La riqueza que el 0,1 % más rico oculta en paraísos fiscales y que se escapa alas arcas públicas supera la riqueza total de la mitad más pobre de la humanidad (4.100 millones de personas)... “No se trata solo”, continua Hallum, “de sofisticados mecanismos de ingeniería contable. Estamos hablando de poder e impunidad. Cuando milmillonarios o multimillonarios esconden billones de dólares en paraísos fiscales, eligen situarse al margen del sistema y por encima de las obligaciones que rigen para el resto de la sociedad. Las consecuencias son tan previsibles como devastadoras: vemos hospitales y escuelas públicas que no cuentan con fondos públicos suficientes, un tejido social desgarrado por la creciente desigualdad, y a las personas corrientes asumiendo el esfuerzo de financiar un sistema diseñado para enriquecer a unos pocos”... hay que garantizar que el 1% más rico pague realmente tipos efectivos más altos sobre todas sus rentas, tanto del trabajo como del capital, especialmente los multimillonarios y milmillonarios (Oxfam Intermón)

 La riqueza que el 0,1 % más rico oculta en paraísos fiscales y que se escapa alas arcas públicas supera la riqueza total de la mitad más pobre de la humanidad (4.100 millones de personas)... “No se trata solo de sofisticados mecanismos de ingeniería contable. Estamos hablando de poder e impunidad. Cuando milmillonarios o multimillonarios esconden billones de dólares en paraísos fiscales, eligen situarse al margen del sistema y por encima de las obligaciones que rigen para el resto de la sociedad. Las consecuencias son tan previsibles como devastadoras: vemos hospitales y escuelas públicas que no cuentan con fondos públicos suficientes, un tejido social desgarrado por la creciente desigualdad, y a las personas corrientes asumiendo el esfuerzo de financiar un sistema diseñado para enriquecer a unos pocos”...             (Oxfam Intermón) 

 

 

"La riqueza que el 0,1 % más rico oculta en paraísos fiscales y que se escapa alas arcas públicas supera la riqueza total de la mitad más pobre de la humanidad (4.100 millones de personas), según un nuevo análisis de Oxfam Intermón publicado en vísperas del décimo aniversario de la publicación de los Papeles de Panamá.

Las estimaciones muestran que, una década después, los superricos siguen aprovechándose del entramado de guaridas fiscales para evadir y eludir impuestos, ocultando activos no declarados, lo que subraya la necesidad urgente de una acción internacional coordinada para acabar con el abuso de esos paraísos fiscales, según la ONG.

Oxfam Intermón estima que en 2024 la riqueza oculta en paraísos fiscales, en cuentas no declaradas y sin tributar, alcanzó los 3,55 billones de dólares, una cantidad mayor que el PIB de Francia, y más del doble del PIB combinado de los 44 países menos desarrollados del mundo.

El 0,1 % más rico posee aproximadamente el 80 % de toda esta riqueza offshore no gravada, es decir, alrededor de 2,84 billones de dólares. Dentro de ese pequeño grupo, el 0,01 % más rico posee aproximadamente la mitad (1,77 billones de dólares).

“Los Papeles de Panamá sacaron a la luz cómo las personas más ricas trasladan sigilosamente enormes fortunas fuera del alcance y control de los diferentes gobiernos”, dice Christian Hallum, responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Internacional. “Diez años después, los superricos siguen acumulando enormes riquezas en estas guaridas fiscales”.

“No se trata solo”, continua Hallum, “de sofisticados mecanismos de ingeniería contable. Estamos hablando de poder e impunidad. Cuando milmillonarios o multimillonarios esconden billones de dólares en paraísos fiscales, eligen situarse al margen del sistema y por encima de las obligaciones que rigen para el resto de la sociedad. Las consecuencias son tan previsibles como devastadoras: vemos hospitales y escuelas públicas que no cuentan con fondos públicos suficientes, un tejido social desgarrado por la creciente desigualdad, y a las personas corrientes asumiendo el esfuerzo de financiar un sistema diseñado para enriquecer a unos pocos”.

Si bien a lo largo de estos últimos años se ha logrado reducir el volumen total de la riqueza offshore, esta sigue manteniéndose en niveles muy elevados, en torno al 3,2% del PIB mundial. Además, los avances son muy desiguales, en particular porque los países del Sur Global, a pesar de que necesitan urgentemente recursos adicionales, están excluidos del funcionamiento del sistema de Intercambio Automático de Información (AEOI por sus siglas en inglés), uno de los mecanismos que ha permitido estos avances.

Oxfam Intermón insta a los gobiernos a:

– Reforzar los principios de equidad e inclusividad en las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional, en particular en la agenda de tributación a los superricos y para poner fin a los paraísos fiscales, al tiempo que se impulsan iniciativas regionales e internacionales complementarias.

– Fortalecer las capacidades de las autoridades fiscales y los mecanismos de transparencia, dotando a los gobiernos de herramientas para identificar y rastrear la riqueza de las personas más ricas, incluyendo la creación de un registro global de activos.

– Garantizar que el 1% más rico pague realmente tipos efectivos más altos sobre todas sus rentas, tanto del trabajo como del capital, especialmente los multimillonarios y milmillonarios.

– Introducir impuestos a la riqueza extrema, especialmente dirigidos al 1% más rico, a niveles lo suficientemente altos como para lograr un impacto en la reducción de la desigualdad.

Descargar la nota metodológica de Oxfam.

La riqueza offshore ha aumentado desde la publicación de los Papeles de Panamá, alcanzando un total estimado de $ 13,25 billones de dólares (12,48 % del PIB mundial) en 2023. Sin embargo, la proporción de riqueza offshore no gravada ha disminuido considerablemente. Los investigadores atribuyen esto a la puesta en marcha del sistema de Intercambio Automático de Información (AEOI), iniciado alrededor de 2016-2017. Si bien en los primeros años se observó una fuerte caída, la disminución se desaceleró desde 2018, estabilizándose después hasta el punto de que la riqueza offshore no gravada se sitúa en estos momentos aproximadamente entre el 2% y el 4% del PIB mundial.

A marzo de 2025, 126 países y jurisdicciones se han adherido al Estándar Común de Reporte (CRS), el estándar global para el AEOI. Sin embargo, muchos países de ingresos bajos y medios-bajos siguen excluidos de esta iniciativa, a pesar de ser de los más afectados por la evasión fiscal a través de paraísos fiscales.

Los Estados miembros de la ONU aprobaron los términos de referencia para una Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional en noviembre de 2024. Las negociaciones comenzaron formalmente a principios de 2025 y se espera que continúen hasta 2027."

(Oxfam Intermón, 02/04/26)

La Florida contemporánea es el espejo distorsionado y avanzado de una nueva forma de gobernanza global, un experimento donde el lavado de dinero ha sido no solo tolerado, sino institucionalizado y actualizado a la era digital mediante la llamada Tokenización 4.0, y donde los últimos vestigios de soberanía financiera nacional se subastan al mejor postor tecnológico... En este laboratorio de capitalismo opaco, se encarna la lucha por el control del futuro, no solo del estado, sino de la maquinaria que podría financiar la próxima presidencia de los Estados Unidos. Por un lado, el vicepresidente JD Vance ha construido metódicamente un búnker financiero en lo que ya se conoce como el «Wall Street del Sur», un complejo ecosistema en West Palm Beach que protege y multiplica el capital opaco bajo la bandera de la innovación financiera y la libertad tecnológica... La carrera por la presidencia de 2028, y su financiamiento colosal, se nutre de un río oscuro que fluye desde el sur: petróleo venezolano desviado, ganancias de carteles colombianos y mexicanos, dinero de la evasión fiscal masiva de élites latinoamericanas, fuga de capitales que huyen de la inestabilidad... La ingeniería financiera que hace posible este sistema es de una sofisticación abrumadora. Unos 250 fondos de inversión operan en este espacio, donde gigantes como BlackRock y fondos de private equity tradicionales conviven, en extraña simbiosis, con vehículos de capitales latinoamericanos de origen menos claro. Operan bajo una estructura de capas de cebolla, diseñada meticulosamente para diluir y atomizar la responsabilidad legal hasta hacerla desaparecer... el gran salto cualitativo en 2025 es la Tokenización de Activos Inmobiliarios (RWA)... un fondo con sede en West Palm Beach adquiere un edificio de lujo valorado en 200 millones de dólares. Acto seguido, divide digitalmente la propiedad de ese activo tangible en millones de fragmentos digitales, en tokens, que se venden en mercados de criptoactivos. Un narcotraficante en Cali, un empresario evasor en Buenos Aires o un funcionario corrupto en Paraguay puede comprar estos «tokens» o fragmentos del edificio usando stablecoins... Para el sistema regulatorio, esta transacción no aparece como una compraventa inmobiliaria, sino como una sofisticada «inversión tecnológica» en activos tokenizados... Vance busca que Estados Unidos, y Florida en particular, se conviertan en la «Capital Cripto» del mundo (Alejandro Marcó del Pont)

"No nos importa de dónde viene el dinero, siempre que se invierta en los EE. UU. (El Tábano Economista)

Cuando una empresa registrada bajo el enigmático nombre de Flower of Scotland pagó 1,13 millones de dólares en efectivo, billete sobre billete, por un condominio en Sunny Isles Beach, Miami, en 2017, se vio obligada a realizar un acto tan inusual como revelador: mostrar al gobierno federal estadounidense la identidad de su verdadero propietario. Este momento de transparencia forzada fue un espejismo, un breve destello de luz en una oscuridad estructural.

