"En la investigación judicial que segó la carrera política de Mónica Oltra, líder indiscutible de Compromís hasta su dimisión el 21 de junio del 2022,
la clave reside en la cronología de los hechos, recogida en sentencias,
autos y declaraciones ante el juez instructor. La gestión de la
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirigía Oltra, quedó
en entredicho tras la condena de su exmarido, educador en un centro de menores, por abuso sexual a una niña de 14 años.
A partir de esa causa nació una segunda investigación, en la que Oltra
figura como imputada, que intenta dilucidar si la dirigente de Compromís
maniobró para beneficiar la situación de su expareja. Todo se inició
hace seis años.
La cronología inicial quedó reflejada en el apartado de hechos probados
de la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que condenó a su
exmarido a cinco años de prisión. Por su situación de desamparo desde
2011, Maite T. M. –la menor que denunció los abusos del educador– estaba
tutelada por la Generalitat Valenciana en el Centro de Acogida Niño
Jesús (privado, pero dependiente de la administración autonómica).
Debido a su mal comportamiento, la niña era castigada con frecuencia a
dormir en una habitación separada situada en el primer piso de la
residencia y alejada del espacio donde pernoctaban el resto de menores.
Maite relató por primer vez a una amiga los abusos que sufrió
“entre dos y 10 ocasiones” (a finales de 2016 y principios del 2017) por
parte de Luis Eduardo R. I., trabajador del centro y exmarido de Oltra
durante turnos de noche en los que estaba castigada. Luego se lo contó a
su novio de entonces, con el que se quería ir a vivir. El 13 de febrero
del 2017, Maite T. acudió, acompañada por los padres de su pareja, al
centro de día El Faro, donde explicó a una trabajadora social que el
“principal motivo” de sus fugas del Niño Jesús eran los abusos a los que
la sometía un trabajador al que identificó como Luis Eduardo R. I.
Ante la gravedad de los hechos, la trabajadora social se puso en
contacto con el Grupo de Menores (Grume) de la Policía Nacional. Al día
siguiente, un técnico del centro de día mantuvo una conversación
informal con la menor, entonces de 14 años, en la que la niña reiteró
que el educador entraba en su cuarto y, mientras ella simulaba estar
dormida boca arriba, usaba su mano para masturbarse.
En esa entrevista, la niña dijo que no quería denunciar por
miedo a que no la creyeran, por lo que la trabajadora social —que dio
total credibilidad al relato de Maite T.— contactó con el Grume para
avisar de que no presentaría la denuncia. Eso sí, decidieron advertir al
centro de acogida de la denuncia.
El 20 de febrero del 2017, la trabajadora social del centro de
día telefoneó a la directora del Niño Jesús, Isabel Domingo, para
ponerle al tanto de los hechos. Así, el centro de acogida confeccionó un
primer informe de incidencia, que recibió una técnico de la dirección
territorial de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, el
departamento que dirigía Mónica Oltra. Ese mismo día, la directora del
centro se entrevistó con Luis Eduardo R. I. y le informó de que iba a
activar un protocolo de intervención ante la sospecha de abuso sexual,
por lo que debía permanecer apartado del servicio.
La conclusión inicial: “Ningún indicio” de abuso
El 21 de febrero, la directora del centro Niño Jesús se
entrevistó con la menor para conocer los motivos por los que no quería
seguir en la institución si bien “no quiso preguntarle por los presuntos
abusos ya que la menor iba a ser explorada y a fin de evitar la
contaminación del relato”. Al día siguiente, se entrevistó con los
padres del novio de la menor e insistió en que debía volver al centro,
aunque sus interlocutores arguyeron que Maite T. denunciaba que “por la
noche abusaban de ella”.
El 28 de febrero, la niña se entrevistó con una psicóloga
clínica de la Conselleria de Igualdad que concluyó en una diligencia que
en la conversación no había “aparecido ningún indicio, palabra o frase”
para investigar “la posibilidad de una experiencia en la que ella se
sintió abusada sexualmente”. Finalmente, el informe de incidencia del
centro concluye que no se aprecia “ningún indicio”, por lo que descarta
derivar a la niña al Instituto Espill, una entidad externa especializada
en psicología y sexología.
El 7 de marzo tuvo lugar una reunión entre la dirección y un
técnico del centro Niño Jesús en la que también participó la primera
técnico del centro de día El Faro que tuvo conocimiento inicialmente de
los hechos denunciados por la menor. En ese encuentro, la responsable
del centro de acogida aseguró, antes de abordar la cuestión de los
abusos, que la menor “recurre a la mentira frecuentemente para
justificar sus actos”.
