El histórico pleito de la República Democrática del Congo contra Apple... Este país devastado por la guerra ha acusado al gigante tecnológico mundial radicado en Estados Unidos de crímenes de guerra, falsificación y engaño al utilizar en los productos que elabora minerales extraídos ilegalmente y de contrabando, los llamados 'minerales de sangre'... es un mecanismo mundial para blanquear los minerales de sangre de la República Democrática del Congo a través de las cadenas de suministro... El acuerdo de la Unión Europea (UE) con Ruanda también está teñido de sangre congoleña (Pavan Kulkarni)

"Este país devastado por la guerra ha acusado al gigante tecnológico mundial radicado en Estados Unidos de crímenes de guerra, falsificación y engaño al utilizar en los productos que elabora minerales extraídos ilegalmente y de contrabando.

La República Democrática del Congo (RDC) ha emprendido procesos penales contra Apple acusando al gigante tecnológico mundial radicado en Estados Unidos de alimentar la guerra contra la región oriental del país al utilizar en sus productos lo que se ha dado en llamar «minerales de sangre». «Apple ha vendido año tras año tecnología fabricada con minerales procedentes de una región cuya población está siendo sufriendo graves violaciones de los derechos humanos», afirma Robert Amsterdam, socio fundador de Amsterdam & Partners LLP. El gobierno de la RDC contrató a finales del año pasado a este bufete de abogados establecido en Washington DC para investigar las cadenas de suministro de minerales extraídos y trasportados ilegalmente del Congo, especialmente las «3 T.» [«tin» (estaño), «tungsten» (tungsteno) y «tantalum» (tantalio)]. El estaño, el tungsteno y el tantalio son fundamentales para las industrias electrónica, automovilística y aeroespacial.

Al menos nueve de las 32 fundiciones y refinerías que Apple incluye entre sus proveedores de tantalio en su informepara la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (US Securities and Exchange Commission, SEC) para 2023 obtienen el mineral en Ruanda. Pero «la producción de Ruanda de los minerales 3T clave es casi nula», afirmó el bufete de abogados en un informe que publicó en abril de 2024, titulado “Blood Minerals – The Laundering of DRC’s 3T Minerals by Rwanda and Private Entities” [Minerales de sangre – El blanqueo de los minerales 3T de la RDC por parte de Ruanda y de entidades privadas].

El tantalio es un metal de tierras raras que se extrae del coltán, un 64%de cuyo yacimiento mundial está en la DRC. La mayor parte se concentra en la ciudad minera de Rubaya situada en la provincia de Kivu del Norte, que produce más del 15% del suministro mundial de tantalio. A finales de abril esta provincia fue tomada por la milicia M23, que está respaldad por el gobierno de Ruanda.

Desde entonces, el M23 genera 300.000 dólares mensuales de ingresos gracias a las minas de coltán de Rubaya, según declaró el 30 de septiembre al Consejo de Seguridad el Jefe de la Misión de la ONU en el Congo, Bintou Keita. «El criminal blanqueo de los recursos naturales de la RDC que se sacan de contrabando del país está fortaleciendo a los grupos armados».

Se afirma que hay más de cien grupos armados que luchan por sacar provecho de la rica en minerales región oriental del país, que hace frontera con Ruanda y está asolada por un conflicto de décadas que ha desplazado a más de siete millones de personas. El M23, uno de los más poderosos y más tristemente célebres de estos grupos armados, empezó su actual ofensiva para controlar la riqueza minera de las provincias de Kivu a finales de 2021.

A pesar de tener pocos yacimientos en su propio territorio, en 2022 Ruanda vendió minerales 3T y oro (que se conocen como 3TG [de «gold», «oro» en inglés]) por valor de mil millones de dólares. «Es obvio que todo proviene de la RDC», declaró a Financial Times en marzo de 2023 el ministro de Finanzas de Congo. En junio de ese año varios expertos de la ONU informaron de que el M23 y el ejército ruandés habían tomado juntos el control de todas las rutas principales para el transporte de estos minerales, incluidas las carreteras hacia Ruanda y Uganda. En marzo de 2024 ambos cercaron Goma y cortaron todos los accesos por carretera a la capital de Kivu del Norte, excepto desde Ruanda, antes de tomar Rubaya en abril. Desde entonces también han caído bajo su control otras ciudades de la provincia, incluida Matembe, el 16 de diciembre. También se ha informado de que han hecho avances hacia la provincia de Kivu del Sur.

«Hoy en día el gobierno de la RDC no tiene de un verdadero control de las provincias de Kivu, ricas en minerales. Quien ejerce el control allí, directa o indirectamente, es Ruanda», afirma el informe Blood Minerals. En su campaña de saqueo de los minerales de la RDC el agente por procuración de Ruanda [el M23] ha asesinado y violado a miles de personas civiles, y ha desplazado a más de un millón de personas, que se añade a los siete millones que ya habían sido desplazadas. 

 

La afirmación de las grandes empresas tecnológicas de utilizar una cadena de suministro limpia es «a todas luces falsa»

«Las grandes empresas tecnológicas, como Apple e Intel, envían regularmente a Ruanda a sus equipos de diligencia debida y salen de allí haciendo audaces afirmaciones […] de que los productos se fabrican con minerales libres de conflicto. Sus afirmaciones son a todas luces falsas». Apple lo afirma desde 2014. Sin embargo, el informe Blood Minerals añadía que el responsable de derechos humanos y sostenibilidad de Apple había sido informado por whistleblowers [denunciantes dentro de la propia empresa] de que las fundiciones y refinerías de su cadena de suministro se abastecían de tantalio de la empresa ruandesa Minerals Supply Africa (MSA), una empresa que se sabe que blanquea grandes cantidades de este mineral sacado de contrabando de la República Democrática del Congo.

Días antes de que se publicara este informe el 22 de abril, un grupo de abogados encabezado por Amsterdam y William Bourdon, fundador de un bufete de abogados radicado en París y que también ha contratado el gobierno de la RDC, había exigido respuestas a una serie de preguntas planteadas al director ejecutivo de Apple, Tim Cook, y a sus filiales francesas. «La ausencia de respuesta supone admitir implícitamente que las preguntas que hicimos a Apple eran pertinentes», afirmó Bourdon el 22 de mayo, una vez que se cumplió el del plazo de tres semanas que se había dado a la empresa para responder. «Desde que se publicó el informe Blood Minerals, hemos recibido en las últimas semanas nuevas pruebas de whistleblowers», añadió Amsterdam. «Dado que estamos valorando nuestras opciones legales, es más urgente que nunca que Apple dé respuestas genuinas a las gravísimas preguntas que le hemos hecho».

El 27 de septiembre, el día que se lanzaba el iPhone 16, hubo protestas frente a tiendas de Apple de varias ciudades de todo el mundo contra el aprovisionamiento por parte de Apple de minerales extraídos de zonas controladas por grupos armados en la RDC. Entre las ciudades en las que hubo protestas estaban Londres, capital de Inglaterra, y otras ciudades británicas como Bristol, Reading y Cardiff; Ámsterdam, capital de los Países Bajos; Bruselas, capital de Bélgica; Tokio, capital de Japón; Montreal, en Canadá; Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y Ciudad de México.

El 16 de diciembre los abogados de la RDC presentaron una demanda contra Apple en Francia, a la que siguió otra en Bélgica el 17 de diciembre.

«A fecha del 31 de diciembre de 2023, por noveno año consecutivo, el 100% de las fundiciones y refinerías identificadas en nuestra cadena de suministro de todos los productos de Apple fabricados en 2023 fueron objeto de una auditoría independiente de terceros sobre minerales de conflicto para 3TG», afirmó Apple en el dossier presentado a la SEC. «Basándonos en nuestros esfuerzos de diligencia debida, entre los que se incluye el análisis de la información proporcionada por programas de auditoría de terceros […] no encontramos ninguna base razonable para concluir que ninguna de las fundiciones o refinerías […] de nuestra cadena de suministro haya beneficiado “directa o indirectamente” a ninguna de las milicias que asolan la RDC». 

 

¿Un mecanismo mundial para blanquear los minerales de sangre de la RDC a través de las cadenas de suministro?

La International Tin Supply Chain Initiative (ITSCI, Iniciativa Internacional de la Cadena de Suministro del Estaño) es uno de los principales proveedores de los «programas de auditoría de terceros» que Apple cita para respaldar su afirmación de que sus cadenas de suministro no están contaminadas por «minerales de sangre». La ITSCI fue creada en 2009 por los gigantes de la industria del sector y la OCDE certificó en 2018 que se adecuaba plenamente a sus propias directrices de diligencia debida. La ITSCI afirma haber establecido un sistema de trazabilidad por medio del etiquetado de bolsas selladas de minerales que van de las minas a las fundiciones. Por una parte, se supone que esto garantiza que la ITSCI solo certifica los minerales extraídos de las zonas autorizadas por el gobierno de la RDC. Por otra, con esto se pretende garantizar que los minerales 3T exportados desde Ruanda no han sido sacados de contrabando de la RDC por grupos armados.

