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12.5.26

Jan Rosenow, Un. Oxford: España se ha convertido en uno de los mercados eléctricos más baratos de Europa... España es ahora más barata que Francia, muy por debajo del bloque centroeuropeo, y a poca distancia de los pesos pesados nórdicos de la energía hidroeléctrica y nuclear que siempre han encabezado la liga de la energía barata... Hace una década, España era un cuento con moraleja sobre la inversión solar varada y uno de los mercados eléctricos más caros de Europa... La historia detrás de ese ranking es, en la superficie, simple. España desplazó cada vez más el gas de su suministro eléctrico, y el precio de la electricidad siguió la misma tendencia... España no solo añadió renovables sobre una base fósil. Lo sustituyó. La curva de fósiles ha ido disminuyendo, año tras año, mientras que la curva de renovables ha ido aumentando... Lo que ha sucedido silenciosamente en España es que el gas ahora fija el precio con mucha menos frecuencia... para los primeros cuatro meses de 2026, sólo lo hizo en el 9%... este es el ejemplo más claro en Europa del efecto precio que los defensores de las energías renovables han estado describiendo durante años... El apagón de abril de 2025 no fue lo que decían los titulares... fue por la capacidad de la red para gestionar "variaciones rápidas de voltaje" que desestabilizaron el sistema... España es "pionera" al encontrarse con cosas que "todos los demás podrían encontrar en algún momento". Las soluciones existen: statcoms (amortiguadores de tensión), mejores protocolos de desconexión y capacidades de control de tensión requeridas para todos los generadores, no solo para las energías renovables

"En los primeros cuatro meses de 2026, el precio medio mayorista de la electricidad en España fue de 44 € por megavatio-hora. En Italia, era de 127 €. En Alemania, 96 €. En el Reino Unido, 103 €. España es ahora más barata que Francia, muy por debajo del bloque centroeuropeo, y a poca distancia de los pesos pesados nórdicos de la energía hidroeléctrica y nuclear que siempre han encabezado la liga de la energía barata.

Este no es el lugar donde la mayoría de los observadores esperaban que estuviera España. Hace una década, España era un cuento con moraleja sobre la inversión solar varada y uno de los mercados eléctricos más caros de Europa. Hoy se sitúa cerca del final de la tabla de precios, y la brecha se está ampliando.

La historia detrás de ese ranking es, en la superficie, simple. España desplazó cada vez más el gas de su suministro eléctrico, y el precio de la electricidad siguió la misma tendencia.

La mezcla ha cambiado hasta ser irreconocible.

Hace veinticinco años, un tercio de la electricidad de España provenía del carbón. Hoy en día, el carbón ha desaparecido prácticamente. El gas, que se disparó en la década de 2000 como sustituto, alcanzó su punto máximo por encima del 30% de la generación a finales de la década de 2000 y desde entonces ha retrocedido hasta aproximadamente el 19%. La energía nuclear se ha mantenido estable en torno al 19%, la hidroeléctrica y la bioenergía juntas en torno al 14%, y la capacidad restante se ha cubierto de forma constante con energía eólica y solar.

Solo la eólica suministró el 20% de la generación española en 2025. La energía solar, que apenas existía a gran escala a principios de la década de 2010, alcanzó el 22%. Entre ambas, esas dos tecnologías generan ahora más electricidad que cualquier otra categoría única en el sistema, incluida la flota nuclear que una vez fue el caballo de batalla confiable de España.

2022 fue el punto de inflexión

Si se compara la generación solar y eólica con toda la generación fósil (gas más las últimas brasas de carbón y petróleo), las líneas se cruzaron en 2022. Ese fue el primer año en que la energía eólica y solar juntas generaron más electricidad que todas las fuentes fósiles combinadas. A lo largo del primer trimestre de 2026, la brecha se ha ampliado aún más. La energía solar y eólica aportaron el 44% de la generación, y los combustibles fósiles el 17%.

Esta es la historia estructural en torno a la cual giran muchos argumentos sobre la política energética. España no solo añadió renovables sobre una base fósil. Lo sustituyó. La curva de fósiles ha ido disminuyendo, año tras año, mientras que la curva de renovables ha ido aumentando.

2022 también fue un punto de inflexión para los precios mayoristas de la electricidad en España: La excepción ibérica limitó inicialmente los precios de la electricidad por debajo de la media de la UE27, pero incluso después de que el mecanismo finalizara, España amplió aún más la brecha de precios.

Por qué esto se refleja en el precio

En un mercado mayorista de electricidad, el precio en cualquier hora determinada lo establece la planta más cara que necesita funcionar para satisfacer la demanda. Para la mayor parte de Europa, durante la mayor parte de la última década, esa ha sido una planta de gas. La conexión de orden de mérito entre los precios del gas y los de la electricidad es la razón por la que los hogares europeos recibieron un choque en su factura de electricidad cuando el gasoducto ruso colapsó en 2022.

Lo que ha sucedido silenciosamente en España es que el gas ahora fija el precio con mucha menos frecuencia. En 2022, el gas fue la planta marginal en aproximadamente el 55% de todas las horas. En 2024 había caído al 27%. Para los primeros cuatro meses de 2026, era solo el 9%.

Una nota sobre la metodología: La cuota de mercado del fijador de precios del gas se estima utilizando el método de Zakeri et al. (2023). Por cada hora, se verifican dos condiciones: ¿se está generando gas realmente, y el precio de mercado es igual o superior al costo marginal a corto plazo calculado para operar una planta de gas? Si ambos son ciertos, el gas se considera el probable fijador de precios. El coste marginal se calcula a partir de los precios mensuales del TTF y del EU ETS, asumiendo una turbina de gas de ciclo combinado moderna con una eficiencia del 52%. El gráfico cuenta las horas en las que el gas se despacha directamente y el precio de mercado alcanza el costo marginal a corto plazo calculado para la generación de gas, y probablemente subestima la verdadera influencia de los precios del gas en el mercado español. La retroalimentación que he recibido sobre el análisis anterior sugiere que no se capturan dos efectos: las centrales hidroeléctricas a menudo no pujan por sus costos operativos cercanos a cero, sino por el costo de oportunidad, esencialmente lo que podrían ganar cuando los precios son altos, que suelen estar fijados por el gas. Y las plantas de cogeneración queman gas pero sus costos se calculan según una fórmula regulatoria española específica en lugar del precio spot del gas, por lo que no aparecen en la prueba estándar que utiliza la metodología. El gas está realmente marcando el precio en esas horas, pero el método no lo tiene en cuenta. La afirmación más precisa es que la generación de gas en el margen está disminuyendo rápidamente, pero la influencia del precio del gas en el mercado sigue siendo más amplia de lo que sugiere la cifra principal.

Lo que esto no es

Cuatro cosas que esta historia no es.

No es una afirmación de que el gas haya desaparecido. El gas sigue suministrando alrededor de 1/5 de la electricidad española, aproximadamente la misma proporción que la nuclear. Su papel en el margen (la parte de fijación de precios) se ha reducido más rápido que su papel en la combinación energética (la parte de megavatios-hora quemados).

Es solo el precio al por mayor. La cifra de 44 €/MWh es lo que se paga a los generadores en el mercado intradiario. No es lo que pagan los hogares. Los cargos de red, los costos del sistema, los márgenes de los proveedores, los impuestos y las tasas políticas se suman, y pueden duplicar o triplicar fácilmente la cifra subyacente para cuando llega a una factura doméstica. Moverse al por mayor más barato es necesario para que bajen las facturas minoristas, pero no es suficiente.

A pesar de tener la electricidad mayorista más barata de Europa, los hogares españoles pagan por encima de la media de la UE, 0,265 €/kWh en 2025, ocupando el puesto 16 de 25 países. Eso sitúa a España como más cara que Francia, Países Bajos, Dinamarca y la mayor parte de Europa Central y Oriental. Parte de esto tiene que ver con la cantidad de impuestos y gravámenes que se aplican a la electricidad.

El gráfico de abajo descompone una factura típica de electricidad de un hogar español en sus principales componentes de costo. El total (0,27 €/kWh, Eurostat, diciembre de 2025) y la amplia proporción de impuestos y gravámenes (~31%) están anclados en datos oficiales; el desglose entre energía, cargos de red y costes del sistema es una estimación del modelo coherente con ese total, en lugar de una cifra extraída de una única fuente. (...)

Tres advertencias vale la pena tener en cuenta:

Primero, el componente mayorista de energía, la porción más grande, se mueve diariamente con el mercado eléctrico, por lo que la proporción mostrada refleja un promedio de diciembre de 2025 y puede oscilar mucho más allá de ese rango a lo largo del año.

Segundo, España ha ajustado los impuestos sobre la electricidad repetidamente en los últimos años: el IVA cayó del 21% al 5% durante la crisis energética de 2022 antes de ser restaurado por completo al 21% para enero de 2025 - la tasa que se muestra aquí - mientras que el impuesto especial sobre la electricidad (IEE) se redujo nuevamente al 0,5% en marzo de 2026. Un gráfico dibujado para un mes diferente puede verse significativamente distinto.

Tercero, las tarifas de mercado libre y las reguladas presentan los mismos costos subyacentes de manera diferente: en un contrato comercial a precio fijo, los peajes de red suelen estar incluidos en la tarifa de energía en lugar de mostrarse por separado, por lo que las porciones relativas cambian incluso aunque la economía subyacente sea idéntica.

 Una simplificación adicional: parte de cada factura española es un cargo diario fijo basado en la capacidad contratada en kilovatios, independientemente de la energía consumida. Expresando esto como una cifra por kWh, como necesariamente hace el gráfico, se sobreestima el costo unitario para los hogares de bajo consumo y se subestima para los de alto consumo.

