Asesinan a la fiscal que investigaba los ataques estadounidenses contra pescadores ecuatorianos y los relatos de tortura y secuestro de los 36 sobrevivientes... a la fiscal Bravo le ordenaron cerrar todas las líneas de investigación después de que se encontraran a 36 de los 44 hombres desaparecidos —a pesar de que llegaron con lesiones graves, entre ellas una pérdida de visión del 70 % y pies desgarrados hasta dejar al descubierto la carne y los huesos, lo cual los expertos médicos consideraron consistente con sus relatos de explosiones y tortura... Dentro del régimen militar ecuatoriano respaldado por Estados Unidos, la Fiscalía General se ha convertido en una institución cada vez más opaca y politizada. “Ya es un gran obstáculo para que los fiscales investiguen a los agentes estatales locales. Ahora imagínese a los agentes estatales internacionales”... se descubrieron embarcaciones de la empresa exportadora de la familia de Noboa traficando con €26 millones de libras esterlinas en cocaína. El mes pasado, The Guardian informó que un denunciante que investigaba los vínculos de Noboa con el narcotráfico fue asesinado... Dentro del régimen militar ecuatoriano respaldado por Estados Unidos, la Fiscalía General se ha convertido en una institución cada vez más opaca y politizada. “Ya es un gran obstáculo para que los fiscales investiguen a los agentes estatales locales. Ahora imagínese a los agentes estatales internacionales” (Camila Lourdes Galarza)

"QUITO, Ecuador—Alexandra Bravo, la fiscal encargada de investigar los ataques de EE. UU. contra tres embarcaciones ecuatorianas y los relatos de tortura y secuestro de los 36 sobrevivientes, fue asesinada a tiros en la ciudad costera de Manta el mes pasado. Según la policía, el 14 de junio un sicario a bordo de una motocicleta negra disparó contra Bravo cuando ella y su hermana salían de una cafetería alrededor de las 11 de la mañana. La hermana de Bravo, quien se lanzó a protegerla, también murió en el ataque.

Al llegar a la escena del crimen, los agentes dicen que encontraron cinco casquillos de 9 mm y al chofer de Bravo herido, pero ningún rastro de la escolta policial que había sido asignada para protegerla. La Policía Nacional, que opera íntegramente bajo el poder ejecutivo, ha iniciado una investigación para determinar si hubo una falla de seguridad interna.

Bravo es la vigésimo sexta miembro del sistema judicial de Ecuador asesinada desde 2020 y la segunda persona que investigaba delitos de Estado asesinada esa semana. Además de su asignación habitual de casos de homicidio y crimen organizado, Bravo había estado trabajando en los casos Fiorella, Negra Francisca Duarte II y Don Maca —una serie de ataques con drones contra embarcaciones pesqueras civiles que Drop Site dio a conocer en abril. Dos de los tripulantes de las embarcaciones regresaron a casa y denunciaron haber sido secuestrados, vendados y privados de alimentos durante ocho días por hombres armados estadounidenses, vestidos con uniformes militares de EE. UU. a bordo de un barco patrullero con bandera estadounidense, antes de ser abandonados en El Salvador. 

El Comité de las Naciones Unidas Contra las Desaparición Forzada respaldó los llamados para que se realice una investigación, exigiendo que Estados Unidos proporcione información sobre el paradero de los ocho hombres que aún se encuentran desaparecidos y sobre cualquier implicación en el asunto a más tardar el 27 de abril. Hasta la fecha, Estados Unidos no ha respondido.

Bajo el mandato del presidente de derecha de Ecuador, Daniel Noboa —un multimillonario nacido en Miami a quien a menudo se describe como un “dictador respaldado por Estados Unidos”—el país se ha convertido en un campo de experimentacion importante para la Operación Southern Spear, la campaña de bombardeos extrajudiciales de Washington que supuestamente tiene como objetivo a los “narco-terroristas” y que ha causado la muerte de 221 personas hasta la fecha. No hay evidencia de que muchas de las víctimas, incluidas las de la investigación de Bravo, se hubieran dedicado al tráfico de drogas.

“No puedo sugerir que haya sido un asesinato político, pero evidentemente, cuando matan a un fiscal es por la investigación que está llevando a cabo”, declaró a Drop Site Fernando Bastías, un reconocido abogado de derechos humanos de la CDH de Ecuador y miembro de la Organización Mundial contra la Tortura, con sede en Ginebra, “Eso es algo que hemos aprendido de nuestra experiencia en Ecuador”.

Una fuente dentro del departamento de policía de Manta, que conocía personalmente a Bravo, le dijo a Drop Site News que la fiscal ecuatoriana estaba bajo presión de sus superiores en la Fiscalía General para que tratara los ataques de EE. UU. exclusivamente como “casos de desaparición”. La fuente, que pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias, dijo que a Bravo le ordenaron cerrar todas las líneas de investigación después de que se encontraran a 36 de los 44 hombres desaparecidos —a pesar de que llegaron con lesiones graves, entre ellas una pérdida de visión del 70 % y pies desgarrados hasta dejar al descubierto la carne y los huesos, lo cual los expertos médicos consideraron consistente con sus relatos de explosiones y tortura.

La investigadora principal de Human Rights Watch quien entrevistó a Bravo como parte de su investigación sobre las tres embarcaciones, recordó de manera similar que Bravo enfrentó “desafíos internos dentro de la propia institución para avanzar en la investigación”. La investigadora señaló que la fiscal solicitó repetidamente la cooperación de otras entidades a cargo del rescate del barco, incluida la Capitanía del Puerto de Manta, pero “ninguna respondió a sus solicitudes de información”. Durante el bombardeo de La Negra Francisca, Darwin Pico-Flores, un testigo ocular a bordo de una embarcación cercana, le dijo a Drop Site que llamó a la Capitanía del Puerto de Manta para solicitar asistencia de emergencia. Nadie acudió. En abril, como parte de su primera investigación sobre el incidente, Drop Site llamó al puerto en busca de comentarios. Los funcionarios colgaron el teléfono al enterarse de que la llamada era de periodistas.

La investigadora dijo a Drop Site que Bravo, en su última reunión el 8 de mayo, le dijo que “aún se encontraba en las etapas iniciales de la indagación y la investigación”. Bastías dijo que Bravo “estaba investigando a un país [Estados Unidos] que ha sido presentado en los medios como un aliado contra el crimen. Esa investigación no ha avanzado en absoluto, y eso se debe a la intención de evitar meterse en líos o problemas con nadie”. La fuente dentro del Departamento de Policía de Manta dijo que Bravo, debido a la falta de cooperación de otras agencias estatales, había pedido consejo sobre cómo buscar nuevas fuentes de evidencia.

En los días previos a su muerte, Bravo fue reasignada a la Fiscalía General en Montecristi, un municipio vecino. Consecuentemente, ella fue reasignada a otros casos y ya no estaba a cargo de investigar los tres ataques a las embarcaciones. Drop Site se comunicó con varios representantes de la Fiscalía General para solicitar comentarios sobre por qué se había reasignado a Bravo, pero no recibió respuesta. Drop Site intentó comunicarse con el sustituto de Bravo para obtener comentarios, pero se le había ordenado explícitamente que no hablara con la prensa. Tras varias semanas de intentos por obtener una respuesta de la Fiscalía General del Estado, la institución respondió a Drop Site que la investigación se encuentra bajo reserva y que no podía pronunciarse sobre las razones del traslado de Bravo.

Dentro del régimen militar ecuatoriano respaldado por Estados Unidos, la Fiscalía General se ha convertido en una institución cada vez más opaca y politizada. “Ya es un gran obstáculo para que los fiscales investiguen a los agentes estatales locales. Ahora imagínese a los agentes estatales internacionales”, dijo Bastías. “El Poder Ejecutivo ha implementado una serie de marcos legales que dejan en impunidad a estos agentes estatales extranjeros.”, agregó, refiriéndose a la inmunidad diplomática otorgada a todo militar estadounidense y al personal del Departamento de Defensa a través de los 22 decretos de ley marcial del presidente Noboa.