En abril de 2022 Global Witness elaboró un informe titulado The ITSCI Laundromat [La lavandería de la ITSCI] que investiga este «plan de diligencia debida». El informe afirma que «solo en torno al 10%» de los minerales que Ruanda «exportó fueron extraídos realmente [del país] […] el resto se sacó de contrabando de la RDC». Según este informe, «aunque el ITSCI ha tomado medidas contra algunos incidentes menores de contrabando de minerales, según se informa no se molestó a las grandes empresas que han exportado la mayor parte de los minerales de contrabando. La principal de esas empresas era Minerals Supply Africa (MSA)».

Varios expertos de la ONU también han demostrado que los minerales extraídos de zonas que están bajo control de grupos armados han entrado año tras año en la cadena de suministro certificada por el ITSCI. En 2022 la Responsible Minerals Initiative (RMI, Iniciativa de Minerales Responsables), de la que Apple es miembros, también excluyó a la ITSCI de su lista de supervisores de confianza de minerales de conflicto. Con todo, Apple siguió citando a la ITSCI, incluso en el dossier que presentó ante la SEC en 2023. «Se trata de una empresa que factura un billón de dólares y que se debe suponer que conoce las consecuencias de sus actos. Basta ya de negar su responsabilidad y de esconderse tras el relato falso de las defensas de la cadena de suministro», declaró Amsterdam el 17 de diciembre.

Según se ha informado, entre las acusaciones se incluye encubrir crímenes de guerra, blanquear minerales de contrabando, falsificaciones y prácticas engañosas para convencer a sus consumidores de que sus productos no contienen minerales de conflicto. «Desmentimos rotundamente estas afirmaciones», declaró Apple en un comunicado publicado el 21 de diciembre. Sin dar más detalles, añadía: «Dado que a principios de este año se agravó el conflicto en la región, notificamos a nuestros proveedores que sus fundiciones y refinerías deben suspender el abastecimiento de estaño, tantalio, wolframio y oro procedentes de la RDC y Ruanda. Tomamos esta medida porque nos preocupaba que los auditores independientes o los mecanismos de certificación del sector ya no pudieran llevar a cabo la diligencia debida necesaria para cumplir nuestras exigentes normas».

Tras señala que hay que verificar sobre el terreno estas afirmaciones sobre los cambios que Apple ha introducido en su cadena de suministro, los abogados de la RDC han afirmado que seguirán adelante con las causas abiertas contra la empresa.
 

El acuerdo de la Unión Europea (UE) con Ruanda también está teñido de sangre congoleña

Después de calificar estas denuncias penales simultáneas de «doble iniciativa judicial sin precedentes», Bourdon afirmó que era el «primer paso para lograr que uno de los mayores actores de la tecnología rinda cuentas por su política de enriquecimiento ilimitado a costa de los más graves delitos que manchan las cadenas de suministro africanas». Amsterdam calificó este paso de «primera salva» y dejó entrever futuras acciones judiciales contra otras empresas. El informe Blood Minerals menciona también a las empresas Intel, Sony, Motorola y al fabricante de armas estadounidense Lockheed Martin. «Sin lugar a dudas Apple es uno de los objetivos más simbólicos debido a su fortaleza financiera y a su desenfrenada propaganda sobre el tema “Lo estamos haciendo bien por el planeta”», afirmó.

Los abogados también escribieron a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para informarle de los procesos judiciales y pedirle que inicie un diálogo sobre la responsabilidad de la Unión Europea (UE). A principios de este año, el 19 de febrero, cuando Ruanda consolidaba su control de las zonas mineras de la región de la RDC de Kivu del Norte y de las rutas de transporte transfronterizo desde las minas de esta región hasta Ruanda, la UE firmó un acuerdo con este país «para fomentar cadenas de valor sostenibles y resistentes para materias primas críticas». La UE explicó en un comunicado de prensa que «para la UE, esta asociación contribuirá a garantizar un suministro sostenible de materias primas, especialmente de materias primas críticas, como requisito previo esencial para cumplir los objetivos de energía verde y limpia». Calificó a Ruanda de «actor fundamental en la extracción mundial de tantalio. También produce estaño, wolframio, oro y niobio, y tiene potencial para [la extracción de] litio y elementos de tierras raras. Con su clima favorable a la inversión y su Estado de derecho, Ruanda puede convertirse, además, en un centro de valor añadido en el sector mineral».

Ruanda «no tiene en su subsuelo ni siquiera un gramo de estos llamados minerales “críticos”», replicó el presidente de la RDC, Tshisekedi. «Ruanda ni siquiera los procesa […]. Los exporta y obtiene dividendos de ello, a costa de la sangre de nuestros compatriotas». Condenó el acuerdo [de la UE] con Ruanda por ser una «provocación de muy, muy mal gusto» y afirmó que la UE estaba fomentando el saqueo de la RDC por parte de Ruanda.

El Presidente de Ruanda, Paul Kagame afirmó en una declaración reciente: «Pero la mayor parte» de los minerales procedentes de la RDC «no se queda aquí», sino que «pasa por aquí» hacia Asia Occidental y Europa, con lo que daba a entender que Ruanda no es el único país que «roba minerales del Congo». Si Ruanda tiene que rendir cuentas, Europa también se verá manchada por la misma acusación."

( Pavan Kulkarni , Rebelión, 07/01/25, fuente peoples dispatch)

El gobierno de Mali emite una orden de arresto contra el director ejecutivo de una empresa minera canadiense... Barrick Gold se niega a entregar al gobierno de Malí 500 millones de dólares en impuestos y dividendos impagados... Al mismo tiempo, el gobierno maliense y la empresa australiana Resolute Mining, que también debía millones de dólares en impuestos a Malí, mantenían una disputa paralela. En noviembre, Malí detuvo al director general de Resolute, Terence Holohan, y a cuatro empleados de la empresa; poco después, Resolute acordó pagar 160 millones de dólares al Estado maliense (Owen Schalk)

 "El 2 de diciembre de 2024, el gobierno popular antiimperialista de Malí emitió una orden de detención contra el consejero delegado de la minera canadiense Barrick Gold, Mark Bristow, un ciudadano sudafricano que luchó para el ejército del apartheid en la década de 1970. Mali ha acusado a Bristow de blanqueo de dinero y de violar la normativa financiera de Mali entre 2019 y 2023. El gobierno de Malí también emitió una orden de detención contra Abbas Coulibaly, director general de las minas de oro de Loulo-Gounkoto, de las que Barrick posee el 80%.

Malí es uno de los mayores exportadores de oro de África. También es uno de los países más pobres del mundo. Durante décadas, tras su independencia formal, estuvo sometido políticamente a Francia, incluso mediante la imposición de la moneda franco CFA, que permite al Tesoro francés controlar de hecho la política monetaria de Malí y otros siete Estados de África Occidental. Las políticas francesas han restringido la soberanía de estos Estados, obstaculizado los esfuerzos de integración regional, ahogado el desarrollo económico e industrial y socavado los intentos de mitigar la pobreza. Mientras tanto, las empresas extranjeras (incluidas las canadienses) despojan a estas naciones de su inmensa riqueza en recursos -en el caso de Malí, el valor procedente de sus enormes yacimientos de oro-.

 Desde que llegó al poder en un golpe militar en 2021, el líder maliense Assimi Goïta se ha esforzado por recuperar la soberanía nacional, aumentar los ingresos estatales procedentes de las minas de oro e integrarse con los países africanos vecinos, en concreto con Burkina Faso y Níger, también miembros de la Alianza de Estados del Sahel (AES). Malí ha expulsado a las tropas francesas, ha reducido el poder de las empresas mineras extranjeras mediante un nuevo código minero y ha formado una confederación con Burkina Faso y Níger basada en la defensa mutua, la industrialización complementaria y el objetivo de una moneda común y un mercado compartido. La defensa de la soberanía africana por parte de la AES y sus planes de federalización en un único Estado han llevado a muchos africanos a considerar la alianza como un resurgimiento de los valores panafricanistas en el continente.

Barrick Gold no está contenta. Tras la aprobación del código minero de agosto de 2023, que permite al Estado maliense hacerse con el 35% de las minas de propiedad extranjera, un portavoz de Barrick señaló que se había abierto una «diferencia de opiniones» entre Malí y la empresa canadiense. Tras la aprobación del código, Malí auditó los contratos mineros existentes con el objetivo de recaudar cientos de millones de dólares de las empresas extranjeras. Barrick rechazó la auditoría, calificándola de «jurídica y fácticamente errónea y sin fundamento». En medio de la disputa, Bristow calificó a los malienses de «no especialmente competentes» y les advirtió,

    Tened cuidado de no comprometer los beneficios para Mali llevándoos demasiado».