Otros costos del sistema están aumentando. La otra cara de obtener energía barata es pagar más en otros lugares para mantener el sistema estable. España está adquiriendo más servicios de equilibrio, más potencia reactiva y soporte de tensión, y en última instancia, más transmisión para trasladar la energía eólica y solar desde donde los recursos son buenos hasta donde está la demanda. Esos costos recaen en los consumidores a través de cargos de red y políticas en lugar del precio mayorista. Aún no son lo suficientemente grandes para compensar las ganancias mayoristas, pero están aumentando.

La energía nuclear sigue funcionando, y la política es apagarla. Aproximadamente una quinta parte de la electricidad española proviene de una flota de reactores programados para ser retirados entre 2027 y 2035. Si esos reactores salen del sistema sin un reemplazo equivalente de bajas emisiones de carbono, el gas volverá a subir en el orden de mérito y la cuota de gas volverá a aumentar.

Lo que es

A pesar de todas esas advertencias, este es el ejemplo más claro en Europa del efecto precio que los defensores de las energías renovables han estado describiendo durante años, finalmente llegando a los datos. Más energía eólica y solar en la red significa menos horas en las que el gas es la planta marginal. Menos de esas horas significa un precio mayorista desacoplado del mercado del gas durante la mayor parte del día. Y un precio mayorista desvinculado del gas, en 2026, es un precio barato.

España es ahora una demostración práctica de que se puede tomar un sistema eléctrico que hace una generación era 33% carbón, hace una década más del 30% gas, y hacerlo funcionar con aproximadamente un 44% de energía eólica y solar, con los precios mayoristas resultantes entre los más bajos de Europa. Las preguntas restantes son sobre resiliencia, sobre quién captura realmente los ahorros y sobre hasta dónde puede llegar la sustitución antes de que los retiros nucleares reabran la brecha. Otra pregunta clave es también si el aumento de los costes del sistema energético (redes, equilibrio, etc.) se verá compensado por la bajada de los precios mayoristas.

El apagón de abril de 2025 no fue lo que decían los titulares.

El 28 de abril de 2025, toda la península ibérica se quedó sin electricidad durante la mayor parte de un día laboral, y casi 60 millones de personas perdieron el suministro. Ese día, varios medios de gran alcance culparon inmediatamente a las energías renovables sin ninguna evidencia. La investigación final de ENTSO-E, publicada casi un año después, concluye lo contrario. Damian Cortinas, presidente de la junta directiva de ENTSO-E, dijo al Financial Times que "el problema no son las energías renovables", sino la capacidad de la red para gestionar "variaciones rápidas de voltaje" que pueden desestabilizar el sistema. Oscilaciones inusuales desencadenaron una cascada de desconexiones de plantas, y los gestores de la red perdieron el control. La verdadera lección no es que España haya ido demasiado lejos en eólico y solar, sino que cada país de Europa necesita modernizar la forma en que gestiona la estabilidad de tensión. España, en el marco de Cortinas, es "pionera" al encontrarse con cosas que "todos los demás podrían encontrar en algún momento". Las soluciones existen hoy en día: statcoms (amortiguadores de tensión), mejores protocolos de desconexión y capacidades de control de tensión requeridas para todos los generadores, no solo para las energías renovables. "No hay nada en las recomendaciones que no se pueda hacer mañana", dijo Cortinas al FT. La pregunta abierta es quién paga la actualización de la flota existente, y eso, dijo, "tendrá que ser analizado en cada país"." 

(Jan Rosenow, Un. Oxford, blog, 10/05/26, traducción Quillbot, enlaces y gráficos en el original)  

19.3.26

Una solución ibérica para Europa... Europa conoce bien los estragos que provocan las crisis energéticas... El aumento de los costes energéticos impulsa la inflación –también la subyacente– y acaba haciendo inevitable el endurecimiento de la política monetaria... No queremos que la historia se repita... En el origen del encarecimiento de la energía está, por un lado, la dependencia de los combustibles fósiles y, por otro, un diseño del mercado eléctrico todavía demasiado dependiente de los mercados de corto plazo, que proyectan sobre el conjunto de las tecnologías de generación eléctrica los costes de la tecnología más cara... la solución ibérica fue eficaz porque atacó el problema donde realmente se genera: recortó de facto la sobreretribución de tecnologías como la nuclear, la hidráulica o las renovables que venden a mercado, que no consumen combustibles fósiles, pero sí se benefician de unos precios eléctricos inflados por la subida del gas y del CO2. Además, gracias a la solución ibérica, la reducción del precio de la electricidad no solo contribuyó a contener la inflación en España, sino que además tuvo efectos distributivos positivos, aliviando relativamente más a los hogares de menores ingresos. Por el contrario, intentar solucionar el shock energético sólo con gasto público o rebajas fiscales reduce los recursos del Estado y desplaza el coste hacia los contribuyentes, sin resolver el verdadero problema de fondo... Una solución ibérica para toda Europa evitaría subsidios cruzados entre países, reduciría la presión inflacionaria en el conjunto del continente y el riesgo de subida de tipos de interés, ayudaría a proteger la competitividad de la industria europea en un momento clave... Mientras dure la guerra, y mientras Europa avanza hacia la descarbonización de su economía–un objetivo que difícilmente podrá alcanzarse sin una reforma de la regulación eléctrica–, apostemos por una solución ibérica para toda Europa Los Veintisiete se enfrentan hoy a una decisión estratégica: pueden optar por respuestas nacionales o apostar por una estrategia común que evite el encarecimiento de la luz (Natalia Fabra Portela)

 "Europa conoce bien los estragos que provocan las crisis energéticas. Basta con echar la vista atrás cinco años para recordar qué sucede cuando la reducción en la oferta de gas dispara su precio y ese encarecimiento se traslada de inmediato a los mercados eléctricos, donde las centrales de gas siguen siendo determinantes en la fijación de precios. El aumento de los costes energéticos impulsa la inflación –también la subyacente– y acaba haciendo inevitable el endurecimiento de la política monetaria.

No queremos que la historia se repita, tampoco en materia energética. Las soluciones estructurales deberían partir de un diagnóstico claro. En el origen del encarecimiento de la energía está, por un lado, la dependencia de los combustibles fósiles y, por otro, un diseño del mercado eléctrico todavía demasiado dependiente de los mercados de corto plazo, que proyectan sobre el conjunto de las tecnologías de generación eléctrica los costes de la tecnología más cara.

Por ello, las soluciones estructurales deberían pasar por acelerar el despliegue de las inversiones en renovables, almacenamiento, redes, y electrificación, todas ellas imprescindibles para eliminar los combustibles fósiles de nuestra dieta energética. Y también deberían pasar por una apuesta más decidida por las subastas de contratos de energía a largo plazo, que permiten reducir el coste del despliegue renovable, evitando que los precios de la electricidad queden contaminados por las oscilaciones de los combustibles fósiles, al compás de los vaivenes geopolíticos. Descarbonizar no es sólo un objetivo climático: también es competitividad, y autonomía estratégica.

Pero, ¿qué hacer mientras tanto para evitar una nueva espiral de precios? España y Portugal ya mostraron el camino durante la pasada crisis energética. Cuando se trata de responder a una emergencia, las mejores políticas no son necesariamente las mejor diseñadas, sino las más eficaces. Y la solución ibérica fue eficaz porque atacó el problema donde realmente se genera: recortó de facto la sobreretribución de tecnologías como la nuclear, la hidráulica o las renovables que venden a mercado, que no consumen combustibles fósiles, pero sí se benefician de unos precios eléctricos inflados por la subida del gas y del CO2. Además, gracias a la solución ibérica, la reducción del precio de la electricidad no solo contribuyó a contener la inflación en España, sino que además tuvo efectos distributivos positivos, aliviando relativamente más a los hogares de menores ingresos. Por el contrario, intentar solucionar el shock energético sólo con gasto público o rebajas fiscales reduce los recursos del Estado y desplaza el coste hacia los contribuyentes, sin resolver el verdadero problema de fondo.

La solución ibérica también tuvo un efecto colateral: al reducir el precio de la electricidad en España, aumentó las exportaciones a Francia, elevando la generación eléctrica con gas en nuestro país y beneficiando a consumidores franceses que accedieron a una electricidad cuyo precio estaba siendo parcialmente subvencionado por los consumidores españoles.

Una solución ibérica para toda Europa evitaría subsidios cruzados entre países, reduciría la presión inflacionaria en el conjunto del continente y el riesgo de subida de tipos de interés, ayudaría a proteger la competitividad de la industria europea en un momento clave, y quitaría presión sobre el debilitamiento de las políticas climáticas como vía para reducir los costes energéticos.

Europa se enfrenta hoy a una decisión estratégica. Puede optar por respuestas nacionales que alivien temporalmente la presión de los costes energéticos, pero que fragmenten el mercado y distorsionen los intercambios de electricidad. O puede adoptar una solución común que, sin comprometer recursos públicos, evite que la electricidad se encarezca como consecuencia de una dependencia aún excesiva de los combustibles fósiles y de un diseño de mercado que amplifica sus efectos adversos sobre empresas y hogares.

Mientras dure la guerra, y mientras Europa avanza hacia la descarbonización de su economía–un objetivo que difícilmente podrá alcanzarse sin una reforma de la regulación eléctrica–, apostemos por una solución ibérica para toda Europa." 