El Pentágono, la Guardia Costera y el Comando Sur de EE.UU. han negado tener conocimiento o responsabilidad alguna sobre los incidentes con las embarcaciones. Después de que Drop Site publicó pruebas fotográficas del bombardeo de La Negra Francisca, los legisladores estadounidenses interrogaron al secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, durante una audiencia en el Congreso. El 13 de junio, el día antes del asesinato de Bravo, los diputados Joaquín Castro (D-Texas) y Bill Keating (D-Mass.) publicaron una carta dirigida a Hegseth, al secretario de Estado Marco Rubio y al jefe de la Guardia Costera de EE. UU., Kevin Lunday, en la que exigían una auditoría completa de la participación del gobierno de EE. UU. en los ataques. A pesar de que el plazo venció el 10 de julio, ninguna de las agencias ha emitido una respuesta pública. La secretaria de prensa de Keating, Lauren McDermott, le dijo a Drop Site que su oficina había recibido una respuesta de la oficina de Rubio, pero ninguna del Departamento de Guerra ni de la Guardia Costera. No reveló el contenido de la respuesta.

Los sobrevivientes que regresaron a casa, tanto como las familias de los que no, aún no han recibido ninguna respuesta. Le dijeron a Drop Site que “las autoridades nos cerraron la puerta en la cara”. María, la esposa de uno de los pescadores, le contó a Drop Site que su suegra murió esperando el regreso de su hijo, y que sufría de una depresión grave y dejó de comer en las semanas previas a su muerte.

A pesar de los esfuerzos de ambos gobiernos por obstaculizar la investigación, siguen surgiendo pruebas que respaldan los testimonios de los pescadores sobre los secuestros, ataques aéreos y tortura. Drop Site obtuvo un video exclusivo de la actividad de la Guardia Costera de EE. UU. en las inmediaciones del bombardeo de La Negra Francisca, inteligencia de fuentes abiertas que corrobora los testimonios de La Negra Francisca, y entrevistas policiales con testigos presenciales que confirman la presencia de EE. UU. alegada por los sobrevivientes y documentada por Drop Site. Con la ayuda de Tomi McCluskey, analista de OSINT de Airwars y exmiembro del Cuerpo de Marineros de EE. UU., Drop Site tuvo acceso a imágenes térmicas adicionales de la NASA que corroboran el bombardeo del “Negra Francisca”, así como a datos de rastreo de embarcaciones que sitúan la actividad de la Guardia Costera de EE. UU. a lo largo de la ruta por la que, según los pescadores, fueron llevados tras el ataque.

Lawfare político bajo el régimen militar ecuatoriano respaldado por Estados Unidos

Noboa, quien gobierna mediante toques de queda militares y el hambre masiva de los presos políticos, ha hecho todo lo posible por convertirse en el aliado más fuerte de Trump en Sudamérica. Desde que asumió la presidencia, ha hecho caso omiso de la prohibición constitucional de Ecuador sobre la presencia militar estadounidense—ratificada por el 60% de los votantes en noviembre de 2025— que se introdujo originalmente hace casi 20 años precisamente debido a un historial de hundimientos de embarcaciones por parte del ejército estadounidense frente a la costa de Manta. Además, su administración autorizó la primera oficina del FBI en territorio ecuatoriano, apoyó una iniciativa de la embajada de EE. UU. para incriminar falsamente a miembros del gobierno de izquierda de Colombia antes de las elecciones y colaboró con EE. UU. en el bombardeo de trabajadores agrícolas civiles inocentes a lo largo de la frontera entre Colombia y Ecuador—todo ello en nombre de la lucha contra el narcotráfico.

Cabe destacar que se descubrieron embarcaciones de la empresa exportadora de la familia de Noboa traficando con €26 millones de libras esterlinas en cocaína —un detalle que no ha disuadido al Departamento de Estado de nombrarlo socio clave en la Guerra contra las Drogas de Trump—. El mes pasado, The Guardian informó que un denunciante que investigaba los vínculos de Noboa con el narcotráfico fue asesinado.

Aun así, Noboa sigue siendo miembro de pleno derecho del “Escudo de las Américas” de Trump. La Coalición de las Américas contra los Cárteles, como también se conoce al Escudo, funciona como una alianza tanto militar como altamente política, y ha intervenido abiertamente para respaldar los intereses de Estados Unidos en Bolivia mientras el presidente Rodrigo Paz se enfrentaba a un paro nacional contra la austeridad.

Que un fiscal local acuse a las fuerzas estadounidenses de bombardeos extrajudiciales y tortura de civiles ecuatorianos socavaría la alianza y dañaría las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos.

Otros funcionarios públicos que han estado investigando la presunta colusión delictiva entre Estados Unidos y Ecuador también han recibido amenazas de muerte. Mónica Palacios, asambleísta para los ecuatorianos radicados en Estados Unidos, quien declaró que llevaría el caso de La Fiorella ante las Naciones Unidas, enfrentó meses de lawfare político tras destapar un escándalo de corrupción presuntamente cometida por una empresa estadounidense y el Estado ecuatoriano. El pasado viernes, Palacios denunció haber recibido amenazas de muerte contra ella y su hijo de un año, junto con imágenes del exterior de su vivienda en Nueva York. La legisladora responsabilizó directamente al presidente Daniel Noboa y sostuvo que las amenazas fueron una represalia por su investigación sobre el peculado.

“Existe una persecución directa contra jueces y fiscales que, en el marco de sus funciones, toman decisiones que no se alinean totalmente con lo que quiere el Poder Ejecutivo y terminan siendo sancionados”, dijo Bastías, el abogado de derechos humanos. “Por otro lado, también existe el riesgo que viene del contexto de criminalidad”. De todos modos, afirmó, la muerte de Bravo “tiene mucho que ver con lo que hace o no hace el Estado, porque hasta ahora no ha habido mecanismos de seguridad efectivos para los funcionarios del sistema judicial. Eso genera una responsabilidad automática del Estado. Eso es indiscutible.”

Diego Vintimilla Jarrín, exdiputado de la Asamblea Nacional de Ecuador y actual portavoz del Partido Comunista de Ecuador, se expresó de manera similar a Drop Site: “El gobierno de Noboa es la agenda más anti soberana que hemos tenido desde el inicio de la democracia. No tengo pruebas de quién asesinó a la fiscal, pero el hecho de que ella estuviera investigando ciertos elementos y que estos luego dejaran de parecer importantes también dice mucho sobre los problemas subyacentes”.

Surgen nuevas pruebas que implican a EE. UU.

The Negra Francisca

Estados Unidos sostiene que nunca interactuó con ninguna de las tres embarcaciones. Un portavoz de la Guardia Costera de EE. UU. declaró a The Guardian que la única participación de la agencia en los hechos fue el despliegue del USCGC Bertholf en una misión de búsqueda y rescate tras recibir una alerta MAYDAY de que la Negra Francisca estaba en llamas, y que finalmente no encontró nada.

Sin embargo, los datos de rastreo de los movimientos del Bertholf, proporcionados en exclusiva a Drop Site por McCluskey, sitúan al buque cerca de la Negra Francisca en el momento del bombardeo antes de que este apagara su señal —sólo para reaparecer frente a la costa de Costa Rica en las mismas fechas en que la tripulación de la Negra Francisca fue llevada a aguas centroamericanas y transferida al Comando Naval de El Salvador, con extremidades destrozadas y quemaduras graves a causa del ataque. Hernán Flores, capitán de la Negra Francisca, le dijo a Drop Site que los oficiales salvadoreños le informaron específicamente que “personal estadounidense había llamado para coordinar el traspaso”.

La Guardia Costera Estadounidense negó haber coordinado el traspaso. “La Guardia Costera no desempeñó ningún papel en el traslado de los pescadores de La Negra Francisca Duarte II”, afirmó un portavoz.

El USCGC Bertholf partió de la base militar de Galápagos a las 4 p. m. del 16 de marzo y dejó de transmitir su ubicación poco después. Un día más tarde, La Negra Francisca fue bombardeada a 170 millas de distancia —una distancia que normalmente se recorre en barco en entre 3 a 10 horas. Drop Site solicitó a la Guardia Costera de EE. UU. que diera cuenta de la actividad del buque patrullero después de que su señal se interrumpiera. La Guardia Costera respondió que “no divulga los movimientos de los buques patrulleros durante las misiones de aplicación de la ley por razones de seguridad operativa”.