 En la actualidad, Barrick Gold se niega a entregar al gobierno de Malí 500 millones de dólares en impuestos y dividendos impagados. En respuesta a la intransigencia de Barrick, Malí detuvo a cuatro empleados de la empresa a finales de septiembre. Sin embargo, Barrick no captó el mensaje y siguió rechazando las exigencias de Malí. Como consecuencia, Malí volvió a detener a los empleados el 26 de noviembre.

Al mismo tiempo, el gobierno maliense y la empresa australiana Resolute Mining, que también debía millones de dólares en impuestos a Malí, mantenían una disputa paralela. En noviembre, Malí detuvo al director general de Resolute, Terence Holohan, y a cuatro empleados de la empresa; poco después, Resolute acordó pagar 160 millones de dólares al Estado maliense.

Por su parte, Barrick Gold sigue reteniendo deudas impagadas al gobierno maliense. Un artículo de The Africa Report del 28 de octubre advierte de un «punto muerto», afirmando que «Assimi Goïta y Mark Bristow se enfrentan por el acuerdo sobre el código minero».

El contraste entre Goïta y Bristow es marcado: el primero es un popular líder antiimperialista que rinde homenaje a los luchadores por la liberación de África, como el propio Modibo Keita, de Malí, mientras que el segundo es un veterano del ejército sudafricano del apartheid, un asesino de animales salvajes en peligro de extinción y un multimillonario con cuatro casas que ridiculiza a los africanos por su supuesta pereza.

 Por decirlo suavemente, Bristow tiene una historia accidentada en el continente africano. De joven, luchó como recluta contra los movimientos de liberación africanos en Namibia (ocupada ilegalmente por Sudáfrica de 1915 a 1990) y Angola (invadida por Sudáfrica en 1975). The Globe and Mail, sin mostrar pruebas, incluyó la afirmación de que «era partidario de las reformas políticas en Sudáfrica durante su época universitaria, cuando arreciaban las protestas contra el apartheid».

Tras el derrocamiento del apartheid en 1994, Bristow entró en la industria minera, formando Randgold Resources en 1995. Randgold se benefició de las presiones occidentales sobre el Congreso Nacional Africano en el poder, destinadas a impedir la reestructuración radical de la economía sudafricana, brutalmente desigual. Canadá desempeñó un papel notable en la campaña de presión:

     Funcionarios de la embajada canadiense participaron en la redacción de la ley minera [posterior al apartheid]. Un diplomático canadiense en Johannesburgo declaró que «los cambios en la legislación minera se han hecho esperar y sé que ha habido una aportación canadiense sustancial». En 2002, la revista sudafricana Mining Weekly reveló que, durante la redacción del proyecto de ley, «las empresas canadienses fueron probablemente las compañías mineras extranjeras más consultadas por el gobierno sudafricano... El gobierno sudafricano recibió muchas aportaciones de todo el espectro de la industria minera canadiense, desde las empresas de prospección, pasando por las casas mineras, hasta los analistas de la Bolsa de Toronto»... Cuando se aprobó la ley minera, sus aspectos redistributivos se habían suavizado considerablemente.

Como jefe de Randgold, Bristow admitió que los trabajadores morían regularmente en sus minas. «Dirigiendo esas profundas minas de oro sudafricanas», dijo, “se mata gente todo el tiempo”. Pero a pesar de salir impune de los asesinatos, Bristow se quejó de que el gobierno sudafricano «nunca ha llegado a una fórmula en la que todo el mundo se sienta parte del negocio. Siempre son ellos y nosotros». Y añadió

    Todavía hay un debate sobre la nacionalización... toda la cuestión sudafricana sigue centrada en la distribución y la redistribución, en lugar de centrarse en la difícil tarea de crear valor y rentabilidad».

 Bristow abandonó Sudáfrica y encontró una debilidad por el neoimperio francés en África Occidental. Creó una rentable cartera de inversiones en la región, incluido Mali. Su empresa se enriqueció gracias a la explotación de los recursos naturales de África, pero a pesar de ello menospreció la ética de trabajo de los africanos y desestimó el catastrófico legado del colonialismo en el continente. En mayo de 2011, Bristow declaró a The Guardian,

    África vive en una mentira, a veces no se da cuenta de que hay que levantarse por la mañana y trabajar. Los días de culpar al colonialismo o al apartheid son cosa del pasado.

También hay que señalar que Bristow solía formar parte de la junta de una «organización de conservación de grandes felinos», pero dimitió en 2018 tras matar animales africanos en peligro de extinción y posar con sus cadáveres: elefantes, antílopes, gacelas, un hipopótamo, un león, un búfalo, una cebra y un leopardo. Un año después, Barrick compró Randgold y Bristow fue nombrado consejero delegado del gigante minero canadiense.

Además de insultar a los africanos y matar animales en peligro de extinción, Bristow menospreció a un activista de derechos humanos que se enfrentó a él por las acciones de Barrick en el sur de Asia. Cuando un activista separatista que pedía un Estado de «Baluchistán» (cuyo territorio deseado se encuentra en Irán, Pakistán y Afganistán), que buscaba asilo en Canadá, le preguntó sobre la cercanía de Barrick con el gobierno golpista de Pakistán, Bristow le dijo,

    Deberíais volver a Baluchistán.

 Además, el CEO de Barrick tiene un historial de advertencias a los gobiernos africanos contra el aumento de los ingresos estatales procedentes de los recursos naturales. Cuando el gobierno congoleño anunció planes para aumentar los impuestos mineros en 2018, Bristow afirmó que la acción «parece basarse en la premisa totalmente irracional de que el Estado tiene de alguna manera derecho a todo el flujo de efectivo de las minas.» Describió la subida de impuestos como un «abuso del concepto de asociación» y un esfuerzo por «matar a la gallina de los huevos de oro». Amenazó con un arbitraje internacional contra el Congo.

Ahora Bristow, un rico aficionado a la jetset conocido por viajar por todo el mundo, tiene miedo de poner un pie en Mali, no sea que le detengan como al director general de Resolute, Holohan. Como declaró el analista minero John Ing

    Obviamente, el Sr. Bristow no va a ir a Mali. Y enviar a un negociador, no sé quién quiere ir...

Al igual que Malí, Burkina Faso y Níger, sus compañeros de la AES, han reclamado su soberanía al imperialismo occidental echando a las tropas francesas y estadounidenses y afirmando el control estatal sobre sus recursos. A principios de este año, Burkina Faso nacionalizó dos minas de oro de propiedad británica y el dirigente del país, Ibrahim Traoré, anunció planes para retirar algunos permisos mineros a empresas extranjeras. Por su parte, Níger ha nacionalizado el agua y el uranio, antaño propiedad de empresas francesas.

 Todas estas acciones representan una amenaza para las empresas mineras canadienses. Tales amenazas parecen acumularse en todo el mundo. Hace tres años, Kirguistán nacionalizó la mina de oro Kumtor, de propiedad canadiense, lo que llevó a Ottawa a amenazar con «consecuencias de gran alcance para la inversión extranjera directa en la República Kirguisa». Más recientemente, un referéndum público en Ecuador rechazó la vuelta a la solución de diferencias inversor-Estado (ISDS), una disposición que permitiría a las empresas canadienses demandar al gobierno de Ecuador por supuestas violaciones de los acuerdos comerciales. Mientras tanto, el gobierno progresista de Morena en México ha aumentado el papel del Estado mexicano en la minería y ha dejado de lado a las empresas canadienses, lo que ha provocado agresivos desafíos legales por parte de Ottawa y Washington.

Si la disputa entre Malí y Barrick Gold continúa, cabe esperar que la embajada canadiense local se involucre. No sería ni mucho menos la primera vez que Ottawa interviene en los asuntos soberanos de una nación africana a instancias del sector minero. En 2012, el Gobierno congoleño retiró un contrato minero a First Quantum Minerals, con sede en Vancouver, lo que llevó al Gobierno de Harper a presionar a la RDC para que devolviera la mina. En 2017, mientras tanto, el gobierno de Trudeau dio a entender que recortaría la ayuda a Tanzania a menos que levantara una prohibición de exportación que estaba afectando a los beneficios de Barrick.

 No cabe duda de que el gobierno de Canadá sigue de cerca los acontecimientos en Malí y en el EEE en general, pero estos países han capeado muchas tormentas: sanciones de sus vecinos, intentos de golpe de Estado, amenazas de invasión, injerencias francesas, ataques de insurgencias wahabíes respaldadas desde el extranjero. En comparación, las de Mark Bristow y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, tienen poca fuerza."

