), sino en la posible filtración nocturna por mano desconocida del documento; y que eso era lo que había que investigar y de hecho investigó sin fruto... la Sala, al admitir las querellas, no hizo la distinción que ha hecho la Sala al juzgar y condenar: estableció que la posible actividad delictiva a investigar (y a juzgar) era la ruptura del secreto respecto al documento filtrado a la prensa y que la nota informativa era penalmente inocua. ¿Inocua? A mí todo esto me suena más bien a cacicada burlona... la instrucción judicial se efectuó sobre la base de que lo delictivo se encontraba en la filtración de un secreto y no en la divulgación de los datos a la mañana siguiente. Por lo menos eso es lo que creyó todo el mundo... No es de extrañar que el abogado del fiscal general, que se lo debió de oler, comentara al final que no tenía claro cuáles eran los hechos delictivos de los que se acusaba... Con lo que, conociendo como conocemos al Tribunal Constitucional, queda garantizado el amparo de García Ortiz. ¿Y el Estado de Derecho? Pues bien, gracias, sobrevivirá a pesar de todo y todos. Espero...

 "Me siento personalmente obligado para con los lectores a, por lo menos, intentar explicar lo que ha sucedido en el caso del fiscal general, del que pronostiqué hace unos días su segura absolución, mientras que anteayer el Tribunal Supremo le condenó por «un delito del artículo 417 del Código Penal de revelación de datos reservados» a la pena mínima de inhabilitación y a indemnizar al particular perjudicado. ¡Vaya lucida, dirán ustedes! Y tienen razón. Así que, aunque solo se haya publicado el fallo de la sentencia y no sus razonamientos, me atreveré otra vez (y que Dios me coja confesado) a predecir cuáles van a ser esos razonamientos. Es algo así como contarles cómo el Supremo puede a veces ejecutar un toreo de salón tan depurado que los espectadores ni nos enteramos de dónde estaba el toro.

Verán, en realidad el razonamiento de la sentencia futura va implícito en el fallo si se lee con atención, tanto por lo que dice como por lo que no dice, a saber: 1. Que la condena es por «revelación de datos» del artículo 417, un precepto que castiga la «revelación de secretos e informaciones (…) que no deban ser divulgadas». 2. Que la condena incluye la de indemnizar a un particular perjudicado por la revelación con 10.000 euros. 3. Que la condena no aplica la pena agravada del artículo 417-2 que establece que si el secreto (habla solo de secreto, no de informaciones o datos) es de un particular procede prisión de dos a cuatro años. Lógica mínima al canto: el Supremo no ha condenado por revelación de secretos sino por revelación de informaciones (datos, dice) reservadas. Si se hubieran revelado «secretos de un particular» tendría que aplicar el 417-2, y no lo hace.

Sospecho entonces lo que ha hecho la Sala, aplicar el viejo proverbio o regla de oro de la tomística: «cuando el razonamiento se atasque, introduce una distinción para poder proseguir». Es decir, si no hay forma de probar que el fiscal filtró los correos, demos un paso y distingamos entre 'secretos' y 'datos reservados'. Secretos son los hechos que están declarados oficialmente como tales; datos reservados son aquellos que una norma ordena no divulgar al funcionario o autoridad que los guarda. Lo que los define objetivamente como tales es la prohibición al funcionario de divulgarlos, no su condición de ser más o menos desconocidos.

Pues bien, esto es lo que hizo el fiscal con toda conciencia: divulgarlos en la nota oficial que difundió en la mañana del 14 de marzo en la que explicaba con detalle el contenido de los intercambios entre la Fiscalía y el abogado de González Amador, a pesar de que las diligencias de investigación son reservadas por disposición legal. Cierto que esos datos no eran ya secretos sino de cierta difusión pública, pero es que el requisito de ser desconocidos se aplica a los secretos, no a los datos reservados. Estos no pueden revelarse por la autoridad en ningún caso. Y punto.

¿Entonces? Pues sucede que la Sala ha estado toreando a las partes durante todo el juicio. Todos los testigos y peritos discutiendo quién y cuándo filtró los mensajes secretos aquella noche, desde cuándo habían dejado de ser secretos, quién era la fuente … ¡Zarandajas! Lo relevante no era eso, sino la revelación de todos los datos reservados del caso y eso lo hizo el fiscal, como siempre ha reconocido, a la vista de todos y en una nota divulgada y asumida por él mismo. Lo que siempre afirmó el Colegio de Abogados de Madrid como querellante: que se difundieron todos los datos reservados de la investigación sin restricción ninguna, comprometiendo el derecho de defensa del investigado y su intimidad.

Al lector, como a mí, se le habrá quedado cara de pasmo. Porque sucede una cosa, que cuando el Supremo asumió la causa y su instrucción, según auto de 15-10-2024 de la Sala, afirmó claramente que el posible delito no estaba en la nota oficial del día 14 (porque su contenido era ya de dominio público ese día), sino en la posible filtración nocturna por mano desconocida del documento; y que eso era lo que había que investigar y de hecho investigó sin fruto. Dicho de otra forma, la Sala, al admitir las querellas, no hizo la distinción que ha hecho la Sala al juzgar y condenar: estableció que la posible actividad delictiva a investigar (y a juzgar) era la ruptura del secreto respecto al documento filtrado a la prensa y que la nota informativa era penalmente inocua. ¿Inocua? Cinco magistrados la sopesaban callados. Toreo fino.

A mí, qué quieren que les diga, todo esto me suena más bien a cacicada burlona y, sobre todo, a infracción del derecho a un juicio justo del artículo 24 de la Constitución, en tanto en cuanto la instrucción judicial se efectuó sobre la base de que lo delictivo se encontraba en la filtración de un secreto y no en la divulgación de los datos a la mañana siguiente. Por lo menos eso es lo que creyó todo el mundo y nadie se molestó en aclarar o corregir. No es de extrañar que el abogado del fiscal general, que se la debió de oler en el juicio, comentara al final que no tenía claro qué era lo que se estaba juzgando allí, cuáles eran los hechos delictivos de los que se acusaba.

Con lo que, conociendo como conocemos al Tribunal Constitucional, queda garantizado el amparo de García Ortiz.

¿Y el Estado de Derecho? Pues bien, gracias, sobrevivirá a pesar de todo y todos. Espero." 

( , Revista de prensa, 22/11/25, fuente El Correo ) 

22.11.25

Ernesto Ekaizer: Como no se ha podido probar que el Álvaro García Ortiz filtró el correo de confesión de dos delitos fiscales de Alberto González Amador, se condena sin pena de cárcel, con inhabilitación de dos años, pero sigue como fiscal de a pie tras dimitir en los próximos días... “Ha triunfado la tesis de Marchena. Hemos llegado demasiado lejos para absolver. Como no hay prueba de la filtración, y se ha negado a dimitir, busquemos otro delito que nos permita imponer una condena simbólica, multa y una inhabilitación que le aparte del cargo, que es de lo que se trataba. Sin prisión ni pérdida de la carrera, que no hay que pasarse” señaló a El Periódico un magistrado tras conocer el fallo... La imputación del 15 de octubre de 2024 tenía un objetivo nada inconfesable: la renuncia del fiscal general. Pero lo que Marchena no podía imaginar era su resistencia. Dimitiría tras ser imputado y el caso se archivaría. Por tanto, sin conseguir la prueba de la filtración había que conseguir hacer caer al fiscal por otro medio: una sentencia descafeinada pero condenatoria al fin

 "Como no se ha podido probar que el Álvaro García Ortiz filtró el correo de confesión de dos delitos fiscales de Alberto González Amador, se condena sin pena de cárcel, con inhabilitación de dos años, pero sigue como fiscal de a pie tras dimitir en los próximos días, una vez que se notifique la sentencia en aplicación del artículo 417.1 del Código Penal. El tribunal considera la banda de inhabilitación menos grave así como descarta la prisión, que está prevista si fuese una revelación con carácter grave.

“Hemos llegado demasiado lejos” sería el gran argumento para justificar la condena de 5 magistrados contra 2 que ha fallado el tribunal de enjuiciamiento en el caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

“Ha triunfado la tesis de Marchena. Hemos llegado demasiado lejos para absolver. Como no hay prueba de la filtración, y se ha negado a dimitir, busquemos otro delito que nos permita imponer una condena simbólica, multa y una inhabilitación que le aparte del cargo, que es de lo que se trataba. Sin prisión ni pérdida de la carrera, que no hay que pasarse” señaló a El Periódico un magistrado tras conocer el fallo.

La nota informativa del 14 de marzo de 2024 de la Fiscalía vuelve en lo que será la sentencia a un plano relevante.

Según el auto de la Sala de Admisión del 15 de octubre de 2024, en esa nota “aparentemente no hay información indebidamente revelada, ante el conocimiento público de los hechos”, Advertía que, en cambio, “horas antes de la nota de prensa, los correos entre el fiscal del caso y el letrado del particular [Alberto González Amador] fueron revelados, estando los mismos en poder del Fiscal General del Estado y de la jefa provincial”.

En rigor, nunca fueron investigados en la instrucción de juez Ángel Hurtado “los correos" que fueron revelados, como afirmaba en su auto la Sala de Admisión.

Porque el primer correo objeto de filtración fue el que difundió Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, a un medio de comunicación y posteriormente a muchos más, el 13 de marzo de 2024. Y este correo nunca se ha tenido en cuenta.