A la 1:02 p. m. del 17 de marzo, el sistema FIRMS de la NASA registró una anomalía térmica compatible con un incendio provocado por explosivos, lo cual corrobora la hora y el lugar en que los pescadores de la Negra Francisca le dijeron a Drop Site que su barco fue incendiado por ataques de múltiples drones. La tripulación afirma que luego fueron capturados a punta de arma por hombres de cabello rubio que hablaban inglés y vestían uniformes de faena de color caqui con parches de la bandera estadounidense cosidos en las mangas; sus descripciones coinciden con los uniformes que aparecen en los comunicados de prensa del Comando Sur de EE. UU. A bordo del buque patrullero con bandera estadounidense, los hombres armados presuntamente los mantuvieron como rehenes, hundieron su barco ya bombardeado, les colocaron capuchas en la cabeza, golpearon a algunos de los pescadores y les negaron comida durante ocho días mientras los transportaban a Centroamérica.

La señal del USCGC Bertholf reapareció en aguas costarricenses el 22 de marzo cerca del puerto de Golfito, a aproximadamente 450 millas náuticas de las aguas de El Salvador. Apagó su transpondedor y no lo reactivó hasta el 24 de marzo, 24 horas después de que la Guardia Costera de El Salvador anunciara públicamente que tenía bajo su custodia a los pescadores de La Negra Francisca.

Como parte de nuestra primera investigación, Drop Site se puso en contacto con 11 funcionarios del gobierno de El Salvador. Todos se negaron a hablar oficialmente, alegando una orden de silencio de su gobierno.

Existen precedentes de que el Bertholf ha participado en la transferencias de víctimas de ataques aéreos de EE. UU. a las autoridades centroamericanas alrededor del mismo período; medios costarricenses informaron que el Bertholf entregó los restos de dos fallecidos y un sobreviviente herido en el puerto de Golfito, en Costa Rica. El inspector náutico de Costa Rica, Wilber Urroz Guido, dijo que no tenía información sobre los movimientos del buque, pero que este estaba autorizado a actuar en virtud de un memorándum de entendimiento entre Estados Unidos y Costa Rica —similar a los acuerdos que Estados Unidos mantiene con Ecuador y El Salvador.

Los testimonios de testigos presenciales también ponen en duda la versión de los hechos de la Guardia Costera de EE. UU. Un video compartido en exclusiva con Drop Site por Darwin Pico-Flores, testigo presencial del ataque y sobrino del capitán de la Negra Francisca, muestra a una lancha patrullera de la Guardia Costera de EE. UU. patrullando las aguas donde ocurrió el bombardeo.

Darwin dijo que el 17 de marzo estaba pescando en las cercanías, a bordo de su barco, el Solavil, cuando vio humo elevándose en la distancia alrededor de las 2 p. m. Mientras intentaba repetidamente comunicarse por radio con la tripulación de La Negra Francisca, vio una aeronave estadounidense sobrevolando la zona en círculos. No fue sino hasta horas más tarde que se enteró por una señal de radio de que La Negra Francisca estaba en llamas y se apresuró a dirigirse al lugar, donde encontró el barco consumido por el fuego y sin rastros de sobrevivientes.

Recuperó dos botes de emergencia carbonizados, tomó fotos como evidencia del incendio y luego llamó al Puerto de Manta para pedir ayuda. Nadie acudió.

Darwin decidió emprender el regreso al puerto para buscar ayuda de emergencia y, justo cuando se alejaba del lugar del incendio, unas luces rojas y verdes se posaron sobre la Negra Francisca. Temiendo por su seguridad, alejó su embarcación del lugar.

A la tarde siguiente, Darwin le contó a Drop Site que su barco fue abordado por la Guardia Costera de EE. UU., la cual detuvo e interrogó a la tripulación durante casi 12 horas a través de un traductor de español con acento puertorriqueño. Dijo que el personal de la Guardia Costera confirmó que las luces rojas y verdes eran de su patrulla y reconoció haber llegado al lugar donde se encontraba la Negra Francisca la noche anterior, pero se negó a dar más detalles sobre lo que habían encontrado. En cambio, interrogaron a los pescadores sobre si habían visto algo y por qué Darwin había rescatado las lanchas.

Después de decirles a los oficiales de la Guardia Costera que la Negra Francisca era el barco de su tío, Darwin dice que de repente dejaron de interrogarlo y comenzaron a comunicarse por radio en inglés con sus colegas a bordo del guardacostas cercano que se ve en el video. “Como éramos los únicos que lo habíamos visto todo, temíamos que nos hicieran algo”, dijo Darwin. Sintió que la Guardia Costera de EE. UU. mostró poco interés en ayudarlo a localizar a su familia y, en cambio, parecía más enfocada en “asegurarse de que no fuéramos testigos de nada”.

McCluskey afirma que la táctica de múltiples drones —descrita por las tres embarcaciones— refleja una doctrina estadounidense. Argumenta que es poco probable que otras potencias regionales, desde países vecinos hasta grupos del crimen organizado, cuenten con el presupuesto o el acceso a dicha tecnología. No se conoce ningún precedente de que los cárteles utilicen drones de vigilancia tipo “ojo en el cielo” en la alta mar, aunque la Guardia Costera también ha negado operar drones armados en aguas ecuatorianas.

Además, la decisión de mantener con vida a los sobrevivientes —a pesar de que esto implicara testimonios de tortura— y los esfuerzos y gastos para transportarlos, refleja mucho más un protocolo del Departamento de Defensa —diseñado para evitar ramificaciones legales internacionales— que lo que cualquier grupo del crimen organizado se molestaría en practicar. “Si hubieran sido los cárteles, nunca los hubieras encontrado”, dijo McCluskey. “No habría sobrevivientes con quienes hablar, no habría historias.”

The Fiorella

La Fiorella fue atacada frente a la costa de las Galápagos el 20 de enero; los ocho pescadores a bordo siguen desaparecidos. El día antes de que el barco desapareciera, la esposa del capitán recibió una llamada de su esposo a través de una línea de emergencia, en la que le advertía que había aeronaves estadounidenses sobrevolando la zona.

Drop Site obtuvo las transcripciones de las entrevistas policiales a dos testigos presenciales, Christian Flores y Dimas Ignacio Álvarez, quienes confirmaron haber visto La Fiorella envuelta en humo y rodeada por unidades estadounidenses. Los dos hombres formaban parte de la tripulación de La Fiorella, pero llevaban varias horas fuera del barco colocando un palangre en una balsa cercana cuando la embarcación se incendió.

En sus declaraciones a la policía, Flores y Álvarez describieron dos aeronaves estadounidenses sobrevolando La Fiorella el 18 de enero; múltiples drones grises estadounidenses y un barco patrullero con bandera de EE. UU. rodeando la embarcación el 19 y el 20 de enero —el día en que desaparecieron sus compañeros de tripulación—, el gran buque patrullero de bandera estadounidense cerca del humo. Desde la distancia, no pudieron distinguir al personal a bordo del buque, pero sus relatos coinciden con los de la tripulación de la Negra Francisca, quienes afirmaron que fueron tomados como rehenes por estadounidenses armados a bordo de un buque patrullero de bandera estadounidense. Las descripciones de los testigos también coinciden con las aeronaves y el equipo que aparecen en publicaciones del Comando Sur de EE. UU.

Transcripciones de las entrevistas policiales con los testigos presenciales, obtenidas en exclusiva por Drop Site News.

Tras avistar el humo, los dos pescadores dijeron que escucharon a sus compañeros de tripulación llamando al capitán por radio en señal de socorro. Nunca más se los volvió a ver.

El abogado que representa a los dos sobrevivientes de la “Fiorella”, Juan Ávila, le dijo a Drop Site que la fiscal asesinada, Alexandra Bravo, era su sobrina.

La Guardia Costera le dijo a Drop Site que “no tiene registro de haber estado involucrada con La Fiorella”.

