Una empresa off shore de Noboa es la principal accionista de la exportadora de banano vinculada al narcotráfico

 "Agencia Pública, un medio independiente de investigación periodística de Brasil, difundió un reportaje donde se evidencia que Daniel Noboa, presidente y candidato a la reelección, y uno de sus hermanos, Juan Sebastián Noboa, aparecen como copropietarios de Lanfranco Holdings S.A., una empresa offshore con sede en Panamá, un paraíso fiscal, según los datos publicados hasta 2021, por los Pandora Papers. Esta empresa es a la vez la principal accionista de Noboa Trading una empresa exportadora de banano encontrada traficando cocaína a Europa en contenedores de bananos en tres ocasiones: en 2020, 2022 y 2024, esta última cuando Noboa era ya presidente. En total se han incautado casi 600 kilos de cocaína en contenedores de Noboa Trading.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador y candidato a la reelección, es dueño de la empresa que es socia mayoritaria de una exportadora involucrada en una denuncia de tráfico de cocaína hacia Europa, según documentos. La droga estaba escondida en contenedores de bananos y fue objeto de tres interceptaciones por parte de la Policía nacional ecuatoriana.

De acuerdo con documentos filtrados por los Pandora Papers, una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), Noboa y uno de sus hermanos, Juan Sebastián Noboa, aparecen como socios-propietarios de Lanfranco Holdings S.A., una empresa offshore con sede en Panamá, un paraíso fiscal.

A su vez, Lanfranco es la accionista mayoritaria, con el 51% de las acciones, de Noboa Trading Co., empresa atrapada al menos tres veces por traficar cocaína hacia Europa.

La conexión entre estas empresas revelada ahora por la Agencia Pública coloca a Noboa, quien busca su reelección, en una segunda vuelta a realizarse el 13 de abril, en el centro de la denuncia de tráfico de drogas, revelada inicialmente por la revista Raya.

“Exportó plátanos mezclados con drogas”, acusó su adversaria política

Durante el debate presidencial del 23 de marzo en Quito, Noboa fue cuestionado por su adversaria en la segunda vuelta, Luisa González, sobre una acusación de que la empresa Noboa Trading, controlada por su familia, “exportó plátanos mezclados con drogas”. El presidente de Noboa Trading, hasta diciembre de 2024, era Roberto Ponce Noboa, tío de Daniel Noboa.

El presidente no negó la acusación, pero intentó eximirse de cualquier responsabilidad en el delito. “No, no soy el dueño, pero sí están miembros de mi familia en esa empresa. Noboa Trading ha cooperado con cada uno de los casos y se ha aclarado eso ante la Fiscalía. Eso de ahí desliga a cualquier funcionario de Noboa Trading de cualquier acto ilícito, pero sigues con esa insistencia”, respondió Noboa en el debate. Sin embargo, los documentos revelan que no es exactamente así.

Las presuntas irregularidades relacionadas con el mandato de Noboa han sido objeto de controversia desde su elección en 2023. Noboa fue elegido sin declarar que es socio de una empresa, en este caso Lanfranco, en un paraíso fiscal, lo que está prohibido por ley en el Ecuador. Ahora, los datos muestran que Lanfranco es socia mayoritaria de Noboa Trading, offshore con sede en Panamá.

Según la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de Ecuador, Lanfranco posee el 51% de las acciones de Noboa Trading. Y según documentos filtrados por Pandora Papers, Noboa y su hermano, Juan, serían los verdaderos dueños de Lanfranco.

«Confirmamos que los beneficiarios finales de la sociedad arriba mencionada son mis hijos Daniel Roy Gilchristi Noboa Azin y Juan Sebastián Maximilian Noboa Azin, ya que estoy dejando la sociedad para ellos, sin que ellos tengan conocimiento expreso de esto en el momento», dice uno de los documentos fechado el 10 de junio de 2015, dirigido por Álvaro Noboa Pontón al bufete de abogados Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), con sede en Panamá.

Este vínculo entre Noboa y uno de sus hermanos con Lanfranco Holdings S.A. fue revelado en exclusividad en el diario Folha de S.Paulo, a vísperas de las elecciones de 2023.

En otra serie de documentos de Pandora Papers a los que la Agencia Pública tuvo acceso para esta investigación, aparece una copia de los pasaportes de Daniel Noboa y sus dos hermanos, cartas bancarias certificando su vínculo con la institución financiera y un documento firmado por ellos certificando a la empresa ALCOGAL como su representante legal.

La Agencia Pública solicitó una entrevista con el presidente ecuatoriano, tanto a los asesores de la Secretaría de Comunicación como a la secretaría de la administración pública, Cynthia Gellibert. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje, no obtuvimos respuesta.

Los documentos de Pandora Papers son de 2015. No hay registros en la base de datos recogida en 2021 por el ICIJ que indiquen que el presidente dejó de ser propietario de Lanfranco antes de asumir la presidencia del país. Por lo tanto, la posesión de una empresa en paraíso fiscal sería ilegal según la ley ecuatoriana, lo que podría poner en cuestión la legalidad de su mandato presidencial.

Lanfranco también posee la mayoría de las acciones de las principales empresas que componen el conglomerado Noboa en Ecuador, según la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de Ecuador. Estas incluyen: la Compañía Agrícola Río Ventanas S.A. (Carivesa), Agrimont S.A., Honorasa S.A., Industrial Bananera Álamos S.A., Agrícola La Julia S.A., Bananera Las Mercedes S.A., Manufacturas de Cartón, Compañía Agrícola Angela María S.A. y Compañía Agrícola Loma Larga Sociedad Anónima.

Juntas, estas empresas generan ingresos de por lo menos 450 millones de dólares, un valor que integraría el patrimonio del actual presidente y su hermano, pero que no fueron declarados cuando él se postuló a la presidencia, ya que es ilegal mantener empresas en paraísos fiscales.

En Ecuador, según el Servicio de Rentas Internas, responsable por la recaudación de impuestos, la mitad del capital de los principales contribuyentes proviene de otros países. De este total, el 70% se transfiere a través de operaciones realizadas en paraísos fiscales. El imperio bananero construido por el padre del presidente, Álvaro Noboa, debe más de 93 millones de dólares en impuestos.

El tráfico de cocaína hacia Italia y Croacia

El escándalo que involucra a los Noboa con el narcotráfico, expuesto durante el debate presidencial, salió a la luz tras la publicación de una investigación de la Revista Raya, el 26 de marzo. La investigación del periodista Andrés Durán muestra que Noboa Trading fue atrapada en un esquema de tráfico de cocaína con destino a Croacia e Italia.

En total, según el reportaje de Durán, se incautaron casi 600 kilos de cocaína en Ecuador dentro de los contenedores de Noboa Trading. La primera incautación fue en 2020, en medio de la pandemia de covid-19. Una operación de la Policía Nacional ecuatoriana y de la Unidad de Inteligencia Aeroportuaria (UIPA) incautó alrededor de 160 kilos de cocaína ocultos en costales de banana que tenían como destino final Croacia.

En 2022, el esquema fue más sofisticado: aproximadamente 320 kilos de la droga fueron encontrados en el sistema de refrigeración del contenedor, una operación que implicó la inserción de la droga en el sistema de refrigeración diseñado para evitar que los bananos se descompongan durante el transporte. Según el reportaje de la Revista Raya, el supervisor de la carga de las exportaciones de Noboa Trading era José Luis Rivera Baquerizo.

Según el reportaje, el empleado fue arrestado y luego liberado tras la intervención del abogado Edgar Lama Von Buchwald, quien en ese momento era asesor de Noboa, entonces asambleísta. Desde entonces, la relación entre Von Buchwald y Noboa se fortaleció. El entonces asesor y abogado es el actual ministro de Salud en el gobierno de Noboa.

En 2024, ya durante la presidencia de Noboa, la Policía Nacional interceptó nuevamente un cargamento de droga en los contenedores de Noboa Trading. Esta vez, se incautaron aproximadamente 76 kilos de cocaína escondidos en el techo del contenedor que sería enviado a Europa.

Otro punto importante: el conglomerado Noboa controla la cadena de producción, no utiliza agentes tercerizados. La familia Noboa es dueña de las fincas productoras, controla la producción y cosecha de los plátanos, el transporte —cada vehículo está monitoreado por GPS— hasta la entrega a las autoridades portuarias. Incluso las cajas de cartón para el transporte de los plátanos pertenecen a la familia presidencial. Y parte de los puertos del país, que son privatizados, también son controlados por los Noboa.

Fernando Carrión, especialista en seguridad y narcotráfico, cree, sin embargo, que los narcotraficantes habrían contaminado las exportaciones de la familia Noboa. “Por la práctica del narcotráfico de contaminar las exportaciones, sería difícil decir que la familia del presidente esté vinculada directamente con el tráfico de drogas. La contaminación puede ocurrir en cualquier etapa”, afirma.

Tráfico de drogas y bananos

El tráfico de drogas en contenedores de plátanos de Ecuador no es una novedad. Más de la mitad de toda la cocaína incautada en Europa se encuentra en contenedores de esta fruta. Según un informe de la Comisión Europea, el 57% de los contenedores de plátanos exportados desde Ecuador hacia Europa llegan contaminados con cocaína. Y más de la mitad de la cocaína incautada en Ecuador también se transporta en cargamentos de plátanos.

Una respuesta obvia sería un mayor rigor en la fiscalización, pero según el analista político Franklin Ramírez, profesor de sociología en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Quito, desde la presidencia de Guillermo Lasso, antecesor de Noboa, ha existido una estructura de connivencia, ahora heredada por el actual gobierno, entre el crimen organizado y el Estado ecuatoriano. «No hay voluntad ni del Ejecutivo, ni de la Fiscalía de activar el dispositivo institucional para investigar la triangulación entre el crimen organizado, el lavado de dinero y las instituciones financieras tanto de Ecuador como de paraísos fiscales», afirma Ramírez. “Es evidente que el lavado de dinero está vinculado con el narcotráfico”, añade.

Para Fernando Carrión, la explicación radica en el desmantelamiento del Estado ecuatoriano. “Desde 2017, con la salida del presidente Rafael Correa, prevaleció la lógica del Estado mínimo. El aparato estatal fue reducido, y el presupuesto destinado a la seguridad y al combate al narcotráfico fue drásticamente disminuido”, afirmó Carrión.

Reportajes e informes indican que Ecuador se ha convertido en un centro de distribución de drogas hacia Europa. Este nuevo protagonismo del crimen organizado ecuatoriano coincide con la firma de los acuerdos de paz en Colombia, en 2016. Con la disolución de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la presión sobre los grupos paramilitares, que también controlan el tráfico de cocaína, y el desplazamiento de las disidencias de la guerrilla a nuevas zonas de conflicto desorganizaron la ruta de tráfico establecida hasta entonces.