(Owen Schalk , MROnline, 13/12/24, traducción DEEPL, enlaces en el original)

BlackRock, el Estado chino o un expresidente boliviano: quién controla el negocio de las nuevas minas en España

 "Investigate Europe analiza el accionariado de las 23 empresas con minas de materias primas críticas o proyectos avanzados para abrirlas

Investigate Europe analiza el accionariado de las 23 empresas con minas de materias primas críticas o proyectos avanzados para abrirlas

Da igual que se llamen BlackRock o HSBC, Oaktree o BNP Paribas, JP Morgan o Blackstone. Los grandes fondos y bancos de inversión del mundo tienen intereses en las minas de cobre, wolframio o litio de España. El Estado chino es el principal beneficiario de uno de los yacimientos más rentables del país. El segundo hombre más rico de México planea reabrir la mina sevillana de Aznalcóllar. Empresarios venezolanos salpicados por los Papeles de Panamá intentan hacerse de oro con explotaciones en Galicia y un expresidente boliviano acusado por los fiscales de su país de genocidio es el dueño de una mina de cobre en Asturias… El boom de la nueva minería, centrada en la explotación de lo que se conoce como “materias primas críticas”, es una llamada para el gran capital transnacional y también para personajes turbios que buscan enriquecerse en un sector tan dado a la especulación.

La cosa debería ir a más. La UE está impulsando decididamente la apertura de nuevas minas en Europa. Quiere garantizarse el suministro de litio, cobre, níquel y otras materias primas esenciales para la transición ecológica y la alta tecnología, que ahora están controladas en buena medida por China. Para lograr ese objetivo está prevista la aprobación de un nuevo Reglamento que incorpora dos medidas polémicas: reducir los plazos para obtener los permisos necesarios para iniciar la explotación de un yacimiento y fomentar la financiación pública y privada de las actividades mineras.

Los países nórdicos y la Península Ibérica son los lugares de Europa donde hay mayores yacimientos, tanto en explotación como potenciales. Así que el incremento previsto de la demanda ha llevado a que se multipliquen en los últimos años las solicitudes de licencias para nuevos proyectos mineros.

Un negocio que se augura boyante. Y que plantea una pregunta obvia: ¿quién está detrás de las empresas mineras? Para responderla, Investigate Europe analizó el accionariado de las 23 principales compañías con yacimientos abiertos o proyectos avanzados para explotar materias primas críticas en España. 

Una de las principales conclusiones es que el gran capital español está de momento ausente. No hay casi rastro de la banca y el listado de inversores está dominado por entidades y gestoras de fondos estadounidenses, británicas y francesas. “La banca española lleva 40 años saliendo del mundo industrial y la minería es uno de los ámbitos industriales con más riesgo. La banca española no tiene una cultura de apoyo a la industria extractiva. Eso explica que los empresarios españoles en el sector de las materias primas críticas sean muy pocos”, explica Pedro Mora, cargo en la Fundación Minería y Vida, impulsada por las patronales mineras.

Tampoco hay apenas millonarios españoles que estén aprovechando la resurrección de la minería para entrar en el sector. Una de las excepciones es Miguel Rodríguez Domínguez, dueño de la empresa de relojes Festina Lotus y que ocupa el puesto 448 en la última lista de los más ricos de España que elabora El Mundo. Rodríguez es accionista, a través de una empresa de Luxemburgo, de la empresa que planea abrir una mina de litio en la localidad de Cañaveral (Cáceres). En ese proyecto también figuran como inversores Alejandro Chaves y Gustavo Carrero, que hicieron fortuna en el sector de las renovables, y están en los puestos 314 y 319 de los más ricos de España.

De las 23 empresas analizadas, solo ocho tienen su sociedad matriz en España. Hay cinco que están en Canadá y otras cinco que tienen su domicilio en Australia. La razón es que en estos dos países se encuentran sendas Bolsas especializadas en la captación de fondos para proyectos mineros. El resto de compañías tienen la sede de su matriz en Chipre, Luxemburgo, Reino Unido, Francia y México.

El trabajo de Investigate Europe ha intentado determinar siempre quiénes son las personas físicas que son dueñas de las minas, que a veces se esconden tras una compleja trama societaria. Pero hay casos en los que no es posible. Cuando en la cúspide de la trama está un fondo de gestión o una entidad financiera que invierte el dinero de sus clientes, la identidad de éstos no se puede conocer a través de documentos de acceso público. Es el fondo o el banco quien aparece como accionista a todos los efectos en los registros.

En España están en explotación diez complejos mineros de materias primas incluidas en la lista de 34 minerales críticos aprobada recientemente por la UE (puedes consultarla aquí). Hay además otros dos que cerraron en los últimos años, pero que cuentan con planes de reapertura. Cuatro son yacimientos de cobre, tres de wolframio, dos de estroncio, dos de fluorita y uno de coltán.

La mina sevillana de Cobre Las Cruces ha sido durante años una de las “más rentables del mundo”, según presumían sus responsables, porque se extraía un mineral con una pureza mucho mayor que en otros yacimientos. Agotadas las reservas que se explotaron desde 2009 a cielo abierto, la actividad continuará de forma subterránea. La dueña del complejo minero es la sociedad canadiense First Quantum Minerals Ltd., cuyo principal accionista es Jiangxi Copper Co.Ltd, propiedad del Estado chino. También tienen inversiones significativas los fondos Capital Research & Management y Fidelity Management.

Como desveló Investigate Europe, Cobre Las Cruces es la segunda empresa de toda Europa que más subvenciones verdes recibe para proyectos de investigación relacionados con materias primas críticas, a pesar de sus reiterados incumplimientos medioambientales. La empresa canadiense explota yacimientos en diversos países de Europa, África y América. En el último mes ha estado en el foco mediático por las fuertes protestas ciudadanas producidas en Panamá contra la concesión para explotar la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica.

La sociedad australiana Sandfire Resources Ltd. explota tres minas de cobre en la provincia de Huelva: Aguas Teñidas, Magdalena y Sotiel. Las adquirió en 2021 por un importe de 1.585 millones de euros, lo que da idea del negocio que generan. Los vendedores fueron Trafigura y Mubadala Investment Company. La primera es una de las mayores comercializadoras mundiales de materias primas como el petróleo y sus derivados. Aunque se suele decir que es un grupo suizo porque tiene allí sus oficinas centrales, en realidad está registrada en Singapur, su dueña directa es una sociedad en Países Bajos y la matriz es una fundación en Panamá (Farringford Foundation). Mubadala, por su parte, es el fondo de inversión del Emirato de Abu Dabi. Otra cifra explica el pelotazo que dieron los vendedores: Trafigura se anotó unas ganancias de 340 millones por la venta de las minas onubenses, que había comprado cinco años antes.

Los tres principales accionistas de Sandfire Resources son gigantes de la inversión financiera: HSBC, JP Morgan y Citicorp. De acuerdo con el último informe anual presentado por la compañía en la Bolsa de Australia, entre los tres acaparan más del 70% del capital.

También en Huelva están las históricas minas de Riotinto, que aún cuentan con 197 millones de toneladas de reservas de cobre. El pasado mes de julio, la Junta de Andalucía autorizó la ampliación de la vida útil de la mina hasta 2031. La sociedad propietaria se llama Atalaya Mining Plc. y su rastro lleva a los territorios europeos usados masivamente por las multinacionales para reducir al mínimo el pago de impuestos. Con sede en Chipre, el principal accionista de Atalaya Mining es la maltesa Urion Holdings Ltd. ¿Y quién está detrás de esta última? Trafigura. Sí, la misma que dio el pelotazo de 340 millones con la venta de las minas onubenses a Sandfire. Claro que esa cifra palidece comparada con los beneficios que está logrando Trafigura gracias a la crisis energética iniciada tras la invasión de Ucrania: 6.700 millones de euros en un año. La compañía sostiene que su capital se reparte entre más de mil empleados, pero se desconoce quién maneja la fundación panameña que está al final de la madeja societaria de Trafigura.

El segundo principal accionista de Atalaya Mining es la gestora de fondos española Cobas Asset Management. Y Banc Sabadell controla, según la propia sociedad chipriota, el 3% de su capital. Una participación muy minoritaria, pero que llama la atención porque la banca española está por lo demás ausente del sector minero.