Aunque solo se ha difundido el fallo contra el Fiscal General del Estado, fuentes jurídicas señalan, que la nota informativa, según hemos apuntado que la nota informativa sera considerada especialmente por la mayoría favorable a una sentencia condenatoria.

La defensa de González Amador pedía cuatro años de cárcel y de tres de inhabilitación ademas de la suspensión de empleo y sueldo, por el delito de revelación de secretos. El Colegio de Abogados de Madrid solicitaba cuatro años de cárcel.

La magistrada ponente, por la absolución

La magistrada ponente, Susana Polo, elaboró una ponencia -se trata de aquella que por turno propone el contenido de una sentencia- absolutoria. Apreció que las pruebas existentes no permitían condenar a Álvaro García Ortiz más allá de toda duda razonable. Pero la iniciativa chocó con un muro del que solamente se desmarcó la magistrada Ana Ferrer.

El líder de la liquidación del fiscal General del Estado, Manuel Marchena, no necesitó, según fuentes judiciales, emplear su arte de persuasión para lograr la mayoría de 5 contra 2.

“El pescado estaba vendido antes de empezar la deliberación” señaló una fuente del Tribunal Supremo a este periódico. “No hubo necesidad de debatir”, añadió.

La originalidad en las tribulaciones de la Sala consistió en lo siguiente: Susana Polo hizo la ponencia que llevó el 15 de octubre de 2024 a imputar al fiscal general del Estado.

Fue ella quien fue ponente, también, en la llamada Sala de Admisión, formada por cinco magistrados. Esos cinco formaron parte después del tribunal en el juicio oral. A ellos se añadieron otros dos: Andrés Martínez Arrieta, presidente de la Sala Penal, y Ana Ferrer. Siete, pues, en total.

¿Qué pasó para que un año después de imputarle, ahora ya como ponente del tribunal de enjuiciamiento, la magistrada Polo propusiera la absolución?

Hay que retrotraerse a octubre de 2024. La Sala de Admisión estaba presidida por el entonces presidente de la Sala Penal del Supremo, Manuel Marchena, y sus miembros eran Polo (ponente), Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela.

Polo tenía que exponer sobre la solicitud del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de imputar al fiscal general del Estado por haber emitido una nota informativa en la que, sostenia el TSJM, se incluían datos reservados de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, vertidos en un correo electrónico enviado por su abogado, Carlos Neira, a la Fiscalia de Madrid.

Voto particular en instrucción, no

Según la ponente, la nota no vulneraba derechos de González Amador. Pero Marchena sostenía que era necesario, al menos, si se dejaba al margen la citada nota (emitida el 14 de marzo de 2024), abrir diligencias sobre la filtración del correo. En todo caso, esas diligencias seguramente se archivarían porque nunca han llegado a detectarse a los responsables de las filtraciones.

Polo quiso presentar un voto particular, pero Marchena, según ella ha narrado a varias personas, la disuadió.

El argumento: en este tipo de resoluciones de instrucción no cabían votos particulares.

Sin embargo, como demostró luego, a finales de julio de 2025, el magistrado Andrés Palomo, eso era posible. Él, como ponente en la Sala de Apelaciones, propuso archivar la causa del fiscal general del Estado, los otros dos magistrados votaron a favor de seguir adelante y, por tanto, se cambió la ponencia, lo que dio pie al voto particular.

Es posible que Palomo considerase, según dijo a este cronista, que hacer ese voto particular era un asunto de conciencia.

Y también es probable que ante la autoridad del presidente de la Sala Penal, Marchena, la magistrada Polo decidió recoger velas y plegarse.

Pero tuvo ahora con ocasión del juicio una segunda oportunidad porque sería ponente.

Y ni la instrucción del juez Ángel Hurtado, ni lo que vio en el juicio oral la convenció.

Y propuso la absolución, cuyo único respaldo vino de la magistrada Ana Ferrer.

La imputación del 15 de octubre de 2024 tenía un objetivo nada inconfesable: la renuncia del fiscal general.

Pero lo que Marchena no podía imaginar era su resistencia. Dimitiría tras ser imputado y el caso se archivaría.

Por tanto, sin conseguir la prueba de la filtración había que conseguir hacer caer al fiscal por otro medio: una sentencia descafeinada pero condenatoria al fin.

El magistrado Martínez Arrieta, presidente del tribunal, tiene la potestad de decidir cuando se produce una situación como la del pasado viernes -la ponente se encuentra en minoría- quien debe ser el ponente de la mayoría. Y se la adjudicó a sí mismo.

Martínez Arrieta fue quien protagonizó uno de los incidentes del juicio más sonados. Cuando uno de los periodistas que prestaron testimonio declaró que sabía quien había filtrado el correo y no era el fiscal general, Martínez Arrieta lo interrumpió:

- Una cosa es que no la diga [la fuente de la filtración] pero otra cosa es que nos amenace con que la sabe…

Martínez Arrieta, sabemos ahora, tenía muy claro que iba a condenar al fiscal General del Estado. Su reacción lo delató.

La condena del Fiscal General del Estado será seguramente un legado de su mandato. No es probable que tenga que presidir un juicio tan importante en el año en los diecisiete meses que le quedan hasta jubilarse, en abril de 2027. Marchena tiene, pues, quien le escriba…la sentencia condenatoria."

(Ernesto Ekaizer , blog, 21/11/25)

13.11.25

Las dos sentencias ya están en liza antes de que el juicio al fiscal general se declare este jueves `visto para sentencia´... Una sentencia condenatoria sería la herencia en diferido de Manuel Marchena, quien instigó como presidente de la Sala Penal la imputación del fiscal general del Estado; la absolutoria, en cambio, una herencia anticipada de la presidencia de Andrés Martínez Arrieta, que se jubila en abril de 2027. No será fácil que tenga que juzgar otro caso tan importante como el que tiene ahora entre manos... fue González Amador quien optó por hacer público un correo que no era suyo sino del fiscal Salto, dirigido a su abogado, Carlos Neira. Esto es un hecho probado en instrucción y en el juicio oral. En el momento en que González Amador hizo la difusión, las 21:29 horas del 13 de marzo, el estado de cosas era el siguiente: nullum crimen, nulla poena, sine lege. No era ya delito. Fue González Amador quien vulneró una negociación reservada; y como explicó, en una secuencia impecable el fiscal general del Estado este miércoles 12 de noviembre, ello le llevó a responder que el ataque a la FGE (“la Fiscalía propuso el pacto y lo retiró por orden de arriba”) era una falsedad. Una campaña. Esta secuencia, aunque sin considerar concretamente la respuesta a la filtración del expediente, es también a la que ha aludido el voto particular del magistrado Andrés Palomo en la Sala de Apelación, quien propuso archivar el caso a finales de julio pasado. (Ernesto Ekaizer)

 "Una sentencia condenatoria sería la herencia en diferido de Manuel Marchena, quien instigó como presidente de la Sala Penal la imputación del fiscal general del Estado; la absolutoria, en cambio, una herencia anticipada de la presidencia de Andrés Martínez Arrieta.

Fue la Abogada General del Estado, Consuelo Castro (2018-2024), defensora del fiscal General del Estado, Álvaro García Ortíz, quien cazó este miércoles día 12, a los peritos, de los cuales formaba parte el teniente coronel Antonio Balas, en un punto que este cronista ya había señalado como esencial en la cadena de acontecimientos y que ha brillado por su ausencia.

¿Por qué atribuyen los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) a la Fiscalía General del Estado la filtración del expediente de la Agencia Tributaria y la denuncia de Fiscalía de dos delitos fiscales de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid?

Ni Marchena, el 15 de octubre de 2024, ni nadie, ha hablado de investigar la filtración de este expediente.

Para Miguel Ángel Rodríguez, MÁR, e Isabel Díaz Ayuso ese es el punto de partida de su estrategia de respuesta a los problemas de González Amador -que obtuvo 2 millones de euros como intermediario en la venta de mascarillas y que pretendió ahorrarse 350.961 euros con facturas falsas en sus declaraciones a Hacienda en los ejercicios 2020 y 2021- y que se hicieron públicos el martes 12 de marzo de 2024.

Y dan por hecho, sin prueba alguna, que ese expediente fue filtrado por la FGE.

Eso ocurrió, como acabamos de señalar, el 12 de marzo de 2024.

En este acontecimiento -omitido completamente por el instructor Ángel Hurtado- hay que ubicar la contrarreloj posterior de los correos.

El auto de la imputación promovido por el presidente de la Sala de Admisión, Manuel Marchena, y elaborado por Susana Polo, ponía el acento, el 15 de octubre de 2024, en el correo filtrado el del 2 de febrero de 2024-donde se confesaban dos delitos fiscales por Carlos Neira, abogado de González Amador- a raíz del posible perjuicio que pudo causar -nunca especificado- en el derecho de defensa de la pareja de Díaz Ayuso, el reconocimiento de unas negociaciones para alcanzar la conformidad sobre la comisión de dos delitos fiscales.

Bien.

Es que el primer correo filtrado -en respuesta al expediente de la Agencia Tributaria y a la denuncia de delitos fiscales planteada por la Fiscalía- no fue el del 2 de febrero de 2024.

Y ese primer correo filtrado se habla de esas negociaciones por vez primera .

MÁR puso en contacto a un periodista de El Mundo con González Amador quien disparó el primer correo, el del 12 de marzo de 2024.