El país también se ha convertido en el más violento de la región. Entre 2015 y 2019, la tasa era de 5.8 homicidios por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, a partir de 2020, hubo un aumento exponencial de la violencia, con el índice casi quintuplicándose y alcanzando los 38.8 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2024, según la organización Insight Crime. En comparación con Perú, la violencia en el país vecino es más de 6 veces más que en Ecuador: en 2024, Perú registró 6.0 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Derecha latinoamericana

Noboa forma parte de los gobiernos de derecha en América Latina que mantienen, o buscan consolidar, una relación estrecha de alineación política con Donald Trump en los Estados Unidos. A pocos días de las elecciones presidenciales, CNN reveló un supuesto plan de Noboa para militarizar Ecuador con la instalación de una base militar que permitiría el libre flujo de tropas de Estados Unidos para combatir la criminalidad.

En un encuentro con Trump en Mar-a-Lago, Florida, el 29 de marzo, Noboa dijo que conversaron sobre «cooperación en seguridad».

Si se concretara el plan, no sería la primera vez que militares de Estados Unidos reciben carta blanca para operar en territorio ecuatoriano. En 1999, durante el gobierno del entonces presidente Bill Clinton, Washington instaló una base militar en la provincia de Manta, en el Pacífico ecuatoriano. Pero la misión no duró mucho tiempo. La base fue desmantelada en 2009, durante el gobierno del presidente de izquierda Rafael Correa (2007-2017), quien se oponía a la presencia militar de Estados Unidos en su territorio. La presencia de militares extranjeros era, y sigue siendo, ilegal según la nueva Constitución aprobada durante el gobierno de Correa.

El segundo turno de las elecciones presidenciales está previsto para el domingo 13 de abril. La disputa será entre Noboa, candidato a la reelección, y Luisa González, heredera política de Correa, del Movimiento Revolución Ciudadana."

( Claudia Jardim  , Rebelión, 10/04/25, Este reportaje fue realizado por la Agencia Pública)

Ecuador, un fraude electoral anunciado... Las señales de fraude son múltiples y alarmantes: alteraciones de última hora en los lugares de votación, uso arbitrario de recursos estatales con fines clientelistas, exclusión deliberada de veedurías internacionales, y la inaceptable suspensión del voto de miles de ecuatorianos en el exterior... el balotaje se desarrolló bajo un tendencioso e insólito decreto de estado de excepción, con impacto en las provincias de mayor tradición electoral popular... Noboa se cansó de repartir bonos a manos llenas: para jóvenes, emprendedores, afectados por desastres, para los policías, etcétera, por un total equivalente al 0.5 % del PIB del Ecuador... y se denunció la “siembra de actas” en distintos lugares del país y, a modo de prueba, publicó en las redes sociales seis actas electorales sin las firmas conjuntas del presidente y secretario de las juntas receptoras de voto. Todas favorecían a Noboa

 "El fraude electoral en Ecuador se planificó y estructuró desde mucho antes de celebrarse el balotaje de este 13 de abril entre la candidata Luisa González del movimiento Revolución Ciudadana y el ultraderechista Daniel Noboa de Acción Democrática Nacional.

Pese a que todas las encuestas, incluso la Corpmontpubli, avalada por el Consejo Nacional Electoral daba la victoria a González, el cómputo final declaró a Noboa como ganador por 55,65 % a favor contra 44,35 % para su contrincante, un por ciento completamente inverosímil cuando hasta el movimiento indígena Pachakuti le había ofrecido el apoyo a la candidata progresista.

Entre las anomalías que presentó González por el “fraudulento proceso” se hallan, el estado de excepción a pocas horas del inicio de la votación en siete provincias en las cuales siempre gana la Revolución Ciudadana; las restricciones del CNE con el voto desde el exterior; la reasignación de 18 registros de votación; el consentimiento del CNE de irregularidades cometidas por Noboa; validación de documentos por el ente electoral sin firmas que favorecen al ganador, entre otras más.

Sintomáticamente, todos los medios hegemónicos de comunicación y los poderosos medios digitales de la derecha internacional dieron el apoyo al presidente Noboa para tratar de ocultar las numerosas anomalías en el proceso electoral.

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) por su parte planteó que “lo que ha ocurrido en este país no es solo un caso de irregularidades administrativas: se trata de un montaje sistemático, orientado a imponer por la fuerza un proyecto autoritario cuyo ascenso al poder de Noboa carecer de legitimidad democrática.

“Las señales de fraude, agregó, son múltiples y alarmantes: alteraciones de última hora en los lugares de votación, uso arbitrario de recursos estatales con fines clientelistas, exclusión deliberada de veedurías internacionales, y la inaceptable suspensión del voto de miles de ecuatorianos en el exterior”.

Para el ALBA-TCP, el balotaje se desarrolló bajo un tendencioso e insólito decreto de estado de excepción, con impacto en las provincias de mayor tradición electoral popular. Además existió un “ambiente de amedrentamiento general a la ciudadanía y de abierto ventajismo por parte del gobierno de Daniel Noboa. Este porcentaje representa más de 10 puntos de ventaja en una elección en la cual expertos y encuestadoras vaticinaban de difícil pronóstico.”

Pero analicemos otros hechos y datos importantes. Cinco días antes del balotaje, el Ministerio de Relaciones ecuatoriano declaró que la desprestigiada y anexionista OEA había elaborado un “Programa de Seguridad Multidimensional para Ecuador”, el primero en Latinoamérica diseñado por el organismo en materia de seguridad y defensa de un país miembro.

Sobre los detalles del programa dialogaron el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, y la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, en una reunión sostenida en Washington, donde abordaron temas de cooperación regional para combatir el narcoterrorismo y el apoyo de la OEA al próximo proceso electoral en Ecuador.

Más claro ni el agua. Todo se enfilaba a que el derechista y pro-estadounidense Noboa se alzara con la victoria.

Desde hace varios meses Estados Unidos prácticamente controla la mayoría de las acciones en el país. Noboa, en su agenda neoliberal, tiene una larga sumisión a Washington al facilitarle el establecimiento de bases norteamericanas como la de las Islas Galápagos (declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad) y cuyas tropas ya pueden circular libremente por el territorio nacional.

Este hijo de multimillonario nacido en La Florida, ha firmado dos tratados de cooperación militar con Estados Unidos desde diciembre del 2023, que incluyen la presencia de submarinos, personal militar y equipamiento en las Islas Galápagos para el control marítimo del Pacífico y ahora conversa para entregar nuevamente a Washington la base de Malta que fue cerrada por el gobierno de Rafael Correa.

Aviones de inteligencia AWACS de Estados Unidos, sobrevuelan las principales ciudades del país como Guayaquil, Quito, Cuenca, Ambato para controlar cualquier movimiento sospechoso contra el régimen.

Semanas atrás Noboa contrató a la empresa militar estadounidense Blackwater, dirigida por el mercenario Eric Prince, para llevar adelante “la guerra contra la delincuencia”. La Blackwater es conocida por los crímenes cometidos contra civiles en Afganistán e Irak. 

La OEA, dirigida por Washington, está al mando de lo que ocurre en el país andino y el propio Almagro informó que el programa es una «estrategia de asistencia técnica que comprende el fortalecimiento de sistemas de inteligencia e investigación penal, el control del tráfico ilícito de armas, programas de prevención comunitaria y escolar frente a la violencia y captación de menores».

Bajo todas esas condiciones expuestas anteriormente se desarrollaron las elecciones en Ecuador. Resultaba muy difícil para Luisa González salir triunfadora ante una maquinaria de fuerzas de derechas internas y externas bien engrasada para cometer el fraude.

La doctrina Monroe, resucitada por la administración de Donald Trump, tiene sus tentáculos sobre Latinoamérica. Estas son las elecciones “democráticas” que ellos pregonan: si gana la izquierda es fraude, si lo hace la derecha, son limpias. Los pueblos de nuestra América deben aprender la funesta lección ocurrida en Ecuador."

( Hedelberto López Blanch , Rebelion, 17/04/25)

 

 “Ecuador: milagro estadístico”.

Estadísticamente hablando, la probabilidad de que un candidato obtenga un resultado casi idéntico, con una diferencia de apenas dos o tres décimas, en dos elecciones separadas es casi cero.

Este domingo el mundo asistió a un milagro sin precedentes en la historia política mundial. La segunda vuelta de la elección presidencial que se dirimía entre el “candidato-presidente” -así llamado porque Daniel Noboa, millonario y prepotente violó la norma que impide a un presidente ecuatoriano seguir en funciones si se postula para la reelección- y Luisa González arrojó un resultado asombroso: la candidata de Revolución Ciudadana obtuvo el 44.35 % de los votos, una cifra casi idéntica a la que obtuviera en la primera vuelta: 44.0 por ciento. Noboa, por su parte, se alzó con 55.65 % de los votos cuando en la primera vuelta había terminado con 44.17 % y fue reelecto como presidente.

La tasa de participación estuvo en línea con las habituales en ese país: 83,70 % del censo electoral. Contrariando toda la experiencia internacional en el balotaje González apenas incrementó el porcentaje de su votación en 0.35 % mientras que su rival lo hizo en poco más de once puntos porcentuales. ¿Cómo se explica tamaña discrepancia?

Digamos para empezar que el Consejo Nacional Electoral, que el presidente maneja a su antojo, cambió los lugares de votación pocos días antes del proceso electoral. Además el gobierno decretó el estado de excepción recortando fuertemente la libertad de tránsito y reunión, y los últimos diez días de la campaña Noboa se cansó de repartir bonos a manos llenas: para jóvenes, emprendedores, afectados por desastres, para los policías, etcétera, por un total equivalente al 0.5 % del PIB del Ecuador.

Además, durante toda la campaña se verificó una inédita presencia de las fuerzas armadas, se cambió el comando que debía proteger a González mientras llegaba al país Erik Prince, fundador y líder del tenebroso grupo paramilitar Blackwater invitado a “colaborar” en el combate al narcotráfico y para erradicar la violencia en ese país. En otras palabras, las condiciones mínimas de previsibilidad, libertad y tranquilidad social brillaron por su ausencia el pasado domingo en Ecuador. Andrés Arauz, Secretario General de Revolución Ciudadana, al igual que Luisa González, denunció la “siembra de actas” en distintos lugares del país y, a modo de prueba, publicó en las redes sociales seis actas electorales sin las firmas conjuntas del presidente y secretario de las juntas receptoras de voto. Todas favorecían a Noboa.