En la nación más violenta del Occidente, Bravo no es una excepción

La ausencia de una escolta policial asignada cuando Bravo fue asesinada presenta similitudes con el asesinato del candidato presidencial favorito Fernando Villavicencio en 2023. Una comisión del Congreso determinó que la escolta policial de Villavicencio era insuficiente, que había sido escoltado de manera poco convencional a través de una salida expuesta a nivel de la calle, contrariamente al protocolo estándar, y que el vehículo blindado designado para proteger a Villavicencio durante la campaña electoral había sido dejado por su equipo de seguridad en Guayaquil ese mismo día. Estas fallas lo hicieron particularmente vulnerable cuando los agresores se le acercaron y le dispararon en la acera mientras salía de una reunión con otros funcionarios del gobierno.

La muerte de Villavicencio preparó el camino para que la campaña del ahora presidente Daniel Noboa —que en las encuestas tenía un 3 %— se disparara hacia la victoria. En una entrevista con Señal Colombia, la diputada de la Asamblea Nacional y miembro del partido de Villavicencio, Gisella Molina, quien estaba con él y resultó herida durante el asesinato, sugirió que los funcionarios del gobierno tenían conocimiento previo del complot.

Durante la investigación del asesinato de 2024, Drop Site publicó mensajes privados de la entonces fiscal general Diana Salazar que revelaron un complot para implicar al partido del expresidente socialista democrático Correa en el asesinato de Villavicencio, en el marco de una estrecha colaboración con el embajador de Estados Unidos.

Posteriormente, el Estado concluyó que el cártel de Los Lobos había cometido el asesinato de Villavicencio y alegó que los exmiembros del partido de Correa eran los autores intelectuales. Los fiscales afirman que Los Lobos mataron a Villavicencio por desenmascarar su red criminal. Mientras Villavicencio hacía campaña en pro de erradicar la narco economía, Ecuador bajo el mandato de Noboa —acusado de ofrecer inmunidad a los jefes del crimen organizado a cambio de apoyo electoral— se ha convertido en el principal centro de distribución del 70 % de la cocaína del mundo.

Inmediatamente después de la muerte de Bravo, la Fiscalía General emitió un comunicado público en el que atribuía su asesinato a una represalia contra los fiscales que combaten el crimen organizado. Al ser consultada por Drop Site sobre la decisión de atribuir el asesinato al crimen organizado y sobre los avances en la investigación del equipo policial encargado de la protección de Bravo, la Fiscalía General del Estado respondió que el caso se encuentra bajo reserva y declinó hacer comentarios.

Aunque la Fiscalía General aún no ha presentado pruebas que respalden su afirmación, Bravo se lamentó ante Human Rights Watch de que “el peligro siempre estaba presente” en su trabajo. “Dijo que ser fiscal en un contexto de crimen organizado era complejo y arriesgado, pero no dio más detalles”, explicó la investigadora de Human Rights Watch a Drop Site. Manta se encuentra en el epicentro de la crisis del crimen organizado en Ecuador, a medida que este pequeño país sudamericano se convierte en la nación más violenta del hemisferio occidental.

Bravo también estaba a cargo de investigar la desaparición sin resolver, en 2024, del barco Patricia Lynn y sus 21 tripulantes.

Bravo es la segunda persona relacionada con el caso de Patricia Lynn que ha sido asesinada. La primera fue la suegra de uno de los pescadores desaparecidos, quien se convirtió en la portavoz de las familias de las víctimas y organizó marchas exigiendo respuestas sobre el paradero de sus familiares desaparecidos. María Chóez fue asesinada a tiros por dos agresores armados mientras atendía su puesto de mariscos en el centro de Manta.

La investigadora afirma que el hundimiento del barco Patricia Lynn en aguas ecuatorianas “sirvió de precedente en todos estos asuntos relacionados con embarcaciones”.

“Si Ecuador contara con un marco de confianza en sus instituciones, uno podría pensar que [el asesinato de Bravo] fue un crimen comun”, dijo Vintimilla Jarrín, exlegisladora. “Pero dada la violencia sistemática contra jueces, fiscales y abogados, no hay mucho margen para darles el beneficio de la duda. Veintiséis miembros del sistema judicial asesinados es una cifra impactante. Y, por supuesto, toda esta crisis ha sido impulsada por una agenda dirigida directamente por las autoridades gubernamentales; quienes se benefician del crimen organizado son los grandes grupos de poder”.

 (Camila Lourdes Galarza , Drop Site News, 23/07/26)  

Una empresa off shore de Noboa es la principal accionista de la exportadora de banano vinculada al narcotráfico

 "Agencia Pública, un medio independiente de investigación periodística de Brasil, difundió un reportaje donde se evidencia que Daniel Noboa, presidente y candidato a la reelección, y uno de sus hermanos, Juan Sebastián Noboa, aparecen como copropietarios de Lanfranco Holdings S.A., una empresa offshore con sede en Panamá, un paraíso fiscal, según los datos publicados hasta 2021, por los Pandora Papers. Esta empresa es a la vez la principal accionista de Noboa Trading una empresa exportadora de banano encontrada traficando cocaína a Europa en contenedores de bananos en tres ocasiones: en 2020, 2022 y 2024, esta última cuando Noboa era ya presidente. En total se han incautado casi 600 kilos de cocaína en contenedores de Noboa Trading.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador y candidato a la reelección, es dueño de la empresa que es socia mayoritaria de una exportadora involucrada en una denuncia de tráfico de cocaína hacia Europa, según documentos. La droga estaba escondida en contenedores de bananos y fue objeto de tres interceptaciones por parte de la Policía nacional ecuatoriana.

De acuerdo con documentos filtrados por los Pandora Papers, una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), Noboa y uno de sus hermanos, Juan Sebastián Noboa, aparecen como socios-propietarios de Lanfranco Holdings S.A., una empresa offshore con sede en Panamá, un paraíso fiscal.

A su vez, Lanfranco es la accionista mayoritaria, con el 51% de las acciones, de Noboa Trading Co., empresa atrapada al menos tres veces por traficar cocaína hacia Europa.

La conexión entre estas empresas revelada ahora por la Agencia Pública coloca a Noboa, quien busca su reelección, en una segunda vuelta a realizarse el 13 de abril, en el centro de la denuncia de tráfico de drogas, revelada inicialmente por la revista Raya.

“Exportó plátanos mezclados con drogas”, acusó su adversaria política

Durante el debate presidencial del 23 de marzo en Quito, Noboa fue cuestionado por su adversaria en la segunda vuelta, Luisa González, sobre una acusación de que la empresa Noboa Trading, controlada por su familia, “exportó plátanos mezclados con drogas”. El presidente de Noboa Trading, hasta diciembre de 2024, era Roberto Ponce Noboa, tío de Daniel Noboa.

El presidente no negó la acusación, pero intentó eximirse de cualquier responsabilidad en el delito. “No, no soy el dueño, pero sí están miembros de mi familia en esa empresa. Noboa Trading ha cooperado con cada uno de los casos y se ha aclarado eso ante la Fiscalía. Eso de ahí desliga a cualquier funcionario de Noboa Trading de cualquier acto ilícito, pero sigues con esa insistencia”, respondió Noboa en el debate. Sin embargo, los documentos revelan que no es exactamente así.

Las presuntas irregularidades relacionadas con el mandato de Noboa han sido objeto de controversia desde su elección en 2023. Noboa fue elegido sin declarar que es socio de una empresa, en este caso Lanfranco, en un paraíso fiscal, lo que está prohibido por ley en el Ecuador. Ahora, los datos muestran que Lanfranco es socia mayoritaria de Noboa Trading, offshore con sede en Panamá.

Según la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de Ecuador, Lanfranco posee el 51% de las acciones de Noboa Trading. Y según documentos filtrados por Pandora Papers, Noboa y su hermano, Juan, serían los verdaderos dueños de Lanfranco.

«Confirmamos que los beneficiarios finales de la sociedad arriba mencionada son mis hijos Daniel Roy Gilchristi Noboa Azin y Juan Sebastián Maximilian Noboa Azin, ya que estoy dejando la sociedad para ellos, sin que ellos tengan conocimiento expreso de esto en el momento», dice uno de los documentos fechado el 10 de junio de 2015, dirigido por Álvaro Noboa Pontón al bufete de abogados Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), con sede en Panamá.