Natalia Fabra Portela , Cinco días, 18/03/26) 

5.2.26

Michigan demanda a las grandes petroleras por bloquear la transición hacia la energía limpia... La Fiscal General de Michigan, Dana Nessel, presentó una demanda federal antimonopolio acusando a ExxonMobil, Chevron, BP, Shell y el Instituto Americano del Petróleo de una conspiración de décadas para suprimir los vehículos eléctricos y la energía renovable para proteger la dominación de los combustibles fósiles... La denuncia argumenta que las empresas se coordinaron a través de grupos de la industria para comprar y eliminar patentes de energía limpia, socavar a los competidores y engañar al público, mientras que un juez federal desestimó un intento de la administración Trump de bloquear el caso antes de que se presentara (Drop Site News)

 "(...) Michigan demanda a las grandes petroleras por bloquear la transición hacia la energía limpia: La Fiscal General de Michigan, Dana Nessel, presentó una demanda federal antimonopolio acusando a ExxonMobil, Chevron, BP, Shell y el Instituto Americano del Petróleo de una conspiración de décadas para suprimir los vehículos eléctricos y la energía renovable para proteger la dominación de los combustibles fósiles. 

La denuncia argumenta que las empresas se coordinaron a través de grupos de la industria para comprar y eliminar patentes de energía limpia, socavar a los competidores y engañar al público, mientras que un juez federal desestimó un intento de la administración Trump de bloquear el caso antes de que se presentara. 

Nessel dijo que la demanda se dirige a la conducta corporativa que aumentó los costos de energía y detuvo las soluciones amigables con el clima, calificándola como uno de los desafíos antimonopolio más amplios hasta ahora contra la industria de los combustibles fósiles. Lee un resumen completo de la demanda de The Lever aquí. (...)"

(Drop Site News, 04/02/26, traducción Quillbot) 

30.1.26

El gigante energético francés TotalEnergies relanza un proyecto de gas de 20 000 millones de dólares en Mozambique, después de que una masacre llevara a la compañía a ser acusada de complicidad en crímenes de guerra en noviembre

 "El gigante energético francés TotalEnergies anunció el jueves que está reiniciando su proyecto de gas natural en Mozambique, después de que una masacre en el sitio llevara a la compañía a ser acusada de complicidad en crímenes de guerra en noviembre.

"Me complace anunciar el reinicio completo del proyecto de GNL de Mozambique …" "La fuerza mayor ha terminado," dijo el CEO de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, en una ceremonia de relanzamiento a la que asistió el presidente mozambiqueño Daniel Chapo.

El proyecto, considerado como el mayor desarrollo de gas natural licuado de África, fue suspendido en 2021 tras un ataque mortal de insurgentes. Una investigación de POLITICO en 2024 reveló que soldados mozambiqueños, basados dentro de la concesión de TotalEnergies justo al sur de la frontera con Tanzania, posteriormente brutalizaron, hicieron pasar hambre, sofocaron, ejecutaron o hicieron desaparecer a alrededor de 200 hombres en su garita entre junio y septiembre de 2021.

En diciembre de 2025, los gobiernos británico y neerlandés retiraron unos 2.200 millones de dólares en apoyo al proyecto, con los neerlandeses publicando un informe que corroboraba muchos elementos de la investigación de POLITICO.

TotalEnergies ha negado las acusaciones, afirmando que su propia "investigación exhaustiva" sobre las alegaciones "no ha identificado ninguna información ni evidencia que corroborara las acusaciones de abusos graves y tortura." El gobierno mozambiqueño también ha rechazado las afirmaciones de que sus fuerzas cometieron crímenes de guerra.

No obstante, las revelaciones provocaron un escrutinio por parte de los legisladores franceses y críticas a los arreglos de seguridad de TotalEnergies en zonas de conflicto. El sitio en Mozambique ha sido azotado por una insurgencia islamista.

"Las empresas y sus ejecutivos no son actores neutrales cuando operan en zonas de conflicto," dijo Clara Gonzales del Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos. "Si facilitan o alimentan crímenes, podrían ser cómplices y deberían rendir cuentas."

Hablando el jueves en Mozambique, Pouyanné dijo que la actividad ahora se aceleraría. "Verán un aumento masivo en la actividad en los próximos meses... ya se ha movilizado un primer buque offshore," dijo.

Según un comunicado de la empresa, la construcción ha reanudado tanto en tierra como en alta mar en el sitio, con alrededor de 4,000 trabajadores actualmente movilizados. El proyecto está aproximadamente al 40 por ciento de su avance, con la primera producción de GNL prevista para 2029.

TotalEnergies posee una participación del 26,5 por ciento en el consorcio de GNL de Mozambique. Un relanzamiento abre el camino para exportaciones de gas por miles de millones de dólares."                      

( Milena Wälde , POLITICO, 29/01/26, traducción Quillbot) 

10.5.25

La red eléctrica en España está controlada por un oligopolio de compañías privadas... el apagón del pasado 28 de abril no fue una crisis técnica, sino una señal sobre el poder que ejercen unas pocas compañías sobre un servicio que debería ser de la ciudadanía. ¿Se puede avanzar a un sistema totalmente renovable con un sistema altamente privatizado? Lo vemos en este reportaje (Helena Margarit)

 "Cómo muchos otros sectores, el eléctrico tampoco se libra del abuso de poder ni de las famosas puertas giratorias. La red eléctrica en España está controlada por un oligopolio de compañías privadas que, como todas las empresas, tiene como objetivo su propio beneficio económico. Por eso, el apagón del pasado 28 de abril no fue una crisis técnica, sino una señal sobre el poder que ejercen unas pocas compañías sobre un servicio que debería ser de la ciudadanía.

4.2.24

¿Qué controles de precios para la transición energética? La última noticia en este sentido es que una parte importante de las grandes empresas europeas también ha comenzado a pedir a gritos la introducción de precios administrados de la energía, con el fin de proteger la competitividad europea a nivel internacional... los patrones están gritando fuerte que, si el diferencial en los costos de energía con otras grandes economías a nivel global (principalmente Estados Unidos y China) no disminuye en los próximos años, sus empresas se verán obligadas a emprender una reorganización de sus actividades, deslocalizando la producción hacia aquellos países que garanticen menores costes energéticos y por tanto mayores beneficios... ahora las empresas están descubriendo las virtudes de la regulación pública para ser utilizado para defender las ganancias... La guerra en Ucrania ya está teniendo repercusiones estructurales en la competitividad del tejido industrial europeo, hasta el punto de generar dudas sobre la estabilidad general del modelo económico alemán y europeo... nos encaminamos hacia un proceso de desindustrialización que ya no afecta exclusivamente a la economía italiana y a la periferia del sur de Europa, sino que ahora también afecta al centro manufacturero alemán

 "Hace un año hablamos, de nuevo en estas frecuencias, de controles de precios públicos. Se trata de una herramienta muy poderosa que un Estado tiene a su disposición y que debería utilizar para defender el poder adquisitivo de los trabajadores, comprometido en los últimos años por el regreso de la inflación. Como sabemos, de hecho, las grandes empresas aprovecharon rápidamente la crisis para defender, si no aumentar, sus márgenes de beneficio, trasladando a las familias el coste de otra crisis económica más, que comenzó con la pandemia y continuó con la guerra. La última noticia en este sentido es que una parte importante de las grandes empresas europeas también ha comenzado a pedir a gritos la introducción de precios administrados de la energía, con el fin de proteger la competitividad europea a nivel internacional. 

 El ejemplo más explícito en este sentido nos lo proporcionaron las solicitudes presentadas por la Mesa Redonda Europea para la Industria (ERT) -una asociación patronal que incluye a algunos de los mayores grupos industriales europeos- a Mario Draghi, en una reunión destinada a redactar del informe sobre competitividad que el ex primer ministro está preparando por encargo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En otras palabras, los patrones están gritando fuerte que, si el diferencial en los costos de energía con otras grandes economías a nivel global (principalmente Estados Unidos y China) no disminuye en los próximos años, sus empresas se verán obligadas a emprender una reorganización de sus actividades, deslocalizando la producción hacia aquellos países que garanticen menores costes energéticos y por tanto mayores beneficios.

 Una contradicción flagrante se desprende de estas peticiones del mundo empresarial: después de décadas de veneración del libre mercado, de desregulaciones (que se traducen en una mayor libertad para despedir), de reducción de la intervención pública, ahora las empresas están descubriendo las virtudes de la regulación pública. , para ser utilizado para defender las ganancias. ¿Qué significa todo esto? ¿Están realmente perjudicadas las empresas europeas por el aumento de los costes de la energía y de las materias primas, en gran medida importadas? Y si es así, ¿realmente estamos todos en el mismo barco? Intentemos responder estas preguntas en orden.

 La guerra en Ucrania ha cambiado las cartas sobre la mesa y las reglas del juego. Si la importante reducción del suministro ruso de petróleo, y especialmente de gas, constituye uno de los pilares de la nueva estrategia europea para la seguridad energética, esto resulta extremadamente problemático una vez que se consideran los elementos de costos. De hecho, los aumentos de los precios de la energía a los que tuvieron que hacer frente las empresas europeas fueron de hecho mayores que los que se produjeron en Estados Unidos o China y ya están teniendo repercusiones estructurales en la competitividad del tejido industrial europeo, hasta el punto de generar dudas sobre la estabilidad general del modelo económico alemán y europeo.

 Una idea de este fenómeno nos la proporciona el informe anual de Agora Energiewende, una red que colabora con el gobierno alemán en el campo de las políticas de transición. El informe informa que las emisiones de CO2 alemanas cayeron un 21% solo en 2023 en comparación con 2022, con una reducción de 73 millones de toneladas, lo que llevó las emisiones totales al nivel más bajo registrado desde la década de 1950. A primera vista, parecería un gran éxito para las políticas de transición alemanas, impulsadas por el menor uso de carbón en la producción de electricidad y el mayor uso de energías renovables.