Pero lo que sorprende y suscita múltiples interrogantes es el hecho de que Luisa González haya logrado un número prácticamente idéntico, salvo por un par de decimales, al que había alcanzado en la primera vuelta. ¿Es razonable que tal cosa ocurra en un balotaje? La respuesta es un rotundo no. Si analizamos la experiencia latinoamericana en la materia veremos como invariablemente, los dos contendientes en cualquier balotaje aumentan su caudal electoral. En Argentina, la segunda vuelta de la elección presidencial del 2023 muestra que Javier Milei, que en la primera había obtenido un 29.9 % de los votos saltó hasta un 55.6 % en el balotaje, mientras que Sergio Massa pasó del 36.6 al 44.3 %. En Chile, en 2021, Gabriel Boric que en la primera vuelta había sido derrotado por José A. Kast (27.9 contra 25.8 % de los votos) logra “dar vuelta” ese resultado y triunfa en el balotaje con 55.9 contra 44.1 % de Kast. Al igual que en el caso argentino, ambos competidores mejoraron su gravitación electoral. Lo mismo ocurrió en las presidenciales colombianas del 2022: Gustavo Petro se impuso en la primera vuelta con 40.3 % de los votos, mientras que el ultraderechista Rodolfo Hernández terminaba lejos, con 28.1 %. Pero en el balotaje Petro sube hasta llegar al 50.4 y su rival crece casi veinte puntos hasta llegar al 47.3 %. En Uruguay, 2024 el frenteamplista Yamandú Orsi se impone en la primera vuelta con 43.8 %, contra 26.8 de Álvaro Delgado, del Partido Nacional, pero en el balotaje éste suma veinte puntos porcentuales más y llega al 48 %, insuficientes para derrotar a Orsi que se empinó hasta el 52 %. Y quedándonos en Ecuador, en la elección de agosto del 2023 Luisa González obtiene la primera mayoría relativa con 33.6 % contra 23.4 % de Daniel Noboa. En el balotaje Noboa suma casi treinta puntos más y finaliza ganador con 51.8 % prevaleciendo sobre Luisa, que crece pero no lo suficiente para ganar y llega al 48.1 %. Repito: en los balotajes los dos finalistas aumentan su caudal electoral.

No obstante, ahora nos encontramos ante una más que sospechosa anomalía porque la candidata de Revolución Ciudadana que había obtenido el 44.0 por ciento de los votos en la primera vuelta (contra 44.1 de Noboa) en el balotaje repite casi milimétricamente el resultado al obtener 44.3 % mientras que el ilegal “candidato-presidente” crece hasta llegar al 55.6 %. Estadísticamente hablando, la probabilidad de que un candidato obtenga un resultado casi idéntico, con una diferencia de apenas dos o tres décimas, en dos elecciones separadas es casi cero. No digo que sea imposible, sí que es harto improbable, teniendo en cuenta que después de cerrada la primera vuelta se selló una alianza con el movimiento indígena Pachakutik que había obtenido poco más del 5 % de los votos y que once encuestas de distintas consultoras todas daban como ganadora a González por una diferencia de entre 3 y 4 por ciento de los votos. Se impone revisar un conteo voto a voto, porque ese fatídico 44 por ciento puede ser más el resultado de una ecuación matemática que la expresión de la ciudadanía ecuatoriana.

Porque, pensémoslo bien: ¿cuál es la probabilidad de que millones de personas actuando con total independencia unas de otras y en un contexto muy distinto al anterior -amenaza de muerte a Luisa González, nuevas alianzas, votos de los indecisos, etcétera- repitan casi exactamente un mismo porcentaje, con un margen de diferencia de un par de décimas del uno por ciento, Sin ser un matemático pero habiendo tomado varios cursos de estadística, me arriesgo a decir que ese número parece más bien surgido de una ecuación matemática incorporada en el sistema de conteo de votos que de un genuino recuento de la voluntad popular. Las encuestas no son infalibles, pero tampoco suelen fallar con márgenes tan amplios como los que surgen de este rarísimo resultado electoral. Se impone un recuento, uno a uno, de los votos. En caso contrario, la sospecha de que Noboa se robó la elección pesará sobre su presidencia hasta el último día de su mandato."

( Atilio A. Boron, Página12, 16/04/25)

Ecuador: Noboa y las lógicas del narcoestado... La institucionalización del narcoestado, como una profudización de las lógicas del libre mercado, es la responsable principal de la precarización material y simbólica de la mayoría de la población, y de la inseguridad y estado de violencia

 "Daniel Noboa, oligarca bananero y presidente del Ecuador, pasó casi 10 meses en campaña y ahora ocupa dos cargos simultáneos: es candidato a la vez que presidente. Ahora se cumplen 10 meses de una profundización abismal de las lógicas del narcoestado, mientras la violencia explosiva que impera se maquilla con TikToks.

El gobierno de Noboa se ha caracterizado por la sociedad del espectáculo, el Estado policial, la militarización del territorio, y la crisis humanitaria en las cárceles con una frontal deshumanización de la población carcelaria.

Ecuador es el país más violento de toda América Latina: los asesinatos aumentaron en un 600% desde 2019. La institucionalización del narcoestado, como una profudización de las lógicas del libre mercado, es la responsable principal de la precarización material y simbólica de la mayoría de la población, y de la inseguridad y estado de violencia.

No hay que olvidar que EEUU. sostiene intereses en recursos estratégicos en Ecuador, que incluyen la protección de sus rutas de abastecimiento de cocaína -siendo el país que más consume a nivel mundial-, a la par de tratar de aferrarse a su “patio trasero” en su inminente colapso como poder hegemónico global.

La declaración del Conflicto Armado Interno (CAI) el pasado 9 de enero, le dio al gobierno de Noboa un paraguas institucional, tanto como respaldo de la opinión pública para ejecutar tres acciones fundamentales para la transformación de las funciones de los aparatos represivos del Estado.

 Primero se logró justificar una militarización del espacio público a nivel nacional, con especial énfasis en sectores periurbanos pauperizados y zonas rurales. En segundo lugar, la estrategia de vigilancia y control de la Policía Nacional ha mutado de la relativa pasividad a la agresión directa como mecanismo de coerción, ejemplo de esto son las cuadrillas que rodean a “sospechosos” en los espacios públicos de las urbes, quienes neutralizan y hostigan a la gente con mayor agresividad, organización e impunidad.

Y en tercer lugar, la militarización de las cárceles y centros de privación de libertad del país, con carta blanca para cualquier tipo de abuso.

Bases militares de EEUU

En plena campaña electoral para su reelección, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa pidió a la Asamblea Nacional que realice una reforma parcial a la Constitución para modificar el artículo 5 que, desde 2008, impide la instalación de bases militares extranjeras, como la que ocupó Estados Unidos en Manta, Manabí, por una década.

En 2008, con la llegada al poder de Rafael Correa, el país decidió en referendo no renovar el acuerdo con Estados Unidos, basándose en la política de no permitir bases extranjeras en el territorio ecuatoriano, lo que quedó plasmado en la Constitución de 2008. La base fue devuelta al control total de Ecuador en 2009. Dieciséis años después, el derechista Daniel Noboa  propuso levantar esta restricción con la excusa de una escalada del narcotráfico y el crimen transnacional.

El artículo 5 de la Constitución ecuatoriana establece: “Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”.

Una reforma parcial, según la misma Constitución se debe hacer vía referéndum. Sólo las enmiendas constitucionales se hacen vía Asamblea Nacional.El proyecto de Noboa debe todavía recorrer un largo camino. La Corte Constitucional tiene que valorar la propuesta y, de considerarla apta, pasará a la Asamblea, que decidirá si se aprueba o no. De darle luz verde, la reforma se presentará en referendo.

Andrés Aráuz, excandidato presidencial del progresismo, afirmó que la base que quiere EEUU no es en Manta, es en San Cristóbal, Galápagos. Ahora necesitan desplegar todo tipo de armas de guerra: aviones, buques y submarinos nucleares. (…). Necesitan esa base para la Tercera Guerra Mundial contra China, como parte de su estrategia del control del Pacífico. EEUU ya tuvo su base militar en Baltra, Galápagos durante la Segunda Guerra Mundial, precisamente por las mismas razones”.

Añadió que no se trata de  combatir el narcotráfico ni para a luchar contra el crimen organizado. “Todos sabemos que si EEUU quisiera combatir al narco lo hiciera por el lado de la reducción del consumo, resolviendo la complicidad interna con los narcobanqueros, regulando a los fabricantes de armas y enfrentando la corrupción de los puertos y aduanas estadounidenses (¿o por dónde creen que entra la droga”, aseveró.

Energía

Asimismo, la crisis autoinducida en el sector energético se gestiona, no con inversión y mantenimiento, sino con el alquiler de una barcaza inoperante que costará 114 millones por 18 meses, y con apagones intencionales para justificar la privatización.

Una y otra vez Noboa repite, «Tenía que ordenar la casa antes de poderles dar beneficios a ustedes, los jóvenes. Ya salvamos a un país de una quiebra, con un conflicto armado interno». Por su parte el ministro de Finanzas dice que ¨estamos en franca recuperación¨.

 ¿Qué significa eso de ordenar la casa?. En su diccionario, para ello solo hay que acudir a la receta del Fondo Monetario Internacional y leer lo que dice debe hacer el gobierno y luego ver lo que ha hecho Noboa: incrementar el IVA al 15%, subir el precio de las gasolinas extra y Ecopaís, invertir lo mínimo en el Plan Anual de Inversiones, promover las alianzas público-privadas para la concesión (privatización) de las empresas del Estado, profundizar el extractivismo, favorecer a la empresa privada.

Noboa inició su gestión con una Población Económicamente Activa de 8.613.358 personas, el 35,9% de empleo adecuado, 21,2% de subempleo y 3,4% de desempleo. para el mes de julio la PEA es de 8.423.105 personas, lo que significa una disminución de 190.253 personas. ¿Tuvieron que migrar a otros países?

El empleo adecuado en diciembre fue el 35,9% y ahora en julio es el 34,9%, es decir se pierden los empleos adecuados. En el caso del desempleo crece del 3,4% al 3,7%.  Noboa insiste en que se ha creado empleo, pero el Instututo Nacional de Estadísticas y Censos y la realidad dicen que eso no es verdad.

De enero a mayo de 2024, el Ministerio de Trabajo registra, en su portal informativo, 392. 945 actas de finiquito, de las cuales 17. 922 corresponden a despidos intempestivos. Es un promedio de 117 personas con despido intempestivos diariamente, es decir, sin una razón que justifique su separación de las empresas o instituciones.

Nefasto

Noboa demuestra una capacidad nefasta e intencional de gobernar en lo social y estratégico, mientras impone una franca lógica de privatización de lo público por medio de la desfinanciación crónica. Su “república bananera” nació como proyecto de sumisión y emprendimiento privado de la familia más rica del país, a costa del bienestar y la vida de la clase trabajadora. Hoy en Ecuador, el Estado funciona como una junta de asuntos y negocios internos de la burguesía.

Pero Noboa y su equipo activaron su maquinaría propagandística con las corporaciones de comunicación hegemónica para implantar la lógica neoliberal del endiosamiento al empresariado, a costa de la imposición de una progresiva flexibilización laboral, con respecto a salarios, jornadas y beneficios de ley.