Este vínculo entre Noboa y uno de sus hermanos con Lanfranco Holdings S.A. fue revelado en exclusividad en el diario Folha de S.Paulo, a vísperas de las elecciones de 2023.

En otra serie de documentos de Pandora Papers a los que la Agencia Pública tuvo acceso para esta investigación, aparece una copia de los pasaportes de Daniel Noboa y sus dos hermanos, cartas bancarias certificando su vínculo con la institución financiera y un documento firmado por ellos certificando a la empresa ALCOGAL como su representante legal.

La Agencia Pública solicitó una entrevista con el presidente ecuatoriano, tanto a los asesores de la Secretaría de Comunicación como a la secretaría de la administración pública, Cynthia Gellibert. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje, no obtuvimos respuesta.

Los documentos de Pandora Papers son de 2015. No hay registros en la base de datos recogida en 2021 por el ICIJ que indiquen que el presidente dejó de ser propietario de Lanfranco antes de asumir la presidencia del país. Por lo tanto, la posesión de una empresa en paraíso fiscal sería ilegal según la ley ecuatoriana, lo que podría poner en cuestión la legalidad de su mandato presidencial.

Lanfranco también posee la mayoría de las acciones de las principales empresas que componen el conglomerado Noboa en Ecuador, según la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de Ecuador. Estas incluyen: la Compañía Agrícola Río Ventanas S.A. (Carivesa), Agrimont S.A., Honorasa S.A., Industrial Bananera Álamos S.A., Agrícola La Julia S.A., Bananera Las Mercedes S.A., Manufacturas de Cartón, Compañía Agrícola Angela María S.A. y Compañía Agrícola Loma Larga Sociedad Anónima.

Juntas, estas empresas generan ingresos de por lo menos 450 millones de dólares, un valor que integraría el patrimonio del actual presidente y su hermano, pero que no fueron declarados cuando él se postuló a la presidencia, ya que es ilegal mantener empresas en paraísos fiscales.

En Ecuador, según el Servicio de Rentas Internas, responsable por la recaudación de impuestos, la mitad del capital de los principales contribuyentes proviene de otros países. De este total, el 70% se transfiere a través de operaciones realizadas en paraísos fiscales. El imperio bananero construido por el padre del presidente, Álvaro Noboa, debe más de 93 millones de dólares en impuestos.

El tráfico de cocaína hacia Italia y Croacia

El escándalo que involucra a los Noboa con el narcotráfico, expuesto durante el debate presidencial, salió a la luz tras la publicación de una investigación de la Revista Raya, el 26 de marzo. La investigación del periodista Andrés Durán muestra que Noboa Trading fue atrapada en un esquema de tráfico de cocaína con destino a Croacia e Italia.

En total, según el reportaje de Durán, se incautaron casi 600 kilos de cocaína en Ecuador dentro de los contenedores de Noboa Trading. La primera incautación fue en 2020, en medio de la pandemia de covid-19. Una operación de la Policía Nacional ecuatoriana y de la Unidad de Inteligencia Aeroportuaria (UIPA) incautó alrededor de 160 kilos de cocaína ocultos en costales de banana que tenían como destino final Croacia.

En 2022, el esquema fue más sofisticado: aproximadamente 320 kilos de la droga fueron encontrados en el sistema de refrigeración del contenedor, una operación que implicó la inserción de la droga en el sistema de refrigeración diseñado para evitar que los bananos se descompongan durante el transporte. Según el reportaje de la Revista Raya, el supervisor de la carga de las exportaciones de Noboa Trading era José Luis Rivera Baquerizo.

Según el reportaje, el empleado fue arrestado y luego liberado tras la intervención del abogado Edgar Lama Von Buchwald, quien en ese momento era asesor de Noboa, entonces asambleísta. Desde entonces, la relación entre Von Buchwald y Noboa se fortaleció. El entonces asesor y abogado es el actual ministro de Salud en el gobierno de Noboa.

En 2024, ya durante la presidencia de Noboa, la Policía Nacional interceptó nuevamente un cargamento de droga en los contenedores de Noboa Trading. Esta vez, se incautaron aproximadamente 76 kilos de cocaína escondidos en el techo del contenedor que sería enviado a Europa.

Otro punto importante: el conglomerado Noboa controla la cadena de producción, no utiliza agentes tercerizados. La familia Noboa es dueña de las fincas productoras, controla la producción y cosecha de los plátanos, el transporte —cada vehículo está monitoreado por GPS— hasta la entrega a las autoridades portuarias. Incluso las cajas de cartón para el transporte de los plátanos pertenecen a la familia presidencial. Y parte de los puertos del país, que son privatizados, también son controlados por los Noboa.

Fernando Carrión, especialista en seguridad y narcotráfico, cree, sin embargo, que los narcotraficantes habrían contaminado las exportaciones de la familia Noboa. “Por la práctica del narcotráfico de contaminar las exportaciones, sería difícil decir que la familia del presidente esté vinculada directamente con el tráfico de drogas. La contaminación puede ocurrir en cualquier etapa”, afirma.

Tráfico de drogas y bananos

El tráfico de drogas en contenedores de plátanos de Ecuador no es una novedad. Más de la mitad de toda la cocaína incautada en Europa se encuentra en contenedores de esta fruta. Según un informe de la Comisión Europea, el 57% de los contenedores de plátanos exportados desde Ecuador hacia Europa llegan contaminados con cocaína. Y más de la mitad de la cocaína incautada en Ecuador también se transporta en cargamentos de plátanos.

Una respuesta obvia sería un mayor rigor en la fiscalización, pero según el analista político Franklin Ramírez, profesor de sociología en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Quito, desde la presidencia de Guillermo Lasso, antecesor de Noboa, ha existido una estructura de connivencia, ahora heredada por el actual gobierno, entre el crimen organizado y el Estado ecuatoriano. «No hay voluntad ni del Ejecutivo, ni de la Fiscalía de activar el dispositivo institucional para investigar la triangulación entre el crimen organizado, el lavado de dinero y las instituciones financieras tanto de Ecuador como de paraísos fiscales», afirma Ramírez. “Es evidente que el lavado de dinero está vinculado con el narcotráfico”, añade.

Para Fernando Carrión, la explicación radica en el desmantelamiento del Estado ecuatoriano. “Desde 2017, con la salida del presidente Rafael Correa, prevaleció la lógica del Estado mínimo. El aparato estatal fue reducido, y el presupuesto destinado a la seguridad y al combate al narcotráfico fue drásticamente disminuido”, afirmó Carrión.

Reportajes e informes indican que Ecuador se ha convertido en un centro de distribución de drogas hacia Europa. Este nuevo protagonismo del crimen organizado ecuatoriano coincide con la firma de los acuerdos de paz en Colombia, en 2016. Con la disolución de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la presión sobre los grupos paramilitares, que también controlan el tráfico de cocaína, y el desplazamiento de las disidencias de la guerrilla a nuevas zonas de conflicto desorganizaron la ruta de tráfico establecida hasta entonces.

El país también se ha convertido en el más violento de la región. Entre 2015 y 2019, la tasa era de 5.8 homicidios por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, a partir de 2020, hubo un aumento exponencial de la violencia, con el índice casi quintuplicándose y alcanzando los 38.8 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2024, según la organización Insight Crime. En comparación con Perú, la violencia en el país vecino es más de 6 veces más que en Ecuador: en 2024, Perú registró 6.0 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Derecha latinoamericana

Noboa forma parte de los gobiernos de derecha en América Latina que mantienen, o buscan consolidar, una relación estrecha de alineación política con Donald Trump en los Estados Unidos. A pocos días de las elecciones presidenciales, CNN reveló un supuesto plan de Noboa para militarizar Ecuador con la instalación de una base militar que permitiría el libre flujo de tropas de Estados Unidos para combatir la criminalidad.

En un encuentro con Trump en Mar-a-Lago, Florida, el 29 de marzo, Noboa dijo que conversaron sobre «cooperación en seguridad».