 Sin embargo, mirando más profundamente, observamos que la caída de las emisiones se vio favorecida no sólo por una disminución significativa de la demanda de electricidad y un aumento de las importaciones de electricidad (renovable) de los países vecinos, sino también por la reducción de las emisiones industriales causada por una enorme caída en producción de sectores intensivos en energía (-11% en 2023 y -20% desde el inicio de la guerra). En detalle, la reducción de emisiones en 2023 se explica en un 23% por los recortes en la producción industrial y en un 11% por la reducción del consumo energético en la industria. Sólo una parte muy pequeña de la reducción de emisiones se debe a medidas relacionadas con la transición: mayor eficiencia energética (7%), expansión de las energías renovables (8%), reducción del uso de vehículos pesados ​​(4%), largo plazo. reducción de emisiones industriales (4%) y reducción del tamaño de las explotaciones (1%).

 Sin un punto de inflexión en la política industrial europea, algo que hoy por hoy no es probable, nos encaminamos hacia un proceso de desindustrialización que ya no afecta exclusivamente a la economía italiana y a la periferia del sur de Europa, sino que ahora también afecta al centro manufacturero alemán.

 Frente a esta primera respuesta, se podría pensar, por tanto, que los trabajadores europeos están en el mismo barco que los grandes grupos industriales, unidos por la exigencia de control público de los precios estratégicos, empezando por los de la energía. Nada podría estar más equivocado. Tanto es así que las empresas piden al Estado que cubra parte de sus costes, mientras Repubblica nos dice, citando al Banco de Italia, que la inflación ya se ha comido más del 12% de los ahorros acumulados por las familias.

 En primer lugar, el modelo alemán y europeo basado en las exportaciones está estructuralmente orientado a contener los costos de producción, ya sean salarios o facturas de energía. No puedes tener nada que ver con aquellos que te golpean todos los días para defender sus ganancias. Pero hay otras razones específicas por las que nuestras afirmaciones son intrínsecamente irreconciliables con las de ellos. La vuelta a la vigor del Pacto de Austeridad a partir de 2024 ha llevado hace tiempo a los ejecutivos europeos a reducir, si no eliminar por completo, las medidas destinadas a proteger a las familias menos acomodadas del aumento de las facturas de energía, los surtidores de gasolina y los gastos de los carritos.

 De hecho, los grandes grupos industriales piden ser los únicos destinatarios de esos recursos públicos, que deben dirigirse a las patronales de los sectores más afectados. También se dan codazos para quedarse con la tajada más grande, imagínate si están dispuestos a compartirla con los trabajadores. Por su parte, las instituciones europeas y los gobiernos nacionales apoyan y apoyan los deseos del capitalismo europeo.

 En segundo lugar, y quizás aún más importante, la actual dinámica inflacionaria está estrechamente vinculada a las necesidades de la transición ecológica y energética, especialmente en su componente más persistente. Renunciar al gas ruso y a los combustibles fósiles en general requerirá un esfuerzo masivo en términos de inversiones industriales y de infraestructura en los próximos años y décadas. Los grandes grupos europeos no están en absoluto dispuestos a asumir los costes de proyectos caracterizados por un alto riesgo, pérdidas potenciales a corto plazo y beneficios (inciertos) y sólo a medio plazo. Su petición es simple (y a veces explícita, como en el caso del ex Ilva): el Estado y la fiscalidad general deben asumir los costes y las inversiones en descarbonización, para luego rendirse una vez pasada la tormenta. El mismo viejo lema de los patrones vuelve a estar de moda: socializar las pérdidas, privatizar las ganancias.

 En última instancia, incluso frente a los obstáculos de la transición no somos iguales y nuestros controles de precios no son los mismos que los de ellos. Si pedimos que nadie se quede atrás y que se restablezcan las medidas de apoyo a las familias más necesitadas, ellos quieren todo el dinero para enriquecerse aún más, cueste lo que cueste. Si pedimos pleno empleo, incluso para todos aquellos trabajadores que se verán afectados por el desmantelamiento de los sectores más contaminantes, se quejan de la escasez de trabajadores en los sectores que les interesan y no imparten formación. Si pedimos que las empresas públicas se conviertan en protagonistas de una transición energética e industrial con orientación social, le piden al Estado nacionalizaciones temporales, privatizaciones y propinas multimillonarias, sin importarles el interés general. 

 No somos lo mismo. Ni siquiera esta vez estamos en el mismo barco."          

(Coining Rivolta es un colectivo de economistas, Conttropiano, 04/02/24; traducción google)

22.1.24

Las energéticas han cobrado 12.000 millones de más en dos años a familias y empresas en los recibos de la luz y el gas

 "Los hogares y la familias españolas han pagado en los dos últimos años 12.000 millones de euros de más en los recibos de la luz y del gas, al haber soportado unos cargos regulados superiores en esa cuantía a los que requerían el sistema eléctrico y el gasístico.

Ese sablazo, aumentado por la aplicación del Impuesto Especial y del IVA al localizarse en la parte fija del recibo -aunque parcialmente paliados por las medidas de alivio por la inflación que comienzan a levantarse este mes- ha sido ejecutado por las compañías energéticas en aplicación de las normas que ha ido estableciendo el Gobierno, que ahora se ve obligado a reaccionar para tratar de paliar los daños.

¿A cuánto asciende el 'sablazo' en el recibo de la luz?

Las liquidaciones de las actividades reguladas del sector eléctrico que elabora la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) indican que entre enero y octubre del año pasado "la desviación transitoria entre ingresos y costes fue de +3.435,3 millones de euros", ya que "los ingresos han sido suficientes para cubrir los costes reconocidos".

 Esas mismas liquidaciones cifran en 6.190 millones el superávit del 2022, lo que eleva la cifra conjunta de esos dos ejercicios, el segundo de ellos incompleto, hasta los 9.625 millones de euros.

Ese registro, que llega tras otra acumulación de beneficios de 837 millones en los dos años anteriores, se ha visto incrementado en la práctica en otros 481 millones por la aplicación del IVA reducido del 5%. Si se hubiera mantenido el gravamen del 21%, el sobrecoste tributario sobre el sablazo regulatorio habría ascendido a 2.021 millones.

¿Y a cuánto sube en la factura del gas?

Las liquidaciones aprobadas por la CNMC hasta septiembre cuantifican en 2.671 millones de euros el superávit acumulado por las compañías del gas

Las liquidaciones aprobadas por la CNMC hasta septiembre cuantifican en 2.671 millones de euros el superávit acumulado por las compañías del gas en esos primeros nueve meses del año pasado por cobrar costes regulados netamente superiores a los gastos que realmente conllevó la explotación de las redes.

 Esa cifra y los once millones de excedente del ejercicio anterior suman 2.682 millones de euros, a los que en este caso habría que añadir un recargo de IVA de 134 millones que, de no haber estado en vigor las medidas de alivio, habría llegado a 563 millones.

¿Qué son los costes regulados y el déficit de tarifa?

La CNMC explica en su blog cómo los peajes que se incluyen en el recibo de la luz o el gas "no son para las compañías distribuidoras, que son meras recaudadoras", sino que ese dinero "se redistribuye entre los diversos agentes que tienen sus costes regulados".

Los costes regulados son "las actividades de transporte, distribución, comercialización a tarifas, los costes permanentes del sistema y los costes de diversificación y seguridad de abastecimiento", que históricamente se habían considerado inasumibles por las compañías.

 Sobre el papel, y por paradójico que pueda parecer vistos sus resultados, el negocio no les daba a las compañías de la luz y del gas para prestar el servicio por elevado que fuera el consumo de electricidad o de gas. Por ello, los distintos gobiernos han ido optando, y con mayor ímpetu desde la privatización del sistema, por incluir en el recibo unos cargos destinados a financiar el funcionamiento de la red y, también, la construcción de nuevas infraestructuras.

"Dichos ingresos forman parte del sistema de liquidaciones de las actividades reguladas", explica el regulador. Este "efectúa la liquidación de las obligaciones de pago y derechos de cobro necesarios para retribuir los costes", explica la CNMC.

 Y esa liquidación, que hace una década llegaba a generar sumas financieras como los más de mil millones del sistema gasista de 2014, es lo que ha comenzado a generar unos desmesurados saldos positivos que, en realidad, responden a la acumulación de las cantidades cobradas de más, por encima de lo necesario, a empresas y hogares, o aportada en exceso por el Ministerio de Industria.

Esos cargos resultan para los hogares "seis veces mayores que para la gran industria, y más del doble que para las pymes"

Ese superávit "procede de los peajes, por lo que viene de los consumidores, o de los presupuestos, por lo que procede de la ciudadanía", anota Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables, que recuerda cómo ese tipo de cargos resultan para los hogares "seis veces mayores que para la gran industria, y más del doble que para las pymes".

¿Y el Gobierno qué dice o hace?

El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), que es el competente en asuntos de energía en España, ha tardado mucho en reaccionar a semejante desfase económico, y ha terminado haciéndolo de una manera un tanto ambigua, aunque desde el departamento de Teresa Ribera aseguran que el desfase "se ha destinado a bajar la tarifa".

El decreto que prorroga las medidas de alivio por la inflación, convalidado en la tormentosa sesión parlamentaria del 9 de enero, establece en el artículo 39 que "de forma extraordinaria" se destinará "al sector eléctrico" una cantidad "equivalente al superávit de ingresos" de 2022 (deducido lo trasladado a 2023) y que esta "se llevará a cabo en la primera liquidación provisional" de la CNMC, "correspondiente al ejercicio 2024".

Y, paralelamente, indica que "se podrá destinar" a los cargos de 2024 "un porcentaje del superávit" de 2023 para "mantener los cargos a pagar por los consumidores en 2024 en los mismos niveles" del año pasado, y cuya cuantía se determinará en una orden ministerial que se encuentra en tramitación.

Aunque, por lo pronto, hasta que una orden establezca lo contrario y según señala el artículo 40, en 2024 van a comenzar a aplicarse los mismos cargos que en 2023.