Veamos esa noticia, de las 21:29 horas del 13 de marzo de 2024, en respuesta al expediente de la Agencia Tributaria y a la denuncia de la Fiscalía de dos delitos fiscales de la empresa Maxwell Cremona, propiedad de González Amador, ante la Audiencia de Madrid.

La Fiscalía Provincial ha trasladado a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid un ofrecimiento formal para que se declare culpable de la comisión de dos delitos fiscales. El fiscal encargado del asunto, Julián Salto, se puso en contacto por escrito el pasado martes a las 8:50 horas con la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso en los siguientes términos: “Le adjunto copia de la denuncia presentada el 5 de marzo de 2024 contra la sociedad Maxwell Cremona para facilitarle el derecho de defensa. Supongo que hasta dentro de dos meses no tendremos el juzgado encargado del asunto. Aunque se ha denunciado también a otras personas, no será obstáculo para poder llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo estiman posible”.

La pregunta es: ¿no es este correo, entregado, según está acreditado en el juicio, por González Amador a MÁR, con autorización para difundirlo, y por González Amador ese mismo día 13 de marzo a El Mundo, con el mismo fin?

Por tanto, fue González Amador quien optó por hacer público un correo que no era suyo sino del fiscal Salto, dirigido a su abogado, Carlos Neira.

Esto es un hecho probado en instrucción y en el juicio oral.

El juez Hurtado investigó, por tanto, la presunta revelación de un secreto en la Cadena Ser a las 23.51 horas del miércoles 13 de marzo con un contenido parecido (negociaciones de conformidad), que abordaba la misma materia, de otro correo, publicado dos horas y media antes. A las 21:29 horas.

¿No afectaba el correo filtrado por el propio González Amador -hecho probado- a su derecho de defensa y presunción de inocencia?

Si había decidido difundirlo como respuesta al expediente de la Agencia Tributaria, ¿es que no tenía para él aquellos posibles perjuicios que Marchena y Polo advirtieron, sin definirlos, en el auto de admisión del 15 de octubre?

En el momento en que González Amador hizo la difusión, las 21:29 horas del 13 de marzo, el estado de cosas era el siguiente: nullum crimen, nulla poena, sine lege.

No era ya delito.

Fue González Amador quien vulneró una negociación reservada; y como explicó, en una secuencia impecable el fiscal general del Estado este miércoles 12 de noviembre, ello le llevó a responder que el ataque a la FGE (“la Fiscalía propuso el pacto y lo retiró por orden de arriba”) era una falsedad. Una campaña.

Esta secuencia, aunque sin considerar concretamente la respuesta a la filtración del expediente, es también a la que ha aludido el voto particular del magistrado Andrés Palomo en la Sala de Apelación, quien propuso archivar el caso a finales de julio pasado.

Marchando dos propuestas de sentencia

Ya se pueden avizorar dos propuestas de sentencia en marcha antes de que este jueves el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, declare el juicio oral visto para sentencia.

Y los dos protagonistas de esas propuestas son Susana Polo y Manuel Marchena. Ironía de la historia, Marchena fue fiscal de Polo, cuando esta era jueza en Plaza de Castilla, ya hace muchos años.

Decepcionada ahora de Marchena a raíz de que, según su versión, el entonces presidente de la Sala de Admisión logró persuadirla para que aceptara en su ponencia imputar a García Ortíz, puede proponer una sentencia absolutoria, animada, también, por el voto particular del magistrado Palomo, que ha reforzado la que había su posición inicial como ponente en la ya citada Sala de Admisión, de la que abjuró posteriormente.

Ahora bien, si Marchena reúne una mayoría “condenatoria” (con los magistrados Berdugo, Del Moral y Carmen Lamela) Polo lógicamente tendría que ceder su ponencia a favor de Lamela, en favor de quien el presidente Martínez Arrieta designe.

Esto es lo que hay.

La primera opción, la sentencia condenatoria, sería la herencia en diferido del que fuera presidente hasta diciembre pasado de la Sala Penal del Supremo, es decir de Marchena; la absolutoria, sería la herencia anticipada del mandato de Martínez Arrieta, que se jubila en abril de 2027. No será fácil que tenga que juzgar otro caso tan importante como el que tiene ahora entre manos."                            (Ernesto Ekaizer , blog, 13/11/25) 

31.10.25

La exposición pública de Mazón ante las víctimas es una forma de recibir castigo sin renunciar al cargo... “Si me insultan, si me humillan, si me gritan, entonces ya he pagado”... Pero el castigo simbólico no sustituye la responsabilidad institucional... convierte el dolor de las víctimas en herramienta de legitimación. Y desplaza el foco del deber político a la redención personal... Mazón sabía que sería lapidado verbalmente por los familiares de las víctimas. No fue por ignorancia. Fue por cálculo... ha buscado una forma de castigo que le permita seguir... El acto público como penitencia es insuficiente. No repara. No responde. No asume. Solo posterga lo inevitable: la rendición de cuentas (Max Pradera)

Max Pradera   @maxpradera

Hilo: Mazón, el acto público como penitencia sustitutiva. 1. Carlos Mazón sabía que sería lapidado verbalmente por los familiares de las víctimas. No fue por ignorancia. Fue por cálculo. El acto no era conmemorativo: era expiatorio.

2. La dimisión es un acto político, pero también psicológico. Implica asumir la responsabilidad y renunciar al poder. Mazón no ha dimitido. Pero ha buscado una forma de castigo que le permita seguir.

 3. La exposición pública ante las víctimas —tras el explícito “no vengas”— no es un gesto de empatía. Es una escena de penitencia. Una forma de recibir castigo sin renunciar al cargo.

 4. En términos psicológicos, es una externalización del castigo: “Si me insultan, si me humillan, si me gritan, entonces ya he pagado.” Pero el castigo simbólico no sustituye la responsabilidad institucional.

 5. Esta lógica es peligrosa. Porque convierte el dolor de las víctimas en herramienta de legitimación. Y porque desplaza el foco: del deber político a la redención personal.

 6. Mazón no busca justicia. Busca absolución. Pero la única vía legítima es la dimisión. Y fuera del cargo, ya no controla el relato: queda a merced de la jueza de Catarroja.

 7. El acto público como penitencia es insuficiente. No repara. No responde. No asume. Solo posterga lo inevitable: la rendición de cuentas.

10:27 p. m. · 29 oct. 2025 301 Visualizaciones

15.10.25

Los datos son tozudos. La gestión del PP aumentó la deuda pública en 31,6 puntos porcentuales con respecto al PIB. Recortando y con austericidio. Desde la moción de censura, el gobierno de coalición la ha incrementado catorce veces menos. Con escudo social. No es lo mismo... Es evidente que había dos formas de gestionar las crisis con el actual sistema y las reglas fiscales de la UE. Y la del PP no solo hace daño socialmente. Además dificulta cumplir con las exigencias de la Comisión Europea. El austericidio es letal para el crecimiento... Cambiemos el chip con la deuda pública y dejemos de demonizarla. Y es que la clave no es cuánto se incrementa sino para qué se aumenta. Hacerlo para rescatar a la banca o para multiplicar el gasto militar, mal. Si es para levantar un escudo social, proteger a la gente o estimular la economía, bien (Carlos Sánchez Mato)

 "Los datos son tozudos. La gestión del PP aumentó la deuda pública en 31,6 puntos porcentuales con respecto al PIB. Recortando y con austericidio. Desde la moción de censura, el gobierno de coalición la ha incrementado catorce veces menos. Con escudo social. No es lo mismo.

La evolución de la deuda pública desde 2011 muestra la variación experimentada y el impacto de las tres grandes crisis. La variación entre final de 2011 y la moción de censura ascendió a 31,6% del PIB (gran recesión) Desde ahí a final de 2024, solo 2,3% (pandemia e inflación derivada de la guerra en Ucrania).

En la pandemia y debido a las políticas públicas de escudo social, la deuda creció a un ritmo más rápido (un 50% más que con el PP en la gran recesión) Pero la reducción por parte del gobierno de coalición ha sido 6 veces más veloz que la del austericidio perpetrado por Rajoy.

Es evidente que había dos formas de gestionar las crisis con el actual sistema y las reglas fiscales de la UE. Y la del PP no solo hace daño socialmente. Además dificulta cumplir con las exigencias de la Comisión Europea. El austericidio es letal para el crecimiento.

Por eso se ponen tan nerviosos y, en vez de hablar de la deuda con respecto a la riqueza (PIB), la derecha cambia la portería y se refiere a importe. Ni así. Con el PP se aumentó la deuda en 511.405 millones (+69%). Con el gobierno de coalición 436.472 millones (+35%).

Con el PP, la deuda pública se incrementó en sus casi 7 años de gobierno a un ritmo diario de 216 millones de euros. Con el gobierno de coalición, un 21% menos, a un ritmo de 171 millones diarios.

Cambiemos el chip con la deuda pública y dejemos de demonizarla. Y es que la clave no es cuánto se incrementa sino para qué se aumenta. Hacerlo para rescatar a la banca o para multiplicar el gasto militar, mal. Si es para levantar un escudo social, proteger a la gente o estimular la economía, bien." 

