Las personas trans en las prisiones de Georgia están siendo obligadas a dejar la transición... Una demanda colectiva que representa a casi 300 personas encarceladas alega que la negativa del estado a permitir la atención de afirmación de género constituye un castigo cruel e inusual... tampoco se permitirá a las personas trans encarceladas pagar su propio tratamiento (Candice Norwood)

 "Un grupo de mujeres y hombres transgénero encarcelados han demandado a las autoridades penitenciarias de Georgia, impugnando una nueva ley que les impide recibir atención médica de afirmación de género. La demanda, presentada el viernes por la mañana, acusa al estado de violar la Octava Enmienda, que prohíbe los castigos crueles e inusuales.

Cinco demandantes transgénero —dos hombres y tres mujeres— presentaron la demanda colectiva en nombre de casi 300 personas más en las prisiones estatales de Georgia, quienes argumentan que la ley estatal tendrá "consecuencias catastróficas". En algunos casos, está obligando a personas trans que ya han recibido terapia de reemplazo hormonal y otros servicios durante años a dejar la transición sin su consentimiento.

“Estamos en pleno proceso de ver cómo se adoptan políticas como esta”, dijo Chinyere Ezie, abogada principal del Centro para los Derechos Constitucionales, que presentó la demanda junto con el bufete Bondurant Mixson & Elmore LLP. “Es realmente lamentable, creo que ha costado y costará vidas humanas.” Creo que el plan es, en realidad, erradicar a las personas trans de la vida pública, y, contrariamente a la medicina, convertir el tratamiento de la disforia de género en una guerra cultural, en lugar de una necesidad médica seria que requiere tratamiento.

 En mayo, el gobernador republicano Brian Kemp firmó el proyecto de ley SB 185, aprobado por la legislatura estatal de mayoría conservadora, que prohíbe el uso de fondos o recursos estatales para cirugías, terapia de reemplazo hormonal, procedimientos cosméticos y otros tratamientos utilizados para abordar la disforia de género. La ley establece explícitamente que las personas encarceladas pueden seguir recibiendo tratamientos como la terapia de reemplazo hormonal si son médicamente necesarios para afecciones distintas a la disforia de género.

Ezie declaró a The 19th que los patrocinadores del proyecto de ley indicaron durante las audiencias que tampoco se permitiría a las personas trans encarceladas pagar su propio tratamiento. Su equipo también ha recibido este comentario de sus clientes, dijo. The 19th se puso en contacto con el Departamento de Correcciones de Georgia para confirmar si las personas trans encarceladas pueden pagar estos procedimientos por sí mismas.

 “El Proyecto de Ley 185 del Senado prohíbe el uso de fondos o recursos estatales para los siguientes tratamientos para reclusos estatales: A. Cirugías de reasignación de sexo o cualquier otro procedimiento quirúrgico que se realice con el propósito de alterar las características sexuales primarias o secundarias; B. Terapias de reemplazo hormonal; y C. Procedimientos cosméticos o prótesis destinados a alterar la apariencia de las características sexuales primarias o secundarias”, escribió Joan Heath, directora de comunicaciones del departamento.

"Por lo tanto, el Departamento de Correccionales de Georgia (GDC, por sus siglas en inglés) no puede usar recursos estatales para transportar a un delincuente para que sea atendido por un proveedor pagado a su propio costo, ni permitir que un proveedor pagado por un delincuente trate a dicho delincuente en una instalación del GDC", continuó.

La demanda legal presentada por el Centro para los Derechos Constitucionales incluye detalles sobre los demandantes que describieron los efectos de la interrupción de su atención médica de afirmación de género. Según el Center for Constitutional Rights, una mujer trans llamada Fantasia Horton, encarcelada en la prisión estatal de Phillips, había estado recibiendo terapia hormonal desde 2019, pero se le interrumpió por completo tras la aprobación de la ley, a pesar de que se le había dicho que sus dosis disminuirían gradualmente antes de suspenderse.

“Debido a las políticas y acciones de los demandados al interrumpir su tratamiento, la Sra. Horton se encuentra ahora en grave riesgo de sufrir daños físicos y psicológicos”, decía la demanda. “Hace tres años, tras perder el acceso a la terapia hormonal durante tan solo una semana debido al agotamiento temporal del suministro de terapia hormonal en su prisión, la salud mental de la Sra. Horton se desplomó y sus síntomas depresivos reaparecieron.”

La disforia de género es una condición reconocida por las revistas y profesionales médicos. Se define como la sensación de malestar o ansiedad que siente una persona cuando su género físico no coincide con su identidad de género. Esto puede provocar efectos a largo plazo en la salud mental, incluyendo periodos de depresión, pensamientos o actos de autolesión. La detransición forzada debido a la legislación antitransgénero, junto con las malas condiciones y la discriminación que a menudo experimentan las personas trans encarceladas, puede empeorar estas consecuencias para la salud mental. Desde un punto de vista físico, los médicos recomiendan que cualquier suspensión de la terapia de reemplazo hormonal se lleve a cabo de forma gradual durante tres a seis meses, en lugar de suspenderla de golpe.

 “Privar a las personas del acceso a terapias de afirmación de género mientras están en prisión constituye un castigo cruel e inusual y aumenta la probabilidad de abuso y consecuencias perjudiciales para la salud”, escribieron Jan T. Mooney, psicóloga con sede en Atlanta, y Mark Spencer, médico de medicina interna del área de Atlanta, en una columna de abril sobre el proyecto de ley de Georgia.

“La interrupción abrupta o el destete forzado de un tratamiento médico necesario y continuo supone un riesgo para la salud.” Los efectos físicos de la abstinencia hormonal van acompañados de malestar psicológico, que puede manifestarse como ansiedad, depresión e ideación suicida", continuaron.

La demanda colectiva llega 10 años después de que Ezie demandara por primera vez por otra prohibición de la atención médica de afirmación de género en las prisiones de Georgia. En ese caso, Ashley Diamond, una mujer transgénero negra, demandó al Departamento de Correccionales de Georgia en 2015 después de haber sido recluida en prisiones masculinas y de que se le negara el tratamiento hormonal.

El caso atrajo la atención del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que en su momento declaró que las políticas generales que prohíben la terapia hormonal violan la Octava Enmienda “porque no prevén una evaluación y un tratamiento individualizados”. Diamond obtuvo una indemnización no revelada en 2016, y su caso provocó cambios en las políticas de Georgia destinados a facilitar un mejor trato a las personas transgénero encarceladas. Pero seis años después, Diamond volvió a demandar, alegando que el estado no le proporcionó atención médica adecuada ni la protegió de agresiones sexuales tras una segunda encarcelación. En última instancia, Diamond retiró la demanda para proteger su salud mental, según sus abogados.

Ver que los mismos problemas surjan de nuevo en 2025 es como estar "en una máquina del tiempo retrocediendo al pasado", dijo Ezie, quien representó a Diamond hace 10 años.

“Creo que es un sentimiento compartido por muchos activistas por los derechos trans”, dijo Ezie. "Da la sensación de que, en lugar de avanzar hacia el progreso en lo que respecta a garantizar los derechos básicos y la dignidad fundamental de las personas transgénero, ahora estamos luchando por aferrarnos a victorias legales muy básicas que, como saben, logramos, en algunos casos, hace décadas."

Ezie y el equipo legal del Centro para los Derechos Constitucionales confían en que los tribunales anulen la ley de Georgia, como ya han hecho en otros casos similares. Por ejemplo, Wisconsin promulgó una ley en 2005 que prohibía a los médicos de prisión proporcionar terapia hormonal o cirugía de afirmación de género a personas transgénero encarceladas bajo custodia estatal. Pero un tribunal federal dictaminó que negar esta atención médica constituye un castigo cruel e inusual. Otra demanda colectiva a nivel estatal en Colorado resultó en un acuerdo negociado entre el estado y el Departamento de Correcciones que exige una revisión de cómo alberga a mujeres transgénero encarceladas y cómo proporciona atención médica a todas las personas trans tras las rejas.

Si el Centro para los Derechos Constitucionales tiene éxito en Georgia, Ezie anticipa que aún quedará un largo camino por recorrer en el esfuerzo por desafiar las leyes y políticas anti-transgénero.

“Vamos a seguir utilizando los tribunales, vamos a seguir organizándonos, vamos a seguir —como hicimos antes de la aprobación de este proyecto de ley— presionando contra proyectos de ley como este que buscan causar tanto daño evitable”, dijo. "Por eso luchamos."