Para destacar: la empresa privada no ha generado empleo desde la asunción de Noboa, a agravando la crisis migratoria relacionada a la precarización absoluta que atraviesa el país. En lo que va del año, el gobierno ha provocado la migración forzada de más de 200.000 personas, la migratoria más masiva en seis años.

La cárceles

Otro elemento destacado de estos diez meses de gestión, son las cárceles, situación que se ha precipitado hacia un abismo de infinitas infamias y violaciones francas de derechos humanos, de la que son corresponsables el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

El hacendado Noboa tiene miles de capataces a sueldo, para ejercer violencia extrema en contra de las personas privadas de su libertad, quienes por su parte enfrentan una deshumanización absoluta sustentada desde el mismo gobierno central, pero también celebrada por una enorme porción de la sociedad civil. Las vejaciones van desde golpizas sistemáticas, reducción drástica de porciones de alimentos y prohibición de visitas, hasta abuso sexual, tortura,  desaparición forzada y asesinato.

En estos meses se han precarizado las condiciones materiales y simbólicas de vida. Entre el racismo institucionalizado, la deshumanización de los presos, y la persecución y criminalización de la organización y los sectores populares, el Estado policial sigue cobrando vidas en los sectores populares. La generación del consenso ha sido exitoso en el país, no solo logró justificar esta transición hacia un estado de control estatal más elevado, sino que distorsionó en la opinión pública el concepto de crimen organizado.

 Durante la debacle del gobierno de la banca durante el periodo de su antecesor Guillermo Lasso, con los casos Gran Padrino y León de Troya, la opinión pública logró conectar momentáneamente a la burguesía con la maquinaria de la economía ilícita. La crisis institucional que sufrió el Estado ecuatoriano durante la develación de los vínculos entre el crimen organizado y la fracción de la burguesía del banquero presidente, logró diluir -pero no extinguir- el montaje discursivo que tanto Lenin Moreno como Guillermo Lasso instauraron respecto a los vínculos de la Organización Popular -la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) específicamente-, y el crimen organizado, que logró deslegitimar el estallido social de 2019 y el levantamiento de 2022, para buena porción de la sociedad.

Sin embargo, para cuando se declaró la muerte cruzada (destitución del presidente y disolución de la Asamblea Nacional) y se llamó a elecciones anticipadas, la maquinaria propagandística de la derecha logró Daniel Noboa, representante de la burguesía agroexportadora, con vínculos comprobables de tráfico de cocaína, llegara a la presidencia.

Con la espectacularización de la realidad y la precarización popular, Noboa logró disipar la mirada de los vínculos de la burguesía en el centro del poder político con el crimen organizado, y concentró a la opinión pública en la necesidad de un renovado mecanismo de control y represión contra la sociedad civil.

Según la periodista de investigación Karol Noroña, al menos 76 personas han sido ejecutadas por las FFAA y la Policía Nacional del 8 de enero al 2 de septiembre de 2024. A estas cifras se deben sumar los asesinatos extrajudiciales contra defensores del agua y los territorios que pueden vincularse con la cooperación entre empresa privada-crimen organizado-Estado.  

Laura Richardson, Comandante del Comando Sur del Ejército de EEUU logró una adenda al -ilegítimo e anticonstitucional- acuerdo militar entre Ecuador y EEUU, firmado tras bastidores durante los últimos días del banquero Lasso, en noviembre de 2023: Washington vigila y controla detenidamente el desarrollo político en el Ecuador.

En definitiva, este Ecuador de Noboa se define como una pantalla de humo torpemente fabricada, una campaña política permanente, un gobierno que practica la sumisión a EEUU y sus extensiones crediticias multilaterales como el FMI y BM, y la imposición del Estado policial."       

(Other News, 24/09/24, fuente Observatorio en Comunicación y Democracia – FILA)

La crisis políticas y de seguridad que sufre Ecuador es la consecuencia de dos gobiernos neoliberales que permitieron, a través de la desregulación y el debilitamiento de las instituciones públicas, la irrupción de un narcoestado que ha sustituido a Colombia y a México como los territorios más peligrosos de América Latina... el gobierno neoliberal de Guillermo Lasso Lasso impuso la Ley para la Atracción y Fomento de Inversiones para el Desarrollo Productivo, eufemismo neoliberal habilitó zonas especiales desreguladas para operaciones libres empresarias, la misma regulación que se aplicó en territorio mexicano, en Ciudad Juárez y Tijuana, donde se incrementaron de forma exponencial la trata de personas y el control territorial por parte de las organizaciones del narcotráfico... Lasso redujo el déficit fiscal de 7.500 millones de dólares a 2.000 millones de dólares, un promedio similar al incremento del lavado de activos... Lasso concluyó, dos años antes de la fecha de su mandato, como producto de un escándalo ligado al narcotráfico, por el vínculo entre un pariente cercano de Lasso y la mafia albanesa, uno de los carteles del narcotráfico más activos en Ecuador... Danilo Carrera –cuñado del primer mandatario– operaba en las aduanas a través de Rubén Cherres, quien agilizaba el envió de cocaína hacia diferentes destinos y se encargaba del lavado de activos producidos por dichas expediciones... La campaña electoral que sobrevino a ese escándalo estuvo regada de atentados y asesinatos. Uno de los candidatos a la presidencia, Fernando Villavicencio, fue asesinado... El neoliberalismo –como ha sido comprobado desde la Guerra del Opio– es el territorio más amigable para la libre circulación de los estupefacientes. Pero, sobre todo, para los dineros obtenidos, que se suelen blanquearse en lujosos despachos empresariales (Jorge Elbaum)

 "La crisis políticas y de seguridad que sufre Ecuador es la consecuencia de dos gobiernos neoliberales que permitieron, a través de la desregulación y el debilitamiento de las instituciones públicas, la irrupción de un narcoestado que ha sustituido a Colombia y a México como los territorios más peligrosos de América Latina. El 23 de noviembre pasado asumió como presidente el empresario Daniel Noboa, nacido en Miami e hijo del magnate bananero Álvaro Noboa, que fuera derrotado en 2006 por Rafael Correa.

Ecuador tiene una población de 18 millones de habitantes y exhibe una de las peores tasas de homicidios de la región, cercana a los 35 asesinatos cada 100 mil habitantes, según el Observatorio del Crimen Organizado en Ecuador (OECO). Durante la presidencia de Correa –hoy en el exilio en Bélgica, debido a la persecución sufrida por jueces manipulados por las oligarquías locales–, la tasa de homicidios no llegaba a los 6 cada 100 mil habitantes. Eso supone un incremento de un 500 por ciento desde que Corea dejó el poder, en 2017.

Los medios que cubren la actual crisis en Ecuador olvidan referirse, llamativamente, a que el gobierno neoliberal de Guillermo Lasso concluyó apresuradamente, dos años antes de la fecha de su mandato, como producto de un escándalo ligado al narcotráfico: el 9 de enero de 2023 el portal periodístico La Posta publicó una investigación titulada El Gran Padrino, que exhibía el vínculo entre un pariente cercano de Lasso y la mafia albanesa, uno de los carteles del narcotráfico más activos en Ecuador. 

El relevamiento de La Posta detalló cómo Danilo Carrera –cuñado del primer mandatario– operaba en las aduanas a través de Rubén Cherres, quien agilizaba el envió de cocaína hacia diferentes destinos y se encargaba del lavado de activos producidos por dichas expediciones. 

El 31 de marzo de 2023, Cherres fue encontrado asesinado, y el 19 de abril el cuñado de Lasso fue arrestado, motivando la apelación a la “muerte cruzada”, un procedimiento constitucional que permite la dimisión del presidente –para evitar la destitución–, la disolución del Parlamento y la convocatoria a elecciones anticipadas.

La campaña electoral que sobrevino a ese escándalo estuvo regada de atentados y asesinatos. El 9 de agosto de 2023, a diez días del escrutinio, uno de los candidatos a la presidencia, Fernando Villavicencio, fue asesinado. 

Una semana antes había sido amenazado de muerte por José Macías Villamar, alias Fito, el jefe narco que se fugó de la prisión el 8 de enero de 2024, desencadenando varios atentados terroristas organizados entre otros grupos por el grupo liderado por Fito, los Choneros, con el claro objetivo de distraer a las fuerzas de seguridad para esquivar su nueva detención.

Con la llegada de Lenín Moreno al poder, en 2017, se suprimieron –para reducir el déficit fiscal– el Ministerio de Justicia (que administraba las prisiones), el Ministerio de Coordinación de Seguridad y el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes. 

Esas tres dependencias se subsumieron en un único ministerio —el Ministerio del Interior—, reduciéndose sus presupuestos respectivos. Por su parte, en sus dos años de gobierno, Lasso impuso la Ley para la Atracción y Fomento de Inversiones para el Desarrollo Productivo, eufemismo neoliberal con el que habilitó zonas especiales desreguladas para operaciones libres empresarias, aptas para la flexibilización de las normativas de contratación y la directa supresión de los derechos laborales. 

Esa fue la misma regulación que se aplicó en territorio mexicano, en Ciudad Juárez y Tijuana, donde se incrementaron de forma exponencial la trata de personas y el control territorial por parte de las organizaciones del narcotráfico.

Lasso redujo el déficit fiscal de 7.500 millones de dólares a 2.000 millones de dólares, un promedio similar al incremento del lavado de activos: según el Observatorio del Crimen Organizado en Ecuador (OECO), el narcotráfico es la principal actividad que explica el crecimiento de la criminalidad, con un 23 por ciento de incidencia. Pero en el segundo lugar se ubica el lavado de activos, con una incidencia del 17 por ciento.

El 8 de septiembre de 2023, el relator especial de las Naciones Unidas sobre Pobreza Extrema, Oliver De Shutter, responsabilizó al gobierno de Lasso de ser cómplice con la existencia de regímenes de trabajo en condición de servidumbre. 

El informe de De Schutter enfatiza que aproximadamente el 34% de los habitantes de Ecuador que tienen entre 15 y 24 años viven en la pobreza, 12 por ciento más que en los últimos años de Correa, situación que explica el reclutamiento como sicarios de jóvenes en situación de vulnerabilidad que obtienen 200 dólares mensuales, el doble de un salario mínimo.