(Carlos Sánchez Mato , attac España, 11/10/25, gráficos en el original, artículo original publicado en matoeconomia.blogspot.com  

20.9.25

La negativa de la derecha a reducir la jornada laboral genera paro y estancamiento económico... También votó en contra en 1983, cuando el gobierno socialista de Felipe González la redujo hasta las 40 horas actuales... estamos viviendo una revolución tecnológica... la historia del capitalismo es la historia de un cambio tecnológico prácticamente continuado y lo que ha podido evitar que ese proceso no se haya traducido en un desempleo masivo ha sido o bien la disminución de la jornada laboral o la aplicación de políticas económicas que impulsaran el gasto (no digo que eso sea bueno, digo que es así como funciona el capitalismo). Cuando las políticas económicas han sido restrictivas, como las neoliberales, y la jornada se ha mantenido, el paro ha sido mucho mayor. Cuando se está produciendo un cambio tecnológico tan acelerado como el actual, proponer políticas restrictivas del gasto y al mismo tiempo no disminuir la jornada laboral, como hace la derecha, es hacer una apuesta sobre seguro por el paro y el estancamiento económico... ¿por qué la derecha iba a querer algo tan negativo para todos? Defiende los intereses de las empresas que innovan y sólo buscan aumentar sus ganancias a toda costa: con más paro, los trabajadores serán más dóciles y lo salarios más bajos, de modo que el beneficio que lleve consigo el incremento de productividad se lo podrán apropiar más fácilmente los propietarios del capital. Por otro lado, defiende los intereses de las empresas que, en lugar de invertir e innovar, hacen negocio usando mano de obra más barata y durante más horas, intensificando la explotación del trabajo... la derecha defiende una economía que produce más desigualdad y que terminará frenándose por deterioro del mercado interno, en el primer caso; o atrasada y sin capacidad de generar el valor añadido que proporciona la innovación tecnológica, en el segundo. Como dije, paro y estancamiento a medio y largo plazo (Juan Torres López)

 "Los partidos de derechas españoles (PP, Vox y Junts) han impedido con su voto mayoritario en el Congreso la tramitación del proyecto de ley para reducir la jornada máxima de trabajo a 37 horas y media a la semana.

También votaron en contra en 1983, cuando el gobierno socialista de Felipe González la redujo hasta las 40 horas actuales, y en ambos casos diciendo que provocaría desempleo, disminuiría la productividad y, en general, que perjudicaría a las empresas.

Es sabido que la derecha española mantiene constantemente una estrategia de desgaste que le lleva a votar en contra de cualquier cosa que proponga el gobierno y siempre con argumentos apocalípticos. En este caso, sin embargo, hay más: ignorancia de cuestiones económicas básicas y una servidumbre extrema hacia el empresariado más rentista y menos competitivo que hace mucho daño al resto de la economía y a la inmensa mayoría de los españoles.

En concreto, oponerse hoy día a reducir la jornada laboral es apostar por el paro y el estancamiento económico a medio y largo plazo. Te lo voy a demostrar del modo más claro posible recurriendo a un modelo sencillo que utilizó el inolvidable David Anisi, catedrático de Economía de la Universidad de Salamanca, y que me permito simplificar para explicarlo en pocas palabras.

El rechazo a reducir la jornada laboral se produce cuando estamos viviendo una revolución tecnológica. Quizá, la más grandiosa de la historia de la humanidad por la introducción cada vez más intensa y en todos los campos de la vida económica de la digitalización y, sobre todo, de la inteligencia artificial.

Todo el mundo sabe que la introducción de nuevas tecnologías produce aumentos en la productividad, es decir, en la cantidad de producto que se puede obtener por cada unidad de trabajo o de capital empleados.

Por tanto, en términos algebraicos muy sencillos se puede establecer que la productividad del trabajo (la llamaremos z) es el resultado de dividir el producto obtenido (llamémosle Y) entre el tiempo dedicado a producir (lo denominamos L). Es decir:

      Y
z = —
       L

Por otro lado, el tiempo efectivo destinado a obtener el producto (L) depende del número de individuos contratados para el trabajo (lo denominaremos N) y de la jornada laboral (j). El profesor Anisi también incluía la eficiencia en el trabajo, pero aquí podemos dejarla de lado para hacer más fácil la explicación. Por tanto, la expresión anterior sería:

        Y
z = ——
      N * j

Para explicar el efecto de no reducir la jornada de trabajo, David Anisi hacía una operación sencilla: introducía en el denominador (N*j) la población activa (la vamos a llamarla A) sin que cambiara la expresión, es decir, multiplicando y al mismo tiempo dividiendo. Entonces, tendríamos una nueva expresión que quedaría así:

             Y
z = —————
      (N/A)*j*A

En esta última expresión, (N/A) es el número de personas empleadas dividido por todas aquellas que están en condiciones de trabajar, están empleadas o buscan trabajo (población activa). Es decir,  la tasa de empleo de la economía.

A partir de este cambio sencillo, se puede deducir la clave de todo lo que queríamos plantear, siguiendo el razonamiento de David Anisi. Veamos.

Como hemos dicho, el cambio tecnológico hace que aumente la productividad. Naturalmente, en mayor medida en las empresas o economías más innovadoras y avanzadas, y con menor intensidad en las que se basan en modelos productivos viejos o en la mera explotación de la mano de obra, y no en el uso de nuevas tecnologías o procedimientos más avanzados.

En España, por supuesto, la productividad aumenta. Aunque no lo haga en todos los sectores o empresas por igual, y aunque sea más lentamente que en otras economías que nos superan en innovación y diversidad, en todo caso, la productividad en la economía española está creciendo.

Pues bien, si ahora volvemos a la última expresión que utilizamos, es fácil comprobar que si se produce un aumento de la productividad (z) como consecuencia del cambio técnico, esa igualdad sólo se mantiene si se da alguna de las siguientes condiciones o las dos al mismo tiempo:

– Aumento del numerador, es decir, del producto Y.

– Disminución del denominador, es decir, de la tasa de empleo o de la jornada laboral

Por tanto, si la jornada laboral se mantiene constante, para que esté aumentando la productividad o aumenta el producto (numerador) o disminuye el empleo (denominador)

Y el problema es que la derecha, además de oponerse a que se reduzca la jornada, viene proponiendo desde hace años medidas de recorte del gasto público, moderación salarial o disminución de ayudas sociales que limitan mucho el crecimiento del producto porque frenan sus motores: directamente, el de los dos más potentes (el consumo familiar, y el consumo e inversión de las administraciones públicas), e indirectamente la inversión de las empresas (cuanto menos gasto en consumo privado y público haya, menos demanda tendrán de sus productos e invertirán menos).

Como es bien sabido, la historia del capitalismo es la historia de un cambio tecnológico prácticamente continuado y lo que ha podido evitar que ese proceso no se haya traducido en un desempleo masivo ha sido o bien la disminución de la jornada laboral o la aplicación de políticas económicas que impulsaran el gasto (no digo que eso sea bueno, digo que es así como funciona el capitalismo). Cuando las políticas económicas han sido restrictivas, como las neoliberales, y la jornada se ha mantenido, el paro ha sido mucho mayor.

Cuando se está produciendo un cambio tecnológico tan acelerado como el actual, proponer políticas restrictivas del gasto y al mismo tiempo no disminuir la jornada laboral, como hace la derecha, es hacer una apuesta sobre seguro por el paro y el estancamiento económico.

La pregunta que se harán muchas personas de buena voluntad es ¿por qué la derecha iba a querer algo tan negativo para todos? La respuesta también es fácil de entender: esa negativa no es mala para todos.

Por un lado, defiende los intereses de las empresas que innovan y sólo buscan aumentar sus ganancias a toda costa: con más paro, los trabajadores serán más dóciles y lo salarios más bajos, de modo que el beneficio que lleve consigo el incremento de productividad se lo podrán apropiar más fácilmente los propietarios del capital. Por otro lado, defiende los intereses de las empresas que, en lugar de invertir e innovar, hacen negocio usando mano de obra más barata y durante más horas, intensificando la explotación del trabajo. En ambos casos, a costa de la mayoría de la población y del conjunto de la economía. El resultado de esa doble defensa es evidente: la derecha defiende una economía que produce más desigualdad y que terminará frenándose por deterioro del mercado interno, en el primer caso; o atrasada y sin capacidad de generar el valor añadido que proporciona la innovación tecnológica, en el segundo. Como dije, paro y estancamiento a medio y largo plazo. "

(Juan Torres López, blog, 19/09/25) 

17.9.25

El mundo al revés: el caso del fiscal general del Estado... En los dos extensos autos dictados por el juez Ángel Hurtado, el primero contra el fiscal general y la fiscal jefa de Madrid y el segundo contra el primero exclusivamente, no hay ni un solo indicio de la revelación de secreto que se le imputa... El juez instructor, sorprendentemente, descarta todos los contraindicios que han aparecido a lo largo de la instrucción, sin justificar de manera objetiva y razonable por qué lo hace... El caso del fiscal general del Estado es un caso absurdo que únicamente se explica por una conducta jurídicamente injustificable del juez instructor y de dos de los tres magistrados que dieron respuesta al recurso de apelación contra el auto inicial de apertura de todo este proceso (Javier Pérez Royo)

 "Una vez finalizada la fase de instrucción y dictado el auto de apertura de juicio oral contra el fiscal general del Estado, no se advierte la existencia de indicio incriminatorio alguno en su conducta del delito por el que se decide la apertura de juicio contra él. Sí se advierte, por el contrario, una conducta más que controvertible del juez instructor.