 ( Candice Norwood , th19th, 08/08/25, traducción Quillbot, enlaces en el original)

Milei ha venido para que Ayuso le explique cómo se puede dejar morir a miles de personas sin atención médica y ganar unas elecciones, porque Milei va a dejar morir a cientos de miles de personas en Argentina sin atención médica y sin acceso a medicamentos... Milei llega a España hoy para que Ayuso le de una medalla, en su país deja morir a miles de personas por falta de tratamiento oncológico. Lo irónico es que el premio se lo da quien dejo morir a 7921 personas mayores sin atención médica. El mismo patrón psicópata

Indignad@s!!  @Sentid2016Comun

Milei ha venido para que Ayuso le explique cómo se puede dejar morir a miles de personas sin atención médica y ganar unas elecciones, porque Milei va a dejar morir a cientos de miles de personas en Argentina sin atención médica y sin acceso a medicamentos.

https://x.com/i/status/1804262240306032906

De Indignad@s!!

11:16 p. m. · 21 jun. 2024 87,8 mil Reproducciones

Malamente® @MalaMalamente

Mientras Milei llega a España hoy para que Ayuso le de una medalla, en su país deja morir a miles de personas por falta de tratamiento oncológico. Lo irónico es que el premio se lo da quien dejo morir a 7921 personas mayores sin atención médica. El mismo patrón psicópata.

9:05 a. m. · 21 jun. 2024 520 mil Reproducciones

“Una sexta parte de la población madrileña está sin médico”... o, lo que es lo mismo, un millón de ciudadanas y ciudadanos madrileños no tienen un facultativo de referencia en su centro de salud

"Carlos Gómez es enfermero en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Cadalso de los Vidrios y entró en el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) hace 34 años. Desde que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso decidiera reorganizar las urgencias extrahospitalarias, abriendo 80 centros con el personal de 40 a finales de 2022, se ha convertido en usuario de los servicios de salud mental y está con medicación para dormir. “El 28 de diciembre nos cambiaron forzosamente de destino. Yo estaba en Navas del Rey y ahora me obligan a hacer 34 kilómetros para ir a trabajar. Hago más horas, veo menos a mi familia, nos avisaron con tres días de antelación de nuestra planilla… un caos”.

Gómez añade que los nuevos centros, antiguos Servicios de Atención Rural (SAR) en los pueblos y Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) en las ciudades, tienen la plantilla incompleta. “En Navalcarnero pasaron de siete médicos y medio a cinco, y en enfermería de seis a tres”, ejemplifica. Según los datos que recopilan los trabajadores y trabajadoras, agrupados en la Plataforma SAR, solo el 57% de los centros han abierto con la plantilla completa entre diciembre y enero, lo que se traduce en que ciudadanos y ciudadanas que acuden a estos dispositivos, en ocasiones sin médicos, han de desplazarse hasta las urgencias hospitalarias.

Una ola de desplazadas que sacude los pasillos de urgencias de los grandes centros sanitarios. Como ejemplo, esta semana, el Hospital Universitario Fundación Alcorcón vivía el colapso, con “boxes y observación hasta arriba”, 11 camas en pasillos y 26 pacientes en espera de ingreso en planta. “Habitualmente se trataban 300 pacientes al día. Ahora estamos teniendo 400, un 33% más”, explica Ismael Sarrión, enfermero de este centro. Sarrión tiene claro que detrás de esta situación está el hilo conductor que une las salas atestadas de los hospitales con el deterioro de la Atención Primaria y el desmantelamiento de las urgencias extrahospitalarias. “Están viniendo pacientes que en otras épocas se veían en Atención Primaria y llegan peor. Cuando una persona está enferma acude a su médico de cabecera, pero con citas que se dan a ocho o diez días, están en casa, no están medicados y cuando acceden a las urgencias sus condiciones son peores”. Por otro lado, en temporada de gripe “acuden pacientes más jóvenes con enfermedades respiratorias que se han complicado. Son ingresados en unidades de hospitalización y hace cinco o seis años no les hubiera tocado”, explica.

Mar Noguerol, médica de familia y directora del Centro de Salud Cuzco, le pone cifras a esa situación: “Una sexta parte de la población madrileña está sin médico”. O, lo que es lo mismo, un millón de ciudadanas y ciudadanos madrileños no tienen un facultativo de referencia en su centro de salud. “Se han perdido 230 plazas de pediatría en los últimos años y hay un 20% de consultas sin médico porque no hay relevo generacional. Esto es un círculo vicioso de éxodo continuo, acaban los residentes y se van de la Comunidad de Madrid por las condiciones que les ofrecen que tiene que ver con la sobrecarga. A mayor sobrecarga, mayor éxodo; a mayor éxodo, mayor sobrecarga”, describe Noguerol, que, junto al resto de los doctores y doctoras de primaria, lleva ya nueve semanas en una huelga indefinida para desaturar unas agendas que alcanzan los 70 pacientes al día.

Un paro histórico, salpicado por un encierro médico en las dependencias de la Consejería en el punto más alejado de las negociaciones, y teñido por un constante alejamiento entre las propuestas del comité de huelga y los postulados del gobierno de Ayuso, para quien incrementar la financiación de una manera acorde a las exigencias de los profesionales no está entre sus planes.

“En mi barrio vivimos una situación similar a la de otras zonas. En los tres centros de salud faltan médicos y pediatras. Hay esperas de entre una semana y quince días para conseguir cita. El SUAP de Pavones, como todos los dispositivos urbanos, lo han dejado reducido solo a enfermería, ya no hay médico. Si por la noche o en el fin de semana necesitas un médico tienes que ir al hospital Gregorio Marañón, y esto se está haciendo sentir en los servicios de urgencias, donde tienes que pasar entre ocho o diez horas para que te atiendan”. Mayte Cases, integrante de Moratalaz por lo Público, hace este resumen de la situación de la sanidad que la rodea. Junto con otros 70 colectivos participa en las asambleas preparatorias de la manifestación que se prepara para este domingo 12 de febrero.(...)

“La sociedad madrileña debe de darse cuenta de cuál es la situación hacia la que vamos”, asegura Ismael Sarrión, quien ha sido testigo de cómo, año tras año, el número de profesionales mengua en Atención Primaria a favor de colapsar los hospitales “de una manera orquestada desde la Consejería hacia la privatización de una sanidad que ahora mismo es pública”. (...)

Mar Noguerol destaca una falta de interés por la situación de la Atención Primaria por la administración de Ayuso, aún encadenando nueve semanas de huelga indefinida. “Esto tiene que ver con una falta de inversión, y un ninguneo”, subraya. Esta médica observa que en comunidades como Andalucía, Aragón, Catalunya o País Valencià se desatascan los conflictos que también se han vivido con la voluntad de la administración. Mientras, el Consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, asegura que desde el equipo de gobierno han lanzado propuestas para acabar con el paro. Propuestas que, valora Noguerol, no son suficientes por no abordan con contundencia el aspecto económico. “No han ofrecido mejoras económicas. Por ejemplo en Valencia han cerrado un acuerdo para que los profesionales que ocupen las plazas de difícil cobertura pasen a ganar 10.000 euros más y así se incentivan. Aquí no quieren ni hablar de un plan de choque para frenar la fuga médica”, advierte. (...)

“Somos plenamente conscientes de la necesidad de mantener la tensión y la lucha en defensa de la sanidad pública y estamos decididas a continuar, no es fácil que nos bajen la moral”, avisa, mientras otras luchas no dejan de unirse a esta marcha formando bloques unitarios, las redes se llenan de carteles azules y el gobierno de Ayuso convoca al comité de huelga de Atención Primaria para un encuentro el lunes. Esperan que la resaca de la protesta haga llegar a un buen puerto la situación. Porque “con nuestra salud no se juega”, tal y como reza el lema de la propuesta. Y esperan demostrarlo en la calle."                              (Sara Plaza Casares , El Salto, 11 feb 2023)

Los salarios bajos, como los que se pagan en España, elevan el riesgo de demencia y Alzheimer... Un estudio de la Universidad de Columbia demuestra la exposición sostenida a los bajos salarios durante años se asocia con el deterioro acelerado de la memoria a lo largo de la vida

 "La inflación desbocada provocada por los juegos de los poderosos, de los que realmente mandan en el mundo, ha reforzado el debate sobre los bajos salarios que se pagan en determinados países y que no van en consonancia con su potencialidad macroeconómica. Esto ocurre en España, por ejemplo, donde, a pesar de ser la cuarta economía de la Unión Europea, los sueldos que perciben las clases medias y trabajadoras son más propios de países subdesarrollados o que están iniciando el camino del desarrollo.