El decreto prevé también que los próximos Presupuestos Generales del Estado incluyan una partida destinada a paliar eventuales déficit del sistema eléctrico, en el que los descuadres negativos están prohibidos por ley."            (Eduardo Bayona, Público, 21/01/24)

19.5.23

Europa decepciona en la cuestión eléctrica... Dos años de crisis energética sin precedentes no han sido suficientes. No ha sido suficiente que la inflación haya superado los dos dígitos. No ha sido suficiente que el aumento de los costes energéticos haya puesto en riesgo la competitividad de la industria europea... Nada de esto ha sido suficiente para que la Comisión Europea haya reaccionado con la que hubiera sido la medida antiinflacionista más eficaz: una reforma pro-competitiva de los mercados eléctricos. Su propuesta no aporta nada nuevo, tampoco aporta los instrumentos necesarios para abordar la transición energética... la Comisión habilita a los Estados a regular los precios de la electricidad para los hogares. Pero no dice cómo se va a pagar la diferencia entre el precio de los mercados eléctricos y el precio regulado. La experiencia pasada no aporta buenos augurios. En España, el ministro Rodrigo Rato adoptó una medida similar que dio lugar al déficit tarifario, casi 30.000 millones que todos los consumidores eléctricos seguimos pagando... Regular los precios finales no evita el problema, la sobrerretribución de algunas centrales (nuclear, hidroeléctrica y renovables) cuando su producción —de costes bajos, ajenos a las fluctuaciones del gas— es retribuida a precios que superan de tres a diez veces sus propios costes... La supervivencia de la industria europea depende de que sus costes energéticos sean competitivos. La mejor manera de conseguirlo no es a través de subvenciones, sino a través de un diseño del mercado eléctrico que potencie la competencia. Bajo la propuesta actual, difícilmente se evitará la desindustrialización de Europa

 "Dos años de crisis energética sin precedentes no han sido suficientes. No ha sido suficiente que la inflación en Europa haya superado los dos dígitos, aupada, entre otros, por la escalada de los precios de la electricidad y su traslación a los precios de tantos otros bienes y servicios. No ha sido suficiente que ello haya contribuido a la subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE), agudizando la pérdida de renta disponible de los hogares hipotecados, encareciendo las inversiones de las empresas y devaluando los activos financieros en los balances de la banca. No ha sido suficiente que el aumento de los costes energéticos haya puesto en riesgo la competitividad de la industria europea y, con ello, la supervivencia de algunas empresas y puestos de trabajo.

Nada de esto ha sido suficiente para que la Comisión Europea haya reaccionado con la que hubiera sido la medida antiinflacionista más eficaz: una reforma pro-competitiva de los mercados eléctricos. Su propuesta no aporta nada nuevo para evitar que los episodios que hemos vivido durante estos años se repitan. Como tampoco aporta los instrumentos necesarios para abordar la transición energética de forma eficiente y equitativa, permitiendo que los consumidores se beneficien de los menores costes de las energías renovables e incentivando la electrificación como vía principal para descarbonizar la economía.

Para evitar que en situaciones de crisis los precios del gas contaminen los mercados eléctricos, la Comisión habilita a los Estados miembro a regular los precios de la electricidad para los hogares. Sin embargo, no especifica cómo se va a pagar la diferencia entre el precio de los mercados eléctricos —que seguirá afectado por los precios del gas— y el precio regulado. La experiencia pasada y reciente no aporta buenos augurios. En España, el ministro Rodrigo Rato adoptó una medida similar que dio lugar al déficit tarifario, casi 30.000 millones de euros que todos los consumidores eléctricos seguimos pagando. De forma similar, durante estos dos años, los Estados miembro, en función de sus capacidades fiscales asimétricas, han amortiguado el impacto de los costes energéticos a través de ayudas públicas. Pero, en ambos casos, son los consumidores eléctricos y los contribuyentes los que, en última instancia, han acabado pagando.

Regular los precios finales no evita el problema porque no ataja su raíz: la sobrerretribución de algunas centrales de generación eléctrica (nuclear, hidroeléctrica y renovables) cuando su producción —de costes bajos, ajenos a las fluctuaciones del gas— es retribuida a precios que superan de tres a diez veces sus propios costes. Lo había diagnosticado bien Ursula von der Leyen en su discurso del Estado de la Unión (“Las fuentes de energía bajas en carbono están obteniendo ingresos con los que nunca soñaron… [y que] no reflejan sus costes de producción”) y por eso decepciona que la propuesta de la Comisión haya ignorado esa realidad incontestable. Por el contrario, se debía haber habilitado a los Estados miembro a limitar la retribución de estas centrales, máxime cuando en algunos casos —como en España— se trata de centrales previas a la implantación del mercado eléctrico vigente, y a las que la regulación siempre garantizó la recuperación de sus costes, como así ha sido.

La Comisión deja desprotegidos a los consumidores industriales, a quienes recomienda que contraten la electricidad a precios fijos para evitar la volatilidad en sus costes energéticos. Pero olvida que el principal problema no es la volatilidad, sino el nivel de precios. Como olvida también que no es que la industria no quiera contratar su electricidad a precios estables y competitivos, es que no tiene la posibilidad de hacerlo. No hay suficientes contratos a un plazo suficiente para cubrir las necesidades de la industria, y sus precios no son competitivos porque siguen reflejando los precios de los mercados de corto plazo que inevitablemente son, bajo la actual regulación, su referencia subyacente.

La supervivencia de la industria europea depende de que sus costes energéticos sean competitivos. La mejor manera de conseguirlo no es a través de subvenciones, sino a través de un diseño del mercado eléctrico que potencie la competencia. Bajo la propuesta actual, difícilmente se evitará la desindustrialización de Europa.

La Comisión acierta al preservar los mercados a corto plazo para promover la eficiencia en la producción eléctrica. También acierta al denunciar la falta de contratación a largo plazo que debería servir para fomentar las inversiones en renovables y el desacople de los precios de la electricidad de los del gas. Pero falla en el mecanismo elegido: la contratación bilateral privada a largo plazo entre generadores y grandes compradores (industriales o comercializadores). La Comisión quiere favorecer este tipo de contratos por tres vías. Por una parte, pide que existan garantías contractuales suficientes, lo que exigirá ayudas públicas que además de ser onerosas para las arcas públicas, podrían dar lugar a problemas de riesgo moral. También obliga a las comercializadoras de electricidad a contratar a plazo parte de sus ventas, favoreciendo a los operadores integrados frente a los comercializadores independientes, y encareciendo el precio de la electricidad para el consumidor final. Y, por último, propone que en las subastas que realice el regulador se favorezca a los generadores con energía contratada a plazo, lo que distorsionaría la elección eficiente de las inversiones en renovables.

En cualquier caso, la contratación bilateral privada a plazo no es la solución. Este tipo de mercados, además de ser discriminatorios con los consumidores sin capacidad de negociación —la inmensa mayoría—, no solucionan las necesidades de cobertura de los clientes, y su opacidad se traduce en una menor presión competitiva y mayores precios.

Por el contrario, las subastas de contratos a largo plazo con el sistema eléctrico como contraparte —como las celebradas en España para las inversiones en renovables— han demostrado ser eficaces para aportar precios competitivos y estables en beneficio de todos los consumidores. Además, dan predictibilidad a las inversiones, cuestión fundamental para que se desarrolle la industria en torno al despliegue de las renovables. La propuesta de la Comisión debía haber exigido a los Estados miembro celebrar estas subastas para cubrir una fracción significativa sus inversiones comprometidas en sus planes nacionales de energía y clima. Y no sólo no lo ha hecho, sino que recomienda que estas subastas se utilicen como un último recurso cuando el mercado de contratos bilaterales privados falle.

El sector eléctrico, de la mano de las energías renovables y de sus menores costes, puede ser una fuente potente de crecimiento económico y bienestar. Pero tiene que ir acompañado por una regulación eléctrica que asegure que todos los consumidores se beneficien de ello. La elección de instrumentos regulatorios inadecuados, como los que propone la Comisión, podría frustrarlo. Como también podría frustrar el que florezca una industria europea en torno a estas inversiones, o el que se evite la fuga de la industria. Por último, no es admisible que la Comisión consienta que la regulación eléctrica ampare rentabilidades con las que las empresas eléctricas “nunca soñaron”, a expensas de los ciudadanos y de la industria europea.

Ahora es el turno del Parlamento Europeo y del Consejo. Reconducir una propuesta decepcionante hacia una regulación eléctrica a la altura de los retos es su responsabilidad."              (

14.12.22

España logra un ahorro récord con el tope al gas mientras los precios de la electricidad se descontrolan en Europa... El precio de la luz este miércoles en el mercado mayorista es un 58,6% inferior al que resultaría sin la solución ibérica, 93,8 euros/MWh, con Francia, Italia o Alemania superando de largo los 400 euros/MWh... los consumidores han obtenido entre junio y noviembre un ahorro de 3.806 millones de euros gracias a la aplicación de solución ibérica, mientras la UE es incapaz de ponerse de acuerdo para poner en marcha un tope al gas por el bloqueo impuesto por Alemania y Holanda... cousas veredes... as das eléctricas

 "España va a lograr este miércoles un ahorro récord con el tope a la generación de electricidad con gas natural mientras los precios mayoristas de la electricidad están descontrolados en el resto de grandes mercados europeos.

El precio de la luz para este miércoles va a ser un 58,6% inferior al que resultaría sin la denominada solución ibérica. Se va a situar en 93,8 euros por megavatio hora (MWh), mientras los mercados mayoristas de Francia, Italia o Alemania superan holgadamente los 400 euros/MWh. 