El neoliberalismo –como ha sido comprobado desde la Guerra del Opio– es el territorio más amigable para la libre circulación de los estupefacientes. Pero, sobre todo, para los dineros obtenidos, que se suelen blanquearse en lujosos despachos empresariales."           (Jorge Elbaum, sociólogo argentino, Observatorio de la crisis, 14/01/24)

De la demolición institucional a la Doctrina del Shock... Hay que decirlo de forma clara y contundente, no hay ninguna guerra en Ecuador... Por supuesto que hay violencia de los grupos de delincuencia organizada, pero es una violencia funcional al poder y creada y sostenida desde el poder... Si bien es cierto que el país experimentaba una ola de violencia que lo había convertido, en pocos meses, en uno de los países más violentos del mundo, también es cierto que tanto el gobierno de Guillermo Lasso cuanto el gobierno de Daniel Noboa, nunca hicieron nada por controlar la crisis de la seguridad ciudadana... ¿Por qué el gobierno de Guillermo Lasso (2021-2023), dejó que los grupos de delincuencia organizada se consoliden y amplíen su control sobre los territorios? Hay algunos elementos que avalan y confirman la presencia del narco-Estado o de lumpen-acumulación en el gobierno de Guillermo Lasso... legisló los mecanismos para la regularización de activos en el exterior que permite el blanqueo y lavado de capitales... Esta ley no solo permitía el lavado y blanqueo, sino que, además, les permitía a esos capitales participar en los procesos de privatización que el gobierno de Lasso tenía pensado llevar adelante. La promulgación de esa ley por parte de Lasso sancionó la convergencia entre el poder político y el crimen organizado y el narcotráfico para permitirles la utilización del sistema monetario de dolarización, para el lavado de dinero... Si la violencia del crimen organizado empieza a configurarse justo luego de la pandemia del Covid-19, era porque los grupos de delincuencia organizada estaban empezando sus procesos de disputas y conflictos y su cooptación al sistema político, al sistema judicial y al Estado (Pablo Dávalos)

 "Hay que decirlo de forma clara y contundente, no hay ninguna guerra. Es pura invención del gobierno para salir de un impasse político generado por sus propios errores. Por supuesto que hay violencia de los grupos de delincuencia organizada, pero es una violencia funcional al poder y creada y sostenida desde el poder.

El Decreto de Conflicto Armado Interno (Decreto Ejecutivo No. 111) que se emitió el 09-01-24, en realidad configura una estrategia que se inscribe de manera directa en la Doctrina del Shock como condición de posibilidad para el ajuste económico.

Si bien es cierto que el país experimentaba una ola de violencia que lo había convertido, en pocos meses, en uno de los países más violentos del mundo, también es cierto que tanto el gobierno de Guillermo Lasso cuanto el gobierno de Daniel Noboa, nunca hicieron nada por controlar la crisis de la seguridad ciudadana.

A pesar de tener las posibilidades, los recursos humanos y financieros, y los marcos institucionales para controlar el creciente control de los grupos de delincuencia organizada sobre los territorios y ejercer violencia sobre los ciudadanos, en efecto, nunca hicieron el más mínimo intento por detener esa violencia.

¿Por qué el gobierno de Guillermo Lasso (2021-2023), dejó que los grupos de delincuencia organizada se consoliden y amplíen su control sobre los territorios? ¿Por qué resignó no solo territorios sino incluso políticas públicas en beneficio de los grupos de delincuencia organizada? ¿Por qué sometió a la sociedad a un intensivo programa de austeridad fiscal cuando sabía que el recorte y eliminación de programas sociales iban a favorecer directamente a los grupos de delincuencia organizada?

Hay algunos elementos que avalan y confirman la presencia del narco-Estado o de lumpen-acumulación en el gobierno de Guillermo Lasso. Uno de esos elementos está en la ley que Lasso envió a la Asamblea Nacional el 28 de octubre del año 2021 y que fue aprobada un mes después con votos, curiosamente, del movimiento progresista Revolución Ciudadana. Se trata de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia Covid-19.

Esta ley contiene, en su segundo capítulo, los mecanismos para la regularización de activos en el exterior que permite el blanqueo y lavado de capitales (Régimen impositivo voluntario, único y temporal, para la regularización de activos en el exterior). Esta ley, no solo que permitía el lavado y blanqueo, sino que, además, les permitía a esos capitales participar en los procesos de privatización que el gobierno de Lasso tenía pensado llevar adelante.

La promulgación de esa ley por parte de Guillermo Lasso sancionó algo que, en la sociedad, empezaba a convertirse en una certeza: la convergencia entre el poder político y el crimen organizado y el narcotráfico para permitirles la utilización del sistema monetario de dolarización, para el lavado de dinero.

No extraña, por tanto, que la violencia de estos grupos delincuenciales explote al año siguiente cuando se producen guerras por el control de los territorios por parte de estos grupos de delincuencia organizada. Ante el vacío del Estado, estos grupos se apoderan de vastos territorios y generan un sistema propio de tributación al que lo denominan “vacunas” y configuran un sistema extorsivo que tiene como heurística el asesinato, la violencia y la tortura.

Así, desde humildes vendedores ambulantes, pequeños empresarios, pequeños comerciantes, hasta empresas de agroexportación, e industriales, todos ellos fueron integrados, bajo la mirada cómplice del Estado, a este vasto esquema extorsivo. Aquellas personas que se rehusaban a pagar las extorsiones eran sistemáticamente eliminadas y un manto de impunidad cubría esos excesos.

Durante el año 2022 la Fiscalía General del Estado, que es la institución encargada de los procesos de investigación preprocesal y procesal penal, se dedicó más bien a perseguir a los opositores políticos del gobierno de Guillermo Lasso, y dejó en la impunidad la mayoría de sicariatos y asesinatos en contra de la población.

En ese mismo periodo, la embajada de EEUU anuncia al país la existencia de “narcogenerales” en la policía nacional, lo que da cuenta que el crimen organizado había cooptado las principales instituciones y organismos encargados de la protección a la ciudadanía.

Si la violencia del crimen organizado empieza a configurarse justo luego de la pandemia del Covid-19, era porque los grupos de delincuencia organizada estaban empezando sus procesos de disputas y conflictos y su cooptación al sistema político, al sistema judicial y al Estado.

Esos conflictos se agudizarán en los años 2022 y 2023 cuando los diferentes grupos tengan que disputar mercados y cadenas de logística en el envío de droga y en el control de los territorios y su cooptación al Estado. El año 2022 evidencia la consolidación del poder del crimen organizado. En efecto, el país podrá comprobarlo cuando al año siguiente, en el 2023, una investigación de la propia policía nacional, que intentó ser soslayada por la Fiscalía General del Estado y por el alto mando policial, denominado León de Troya, demostraba la relación directa de Danilo Carrera, mentor político y económico, además de familiar directo de Guillermo Lasso y uno de los más notables miembros de la oligarquía del país, con la mafia albanesa y el tráfico de drogas.

No solo eso, sino que el informe policial y las denuncias del periodismo de investigación vincularon a Danilo Carrera y al staff de Guillermo Lasso que pasó de trabajar del Banco de Guayaquil a manejar el Estado, en una red de corrupción en la conducción de las empresas públicas.

Para posibilitar la administración y el control de la corrupción en las empresas públicas, Guillermo Lasso violentó la ley y promulgó un Decreto Ejecutivo en virtud del cual entregó la conducción de las empresas públicas a uno de los personajes que serán denunciados tanto por la policía cuanto por el periodismo de investigación como el eje, junto a Danilo Carrera, de una importante red de corrupción.

Ante ese escenario, la Asamblea Nacional decidió un juicio político a Guillermo Lasso, precisamente, por corrupción. Los principales partidos políticos de derecha con el apoyo de los grandes medios de comunicación intentaron que ese juicio político fracase, pero ante la contundencia de las pruebas y ante la inminente destitución y probable juicio penal por corrupción, el entonces presidente Guillermo Lasso Mendoza optó por la muerte cruzada y anticipar las elecciones.

Incluso en el contexto de muerte cruzada, Lasso intentó aprobar leyes de privatización para transferir infraestructura pública a esos capitales que se habían amparado en la regularización de activos y cuya procedencia jamás se determinó. La Corte Constitucional se lo impidió.

Empero, el escenario social y económico del país se vio agravado porque el gobierno de Guillermo Lasso llevó al extremo el cumplimiento de las medidas de ajuste exigidas por el FMI y redujo de tal manera el gasto público en inversión que provocó el colapso de la empresa pública de petróleo que, por vez primera en mucho tiempo, redujo de forma importante su capacidad de operación, así como de la infraestructura eléctrica que llevó al país a tener, por vez primera en décadas, apagones y comprar energía a sus países vecinos.

En regiones fronterizas como la provincia de Esmeraldas, el gobierno se ausentó de forma radical. En virtud de que es una región fronteriza y costera, el tráfico de drogas tiene puertos y condiciones de exportación que, para su funcionamiento, necesitan un vaciamiento del Estado y es eso exactamente lo que Lasso provocó. Por ello, esta provincia, conjuntamente con Guayas, se convirtieron en tierra de nadie y en donde el crimen organizado pudo establecerse sin mayores problemas.

Ajuste económico, lumpen acumulación, narco Estado, corrupción, impunidad, fueron las condiciones que permitieron que el crimen organizado se convierta en el dueño del país. En este contexto, la Fiscalía y la función judicial se dedicaron a perseguir con saña a los opositores políticos de Guillermo Lasso, así como a dirigentes y líderes populares y generaron una especie de estatuto de impunidad y limbo al crimen organizado.

A pesar de que en el año 2022 se produjeron varias masacres carcelarias, ninguna institución del Estado llevó adelante una estrategia o una política para proteger a los ciudadanos privados de libertad e investigar lo sucedido, castigar a los responsables, generar políticas de reparación y de prevención. Todo lo contrario, el ministerio de finanzas, redujo aún más los presupuestos de todo el sistema de atención penitenciaria y todos los programas sociales relacionados con este sistema se eliminaron.

Los medios de comunicación se convirtieron en una especie de caja de resonancia del gobierno de Lasso y, salvo pocos de ellos, no alertaron la vorágine de violencia que vivía el país. Para ellos, los responsables de la violencia eran, en el fondo, los enemigos políticos de Guillermo Lasso. De esta manera encubrían de manera cómplice al narcotráfico y al crimen organizado.

Por ello, la muerte cruzada no cambió las coordenadas de la violencia porque no puso como eje de discusión central la recuperación del Estado como condición previa e imprescindible para proteger a los ciudadanos de la violencia del crimen organizado y el narcotráfico. Eso pudo notarse en la campaña presidencial que definió la transición en la muerte cruzada.

Los diversos candidatos no ofrecían, más que populismo penal y represión abierta, ninguna política de seguridad. Algunos candidatos de la derecha, como Jan Topic, por ejemplo, hicieron gala de un discurso fascista como política de seguridad ciudadana, pero casi ninguno de los candidatos de la derecha tenía como prioridad una agenda de seguridad ciudadana.

Esta agenda de seguridad implicaba la recuperación del Estado y de su institucionalidad. Pero ninguno de los candidatos de la derecha quería recuperar al Estado porque eso los ponía en línea de confrontación con el FMI, con la embajada americana y con su propia ideología.