Ocurrió gracias a una norma temporal impuesta por el Departamento del Tesoro durante la administración Obama, que entre 2016 y 2017 intentó, tímidamente, levantar el velo en Miami y Manhattan, los dos mercados inmobiliarios preferidos por el capital global anónimo. Un estudio de economistas de la Reserva Federal de Nueva York y la Universidad de Miami midió las consecuencias: en Miami, el gasto de empresas fantasma y entidades corporativas opacas en vivienda se desplomó un 95%. La lección, sin embargo, no fue que el sistema quisiera limpiarse, sino que demostraba hasta qué punto su funcionamiento dependía del secreto.

Hoy, en 2025, esa lección no solo ha sido olvidada, sino invertida. La Florida contemporánea es el espejo distorsionado y avanzado de una nueva forma de gobernanza global, un experimento donde el lavado de dinero ha sido no solo tolerado, sino institucionalizado y actualizado a la era digital mediante la llamada Tokenización 4.0, y donde los últimos vestigios de soberanía financiera nacional se subastan al mejor postor tecnológico.

En este laboratorio de capitalismo opaco, dos figuras republicanas encarnan la lucha por el control del futuro, no solo del estado, sino de la maquinaria que podría financiar la próxima presidencia de los Estados Unidos. Por un lado, el vicepresidente JD Vance ha construido metódicamente un búnker financiero en lo que ya se conoce como el «Wall Street del Sur», un complejo ecosistema en West Palm Beach que protege y multiplica el capital opaco bajo la bandera de la innovación financiera y la libertad tecnológica.

Por el otro, el secretario de Estado Marco Rubio, atado a la retórica anticastrista y antichavista que lo catapultó, y a una Ley de Transparencia Corporativa que su propia administración ahora sabotea, observa con impotencia cómo el «dinero negro» latinoamericano que una vez lubricó su ascenso político ahora financia, paradójicamente, su entierro administrativo. En la Florida, el epicentro geopolítico del financiamiento político del siglo XXI, un axioma se impone con fuerza brutal: “el que controla el código y el token, controla el trono”.

Esta partida de ajedrez de altas finanzas se juega con piezas que valen miles de millones, y el árbitro con el dedo sobre el botón de la ejecución regulatoria es el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Bessent, un hombre de mercados, un ex-gestor de fondos de cobertura cuya lealtad visceral es hacia la liquidez y la rentabilidad antes que a cualquier ideología, ha inclinado decisivamente la balanza del poder interno a favor de la visión hipertransaccional y tecnocrática de Vance.

Su gestión ha relegado a Rubio a una irrelevancia administrativa creciente. La carrera por la presidencia de 2028, y su financiamiento colosal, se nutre de un río oscuro que fluye desde el sur: petróleo venezolano desviado, ganancias de carteles colombianos y mexicanos, dinero de la evasión fiscal masiva de élites latinoamericanas, fuga de capitales que huyen de la inestabilidad. Todo este caudal sirve, es bienvenido, pero con una condición: hay que saber para quién se juega, y ser previsible en la lealtad. La ingenuidad política aquí es un lujo suicida.

Si el ala de Vance, en alianza con los fondos de inversión de West Palm Beach, gana esta batalla interna —y todo indica que ya la está ganando—, Florida se transformará de facto en un estado soberano financiero dentro de la Unión. El dinero negro procedente de la corrupción, el petróleo incautado o desviado, la evasión fiscal de magnates sudamericanos y los beneficios del tráfico de cocaína ya no necesitarán ser «lavados» en el sentido clásico, con sus riesgos y fricciones. Simplemente se tokenizarán, se convertirán en activos digitales limpios y legítimos, respaldados por el colateral lujo definitivo: el sector inmobiliario de alto valor de la Florida.

Esta transformación deja a Marco Rubio en una posición existencialmente difícil, o se adapta a esta nueva economía de la opacidad tecnológica —traicionando la retórica de «limpieza» y lucha contra la corrupción que lo define—, o pierde irreversiblemente el financiamiento de los nuevos barones del dinero. Estos ya no necesitan a un senador que les abra puertas en Washington para ocultar sus rastros; en la era digital, solo necesitan un buen programador de Silicon Valley, un abogado creativo y un fondo registrado en West Palm Beach.

La ingeniería financiera que hace posible este sistema es de una sofisticación abrumadora. Unos 250 fondos de inversión operan en este espacio, donde gigantes como BlackRock y fondos de private equity tradicionales conviven, en extraña simbiosis, con vehículos de capitales latinoamericanos de origen menos claro. Operan bajo una estructura de capas de cebolla, diseñada meticulosamente para diluir y atomizar la responsabilidad legal hasta hacerla desaparecer.

Mientras Miami sigue captando los titulares de la prensa y el glamour superficial, el verdadero centro neurálgico del movimiento de capitales pesados, opacos y urgentes, se ha trasladado discretamente hacia el norte, a West Palm Beach. La estrategia maestra para evadir la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) —que Rubio mismo impulsó— se basa en la explotación de un vacío legal: el «Family Office» No Regulado. Estas oficinas familiares, que gestionan las fortunas de individuos ultra-ricos, enfrentan un escrutinio muy inferior al de los fondos de inversión tradicionales, convirtiéndose en el vehículo perfecto para la opacidad.

Pero el gran salto cualitativo en 2025 es la Tokenización de Activos Inmobiliarios (RWA). El mecanismo es de una elegancia casi quirúrgica en su eficacia para el blanqueo. Ya no se compran mansiones en Key Biscayne con maletas de efectivo, una práctica tosca y riesgosa. Ahora, un fondo con sede en West Palm Beach adquiere un edificio de lujo valorado en 200 millones de dólares. Acto seguido, divide digitalmente la propiedad de ese activo tangible en millones de fragmentos digitales, en tokens, que se venden en mercados de criptoactivos.

Un narcotraficante en Cali, un empresario evasor en Buenos Aires o un funcionario corrupto en Paraguay puede comprar estos «tokens» o fragmentos del edificio usando stablecoins como USDT (Tether) o USDC (USD Coin), criptomonedas diseñadas para mantener un valor estable, anclado 1:1 al dólar estadounidense, eliminando la volatilidad de bitcoin. Para el sistema regulatorio, esta transacción no aparece como una compraventa inmobiliaria sujeta a los informes de la FinCEN; aparece como una sofisticada «inversión tecnológica» en activos tokenizados.

Al ejecutarse sobre una blockchain, el fondo puede alegar plausiblemente que «no conoce» la identidad de cada uno de los miles de poseedores de pequeños tokens. Y a diferencia de una propiedad física, que puede tardar meses en venderse y deja un rastro de papelerío, los tokens se pueden comprar, vender o transferir en segundos, de forma global y anónima. El dinero, así, no se «lava»; sale limpio, certificado como una ganancia legítima por una inversión de vanguardia en tecnología financiera.

Es aquí donde la fricción entre Marco Rubio y JD Vance deja de ser una rivalidad política personal para convertirse en el eje crítico del futuro de este ecosistema y, por extensión, del financiamiento de la política nacional. El interés de Rubio siempre ha sido instrumental: usar la inteligencia financiera y las sanciones como arma para asfixiar a sus enemigos ideológicos en La Habana y Caracas, o incluso a figuras de izquierda en Bogotá.