 Con los socios de la UE incapaces de ponerse de acuerdo este martes para poner en marcha un tope al gas por el bloqueo impuesto por Alemania y Holanda, esa cota de 400 euros/MWh es un nivel estratosférico que en España no se alcanza desde el pasado agosto. Entonces, la cotización del gas pulverizó todos los récords, con los países europeos llenando a marchas forzadas sus almacenes para capear el próximo invierno con el abastecimiento cubierto.

 Este enorme diferencial entre los precios de España y el resto de Europa, con la solución ibérica mostrando su mejor cara, se va a dar en un contexto de elevada producción eólica por la llegada del borrasca Efraín, que ha traído consigo un temporal de lluvia y viento en buena parte del país.

Mientras, al norte de los Pirineos los precios mayoristas van a más que cuadruplicar los del mercado ibérico por las bajas temperaturas, con frío y nieve en buena parte del continente, y con una reducida producción de renovables. A esto se suman los prolongados problemas técnicos de un tercio del parque nuclear francés, tradicional exportador de energía en Europa.(...)

 Este entorno de precios bajos no va a tener, sin embargo, demasiado recorrido. El gas natural sigue en niveles altos, con la referencia del mercado ibérico Mibgas en el entorno de los 119 euros/MWh. Y cuando la generación eólica deje de despuntar, la luz volverá a encarecerse: “Se va a acabar la fiesta porque el viento va a ir a menos y los diferenciales de precios con el resto de Europa ya no van a ser tan fuertes”, resume el consultor y responsable de Renovables de Menta Energía, Francisco Valverde.

En cualquier caso, la coyuntura actual muestra las ventajas de la solución ibérica, un mecanismo que el PP ha cuestionado reiteradamente, con un discurso muy parecido al de las eléctricas, que montaron una intensa campaña en Bruselas para tratar de frenarlo. El tope al gas se estrenó a mediados de año con un inicio muy discreto, porque arrancó en el contexto más adverso posible: en plena ola de calor y con la producción de las centrales de gas disparada.

 Este experto estima que los consumidores han obtenido entre junio y noviembre un ahorro de 3.806 millones de euros gracias a la aplicación de solución ibérica, en concepto de ingresos extraordinarios que no han ido a parar a la caja de los generadores de electricidad de origen nuclear, renovable y de cogeneración. (...)"               (Antonio M. Vélez / Raúl Sánchez , eldiario.es, 13/12/22)

La guerra de Rusia contra Ucrania que empezó en febrero ha exacerbado los precios del gas. Pero los excesos ya se había detectado antes, con las alzas superiores al 700% en 2021... La Comisión Europea ha destacado que los precios del gas registraron alzas de hasta un 1.000% el pasado agosto... El principal mecanismo de formación de precios del gas (contado y futuros) es el TTF holandés, que representa el 80% del gas natural negociado en la UE... El TTF permite a las empresas cubrirse de los riesgos de los desajustes de precios mediante el empleo de derivados de energía... está integrado por 1.700 empresas de derivados energéticos, y los bancos representan la mayor parte de las posiciones en derivados, con el crédito a las empresas de energía aumentando un 200% en pocos meses... Ante esta situación la Comisión, ha propuesto un “mecanismo de corrección del mercado para proteger a los ciudadanos y la economía frente a precios excesivamente elevados”... hasta ahora sin consecuencias, pues Holanda defiende su negocio y rechaza toda intervención. Igual que Alemania, que tiene sus propias soluciones nacionales... mientras, los Gobiernos europeos han dedicado 600.000 millones de euros en medidas de protección a los consumidores por los costes de energía, de los que Alemania ha concedido 264.000 millones de euros... Se trata de una cruda pugna de intereses, entre quienes priorizan las ganancias de los monopolios y quienes defienden los derechos ciudadanos

 "Uno de los hilos conductores de la historia europea es la construcción de una economía de mercado sin excesos. Es decir, sin monopolios y sin abusos. El modelo europeo se inspira en Estados Unidos que empezó su iniciativa contra los monopolios con la ley Sherman Antitrust de 1890.

 El primer tratado europeo, el de Roma de 1957, propugnaba el “establecimiento de un mercado común”, que garantizase que “la competencia no será falseada”. La misión de fondo era lograr “una elevación acelerada del nivel de vida y relaciones más estrechas entre los Estados” que integraban la Comunidad Económica Europea. Numerosas directivas insisten en proteger a los consumidores de los abusos y comportamientos irresponsables. Una tarea cada día más difícil.

 La crisis de la energía han puesto al descubierto el desastroso funcionamiento del mercado del gas en la UE, que empobrece a millones de personas para beneficio de unos pocos. La Comisión Europea ha destacado que los precios del gas registraron alzas de hasta un 1.000% el pasado agosto respecto a la media de la década anterior. El principal mecanismo de formación de precios del gas (contado y futuros) es el TTF holandés, que representa el 80% del gas natural negociado en la UE.

La guerra de Rusia contra Ucrania que empezó en febrero ha exacerbado los precios del gas. Pero los excesos del TTF ya se había detectado antes, con las alzas superiores al 700% en 2021. La Comisión Europea ha constatado sus fallos y considera que “el índice del TTF ya no es un indicador adecuado de los precios en Europa”.

 El TTF permite a las empresas cubrirse de los riesgos de los desajustes de precios mediante el empleo de derivados de energía. El estudio Financial stability risks from energy derivatives markets, elaborado por Oana Furtuna, Alberto Grassi y otros expertos destaca que este complejo mecanismo está integrado por 1.700 empresas de derivados energéticos, cuyo número aumentó un 30% en 2022. Señalan que en el TTF, los bancos representan la mayor parte de las posiciones en derivados, que el crédito a las empresas de energía aumentó en un 200% en pocos meses y alertan del riesgo para la estabilidad financiera.

Ante esta situación la Comisión, ha propuesto un “mecanismo de corrección del mercado para proteger a los ciudadanos y la economía frente a precios excesivamente elevados”. Plantea un tope de 275 euros el megavatio hora que ha sido rechazado por España y otros 14 países, que estiman una intervención insignificante. Por el contrario Holanda defiende su negocio y rechaza toda intervención. Igual que Alemania, que tiene sus propias soluciones nacionales.

Naciones Unidas recuerda que los Gobiernos europeos han dedicado 600.000 millones de euros en medidas de protección a los consumidores por los costes de energía, de los que Alemania ha concedido 264.000 millones de euros.

No estamos en una batalla entre intervencionistas y defensores del mercado. Todos los mercados están regulados. Se trata de una cruda pugna de intereses, entre quienes priorizan las ganancias de los monopolios y quienes defienden los derechos ciudadanos y que el mercado no sea falseado. Un pulso que la Unión no debería perder."                (andreu Missé, El País, 12/12/22)

28.11.22

España amenaza con una rebelión en Bruselas si se aprueba el tope al gas en un precio límite tan elevado... el precio de activación es "irrisorio" debido a que ni siquiera en los momentos de más incertidumbre (este verano, por ejemplo), se superó el monto de 275 euros el megavatio hora (Mwh), que es el techo propuesto por la Comisión Europea... Teresa Ribera considera una “broma de mal gusto” el tope al gas inaplicable propuesto por la Comisión

 "La propuesta de la Comisión Europea de establecer un techo de 275 euros el megavatio hora (Mwh) al precio de las compras de gas en el mercado de referencia para la Unión Europea, un monto que casi no se ha superado en estos nueve meses de crisis energética, va camino a estrellarse por la falta de apoyos de los Estados miembros. 

España, con la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, lidera una "rebelión" que, de no desactivarse, podría romper las relaciones dentro del bloque. Moncloa exige que la institución que preside Ursula Von der Leyen rectifique y elabore un proyecto "más realista".

Ribera calificó de "tomadura de pelo" a la propuesta no bien Bruselas la hizo oficial. "Lo más dramático es que hemos pedido a la Comisión Europea una propuesta y esto no es serio. Vamos a plantear un rechazo rotundo. "Nos parece que para esa referencia [de precio] es mejor no hacer absolutamente nada", señaló con enfado.

 A su juicio, el precio de activación es "irrisorio" debido a que ni siquiera en los momentos de más incertidumbre (este verano, por ejemplo), se superó el monto de 275 euros el megavatio hora (Mwh), por lo que se trata de un plan que tendrá el impacto que se busca: abaratar esta cadena de suministro.

 Más serena, con el paso de las horas, Ribera dejó su tono confrontativo pero dejo entrever que puede producirse una "rebelión" por la "indignación y preocupación" de la mayoría de los Estados. "Tengo la impresión de que la Comisión Europa va a oír cosas muy duras de la inmensa mayoría de los ministros", aclaró este miércoles en los pasillos del Congreso. 

El rechazo a la medida también alcanza a las delegaciones que no quieren topar el por razones opuestas. Holanda y Alemania consideran que intervenir el mercado puede "alterar y empeorar" la situación. "Es muy arriesgado e innecesario", señalan fuentes diplomáticas de la UE. (...)"             (LPO, 23/11/22)

4.11.22

Con un ejemplo práctico se entenderá mejor el por qué de los beneficios estratosféricos de las eléctricas y empresas gasistas y de la elevada inflación que está sufriendo la población provocada por ellas... Bulgargaz, empresa búlgara de gas importadora del gas azerí, importa en Noviembre a un precio fijo se 62€/MWh, pero a los consumidores les repercute el precio basándose en cotizaciones spot del mercado de referencia del gas para la UE, a 116€/MWh... De ahí aumento de márgenes y beneficios (Carlos Cagigal)

Carlos Cagigal @CcagigalNeira

Con un ejemplo práctico se entenderá mejor el por qué de los beneficios estratosféricos de las eléctricas y empresas gasistas y de la elevada inflación que está sufriendo la población provocada por ellas.