Ese mismo día, Maite T. había regresado al centro. El 10 de
marzo se informó a Luis Eduardo R. I. de que la exploración de la
conselleria no había detectado “ningún indicio” y se le reincorporó a su
puesto para el turno de noche dos días más tarde. También se le pidió
que elaborara un documento con el “relato en relación con los hechos
comentados por Maite”. El exmarido de Oltra envió por correo electrónico
el documento —bajo el título “Protocolos y modos de acción de los
educadores de noche”— a la directora y le pidió que le orientara sobre
lo que debía “resaltar o quitar”.
En ningún momento, ni el centro de acogida ni la Conselleria de
Igualdad informaron de los hechos a la Policía o a la Fiscalía de
Menores.
Las diligencias iniciales de la Fiscalía de Menores
Pero todo cambió el 22 de junio del 2017, cuando dos agentes de
la Policial Nacional, en un encuentro casual a la entrada del centro
Niño Jesús con Maite T. y su novio de entonces se enteraron de la
situación y comunicaron los hechos a la inspectora jefa del Grume, quien
cinco días después informó a la Fiscalía de Menores, que abrió
diligencias de investigación penal.
El Ministerio Público acordó dirigir un oficio a la dirección
territorial de la conselleria, que contestó mucho más tarde (el 14 de
agosto), tras un nuevo requerimiento. En el escrito de respuesta, la
jefa del Servicio de Infancia y Adolescencia, María Amparo Nogués,
aseguraba que no se había apreciado “ningún indicio” por lo que “no se
consideró necesario realizar más actuaciones”.
El 28 de julio, el fiscal presentó una denuncia ante el Juzgado
de Instrucción número 15 de Valencia, que dictó un auto ese mismo día
para imponer a Luis Eduardo R. I. el alejamiento y la prohibición de
comunicarse con la menor durante seis meses como medida cautelar.
La fecha clave del 4 de agosto del 2017
La resolución fue notificada al trabajador del centro el 4 de
agosto en el domicilio que aún compartía con Oltra a pesar de estar en
proceso de separación. Y es que la relación sentimental entre Luis
Eduardo R. I. y Mónica Oltra, iniciada en 2001, había acabado en 2016,
según declaró la exvicepresidenta ante el juez instructor. Sin embargo,
siguieron compartiendo la vivienda familiar, en la que convivían con sus
dos hijos, hasta “finales de agosto o principios de septiembre del
2017”, según declaró Oltra.
La dirigente de Compromís aseguraba que se enteró de la
situación el 4 de agosto, cuando llegó el auto a su domicilio y Luis
Eduardo R. I. se lo comunicó telefónicamente mientras ella estaba de
vacaciones. Oltra sostiene que no era conocedora de nada hasta ese
momento.
El 8 de agosto la resolución fue notificada a la Conselleria de
Igualdad, cuya dirección general de Infancia y Adolescencia ordenó la
apertura de un expediente informativo. Mónica Oltra declaró ante el juez
instructor que, al haberse enterado de la situación, ordenó a su jefe
de gabinete, Miquel Real, también investigado, “recabar información”.
“Yo me había enterado como Mónica Oltra y no como consellera”, dijo.
Además, adujo que en ese periodo estuvo en un hospital
acompañando a uno de sus hijos ingresado. También aseguró que supo “tres
o cuatro años después” que el auto con las medidas de alejamiento
contra su exmarido había llegado el 8 de agosto a su departamento. Los
correos electrónicos analizados en una pieza separada no han revelado
prueba alguna que contradiga la versión ofrecida por la exvicepresidenta
valenciana y han revelado que no es hasta ese día 8 de agosto cuando el
gabinete de Oltra empieza a intercambiarse e-mails relativos al asunto.
El informe de la Brigada Provincial de Policía Judicial, en el marco de
una pieza separada declarada secreta, estaba listo algo más de dos semanas antes de las recientes elecciones del 28M, pero se trasladó a las partes con posterioridad.
Los 'e-mails' del gabinete de Oltra
El primer 'e-mail' lo envía el asesor Enric Juan el 8 de agosto a
Miquel Real, jefe de gabinete de Oltra, también investigado en la
causa. Se trata de un correo originalmente remitido por la subdirectora
de Infancia y Adolescencia, Gemma Plaza (igualmente imputada), con la
documentación en poder de la Conselleria de Igualdad sobre el caso.