Pero esta postura choca frontalmente con los intereses de sus propios donantes en Florida, que necesitan que el sistema financiero estadounidense, y especialmente el de este estado, siga siendo «poroso», permeable a los capitales que huyen de esas mismas jurisdicciones. Vance, en cambio, es el principal impulsor de la Ley GENIUS, una legislación diseñada para regular —y por tanto, legitimar e integrar— las stablecoins en el sistema financiero tradicional. Su visión no es de contención, sino de absorción: que Estados Unidos, y Florida en particular, se conviertan en la «Capital Cripto» del mundo.

El resultado práctico es que Vance está construyendo un marco legal donde mover capitales vía blockchain, incluso aquellos de origen incierto, sea no solo posible, sino virtualmente intocable, amparados en la defensa de la innovación y la libertad económica. Para Vance, los miles de millones que salen de Argentina o Colombia y entran vía stablecoins son «libertad económica» y «dólares digitales». Para los organismos de seguridad que aún intentan seguir el rastro del dinero, este marco es la creación de un agujero negro regulatorio perfecto.

En diciembre de 2025, esta batalla alcanza su punto de decisión. El Tesoro de los Estados Unidos, bajo el mando de Scott Bessent, y su brazo operativo, la FinCEN (la Red de Control de Delitos Financieros), han dejado de ser espectadores neutrales para convertirse en el «fiel de la balanza», y ese fiel se inclina claramente hacia Vance.

Bessent, el ex-gestor de fondos que habla el idioma de las suites de West Palm Beach, ha ejecutado un giro de 180 grados. En marzo de 2025, ordenó a la FinCEN suspender sine die la ejecución de la Ley de Transparencia Corporativa para ciudadanos y empresas estadounidenses. Este fue un golpe maestro y directo al proyecto político de Marco Rubio, quien fue el arquitecto intelectual de esa ley, concebida precisamente para «limpiar» Florida de dinero venezolano, ruso y de otros orígenes cuestionables.

Bessent es el socio tecnocrático ideal para la visión de Vance: mientras el vicepresidente vende el sueño de Florida como la capital cripto, el secretario del Tesoro adapta la maquinaria federal para integrar las stablecoins (vía la Ley GENIUS) en el núcleo del sistema. Su tesis es cruda y poderosa: si los fondos de Florida usan sus reservas, sin importar su origen, para comprar bonos del Tesoro estadounidense, lo que importa es la estabilidad del dólar y la liquidez del sistema, no la procedencia moral del capital.

La FinCEN, que en el pasado fue el terror de las Sociedades de Responsabilidad Limitada fantasmas de Miami, ahora opera bajo una nueva directriz interna: «Cumplimiento Amigable». La regla que obligaba a reportar todas las ventas inmobiliarias en efectivo por encima de ciertos umbrales, que debía entrar en vigor en diciembre de 2025, ha sido pospuesta por la propia FinCEN hasta marzo de 2026, sin mayor explicación. Esta prórroga no es una mera dilación burocrática; es oxígeno puro para los fondos inmobiliarios de West Palm Beach, el tiempo precioso que necesitan para terminar de tokenizar carteras masivas de activos sin dejar un rastro en el sistema tradicional.

El combustible sin el cual esta maquinaria se detendría es, irónicamente, el capital latinoamericano en fuga. Los miles de millones de «dinero negro» o de «fuga de capitales» que salen de Argentina, Colombia, México, Brasil y Venezuela no son un problema para este sistema; son su razón de ser, su materia prima esencial. Sin este flujo constante, el «Wall Street del Sur» no tendría la tracción, la liquidez ni el poder que hoy exhibe.

El futuro presidencial de Marco Rubio está, de manera trágica y casi poética, encadenado a Nicolás Maduro. Si el régimen chavista cae, Rubio podría reclamar una victoria pírrica. Pero si Maduro se mantiene, como parece probable, y —lo que es más decisivo— si el petróleo venezolano comienza a fluir hacia los Estados Unidos bajo acuerdos pragmáticos de «energía por sanciones aliviadas», Rubio está acabado.

La doctrina de Trump y Vance es simple y transaccional: «Take the Oil». No les interesa la democratización de Caracas si pueden asegurar, a través de intermediarios y fondos aliados, contratos directos para las refinerías de Texas y la Costa del Golfo. En este escenario, el petróleo venezolano deja de ser un símbolo de una causa humanitaria para convertirse en un mero activo financiero más, además de cambiar la lógica de la energía mundial con la mayor reserva planetaria de petróleo. Los fondos que hoy lavan dinero están posicionándose para comprar «bonos de petróleo» tokenizados, una maniobra que Vance apoya abiertamente y que Rubio, por coherencia ideológica y política, no puede avalar sin destruirse a sí mismo. Rubio se queda con el discurso; Vance se queda con el crudo, con los tokens y con los beneficios.

Rubio se enfrenta así a una paradoja cruel y definitiva. Su ansiada campaña presidencial para 2028 depende financieramente del dinero de los mismos fondos inmobiliarios y tecnológicos que hoy se están alineando, dólar a dólar, con JD Vance y Scott Bessent. Los donantes de Florida son, ante todo, pragmáticos. Prefieren mil veces la «opacidad protegida» que ofrece el marco de Vance y la desregulación activa de Bessent, que la «cruzada moral» de un Rubio que, en su narrativa, poco creíble de perseguir dictadores y corruptos, podría terminar, por un exceso de celo o por un cambio de conveniencia, auditando las cuentas de sus propios financistas.

La estructura de los Super PACs en 2025, oscura y permisiva, permite que estos fondos inyecten decenas de millones de dólares en la política sin que el nombre del evasor latinoamericano, del narco o del funcionario corrupto aparezca jamás en un registro público. Pero esos millones, como el agua, fluyen hoy hacia donde hay poder real, hacia donde se construye el futuro del sistema. Con Vance controlando la agenda tecnológica nacional y Bessent controlando las llaves del Tesoro, Marco Rubio se ha convertido, en la práctica, en un político de la Guerra Fría atrapado en la guerra del código. En la carrera hacia 2028, en el nuevo Estado lavador de Florida, el axioma se cumple sin excepción: el que controla el código y el token, controla el trono, y quien controla el trono de Florida, controla el flujo del dinero que decide la presidencia de los Estados Unidos." 

(Alejandro Marcó del Pont, blog, 21/12/25) 

Finanzas internacionales: de paraísos fiscales a nidos de criminales... La gran acumulación de riqueza en pocas manos, propia de nuestro tiempo y quizá la más extrema de la historia humana, ha sido posible gracias a que los gobiernos de las grandes potencias acabaron con cualquier tipo de control sobre los movimientos de capital... Aparecieron los llamados paraísos fiscales. Esto se llevó a cabo para que las grandes corporaciones, los fondos de inversión, los bancos y los dueños de patrimonios multimillonarios pudieran acumular ganancias sin cesar... Sin vigilancia, sin dejar rastro, anónimamente, actuando en la sombra y a espaldas de las leyes y los gobiernos... El problema radica en que, a través de esos canales por los que se mueven con plena libertad los capitales, se desplazan igualmente quienes financian el terrorismo, el tráfico de drogas, el comercio ilícito de armas, la trata de personas y los negocios más turbios e inhumanos que llenan el mundo de enfermedad, dolor y muerte de seres inocentes. Los gobiernos podrían acabar con ellos, pero no lo hacen por una sencilla razón: tendrían que eliminar el régimen de plena libertad de movimientos y secretismo que necesita el reducido número de grandes financieros y propietarios de capital para seguir enriqueciéndose sin parar... Para multiplicar hasta el infinito sus ganancias han desarrollado productos financieros específicamente concebidos con una única finalidad: ser comprados y vendidos sin cesar. Son los derivados financieros... y así el sistema financiero actual mata porque la especulación afecta, en última instancia, a las mercancías sobre las que se establece inicialmente el contrato originario del que nacen los derivados. Y cuando esas mercancías son, como suele ocurrir, las que satisfacen necesidades básicas de los seres humanos –alimenticias, sanitarias y más recientemente la vivienda– lo que ocurre es que se mata a la gente de hambre, de enfermedades o por indigencia... Las finanzas actuales matan también porque los grandes bancos y fondos de inversión hacen apuestas especulativas no sólo contra mercancías, sino contra economías enteras. Primero las arruinan y luego cobran para sacarlas del hoyo a base de deuda. Dejando en el camino un reguero de miseria y destrucción material y de vidas humanas... Estas prácticas constituyen, en realidad, un auténtico terrorismo financiero... sería necesario tipificar cuanto antes y perseguir, el delito de crimen económico contra la humanidad (Juan Torres López)

 "Los dirigentes de las grandes potencias, con Estados Unidos a la cabeza, no paran de decir que su tarea es combatir las fuerzas del mal en todo el mundo. Aseguran que sus enemigos son quienes vulneran las leyes, que su propósito es perseguir a los criminales y terroristas que ponen en peligro la vida de miles de seres humanos inocentes y, por supuesto, doblegar a los enemigos de la libertad y la democracia.