Además de las consecuencias en el presente, es decir, eliminación de posibilidades de crecimiento personal y familiar, además de que los trabajadores son víctimas de la explotación laboral más cruel porque el gobierno no pone los medios para llegar a un pacto de rentas en el que las subidas del salario mínimo sean universales, la exposición a salarios precarios tiene consecuencias muy graves para la salud de las clases medias y trabajadoras.

Así queda reflejado en un estudio publicado por la Universidad de Columbia, una de las instituciones universitarias más prestigiosas del mundo, en el en el American Journal of Epidemiology.

Los empleos con salarios bajos, hasta ahora, se han asociado a resultados de salud como los síntomas depresivos, la obesidad y la hipertensión, que son factores de riesgo para el envejecimiento cognitivo. Sin embargo, ningún estudio había examinado la relación específica entre los salarios bajos durante la vida laboral y el funcionamiento cognitivo posterior.

La investigación de la Universidad de Columbia proporciona nuevas pruebas de que la exposición sostenida a los bajos salarios durante los años en los que tradicionalmente las personas obtienen mayores ingresos se asocia con el deterioro acelerado de la memoria, lo que lleva a estar en riesgo de padecer enfermedades como la demencia o el Alzheimer.

La investigación sobre los efectos de los bajos ingresos en la salud se está ampliando rápidamente. Utilizando los registros del Estudio Nacional de Salud y Jubilación (HRS) de adultos para los años 1992-2016, los investigadores analizaron los datos de 2.879 individuos nacidos entre 1936 y 1941. El salario bajo se definió como el correspondiente a dos tercios del salario medio.

Los investigadores clasificaron el historial de salarios bajos de los participantes en el estudio en aquellos que nunca ganaron salarios bajos, que ganaron salarios bajos de forma intermitente o que siempre ganaron sueldos bajos. Se basaron, principalmente, en los salarios ganados entre 1992 y 2004,y luego examinaron la relación con el deterioro de la memoria durante los siguientes 12 años, de 2004 a 2016.

A raíz de estas indagaciones, descubrieron que, en comparación con los trabajadores que nunca ganaron salarios bajos, los que sí lo hicieron de forma continuada experimentaban un deterioro de la memoria significativamente más rápido en la edad avanzada.

Estas personas con sueldos bajos, además, experimentaron aproximadamente un año de exceso de envejecimiento cognitivo por un período de una década.

Estos hallazgos sugieren que las políticas sociales que mejoran el bienestar financiero de los trabajadores con salarios bajos pueden ser especialmente beneficiosas para la salud cognitiva."         (José Antonio Gómez , Diario16, 06/08/22)

Miseria moral del capitalismo... un maravilloso logro médico accesible únicamente a personas o países adinerados...medicina nazificada: sólo para ricos... Sanidad negocia la adquisición del medicamento más caro del mundo: 2,47 millones por una única dosis, que puede curar por completo la leucodistrofia metacromática, una rara enfermedad genética mortal

 "El Ministerio de Sanidad negocia con la farmacéutica británica Orchard Therapeutics la financiación pública del Libmeldy, un innovador medicamento de una sola dosis indicado para el tratamiento de la leucodistrofia metacromática. Esta enfermedad genética muy rara detiene el desarrollo de los niños, la mayoría de las veces antes de que cumplan tres años, y es mortal al destruir las conexiones neuronales. El precio de salida del fármaco, 2,47 millones de euros, lo convierte en el más caro del mundo y deja muy atrás el Zolgensma de Novartis, indicado para la atrofia muscular espinal y disponible en la sanidad pública desde el pasado diciembre a un precio oficial de 1,95 millones de euros.

 La buena efectividad demostrada en los ensayos por el Libmeldy y el elevado precio impuesto por Orchard Therapeutics aviva el debate sobre la escalada de precios de los nuevos medicamentos innovadores. “Estos precios llevan a una situación en la que lo éticamente aceptable y lo económicamente sostenible chocan. Y esto es algo muy complejo de gestionar. Si hay un tratamiento disponible que puede salvar vidas, hay que ofrecerlo. Pero esto tiene repercusiones. Cuando se dice que son fármacos destinados a un número pequeño de pacientes y que no dañan la sostenibilidad del sistema, se olvida que los nuevos tratamientos en desarrollo son cientos y que todos juntos sí suponen un reto gigantesco para la sanidad pública, que tiene unas necesidades enormes y unos recursos siempre limitados”, afirma Juan Oliva, profesor de Economía de la Salud en la Universidad de Castilla-La Mancha.

Cada año nacen en España entre tres y cinco niños con leucodistrofia metacromática, cuya incidencia estimada en Europa es de 1,1 casos por cada 100.000 nacimientos. “Es una enfermedad neurodegenerativa que se produce por mutaciones en el gen de la arisulfatasa A (ARSA) que dañan a la mielina, que es lo que recubre las conexiones neuronales. Son niños que tienen un buen desarrollo inicial, pero que un día empiezan a perder todas sus funciones de forma irreversible”, explica Mireia del Toro, jefa de la unidad de enfermedades metabólicas del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona. (...)

“Es un gran paso adelante, un medicamento que según los resultados de los ensayos clínicos puede curar completamente con un buen perfil de seguridad, a niños que hasta ahora no tenían ninguna alternativa terapéutica”, afirma Del Toro. (...)

Aunque la Comisión Europea autorizó hace más de un año la comercialización del Libmeldy, que todavía no está aprobado en Estados Unidos, no ha sido hasta los últimos meses cuando algunos países europeos han empezado a financiarlo en sus sistemas sanitarios. El problema principal ha sido el elevado precio que Orchard Therapeutics pide por el tratamiento. El Reino Unido rechazó en julio de 2021 las pretensiones económicas de la farmacéutica, cifradas entonces por la compañía en entre 2,5 y 3 millones de euros, alegando que era demasiado caro y no estaba demostrada su eficacia a largo plazo. Posteriormente, tras negociaciones que se han mantenido confidenciales, el país anunció en febrero un acuerdo de financiación en la sanidad pública.

Orchard Therapeutics hizo público en mayo que había alcanzado el mismo acuerdo con otros dos países, Alemania e Italia, y detalló que el precio fijado con el primero era de 2,475 millones de euros. La nota incluía una referencia a España en la que decía que la compañía preveía “acreditar” algún hospital en el país para administrar el tratamiento. Sobre la financiación pública del fármaco en España, Sanidad afirma que “está en estudio” y la compañía que no puede ofrecer detalles, ya que “las negociaciones están en marcha”. El proceso puede durar aún varios meses, durante los cuales existen mecanismos especiales para que si algún niño necesitara el fármaco pueda recibirlo.

Dos recientes informes publicados por Sanidad ponen en evidencia el impacto en las cuentas públicas que están teniendo los nuevos fármacos innovadores. En solo cinco años, el gasto público en tratamientos oncológicos ha crecido el 94% (hasta los 3.110 millones de euros) y el de los dedicados a las enfermedades raras, el 66% (hasta los 1.004 millones). “Cuando estas innovaciones llegan al mercado, es inasumible rechazarlas. Se puede negociar el precio un poco a la baja o introducir fórmulas de riesgo compartido, como el pago por resultados, como se hizo con el Zolgensma. Un abordaje mejor sería impulsar políticas bien financiadas de investigación pública en el ámbito europeo para alcanzar acuerdos de riesgo compartido con las farmacéuticas antes, cuando los medicamentos aún están en desarrollo, y no cuando este se ha completado y las empresas tienen toda la fuerza negociadora. Extender las colaboraciones público-privada durante fases más tempranas sería una mejor estrategia para contener la escalada de precios que vivimos”, concluye el profesor Juan Oliva."             (Oriol Güell , El País, 26/07/22)

Dos médicos denuncian que en un hospital de Murcia se coló a pacientes en las listas de espera, "sin tener en cuenta los criterios de prioridad" médica, causando 30 muertes... señalan a seis cargos sanitarios, entre lo que se encuentra el actual consejero de Salud de la región y su predecesor, como los responsables de "fallecimientos totalmente evitables"

 "Al menos 30 personas con diversas patologías cardiacas habrían fallecido desde 2014 en el principal hospital de Murcia, el Virgen de la Arrixaca, debido a que los facultativos responsables de las listas de espera habrían colado a determinados pacientes.