En un correo enviado el 10 de agosto, Gemma Plaza le indica a la
funcionaria Amparo Nogués, del Servicio de Infancia e Igualdad, que
deben colaborar con el Ministerio Fiscal. “Importante que no se os
olvide contestar a Fiscalía a TODAS las cuestiones que plantea”. También
apostilla: “Acuérdate de decirme mañana qué se ha acordado en la
comisión y qué medidas ha adoptado el centro para cumplir la orden de
alejamiento” del exmarido de Oltra hacia la menor tutelada.
El 14 de agosto, Amparo Nogués, investigada en la causa, envía
un documento al asesor Enric Juan con el asunto “Fiscalía Menores” en el
que le ofrece la posibilidad de “modificar o añadir algo”. Enric Juan
se lo reenvía al entonces subsecretario, Francesc Gamero.
El documento remitido a la Fiscalía explica que no se le
comunicó la “incidencia ocurrida” en febrero del 2017 (cuando la menor
denunció por primera vez los hechos) porque el centro Niño Jesús, tras
activar su protocolo, no halló “ningún indicio” de que lo que
manifestaba la menor “hubiese ocurrido realmente”. “No se consideró
necesario realizar más actuaciones”, apostilla el escrito. Sin embargo,
en ese momento sí que se acordó el traslado de la menor, a petición de
la Fiscalía, a otro centro en Paterna.
El 18 de agosto, la misma funcionaria remite a Enric Juan y a
Rosa Molero, directora general de Infancia investigada en el
procedimiento, un e-mail clave para las acusaciones. En ese correo se
informa de que se “va a proceder a instruir el expediente informativo,
nombrando instructor y siguiendo el procedimiento establecido”. El
informe sobre las declaraciones de la menor “concluye que no existen
pruebas que evidencien una situación de abusos”.
El 24 de agosto, la Comisión Técnica de Medidas de Protección
Jurídica del Menor de la dirección territorial acordó derivar al
Instituto Espill a la menor. Así, la psicóloga María Isabel Año, también
imputada, se entrevistó con Maite T. el 5 y el 21 de septiembre y el 3
de octubre. En su informe concluyó que el testimonio de la menor era
“poco creíble”. Aunque en su declaración en la fase de instrucción,
matizó que esa expresión no significaba necesariamente que no fuera
creíble.
Ambos informes, según el juez, se encargaron a pesar de que en
el departamento de Oltra “se sabía, a ciencia cierta”, desde el 6 de
julio, que la Fiscalía ya había iniciado una investigación y que un
juzgado instruía la denuncia.
La dirigente de Compromís se preguntó en las Corts Valencianes qué
habría pasado si no hubiera “movido un dedo para ver qué ha fallado, ni
para ver cómo está la joven, ni para asegurarme que es cierto lo que
cuenta”. “¿Qué me habrían dicho ustedes?”, espetó a la oposición. Y el
juez, en su exposición de motivos para solicitar su imputación,
le contestó: “No hubiera ocurrido nada, porque a eso ya se dedicaba
quien por Ley tiene encomendada esa función, que no es otro que el juez
de instrucción, una vez judicializadas las diligencias de la Fiscalía”.
La condena al exmarido de Oltra
Con estos antecedentes, dos años después de aquel verano de
2017, se celebró el juicio contra el exmarido de Oltra. El 28 de
noviembre del 2019, la sección segunda de la Audiencia Provincial de
Valencia condenó a Luis Eduardo R. I. a cinco anos de prisión como autor
de un delito continuado de abuso sexual a una menor de 16 años. El 13
de diciembre, la defensa del condenado presentó un escrito aludiendo al
polémico informe de la Fundación Espill en manos de la Fiscalía. La Sala
de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat
Valenciana (TSJ-CV) estimó un recurso del exmarido de Oltra, anuló la
sentencia y ordenó repetir parcialmente el juicio.
Tras la nueva vista, habiéndose incorporado el informe reservado
de la conselleria y el del Instituto Espill, la Audiencia Provincial de
Valencia condenó a la misma pena al educador, un fallo confirmado posteriormente por el TSJ-CV y actualmente pendiente de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
La sentencia definitiva destaca el “marcado sesgo” del informe
“de principio a fin”. El juez instructor de la causa en la que está
investigada Oltra considera, indiciariamente, que la “información
reservada” fue ordenada por la dirigente de Compromís para
“desacreditar” a la menor e “interferir” en un procedimiento penal en el
que su exmarido era el acusado.