El mapa de las explotaciones de cobre se completa con la mina asturiana de El Valle-Boinás, un yacimiento del que también se extrae oro y plata. La propietaria es la sociedad canadiense Orvana Minerals Corp., quien a su vez tiene como accionista mayoritario a la compañía panameña Andean Resources SA. Esta última fue fundada en 1980 y ha estado controlada siempre por Gonzalo Sánchez de Lozada, dos veces presidente de Bolivia. Fue derrocado en 2003 por el levantamiento popular tras “la masacre de octubre”, en la que fueron asesinadas más de 60 personas. Sánchez de Lozada se fugó a Estados Unidos, que se negó a extraditarlo después de que la Fiscalía boliviana lo acusara de genocidio. En Andean Resources han ocupado cargos directivos tanto Sánchez de Lozada como su padre, un hermano y su hija, Alexandra.

El interés por el wolframio o tungsteno español no es nuevo. Durante la II Guerra Mundial, la Alemania nazi intentó asegurarse el suministro desde España de este material, que usaba para reforzar sus proyectiles antitanque. Ya entonces estaba abierta la mina de Barruecopardo, en Salamanca. Tras cerrar en los años ochenta, reabrió en 2019.

El historial de los cambios de propiedad de Barruecopardo es un ejemplo de cómo las minas se han convertido en un objeto de deseo para los grandes fondos de inversión. Los planes para sacar de nuevo wolframio en el yacimiento salmantino los inició una compañía irlandesa denominada Ormonde Mining, que tenía entre sus accionistas a los fondos Tiberius, M&G Investment, Rathbone Brothers y JP Morgan Asset Management. En 2015, Ormonde vendió el 70% de sus acciones en la mina a Oaktree Capital Management, un gigante mundial del capital riesgo. En España es conocido por el pelotazo que dio con la compraventa de Eolia y más recientemente por sus negocios en el sector inmobiliario, después de que comprase la promotora del Sabadell. Oaktree compró la mina a través de una sociedad en Luxemburgo.

En agosto de este año, Oaktree llegó a un acuerdo con la sociedad australiana EQ Resources, a la que traspasó Barruecopardo a cambio de hacerse con más del 15% de su capital. Junto al fondo estadounidense, el otro accionista de referencia de EQ Resources es la entidad financiera francesa BNP Paribas.

En España hay otras dos minas de wolframio con licencia para operar, pero que han cerrado en los últimos años. En ambos casos tienen planes para reabrir en un futuro próximo.

El yacimiento de La Parrilla, en Cáceres, tiene una de las mayores reservas de wolframio de Europa. Tres años después de su reapertura, paralizó la producción en abril de 2022. Aparentemente por problemas de liquidez de la sociedad gestora, Iberian Resources Spain SL, cuyo accionista único es la compañía británica W Resources Plc. En mayo de 2023, un juzgado de Cáceres aprobó el plan de reestructuración de la compañía, que convirtió a BlackRock en su principal accionista. La firma estadounidense, que es la administradora de activos más grande del mundo, había prestado cerca de 90 millones a la dueña de la mina extremeña. A cambio de capitalizar la deuda, se quedó con el 95% del capital.

BlackRock está en el capital de otras empresas mineras españolas, aunque no con una posición mayoritaria como en La Parrilla. Tiene más del 4% de Atalaya Mining, la dueña del yacimiento de Riotinto, y cerca del 2% de First Quantum Minerals, la propietaria de la mina de Las Cruces.

La extracción de wolframio en Los Santos (Salamanca) estuvo en marcha entre 2008 y 2020. La dueña es la sociedad canadiense Almonty Industries Inc., que anunció sus planes de inminente reapertura en una comunicación enviada el pasado mes de mayo a la Bolsa de Toronto. La compañía explota otros importantes yacimientos de wolframio en Portugal y Corea. Sus principales accionistas son la familia austriaca de los Schwarzkopf y la empresa alemana Deutsche Rohsfoff AG.

Junto al cobre y el wolframio, otra materia prima crítica relevante es el estroncio, puesto que España es el único productor de dicho mineral en Europa. Los principales yacimientos están en la provincia de Granada. Las minas de Escúzar fueron explotadas históricamente por Solvay SA, que pasó a denominarse Kandelium Minerales SA tras su venta en 2021 al fondo de private equity francés Latour Capital.

La otra mina importante de estroncio se llama Montevive y su propietaria es la compañía española Bruno SA, nombre que coincide con el apellido de la familia que administra la sociedad desde hace décadas. En 2022 tenía la mayor reserva de Europa de celestina, mineral del que procede el estroncio, que se utiliza por ejemplo para la fabricación del vinilo de las pantallas de televisión.

Una cuarta materia prima crítica que se produce en España es la fluorita o espatofluor, muy usada en la industria óptica. Los principales yacimientos están en Asturias. La sociedad Minerales y Productos Derivados SA (Minersa), una histórica del sector, explota las minas Moscona, Cucona, Emilio y La Viesca. Varias de ellas acumulan denuncias por contaminar ríos próximos, aunque a veces la infracción sale realmente barata. Por ejemplo, los 1.300 euros de multa que le impuso el año pasado la Confederación Hidrográfica del Cantábrico no parece que vayan a llevar a la quiebra a la compañía. Y tampoco provocan un efecto disuasorio: en abril de este, la misma mina contaminó presuntamente el mismo río.

De acuerdo con su último informe anual de gobierno corporativo, el principal accionista de Minersa es la compañía luxemburguesa Lombard International Assurance SA, controlada por la estadounidense Blackstone, otra de las principales gestoras de fondos del mundo. También tienen participaciones significativas la familia Marco-Gardoqui (puesto 466 entre los más ricos de España); María Isabel Lipperheide Aguirre, que además de empresaria minera es ganadera taurina, y Alejandro Aznar Sainz, dueño de la multinacional naviera Ibaizabal y de las bodegas Marqués de Riscal (puesto 149).

Una historia muy diferente es la de otra mina de fluorita, Órgiva, en Granada. Uno de sus tres socios también es vasco, Jorge Peñagarikano, pero nada tiene que ver con la burguesía industrial y financiera de los Lipperheide y los Aznar. “Cuando mis dos socios y yo compramos Minera de Órgiva en 2010 apenas facturaba 30.000 euros. Multiplicamos esa facturación por cien, pero en los últimos años lo estamos pasando regular”, indica Peñagarikano en conversación con Investigate Europe.

Por último, entre las materias primas críticas que se extraen en España, están el niobio y el tántalo de la mina de Penouta (Ourense). Ambos minerales son la base del coltán, que gracias a características como la superconductividad se utiliza en múltiples campos, desde la telefonía móvil a los implantes médicos o las llamadas armas inteligentes. Penouta es el único yacimiento del que se extrae coltán en Europa. En otros lugares, como la República Democrática del Congo, el negocio del coltán genera explotación infantil y conflictos armados.

La empresa propietaria de Penouta es una filial de la canadiense Strategic Minerals Europe Corp, cuyos principales accionistas son los empresarios venezolanos Miguel de la Campa, Serafino Iacono y Jaime Pérez Branger. Los dos primeros ocuparon titulares de prensa por su gestión al frente de la colombiana Pacific Rubiales Energy, que era la petrolera independiente más grande de Latinoamérica. Los pequeños accionistas los acusaron de llevar la compañía a la quiebra de forma “fraudulenta” y de beneficiarse ellos mismos con la propuesta de reestructuración que hicieron para salvarla.

No es la única vez que aparecieron en los medios. Miguel de la Campa y Serafino Iacono también quedaron retratados en la investigación periodística conocida como Papeles de Panamá, que dejó al descubierto miles de empresas creadas en paraísos fiscales por el bufete panameño Mossack Fonseca.

En definitiva, si uno se fija en el principal accionista de las 12 minas con licencia para extraer materias primas críticas el panorama que se encuentra es el siguiente: tres fondos de inversión (BlackRock, Blackstone y Latour Capital); dos multinacionales bancarias (HSBC y BNP Paribas); una empresa controlada por el Estado chino (Jiangxi Copper); una de las principales comercializadoras de petróleo del mundo cuya matriz es una fundación panameña (Trafigura); un expresidente boliviano acusado de una matanza y que se fugó del país; unos empresarios venezolanos con un historial de quiebras sospechosas y sociedades en paraísos fiscales, y una familia de millonarios austriacos. Las otras dos compañías tienen al frente a pequeños empresarios desconocidos.

La demanda prevista de materias primas críticas ha disparado en los últimos años la solicitud de permisos de exploración y explotación. La puesta en marcha de un proyecto minero es, no obstante, un proceso laborioso que de media lleva entre 8 y 12 años. Los expertos calculan, además, que menos de un 2% de las exploraciones que se inician terminan convirtiéndose en un yacimiento operativo.