Según la denuncia de dos cirujanos cardiovasculares del citado centro, a la que ha tenido acceso Infolibre, seis cargos sanitarios, entre lo que se encuentra el actual consejero de Salud de la región y su predecesor, sería responsables de "fallecimientos totalmente evitables". 

En concreto, los delitos de los que la denuncia encuentra indicios serían los de prevaricación, homicidio por imprudencia y malversación. Los dos médicos que han cursado la denuncia se apoyan en historiales clínicos para avalar la acusación de que en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca (HUVA) se acometieron intervenciones "sin tener en cuenta los criterios de prioridad" médica.

 Unos criterios que, según los denunciantes, no fueron tenidos en cuenta. Sin ir más lejos, la denuncia –ya en manos de la Fiscalía– proporciona datos de 93 operaciones que fueron antepuestas a las de 30 pacientes que, finalmente, no llegaron a efectuarse. Pacientes con un historial menos grave tuvieron preferencia a la hora de acceder al quirófano.

Según detalla Infolibre, dos de los seis cargos a los que alude la denuncia están vinculados a la política: Juan José Pedreño, actual consejero de Salud, y su predecesor, Manuel Villegas."            (Público, 01/12/21)

El impacto psicológico de la Covid19 no es igual en todas las clases sociales

 "(...) Hay una serie de factores de vulnerabilidad por razón de edad, sexo, nivel educativo, ambiente o estructura familiar, etnia de origen o nivel de salud psicofísico que suponen un déficit de entrada ante esta pandemia.

Desde la perspectiva del ámbito de las condiciones económicas y sociales hay unos factores de riesgo descritos que influyen en el impacto psicológico de esta pandemia: Pobreza y empleo precario, condiciones de vida desfavorables, marginación social, residentes inmigrantes ilegales, ausencia de redes de apoyo social o viviendas sin condiciones adecuadas de habitabilidad, que además pueden llegar a sufrir hacinamiento, y por último, y más grave las personas sin hogar. Así se ha llegado a afirmar que el código postal influye a veces más que el código genético.

 Este diferente impacto de la pandemia por clases sociales también afecta a los diferentes aspectos emocionales. Hay dos consideraciones a tener en cuenta: una, alteraciones vinculadas a la pandemia, como puede ser las derivadas del estrés emocional en una familia afectada por problemas derivados de esta pandemia por cuestiones sociales, económicas o de salud, y alteraciones no vinculadas a la pandemia como por ejemplo pesimismo o incertidumbre sobre el futuro.

En un estudio realizado en España en un grupo de encuestados que habían padecido la enfermedad, en los marcadores psicológicos utilizados, con una escala de puntuación de menor a mayor presencia (1-5), se encontró, por ejemplo, que en el malestar psicológico no se apreció una clara relación con el nivel socioeconómico. Iguales resultados se encuentran para la incertidumbre. En ataques de ansiedad y angustia puntúa más alto en el nivel 5 de la escala, el nivel socioeconómico más bajo, frente al medio o alto. La tendencia a no hablar del problema puntúa más alto en el nivel 5 de la escala el socioeconómico más bajo, frente al medio o alto. Estas mismas puntuaciones se observan para la presencia de sentimientos depresivos y de desesperanza y en la presencia de pensamientos autolíticos.

Por tanto, la detección de la existencia de las desigualdades sociales es fundamental, tanto para la comunidad científica como para la población general (sensibilización), ya que posibilitan la investigación, tanto para acercarse al conocimiento del origen de la enfermedad como de la posibilidad de intervenciones en salud pública. Todo esto para llegar a lo que se ha denominado equidad en salud, que implica alcanzar el máximo potencial de salud independientemente del grupo social al que se pertenezca o donde vivamos."                        (J. M. Manzano Callejo, Nueva Tribuna, 27/08/21) 

Cómo mata el desempleo. La pandemia ha demostrado una vez más que la conexión entre las dificultades económicas y el desempleo tiene un efecto directo en la salud de las personas. A finales de 2021, hasta un millón de británicos tendrán empleos con el tipo de precariedad que provocó la enfermedad

 "(...) en muchos de los países más ricos del mundo, una proporción asombrosa de personas se encuentra al borde del precipicio financiero. Tienen lo justo, pero no más, y sólo pueden soñar con ser capaces de reservar dinero regularmente para "objetivos de ahorro" o planificar un "viaje hacia la libertad financiera personal".

Durante el mandato de Theresa May (2016-19), los conservadores del Reino Unido acuñaron la etiqueta sin gracia de "JAMs" para este tipo de personas: los "just about managing". Eran aquellos que ganaban lo suficiente para salir adelante pero no tenían un colchón financiero, ni capacidad para hacer frente a gastos inesperados o a la pérdida de ingresos. Los "JAM" se convirtieron en el centro de la discusión política y del debate en los medios de comunicación, pero nunca fueron objeto de esfuerzos políticos serios, como el de abordar la vivienda inasequible.

¿Qué importancia tiene esto realmente? Si las personas no son pobres o indigentes, si no son indigentes ni tienen inseguridad alimentaria, ¿importa que no tengan dinero para extras o para ahorrar para un día lluvioso?

Desempleo y salud

En la década de 1980 en Gran Bretaña, cuando el desempleo aumentaba bajo los gobiernos conservadores de Margaret Thatcher, los investigadores se esforzaban por encontrar pruebas de que la pérdida del empleo afectaba a la salud mental o física de las personas, aunque estaban seguros de que debía hacerlo y las investigaciones mostraban que los desempleados tenían peor salud. El problema era que esos resultados podían explicarse por un sesgo de selección: las personas que ya estaban enfermas podían ser las más propensas a perder su empleo, por lo que no estaba claro en qué dirección iba la causalidad.

Para superar estas dificultades, un médico de familia de Wiltshire, preocupado por el efecto negativo que tenía en sus pacientes el cierre de la fábrica local de procesamiento de carne, examinó los historiales médicos de los trabajadores antes y después del cierre de la fábrica. Durante más de dos siglos, había sido el mayor empleador de la localidad inglesa -una fuente de empleo estable y seguro-, pero en los dos años anteriores al cierre definitivo ya se habían clausurado algunos departamentos, se había despedido a algunos trabajadores y se había comunicado al resto de la plantilla que la fábrica estaba en peligro.

Aunque al médico le preocupaban las repercusiones médicas de quedarse sin trabajo, lo que él y su colega estadístico descubrieron fue un aumento significativo de las enfermedades de los trabajadores y sus familias durante los años de precariedad laboral, dos años antes de perder el empleo, cuando los trabajadores empezaban a preocuparse por su futuro económico. Resultó que la precariedad -no sólo la falta de trabajo- era realmente mala para la salud, y desde entonces muchos estudios han confirmado el hallazgo. 

Nuestra respuesta de huida o lucha es la forma en que nuestro cuerpo reacciona ante una amenaza o un factor de estrés agudo y repentino, y puede sacarnos del peligro inmediato. Pero cuando vivimos en un estado de amenaza constante, esto pasa factura a nuestra salud física y a nuestro bienestar mental. El biólogo Robert Sapolsky lo explica muy bien: "Si huyes de un león, tu presión arterial es de 180 sobre 120. Pero no estás sufriendo de hipertensión: estás salvando tu vida". Si ocurre lo mismo cuando estás atrapado en el tráfico, no estás salvando tu vida. En cambio, estás sufriendo de hipertensión inducida por el estrés".

El estrés crónico -incluso en niveles bajos- afecta a todos los sistemas, desde el cerebro hasta el sistema circulatorio, inmunitario y hormonal, e incluso a los órganos reproductores. El estrés crónico nos desgasta y nos agota.

La consecuencia de la pandemia

Dado que la inseguridad y la precariedad económicas son directamente perjudiciales para la salud, sólo estamos empezando a comprender las consecuencias de la pandemia para la salud de la población y a reconocer el peaje que se ha cobrado Covid-19, incluso para quienes no se han infectado. En los estudios de investigación familiar con los que colaboro en la ciudad de Bradford, en el norte de Inglaterra, hemos encontrado una duplicación de la ansiedad y la depresión entre los padres con respecto a los niveles anteriores a la pandemia.