La realidad, sin embargo, contradice la sinceridad de esos propósitos, al menos, en dos aspectos principales. Por un lado, porque al terrorismo de fines políticos no se le impide disponer de los canales financieros convencionales para llevar a cabo sus actividades. Por otro, porque esos canales son la vía mediante la cual se practica otro tipo de terrorismo del que apenas se habla pero que es, en realidad, mucho más mortífero: el terrorismo financiero.

Libertad de capitales, vía libre para delinquir

La gran acumulación de riqueza en pocas manos, propia de nuestro tiempo y quizá la más extrema de la historia humana, ha sido posible gracias a que los gobiernos de las grandes potencias acabaron con cualquier tipo de control sobre los movimientos de capital, dando así plena libertad a los grandes poseedores de liquidez para llevar a cabo sus negocios.

Aparecieron los llamados paraísos fiscales, en donde se puede colocar el dinero y moverlo desde allí sin dejar registro alguno y sin necesidad de pagar impuestos. Se eliminaron las fronteras y, como mencioné, los controles que permitían conocer el origen, el destino y, sobre todo, el uso del dinero en las transacciones financieras internacionales.

Esto se llevó a cabo para que las grandes corporaciones, los fondos de inversión, los bancos y los dueños de patrimonios multimillonarios pudieran acumular ganancias sin cesar, moviendo, según les conviniera y en la dirección deseada, su capital ingente. Sin vigilancia, sin dejar rastro, anónimamente, actuando en la sombra y a espaldas de las leyes y los gobiernos. De hecho, así es como se llaman las entidades financieras que generalmente se utilizan para ello: shadow banking, es decir, banca en la sombra.

El problema radica en que, a través de esos canales por los que se mueven con plena libertad los capitales, se desplazan igualmente quienes financian el terrorismo, el tráfico de drogas, el comercio ilícito de armas, la trata de personas y los negocios más turbios e inhumanos que llenan el mundo de enfermedad, dolor y muerte de seres inocentes.

Los gobiernos podrían acabar con ellos, pero no lo hacen por una sencilla razón: tendrían que eliminar el régimen de plena libertad de movimientos y secretismo que necesita el reducido número de grandes financieros y propietarios de capital para seguir enriqueciéndose sin cesar. No lo hacen porque la institución más poderosa del planeta, la banca, es la que gana dinero al guardar y movilizar el dinero del terrorismo internacional, mientras financia a este último.

Finanzas que matan

Pero hay, además, otro terrorismo que se lleva a cabo con la misma complicidad de los gobiernos. Lo mostré, junto a Vicenç Navarro, en el libro Los amos del mundo. Las armas del terrorismo financiero

En lugar de destinar los recursos que maneja a financiar la actividad productiva, el sistema financiero actual los utiliza principalmente para especular. Es decir, para obtener sumas ingentes de beneficios simplemente aprovechándose de fluctuaciones de precios que ellos mismos provocan. Se puede hacer porque los grandes financieros disponen de dinero suficiente como para manipular los mercados y luego apostar sobre seguro.

Para multiplicar hasta el infinito sus ganancias han desarrollado productos financieros específicamente concebidos con una única finalidad: ser comprados y vendidos sin cesar mediante programas informáticos que permiten ejecutar estas operaciones en milisegundos.

La gran mayoría de ese tipo de productos puramente especulativos son los llamados derivados financieros. Se llaman así porque nacen –se derivan– unos de otros a partir de un contrato real originario –por ejemplo, una hipoteca– en forma de seguros, reaseguros, garantías, apuestas sobre la evolución de los precios, entre otros, sólo para intercambiarse a velocidad de vértigo. En todo el mundo se realizaron en 2023 unas 4.500 operaciones de compra y venta de derivados por cada segundo durante los 365 días del año.

Los derivados son simples «papeles», sin el contenido real que tiene, por ejemplo, un contrato de compra o venta de cualquier mercancía. Pero son muy rentables porque la velocidad a la que circulan hace que su precio sea muy volátil, de modo que se puede ganar muchas veces con ellos y mucho dinero cuando a eso se dedican –como hacen los grandes fondos y los bancos capitalistas– recursos multimillonarios.

Terrorismo financiero

El efecto letal de este tipo de prácticas financieras es doble. Por un lado, generan escasez de recursos y financiamiento para la actividad económica real de las empresas productivas y las familias. Y, además, matan.

El sistema financiero actual mata porque la especulación que lleva a cabo para añadir ceros a las cuentas bancarias de los grandes inversores afecta, en última instancia, a las mercancías sobre las que se establece inicialmente el contrato originario del que nacen los derivados. Y cuando esas mercancías son, como suele ocurrir, las que satisfacen necesidades básicas de los seres humanos –alimenticias, sanitarias y más recientemente la vivienda– lo que ocurre es que se mata a la gente de hambre, de enfermedades o por indigencia. Cuando los precios de estas mercancías suben por la especulación, no se pueden comprar. Y cuando caen sin sentido productivo alguno, se arruinan sus productores, y luego viene la escasez y el desabastecimiento.

Las finanzas actuales matan también porque los grandes bancos y fondos de inversión, como ya ocurrió en la crisis de 2007 y en la Gran Recesión posterior, hacen apuestas especulativas no sólo contra mercancías, sino contra economías enteras. Primero las arruinan y luego cobran para sacarlas del hoyo a base de deuda. Dejando en el camino un reguero de miseria y destrucción material y de vidas humanas.

El funcionamiento de algunos de esos productos es tan diabólico que cuesta creer que los gobiernos permitan su existencia. Los llamados Credit Default Swap (CDS, o Derivado de Incumplimiento Crediticio) son un tipo de contrato que permite asegurar algo que no se tiene en la mano, de lo que no se es propietario, y cobrar si le ocurre cualquier cosa a ese algo. Más o menos viene a suponer que el titular de un contrato de ese tipo puede asegurar contra incendio la casa de otra persona –sin comprarla y sin ni siquiera poner dinero– y luego cobrar si la quema. Lo mismo que se hace con la calificación de deuda de algunos países: se contrata un seguro que permite cobrar si se deteriora, y lo único que entonces hay que hacer es todo lo posible para que su economía vaya mal.

Estas prácticas constituyen, en realidad, un auténtico terrorismo financiero, como así lo reconocía en 2002 el entonces cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio, 11 años más tarde elegido papa de la Iglesia católica, refiriéndose a lo ocurrido en su país: «Ha habido un verdadero terrorismo económico-financiero en este tiempo».

Pero no ocurrió sólo allí, sino en todo el planeta. El terrorismo financiero ha sido permitido, soportado y protegido por los gobiernos de las grandes potencias. Mientras no haya una movilización mundial que lo condene y repudie, las grandes finanzas y la inversión especulativa seguirán siendo responsables de la muerte injusta y cruel de millones de seres humanos. Y para evitarlo, sería necesario tipificar cuanto antes y perseguir, como ya han pedido docenas de juristas y organismos internacionales, el delito de crimen económico contra la humanidad."                   (Juan Torres López, blog, 27/11/24)

Elecciones en Irlanda: ¿su modelo económico está amenazado? Irlanda mantiene una relación «colonial» con las empresas y los inversores estadounidenses... El estatus de paraíso fiscal de Irlanda, y en relación «colonial» con las empresas e inversores estadounidenses, conduce a datos engañosos sobre el crecimiento de la producción nacional... La renta media per cápita (MDD) no es actualmente más alta que en el pico de 2007, ¡17 años después! Y gran parte del aumento de la producción se ha logrado gracias a un fuerte incremento de la inmigración, que ahora es un tema electoral, tras un siglo como país de emigrantes... El número de personas sin hogar en Irlanda ha alcanzado cifras récord... la desigualdad de ingresos sigue siendo extrema, y la desigualdad de la riqueza es aún peor... El 1% de los más ricos de Irlanda posee el 23% de toda la riqueza personal, mientras que el 50% más pobre no tiene ninguna participación neta, ¡ya que debe más de lo que posee (-3,4%)! El año pasado, la economía irlandesa entró en recesión debido a la caída de las exportaciones de las multinacionales americanas. Las cosas no pintan mucho mejor en 2024, ya que la inversión empresarial se reduce. Y luego está Trump... el país podría perder 10.000 millones de euros en impuestos de sociedades si tan solo tres multinacionales estadounidenses fueran repatriadas a Estados Unidos bajo una administración hostil de Donald Trump... MAGA podría significar el fin del modelo de crecimiento económico irlandés (Michael Roberts)

 "La República de Irlanda (esto excluye el enclave de Irlanda del Norte, que sigue formando parte de Gran Bretaña) celebra hoy elecciones generales. Irlanda tiene apenas 5 millones de habitantes y forma parte de la Unión Europea y la eurozona, aportando sólo el 1% de la UE27 y el 3% del PIB de la UE.