Mientras los precios de referencia para la UE, Dutch TTF Gas Futures, cierran la cotización de los futuros Nov2022 a 116€/MWh, la Comisión Reguladora de Energía de Azerbaiyán informa que su suministro de gas a Bulgaria para Noviembre lo realizará a un precio fijo de 62,19€/MWh.

Bulgargaz, empresa búlgara de gas importadora del gas azerí, importa en Noviembre a un precio fijo se 62€/MWh, pero a los consumidores SÍ les repercute un precio basándose en cotizaciones spot del mercado de referencia del gas para la UE. De ahí aumento de márgenes y beneficios.

Además de beneficios estratosféricos, al importar a un precio muy inferior de las cotizaciones de mercado pero sí cobrar a consumidores, hogares y empresas, según esas excesivas cotizaciones en mercados, provocan directamente situaciones muy inflacionistas, como estamos sufriendo

11:33 p. m. · 2 nov. 2022

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2.11.22

878.000 millones de beneficios y una reunión con la Comisión Europea cada dos días... A la industria energética y a la financiera, que han batido e incluso doblado sus beneficios respecto al año anterior, se une uno de los principales y más poderosos sectores: la industria de los combustibles fósiles. Las cuatro principales empresas del sector del petróleo y el gas, Shell, TotalEnergies, Eni y Repsol, han obtenido 77.900 millones de euros de beneficios hasta septiembre de 2022... ¿Cómo pueden las empresas petroleras y de gas obtener beneficios récord mientras millones de personas tienen dificultades para pagar sus facturas? Porque “las grandes empresas europeas de combustibles fósiles han disfrutado de un acceso sin precedentes a los líderes de la Unión Europea”. Esa enorme influencia que tienen gracias a su labor de lobby, les ha facilitado que hayan “podido retrasar y minimizar la acción política decisiva en los mercados energéticos, lo que les ha permitido obtener miles de millones de beneficios”... también han adquirido un papel muy importante en la toma de decisiones estratégicas en cuestiones energéticas impulsando cada vez más infraestructuras y proyectos basados en el gas. El resultado, explican, “es que estamos inmersos en una espiral de precios de la energía que se disparan, de especulación empresarial, de adicción a los combustibles fósiles y de desastre climático”... por eso el impuesto temporal de la UE sobre los beneficios caídos del cielo de las empresas petroleras y de gas “se parece cada vez más a una medida simbólica, llena de lagunas, que no producirá los miles de millones de euros anunciados”

 "La invasión rusa de Ucrania le daba un buen empujón a una problema energético que ya llevaba unos meses dando coletazos. Se disparaban los precios energéticos y los de los carburantes, aupando las cifras de inflación a máximos en décadas. La ciudadanía está sufriendo las consecuencias de esas subidas de precio y también de los efectos de las políticas para intentar combatirlas, como las subidas de tipos del Banco Central Europeo (BCE), pero algunos sectores empresariales están batiendo récords de beneficios aprovechando esas mismas subidas de precios.

A la industria energética y a la financiera, que han batido e incluso doblado sus beneficios respecto al año anterior, se une uno de los principales y más poderosos sectores: la industria de los combustibles fósiles. Las cuatro principales empresas del sector del petróleo y el gas, Shell, TotalEnergies, Eni y Repsol, han obtenido 77.900 millones de euros de beneficios hasta septiembre de 2022. Solo en el tercer trimestre acumularon unos beneficios de 24.600 millones de euros. Estas cuatro empresas petroleras han ganado en nueve meses casi el doble de los 40.000 millones de euros propuestos por la UE para mitigar el coste de la crisis energética.

¿Cómo pueden las empresas petroleras y de gas obtener beneficios récord mientras millones de personas tienen dificultades para pagar sus facturas? Esa es la principal pregunta que se han hecho la nueva investigación Alimentar la crisis del coste de la vida de las organizaciones Corporate Europe Observatory, l'Observatoire des Multinationales y Recommon, miembros de la campaña Fossil Free Politics

 Dicha investigación revela que desde el inicio de la guerra de Ucrania, “las grandes empresas europeas de combustibles fósiles han disfrutado de un acceso sin precedentes a los líderes de la Unión Europea”. Esa enorme influencia que tienen gracias a su labor de lobby, las puertas abiertas que tienen y aprovechando las divisiones que se han creado entre los líderes de los Estados miembro les ha facilitado que hayan “podido retrasar y minimizar la acción política decisiva en los mercados energéticos, lo que les ha permitido obtener miles de millones de beneficios”, según explican en el documento publicado por estas organizaciones.

Además, señalan que con la excusa de la urgencia ante la crisis energética y de precios, estas empresas también han adquirido un papel muy importante en la toma de decisiones estratégicas en cuestiones energéticas impulsando cada vez más infraestructuras y proyectos basados en el gas. El resultado, explican, “es que estamos inmersos en una espiral de precios de la energía que se disparan, de especulación empresarial, de adicción a los combustibles fósiles y de desastre climático”.

Un reunión cada dos días

Un análisis de Amigos de la Tierra Europa publicado en junio de 2022 mostraba que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se había reunido más de 500 veces con la industria de los combustibles fósiles o con grupos presión pertenecientes a los combustibles fósiles en la primera mitad de su mandato de 5 años, entre diciembre de 2019 y mayo de 2022.

Este nuevo informe muestra que, desde la invasión rusa, este tipo de reuniones se han acelerado más todavía. Desde la guerra de Ucrania en febrero la industria de los combustibles fósiles y los dirigentes de la Comisión Europea han tenido más de 100 reuniones, es decir, una vez cada dos días. La presidenta de la Comisión, Von der Leyen, se reunió varias veces con los directores generales del sector del petróleo y el gas mientras formulaba la respuesta energética del bloque a la crisis de Ucrania, donde se le advirtió que no debía “juguetear” con el mercado y los precios máximos, y se le aconsejó sobre las medidas “viables”.

Presiones sobre políticas

El impuesto temporal de la UE sobre los beneficios caídos del cielo de las empresas petroleras y de gas “se parece cada vez más a una medida simbólica, llena de lagunas, que no producirá los miles de millones de euros anunciados”, lamentan desde este grupo de organizaciones. Además, señalan, “la industria ha presionado con éxito para conseguir un apoyo público masivo a las nuevas infraestructuras de gas y a los desarrollos tecnológicos basados en el gas”. Se refieren a que la ENTSO-G propone 300 nuevos proyectos de gas en los próximos diez años para responder a la “emergencia” actual, lo que hará que aumenten los beneficios y las facturas de energía de los ciudadanos.

A petición de la industria, la UE ha creado un “Grupo Consultivo de la Industria de la Plataforma Energética” formado exclusivamente por las principales compañías de gas europeas, con el mandato de codirigir de forma efectiva los planes de la Comisión para salir del gas ruso. Los lobbies petroleros y gasistas de la UE y de Estados Unidos también han trabajado con altos cargos del Parlamento Europeo para impulsar una mayor producción de gas nacional y más importaciones.

Presión en el Consejo y en el Parlamento Europeo

Pero la invertigación no señala solo a la institución presidida por Von der Leyen. La industria de los combustibles fósiles también ha encontrado las puertas del Consejo y el Parlameto Europeo abiertas. Por ejemplo, el eurodiputado rumano Christian Busoi (PPE), presidente de la poderosa Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE), organizó un acto con el grupo de presión de los combustibles fósiles, la Asociación Internacional de Productores de Petróleo y Gas (IOGP), en Estrasburgo, para presentar un nuevo estudio encargado por el grupo comercial y su homólogo estadounidense, el Instituto Americano del Petróleo (API), sobre el “Reequilibrio del suministro de gas en Europa”. El acto, organizado conjuntamente con otros lobbies del gas, la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Gas (ENTSOG) y Gas Infrastructure Europe (GIE), fue una ocasión para abogar por el fortalecimiento del sistema de transporte de gas en Europa (en otras palabras, más infraestructuras de gas) y por una mayor producción de gas nacional en Europa.

Una ofensiva de presión similar tuvo lugar en el Consejo Europeo y de los Estados miembros, aunque los detalles son escasos debido a la falta de transparencia del Consejo y de las representaciones de los Estados miembro en Bruselas. En el período previo a la Presidencia del Consejo del país (segundo semestre de 2022), los representantes checos se reunieron con TotalEnergies a finales de marzo, más o menos cuando la UE publicó su primera versión de RePowerEU en la que se exponía cómo se saldría del gas ruso. La investigación afirma que no es posible encontrar ningún registro de acta pública de esta reunión. La República Checa, que ocupa actualmente la presidencia del Consejo, ha dejado de publicar las reuniones de su representante permanente con lobbies desde junio de 2022, cuando comenzó su presidencia."                   (El Salto, 01/11/22)

31.10.22

España escapa de la oleada de avisos sobre posibles apagones en Europa este invierno, protegida por una infraestructura de regasificación que no tiene parangón en Europa... mientras proliferan alertas en la UE y en Alemania, Francia, Reino Unido o Finlandia, a la expectativa de lo que ocurra en los próximos meses con el gas ruso y la meteorología... el 6 de octubre el ex ministro de Finanzas Wolfgang Schäuble, muy conocido en España en los años del rescate financiero a Bankia, instaba a hacer acopio de velas para hacer frente a posibles cortes de electricidad y ponerse dos capas de jerseys... y Reuters informó de que los bancos europeos estaban preparando generadores de emergencia para cubrirse de potenciales cortes de suministro

 "España ha escapado hasta ahora de la oleada de avisos sobre posibles cortes de luz este invierno, protegida por una infraestructura de regasificación que no tiene parangón en Europa.

Una situación que contrasta con la de un buen número de países europeos. Muchas capitales del continente contienen la respiración ante lo que depare en los próximos meses la meteorología y lo que ocurra con el suministro de gas ruso. 