De esta forma, la sociedad no tuvo la oportunidad de poner en la agenda política uno de los aspectos más importantes, aquel de la recuperación del Estado como escudo de protección para sus ciudadanos. Los candidatos del centro izquierda lo intentaron, pero tenían en su contra toda una campaña mediática de satanización que impedía que la sociedad pueda debatir libremente sobre aquellos temas que eran prioritarios.

Por diferentes circunstancias, los electores se inclinaron por uno de los candidatos más jóvenes y que provenía directamente de los sectores más oligárquicos y conservadores del país, Daniel Noboa, hijo del magnate del banano, Álvaro Noboa (que intentó también ser presidente del país en varias oportunidades) y sobrino de Isabel Noboa, la líder de uno de los grupos económicos más importantes, el grupo Nobis.

Para Daniel Noboa no hay en su agenda ninguna posibilidad de recuperar al Estado y su institucionalidad para enfrentar la crisis de seguridad porque comparte las posiciones neoliberales del Estado mínimo. Por ello, su primera prioridad como presidente posesionado fue enviar un proyecto de ley económica urgente, para evitar que su padre pague varias decenas de millones de dólares en deudas tributarias, y para que su tía goce de la devolución del impuesto al valor agregado en sus proyectos inmobiliarios.

No solo eso, sino que favoreció los intereses del grupo Nobis al permitir un amplio régimen de exoneraciones tributarias y fiscales a las zonas francas. Hay que aclarar que el grupo Nobis posee una de las zonas francas más importantes del país, el puerto de Posorja. De hecho, en pleno proceso de negociación de esta ley, las navieras más importantes decidieron transferir sus actividades hacia la zona franca de Posorja.

Mientras esta ley se debatía en la Asamblea Nacional, las cotas de sicariato y crímenes alcanzaban límites nunca antes vistos en el país. Esto demuestra que los grupos de delincuencia organizada leyeron políticamente a Noboa y sabían que, quizá con otros nombres, pero, en realidad, era la continuación del gobierno de Guillermo Lasso.

Por ello, incrementaron sus acciones y decidieron controlar aún más territorios, y sometieron a más empresas, esta vez directamente a aquellas dedicadas a la agroexportación, a su mecanismo de extorsión y violencia, es ahí cuando pasan de la delincuencia al terrorismo.

Por ello resulta paradójico, por decir lo menos que, en sus primeras semanas en el gobierno, Noboa, ante esta crítica situación de violencia en el país, haya decidido suprimir la Secretaría de Seguridad adscrita a la Presidencia de la República y que era el organismo encargado de coordinar las tareas de seguridad entre las instituciones del Estado.

Estaba claro, por tanto, que el nuevo gobierno no haría nada por cambiar la situación del país y su profunda desinstitucionalización. También estaba claro que la corrupción continuaba y que, esta vez, adoptaba el cariz de política de Estado. A pesar de que la ley económica urgente denominada Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, expresaba la corrupción del nuevo gobierno por legislar de forma específica en función de las necesidades de grupos económicos, la Asamblea decidió aprobarla. Noboa pudo constatar que no tenía oposición política y que tenía un amplio margen de maniobra para la privatización del Estado y la radicalización de las políticas de austeridad.

Sin embargo, el gobierno tenía que evidenciar, previamente, que tenía a la legislatura bajo su control; así, el presidente Noboa envió un nuevo proyecto de ley económico urgente, esta vez para la privatización del sector eléctrico la Ley Orgánica de Competitividad Energética. Como era de esperarse, la Asamblea Nacional también aprobó, casi por unanimidad su propuesta. Definitivamente, Noboa no tenía oposición política.

No obstante, en la agenda de Noboa, uno de los puntos neurálgicos de la austeridad era la eliminación de los subsidios a los combustibles, de hecho, un punto clave y necesario para un nuevo acercamiento y un nuevo programa de crédito con el FMI. Ese punto era estratégico porque tenía la oposición del único núcleo real de resistencia del país, el movimiento indígena. La cuestión, para Noboa, por tanto, era ¿cómo quebrar la resistencia y la oposición del movimiento indígena?

El tenso ambiente de inseguridad le tenía sin cuidado al gobierno porque había logrado, en apenas dos meses, dos importantes reformas estructurales, pero le faltaba aprobar el núcleo de las más importante de todas: la eliminación de los subsidios a los combustibles, el incremento del IVA, la flexibilización laboral y la privatización de la seguridad social y superar la resistencia indígena.

¿Cómo lograrlo? Es en este contexto que la crisis de la seguridad ciudadana se le presenta a Noboa como el argumento ideal para conseguir el apoyo social necesario para estas nuevas reformas estructurales. La ola de violencia, en efecto, iba en in crescendo porque no había un Estado que la ponga límite. Todo lo contrario, con Noboa el Estado se había reducido aún más que con Lasso. La poca institucionalidad que había para coordinar la seguridad, conforme ya se había indicado, había sido desarticulada por Noboa en sus primeros días.

Pero esa crisis de seguridad se podía convertir en un argumento poderoso para cohesionar a la sociedad detrás del gobierno. Nada como una guerra para construir los consensos necesarios para la dominación política. Y es eso, justamente, lo que el gobierno se inventa, una guerra.

Pero se trata de una guerra que, para que no sea solamente una metáfora del poder, debe cumplir con requisitos formales y jurídicos y, debe ser parte, además, del ordenamiento jurídico existente. Es exactamente eso lo que hace Noboa.

Ante la inseguridad el gobierno decreta el 08-09-24, el estado de excepción y establece el toque de queda desde las 23h00 hasta las 5h00 del día siguiente. Prohíbe todo tipo de reuniones públicas y permite la violación del domicilio y de la correspondencia. Son medidas duras que la población de alguna manera acepta porque, hasta ese momento, son las únicas medidas que se han adoptado para enfrentar la crisis de seguridad.

El decreto del Estado de excepción, es la respuesta del gobierno a la fuga de uno de los delincuentes más peligrosos del país del centro de rehabilitación penitenciaria de la ciudad de Guayaquil. Esa fuga revela que el gobierno de Noboa no tiene ninguna agenda de seguridad ciudadana y que no constituye ninguna prioridad.

Concomitante al decreto de Estado de Excepción se produce la fuga desde otra prisión de otro peligroso delincuente supuestamente relacionado con el asesinato del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Esas fugas se ven acompañadas de amotinamientos en casi todos los centros de rehabilitación del país y la toma de guías penitenciarios como rehenes por parte de los amotinados.

La estrategia del gobierno, como es evidente, hacía aguas por todos lados. Es en ese contexto, cuando al día siguiente de las fugas de estos peligrosos delincuentes y de los amotinamientos en los centros penitenciarios, se produce un hecho extraño y que llama la atención: el ataque en la ciudad de Guayaquil de un grupo de delincuentes a una estación de televisión pública y que fue transmitido en vivo por todo el país.

Hasta el momento nadie sabe qué objetivo tenía ese ataque; tampoco se conoce quién, de los grupos de delincuencia organizada, lo ordenó. Es ahí, en ese contexto, que el gobierno de Noboa se reinventa súbitamente y logra recuperar su capital político en cuestión de horas. Sin que las circunstancias lo ameriten, y sin que medie el más mínimo proceso de justificación legal y constitucional y por fuera de todo lo que establece el derecho humanitario internacional, es decir, el derecho a la guerra, el presidente Noboa emite el primer decreto de guerra del cual se tenga noticia en el país al menos desde el retorno a la democracia.

El Decreto Ejecutivo de Conflicto Armado Interno, no tiene nada que ver con la situación de inseguridad y violencia que vive el país, sino como recurso de última instancia para recuperar el capital político ante una crisis de seguridad ante la cual no se había previsto ninguna respuesta ni acción.

Según la interpretación jurídica de este Decreto de Conflicto Armado Interno, se reconoce a los grupos delincuenciales organizados su estatuto de fuerza beligerante y, en consecuencia, se les otorga un estatuto político que antes no tenían. Así, estos grupos delincuenciales deben ser ahora tratados en función de lo que establece el derecho humanitario internacional, lo cual es una aberración en todo sentido.

Pero es el argumento ideal para cohesionar a la sociedad, recuperar el capital político perdido y avanzar en la radicalización neoliberal. Gracias a esta jugada, ahora el gobierno de Noboa tiene la posibilidad de imponer una serie de medidas económicas de ajuste sin que la sociedad pueda reaccionar en absoluto. Es la doctrina del shock en estado puro.

En efecto, el gobierno de Noboa militariza el país, traslada actividades públicas y educativas al formato en línea y provoca desazón, angustia y miedo en la sociedad. Cuando emite el Decreto de guerra, el caos se produce en el país y la población, literalmente, corre a refugiarse en sus hogares. Ecuador se convierte en noticia de primera plana a nivel mundial. El escenario de violencia del crimen organizado se transforma súbitamente en escenario político y geopolítico. Algunos países alineados con EEUU ofrecen ayuda militar al país.

Pero hay que decirlo de forma clara y contundente, no hay ninguna guerra. Es pura invención del gobierno para salir de un impasse político generado por sus propios errores. Por supuesto que hay violencia de los grupos de delincuencia organizada, pero es una violencia funcional al poder y creada y sostenida desde el poder. Pero de la violencia de estos grupos de delincuencia organizada a la declaración de guerra hay una distancia muy grande y que lo norma y especifica el derecho internacional humanitario.

El Decreto de Conflicto Armado Interno tiene una lógica política y debe ser interpretado a su tenor. Es una estrategia política que trae réditos y que amplía el espacio político al gobierno en un momento de desgaste y desaciertos. ¿Quién puede oponerse a una guerra defensiva y que va a proteger a su población de una amenaza real? ¿Cómo se puede cuestionar algo que es evidente y es la conversión del crimen organizado y la delincuencia en terrorismo y que amenaza a todos sin excepción? ¿Si no se declara la guerra al terrorismo, entonces, cómo combatirlo?

Las amenazas a la seguridad ciudadana pueden resolverse sin necesidad de decretar un estado de guerra y sin la necesidad de convertir al narcoterrorismo en sujetos políticos. Con los recursos existentes puede solucionarse, pero, para ello, se necesita de la voluntad política de recuperar al Estado y su institucionalidad, es decir, sacarlo del pozo al que fue llevado por los programas de consolidación fiscal y reforma estructural del FMI y del Banco Mundial.

La constatación de que no hay ninguna guerra y que todo fue solamente un argumento creado desde el poder para abrir el espacio político y situar en él las políticas económicas del ajuste fiscal del FMI, la dio el mismo presidente Daniel Noboa cuando dijo que la guerra implica costos económicos y, justo por ello, envía a la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de ley económico urgente, denominado: Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica, enviado el 11-01-24 y que incrementa el impuesto al valor agregado (IVA) del 12% al 15% y que, adicionalmente, impide que ese nuevo incremento sea redistribuido a los gobiernos autónomos descentralizados y a las universidades, conforme lo establece la ley.