Si se concretara el plan, no sería la primera vez que militares de Estados Unidos reciben carta blanca para operar en territorio ecuatoriano. En 1999, durante el gobierno del entonces presidente Bill Clinton, Washington instaló una base militar en la provincia de Manta, en el Pacífico ecuatoriano. Pero la misión no duró mucho tiempo. La base fue desmantelada en 2009, durante el gobierno del presidente de izquierda Rafael Correa (2007-2017), quien se oponía a la presencia militar de Estados Unidos en su territorio. La presencia de militares extranjeros era, y sigue siendo, ilegal según la nueva Constitución aprobada durante el gobierno de Correa.

El segundo turno de las elecciones presidenciales está previsto para el domingo 13 de abril. La disputa será entre Noboa, candidato a la reelección, y Luisa González, heredera política de Correa, del Movimiento Revolución Ciudadana."

( Claudia Jardim  , Rebelión, 10/04/25, Este reportaje fue realizado por la Agencia Pública)

Ecuador, un fraude electoral anunciado... Las señales de fraude son múltiples y alarmantes: alteraciones de última hora en los lugares de votación, uso arbitrario de recursos estatales con fines clientelistas, exclusión deliberada de veedurías internacionales, y la inaceptable suspensión del voto de miles de ecuatorianos en el exterior... el balotaje se desarrolló bajo un tendencioso e insólito decreto de estado de excepción, con impacto en las provincias de mayor tradición electoral popular... Noboa se cansó de repartir bonos a manos llenas: para jóvenes, emprendedores, afectados por desastres, para los policías, etcétera, por un total equivalente al 0.5 % del PIB del Ecuador... y se denunció la “siembra de actas” en distintos lugares del país y, a modo de prueba, publicó en las redes sociales seis actas electorales sin las firmas conjuntas del presidente y secretario de las juntas receptoras de voto. Todas favorecían a Noboa

 "El fraude electoral en Ecuador se planificó y estructuró desde mucho antes de celebrarse el balotaje de este 13 de abril entre la candidata Luisa González del movimiento Revolución Ciudadana y el ultraderechista Daniel Noboa de Acción Democrática Nacional.

Pese a que todas las encuestas, incluso la Corpmontpubli, avalada por el Consejo Nacional Electoral daba la victoria a González, el cómputo final declaró a Noboa como ganador por 55,65 % a favor contra 44,35 % para su contrincante, un por ciento completamente inverosímil cuando hasta el movimiento indígena Pachakuti le había ofrecido el apoyo a la candidata progresista.

Entre las anomalías que presentó González por el “fraudulento proceso” se hallan, el estado de excepción a pocas horas del inicio de la votación en siete provincias en las cuales siempre gana la Revolución Ciudadana; las restricciones del CNE con el voto desde el exterior; la reasignación de 18 registros de votación; el consentimiento del CNE de irregularidades cometidas por Noboa; validación de documentos por el ente electoral sin firmas que favorecen al ganador, entre otras más.

Sintomáticamente, todos los medios hegemónicos de comunicación y los poderosos medios digitales de la derecha internacional dieron el apoyo al presidente Noboa para tratar de ocultar las numerosas anomalías en el proceso electoral.

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) por su parte planteó que “lo que ha ocurrido en este país no es solo un caso de irregularidades administrativas: se trata de un montaje sistemático, orientado a imponer por la fuerza un proyecto autoritario cuyo ascenso al poder de Noboa carecer de legitimidad democrática.

“Las señales de fraude, agregó, son múltiples y alarmantes: alteraciones de última hora en los lugares de votación, uso arbitrario de recursos estatales con fines clientelistas, exclusión deliberada de veedurías internacionales, y la inaceptable suspensión del voto de miles de ecuatorianos en el exterior”.

Para el ALBA-TCP, el balotaje se desarrolló bajo un tendencioso e insólito decreto de estado de excepción, con impacto en las provincias de mayor tradición electoral popular. Además existió un “ambiente de amedrentamiento general a la ciudadanía y de abierto ventajismo por parte del gobierno de Daniel Noboa. Este porcentaje representa más de 10 puntos de ventaja en una elección en la cual expertos y encuestadoras vaticinaban de difícil pronóstico.”

Pero analicemos otros hechos y datos importantes. Cinco días antes del balotaje, el Ministerio de Relaciones ecuatoriano declaró que la desprestigiada y anexionista OEA había elaborado un “Programa de Seguridad Multidimensional para Ecuador”, el primero en Latinoamérica diseñado por el organismo en materia de seguridad y defensa de un país miembro.

Sobre los detalles del programa dialogaron el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, y la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, en una reunión sostenida en Washington, donde abordaron temas de cooperación regional para combatir el narcoterrorismo y el apoyo de la OEA al próximo proceso electoral en Ecuador.

Más claro ni el agua. Todo se enfilaba a que el derechista y pro-estadounidense Noboa se alzara con la victoria.

Desde hace varios meses Estados Unidos prácticamente controla la mayoría de las acciones en el país. Noboa, en su agenda neoliberal, tiene una larga sumisión a Washington al facilitarle el establecimiento de bases norteamericanas como la de las Islas Galápagos (declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad) y cuyas tropas ya pueden circular libremente por el territorio nacional.

Este hijo de multimillonario nacido en La Florida, ha firmado dos tratados de cooperación militar con Estados Unidos desde diciembre del 2023, que incluyen la presencia de submarinos, personal militar y equipamiento en las Islas Galápagos para el control marítimo del Pacífico y ahora conversa para entregar nuevamente a Washington la base de Malta que fue cerrada por el gobierno de Rafael Correa.

Aviones de inteligencia AWACS de Estados Unidos, sobrevuelan las principales ciudades del país como Guayaquil, Quito, Cuenca, Ambato para controlar cualquier movimiento sospechoso contra el régimen.

Semanas atrás Noboa contrató a la empresa militar estadounidense Blackwater, dirigida por el mercenario Eric Prince, para llevar adelante “la guerra contra la delincuencia”. La Blackwater es conocida por los crímenes cometidos contra civiles en Afganistán e Irak. 

La OEA, dirigida por Washington, está al mando de lo que ocurre en el país andino y el propio Almagro informó que el programa es una «estrategia de asistencia técnica que comprende el fortalecimiento de sistemas de inteligencia e investigación penal, el control del tráfico ilícito de armas, programas de prevención comunitaria y escolar frente a la violencia y captación de menores».

Bajo todas esas condiciones expuestas anteriormente se desarrollaron las elecciones en Ecuador. Resultaba muy difícil para Luisa González salir triunfadora ante una maquinaria de fuerzas de derechas internas y externas bien engrasada para cometer el fraude.

La doctrina Monroe, resucitada por la administración de Donald Trump, tiene sus tentáculos sobre Latinoamérica. Estas son las elecciones “democráticas” que ellos pregonan: si gana la izquierda es fraude, si lo hace la derecha, son limpias. Los pueblos de nuestra América deben aprender la funesta lección ocurrida en Ecuador."

( Hedelberto López Blanch , Rebelion, 17/04/25)

 

 “Ecuador: milagro estadístico”.

Estadísticamente hablando, la probabilidad de que un candidato obtenga un resultado casi idéntico, con una diferencia de apenas dos o tres décimas, en dos elecciones separadas es casi cero.

Este domingo el mundo asistió a un milagro sin precedentes en la historia política mundial. La segunda vuelta de la elección presidencial que se dirimía entre el “candidato-presidente” -así llamado porque Daniel Noboa, millonario y prepotente violó la norma que impide a un presidente ecuatoriano seguir en funciones si se postula para la reelección- y Luisa González arrojó un resultado asombroso: la candidata de Revolución Ciudadana obtuvo el 44.35 % de los votos, una cifra casi idéntica a la que obtuviera en la primera vuelta: 44.0 por ciento. Noboa, por su parte, se alzó con 55.65 % de los votos cuando en la primera vuelta había terminado con 44.17 % y fue reelecto como presidente.

La tasa de participación estuvo en línea con las habituales en ese país: 83,70 % del censo electoral. Contrariando toda la experiencia internacional en el balotaje González apenas incrementó el porcentaje de su votación en 0.35 % mientras que su rival lo hizo en poco más de once puntos porcentuales. ¿Cómo se explica tamaña discrepancia?