En los dos extensos autos dictados por el juez Ángel Hurtado, el primero contra el fiscal general y la fiscal jefa de Madrid y el segundo contra el primero exclusivamente, no hay ni un solo indicio de la revelación de secreto que se le imputa. Los dos autos están repletos de “intuiciones”, como escribe Jordi Nieva Fenoll, pero no de indicios, que es lo que resulta imprescindible para justificar la apertura de un juicio oral. El juez instructor, sorprendentemente, descarta todos los contraindicios que han aparecido a lo largo de la instrucción, sin justificar de manera objetiva y razonable por qué lo hace.

Quiere decirse, pues, que, una vez cerrada la instrucción, no es la indiciaria conducta delictiva del fiscal general del Estado lo que se desprende de ella, sino una conducta del juez de la cual lo más benévolo que puede decirse es que carece de rigor. Las propias palabras iniciales del auto con el que propuso la apertura del juicio oral –“a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno”– son de una grave temeridad. Con dichas palabras se está, por una parte, acusando al fiscal general del Estado de prevaricación, al haber sustituido la “voluntad general” del legislador por la “voluntad particular” de la Presidencia del Gobierno y, por la otra, indicando que también se ha cometido un delito por alguien en Presidencia del Gobierno al haber inducido al fiscal general a actuar de esa manera. 

El juez instructor parece coincidir con el relato de Miguel Ángel Rodríguez, que está en el origen de todo este embrollo. Fue el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid el que por primera vez sacó a relucir la negociación de un pacto de conformidad entre Alberto González Amador y el ministerio fiscal, aunque de un modo deliberadamente tergiversado: según el relato de Rodríguez, fue la Fiscalía la que ofreció el pacto de conformidad y este fue boicoteado “desde arriba” (¿Presidencia del Gobierno?) con la finalidad de penalizar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, compañera sentimental del presunto defraudador.

La Presidencia del Gobierno estaría así en el origen de toda la operación. Es el bulo que Miguel Ángel Rodríguez transmitió a varios medios de comunicación amigos y que fue desmentido por la fiscal jefa de Madrid con el aval del fiscal general del Estado. Dos magistrados de los tres del Tribunal Supremo que tuvieron que resolver el recurso de apelación interpuesto por el fiscal general del Estado contra el auto del juez Hurtado reconocieron de manera expresa que “ciertamente esa afirmación fáctica (las supuestas indicaciones de Presidencia del Gobierno) no ha sido acreditada con suficiencia, por lo que su inclusión en el relato fáctico era prescindible”; es decir, que se había producido una doble imputación delictiva al fiscal general del Estado y a Presidencia del Gobierno sin prueba alguna. 

Se trata de dos delitos que se habrían cometido en el momento inicial de la investigación, sin los cuales no se entiende nada de lo que viene ulteriormente. Sin la tesis de la supuesta acción boicoteadora de Presidencia del Gobierno al pacto de conformidad presuntamente ofrecido por el ministerio fiscal a González Amador, Miguel Ángel Rodríguez no habría puesto en circulación el bulo que ha desatado todo este embrollo. Sin las supuestas indicaciones de Presidencia del Gobierno al fiscal general del Estado tampoco se habría puesto en marcha la operación reveladora de secreto del correo electrónico enviado por la defensa del señor González Amador al fiscal que entendía de su conducta tributaria.

La acusación sin prueba contra el fiscal general del Estado y la Presidencia del Gobierno es el punto de partida del “relato fáctico” del auto del juez Hurtado; a ese presupuesto de hecho se anuda el desarrollo de toda la argumentación posterior. Sin ese punto de partida, no hay nada. 

Los dos magistrados antes citados que resolvieron en apelación el recurso interpuesto por el fiscal general del Estado contra el auto del juez instructor, en lugar de enfrentarse con el problema, lo soslayaron. Dicha doble atribución delictiva al fiscal general del Estado y a Presidencia del Gobierno no debería haberse producido, era “prescindible”, señalaron. Pero la atribución se produjo y no puede “carecer de relevancia alguna”, como añadieron los magistrados restándole importancia.

Las supuestas indicaciones de Presidencia del Gobierno están en la raíz del auto de apertura de juicio oral. Sin ellas, el auto se viene abajo. No se las puede hacer desaparecer como si no hubieran existido.  

El argumento de los dos magistrados de que, al “no haber incriminado a nadie del Gobierno”, la acusación delictiva del juez instructor “carece de relevancia” es absurdo. El “no haber incriminado a nadie del Gobierno” es justamente la prueba irrefutable de la falsedad de la imputación por parte del juez instructor. La ausencia de cualquier tipo de investigación por parte del juez instructor sobre quién podría haber sido el autor de las “indicaciones de Presidencia” no quita relevancia a su inclusión en el momento inicial del relato fáctico, sino todo lo contrario. Pone de manifiesto que en el origen de la instrucción hay una fabulación por parte del juez que la convierte en una instrucción viciada.El último golpe del juez Hurtado contra el fiscal general, por Ignacio Escolar

El caso del fiscal general del Estado es un caso absurdo que únicamente se explica por una conducta jurídicamente injustificable del juez instructor y de dos de los tres magistrados que dieron respuesta al recurso de apelación contra el auto inicial de apertura de todo este proceso." 

( Javier Pérez Royo, Gaceta Crítica, 14/09/25, fuente eldiario.es)

14.9.25

El juez Hurtado carga con con su desprecio no razonado a la declaración de seis periodistas, que podrían ser considerados como los testigos de cargo en el caso, ya que afirman con rotundidad que ellos tenían la noticia filtrada antes de que ésta -y con los cómputos que el propio juez Hurtado había realizado- llegara al fiscal general del Estado. Implícitamente el juez Hurtado está considerando perjuros a esos seis periodistas, ya que, al declarar como testigos, están obligados a decir la verdad... Uno de los periodistas, José Precedo, ha declarado con gran convicción que él sabe con certeza que el Fiscal general es inocente, porque conoce perfectamente a quién filtró el dato que el juez Hurtado le cuelga, sin pruebas fehacientes y rotundas, al Fiscal general... Lo peor de todo este caso es que la acusación no ha aportado ni un solo indicio consistente que apoye ni el procesamiento ni el juicio oral contra el Fiscal general del Estado... Algo que, si tuviéramos que explicarlo a alguien que llega de nuevo a todo este lío, no nos atreveríamos ni siquiera a definirlo como lawfare por su propia falta de categoría. Pero que el destacado voluntarismo del juez, la tenacidad de su dedicación y, sobre todo, la parcialidad de no tener en cuenta la declaración unánime de unos testigos de cargo, como son los periodistas que tuvieron además que empeñarse y pelear para poder testificar, generan un sospechoso olor a quemado (José Luis Martín Palacín)

 "Hace pocos días anunciábamos cómo algunos jueces demostraban con sus hechos que la afirmación del presidente del Gobierno de que algunos jueces hacen política no sólo era cierta, sino que se quedaba corta. Y citábamos al juez Peinado y al juez Puente. Pues bien: el juez Hurtado completa la tripleta. No sólo por su actuación que cualquier ciudadano puede considerar errada e intencionada, sobre todo si recoge el criterio de bastantes juristas (y, entre otras muchas, las declaraciones del exjuez Castro en Malas Lenguas, de RTVE fueron más que convincentes), sino por la rapidez de la respuesta, a nueve días de las declaraciones del presidente del Gobierno.

El juez Hurtado carga con la sombra del voto particular contrario a la resolución de la Sala de Apelaciones, emitido por el juez Palomo con una argumentación irrefutable y que, por el bien de la propia Justicia es de esperar que la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo tenga muy en cuenta. Y carga con su desprecio no razonado a la declaración de seis periodistas, que podrían ser considerados como los testigos de cargo en el caso, ya que afirman con rotundidad que ellos tenían la noticia filtrada antes de que ésta -y con los cómputos que el propio juez Hurtado había realizado- llegara al fiscal general del Estado. Implícitamente el juez Hurtado está considerando perjuros a esos seis periodistas, ya que, al declarar como testigos, están obligados a decir la verdad.

El juez Hurtado, además de no razonar ese desprecio por la declaración de los seis periodistas, se aprovecha de la ventaja que le da el hecho de la profesionalidad de los mismos, que les impide revelar las fuentes a través de las que les llegó la filtración. No deja de ser una especie de juego con las cartas marcadas. Uno de los periodistas, José Precedo, ha declarado con gran convicción que él sabe con certeza que el Fiscal general es inocente, porque conoce perfectamente a quién filtró el dato que el juez Hurtado le cuelga, sin pruebas fehacientes y rotundas, al Fiscal general

Lo peor de todo este caso es que la acusación no ha aportado ni un solo indicio consistente que apoye ni el procesamiento ni el juicio oral contra el Fiscal general del Estado. Sino que se limita a denunciar sin demostración alguna, y ha puesto a trabajar de una manera casi febril al juez Hurtado para buscar resquicios por todos lados; y creo que infructuosamente. Un afán tan voluntarista y obsesivo como el que está mostrando el juez Peinado, y que ya nos gustaría ver en el ámbito de la administración de Justicia, por ejemplo, en la investigación sobre las más de siete mil muertes de personas mayores en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia. Un caso de hace cinco años en el que no hemos visto el menor celo de los jueces que han llevado las diferentes denuncias presentadas por los familiares de las víctimas.