Investigate Europe, tras consultar publicaciones especializadas y preguntar a miembros de las patronales, ha identificado catorce proyectos que ya llegaron a una fase avanzada, aunque tres de ellos están paralizados por los tribunales o los Gobiernos autonómicos. En el mundo minero una paralización rara vez equivale a un abandono. Las empresas, además de agotar lógicamente los recursos judiciales, muchas veces modifican el proyecto –por ejemplo, convirtiendo en mina subterránea una propuesta de yacimiento a cielo abierto– y lo vuelven a presentar.

El análisis de quiénes son los dueños de esos 14 proyectos muestra actores similares a los de las minas con licencia para operar. Para empezar, porque hay cuatro nombres que se repiten. Almonty Industries tiene un proyecto para abrir una mina a cielo abierto de wolframio en la localidad zamorana de Valtreixal, en un área que forma parte de la red Natura 2000. Atalaya Mining pretendía extraer cobre en la localidad coruñesa de Touro, pero la Xunta le tumbó el proyecto hace tres años por su impacto ambiental, lo que ha llevado a la compañía a reformarlo y anunciar que lo presentará de nuevo. Los empresarios venezolanos Miguel de la Campa y Serafino Iacono están detrás de una empresa canadiense de reciente creación para extraer litio en dos zonas conocidas como Alberta II y Carlota, que se extienden por varios municipios de la provincia de Ourense. Y, en julio de 2023, la Junta de Andalucía concedió a la empresa Minera de Órgiva licencia para obtener fluorita del Pozo Lupión, en la localidad granadina de Berja.

Uno de los minerales que más interés están despertando es el litio, fundamental para las baterías de los vehículos eléctricos. El Gobierno español prevé que, de aquí a 2040, la demanda de litio se multiplicará por 40 respecto a la situación actual, siendo la materia prima crítica que experimente mayor crecimiento.

En Extremadura hay dos proyectos en marcha para extraer litio. La compañía Lithium Iberia SL prevé explotar a partir de 2025 el yacimiento de litio de Las Navas, en el municipio de Cañaveral (Cáceres). Además de la mina, está planeada la construcción de una fábrica de cátodos para las baterías, que están formados por óxido metálico de litio. El objetivo, en definitiva, es extraer y procesar el mineral en Extremadura. De la fábrica de cátodos se encargará la compañía Phi4tech. Ambas empresas tienen un acuerdo estratégico y comparten buena parte de los accionistas.

Investigate Europe ha tenido acceso a la composición del accionariado de Lithium Iberia. Y, aunque con participaciones minoritarias, hay nombres conocidos del empresariado español. El caso más llamativo es el de Miguel Rodríguez Domínguez, dueño de las marcas de relojes Festina y Lotus. Controla el 6% del capital a través de una sociedad de Luxemburgo denominada Golden Estate SA, constituida el 9 de agosto de 2007 por una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas (Dugan Management SA) y otra de Belize (Nayland International SA), ambos conocidos paraísos fiscales.

A preguntas de Investigate Europe, un portavoz de Miguel Rodríguez explicó que no tenía interés por el sector minero como tal: “Su interés es por las baterías para los vehículos eléctricos. También tiene una participación del 6% en Phi4tech, y como es esencial asegurar el suministro de litio para la fábrica de cátodos, por eso invirtió en la mina. Pero él llega a la mina a través de las baterías”. En cuanto a las sociedades en paraísos fiscales, dicho portavoz aseguró lo siguiente: “Miguel Rodríguez es desde 2005 residente fiscal en Suiza. En 2008 o 2009 necesitaba una sociedad para ciertas inversiones y habló con Crédit Agricole. Esta entidad le ofreció adquirir una compañía que ellos ya tenían constituida, para ahorrarse los tiempos de espera. Y eso fue lo que hizo. Pero las empresas de Islas Vírgenes y de Belize nunca han sido de Miguel Rodríguez. Y nada más asumir el control de Golden Estate SA puso las acciones a su nombre”.

Otros dos multimillonarios que están en el capital de Lithium Iberia son Alejandro Chaves  y Gustavo Carrero. El primero tiene un 5% del capital y el segundo cuenta con un 1%. Ambos son los fundadores y principales accionistas de OPDE, productora de energía renovable. El fondo francés Antin lanzó en junio una oferta de compra que valora la compañía energética en 866 millones de euros.

Un nombre conocido entre los aficionados a la caza menor, Javier Juan Medem de la Torriente, adquirió algo menos del 1% del capital de Lithium Iberia. Gestiona la finca La Nava, adonde acuden a pegar tiros grandes fortunas españolas e internacionales.

Los principales accionistas de la empresa minera son personas menos conocidas, Iñigo Resusta  y Enrique Martinavarro, ambos socios de la firma española de private equity Queka Real Partners. También tienen participaciones significativas los consejeros delegados de Lithium Iberia y de Phi4tech, Ignacio Baños y Mario Celdrán, respectivamente.

Los planes para reabrir la mina han provocado oposición entre vecinos de las localidades afectadas, agrupados en la Plataforma no a la mina de Cañaveral y que se declaran preocupados porque “destroce el entorno”. Una importante oposición vecinal generó también el otro proyecto para extraer litio en Cáceres, la mina San José de Valdeflores, a poco más de dos kilómetros de la ciudad y que tiene enfrente a la asociación Salvemos la Montaña. Para empezar, la empresa minera ha tenido que cambiar su idea inicial de hacer una mina a cielo abierto por una subterránea. La primera es más barata, pero su impacto ambiental es mayor.

La propietaria del yacimiento de San José es la empresa australiana Infinity Lithium Corp, cuyo principal accionista es la entidad financiera BNP Paribas. La compañía se ha felicitado públicamente por el cambio de gobierno en Extremadura y en la alcaldía de Cáceres. En un comunicado enviado a la Bolsa de Australia el 3 de julio, Infinity Lithium explicó que sus directivos se “habían reunido en los últimos días con los recién elegidos líderes políticos locales de Cáceres y Extremadura” y se alegraban de que estuvieran “alineados” los intereses de ambas partes para impulsar el proyecto de San José. Si se tiene en cuenta que el pacto de gobierno entre PP y Vox para hacer presidenta a María Guardiola se anunció solo tres días antes, cabe concluir ciertamente que la reunión con los directivos mineros estaba entre las prioridades de los nuevos dirigentes.

El cuarto proyecto de litio se llama Alberta I y está en Galicia, entre las provincias de Pontevedra y Ourense. Lo pretende explotar una filial del grupo Samca, que pertenece a la mayor fortuna vinculada a la minería en España, la familia Luengo Sanz, en el puesto 26 de la lista de los más ricos. Un primer proyecto de explotación fue rechazado por las autoridades en 2020, pero este año la compañía realizó nuevos sondeos.

En cuanto al wolframio, además del mencionado proyecto de Valtreixal, hay otros tres en marcha. El más incipiente, pero que a la vez tiene detrás a la empresa más conocida en el sector, se encuentra en Badajoz y lo promueve la australiana Berkeley Energia Limited. Esta es la misma empresa que intentó abrir una mina de uranio en Retortillo (Salamanca), pero el Gobierno central le negó la autorización. El asunto está ahora en los tribunales. En un informe presentado en julio, Berkeley Energia anunció que había adquirido “los derechos de una zona minera llamada Los Bélicos”, en el municipio de Oliva de la Frontera. En dicha zona está la histórica mina de Virgen de Gracia, donde se extrajo wolframio y que cerró a mediados de los años setenta. Berkeley Energia está controlada por la banca: BNP Paribas tiene la mayoría absoluta del capital y el segundo accionista relevante es el HSBC.

En Abenójar (Ciudad Real) está en marcha un proyecto para obtener wolframio de la mina de El Moto, que lidera Gonzalo García San Miguel, ex consejero delegado de Sacyr Industrial. Hace más de diez años que se empezó a hablar de los planes para explotar el yacimiento, pero recientemente se ha producido una ampliación de capital en la empresa propietaria de los derechos, Mining Hills SL, lo que indica al menos la intención de darle un empujón. El fundador de la compañía, Diego Fidalgo, es ahora el socio minoritario.

También han pasado diez años desde el primer proyecto para extraer wolframio de la misa de San Finx, en Lousame (A Coruña). Los derechos de explotación se han ido vendiendo y revendiendo, de forma que hasta cuatro empresas diferentes han figurado al frente del proyecto. La penúltima que lo intentó fue la canadiense Pivotal Metals Ltd., que en junio de este año tiró la toalla y se la traspasó a una empresa recién creada, Metáis Estratéxicos SL, cuyo socio único es el geólogo peruano Álvaro Fernández Baca. La Cofradía de Pescadores de Noia acusó a Pivotal Metals de “fugarse” para evitar afrontar su responsabilidad tras efectuar supuestos vertidos ilegales, que investiga un juzgado.