Denominar a una ley urgente económica como una ley para enfrentar el conflicto armado interno es poner a la guerra como un vector dentro de la lógica del ajuste económico. Es confesar que se quiere imponer el ajuste neoliberal a rajatabla y sin consideración alguna con la ley y el derecho internacional.

De esta manera, Noboa utiliza el manual de la Doctrina del Shock para imponer las reformas solicitadas por el FMI. Si logra que se apruebe esta ley económica urgente, entonces tiene las puertas abiertas del FMI para un nuevo crédito y un nuevo programa de consolidación fiscal. Tendrá únicamente pendiente la eliminación de subsidios a los combustibles, las reformas laborales y la privatización de la seguridad social. Así, en apenas meses, habrá avanzado en la agenda neoliberal mucho más de lo que en su momento lo intentaron hacer Lenin Moreno y Guillermo Lasso.

Pero para lograrlo tendrá que vencer la resistencia del movimiento social más poderoso que tiene el país, el movimiento indígena. Si Noboa llegó al extremo de inventarse una guerra que no existe para radicalizar el ajuste neoliberal y proteger los intereses empresariales y oligárquicos, cabe preguntarse ¿qué se inventará ahora para someter y derrotar al movimiento indígena, al momento la única oposición a su gobierno?"

( Pablo Dávalos  , Rebelión  , 13/01/24)

Dolarización y repliegue estatal: los factores que han favorecido el ascenso de la criminalidad en Ecuador... la dolarización ha convertido a Ecuador en un objetivo atractivo para las organizaciones criminales internacionales... El dólar permite a los narcotraficantes evitar la devaluación y mover dinero más fácilmente entre países... ha creado un entorno favorable para las actividades de lavado de dinero, y transferir y ocultar grandes cantidades de dinero bajo la apariencia de negocios legítimos.. no tienen que cambiar moneda. Los dólares entran y salen dólares", no hay un rastro... en 2021 se lavaron 3.500 millones de dólares de dinero sucio en el sistema financiero... Esto, a su vez, alimenta la corrupción... El tráfico de drogas, la trata de personas y otras actividades ilícitas se han vuelto omnipresentes en Ecuador, contribuyendo aún más al problema de la delincuencia del país... A esta economía del desastre social se le suma un efecto paradójico: la 'estabilidad macroeconómica del narcotráfico', entendida como la capacidad de los narcodólares de penetrar el sistema financiero, aumentar la tasa de ganancia de los bancos y proporcionar una falsa imagen financiera. estabilidad y política monetaria, que es discordante con la salud de la economía real (empleo, producción y pobreza)"... "Seis años de minimización del Estado y desinstitucionalización del país han dejado un saldo social y económico desalentador: pobreza, violencia e instituciones capturadas por el narcotráfico"

 "Ecuador ha terminado sumido en el caos con los cárteles del narcotráfico librando una guerra contra el Estado. La ola de atentados, secuestros y atentados ocurridos desde el domingo ha sembrado el terror y ha revelado una crisis de seguridad sin precedentes en el país, que en apenas unos años se ha convertido en el más inseguro de la región y en un verdadero "reino" de los cárteles de drogas. Una circunstancia impensable hasta hace un tiempo, según informó el expresidente Rafael Correa, quien acusó a los gobiernos de Lenin Moreno y Guillermo Lasso de haber permitido el aumento de la criminalidad.

 En cualquier caso, hay varios factores que han hecho prosperar a estas bandas, entre ellos los efectos negativos de la pandemia, la retirada del Estado de zonas clave en los últimos años y el éxito del narcotráfico en una nación adolarizada y sin banco central. Estas dos últimas condiciones fueron prometidas, pero hasta ahora no implementadas, por el presidente ultraliberal argentino Javier Milei.

 La dolarización, introducida en 2000 por el entonces presidente Jamil Mahuad, logró controlar la hiperinflación tras una profunda crisis financiera, pero aumentó la pobreza, excepto durante los años del expresidente izquierdista Rafael Correa (2007-2017), y redujo la capacidad del Estado para controlar la economía (no poder gestionar la emisión monetaria). Con el fin del gobierno de Correa y el consiguiente deterioro de la seguridad, las bandas criminales se han fortalecido lavando dinero ilícito a su conveniencia. 

 El dólar permite a los narcotraficantes evitar la devaluación y mover dinero más fácilmente entre países, en años en que grandes grupos se han internacionalizado. De hecho, la adopción del dólar estadounidense como moneda oficial ha convertido a Ecuador en un objetivo atractivo para las organizaciones criminales internacionales. La entrada de divisas ha creado un entorno favorable para las actividades de lavado de dinero. Los cárteles criminales aprovechan la facilidad para transferir y ocultar grandes cantidades de dinero bajo la apariencia de negocios legítimos. Esto, a su vez, alimenta la corrupción, debilita los esfuerzos de aplicación de la ley y crea un terreno fértil para las redes del crimen organizado. El tráfico de drogas, la trata de personas y otras actividades ilícitas se han vuelto omnipresentes en Ecuador, contribuyendo aún más al problema de la delincuencia del país.

 Una situación favorable a la delincuencia como lo admitió el propio Presidente Noboa durante la campaña electoral. "¿Por qué ha avanzado tanto el narcotráfico en Ecuador?", le preguntó un periodista a Daniel Noboa, entonces candidato presidencial. "Primero porque no hay un verdadero control fronterizo, porque nuestros puertos están totalmente desprotegidos. Porque estamos dolarizados y ese es un elemento que ayuda al narcoterrorismo, porque no tienen que cambiar moneda. Los dólares entran y salen dólares", no hay un rastro”, afirmó el actual presidente.

 Un examen en el que también está de acuerdo la ex presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, quien afirmó ante los micrófonos de la radio argentina AM750: "La ausencia del Estado producida por los gobiernos de Guillermo Lasso y Lenín Moreno y la disputa no sólo del cártel de Sinaloa, sino también de grupos más pequeños, han transformado a Ecuador en el país más inseguro y violento del continente, con 44 muertes por cada 100.000 habitantes". "El crimen organizado no sólo tiene sus raíces en un solo territorio, sino que es un ancla de una red internacional, que vive de la red de la droga, pero que también tiene sus tentáculos en la política, en la policía, en las fuerzas armadas, y también se alimenta de seres humanos. trata y tráfico ilegal de migrantes", explicó Rivadeneira.

 Luego agrega: “Todo esto en una economía adolarizada, lo que obviamente permite que el sistema financiero internacional fluctúe más que el tráfico que está experimentando el Ecuador. Hoy Ecuador lava tres millones y medio de dólares, el control estatal que debería existir es nulo." Un informe del Centro Estratégico de Geopolítica (CELAG) arroja datos escalofriantes: en 2021 se lavaron 3.500 millones de dólares de dinero sucio en el sistema financiero, casi tres veces los 1.200 millones de dólares estimados entre 2007 y 2016.

  "Seis años de minimización del Estado y desinstitucionalización del país han dejado un saldo social y económico desalentador: pobreza, violencia e instituciones capturadas por el narcotráfico", se lee en el informe.

 Y continúa: "A esta economía del desastre social se le suma un efecto paradójico: la 'estabilidad macroeconómica del narcotráfico', entendida como la capacidad de los narcodólares de penetrar el sistema financiero, aumentar la tasa de ganancia de los bancos y proporcionar una falsa imagen financiera. estabilidad y política monetaria, que es discordante con la salud de la economía real (empleo, producción y pobreza)". 

(L'Antidiplomatico, 11/01/24; traducción google)

Los cárteles que están iniciando los levantamientos en Ecuador están tratando de demostrar que ellos, y no el presidente Daniel Noboa, tienen el poder... es necesario sanear las instituciones porque dentro del estado hay un hueco por donde entra y sale información para las bandas criminales... La violencia sistemática en este país sudamericano es producto de un proceso de deliberado desmantelamiento del Estado de derecho, resultado de las políticas implementadas por los últimos tres gobiernos del país... como denunció el ex-presidente Correa, la crisis actual no es responsabilidad de Noboa, "que lleva seis semanas en el cargo", sino de sus antecesores Lenín Moreno y Guillermo Lasso,por haber permitido la infiltración de mafias del crimen organizado dentro del estado. "No es casualidad, lo permitieron durante muchos años, porque su objetivo era intentar destruirnos como alternativa política y lo permitieron todo"... el crimen organizado siempre ha existido en el país, pero que la "diferencia crucial" es que ahora hay "infiltración de las fuerzas armadas y policiales". Y agregó: "No sólo se han infiltrado, sino que dominan el sistema penitenciario y desde allí dirigen al crimen organizado, y por eso, cuando el presidente Noboa quiso restablecer el orden, tuvo esta respuesta"... No es casualidad, reseña Prensa Latina, que el embajador estadounidense, Michel Fitzpatrick, fuera visto ingresando al Palacio de Carondelet, sede del ejecutivo, poco antes del inicio de la reunión del gabinete de seguridad de ayer

 "Ecuador está sumido en el caos. 

Las bandas armadas de narcotraficantes, como denunció públicamente el ex presidente Rafael Correa, que se han infiltrado en los rincones del estado, están incendiando el país en respuesta a las medidas represivas decretadas por el presidente Noboa. Los cárteles que están iniciando los levantamientos en Ecuador están tratando de demostrar que ellos, y no el presidente Daniel Noboa, tienen el poder. Así lo explicó a la agencia Sputnik el profesor de la Universidad de San Petersburgo Víctor Jeifets, antes de añadir que Noboa "se lo ha jugado casi todo" en la pelea y que, si no lo logra, podría perder su puesto. 

 "No es casualidad que los cárteles de la droga desaten tal ola de violencia: necesitan demostrar que hoy son los dueños de las calles. Por eso actúan con bastante dureza, quieren demostrar que el gobierno no controla nada y que es con ellos con quien tenemos que negociar", explicó el profesor de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Petersburgo y editor jefe de la revista América Latina.  

Según Jeifets, un fracaso en la lucha contra las bandas criminales podría llevar al jefe de Estado electo a perder su cargo, por lo que "se lo ha jugado casi todo" en esta lucha. Asimismo, continuó, los cárteles de la droga también "se jugaron mucho, si no todo". Daniel Noboa triunfó en las elecciones presidenciales ecuatorianas del 15 de octubre de 2023, después de que el exjefe de Estado, Guillermo Lasso, firmara el decreto ejecutivo 741. Activó así el instrumento de la muerte cruzada, con el que se disolvió el Parlamento unicameral y se celebraron elecciones extraordinarias. pidió el resto de los períodos constitucionales que finalizan en 2025. 