Y un afán, por otra parte, que llega a poner patas arriba equipos de trabajo de la Fiscalía general del Estado, con peligro, y una falta de respeto absoluta, de que pudieran violarse informaciones reservadas y privadas de casos de la Fiscalía, y hasta de posibles investigaciones en curso. Y un afán que arma todo ese barullo por un tema que ha sido trivializado y politizado, con el peor estilo, desde un órgano político como es el de la presidencia de la Comunidad de Madrid, a través de equipos de comunicación pagados con dinero público, con graves acusaciones vejatorias hacia el Fiscal general y hacia la propia presidencia del Gobierno. Y que se produce en relación con un hecho que parte del reconocimiento de un delito por parte de la parte acusadora.

Todo un galimatías casi de manual, que no justifica el sueldo de un juez dedicando un tiempo de función pública para buscar los tres pies a un gato intrascendente. Algo que, si tuviéramos que explicarlo a alguien que llega de nuevo a todo este lío, no nos atreveríamos ni siquiera a definirlo como lawfare por su propia falta de categoría. Pero que el destacado voluntarismo del juez, la tenacidad de su dedicación y, sobre todo, la parcialidad de no tener en cuenta la declaración unánime de unos testigos de cargo, como son los periodistas que tuvieron además que empeñarse y pelear para poder testificar, generan un sospechoso olor a quemado, producido por forzar tan poco diestramente toda la maquinaria judicial.

Poco diestro, en efecto, en el manejo de esa maquinaria, cuando la Sala de Apelaciones le ha obligado a quitar de sus acusaciones la afirmación, arbitraria y sin ni siquiera un mínimo indicio. de que la supuesta filtración, atribuida sin prueba alguna al Fiscal general, vino ordenada por la presidencia del Gobierno: una frivolidad nada profesional ni seria en alguien cuya llegada al Tribunal Supremo -sólo por eso- no sé cómo se podría explicar. Sobre todo, si se acompaña de la temeridad de lanzar hacia el banquillo a alguien sin haber sido capaz de encontrar indicios ni razonables ni sólidos. 

Y se nos viene el juez Hurtado en su decisión última a subir a la parra con la fianza impuesta al Fiscal general: 150.000 euros para hacer frente a los daños (morales los llama el acusador). El triple de lo que se suele aplicar de fianza a casos de violencia de género; un 50% más que la indemnización que tuvieron que pagar a su víctima los violadores delincuentes de la manada, y 30.000 euros más que la fianza impuesta a Fernández Díaz por algo tan descomunal por haber manipulado a una Fuerza de Seguridad del Estado para fabricar acusaciones falsas y tendenciosas contra los enemigos políticos del partido gobernante. ¿Se podría llamar ensañamiento a este trato judicial?

Y menos mal que el juez Hurtado no ha planteado la separación del cargo al Fiscal general, como pedían sus acusadores. ¿Tal vez para que no se le vaya el juicio de las manos a la Sala de lo Penal? Porque tal decisión podría quizás haber motivado que el acusado recurriera en amparo ante el Tribunal Constitucional, y el caso pasaría a otra instancia, al menos hasta que se sustanciara el amparo.

Causa una cierta vergüenza ajena, y mucha pena, ver, en tan altas instancias, a la Justicia española enredada en una cadena de voluntaristas trivialidades, tan bien representadas por la retransmisión burda, y sospechosamente predictiva, que ha ido realizando el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid que -¡oh casualidad!- es la pareja que convive con quien acusa al Fiscal general, y que lo hace en un inmueble que, curiosamente, parece proceder de los beneficios obtenidos por los delitos confesados por su propio abogado, y que dan origen a todo este enredo.

¿Cómo era aquello de “país, paisaje y paisanaje” de nuestro querido y recordado Forges?" 

(José Luis Martín Palacín , Nueva Tribuna, 10/09/25)

6.9.25

Ernesto Ekaizer: La víctima ante sus verdugos en la tragicomedia del Tribunal Supremo... Marchena no tardó en oler sangre... Susana Polo estudió la nota informativa que, según el TSJM, revestía caracteres de posible delito de revelación de secreto y las referencias a la posible filtración del ya célebre correo. Pero no vio indicios de delito. Marchena, según ella ha narrado, le explicó que, si bien se podía asumir que la nota informativa no suponía delito, en cambio convenía investigar la filtración del correo... y finalmente acordaron que se harían unas diligencias y ya se vería... La instrucción, confiada a un magistrado procedente de la Audiencia Nacional, Ángel Hurtado, hizo el resto, y el descarte consciente de todas aquellas pruebas que colocaran en contexto las filtraciones -vamos, lo que hizo el voto particular del magistrado Andrés Palomo, al señalar que no existía "conducta típica" y la "prueba es insuficiente"... Fue una crisis provocada. Lo peor es que los verdugos nunca creyeron que el fiscal general del Estado resistiría. Y quisieron que no se presentara en el acto de este 5 de septiembre ante el Rey. Se sentían -se sintieron- incómodos. Pues ellos se lo buscaron. El trabajo sucio de acabar con García Ortiz, la guinda de la ofensiva, quedó sin consumar... Ahora el nuevo campo de batalla será el juicio oral

 "(...) En julio de 2024, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) envió la exposición razonada para que la Sala Segunda abriera causa contra el fiscal general del Estado, Marchena no tardó en oler sangre.

En septiembre de 2024, la Sala de Admisión -de la Sala Segunda- fue integrada por Marchena (presidente), Susana Polo (ponente), Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela.

Susana Polo y Marchena son viejos conocidos.

Ella era titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de Madrid cuando él era fiscal del mismo ya hace largos años.

Ahora, en octubre de 2024 en la exposición razonada del TSJM, Polo estudió la nota informativa que, según el TSJM, revestía caracteres de posible delito de revelación de secreto y las referencias a la posible filtración del ya célebre correo.

Pero no vio indicios de delito. Marchena -según ella ha narrado a lo largo del último año a diversas personas- le explicó que, si bien se podía asumir que la nota informativa no suponía delito, en cambio convenía investigar la filtración del correo.

Polo asumió que en los procesos de instrucción no se pueden hacer votos particulares en la Sala de Admisión, y finalmente acordaron que se harían unas diligencias y ya se vería. La investigación de filtraciones en el Supremo llenaría muchos folios y brilllaría por terminar siempre en un archivo. Es una catarsis que termina evaporadores.

En el auto de admisión del 16 de octubre de 2014, basado en la ponencia de Polo, se decidió poner que en la nota informativa "se desprende que, aparentemente, no hay información indebidamente revelada... pero de la instrucción se desprende que horas antes de la nota de prensa, los correos entre el fiscal del caso y el letrado del particular [Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso] fueron revelados, estando los mismos en poder del fiscal general del Estado y de la fiscal jefa provincial".

La instrucción, confiada a un magistrado procedente de la Audiencia Nacional, Ángel Hurtado, hizo el resto.

La espectacular entrada y registro de la UCO en la Fiscalía General del Estado y en la Fiscalía de Madrid, el clonado de los ordenadores y dispositivos de Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez, respectivamente, durante doce horas, y el descarte consciente de todas aquellas pruebas que colocaran en contexto las filtraciones -vamos, lo que hizo el voto particular del magistrado Andrés Palomo, al señalar que no existía "conducta típica" y la "prueba es insuficiente"- han configurado esta crisis.

Fue una crisis provocada. Lo peor es que los verdugos nunca creyeron que el fiscal general del Estado resistiría.

Y quisieron que no se presentara en el acto de este 5 de septiembre ante el Rey.

Se sentían -se sintieron- incómodos. Pues ellos se lo buscaron. El trabajo sucio de acabar con García Ortiz, la guinda de la ofensiva, quedó sin consumar.

La tragicomedia se adueñó del escenario. La derecha judicial del Gonsejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Partido Popular intentaron in extremis impedir que García Ortíz acudiera a un acto en el que su discurso es una de las columnas del acto y está tasado por ley.

Y, además, que también se obstacularizara la presencia del ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la mesa junto al Rey.

Feijóo decidió solidarizarse con Isabel Díaz Ayuso acudiendo a un acto en Arganda del Rey, una de las principales escenas del crimen de Gürtel, allí donde antes del verano, durante uno de los juicios el constructor Fernando Martín, expresidente del Real Madrid, firmó un pacto de conformidad con la Fiscalía en el cual reconoció haber pagado con un cheque de 25 millones de euros uno de sus sobornos a la trama corrupta. Esa solidaridad de Feijóo con Díaz Ayuso ha llegado unos días antes de que a Alberto González Amador, pareja de Ayuso, le abran juicio oral por dos delitos fiscales y falsificación de facturas por los cuales la Fiscalía y las acusaciones populares solicitan 3,9 años de cárcel y 5 años, respectivamente.

Ahora el nuevo campo de batalla será el juicio oral.

Con el nuevo presidente de la Sala Segunda, Andrés Martínez Arrieta, en calidad de presidente del tribunal de enjuiciamiento del fiscal general del Estado, y con Susana Polo de ponente.

Estos dos magistrados más Javier Hernández se unirán a Marchena, Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela para formar un tribunal de siete magistrados que juzgará a García Ortíz.

El deshielo en lo que hemos llamado el Soviet Supremo, caracterizado por su unanimidad, donde poner un voto particular podía tener costes muy altos -el caso de Ana Ferrer sobre la amnistía, por ejemplo- ha empezado.