Pivotal Metals recibió este año otro revés en el segundo proyecto que tenía en Galicia para extraer wolframio. En marzo, la Xunta declaró la caducidad de la concesión para explotar el yacimiento de Varilongo, en el municipio coruñés de Santa Comba. La empresa anunció que recurriría la decisión ante los tribunales. Las entidades financieras BNP Paribas y HSBC están entre los accionistas de referencia de la empresa australiana.

Los planes para obtener tierras raras de la mina de Matamulas (Ciudad Real) también están encallados, después de que el Gobierno de Castilla-La Mancha negase la autorización, decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia. La última palabra la tendrá el Tribunal Supremo. La empresa promotora es Quantum Minería SL, a cuyo frente está Javier Merino de la Cuesta, exmarido de la modelo Mar Flores, en su día dueño de la mítica sala Fortuny en Madrid y principal inversor en la quebrada Star Petroleum, petrolera de moda en los años noventa de la que llegó a tener acciones el expresidente de Prisa Juan Luis Cebrián.

Mejores perspectivas tiene otra mina en Ciudad Real, en la localidad de Fontanarejo, de donde Fertiberia espera extraer fosfatos. El pasado mes de junio se puso en marcha el procedimiento de expropiación forzosa de los terrenos necesarios para la concesión minera. Fertiberia es una histórica empresa española del sector químico, que durante años perteneció al grupo Villar Mir, hasta que la vendió en 2020 al fondo de capital riesgo sueco Triton Partners. La matriz de la compañía, Fertiberia Sàrl, está ahora en Luxemburgo.

Si hay un nombre que se asocia negativamente a la minería es Aznalcóllar. La rotura de la balsa de la mina de pirita causó el vertido de seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos al río Guadiamar, provocó la muerte de miles de peces y afectó a una superficie de 4.634 hectáreas, parte de las cuales tuvieron que dejar de cultivarse al estar contaminadas con metales pesados. Fue una de las principales catástrofes medioambientales de la minería europea en el último medio siglo. Una de las productoras de cobre más grandes del mundo, Grupo México, tiene planes avanzados para reabrir el complejo minero sevillano.

El principal accionista de la compañía es Germán Larrea, a quien Forbes considera el segundo hombre más rico de México. La compañía esperaba iniciar los trabajos en el yacimiento este año, mientras los ecologistas ponen el grito en el cielo por las deficiencias medioambientales del proyecto."                   (Manuel Rico , Investigate Europa, 06/11/23)

La España rural podría acabar albergando centros de infraestructuras para la IA... En un país que ya sufre una sequía generalizada, los centros de datos que requieren enormes cantidades de agua intensificarán las presiones ecológicas... El ecosistema industrial específico que cubre proyectos de minería, centros de datos y energía verde tiene un impacto tangible y dramático en áreas rurales profundamente marginadas como Extremadura y Castilla-La Mancha, incluso cuando son sostenibles. En un mundo que enfrenta sequías severas y 2 ℃ de calentamiento global, debemos cuestionarnos si la infraestructura intensiva en recursos para respaldar el crecimiento de tecnologías avanzadas como la IA es una solución viable para el bien común a largo plazo

 "La España rural podría acabar albergando centros de infraestructuras para la IA: éste podría ser el coste medioambiental.

 En un país que ya sufre una sequía generalizada, los centros de datos que requieren enormes cantidades de agua intensificarán las presiones ecológicas.

 Mientras que el ChatGPT y otras formas de inteligencia artificial (IA) han dominado los titulares recientemente, se ha prestado poca atención a la infraestructura física, como centros de datos y fábricas de microchips, necesaria para apoyar esta revolución tecnológica. Los debates en torno a la IA rara vez se ocupan de cómo las empresas tecnológicas extraen recursos para alimentar su crecimiento.

La infraestructura física sustenta la tecnología que utilizamos en la vida cotidiana. Esto incluye los centros de datos, grandes instalaciones que albergan los numerosos servidores informáticos necesarios para almacenar las enormes cantidades de información que acumulan las empresas tecnológicas. También puede incluir operaciones mineras para extraer materias primas utilizadas como componentes en nuestra tecnología, como el litio para las baterías.

Desde las fresas y el café que compramos en nuestros supermercados, hasta los vaqueros que vestimos y los ordenadores portátiles con los que trabajamos, nuestros bienes materiales necesitan tierra, agua y trabajo humano para ser producidos. Cuando se trata de productos que existen digitalmente no es diferente.

Los centros de datos necesitan grandes cantidades de agua para refrigerar los numerosos servidores informáticos que albergan. El litio y el cobre también son minerales clave para fabricar los microchips que incorporan las unidades informáticas de los centros de datos.
¿Tesoros rurales?

Entre 1951 y 1990, la región rural de Extremadura (España) perdió el 40% de su población rural y muchos de sus puestos de trabajo. Sin embargo, la zona es muy rica en recursos naturales como el estaño, el oro y el wolframio, y en 2023 los recursos de la región despiertan interés y, con el tiempo, podrían generar empleo e impulsar el crecimiento demográfico. El litio, que se encuentra en la zona, es un foco para impulsar una revolución digital verde en Europa y proporcionar nuevos puestos de trabajo.

La UE fomenta la extracción de materias primas para esta era tecnológica dentro de sus fronteras con el fin de depender menos de China y Estados Unidos. En 2022, la UE importó materias primas por valor de 125.000 millones de euros (106.000 millones de libras), mientras que exportó materiales por valor de 76.000 millones de euros, lo que supone un déficit comercial.

La empresa australiana Infinity Lithium planea abrir una mina de litio en Extremadura. Tras prometer puestos de trabajo y un futuro sostenible y digital basado en las nuevas energías y un impulso económico a la Extremadura rural, la empresa está a punto de recibir la aprobación del Gobierno español y las autoridades locales.
Almacenamiento de energía

Sin embargo, este proyecto se enfrenta a una importante resistencia por parte de los ciudadanos de la cercana ciudad de Cáceres. Un grupo llamado "Salvemos la Montaña" lleva cinco años luchando contra este proyecto. Este grupo está preocupado por las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Otra empresa que pretende extraer litio de la región, Lithium Iberia, promueve la idea de una revolución energética verde en Extremadura. Designa con orgullo su propio proyecto como "la explotación minera más sostenible de Europa".

 Esta empresa también planea fabricar supercondensadores que se utilizarán para almacenar energía. Estos supercondensadores se pueden utilizar como fuente de energía de respaldo en los centros de datos regionales, si las fuentes primarias fallan y para almacenar y descargar energía de parques eólicos y solares en días menos ventosos y menos soleados, cuando en consecuencia suministran menos energía de lo habitual. Amenazas ambientales  

Los centros de datos se han propuesto como una solución para sacar a Extremadura de su difícil situación económica. Los políticos y las empresas han prometido que los empleos y la riqueza económica vendrán a través de la digitalización y los proyectos se etiquetarán como sostenibles. Sin embargo, los centros de datos, incluso si son sostenibles, consumen enormes cantidades de energía para ejecutar servidores informáticos. También requieren grandes cantidades de agua para enfriarlos. 

 Meta, propietario de Facebook, planea construir un enorme centro de datos en Castilla-La Mancha, otra región rural y despoblada de España. La evaluación de impacto ambiental de la Junta de Castilla-La Mancha mostró que se necesitarán unos seis litros por segundo de agua para enfriar el centro de datos. Esto en el contexto de una de las sequías más preocupantes en años que azota a España. Siempre existen preocupaciones cuando los grandes proyectos se ubican cerca de poblaciones de especies en riesgo porque, por ejemplo, pueden coincidir con sitios de alimentación o anidación de aves. Hay águilas imperiales y buitres negros relativamente raros en la región donde se ubicará el centro de Meta. Sin embargo, las evaluaciones realizadas para ese proyecto indican que no se ubican sitios de alimentación ni nidos en los terrenos del centro, por lo que no se prevén efectos adversos significativos. 

 La resistencia a los centros de datos aún no ha surgido en Extremadura, relacionada con el impacto ambiental de estas instalaciones. La mayoría de estos proyectos están planificados para construirse dentro de parques industriales y almacenes, lo que a veces puede enmascarar su verdadero impacto ambiental. Por ejemplo, los medios holandeses han afirmado que un centro de datos en los Países Bajos consumió más agua de lo esperado.

 Extremadura destaca cómo el mundo digital tiene efectos tanto visibles como invisibles en las zonas rurales y los terrenos al margen de las ciudades. Estos efectos pueden ser tanto ambientales como políticos. En áreas menos pobladas, habrá menos gente y, por lo tanto, es probable que la resistencia sea más débil. Además, dado el largo legado de luchas socioeconómicas que han sufrido estas regiones, los gobiernos locales suelen sentirse atraídos por proyectos que prometen riqueza económica. 