El Gobierno actual es una coalición de los dos partidos procapitalistas tradicionales, Fine Gael y Fianna Fail, con los Verdes. Esta coalición ha mantenido fuera del poder al nacionalista republicano Sinn Fein, que quiere un referéndum sobre una Irlanda unida y ofrece medidas económicas más radicales. El actual Taoiseach (Primer Ministro irlandés) es Simon Harris, del Fine Gael, que va ligeramente por detrás en los sondeos de opinión, con un 19% del voto esperado, mientras que Fianna Fail y Sinn Fein rondan el 21% cada uno.

En el siglo XXI, Irlanda se convirtió en un enorme paraíso fiscal para grandes fortunas, fondos de alto riesgo y, sobre todo, multinacionales estadounidenses. Irlanda sigue siendo uno de los principales destinos de la inversión extranjera directa (IED) estadounidense. Unas 970 empresas estadounidenses dan empleo directo a más de 210.000 personas, y otras 168.000 lo hacen de forma indirecta en el suministro de productos y servicios. Estas empresas son también responsables de la mayor parte de los ingresos por el impuesto de sociedades. Esto ha convertido a Irlanda en un «caso atípico» en Europa, con más del 25% de los ingresos fiscales en la República de Irlanda procedentes del impuesto de sociedades, en comparación con una cifra media inferior al 10% en toda Europa.

En 2018, Facebook obtuvo 15.000 millones de dólares de beneficios en Irlanda, el equivalente a unos 10 millones por cada uno de sus empleados allí. Ese mismo año, Bristol Myers Squibb registró cerca de 5.000 millones de dólares de beneficios en la Isla Esmeralda, o aproximadamente 7,5 millones por empleado. mientras que el empleo en estas empresas para los trabajadores irlandeses ha sido relativamente modesto y se ha limitado a trabajadores irlandeses altamente educados o cualificados.

El estatus de paraíso fiscal de Irlanda, y en relación «colonial» con las empresas e inversores estadounidenses, conduce a datos engañosos sobre el crecimiento de la producción nacional. Aunque los datos del PIB sugieren un auge masivo, si se eliminan los beneficios de las empresas estadounidenses, el crecimiento nacional es mucho menos impresionante. De hecho, el gobierno se ha visto obligado a utilizar lo que denomina demanda interna modificada (MDD) como medida de la expansión real de Irlanda. La MDD excluye la inversión estadounidense en propiedad intelectual importada y el arrendamiento de aviones, que no toca los flancos de la economía irlandesa.

En lugar del PIB como medida, si se considera la MDD, se comprueba que el crecimiento económico de Irlanda ha sido mucho más modesto y, de hecho, se está ralentizando. La trayectoria de rápido crecimiento se vio frenada por la Gran Recesión de 2008-9 y la posterior recuperación en la década de 2010 (la década de la Larga Depresión en todas las grandes economías) tuvo una tasa de crecimiento mucho menor. La recesión pandémica golpeó entonces a Irlanda y de nuevo, como en otros lugares, la tasa de crecimiento apenas ha retomado la trayectoria de la década de 2010.

Esto se revela aún más claramente cuando consideramos la MDD por persona. La renta media per cápita (MDD) no es actualmente más alta que en el pico de 2007, ¡17 años después!

 Y es que gran parte del aumento de la producción se ha logrado gracias a un fuerte incremento de la inmigración, que ahora es un tema electoral. Tras un siglo como país de emigrantes, se calcula que la población de Irlanda en 2024 será de 5,38 millones de habitantes, con un aumento de 98.700 personas en el año hasta abril de 2024. Se trata del mayor aumento de población en 12 meses en 16 años, desde 2008, cuando la población aumentó en 109.200 personas. Y hay 2,7 millones de personas empleadas, un millón más que en 2000.

Se calcula que el número de inmigrantes en el año hasta abril de 2024 será de 149.200, de los cuales 30.000 serán ciudadanos irlandeses retornados, 27.000 de otros países de la UE, 5.400 del Reino Unido y 86.800 de otros países, incluidos ucranianos.

El aumento de la población se concentra cada vez más en Dublín, la capital de Irlanda, donde la proporción ha pasado del 28,1% del total en 2018 al 28,5% en 2024 y cuenta ya con 1,5 millones de personas.

Como resultado, codo con codo con las modernas plantas de propiedad estadounidense en la llamada zona Silicon Docks de Dublín, existe un centro urbano que es una de las zonas más deprimidas de las capitales europeas. El número de personas sin hogar en Irlanda ha alcanzado cifras récord: en junio, 12.600 personas se encontraban en alojamientos de emergencia. El coste medio del alquiler de una vivienda de un dormitorio en Dublín es de 1.800 euros (1.550 libras) al mes. Esta cifra la sitúa en el tercer puesto entre las grandes ciudades europeas, justo por detrás de Ginebra y Londres, en un estudio de más de 40 localidades realizado por la agencia estadística de la UE Eurostat.

 Así que el aumento del coste de la vida y la falta de vivienda asequible son temas electorales clave. Mientras que los ingresos medios por hora aumentaron un 25% entre 2019 y 2024, la brecha entre los ingresos y los costes de la vivienda se ha ampliado significativamente y se prevé que continúe haciéndolo. El Banco Central de Irlanda estima que será necesario construir 52.000 viviendas al año hasta 2050. Esto supone un aumento de 20.000 unidades anuales con respecto a las cifras de 2023. En los 12 meses transcurridos hasta julio de 2024, el 12% de las compras de viviendas fueron realizadas por no ocupantes, es decir, por propietarios que buscan obtener beneficios del alquiler.

De hecho, la desigualdad de ingresos en Irlanda sigue siendo extrema, ya que el 10% de los que más ganan se lleva una mayor parte de los ingresos totales (del 30% en 1980 al 35% en 2018), mientras que la parte destinada al 50% de los que menos ganan ha caído a solo el 20%.

Como es habitual, la desigualdad de la riqueza (es decir, la propiedad de bienes inmuebles y activos financieros netos de deuda) es aún peor. El 1% de los más ricos de Irlanda posee el 23% de toda la riqueza personal y el 10% más rico el 66%, mientras que el 50% más pobre no tiene ninguna participación neta, ¡ya que debe más de lo que posee (-3,4%)!

El año pasado, la economía irlandesa entró en recesión debido a la caída de las exportaciones de las multinacionales americanas (incluso la medida MDD sólo mostró un aumento del 0,5%). Eso demuestra lo dependiente que se ha vuelto Irlanda de las multinacionales estadounidenses, con ese sector contrayéndose por primera vez desde 2013. Las cosas no pintan mucho mejor en 2024, ya que la inversión empresarial se reduce.

Como en el resto de Europa, el sector manufacturero irlandés se ha contraído (con una puntuación por debajo de 50 en la medida de actividad económica PMI).

Recientemente, el Gobierno irlandés se vio obligado a gravar a multinacionales como Apple más de lo que querían, para cumplir la normativa fiscal de la UE, y también tuvo que elevar el tipo del impuesto de sociedades al 15%. Irónicamente, como resultado de ello, el gobierno está ahora lleno de ingresos adicionales (14.000 millones de euros sólo en impuestos atrasados de Apple). Se prevé que los ingresos fiscales generen un superávit respecto al gasto público de 65.000 millones de euros a finales de esta década.