El gobierno del Reino Unido instituyó un "permiso" para muchos trabajadores, con el fin de proteger los puestos de trabajo y los ingresos durante la pandemia. El plan, que paga hasta el 80% de los salarios de los empleados que no pueden trabajar a causa de la enfermedad, ha proporcionado ingresos a hasta 10 millones de personas y se ha ampliado hasta este mes de septiembre. Otros planes ofrecen ayudas a los ingresos de los autónomos, los propietarios de pequeñas empresas o los que trabajan pero tienen que tomarse un tiempo libre para autoaislarse.

La situación en la que estaríamos ahora si no hubiéramos tenido estas protecciones de ingresos es inimaginable. Pero para todas las personas que antes apenas se las arreglaban - todos esos "JAM" - el 80% de lo justo no es suficiente. Para muchas de las familias de nuestro estudio en Bradford, cualquier cambio en los ingresos era una seria preocupación.

Para los hogares que ya dependían de las tarjetas de crédito, los préstamos y los descubiertos para salir adelante, el permiso empujó a muchos a endeudarse aún más. Las consecuencias para la salud a corto y largo plazo, quizás en particular para la salud mental, significan que la carga del coronavirus en los servicios de salud y asistencia social superará, y puede empequeñecer, los efectos de la infección.

Los salarios bajos e inadecuados siempre han sido una preocupación en algunos sectores, como la hostelería, el comercio minorista y los cuidados, así como para muchos otros grupos que ahora reconocemos como "trabajadores clave". Los contratos de cero horas van en aumento, sobre todo para los peor pagados. A finales de 2021, hasta un millón de británicos tendrán empleos con el mismo tipo de precariedad que provocó la enfermedad de los trabajadores de las fábricas de salchichas amenazados por la pérdida de empleo en la década de 1980.

La inseguridad laboral que impuso la pandemia era una realidad anterior a la misma para demasiada gente. Por eso, incluso cuando las cosas vuelvan a la "normalidad", el acceso a buenos empleos y a un salario decente seguirá estando fuera de su alcance.

No basta con arreglárselas, con salir adelante.

La pandemia ha puesto de manifiesto muchas cosas que están mal y ha desvelado muchos problemas preexistentes, desde las desigualdades étnicas y socioeconómicas en materia de salud hasta las deficiencias en nuestra preparación para las catástrofes. Pero, ¿se traducirá el aumento del escrutinio y la preocupación pública en políticas que reduzcan significativamente el estrés crónico, que es una característica tan dominante y perjudicial de nuestras sociedades? Eso aún está por ver."              

(Kate Pickett , IPS, 01/07/21; traducción DEEPL.  This article is a joint publication by Social Europe and IPS-Journal.)

El consumo de psicofármacos entre la población asalariada se ha duplicado desde el inicio de la pandemia

"Las farmacias vienen observando, desde el inicio de la pandemia, un incremento en la demanda de productos relajantes o para el insomnio que no precisen de receta médica. La crisis sanitaria ha sido, y continúa siendo, difícil de sobrellevar en muchos hogares y para muchas personas, y la interrelación entre lo laboral y la salud queda especialmente evidenciada en el contexto actual. 

Ya antes de la declaración del estado de alarma algunos sectores empezaron a notar los efectos del coronavirus en sus puestos de trabajo, varios colectivos denunciaron desprotección, los ERTE no han llegado a todos y, en general, la incertidumbre por las consecuencias laborales de la pandemia están llevando a gran parte de la población a una situación complicada. Pero si bien es evidente que el covid-19 ha afectado a la salud mental y laboral de la ciudadanía, falta concretar de qué manera lo ha hecho.

En ello están trabajando la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y el Instituto Sindical de Trabajo Ambiente y Salud (ISTAS-CCOO) a través de una encuesta de la que han compartido recientemente los primeros resultados, que corresponden a 12.000 respuestas acumuladas desde el 1 de mayo. (...)

Entre las más importantes, los resultados provisionales concluyen que algo más de uno de cada tres trabajadores percibe que su estado de salud ha empeorado durante la pandemia.

Albert Navarro, investigador de la UAB, recuerda la estrecha relación entre los riesgos psicosociales y la salud laboral. Aunque los llamados sectores esenciales son los que han asumido una mayor carga de estrés por exponerse más al virus, “la pandemia ha afectado a todos los trabajadores, incluso a aquellos que han podido teletrabajar”, advierte. 

Un informe del Ayuntamiento de Madrid que estudia el impacto económico y laboral de los hogares por la situación de confinamiento en la capital refuerza esta afirmación: ocho de diez trabajadores de la ciudad —tanto por cuenta ajena como propia— aseguran que su entorno laboral (localización, horarios, despidos...) han sufrido cambios.

De los más de 10.000 asalariados que han respondido a la encuesta de la UAB-ISTAS, casi la mitad ha asegurado haber ido a trabajar en algún momento sin las medidas de protección adecuadas para evitar el contagio, y un 14% afirma haberlo hecho siempre o casi siempre. En este punto, Navarro puntualiza que estas cifras hacen alusión a percepciones del trabajador o trabajadora, no a la situación real de exposición en los puestos de trabajo, pero incide en que “las percepciones del trabajador son importantes por el estrés que puede generar la enfermedad”. 

El investigador explica que el porcentaje de los empleados que dice haber ido a trabajar sin protección suficiente de manera habitual aumenta en el caso de sanitarios, trabajadores de la limpieza o peones de construcción, donde estos porcentajes se sitúan entre el 20 y el 35%.

Otro resultado revelador, explica el investigador, es que si bien la mayoría reconoce estar preocupada tanto por contagiarse del virus como por transmitirlo, llama la atención el porcentaje de trabajadores que muestran un mayor temor por contagiar a otras personas, algo que sucede “especialmente entre los trabajadores y trabajadoras de ‘primera línea’, que muestran mucho más miedo por transmitir la enfermedad que por contagiarse, por llevar el virus a casa”. Este tipo de conclusiones, explica, sostienen que los efectos de la pandemia son transversales y que los ejes de segregación, como el sexo o la clase, son relevantes para mostrar que la pandemia no afecta de la misma manera, ni con la misma gravedad, a todo el mundo.

(...) El citado informe del Ayuntamiento de Madrid corrobora la teoría: la caída de ingresos más severa se ha producido en los hogares de rentas más bajas, donde la expectativa de recuperación económica es también la más reducida.

La situación de incertidumbre y dificultad económica que están atravesando miles de personas ha incrementado los niveles de estrés, ansiedad o dificultad para conciliar el sueño. Los primeros resultados del estudio de la UAB e ISTAS revelan un incremento muy significativo de las personas que han recurrido a psicofármacos desde el inicio de la pandemia: el número de trabajadores y trabajadoras que consumen analgésicos opiodes se ha duplicado desde el inicio del estado de la crisis, y el porcentaje de encuestados que afirman consumir tranquilizantes, sedantes o somníferos se acerca al 20%.

Unos datos especialmente relevantes teniendo en cuenta que España ya se situaba por encima de la media europea en el consumo de ansiolíticos, antidepresivos y sedantes antes de la pandemia, que un informe de 2018 advertía de que el consumo de este tipo de medicamentos seguía al alza y que los expertos recuerdan que estos medicamentos pueden generar dependencia y determinados efectos adversos, algo a lo que se suma que, en el contexto actual, las adquisiciones sin receta médica se han multiplicado, con los riesgos para la salud que implica el autoconsumo de medicamentos.

Además de las personas que han empezado a consumir psicofármacos en los últimos meses, una de cada tres personas que ya lo hacían antes de la pandemia afirma haber aumentado su dosis o haber optado por un producto más fuerte. “Hay ocupaciones que consumen todavía mucho más, llegando a casi triplicar lo que consumían antes, como las gerocultoras, enfermeras o auxiliares de enfermerías”.

En un grado algo menor, pero todavía por encima de la media, también trabajadores de peluquería o del sector de la limpieza han incrementado la dosis. Carreras, muchas de ellas, altamente feminizadas. “En general, las mujeres consumen más psicofármacos que los hombres, antes de la pandemia ya era así, pero ahora el aumento es todavía mayor y eso probablemente está vinculado a la ocupación que ejercen, que en muchos casos son profesiones vinculadas con los cuidados”.