Una “investigación paralela a la judicial”
El fallo que condenó a Luis Eduardo R. I. propició la
investigación de la gestión de la Conselleria de Igualdad de los abusos
denunciados por la menor, en una causa en la que la agitadora ultra
Cristina Seguí ejerce la acusación popular, junto con Vox, y la
acusación particular la ejerce el abogado neofascista José Luis Roberto. Se investigan los presuntos delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos.
Oltra siempre ha defendido que se trata de una “cacería” de la extrema derecha,
en el contexto del 'lawfare' (la táctica de utilización política de la
justicia penal), a tenor de la ideología ultra de las acusaciones, cuyas estrategias procesales han chocado por momentos.
Maite T., cuyos dos hijos con su expareja están tutelados por la
Generalitat Valenciana, llegó a denunciar en una entrevista que se sentía utilizada por Roberto y Seguí
y “abandonada” después de que Oltra dimitiera. Según la joven, que en
varias ocasiones hizo públicos sus problemas económicos, se le llegó a
ofrecer un trabajo y una vivienda mientras, en paralelo, en los
tribunales las acusaciones promovidas por Seguí y Roberto arremetían en
su nombre judicialmente contra Oltra y su equipo.
Al parecer, la oferta laboral tenía que ver con un hospital de Madrid de
la empresa Ribera Salud, el grupo sanitario que mantenía hospitales
privados revertidos por el Gobierno del Pacte del Botànic La dirigente
de Compromís viene sosteniendo precisamente la tesis de que la acusación es una suerte de confabulación
entre la extrema derecha, exdirigentes del PP como Francisco Camps o el
empresario Alberto de Rosa, directivo de la multinacional propietaria
de Ribera Salud. Oltra exhibió una fotografía en la que aparecen Camps, De Rosa y Seguí y dijo: “En toda cacería política hay que seguir el rastro del dinero”.
Al margen de los protagonistas de las acusaciones, el juez Vicente Ríos,
considera que la Conselleria de Igualdad llevó a cabo una
“investigación paralela a la judicial carente aparentemente de todo
sentido y que comportaba el empleo de recursos públicos”. El magistrado
ha destacado a lo largo de la instrucción que la propia Oltra declaró en
sede parlamentaria y ante los medios de comunicación que fue ella quien
ordenó la incoación del expediente informativo. Mónica Oltra, por su
parte, matizó en su declaración como investigada
que sus afirmaciones —“tras un estallido emocional” ante la imputación
de varios de sus subordinados— se referían a una “pluralidad de
personas”. “Fue mi manera de desahogarme”, aseguró.
Mientras Oltra estaba aforada, el instructor tomó declaración a más de
una decena de cargos de su departamento y del centro de acogida Niño
Jesús. Sin embargo, la Sala de lo Civil y Penal del TSJ-CV, acabó
imputándola tras un contundente escrito de la Fiscal Superior de la Comunitat Valenciana,
en el que se refería a los indicios de la “escasa, desidiosa o nula
voluntad” de su departamento de esclarecer los abusos por parte de su
exmarido. La imputación propició, finalmente, su dimisión el 21 de junio del 2022 abriendo una tremenda crisis
política en el seno del Pacte del Botànic y descabezando a Compromís de
su líder más visible a poco menos de un año de las elecciones
autonómicas.
El 'balón de oxígeno'
El juez ha descartado que se hayan eliminado correos electrónicos, tal como insinuó la acusación popular. El informe policial de la pieza separada de los correos electrónicos
ha dado un mínimo balón de oxígeno a la defensa de Oltra al confirmar
que su gabinete empezó a tratar el asunto después del 4 de agosto del
2017, lo que concuerda con la línea argumental de su defensa. Sin
embargo, el auto del TSJ-CV que la imputó mientras era aforada consideraba que, a falta de prueba directa, existen “indicios plurales” de que habría maniobrado para “beneficiar la situación procesal” de su exmarido o incluso para “proteger” su propia carrera política.
La defensa de Oltra, por su parte, alegaba que no existen “indicios racionales de criminalidad”
y destacaba “el marcado cariz ideológico y político contrario” de las
acusaciones popular y particular, ejercidas por Cristina Seguí y por
José Luís Roberto, contra la dirigente de Compromís, a los que reprocha
que busquen “réditos” con la “instrumentalización” de la causa. (...)" (Lucas Marco, eldiario.es, 09/06/23)