¿Cómo se gastarán, si es que se gastan? Se ha sugerido la creación de un fondo soberano de inversión similar al noruego y de un fondo para infraestructuras. Como dice el Primer Ministro Harris: «Hay áreas claras en las que merecería la pena estudiarlo, en torno a las infraestructuras, la vivienda y otras áreas en las que hay limitaciones».

¡Ya lo creo! El problema es que el sector privado de la construcción irlandés es totalmente inadecuado para construir más viviendas y cumplir cualquier objetivo razonable para hacer frente a la crisis de la vivienda. Y, por supuesto, no se aboga por una corporación estatal de la vivienda con formación para trabajadores cualificados de la construcción.

Y luego está Trump. Podría ser una seria amenaza para el futuro atractivo de Irlanda para la inversión empresarial estadounidense con su discurso de volver a hacer grande a Estados Unidos haciendo que las empresas estadounidenses operen en el país. Trump planea igualar el tipo del impuesto de sociedades estadounidense al actual 15% irlandés y aplicar aranceles a los productos fabricados en el extranjero en un intento de atraer a las empresas de vuelta a casa.

El primer ministro Harris ha dicho que el país podría perder 10.000 millones de euros en impuestos de sociedades si tan solo tres multinacionales estadounidenses fueran repatriadas a Estados Unidos bajo una administración hostil de Donald Trump. Diez multinacionales representan el 60% de la recaudación del impuesto de sociedades en Irlanda, siendo Microsoft, que obtiene parte de sus ingresos mundiales y de la UE a través de Irlanda, el mayor contribuyente. MAGA podría significar el fin del modelo de crecimiento económico irlandés.

( michael roberts , blog, 29/11/24, traducción DEEPL, gráficos y enlaces en el original)

Michael Hudson: La criptomoneda estadounidense como centro bancario offshore... Estados Unidos busca proteger el alto valor del dólar, no rebajarlo, por lo que considera que actuar como destino de los evasores fiscales, delincuentes y demás del mundo es una estrategia nacional positiva... las criptomonedas se están convirtiendo en un importante comprador neto de deuda pública estadounidense... las criptomonedas no pagan intereses, que se los queda la empresa, lo que es una enorme pérdida de ingresos para los titulares... ¿Por qué no se limitan a comprar letras directamente? Por seguridad... Pagan un enorme coste de oportunidad por ocultar su identidad y el origen de su dinero

 "El Wall Street Journal publicó hoy (14 de junio de 2024) un revelador artículo de opinión de Paul D. Ryan, "Crypto Could Stave off a U.S. Debt Crisis".

El Sr. Ryan, presidente libertario republicano de la Cámara 2015-2019 y ahora en el derechista American Enterprise Institute, escribe que: "Las stablecoins respaldadas por dólares proporcionan demanda para la deuda pública de Estados Unidos y una manera de mantenerse al día con China".

Informa de que "Según el Departamento del Tesoro y DeFi Llama, un sitio de análisis de criptodivisas, las stablecoins respaldadas por dólares se están convirtiendo en un importante comprador neto de deuda pública estadounidense." Si el fondo de stablecoin fuera un país, estaría en "el top ten de países tenedores de bonos del Tesoro - más pequeño que Hong Kong pero más grande que Arabia Saudí." Así que el resultado de promoverlas oficialmente "sería un aumento inmediato y duradero de la demanda de deuda estadounidense."

Ryan dice que "el apoyo bipartidista en el Congreso ... ayudaría a expandir dramáticamente el uso de dólares digitales en un momento crítico dado."

 Esta es la verdadera lógica. Ya he escrito antes sobre cómo, hacia 1966 o 1967, yo era economista de la balanza de pagos del Chase Manhattan, y un funcionario del banco, al parecer procedente del Departamento de Estado, me pidió que revisara un memorando en el que se proponía convertir a Estados Unidos en "la nueva Suiza", es decir, en un paraíso para el dinero de la droga y otros tipos de blanqueo de capitales delictivos del mundo, para cleptócratas y evasores de impuestos, con el fin de ayudar a frenar el déficit de la balanza de pagos de Estados Unidos, derivado en su totalidad del gasto militar extranjero en el sudeste asiático y en otros lugares del mundo.

Hoy en día, cuando los países extranjeros desdolarizan su comercio -por ejemplo, cuando Rusia y China comercian con petróleo y productos industriales en la moneda del otro-, los estrategas financieros estadounidenses se preocupan por lo que esto significará para el tipo de cambio del dólar.

En realidad, las transacciones de comercio exterior en divisas distintas del dólar no afectan a la balanza de pagos de Estados Unidos. No aparece en la balanza comercial, ni siquiera en la inversión extranjera, aunque la desdolarización puede privar a los bancos estadounidenses de las comisiones de negociación de divisas para gestionar tales transacciones.

 Lo que sí afecta a la demanda de dólares es la conversión en dólares de activos denominados en moneda extranjera. Este rey de la banca confidencial fue el que presionó tanto al alza el franco suizo en los años 70 y 80 que expulsó a las manufacturas suizas de los mercados extranjeros. Empresas como Ciba-Geigy tuvieron que trasladar su producción a Alemania para evitar que la subida del franco les restara competitividad. (Cuando esa empresa me trajo en 1976, me encontré con que el precio de una coca-cola superaba los 10 dólares, y una comida normal costaba 100 dólares).

Estados Unidos busca proteger el alto valor del dólar, no rebajarlo, por lo que considera que actuar como destino de los evasores fiscales, delincuentes y demás del mundo es una estrategia nacional positiva. ("La cleptocracia somos nosotros.") El plan no consiste en condenar los delitos fiscales y las actividades delictivas más violentas, sino en buscar beneficios por ser el banquero de estas funciones. La lógica es: "Como principal democracia de libre mercado del mundo, proporcionamos una seguridad para el capital del mundo, sea como sea que se "gane" o se obtenga de otro modo".

Debería haber añadido el verdadero truco. Las stablecoins no pagan intereses. Por tanto, los compradores obtendrán el equivalente a un título del Tesoro de EE.UU., pero NO los intereses (que actualmente se sitúan en torno al 4%). Eso se lo quedará la empresa Stablecoin. Se trata de una enorme bonanza para ellos y, en consecuencia, una enorme pérdida de ingresos para los titulares de Stablecoin.

¿Por qué no se limitan a comprar letras, pagarés o bonos del Tesoro estadounidense?

 La respuesta debe ser la ideología (imaginando que las Stablecoins son antigubernamentales cuando el dinero se presta a los gobiernos), la ignorancia y la SEGURIDAD. Pagan un enorme coste de oportunidad por ocultar su identidad y el origen de su dinero."

( Michael Hudson ,CounterPunch, 17/06/24, traducción DEEPL

España pierde casi un 16% del impuesto de sociedades por la fuga de beneficios a Países Bajos, Irlanda o Suiza... Estos agujeros fiscales en el impuesto de sociedades impidieron que en 2022 se alcanzara un récord de recaudación en nuestro país por este tributo pese a los beneficios históricos de las empresas. Sociedades fue el único gran impuesto que no alcanzó su nivel máximo el año pasado pese a que las ganancias corporativas alcanzaron los 327.241 millones, el registro más alto de la historia... Nuestro Estado deja de ingresar alrededor de 4.000 millones de euros por el traslado de ganancias de las empresas a países con sistemas fiscales más ventajosos para ellas

 "España pierde casi un 16% del impuesto de sociedades por la fuga de beneficios corporativos generados dentro de nuestras fronteras a Países Bajos, Irlanda, Luxemburgo o Suiza y a paraísos fiscales oficiales, como las Islas Vírgenes Británicas, las Caimán, la de Man o la de Jersey. Nuestro Estado deja de ingresar alrededor de 4.000 millones de euros por el traslado de ganancias de las empresas a países con sistemas fiscales más ventajosas para ellas, aunque en la mayoría de los casos no se considera evasión por parte de la Unión Europea (UE). 

 Es precisamente a esos sistemas fiscales con impuestos de sociedades más bajos que en España a los que más empresas mueven sus beneficios. En concreto, “por esta vía de evasión a zonas grises, en el límite de la legalidad”, se escapa cerca de un 13% del impuesto de sociedades, según los datos reunidos por primera vez por el Observatorio Fiscal de la UE, un centro de investigación independiente creado en 2021 que ha puesto a trabajar a más de 100 expertos para elaborar un informe global sobre evasión fiscal, “a menudo en colaboración con las administraciones tributarias”. 