Otro de los datos que ha sorprendido en los resultados iniciales es el significativo aumento de personas que afirman tener problemas para conciliar el sueño. “Si el porcentaje de gente que aseguraba tener dificultades para dormir se ubicaba en 2016, en la encuesta a nivel estatal de riesgos psicosociales, en poco más de un 12%, en este sondeo más de un 40% de la población trabajadora general asegura que le está sucediendo desde el inicio de la crisis”, remarca Navarro. Un dato que explica el significativo aumento en el consumo de tranquilizantes y somníferos.

La directora del Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la OMS, Dévora Kestel, ya advertía de que el sufrimiento causado por el virus implicaría consecuencias en la salud mental y hacía referencia a la incertidumbre sobre el futuro laboral. (...)

Aunque los efectos de la crisis sanitaria van a ser notables en todos los sectores, los investigadores intuyen que hay determinadas profesiones en las que la salud laboral se está viendo más comprometida. Entran en este grupo los sanitarios, pero no solo; también entre personal de limpieza, peluqueros y peluqueras, gerocultores, repartidores o profesionales de los cuidados. Con el objetivo de comprobar estas hipótesis y recopilar más respuestas para conocer en mayor profundidad cómo está afectando el covid-19 a la población a nivel laboral (incluyendo autónomos), el grupo mantiene aún la encuesta abierta. (...)" (Lis Gaibar, El Salto, 20/05/20)

La emergencia sanitaria pone a prueba la banlieue de París

"«Me he quedado sin trabajo y sin ingresos». Radu, de 22 años, atiende en una cola de más de un centenar de metros delante del Casal de la Juventud en Clichy-sous-Bois, al nordeste de París. 

Como este emigrante rumano, decenas de personas, la mayoría de ellas mujeres, aguardan a la espera de poder recoger su lote de alimentos. Algunas de ellas llegaron a las ocho de la mañana, dos horas y media antes del inicio de la repartición. Con la parálisis de la economía, este tipo de ayudas se han vuelto indispensables para algunos habitantes de esta emblemática localidad de la banlieue.

«Nunca antes había ido a una repartición de alimentos, pero ahora no me queda otro remedio», reconoce Radu. Este joven, cuya familia reside en Alicante, trabajaba antes como pintor sin contrato, pero no lo ha vuelto a hacer desde el inicio de la cuarentena en Francia el 17 de marzo. 

«Cada vez hay una demanda más fuerte de estas ayudas», explica Mehdi Bigaderne, del colectivo Aclefeu, que empezó estas distribuciones tras la segunda semana del confinamiento. Desde el 11 de mayo, Francia empezó la primera fase del desconfinamiento. Pero si los momentos más críticos de la emergencia sanitaria parecen cosa del pasado, ésta ha desembocado en una urgencia social palpable en los barrios populares.  (...)

De manera esporádica, los enfrentamientos entre jóvenes y policía se han ido sucediendo tras el inicio de la cuarentena. Más paro, dificultades para llenar la nevera, abusos policiales… Los problemas habituales se han acentuado. «Antes del confinamiento la situación ya era muy difícil en estos barrios populares en que muchas familias viven gracias a ayudas como el RSA (renta mínima de inserción francesa, de 560 euros) o con empleos temporales o informales.

 Pero estos amortiguadores se están deshaciendo», advierte Bally Bagayoko, teniente de alcalde y concejal de la Francia Insumisa (socioecologistas) en Saint-Denis. Unas dificultades agravadas por el azote del coronavirus.

 

La mortalidad se duplica en la ‘banlieue’

El departamento de Seine-Saint-Denis no es solo una de las zonas más pobres de Francia, sino también de las más afectadas por la pandemia. En este territorio, situado al norte de la región parisina, la mortalidad aumentó en un 130% entre principios de marzo y el 20 de abril respecto al mismo periodo del año pasado, mientras que en el conjunto del país la subida ha sido del 26%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos (INSEE). En total, se han contabilizado 911 fallecidos por la covid-19 en los hospitales, según datos oficiales del 15 de mayo.

«Es uno de los departamentos donde se produjeron más muertos, porque hubo más enfermos. Muchos de sus habitantes trabajan en profesiones en que no es posible el teletrabajo y requieren el contacto con el público, como cajeras de supermercados, repartidores o conductores de autobús. Y esto favoreció los contagios», asegura Frédéric Adnet, responsable de los servicios de urgencias en Seine-Saint-Denis.  (...)

El fuerte impacto de la epidemia en estos distritos, con un elevado porcentaje de población de origen extranjero, suscitó comentarios xenófobos que lo atribuían al hecho de que sus habitantes no respetaban las medidas de distanciación social. Sin embargo, «la cuarentena en el exterior ha sido bien respetada en la Seine-Saint-Denis, el problema ha sido el confinamiento en el interior», sostiene Adnet, quien recuerda que los espacios más propicios para el contagio son «los transportes públicos y dentro de un mismo domicilio». Como muchos de los habitantes de estos distritos residen en pisos pequeños o sobrepoblados respecto a sus dimensiones, esto «también favoreció la transmisión del virus». (...)

«Mi propietario me ha amenazado con que si no puedo pagar el alquiler me echará del piso», reconocía, por su lado, Radu, presente en la misma repartición de comida.

Estas iniciativas solidarias se han multiplicado en las localidades del extrarradio de la capital francesa. «Antes muchas familias tenían derecho a becas comedor y ahora con el cierre de los comedores escolares se encuentran en apuros», afirma Claude Sicart, presidente de la asociación PoleS, especializada en la inserción económica, de Villeneuve-la-Garenne, donde «ahora hay al menos 2.000 familias que necesitan ayuda alimentaria».

Fue en esta localidad, de 25.000 habitantes, vecina a Saint-Denis y con unos niveles de paro cercanos al 20%, donde una polémica detención policial el 18 de abril elevó la tensión en la banlieue.

 Ese día, un joven de 30 años que circulaba con una moto y sin casco chocó con la puerta de un vehículo de policía de incógnito que se abrió de repente. Un impacto que le ocasionó una ruptura del fémur y una herida abierta en su pierna izquierda. Entonces, aumentó el número de disturbios, como coches quemados o lanzamientos de petardos contra las fuerzas de seguridad, que ya se habían producido antes de manera esporádica tras la entrada en vigor del confinamiento.

«Desde el inicio de la cuarentena, hemos observado un recrudecimiento de la violencia policial en los distritos populares», critica Amal Bentounsi, fundadora del colectivo Urgence notre policie assasine, que en marzo impulsó la aplicación móvil UVP para grabar y retransmitir en la red los presuntos abusos de las fuerzas de seguridad. (...)

«La gente de los barrios populares suele ser tratada como ciudadanos de segunda, pero esta vez han mostrado una gran dignidad», destaca Fatima Mostefaoui, copresidenta del colectivo Avec Nous (Con Nosotros), que agrupa varias asociaciones de la banlieue. Según esta militante, en estos distritos «siempre ha habido solidaridad», además de un fértil tejido asociativo. 

Pero «ahora las iniciativas se han multiplicado». Residente en los «barrios del norte» de Marsella, Mostefaoui decidió compartir su conexión a internet con sus vecinos desde que empezó la cuarentena. Pocos días después, lanzó la iniciativa Partage ton Wi-Fi para incitar a otras personas a hacer lo mismo. Más de un centenar se unieron a ella en la metrópolis marsellesa.

«Desde un principio nos dimos cuenta que los niños de nuestros barrios serían los que tendrían más dificultades con la educación a distancia. Por eso, prestamos unos 70 ordenadores», afirma Mostefaoui. En Villeneuve-la-Garenne, a unos 800 kilómetros de Marsella, el PoleS también ha distribuido material informático entre los más necesitados. «Esta crisis revela las desigualdades que aún persisten en el acceso a internet. 

A menudo, las redes de fibra más potentes se terminan a las puertas de estos barrios y se debería reflexionar sobre la creación de contratos sociales para familias modestas», defiende Sicart, cuya asociación también ha fabricado mascarillas a través de láseres e impresoras 3D.

La reactividad de estas asociaciones ha compensado la respuesta, un poco más lenta, de la administración. El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció a mediados de abril la creación de una ayuda de 150 euros para las familias más modestas, pero esta no ha entrado en vigor hasta mediados de mayo.