El voto particular del magistrado Palomo -que ya habia discrepado en la Sala de Apelaciones sobre los recursos del fiscal general del Estado, pero sin presentar voto particular- finalmente rompió la unanimidad al votar en contra del auto de procesamiento del fiscal general- en una enmienda minuciosa de la totalidad de la instrucción del juez Hurtado.

Y puede influir en el juicio oral.

Solo una nota a pie de página sobre el discurso de la presidenta del Supremo y CGPJ.

El Pacto PSOE-PP que renovó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha creado un Frankenstein corporativo.

La presidenta Isabel Perelló entiende la división de poderes en una sola dirección: el de la intromisión del Poder Judicial sobre el Poder Legislativo.

Los múltiples ataques al poder y a los políticos son exagerados en lo que llamo el Estado Judicial Español (EJE). Pero la gruesa y larga cabellera que impide a veces apreciar los ojos de Perelló quizá también le oculte la injerencia del Poder Judicial sobre el Poder Legislativo, le desdibuja lo que es el imperio de la ley al que ha hecho referencia en su discurso lleno de autoreferencias y ombliguismo infantil impropio de la presidenta del Supremo y el CGPJ."

Ernesto Ekaizer , blog, 06/09/25)

5.9.25

El juez Peinado sabe que hay jueces que actúan por motivaciones políticas... El escándalo sobreactuado de estos días porque el presidente del gobierno ha dicho la verdad ha sido uno de los más ridículos de los últimos tiempos... Pedro Sánchez dijo que hay jueces que hacen política aunque la mayoría hace bien su trabajo. Yo no sería tan generoso, pero su prudencia convierte la sentencia en incontestable... El juez Peinado no pide los correos de Begoña Gómez desde 2018 para dirimir ningún delito porque no lo hay. Es obviamente una petición desproporcionada que busca generar un daño político irreversible. El juez Peinado pide esa actuación para que esos correos acaben filtrados y publicados en Okdiario y The Objective buscando algo que afecte a la intimidad del presidente aunque no tenga nada de delictivo... y todavía se extrañan de que el Fiscal General del Estado hubiera borrado su teléfono. De no haberlo hecho habría una brecha en la seguridad nacional difícilmente calificable y que habría acabado en manos de criminales, terroristas y narcotraficantes... La indefensión es absoluta, todos saben que lo único que necesitan para acceder a información privada e íntima del presidente y su entorno es un juez militante... No sé el tiempo que los periodistas tardaremos en demostrar con pruebas irrefutables los intereses políticos de algunos jueces de este país. Pero tengan en cuenta que se logrará, se sabrá, se conocerán las reuniones, cónclaves y connivencias. Pero no pasará nada (Antonio Maestre)

 "El escándalo sobreactuado de estos días porque el presidente del gobierno ha dicho la verdad ha sido uno de los más ridículos de los últimos tiempos. Pedro Sánchez dijo que hay jueces que hacen política aunque la mayoría hace bien su trabajo. Yo no sería tan generoso, pero su prudencia convierte la sentencia en incontestable. Eso lo sabe cualquier periodista, analista, político y miembro de la judicatura de este país aunque no lo reconozcan porque son beneficiarios de que haya jueces que actúan de esa manera. Lo sabe hasta el juez Peinado.

El juez Peinado no pide los correos de Begoña Gómez desde 2018 para dirimir ningún delito porque no lo hay. Es obviamente una petición desproporcionada que busca generar un daño político irreversible. El juez Peinado pide esa actuación para que esos correos acaben filtrados y publicados en Okdiario y The Objective buscando algo que afecte a la intimidad del presidente aunque no tenga nada de delictivo. Se trata de crear una bruma que promueva la campaña de violencia política contra el Ejecutivo, el presidente y su familia. Hacer chirriar los resortes del Estado, como dijo Luis María Ansón.

Como una especie de aviso a navegantes, una especie de amenaza velada de las que bien sabía lanzar Emilio Romero, uno de los libelos que suelen publicar la información filtrada por las partes denunciantes de la extrema derecha ha publicado hoy una información de las actuaciones judiciales en posesión de las partes que tiene relación justo con la petición que ha hecho el juez Peinado. Una especie de cabeza de caballo sangrante al abrir las sábanas. La información filtrada al libelo de la gusanera venezolana en España tiene como objetivo advertir al presidente lo que harán con los correos de Begoña Gómez.

"Begoña Gómez recibió tres correos de David Sánchez en su cuenta oficial de Moncloa", dice el artículo en el que publica información filtrada por la causa que se está siguiendo en Badajoz contra el hermano de Pedro Sánchez. Ya saben lo que ocurrirá con los correos que el juez Peinado ha pedido de Begoña Gómez desde 2018, y todavía se extrañan de que el Fiscal General del Estado hubiera borrado su teléfono. De no haberlo hecho habría una brecha en la seguridad nacional difícilmente calificable y que habría acabado en manos de criminales, terroristas, narcotraficantes y cualquiera con poder, dinero y sin escrúpulos para haber podido acceder por las buenas o las malas a una informacion tan sensible. ¿O acaso se creen que un narcotraficante o un miembro de la mafia que está siendo investigado y que sabe que la información de los mensajes del Fiscal está disponible no haría lo posible por conseguirla? De cualquier manera. La indefensión es absoluta, todos saben que lo único que necesitan para acceder a información privada e íntima del presidente y su entorno es un juez militante y les da igual las consecuencias.

La causa prospectiva del juez Juan Carlos Peinado, con vínculos directos y familiares con el Partido Popular de Madrid, es indubitada. El vecino abulense de Isabel Díaz Ayuso está haciendo un trabajo magnífico para los objetivos de Miguel Ángel Rodríguez. El juez comenzó la causa a través de Hazte Oír y ha ido navegando a ver si pescaba a través de múltiples delitos que no ha podido ni siquiera probar de manera indiciaria. Ha ido de la malversación de caudales (porque una asesora habría hecho labores privadas de la mujer del presidente) a un delito de tráfico de influencias por tratos de favor a empresas de Juan Carlos Barrabés y a la investigación sobre la gestión de la cátedra de la Complutense pasando por su posible implicación en el rescate de Air Europa. Es decir, está buscando cualquier cosa a ver si puede sustanciar alguna actividad delictiva en su proceder, algo que está terminantemente prohibido en nuestro ordenamiento jurídico sin que las instancias superiores o el CGPJ haya levantado la voz ante lo que saben que es una instrucción completamente ilegal.

No sé el tiempo que los periodistas tardaremos en demostrar con pruebas irrefutables los intereses políticos de algunos jueces de este país. Pero tengan en cuenta que se logrará, se sabrá, se conocerán las reuniones, cónclaves y connivencias. Pero no pasará nada, muchos mirarán a otro lado, pero la verdad va a aflorar."

(Antonio Maestre , blog, 04/09/25)

1.9.25

El invierno del descontento... La decisión del PP de llevar su descuidada gestión de los incendios al Senado acredita hasta qué punto están convencidos de que todo les sirve para acelerar el final de la legislatura. El ruido como arma de destrucción masiva de convivencia... la alegre muchachada de Cristóbal Montoro, la Kitchen o la Gürtel acabarán siendo instrumentos al servicio del Sanchismo y si no, al tiempo... Si lo de deportar a millones, lo de la Conferencia Episcopal a sueldo del Sanchismo y tomada por pederastas, o lo del hundir el Open Arms en el Mediterráneo les pareció fuerte, prepárense porque solo han sido ejercicios de calentamiento. Torre Pacheco solo fue un ensayo... En Difuntos las patrullas de vigilantes e influencers lucharán en las calles por nuestro derecho a llevar flores a los cementerios donde solo estén enterrados españoles, en Navidad por nuestro derecho a tener un belén en la plaza del pueblo con un niño Jesús blanco y hetero... Todo vale y todo valdrá aún más para socializar el descontento. Primero prueban a asustarte y si eso no funciona prueban a cabrearte. Si no te da miedo el extranjero, que al menos te crispen las salvajadas que suelta Santiago Abascal, o alguno de sus clones de marca blanca en Vox o en el PP (Antón Losada)

 "Empieza un curso político que tiene pinta de acabar resumido como en el famoso verso de Ricardo III, pero al revés. Aquel desgraciado monarca esperaba que el descontento del invierno se convirtiese en glorioso verano gracias al sol de York. A nosotros solo nos queda prepararnos para que el verano del fuego se convierta en el invierno de nuestro descontento en un drama escrito por Miguel Tellado en lugar de William Shakespeare; por si no fuera ya suficiente desgracia.

La decisión del Partido Popular de llevar su descuidada gestión de los incendios en Galicia y Castilla y León al Senado, para seguir hablando del tema en lugar de evitarlo y tratar de cargarlo al debe de Pedro Sánchez, acredita hasta qué punto los populares están convencidos de que todo les beneficia y todo les sirve para acelerar el final de la legislatura. Acabar con esto cuanto antes se ha convertido en el único objetivo y la única estrategia.

La red para levantarse España de la alegre muchachada de Cristóbal Montoro, la Kitchen o la Gürtel acabarán siendo instrumentos al servicio del Sanchismo y si no, al tiempo; del novio de Isabel Díaz Ayuso ya ni hablamos, que no queremos ni usted ni yo acabar imputados ante algún tribunal.