 España recaudó algo más de 32.000 millones de euros por el impuesto de sociedades en 2022. Una cifra que, como explicó elDiario.es en esta información hace un año, tiene distintas fugas por las exenciones para repatriar dividendos de filiales en el extranjero o la compensación por pérdidas del pasado. Hasta el punto de que el tipo efectivo que pagan las empresas se reduce cuanto más grandes son. Ahora, el Observatorio Fiscal de la UE ha puesto cifras a lo que se pierde por el traslado de las ganancias. 

 Estos agujeros fiscales en el impuesto de sociedades impidieron que en 2022 se alcanzara un récord de recaudación en nuestro país por este tributo pese a los beneficios históricos de las empresas. Sociedades fue el único gran impuesto que no alcanzó su nivel máximo el año pasado pese a que las ganancias corporativas alcanzaron los 327.241 millones, el registro más alto de la historia tras un crecimiento del 17% frente al ejercicio anterior.

 El caso de Ferrovial, que decidió esta primavera mover su sede social a Países Bajos para pagar el impuesto de sociedades allí ha sido el ejemplo más escandaloso y mediático de los últimos años, por su condición de grupo concesionario, nutrido durante décadas por contratos públicos de infraestructuras y servicios. Recientemente, otra compañía similar, Acciona, ha amagado con seguir el mismo camino.

“En las últimas décadas, la globalización ha abierto nuevas posibilidades de evasión explotadas por empresas multinacionales y personas ricas de todo el mundo. Durante demasiado tiempo, esta evasión ha sido aceptada como una parte inevitable de la naturaleza humana”, lamenta el premio Nobel en Economía Joseph Stiglitz en el prólogo del informe del Observatorio Fiscal de la UE.

“Pero la evasión fiscal y, en términos más generales, la elusión fiscal, no es inevitable; es el resultado de decisiones políticas, o de la incapacidad de tomar decisiones políticas que actúen para detenerlo”, continúa este prestigioso economista.

El informe desvela que España pierde un mayor porcentaje del impuesto de sociedades que Estados Unidos, Italia o Francia por el traslado de los beneficios de las empresas. Mientras que Alemania deja de ingresar hasta un 25% de lo que debería con su sistema fiscal. La media de la UE se queda en el 20%. “La evasión fiscal no es una ley de la naturaleza sino una opción política”, recalca el estudio.

Entre los socios europeos, destaca el caso de Irlanda como zona gris o sistema ventajoso para las empresas. En este país, el porcentaje de empresas extranjeras que pagan el impuesto de sociedades se ha disparado de cifras normales hasta alcanzar el 90% del total en menos de una década, apenas desde 2014. Otros países del entorno donde ocurre lo mismo son Países Bajos, Bélgica o Luxemburgo. A los que hay que sumar Suiza, y los paraísos fiscales reconocidos, repartidos por todo el mundo.

El Observatorio explica que “algunas de las prácticas que cubrimos son claramente ilegales, como no declarar los ingresos obtenidos. Otros se encuentran en una zona legal gris entre la elusión y la evasión, como el traslado de ganancias a empresas fantasma sin sustancia económica. Otros son claramente legales, como mudarse al extranjero para beneficiarse de regímenes fiscales especiales diseñados para atraer a personas ricas” y empresas.

“Sin embargo, todos permiten que los actores económicos que más se han beneficiado de la globalización reduzcan sus tasas impositivas a niveles aún más bajos, reduciendo los ingresos gubernamentales y aumentando la desigualdad. Lo que está en juego en todos los casos es la cuestión de la sostenibilidad social de la globalización y de los sistemas tributarios modernos”, incide el informe publicado este lunes. “Como naciones interconectadas, podemos elegir políticas de todos contra todos que permitan que se agrave, o podemos elegir la coordinación para frenarlo”, añade. (...)"                    (Daniel Yebra, eldiario.es, 23/10/23)

La UE se topa con sus 'paraísos fiscales' al explorar la puesta en marcha de sus propios impuestos... sus cuatro principales economías pierden cada año 45.000 millones en impuestos en las haciendas de sus socios

 "La regla de la unanimidad en materia fiscal ha frustrado los intentos de dotar al presupuesto comunitario de una mayor autonomía", advierte la Fundación Alternativas en su informe "¿Hacia una verdadera 'unión' europea en materia fiscal?", en el que plantea el abanico de opciones que, tras la reapertura del debate sobre la financiación de la UE con la puesta en marcha del programa Next Generation y con la vista puesta en la transición ecológica, está estudiando Bruselas para implantar sus primeros impuestos propios.

Esas iniciativas "han puesto fin a años de intentos de reforma fallidos y han abierto la puerta a un nuevo escenario", señala, aunque, a fecha de hoy "no hay alternativa efectiva a la regla de la unanimidad en materia fiscal, por lo que alcanzar una mayor unión fiscal está en manos de los Estados miembros, que deberán plantearse el grado de integración que están dispuestos a asumir".

¿En qué consiste esa regla de unanimidad que condiciona, más que el desarrollo de las políticas tributarias de la UE, su propio nacimiento?
Según explica la propia Comisión Europea, el Consejo, que es el órgano que reúne a los jefes de Estado y/o Gobierno de los socios, o a los ministros de un ramo, "debe votar por unanimidad una serie de ámbitos políticos que los Estados miembros consideran sensibles".

Estos ámbitos serían la fiscalidad, la seguridad social y la protección social, la adhesión de nuevos Estados, la política exterior y de seguridad común y la cooperación policial operativa entre los miembros.

Eso, en la práctica y más allá del improbable recurso a las cláusulas pasarela que permiten aprobar políticas por mayorías cualificadas, significa que cualquier intento de aplicar una política tributaria homogénea en toda la UE pasa por que todos sus socios estén de acuerdo.

Y, al mismo tiempo y por pasiva, supone que un pacto sobre esa materia no puede alcanzarse si lo bloquea cualquiera de los Estados miembro.

"Se debe continuar profundizando en el debate sobre la necesaria reforma del proceso de toma de decisiones en materia fiscal", una tarea que las instituciones comunitarias mantienen aparcada desde 2019, ante "la necesidad de allegar nuevos recursos propios con los que financiar el programa de ayudas y subvenciones con los que reconstruir Europa tras la pandemia", señala el documento.

Sin embargo, la realidad europea choca con algunas realidades que operan en contra de que ese escenario de acuerdo unánime puedan llegar a darse y entre las que destaca la existencia de paraísos fiscales o países con sistemas tributarios low cost cuyas haciendas hacen un negocio redondo a costa de sus socios, mayor cuanto más potente es su economía.

Así, y según los datos de la Comisión Independiente para la Reforma de la Tributación Corporativa Internacional (ICRICT), las cuatro principales economías europeas, Alemania, Francia, Italia y España, ven esfumarse cada año más de 45.000 millones de euros en impuestos gracias a las ventajas que países socios en la UE como Holanda, Luxemburgo e Irlanda, principalmente, y también Bélgica, Chipre y Malta, ofrecen a sus empresas para deslocalizar sus negocios mediante maniobra de elusión fiscal.

El alto coste de los socios con impuestos 'low cost'

Esa deslocalización, a menudo más documental y societaria que relativa a la actividad económica real, tiene para esas cuatro economías un coste más de dos veces superior al de 9.400 millones que les provocan los paraísos fiscales formalmente catalogados como tales, una calificación vetada a los Estados socios.

En el caso de España, la proporción está más cerca del cinco a uno que del cuatro a uno, con una muesca de 4.761 millones anuales en la UE frente a otra de 1.002 en el resto del mundo, un concepto que en este caso incluye a Suiza, los países del Caribe y los del sudeste asiático.

El mayor mordisco se lo lleva Holanda, con 1.714 millones de euros procedentes del traslado de beneficios empresariales por valor de 6.856 millones de euros. Le siguen Luxemburgo, con 1.583 por 6.333, e Irlanda, con 1.034 por 4.128.

¿Y cómo se atrae a las empresas para que trasladen documentalmente su actividad a otro país? Básicamente, ofreciéndoles la posibilidad de tributar poco, menos de un 5% y a menudo ni siquiera un 1% y siempre mucho menos que en su país de origen, por unos beneficios que no le rentarían absolutamente nada si mantuvieran su sede en España (o en Alemania, Francia o Italia).

La concentración de los regímenes tributarios especiales

El Informe Global de Evasión Fiscal que este domingo difundió el Observatorio Fiscal de la UE ofrece, además de estimar en 140.000 millones de euros (un 10% del PIB) el dinero que empresas y fortunas españolas mantienen en paraísos fiscales, datos llamativos sobre algunos socios europeos con sistemas tributarios low cost.