 «Esta medida no está a la altura de las necesidades actuales. Se trata más bien de un gesto simbólico que de una verdadera política social», critica Bakayoko, cuyo gobierno municipal en Saint-Denis ha impulsado cheques alimentarios, de entre 60 y 120 euros mensuales. A partir de junio, la administración también dará 200 euros a 800.000 jóvenes «precarios o modestos». (...)

Solo una sexta parte de los que vuelven al colegio proceden de familias modestas, advertía un sondeo del instituto Odoxa. «Hubiera sido mejor adoptar un dispositivo específico y hacer clases de refuerzo para aquellos niños con mayor dificultad para seguir con su educación a distancia», defiende Mostefaoui.

 

«La cuarentena ha mostrado numerosos aspectos del sistema francés que no funcionan en los barrios populares, como el mal alojamiento. Una vez se termine, estos problemas no harán más que acentuarse si sus habitantes siguen siendo tratados como lo han sido hasta ahora», advierte esta responsable asociativa, quien no considera descabellado que «en 2021 empiece una nueva revuelta en la banlieue«."                       (Enric Bonet, Rebelión, 21/05/20)

“No les importa que mueran porque son minorías”: la denuncia de una enfermera de Nueva York

"Una enfermera denuncia que las minorías se enfrentan a discriminación y al asesinato seguro cuando acuden a los hospitales de EE.UU. por la COVID-19.

La enfermera Nicole Sirotek, en un vídeo de 24 minutos, denuncia haber sido testigo en el hospital Elmhurst, del barrio neoyorquino de Queens, de la muerte de muchos pacientes, en particular afroamericanos, no por la enfermedad de la COVID-19, sino por negligencias médicas y falta de tratamiento.

 “Sé que vamos a tener muchas víctimas. Pero esta gente no está muriendo por coronavirus (...) Te digo literalmente que están asesinando a estas personas. Y nadie me escucha. No les importa lo que les sucede. Vengo todos los días y, literalmente, veo cómo los matan”, asegura la enfermera.

En un relato desgarrador, en medio de lágrimas, Sirotek pone como ejemplo de sus denuncias varios casos de errores que terminaron en cuadros: Un paciente anestesiado de manera incorrecta, otro mal intubado por lo que se asfixió con su propia sangre, y uno más que recibió una dosis incorrecta de insulina.

“Ni siquiera a las organizaciones de apoyo les importa una mierda estas personas. Literalmente, las vidas de los negros no importan aquí. Y, quiero decir, es bastante triste que alguien que es blanca y vive a cientos de kilómetros de esta ciudad le importe más esta gente que a los de esta ciudad”, recalca la enfermera, que afirma haber reclamado por la situación, pero sus quejas no han sido escuchadas.

“A nadie le importa porque todos son minorías y nosotros estamos en el maldito ‘barrio’, lamenta Sirotek, en el vídeo viralizado esta semana.

El barrio de Queens es uno de los más golpeados por la pandemia en la ciudad de Nueva York, uno de los focos de la enfermedad en los EE.UU. En esa zona hay una cantidad significativa de personas que se contagiaron que son afroamericanos y latinos, muchos de ellos empleados esenciales que no podían permitirse parar de trabajar durante la pandemia.

La COVID-19 hasta el momento se ha cobrado la vida de más de 280 443 personas en el mundo, de las que más de 80 000 pertenecen a Estados Unidos, el país más afectado, según muchos expertos, por la mala gestión del Gobierno de Donald Trump."                  (Pablo Herón, Izquierda Diario.es, 08/05/20)

El futbolista antes que el sanitario: cuando el mercado dicta el acceso a los test

"(...) Hay un temor que comparten ciudadanos y autoridades en esta nueva fase de la desescalada: la posibilidad de que se produzca un rebrote. Ahí van a jugar un papel fundamental las pruebas diagnósticas, los PCR y los test serológicos. 

 Pero la desescalada arranca sin test masivos: sólo una minoría sabrá a ciencia cierta si está contagiada o no por el coronavirus. Y además será una selecta minoría: futbolistas que vuelven estos días a los entrenamientos y todos aquellos que puedan pagarlo o cuya empresa quiera hacerlo. 

La CEOE, por ejemplo, ya ha pedido este lunes al Gobierno que autorice a las empresas a realizar test a sus trabajadores para poder detectar contagios, y que elabore un plan para las restricciones a la movilidad ante la probabilidad de un rebrote. La patronal propone llevar a cabo protocolos de vuelta que incluyan test serológicos con registro y seguimiento de estatus de infección, utilizar la geolocalización con datos anonimizados o poner puestos de control móviles en las ciudades para verificar contagios.  (...)

El Gobierno asegura que en España ya se ha practicado más de dos millones de pruebas diagnósticas. Esas pruebas, sin embargo, no llegarán a toda la población: el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ya dijo la semana pasada que el Gobierno no era partidario de hacer test masivos. Para saber qué porcentaje de la población puede estar infectada el Ejecutivo anunció un estudio cualitativo a 36.000 familias del que poco más se ha sabido hasta ahora.

Las prioridades del Gobierno: la detección rápida

Los tests masivos no son necesarios, viene a decir el Gobierno, que prefiere poner el acento en la detección rápida de los casos sospechosos. Sanidad quiere reducir a un máximo de 48 horas el plazo para identificar un posible positivo de coronavirus, en lugar de los hasta 15 días que se tarda actualmente entre que una persona desarrolla síntomas y recibe el diagnóstico de la enfermedad.  (...)

Esta decisión de no hacer test masivos abre las puertas al mercado: ya hay laboratorios privados que ofrecen en sus páginas web la posibilidad de hacer varios tipos de pruebas para detectar el virus, a pesar de anteriores resoluciones del Ministerio de Sanidad en las que se indicaba que debían poner a disposición de las autoridades públicas su capacidad de análisis. De hecho, este pasado lunes en el centro de Barcelona se podían ver colas de personas que esperaban, en su mayoría, poder someterse a las pruebas de detección del coronavirus.

La inevitable comparación

No todo el mundo va a ser sometido a los test del coronavirus, es cierto, pero eso no es lo más relevante. El foco de la polémica está en otro punto: el personal sanitario. Y es que el colectivo profesional más azotado por el coronavirus, que lleva casi dos meses en primera línea intentando contener la pandemia, sigue a la espera, en la mayoría de los casos, de las pruebas.

 La situación de los sanitarios es una evidencia palpable de que la realidad nunca es del todo justa, que el mercado a veces tiene otros intereses, sobre todo si se compara con la situación de otro colectivo profesional que esta semana vuelve al trabajo después de casi dos meses de parón: los futbolistas.  (...)

Nada simboliza con más fuerza esa polémica que las diferencias entre el personal sanitario y los futbolistas: un pálido reflejo de la desigualdad que impera en la sociedad actual. Los primeros llevan tiempo escuchando las promesas del Gobierno sobre la realización de una pruebas que en muchos casos no terminan de llegar mientras trabajan en unas condiciones precarias –no hay país en el mundo con más sanitarios infectados que España, unos 36.000–; los segundos van a incorporarse a unos entrenamientos individualizados con todas las garantías y con una prueba que certifique su buen estado de salud por delante.

"Una temeridad"

Eso, sin embargo, no aplaca la preocupación entre los sanitarios, especialmente entre los profesionales de la atención primaria que serán los que en esta nueva fase van a tener que atender a buena parte de los enfermos y asumir las altas que se están produciendo en los hospitales. Necesitan protección. Las sociedades médicas de España ven "primordial" facilitar a los médicos de familia y atención hospitalaria el acceso "inmediato" a las pruebas diagnósticas y así promover la detección temprana de los casos posibles y proceder a su confinamiento y cuarentena. (...)

Pero tampoco vale cualquier test. El secretario de Acción Sindical de SATSE Madrid, Jesús García, a través de un comunicado, afirma que los test rápidos tienen una sensibilidad o especificidad "controvertida".  "Hay que recordar que no son pruebas diagnósticas para saber si el profesional está infectado de covid-19 y su valor predictivo es escaso", advierte García, quien exige pruebas de serología mediante test Elisa e inmunoquimioluminiscencia "para todos los profesionales".            (Jorge O. maldonado, Público, 04/05/20)

Estados Unidos muestra las costuras del país para hacer frente al coronavirus... los mayores riesgos son dos: un 20% de la población no tiene cobertura sanitaria (no pedirán asistencia médica si se infectan)... no existe el derecho a la baja laboral (acudirán al trabajo estando enfermos y acelerarán la expansión de los contagios). Podría ya estar ocurriendo que personas que están infectadas o lo sospechan no acudirían al centro de salud por miedo a la factura que tendrían que asumir.