 El mercado europeo está en las últimas semanas en una suerte de compás de espera. Los pronósticos más optimistas, como recogía el viernes Financial Times, apuntan a que lo peor para la crisis energética en el continente puede haber pasado ya.

Se ha producido una tregua en los precios del gas, que ha propiciado una moderación de la inflación en España en octubre y se explica por un inicio del otoño inusualmente cálido, una fuerte destrucción de demanda en la industria, cierta recuperación de la producción eólica y, sobre todo, la falta de espacio para descargar más gas en la UE, con sus almacenes a rebosar.

En octubre, la cotización del gas se ha desplomado tras meses de locura. (...)

En cualquier caso, la situación en muchos países de la UE de cara a los dos próximos inviernos sigue siendo incierta. El 25 de octubre, la agencia europea de reguladores energéticos (ACER) apelaba a la solidaridad entre países miembros para mantener los flujos de luz y gas el próximo invierno y advertía de que “algunos” de ellos “afrontan significativos retos que muy probablemente no van a resolverse pronto”.

Según esta entidad, “las importaciones de electricidad podrían ser esenciales para todos” y maximizarlas “será vitalmente importante para muchos Estados miembros”. También aquellos “que son exportadores de electricidad”, como le ha ocurrido este año a España, al rescate de Francia por sus problemas con la nuclear.

Como señalaba el pasado jueves la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en su último World Energy Outlook, la guerra en Ucrania está teniendo ya “efectos desestabilizadores” en los sistemas energéticos de algunos países en desarrollo y “la posibilidad de escasez de gas en los próximos meses supondrá otra prueba importante para la resistencia de los mercados abiertos en Europa y más allá”.

“Las opciones para sustituir el gas natural son un factor determinante crucial de la capacidad a corto plazo de la Unión Europea para adaptarse a la posible escasez de suministro”, según la AIE. El organismo adscrito a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recuerda el “rol central” de la electricidad en la vida moderna: “La escasez o los cortes de suministro tienen el potencial de causar un daño inmenso e imponer costes de miles de millones de dólares por día en las economías nacionales”. 

 En los últimos meses y semanas, a medida que el conflicto en Ucrania se ha ido enquistando, han proliferado avisos inquietantes en numerosos países, también por parte de la propia UE, cuyos miembros acordaron el pasado verano reducir en un 15% su consumo de gas respecto a la media de los últimos cinco años, entre agosto de 2022 y marzo de 2023. El porcentaje en el caso de España (con mucha mayor holgura que otros países) se quedó en torno al 7%.

A principios de octubre, el comisario europeo para la Gestión de Crisis, Janez Lenarčič, advertía a medios alemanes de que es “muy posible” que el próximo invierno puedan producirse cortes del suministro eléctrico en países de la UE, que no identificaba, e instaba a prepararse para lo peor.

El esloveno trazaba dos escenarios: uno (improbable) en el que “un elevado número de países” se viera en esa situación y otro por el que “un número pequeño” podría verse afectado “por un incidente menor”, en cuyo caso otros países de la UE podrían prestar apoyo con generadores de emergencia “como ocurre con los desastres naturales”.

En Alemania, país tradicionalmente adicto al gas ruso, el ministro de Economía y Clima, el verde Robert Habeck, que en septiembre tuvo que dar marcha atrás al anunciado apagón nuclear previsto para finales de este año, afirmaba hace unos días que el país podría afrontar con seguridad los próximos meses y capear una recesión moderada si el invierno no es demasiado frío y el gas no escasea.

 El 4 de octubre, un ejecutivo de Amprion, el mayor gestor de la red eléctrica germana, advertía de la posibilidad de tener que detener las exportaciones de electricidad a Francia como “último recurso” para evitar apagones y en horas concretas. Y días después, el ex ministro de Finanzas Wolfgang Schäuble, muy conocido en España en los años del rescate financiero a Bankia, instaba a hacer acopio de velas para hacer frente a posibles cortes de electricidad y ponerse dos capas de jerseys. (...)

El gestor de la red francesa, RTE, advertía el 18 de octubre, en su actualización de previsiones invernales, de que “no se puede excluir por completo el riesgo de un corte, pero se podría evitar reduciendo el consumo nacional entre un 1 y un 5% en la mayoría de los casos, y hasta un 15% en las peores situaciones meteorológicas”. Sí insistía en que “en ningún caso” el país corre el riesgo de “una pérdida total del control del sistema eléctrico. RTE dispone de recursos de respaldo del sistema eléctrico adecuados y proporcionados en función de la magnitud de cualquier desequilibrio”.

Según RTE, en Francia las principales incertidumbres de cara al invierno están relacionadas con el suministro de gas, la situación energética en sus países vecinos, la evolución de la demanda y la capacidad de sus reactores nucleares de volver a operar con normalidad.

También el 18 de octubre, Finlandia aplazaba por enésima vez la puesta en marcha del reactor nuclear Olkiluoto-3, que debería cubrir el 14% de su demanda y acumula más de una década de retrasos y sobrecostes multimillonarios. Las autoridades de este país fronterizo con Rusia han advertido de posibles apagones este invierno en varias ocasiones a lo largo de los últimos meses.

Otro tanto hizo en septiembre pasado la primera ministra estonia, Kaja Kallas, ante la posibilidad de que Rusia expulse a los estados bálticos de la red eléctrica que tienen de forma conjunta.

También el 18 de octubre, The Guardian desvelaba que la BBC prepara guiones secretos para su posible utilización en caso de apagones invernales que afectaran a las redes de telefonía, el acceso a internet, el sistema bancario o los sistemas de señalización vial.

El 6 de octubre, el gestor de la red eléctrica británica, National Grid, advirtió de la posibilidad de que los hogares y empresas del país afronten este invierno cortes de tres horas con un preaviso de un día, con el objetivo de reducir el consumo total de energía un 5%. Se trataría de un escenario extremo: si Vladimir Putin cortase totalmente el suministro de gas a Europa y Gran Bretaña experimentase una ola de frío. Días antes, el regulador energético, Ofgem, advertía de la “posibilidad” de que el país entre en una situación de emergencia de suministro de ese combustible.

En septiembre, la agencia Reuters informó de que los bancos europeos estaban preparando generadores de emergencia para cubrirse de potenciales cortes de suministro y la OCDE advertía de que, pese al alto nivel de llenado de las existencias de gas en Europa, podrían producirse posibles “déficits” en el abastecimiento a Europa “si los suministros adicionales no rusos desde fuera de la Unión Europea no se materializan como se esperaba, o si la demanda de gas es mayor debido a un invierno frío”.

 En los últimos meses también ha habido avisos sobre la posibilidad de sufrir cortes de suministro eléctrico en Austria, otro país muy dependiente del gas ruso que abrió la espira de la psicosis del apagón. Allí los reportajes sobre cómo hacerles frente se han convertido en un clásico. Es posible incluso encontrar artículos sobre las mejores radios con funcionamiento a manivela.

Con mayor o menor nivel de alarma, también se han lanzado alertas en Irlanda, en Grecia, en Suiza o en Noruega. Y fuera de Europa, también han proliferado en países desarrollados como Estados Unidos o en Japón, que en marzo y junio pidió a ciudadanos y empresas que redujeran el consumo de energía para evitar la sobrecarga de la red. En agosto, el Gobierno nipón dio un giro radical al apagón nuclear que decidió tras la catástrofe de Fukushima.

“No va a haber apagones”

En España, hace un año, cuando las tropas rusas todavía no habían invadido Ucrania, corrió como la pólvora la especie de que un gran apagón estaba al caer. Una teoría que expertos y directivos del sector descartaban tajantemente y que fue azuzada por la ultraderecha de Vox. En aquellos días, se agotaban las existencias de camping gas y se acuñó incluso un curioso neologismo, el de los “preparacionistas”, que en Austria hace furor. Ese gran apagón no llegó.

Ahora, en un escenario muchísimo más complejo que entonces, esa hipótesis ha sido descartada por las autoridades españolas, y tampoco Red Eléctrica ha contemplado ese escenario.

Lo decía hace unos días en el Senado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: “No va a haber apagones, ni racionamientos ni ninguna de esas escenas apocalípticas que pronostican los creadores de bulos”. Los próximos meses “no van a ser fáciles”, pero no se adoptarán medidas drásticas y a ningún hogar español le va a faltar energía “para calentarse, para iluminarse y para cocinar este invierno”, garantizó Sánchez.

Esa es también la opinión del sector. En una macroencuesta publicada hace unos días por el diario Expansión entre ejecutivos y directivos de las principales energéticas en España, la respuesta era unánime y clara: que nadie espere precios baratos de la energía para el próximo invierno, pero al país no le va a faltar gas, gracias a que cuenta con un tercio de la capacidad de regasificación de toda la UE, lo que le permite descargar ese combustible en barcos metaneros llegados de todas partes del mundo.

En estos meses, España ha logrado junto con Portugal arrancar la solución ibérica para limitar el precio del gas en el mercado eléctrico, que ahora la UE debate adoptar también. Y hace unos días, en pleno atasco de metaneros en Europa, Madrid y Lisboa han logrado desbloquear un nuevo corredor de gas e hidrógeno con Francia apelando a la “solidaridad” europea.

España tiene seis regasificadoras en operación, construidas en los años del boom e infrautilizadas antes de esta crisis energética. A ellas se unirá en enero la de El Musel, en Gijón, que se va a abrir tras años en hibernación como almacén de gas para el resto de la UE. En la actualidad el sistema español dispone de una capacidad conjunta (sumando las instalaciones de almacenamiento y las regasificadoras) de 1,98 TWh/día, equivalente a 729 TWh/año, más del doble del actual consumo anual del país."              (Antonio M. Vélez, eldiario.es, 30/10/22)