 "El presidente no tiene otra opción. O logra hacer algo drástico o ni siquiera llegará al final de su ya corto mandato. Si gana esta batalla, seguramente será reelegido", afirma el experto . Jeifets destacó que por el momento Noboa actúa dentro de la ley. Sin embargo, expresó su preocupación por posibles presiones sobre organizaciones sociopolíticas, "que podrían llevar al país a convertirse en un estado policial". 

 El presidente de Ecuador, tras una serie de disturbios en las cárceles del país y la fuga de importantes líderes de bandas criminales que operan en Ecuador, decretó el 8 de enero un estado de emergencia de 60 días para "recuperar el control" de las prisiones, perdido en los últimos años. . La medida desató una ola de violencia con grupos criminales quemando automóviles y detonando explosivos en las calles de varias provincias, incluida la capital Quito. El 9 de enero, Noboa emitió otro decreto declarando un "conflicto armado interno" derivado de la crisis de seguridad pública que enfrenta el país y designando a aproximadamente 20 grupos del crimen organizado como "organizaciones terroristas". 

 La explosión de violencia que sacude a Ecuador a principios de este nuevo año no es un episodio aislado. En agosto pasado, un candidato presidencial perdió la vida. Fernando Villavicencio fue asesinado a tiros después de uno de sus mítines electorales. Se pronunció contra la corrupción, la minería ilegal y el tráfico de drogas y pidió una dura lucha contra las pandillas. Otro político, el alcalde de la ciudad portuaria de Manta, fue asesinado un mes antes.

  Ecuador ha tenido un gran problema con la criminalidad en los últimos años. En el país andino se cruzan las rutas de tráfico de cocaína desde Colombia y Perú, dos de los mayores productores de droga de América Latina. Desde allí, las drogas son transportadas por mar a Estados Unidos y por tierra a Brasil, el segundo mayor consumidor de drogas del hemisferio occidental. 

 Los cárteles locales de la droga cuentan con el apoyo de los colombianos, peruanos y mexicanos. Paralelamente a la guerra con el Estado, hay una guerra brutal dentro del mundo criminal por la redistribución de rutas entre grupos y redes internacionales de drogas. La gestión del expresidente Lenin Moreno (2017-2021), estuvo marcada por el abandono de políticas sociales anteriores implementadas por Rafael Correa. 

La implementación de las prescripciones económicas de Estados Unidos y el FMI provocó un fuerte deterioro de los niveles de vida y la desestabilización de la situación política. La pandemia de Covid finalmente colapsó la economía. Muchos jóvenes de entornos desfavorecidos se han visto empujados a la delincuencia. Además, como denunció el propio Correa, la crisis actual no es responsabilidad de Noboa, "que lleva seis semanas en el cargo", sino de sus antecesores Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Acusado de haber permitido la infiltración de mafias del crimen organizado dentro del estado. 

 "No es casualidad, lo permitieron durante muchos años, porque su objetivo era intentar destruirnos como alternativa política y lo permitieron todo". El político, que fue dos veces presidente de Ecuador, reconoció que el crimen organizado siempre ha existido en el país, pero que la "diferencia crucial" es que ahora hay "infiltración de las fuerzas armadas y policiales". Y agregó: "No sólo se han infiltrado, sino que dominan el sistema penitenciario y desde allí dirigen al crimen organizado, y por eso, cuando el presidente Noboa quiso restablecer el orden, tuvo esta respuesta".           (L'Antidiplomatico, 10/01/24; traducción google)

"A poco más de un mes de la presidencia de Daniel Noboa, Ecuador se ha sumido en el caos.  

 

El hecho desencadenante fue la audaz fuga de prisión de José Adolfo Macías Villamar, jefe de los Choneros, la banda de narcotraficantes más notoria del país. En respuesta, el presidente recién elegido declaró una persecución a nivel nacional y un estado de emergencia de 60 días. Al día siguiente, estallaron tiroteos y disturbios carcelarios en todo el país, con hombres armados secuestrando, en vivo, a los presentadores de una de las estaciones de televisión más importantes.  

 

Un país pacífico no hace mucho, Ecuador ha empeorado en los últimos años, con homicidios que aumentaron a 26 por 100.000 el año pasado, frente a alrededor de 7 por 100.000 en 2020. Desde el fin de la pandemia, el país ha sido víctima. a una reestructuración más amplia del comercio internacional de drogas. El colapso del precio de la coca (el cultivo crudo utilizado para producir cocaína) en la vecina Colombia aparentemente ha hecho más atractiva la exportación de cocaína desde Ecuador.

 

  Al mismo tiempo, la creciente popularidad en Estados Unidos de drogas sintéticas como el fentanilo ha avivado la competencia entre los traficantes por rutas hacia mercados de cocaína más lucrativos en todo el Pacífico. Los principales beneficiarios del nuevo panorama criminal de Ecuador son los Choneros. Los estrechos vínculos de la pandilla con el cartel de Sinaloa de Joaquín “El Chapo” Guzmán han llevado a una guerra por poderes con la pandilla Los Lobos, que cuenta con el respaldo de su rival de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación. En cuanto a Macías, el narcotraficante fugitivo ya era conocido por una fuga similar en 2013 y desde entonces ha cultivado la celebridad de un Pablo Escobar ecuatoriano. 

 

 Esta semana grabó y lanzó un narcocorrido, un género de balada folklórica narrativa que glorifica a los narcotraficantes, burlándose de las autoridades. En los días previos a la fuga de Macías, Noboa estaba ocupado ultimando una propuesta de referéndum que permitiría la extradición de ciudadanos ecuatorianos y ampliaría la capacidad de las autoridades para confiscar activos de los criminales. La campaña de terror que ahora libran Macías y los Choneros ha permitido al gobierno asumir poderes considerables en el frente de seguridad.  

 

Bajo el actual estado de excepción, se han suspendido los derechos de los ciudadanos y se ha movilizado al ejército para luchar contra las pandillas. “Es probable que Ecuador no tenga la mano de obra, los recursos o los conocimientos necesarios para replicar el éxito de Bukele”. Las acciones agresivas de Noboa han generado esperanzas de que su gobierno emprenda una ofensiva sistemática contra el crimen organizado al estilo de su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele. La realidad es que Ecuador probablemente no tenga la mano de obra, los recursos o el conocimiento para replicar el éxito de Bukele.  

 

En toda América Latina, los líderes políticos han impuesto estados de emergencia una y otra vez para frenar la violencia criminal, sin éxito alguno (siendo El Salvador la notable excepción). De hecho, el predecesor inmediato de Noboa, Guillermo Lasso, también instituyó múltiples estados de excepción de 60 días durante su mandato, incluso en agosto de 2023, tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. La razón de este fracaso es instructiva. En el corto plazo, la manera más efectiva de combatir el crimen –ya sea bajo un régimen autoritario o democrático– es reducir la impunidad. América Latina tiene algunas de las tasas de impunidad más altas del mundo, y la gran mayoría de los crímenes violentos en países como Ecuador quedan sin resolver. 

 

 El éxito de El Salvador se debe al simple hecho de que el país ha podido encarcelar a un gran número de presuntos delincuentes y mantenerlos allí bajo los poderes ampliados asumidos por el gobierno de Bukele. Como corresponde, el estado de excepción de la nación centroamericana se mantiene desde hace casi dos años, dejando abierta la pregunta de qué pasará con quienes han sido encarcelados una vez que termine la llamada emergencia. Queda por ver si Ecuador es siquiera capaz de realizar arrestos masivos y mantener a los reclusos en sus ya superpobladas cárceles. Dada la frecuencia de disturbios y secuestros en muchas prisiones del país, esto es muy incierto.  

De hecho, las pandillas del país –al igual que en Centroamérica– son principalmente un fenómeno carcelario. Con ese fin, los esfuerzos de Noboa para asegurar la extradición de ciudadanos ecuatorianos y expulsar a más de 1.500 delincuentes extranjeros del país son pasos en la dirección correcta. Por el momento, sin embargo, el país se enfrenta a una ola continua de violencia. Sólo podemos esperar que el joven presidente haya aprendido de los errores de su predecesor."

(Juan David Rojas  , Compact, 10/01/24; traducción google)

 

" Una ola de violencia sacude a Ecuador, es la injerencia "made in USA".

 (...) Ecuador cerró 2023 como el país más violento de América Latina, con más de 7.800 muertes violentas, una cifra sin precedentes que contrasta con la caída de la criminalidad hasta 2017. En continuidad con el año anterior, el 8 de enero en Ecuador los presos de algunos centros penitenciarios del país se sublevaron ordenando al presidente ecuatoriano no intervenir militarmente en las cárceles porque, de lo contrario, habría una carnicería. Y de hecho, las imágenes que nos han llegado a través de las redes sociales muestran bandas de encapuchados blandiendo cuchillos y machetes detrás de los guardias de la prisión, que han sido tomados como rehenes. 

 En ese contexto, Adolfo Macías, conocido como “Fito”, líder del principal grupo criminal del país, se fugó durante el levantamiento. Todo esto es resultado de la marginación de amplios sectores del tejido social, que con el tiempo ha dejado el camino abierto a los grupos criminales. 

 “La violencia sistemática en este país sudamericano es producto de un proceso de deliberado desmantelamiento del Estado de derecho, resultado de las políticas implementadas por los últimos tres gobiernos del país”, dice Jorge Paladines, profesor de la Universidad Central de Ecuador. 

 La militarización de las calles para la resolución de problemas sociales, que también está aumentando en nuestra zona (aunque por ahora como elemento disuasorio y no de forma activa), simplemente no funciona. “La militarización de las calles es insuficiente, es necesario sanear las instituciones porque dentro del estado hay un hueco por donde entra y sale información para las bandas criminales”, declara Luis Córdova, también académico de la Universidad Central. 

 “Es imprescindible un enfoque de política pública, no un Plan Fénix, como el que propone Noboa, cuyos objetivos, medios y alcances no están claros”, añadió. Más pesadas aún son las palabras del ex vicecanciller ecuatoriano, Kintto Lucas: "el caos está predeterminado, elaborado por la inteligencia para justificar y ganar una consulta que consolide un modelo neoliberal en el ámbito económico, fascista en el ámbito político, contrario a la integración y al sometimiento en el ámbito internacional".

  No es casualidad, reseña Prensa Latina, que el embajador estadounidense, Michel Fitzpatrick, fuera visto ingresando al Palacio de Carondelet, sede del ejecutivo, poco antes del inicio de la reunión del gabinete de seguridad de ayer, al día siguiente del inicio de los disturbios. Mientras tanto, desde Washington, el subsecretario del Departamento de Estado estadounidense para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, declaró que estaba "dispuesto a brindar asistencia al gobierno ecuatoriano". Una mano tendida que es más que un llamado de atención para el futuro del pueblo ecuatoriano y para la "estabilidad" de toda la región."               (Contropiano, 10/01/24; traducción google)