 Muchos de los debates actuales sobre tecnología se centran en los efectos potenciales de la IA en la sociedad. Sin embargo, el impacto invisible de su infraestructura digital generalmente se descuida. El ecosistema industrial específico que cubre proyectos de minería, centros de datos y energía verde tiene un impacto tangible y dramático en áreas rurales profundamente marginadas como Extremadura y Castilla-La Mancha, incluso cuando son sostenibles.

  En un mundo que enfrenta sequías severas y 2 ℃ de calentamiento global, debemos cuestionarnos si la infraestructura intensiva en recursos para respaldar el crecimiento de tecnologías avanzadas como la IA es una solución viable para el bien común a largo plazo, a lo que se hace referencia en español. como “el buen vivir”."                   

(Ana Valdivia es profesora de IA, Gobierno y Política en la Universidad de Oxford. Brave New Europe, 21/06/23; traducción DEEPL)

"El oeste peninsular está vendido por su reserva de litio, vamos a ser la próxima tierra a sacrificar"... Los ciudadanos de Cáceres también se movilizaron este fin de semana en favor de la salud pública, para para rechazar la mina de litio que la Junta de Extremadura está a punto de autorizar a dos kilómetros del casco histórico, lo que va a transformar en "invivible" una ciudad Patrimonio de la Humanidad... un conflicto testigo que, con seguridad, se extenderá por la península y por Europa en los próximos años: el choque frontal entre la necesidad de extraer los minerales que necesita la energía renovable para su despliegue masivo y el rechazo social de quienes habitan los territorios que quieren explotarse... "Se trata a Cáceres como la colonia de un país empobrecido para extraer sus minerales sin respetar la población"... Si esta mina avanza y se construye a "escasos metros de un centro de cirugía y de una planta depuradora de agua" el mensaje político puede ser "muy peligroso"

 "Los ciudadanos de Cáceres, ciudad ubicada a 300 kilómetros de Madrid, también se movilizaron este fin de semana en favor de la salud pública. No salieron a la calle para reclamar mejoras en el sistema sanitario, como lo hicieron cientos de miles de madrileños. Se concentraron para rechazar la mina de litio que la Junta de Extremadura está a punto de autorizar. Una explotación que por su localización (a dos kilómetros del casco histórico) va a transformar en "invivible" a un punto geográfico reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.

El caso, retratado días atrás por LPO,  tiene todas las aristas para transforme en un conflicto testigo que, con seguridad, se extenderá por la península y por Europa en los próximos años: el choque frontal entre la necesidad de extraer los minerales que necesita la energía renovable para su despliegue masivo y el rechazo social de quienes habitan los territorios que quieren explotarse. 

El "boom verde" necesita de otro "boom", más invisible, poco sustentable y mucho más controvertido: el minero. Los coches eléctricos, los paneles solares, las turbinas eólicas y las baterías eléctricas necesitan aluminio, cobre, plata, cadmio, níquel, manganeso cobalto, tierras raras y litio, entre otros tantos minerales. 

La transición energética exige, por tanto, un incremento del número de proyectos mineros, más aún en Europa, por su fuerte dependencia de regiones como China, Australia o América Latina, zonas productoras de estas materias primas. En este contexto, la minería es hoy un eje central de la agenda político-económica de Bruselas. 

El auge de las renovables multiplica los proyectos mineros en España con la concesión de más de 500 licencias

España no es ajena a esta hoja de ruta de la UE. Según el relevamiento realizado por la asociación ecologista Amigos de la Tierra en colaboración con el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), se ha multiplicado en el último tiempo el interés de empresas y fondos de inversión por la extracción de minerales metálicos en la península. Son más de 500 los proyectos autorizados por las administraciones públicas.

Irene de Miguel, portavoz de Unidas Podemos por Extremadura y candidata a presidir la Junta en las próximas elecciones autonómicas, es un rostro político de la lucha ciudadana de Cáceres por evitar que el proyecto de la mina obtenga la luz verde. Participó de la movilización -que convocó a mil personas, según los organizadores- y es una interlocutora de un conflicto que, denuncia, está lejos de ser "puntual y excepcional".

 La diputada advierte que se quiere "replicar" en Cáceres, en una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad, lo que en las últimas décadas se viene haciendo en el sur del planeta: la extracción de recursos para saciar el infinita sed de consumo del capitalismo global. 

"Se trata a Cáceres como la colonia de un país empobrecido para extraer sus minerales sin respetar la población", explica en diálogo con LPO. Si esta mina avanza y se construye a "escasos metros de un centro de cirugía y de una planta depuradora de agua" el mensaje político puede ser "muy peligroso", aclara.

"Extremadura y otras regiones van a ser las nuevas "tierras de sacrificio" de un sistema depredador e insostenible. El oste peninsular está vendido por su reserva de litio", alerta.

Uno de los minerales que más escasea en Europa es el litio, concentrado en Australia, China, Argentina, Chile y Bolivia. Extremadura, según el consenso de los geólogos europeos, tiene una de las reservas más grande de litio de todo el continente.

Como ocurre en esos territorios, la multinacional que está detrás de este proyecto está "comprando la licencia social" para influir en las decisiones políticas, según cuenta De Miguel. El patrocinio de equipos de fútbol o la publicidad en los medios de comunicación locales son dos ejemplos.

"El rechazo ciudadano es fuerte, pero no hay unanimidad. Hay parte de la población que la apoya. La campaña a favor de la mina por su generación de empleo y el derrame de su inversión es muy fuerte", detalla.

Y agrega: "La sensación es que el proyecto cada vez está más cerca de autorizarse. El PSOE, en menos de un mes, ha sancionado normativas para tenderle la alfombra roja a la mina".

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, registró, por un lado, una enmienda para incluir las extracciones mineras en los proyectos empresariales de "interés autonómico", lo que agiliza los "tiempos administrativos" y pasa "por encima a la autoridad municipal", órgano que rechaza su aprobación.

En paralelo, impulsó un decreto de ley para obligar a la industria local a formar parte de "la primera transformación", es decir transformar el litio en hidróxido de litio. "Se vende como un triunfo, pero esta transformación es muy contaminante", aclara la diputada.

Y concluye: "Hay que entender que no estamos ante una problemática local. Este conflicto, multinacionales que van a querer extraer litio en medio de un fuerte rechazo ciudadano, se va a extender en los próximos años. La clave es entender que la transición energética y ecológica que nos venden no es sostenible. No hay recursos suficientes. Tenemos que empezar a hablar de decrecimiento, a reducir los niveles de producción y de consumo para alinearlos con los límites físicos del planeta". 

El polémico proyecto

La multinacional australiana Infinity Lithium creó una filial en España (Extremadura New Energies) para poder explotar este yacimiento de litio. Semanas atrás, la empresa presentó un primer informe a la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura con los trazos gruesos de su nuevo proyecto de explotación. La intención de la firma es formalizar su pedido de autorización antes de fin de año.

 El nuevo proyecto prevé una extracción subterránea. "Hemos hecho un proyecto cien por cien enterrado. Sólo se va a ver la entrada de un túnel a la montaña", defendió Jiménez en sus últimas intervenciones públicas. 

De avalarse el proyecto, la montaña de la capital cacereña -donde viven 96 mil personas- será intervenida por los próximos 31 años. Según el documento que la empresa entregó a la Junta, dos años serán de "preparación y construcción", tres de "rehabilitación y cierre" y 26 de "explotación". (...)

El documento detalla un "plan de rehabilitación para todo el entorno con el fin de prevenir cualquier efecto negativo sobre el medio ambiente y sobre las personas". Y resalta el "impacto económico que tendrá para la ciudad": 1.500 trabajadores contratados de manera directa y 2.100 empleos indirectos.

En el bosquejo empresarial no se hace mención a un dato no menor: la mina será la más cercana a un núcleo urbano en toda Europa: a 300 metros de de una planta depuradora de agua, a 1,5 km del Hospital de Cáceres, 1,6 km del Campus Universitario y 2,5 km de la Plaza Mayor. 

"No es el litio, es la ubicación", resumen el movimiento cívico llamado "Salvemos La Montana de Cáceres", una plataforma de control y oposición al proyecto de esta mina de litio que cada vez suma más adhesiones: "Además, Cáceres está entre las pocas capitales sin río y el litio es el mineral de transición energética con mayor consumo de agua".

El "no a la mina" logró en los últimos días un apoyo político de peso: el de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. "No es alternativa que Extremadura se convierta en una gran mina. No queremos modelos extractivistas. Queremos modelos sostenibles, ecológicos, respetuosos con la salud pública y con la vida", afirmó en su reciente viaje a esta CCAA. "                (Andrés Actis, LPO, 14/11/22)