Digamos para empezar que el Consejo Nacional Electoral, que el presidente maneja a su antojo, cambió los lugares de votación pocos días antes del proceso electoral. Además el gobierno decretó el estado de excepción recortando fuertemente la libertad de tránsito y reunión, y los últimos diez días de la campaña Noboa se cansó de repartir bonos a manos llenas: para jóvenes, emprendedores, afectados por desastres, para los policías, etcétera, por un total equivalente al 0.5 % del PIB del Ecuador.

Además, durante toda la campaña se verificó una inédita presencia de las fuerzas armadas, se cambió el comando que debía proteger a González mientras llegaba al país Erik Prince, fundador y líder del tenebroso grupo paramilitar Blackwater invitado a “colaborar” en el combate al narcotráfico y para erradicar la violencia en ese país. En otras palabras, las condiciones mínimas de previsibilidad, libertad y tranquilidad social brillaron por su ausencia el pasado domingo en Ecuador. Andrés Arauz, Secretario General de Revolución Ciudadana, al igual que Luisa González, denunció la “siembra de actas” en distintos lugares del país y, a modo de prueba, publicó en las redes sociales seis actas electorales sin las firmas conjuntas del presidente y secretario de las juntas receptoras de voto. Todas favorecían a Noboa.

Pero lo que sorprende y suscita múltiples interrogantes es el hecho de que Luisa González haya logrado un número prácticamente idéntico, salvo por un par de decimales, al que había alcanzado en la primera vuelta. ¿Es razonable que tal cosa ocurra en un balotaje? La respuesta es un rotundo no. Si analizamos la experiencia latinoamericana en la materia veremos como invariablemente, los dos contendientes en cualquier balotaje aumentan su caudal electoral. En Argentina, la segunda vuelta de la elección presidencial del 2023 muestra que Javier Milei, que en la primera había obtenido un 29.9 % de los votos saltó hasta un 55.6 % en el balotaje, mientras que Sergio Massa pasó del 36.6 al 44.3 %. En Chile, en 2021, Gabriel Boric que en la primera vuelta había sido derrotado por José A. Kast (27.9 contra 25.8 % de los votos) logra “dar vuelta” ese resultado y triunfa en el balotaje con 55.9 contra 44.1 % de Kast. Al igual que en el caso argentino, ambos competidores mejoraron su gravitación electoral. Lo mismo ocurrió en las presidenciales colombianas del 2022: Gustavo Petro se impuso en la primera vuelta con 40.3 % de los votos, mientras que el ultraderechista Rodolfo Hernández terminaba lejos, con 28.1 %. Pero en el balotaje Petro sube hasta llegar al 50.4 y su rival crece casi veinte puntos hasta llegar al 47.3 %. En Uruguay, 2024 el frenteamplista Yamandú Orsi se impone en la primera vuelta con 43.8 %, contra 26.8 de Álvaro Delgado, del Partido Nacional, pero en el balotaje éste suma veinte puntos porcentuales más y llega al 48 %, insuficientes para derrotar a Orsi que se empinó hasta el 52 %. Y quedándonos en Ecuador, en la elección de agosto del 2023 Luisa González obtiene la primera mayoría relativa con 33.6 % contra 23.4 % de Daniel Noboa. En el balotaje Noboa suma casi treinta puntos más y finaliza ganador con 51.8 % prevaleciendo sobre Luisa, que crece pero no lo suficiente para ganar y llega al 48.1 %. Repito: en los balotajes los dos finalistas aumentan su caudal electoral.

No obstante, ahora nos encontramos ante una más que sospechosa anomalía porque la candidata de Revolución Ciudadana que había obtenido el 44.0 por ciento de los votos en la primera vuelta (contra 44.1 de Noboa) en el balotaje repite casi milimétricamente el resultado al obtener 44.3 % mientras que el ilegal “candidato-presidente” crece hasta llegar al 55.6 %. Estadísticamente hablando, la probabilidad de que un candidato obtenga un resultado casi idéntico, con una diferencia de apenas dos o tres décimas, en dos elecciones separadas es casi cero. No digo que sea imposible, sí que es harto improbable, teniendo en cuenta que después de cerrada la primera vuelta se selló una alianza con el movimiento indígena Pachakutik que había obtenido poco más del 5 % de los votos y que once encuestas de distintas consultoras todas daban como ganadora a González por una diferencia de entre 3 y 4 por ciento de los votos. Se impone revisar un conteo voto a voto, porque ese fatídico 44 por ciento puede ser más el resultado de una ecuación matemática que la expresión de la ciudadanía ecuatoriana.

Porque, pensémoslo bien: ¿cuál es la probabilidad de que millones de personas actuando con total independencia unas de otras y en un contexto muy distinto al anterior -amenaza de muerte a Luisa González, nuevas alianzas, votos de los indecisos, etcétera- repitan casi exactamente un mismo porcentaje, con un margen de diferencia de un par de décimas del uno por ciento, Sin ser un matemático pero habiendo tomado varios cursos de estadística, me arriesgo a decir que ese número parece más bien surgido de una ecuación matemática incorporada en el sistema de conteo de votos que de un genuino recuento de la voluntad popular. Las encuestas no son infalibles, pero tampoco suelen fallar con márgenes tan amplios como los que surgen de este rarísimo resultado electoral. Se impone un recuento, uno a uno, de los votos. En caso contrario, la sospecha de que Noboa se robó la elección pesará sobre su presidencia hasta el último día de su mandato."

( Atilio A. Boron, Página12, 16/04/25)

Ecuador: Noboa y las lógicas del narcoestado... La institucionalización del narcoestado, como una profudización de las lógicas del libre mercado, es la responsable principal de la precarización material y simbólica de la mayoría de la población, y de la inseguridad y estado de violencia

 "Daniel Noboa, oligarca bananero y presidente del Ecuador, pasó casi 10 meses en campaña y ahora ocupa dos cargos simultáneos: es candidato a la vez que presidente. Ahora se cumplen 10 meses de una profundización abismal de las lógicas del narcoestado, mientras la violencia explosiva que impera se maquilla con TikToks.

El gobierno de Noboa se ha caracterizado por la sociedad del espectáculo, el Estado policial, la militarización del territorio, y la crisis humanitaria en las cárceles con una frontal deshumanización de la población carcelaria.

Ecuador es el país más violento de toda América Latina: los asesinatos aumentaron en un 600% desde 2019. La institucionalización del narcoestado, como una profudización de las lógicas del libre mercado, es la responsable principal de la precarización material y simbólica de la mayoría de la población, y de la inseguridad y estado de violencia.

No hay que olvidar que EEUU. sostiene intereses en recursos estratégicos en Ecuador, que incluyen la protección de sus rutas de abastecimiento de cocaína -siendo el país que más consume a nivel mundial-, a la par de tratar de aferrarse a su “patio trasero” en su inminente colapso como poder hegemónico global.

La declaración del Conflicto Armado Interno (CAI) el pasado 9 de enero, le dio al gobierno de Noboa un paraguas institucional, tanto como respaldo de la opinión pública para ejecutar tres acciones fundamentales para la transformación de las funciones de los aparatos represivos del Estado.

 Primero se logró justificar una militarización del espacio público a nivel nacional, con especial énfasis en sectores periurbanos pauperizados y zonas rurales. En segundo lugar, la estrategia de vigilancia y control de la Policía Nacional ha mutado de la relativa pasividad a la agresión directa como mecanismo de coerción, ejemplo de esto son las cuadrillas que rodean a “sospechosos” en los espacios públicos de las urbes, quienes neutralizan y hostigan a la gente con mayor agresividad, organización e impunidad.

Y en tercer lugar, la militarización de las cárceles y centros de privación de libertad del país, con carta blanca para cualquier tipo de abuso.

Bases militares de EEUU

En plena campaña electoral para su reelección, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa pidió a la Asamblea Nacional que realice una reforma parcial a la Constitución para modificar el artículo 5 que, desde 2008, impide la instalación de bases militares extranjeras, como la que ocupó Estados Unidos en Manta, Manabí, por una década.