Si lo de deportar a millones, lo de la Conferencia Episcopal a sueldo del Sanchismo y tomada por pederastas, o lo del hundir el Open Arms en el Mediterráneo les pareció fuerte, prepárense porque solo han sido ejercicios de calentamiento. Torre Pacheco solo fue un ensayo. Ahora van a venir con todo desde el extremo, animados por una derecha de orden que, como le da miedo tanto desorden, se apunta al caos por si acaso. En Difuntos las patrullas de vigilantes e influencers lucharán en las calles por nuestro derecho a llevar flores a los cementerios donde solo estén enterrados españoles, en Navidad por nuestro derecho a tener un belén en la plaza del pueblo con un niño Jesús blanco y hetero.

Todo vale y todo valdrá aún más para socializar el descontento. Primero prueban a asustarte y si eso no funciona prueban a cabrearte. Si no te da miedo el extranjero, que al menos te crispen las salvajadas que suelta Santiago Abascal, o alguno de sus clones de marca blanca en Vox o en el PP. El ruido como arma de destrucción masiva de convivencia. Todos los que no son como tú constituyen una amenaza y un peligro ante el cual tienes derecho a defenderte por cualquier medio necesario.

Caer en semejante espiral sería el peor error que podríamos cometer los partidarios del glorioso verano al sol de York o de Xove en A Mariña de Lugo. El fuego se combate con fuego, pero el descontento no se combate con más descontento. No lo olviden y tengan cuidado y paciencia ahí afuera."                      (Antón Losada, eldiario.es, 31/08/25)

14.8.25

El fuego abrasa a Feijóo. La nefasta gestión de los incendios en Castilla y León y el discurso negacionista del cambio climático de Vox que contamina al PP lastran al líder gallego... Feijóo exige al Gobierno de Sánchez que pida “ya” ayuda a la Unión Europea para hacer frente a la oleada de incendios nunca vista que arrasa el país... Feijóo, o no sabe cómo funciona el Estado autonómico español o se hace el sueco para manipular a la opinión pública, y escaquear a sus barones autonómicos de sus responsabilidades políticas, porque las competencias en la lucha contra el fuego están transferidas desde hace años a los gobiernos regionales... Es Mañueco el responsable de organizar un dispositivo eficaz en Castilla y León; es Rueda el que debe diseñar un operativo que ponga a salvo de las llamas la hermosa tierra gallega... el problema de los incendios forestales no se soluciona con un par de aviones más. Podemos traer veinte magníficos Canadairs y el infierno que vive España volverá a repetirse una y otra vez... El cataclismo ígneo que vivimos este verano desde Algeciras a Gijón, desde Orense hasta Valencia, no es un episodio aislado. Es nuestra nueva realidad... Y así va a ser a partir de ahora. Olvidémonos de cómo era este planeta cuando éramos niños... las lluvias torrenciales como la dana de Valencia serán cada vez más frecuentes; el calor nos asfixiará ya a primeros de mayo. Viviremos mirando al cielo y sintiendo el miedo y la inseguridad... Ya no valen absurdas excusas y teorías negacionistas delirantes como las que divulga Vox, precisamente el socio preferente de Feijóo en aquellas comunidades autónomas donde no se está haciendo nada, más que esconder la cabeza debajo del ala, para afrontar el desafío... O se sienta a negociar un pacto de Estado con el PSOE sobre el cambio climático, soltando la mano del señorito negacionista Abascal, o España entera se nos quema en cuatro días

 "Feijóo exige al Gobierno de Sánchez que pida “ya” ayuda a la Unión Europea para hacer frente a la oleada de incendios nunca vista que arrasa el país. Además, ha acusado al Ejecutivo central de haber actuado con lentitud a la hora de ponerse al frente de la crisis. Feijóo, o no sabe cómo funciona el Estado autonómico español o se hace el sueco para manipular a la opinión pública, contarle una realidad que no es y escaquear a sus barones autonómicos de sus responsabilidades políticas.

Las competencias en la lucha contra el fuego están transferidas desde hace años a los gobiernos regionales. Es Mañueco el responsable de organizar un dispositivo eficaz en Castilla y León; es Rueda el que debe diseñar un operativo que ponga a salvo de las llamas la hermosa tierra gallega; es María Guardiola la encargada de garantizar que los servicios forestales se mantengan en un nivel óptimo en Extremadura. El Ejecutivo central está para prestar los recursos que necesiten las autonomías en la medida en que los soliciten. Pero Feijóo se empeña en jugar a la retórica barata con algo tan doloroso como la ruina y la miseria que ocasiona el fuego. Ya lo hizo a finales del pasado año, cuando una riada se llevó por delante la comarca valenciana de L’Horta Sud. Feijóo, en su intento por salvar el cuello de su barón levantino Carlos Mazón, se metió en una delirante estrategia demagógica y en lugar de asumir responsabilidades por la infamia del Ventorro emprendió una disparatada cruzada contra el sanchismo y la ministra Ribera en el Parlamento Europeo. Política pequeña en medio de un cataclismo cósmico como el climático que exige medidas urgentes.

“Hemos de pedir ya, ya, ayuda de medios aéreos a la Unión Europea, que para eso está”, asegura el líder del PP. Perfecto, pero el problema de los incendios forestales, que va a ir a peor en los años venideros, no se soluciona con un par de aviones más. Podemos traer veinte magníficos Canadairs y el infierno que vive España volverá a repetirse una y otra vez. Así es el tremendo desafío al que nos enfrentamos: una lucha desigual entre un planeta enfermo y la especie humana, cuya supervivencia está seriamente amenazada. El cataclismo ígneo que vivimos este verano desde Algeciras a Gijón, desde Orense hasta Valencia, no es un episodio aislado. Es nuestra nueva realidad. Las altas temperaturas por el calentamiento global agravan los fuegos provocados por la mano del hombre generando megaincendios, incendios de sexta generación, incendios inextinguibles. Y así va a ser a partir de ahora. Olvidémonos de cómo era este planeta cuando éramos niños. Nada volverá a ser como antes. Las estaciones del año se difuminan sin que sepamos muy bien cuándo empieza el otoño y cuándo la primavera; las lluvias torrenciales como la dana de Valencia serán cada vez más frecuentes; el calor nos asfixiará ya a primeros de mayo. Viviremos mirando al cielo y sintiendo el miedo y la inseguridad.

“Estamos viendo el tráiler, la entradilla de lo que está por venir”; asegura Víctor Resco, catedrático de Ingeniería Forestal. Y esto no se arregla echando más agua al monte con un par de aviones de Bruselas, como reclama Feijóo. Hay que reenfocar el problema, readaptarse, buscar no ya soluciones, porque el daño al medio ambiente que hemos causado los humanos con nuestros malos humos es irreversible, pero sí al menos alternativas que nos permitan sobrevivir en la convulsa edad del Antropoceno. Por tanto, será preciso cambiar nuestra forma de pensar, será necesario caminar hacia una nueva conciencia verde. Cada ciudadano, cada institución pública, cada empresa, tiene su parte de responsabilidad y ha de poner su grano de arena en la lucha contra el cambio climático. Ya no valen absurdas excusas y teorías negacionistas delirantes como las que divulga Vox, precisamente el socio preferente de Feijóo en aquellas comunidades autónomas donde no se está haciendo nada, más que esconder la cabeza debajo del ala, para afrontar el desafío.

En 2022 el grave incendio en la Sierra de la Culebra (Zamora) fue un serio toque de atención, un aviso de que la naturaleza se revuelve contra nosotros. ¿Qué ha hecho Mañueco desde entonces? Más bien poco. Él dice que se ha hecho un esfuerzo con una inversión de 79 millones de euros. Habrá sido para enriquecer a las 35 empresas privadas que han terminado forrándose a costa de crear el caos en las brigadas de extinción, ya que hasta los propios bomberos se preguntan dónde ha ido a parar ese dinero. Nada se ha hecho desde la Junta de Castilla y León para repoblar su parte de España vaciada y limpiar los bosques de maleza (el combustible letal que hace que el monte arda como si explotara una bomba nuclear); no se ha invertido lo suficiente en dotar de más medios materiales a las diferentes cuadrillas y unidades (a día de hoy hay torretas de vigilancia fuera de servicio); y se sigue tratando a los bomberos y agentes forestales como los nuevos esclavos del precariado que luchan contra las llamas de sol a sol (algunos de ellos alimentados con los bocadillos de los vecinos, hidratados con agua de manguera y metidos en furgonetas donde, exhaustos, echan una cabezada porque Mañueco no ha tenido a bien buscarles un lugar digno para pernoctar). El resultado: la Sierra de la Culebra ha vuelto a arder y el incendio desatado el domingo en la localidad zamorana de Molezuelas de la Carballeda ya es el peor de la historia con más 40.000 hectáreas quemadas. El capitalismo salvaje es la leña que reaviva el fuego.

Feijóo quiere acabar con el problema a la manera ultraconservadora: poniendo a caer de un burro a Sánchez, pidiendo mano dura contra los pirómanos, lanzando loas a los bomberos, al Ejército y a la Guardia Civil y mendigando un par de aviones a Bruselas. Pero ya no estamos en esa pantalla. Mañana llega otra ola de calor y es más que probable que se desate un nuevo sindiós. O se sienta a negociar un pacto de Estado con el PSOE sobre el cambio climático, soltando la mano del señorito negacionista Abascal, o España entera se nos quema en cuatro días."                         (  , Diario16+, 14/08/25)