Juan Laborda   @JuanLabordah 

Cuando los liberales te hablen de lo chupi guay que resulta la salud, la educación y las pensiones privadas recordarles el desastre del sistema de salud estadounidense incapaz de realizar todas las pruebas necesarias del Coronavirus, tal como reconoció ayer Mike Pency

 

9:10 a. m. · 6 mar. 2020·Twitter Web App

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 En respuesta a  @JuanLabordah

¿Sabéis cuanto cuesta realizar una pruba en USA del Coronavirus? 2000 dólares, cuando el coste de los componentes necesarios no llega ni a 3 euros. En Estados Unidos el Coranavirus tiene toda la pinta de extenderse como un país bananero y afectará a las clases bajas y medias.

"(...) El desconcierto mostrado por la administración Trump, las lagunas de la legislación laboral y la estructura sanitaria del país, basado en un sistema de sanidad y pólizas privadas, han hecho lanzar la voz de alerta entre diversas organizaciones y medios de comunicación: temen que el virus se cebe con Estados Unidos si el gobierno de Trump o los Estados no toman medidas urgentes y contundentes para tomar el timón de la salud pública para frenar o al menos afrontar con eficacia la expansión del virus por el territorio estadounidense.

 Los mayores riesgos del país para la expansión incontrolada de la enfermedad son dos: que no existe un sistema sanitario público, por lo que un 20% de la población o no tiene cobertura o tiene una cobertura limitada, y que no existe el derecho a la baja laboral.

 Lo primer llevaría a millones de personas a no pedir asistencia médica en caso de estar infectados; lo segundo, a acudir al trabajo estando enfermos y acelerar la expansión de los contagios.

 De momento ya hay un dato que no cuadra del todo. Hasta ahora se han contabilizado 104 contagios y 6 muertes. Esto indica un índice de mortalidad del 5,77%. Sin embargo, la tasa de muerte para el coronavirus se estima en torno al 0,7%. (...)

¿Qué indican, entonces, los números de Estados Unidos? Que habría muchos casos sin identificar y que la epidemia podría ir circulando bajo el radar por el país. Una tasa de letalidad del 0,7% implica que habría al menos 865 infecciones en Estados Unidos frente a las 104 detectadas hasta el momento. (...)

en Estados Unidos las autoridades sanitarias han admitido que sospechan que el virus llevaría circulando seis semanas en el Estado de Washington, donde se han dado los primeros casos. La agencia del medicamento norteamericana (FDA, por sus siglas en inglés) ha anunciado el pasado fin de semana que ya se ha puesto a trabajar para expandir las pruebas para testar el coronavirus entre ciertos laboratorios y hospitales. Medios de comunicación como The New York Times habían denunciado la carencia de estos test en el Estado de Nueva York, en el que viven 20 millones de personas y que el domingo ya alertó del primer caso de coronavirus.

 

Sin embargo, la decisión de la FDA para expandir los test para detectar a personas contagiadas por el coronavirus llegó 42 días después de que se confirmara el primer infectado en el Estado de Washington.

Además de una pronta respuesta, la estrategia principal para atajar una epidemia como la del coronavirus pasa por que el sistema sanitario controle los casos de personas infectadas y que éstas tengan como referencia a la administración sanitaria en todo momento y no huyan de su radar.

Sin embargo, en Estados Unidos podría estar sucediendo lo contrario: que personas que están infectadas o lo sospechan no acudirían al centro de salud por miedo a la factura que tendrían que asumir. (...)

El Miami Herald contó hace unos días el caso de Osmel Martínez Azcue. Tras regresar de un viaje a China, Martínez Azcue empezó a encontrarse con síntomas de gripe. Acudió a un hospital de Miami y le hicieron las pruebas del coronavirus: un análisis de sangre y otro de saliva. Dio negativo. Era gripe corriente. Hasta ahí todo tranquilizador hasta que pocos días después una factura llegó al buzón de su vivienda: el hospital le requería pagar 3.270 dólares.

Martínez Azcue aseguró al Herald que tenía un seguro privado limitado que, en principio, le cubriría 1.870 dólares de esa suma total. Sin embargo, la aseguradora le informó de que para ello debería aportar un informe de su salud de los últimos tres años para probar que su gripe no estaba relacionada con condiciones médicas preexistentes. Si Martínez Azcue no puede aportar ese informe o si la compañía considera que puede existir un vínculo entre algún proceso anterior y esta gripe, puede rechazar cubrir ese gasto. 

Un caso aún más paradójico es el que le sucedió a Frank Wucinski, un ciudadano estadounidense que llevaba 15 años trabajando en China y que fue evacuado en febrero por el Departamento de Estado norteamericano (el equivalente el Ministerio de Exteriores).

Wucinski fue trasladado desde China hasta San Diego (California), donde él y su hija fueron puesto en cuarentena durante seis días en un hospital. 

Al término de ese plazo y con los análisis en negativo, fueron dados de alta. Días después le llegaron dos facturas: una de 2.200 dólares por el vuelo y la hospitalización y otra de casi 2.700 dólares por la ambulancia que lo trasladó del aeropuerto al hospital y por una radiografía que le hicieron en el hospital dos técnicos que no eran plantilla del hospital sino de otra empresa que se hace cargo de este servicio.

Wuckinski, quien al vivir en China no tenía un seguro médico que le dé cobertura en Estados Unidos, rehusó pagarla con el argumento de que fue un traslado y una cuarentena impuestos por el gobierno. Tras salir este caso en medios como The New York Times o Los Ángeles Times, el hospital aseguró que todo había sido un error y que le reclamaría el pago de la factura al gobierno. Con todo, la compañía de la ambulancia y la empresa de rayos X siguen reclamándole el pago de los 2.700 dólares.

El miedo a ir al médico, algo habitual en EEUU

Una encuesta de la Universidad de Chicago publicado en 2018 ya encontró que entorno al 40% de los americanos afirmaban haber evitado una prueba médica recomendada o un tratamiento debido a su precio y un 44% aseguraba que habían evitado ir al médico durante el último año y a pesar de estar enfermos, debido a su coste.

Por otro lado, en cuanto a que las leyes norteamericanas no recogen la posibilidad de bajas laborales pagadas, un estudio de 2010 de la Universidad de Pennsylvania ya reveló que durante la epidemia de la llamada gripe porcina (que se inició en marzo de 2009 en el sur de Estados Unidos y México), tres de cada diez trabajadores no dejaron de acudir al trabajo a pesar de estar enfermos con el virus.

El estudio calcula que al menos 26 millones de norteamericanos mayores de edad que contrajeron la gripe y asegura que siete millones de esas infecciones fueron causadas por personas que fueron a trabajar enfermos ante la inexistencia de bajas laborales pagadas.  

 Esta investigación ya alertaba de que el 38% de los trabajadores del sector privado no tenía el derecho siquiera a un día de baja laboral pagado, un porcentaje que se elevaba al 73% en el caso de los trabajadores a tiempo parcial. El sector público tiene mejores condiciones, pero eso sólo significa que sus empleados tienen derecho a un máximo de seis días de baja pagados.

Ya en previsión de esta situación, el pasado 20 de febreros, 46 congresistas norteamericanos, liderados por el demócrata de Illinois Jan Schakowsky, dirigieron una carta a Donald Trump para reclamarle que el gobierno federal garantice que los tratamientos y posibles vacunas para el coronavirus tengan un precio razonable y asequible.

"Los objetivos [de lograr una medicación o vacuna con un precio asequible] no podrán lograrse si se les concede a las farmacéuticas la potestad de fijar los precios y determinar su distribución ni poniendo el interés en el beneficio por encima de la salud pública. Los norteamericanos tienen que beneficiarse de los resultados de la inversión pública", aseguraba la misiva a la Casa Blanca.

"Si no se produce una acción contundente para proteger la salud pública de los ciudadanos", concluía la carta, "tememos que especialmente las personas con ingresos medios y bajos no sean adecuadamente protegidas contra la epidemia del coronavirus". (...)"              (Manuel Ruiz, Público, 03/03/20