En 2008, con la llegada al poder de Rafael Correa, el país decidió en referendo no renovar el acuerdo con Estados Unidos, basándose en la política de no permitir bases extranjeras en el territorio ecuatoriano, lo que quedó plasmado en la Constitución de 2008. La base fue devuelta al control total de Ecuador en 2009. Dieciséis años después, el derechista Daniel Noboa  propuso levantar esta restricción con la excusa de una escalada del narcotráfico y el crimen transnacional.

El artículo 5 de la Constitución ecuatoriana establece: “Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”.

Una reforma parcial, según la misma Constitución se debe hacer vía referéndum. Sólo las enmiendas constitucionales se hacen vía Asamblea Nacional.El proyecto de Noboa debe todavía recorrer un largo camino. La Corte Constitucional tiene que valorar la propuesta y, de considerarla apta, pasará a la Asamblea, que decidirá si se aprueba o no. De darle luz verde, la reforma se presentará en referendo.

Andrés Aráuz, excandidato presidencial del progresismo, afirmó que la base que quiere EEUU no es en Manta, es en San Cristóbal, Galápagos. Ahora necesitan desplegar todo tipo de armas de guerra: aviones, buques y submarinos nucleares. (…). Necesitan esa base para la Tercera Guerra Mundial contra China, como parte de su estrategia del control del Pacífico. EEUU ya tuvo su base militar en Baltra, Galápagos durante la Segunda Guerra Mundial, precisamente por las mismas razones”.

Añadió que no se trata de  combatir el narcotráfico ni para a luchar contra el crimen organizado. “Todos sabemos que si EEUU quisiera combatir al narco lo hiciera por el lado de la reducción del consumo, resolviendo la complicidad interna con los narcobanqueros, regulando a los fabricantes de armas y enfrentando la corrupción de los puertos y aduanas estadounidenses (¿o por dónde creen que entra la droga”, aseveró.

Energía

Asimismo, la crisis autoinducida en el sector energético se gestiona, no con inversión y mantenimiento, sino con el alquiler de una barcaza inoperante que costará 114 millones por 18 meses, y con apagones intencionales para justificar la privatización.

Una y otra vez Noboa repite, «Tenía que ordenar la casa antes de poderles dar beneficios a ustedes, los jóvenes. Ya salvamos a un país de una quiebra, con un conflicto armado interno». Por su parte el ministro de Finanzas dice que ¨estamos en franca recuperación¨.

 ¿Qué significa eso de ordenar la casa?. En su diccionario, para ello solo hay que acudir a la receta del Fondo Monetario Internacional y leer lo que dice debe hacer el gobierno y luego ver lo que ha hecho Noboa: incrementar el IVA al 15%, subir el precio de las gasolinas extra y Ecopaís, invertir lo mínimo en el Plan Anual de Inversiones, promover las alianzas público-privadas para la concesión (privatización) de las empresas del Estado, profundizar el extractivismo, favorecer a la empresa privada.

Noboa inició su gestión con una Población Económicamente Activa de 8.613.358 personas, el 35,9% de empleo adecuado, 21,2% de subempleo y 3,4% de desempleo. para el mes de julio la PEA es de 8.423.105 personas, lo que significa una disminución de 190.253 personas. ¿Tuvieron que migrar a otros países?

El empleo adecuado en diciembre fue el 35,9% y ahora en julio es el 34,9%, es decir se pierden los empleos adecuados. En el caso del desempleo crece del 3,4% al 3,7%.  Noboa insiste en que se ha creado empleo, pero el Instututo Nacional de Estadísticas y Censos y la realidad dicen que eso no es verdad.

De enero a mayo de 2024, el Ministerio de Trabajo registra, en su portal informativo, 392. 945 actas de finiquito, de las cuales 17. 922 corresponden a despidos intempestivos. Es un promedio de 117 personas con despido intempestivos diariamente, es decir, sin una razón que justifique su separación de las empresas o instituciones.

Nefasto

Noboa demuestra una capacidad nefasta e intencional de gobernar en lo social y estratégico, mientras impone una franca lógica de privatización de lo público por medio de la desfinanciación crónica. Su “república bananera” nació como proyecto de sumisión y emprendimiento privado de la familia más rica del país, a costa del bienestar y la vida de la clase trabajadora. Hoy en Ecuador, el Estado funciona como una junta de asuntos y negocios internos de la burguesía.

Pero Noboa y su equipo activaron su maquinaría propagandística con las corporaciones de comunicación hegemónica para implantar la lógica neoliberal del endiosamiento al empresariado, a costa de la imposición de una progresiva flexibilización laboral, con respecto a salarios, jornadas y beneficios de ley.

Para destacar: la empresa privada no ha generado empleo desde la asunción de Noboa, a agravando la crisis migratoria relacionada a la precarización absoluta que atraviesa el país. En lo que va del año, el gobierno ha provocado la migración forzada de más de 200.000 personas, la migratoria más masiva en seis años.

La cárceles

Otro elemento destacado de estos diez meses de gestión, son las cárceles, situación que se ha precipitado hacia un abismo de infinitas infamias y violaciones francas de derechos humanos, de la que son corresponsables el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

El hacendado Noboa tiene miles de capataces a sueldo, para ejercer violencia extrema en contra de las personas privadas de su libertad, quienes por su parte enfrentan una deshumanización absoluta sustentada desde el mismo gobierno central, pero también celebrada por una enorme porción de la sociedad civil. Las vejaciones van desde golpizas sistemáticas, reducción drástica de porciones de alimentos y prohibición de visitas, hasta abuso sexual, tortura,  desaparición forzada y asesinato.

En estos meses se han precarizado las condiciones materiales y simbólicas de vida. Entre el racismo institucionalizado, la deshumanización de los presos, y la persecución y criminalización de la organización y los sectores populares, el Estado policial sigue cobrando vidas en los sectores populares. La generación del consenso ha sido exitoso en el país, no solo logró justificar esta transición hacia un estado de control estatal más elevado, sino que distorsionó en la opinión pública el concepto de crimen organizado.

 Durante la debacle del gobierno de la banca durante el periodo de su antecesor Guillermo Lasso, con los casos Gran Padrino y León de Troya, la opinión pública logró conectar momentáneamente a la burguesía con la maquinaria de la economía ilícita. La crisis institucional que sufrió el Estado ecuatoriano durante la develación de los vínculos entre el crimen organizado y la fracción de la burguesía del banquero presidente, logró diluir -pero no extinguir- el montaje discursivo que tanto Lenin Moreno como Guillermo Lasso instauraron respecto a los vínculos de la Organización Popular -la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) específicamente-, y el crimen organizado, que logró deslegitimar el estallido social de 2019 y el levantamiento de 2022, para buena porción de la sociedad.

Sin embargo, para cuando se declaró la muerte cruzada (destitución del presidente y disolución de la Asamblea Nacional) y se llamó a elecciones anticipadas, la maquinaria propagandística de la derecha logró Daniel Noboa, representante de la burguesía agroexportadora, con vínculos comprobables de tráfico de cocaína, llegara a la presidencia.

Con la espectacularización de la realidad y la precarización popular, Noboa logró disipar la mirada de los vínculos de la burguesía en el centro del poder político con el crimen organizado, y concentró a la opinión pública en la necesidad de un renovado mecanismo de control y represión contra la sociedad civil.

Según la periodista de investigación Karol Noroña, al menos 76 personas han sido ejecutadas por las FFAA y la Policía Nacional del 8 de enero al 2 de septiembre de 2024. A estas cifras se deben sumar los asesinatos extrajudiciales contra defensores del agua y los territorios que pueden vincularse con la cooperación entre empresa privada-crimen organizado-Estado.  

Laura Richardson, Comandante del Comando Sur del Ejército de EEUU logró una adenda al -ilegítimo e anticonstitucional- acuerdo militar entre Ecuador y EEUU, firmado tras bastidores durante los últimos días del banquero Lasso, en noviembre de 2023: Washington vigila y controla detenidamente el desarrollo político en el Ecuador.

En definitiva, este Ecuador de Noboa se define como una pantalla de humo torpemente fabricada, una campaña política permanente, un gobierno que practica la sumisión a EEUU y sus extensiones crediticias multilaterales como el FMI y BM, y la imposición del Estado policial."       

(Other News, 24/09/24, fuente Observatorio en Comunicación y Democracia – FILA)