Entre ellos destaca el hecho de que Holanda acumule un creciente censo de casi 100.000 contribuyentes beneficiarios de regímenes tributarios especiales con el que iguala a los del resto de la UE (excluido Reino Unido) y que para nada se corresponde con su actividad ni con su potencia económicas.

En el segundo puesto de esa clasificación aparece Bélgica con 20.000, mientras Irlanda añade otros 10.000. Entre los tres concentran a casi dos tercios de los beneficiarios de regímenes tributarios especiales de la UE, un peso que cuadruplica con creces al del 14% que suman sus actividades económicas en el conjunto de la Unión, a la que le aportan 2,2 de los 15,9 billones del PIB.

En este sentido, el volumen de negocio de 1,15 millones de euros por trabajador que la última Estadística de Filiales de Empresas Españolas en el Exterior atribuye a las sucursales de Holanda solo se ve superado por los 2,6 de Suiza, unos registros que pulverizan la media global de 284.132 euros y la comunitaria de 368.732 y que apuntan a un perfil de ganancias más documentales que productivas.

Los datos son de 2021, dos años antes de que una multinacional como Ferrovial desatara una tormenta mediática con el traslado de su matriz a Holanda.

Los planes fiscales de la UE

En ese escenario más desfavorable que otra cosa a la alteración del actual statu quo tributario, la UE comienza a explorar varias posibilidades de poner en marcha figuras tributarias propias, algo cuya ausencia resulta cuando menos sorprendente en países que coordinan buena parte de sus políticas fundamentales, como las de defensa, seguridad, infraestructuras, economía o medio ambiente.

El informe de la Fundación Alternativas desgrana las alternativas que se barajan en las instituciones comunitarias para activar esas primeras herramientas de ingresos propios de sus 65 años de historia, 30 desde el Tratado de Maastricht.

"El sistema de financiación comunitaria se nutre, principalmente, de los recursos propios que, en la práctica, son aportaciones económicas de los Estados miembros calculadas en función de diferentes parámetros" como el IVA, la Renta Nacional Bruta "y, recientemente, los residuos de envases de plástico no reciclados".

"Este sistema de financiación, propio de otras organizaciones supranacionales, genera una doble desconexión: entre los gastos y los ingresos de la UE y entre la ciudadanía y las instituciones comunitarias", anota.

Los bonos del CO2 y la armonización fiscal

No obstante, y vista la existencia de "cierto consenso” en la necesidad de articular la transición ecológica y el escaso impacto del tributo sobre los residuos de plástico, Bruselas estudia crear impuestos relacionados con los bonos de CO2 a través del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (MAFC) y del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE UE).

Concretamente, señala, la recaudación sería del 75% y del 25%, respectivamente, de "los ingresos obtenidos por la venta de certificados y derechos de emisión" de CO2, algo que siempre entraña el riesgo de que acaben siendo repercutidos al consumidor vía precios.

"Todo parece indicar que en un horizonte cercano la UE contará con un mecanismo para evitar la fuga de carbono y un RCDE UE modernizado, que acabará con la asignación de derechos de emisión gratuita al sector de la aviación, que incluirá al sector del transporte marítimo y que se ampliará al sector de la edificación y del transporte por carretera", apunta el estudio.

Otras alternativas se centran en "los denominados beneficios residuales asignados a los Estados miembros", en el Impuesto de Transacciones Financieras o Tasa Tobin y en una armonización de tributos como el IVA o Sociedades, de los que una parte sería para la UE.

En cualquier caso, el documento recuerda que "a pesar de los distintos intentos de revisión del modelo, la regla de la unanimidad ha frustrado cualquier propuesta de modificar o introducir nuevos recursos propios, lo que ha permitido la perpetuación de un modelo vigente sin prácticamente cambios desde los orígenes de la UE".

"En la actualidad, no existe una alternativa a la regla de la unanimidad que no sea la reforma de los tratados comunitarios" para "superar esta situación", añade el estudio, visto que "no parecen viables" algunas "soluciones para superar la regla de la unanimidad" ya sondeadas,"como la cooperación reforzada, el empleo del mecanismo del artículo 116 del Tratado de Fundación o de las cláusulas pasarelas".                   (Eduardo Bayona, Público, 24/10/23)

Las personas que componen el consejo de administración de Ferrovial no se sienten ni forman parte de nuestra comunidad. Solo buscan ampliar su beneficio caiga quien caiga... Siguen siendo personas, pero no como el resto, el mal del tío Gilito, el atesoramiento como fin en sí mismo, les ha hecho algo inhumanos... Detrás de ello está el hecho de que las multinacionales han escrito las reglas de la globalización a su medida... La deserción de las grandes empresas del sostenimiento de lo común debería movilizarnos como comunidad porque el algoritmo que las guía es insaciable y ya no tiene suficiente con que asumamos que no van a contribuir. Ahora, frente a la reglobalización, desde la Comisión Europea se lanza el mensaje de que hay que subvencionarlas para que no se vayan a Estados Unidos. Posiblemente terminemos haciéndolo y nada impedirá que se larguen con el riñón forrado de subvenciones, como ha hecho Ferrovial... Ferrovial, como se ve, es una anécdota en un sistema obsoleto que requiere un profundo reseteado... Au caso debe servir como acicate al Gobierno de España para promover cambios cuando presida el Semestre Europeo: una contribución fiscal suficiente y un impuesto mínimo de sociedades común del 15% sobre el beneficio contable para evitar el dumping fiscal entre países y la aparición de guaridas fiscales dentro de la Unión. La devolución de las ayudas públicas recibidas y los impuestos de salida deben servir como cierre de la política de normalización de la contribución de las grandes corporaciones

 "Las personas que componen el consejo de administración de Ferrovial han anunciado que trasladan su sede social a Países Bajos, pero en realidad hace ya bastante tiempo que se fueron. Ellos y su empresa no se sienten ni forman parte de nuestra comunidad. Solo buscan ampliar su beneficio caiga quien caiga y, si había alguna duda, nos acaban de dejar claro que nosotros somos un asunto más entre el aeropuerto de Heathrow y el de Glasgow, una línea más en su cuenta de resultados. Siguen siendo personas, pero no como el resto, el mal del tío Gilito –el atesoramiento como fin en sí mismo– les ha hecho algo inhumanos. Como una especie de inteligencia artificial. El algoritmo de la acumulación de beneficios guía sus acciones.

Pruebas de esta deserción de nuestra comunidad las publica El País. Ferrovial solo ha pagado impuestos en tres años de la última década. En los seminarios de la Agencia Tributaria se pone a esta empresa y a la familia que la dirige como paradigma de la ingeniería fiscal y financiera. Desgraciadamente no es un fenómeno aislado, las grandes empresas hace tiempo que desertaron del sostenimiento de lo común. Por ejemplo, los mayores grupos del sector de la construcción, aquellos con una cifra de negocio superior a 500 millones, nunca han pagado más del 2% de sus beneficios en el impuesto de sociedades desde 2016. Y aquellos que ingresan más de 1.000 millones pagan menos del 1%.

Esta actitud gorrona es común a los grandes grupos empresariales en todas las ramas de actividad. Detrás de ello está el hecho de que las multinacionales han escrito las reglas de la globalización a su medida. Consiguieron que los beneficios obtenidos en el extranjero quedaran exentos cuando los repatriaban (en España lo están al 95%), a pesar del desempleo que generaron con la deslocalización de su producción y las deducciones que se aplicaron en el impuesto sobre sociedades para financiar la internacionalización. La deserción de las grandes empresas del sostenimiento de lo común debería movilizarnos como comunidad porque el algoritmo que las guía es insaciable y ya no tiene suficiente con que asumamos que no van a contribuir. Ahora, frente a la reglobalización, desde la Comisión Europea se lanza el mensaje de que hay que subvencionar a las grandes empresas para que no se vayan a Estados Unidos. Posiblemente terminemos haciéndolo y nada impedirá que se larguen con el riñón forrado de subvenciones, como ha hecho Ferrovial tras los muchos apoyos y negocios que ha hecho a costa de los Presupuestos Generales del Estado español.

Pero, ¿quién nos asegura que desfiscalizar o subvencionar a las grandes corporaciones será suficiente para calmar al algoritmo inhumano de acumulación constante de capital con el que están programadas? A las guaridas fiscales que promueven la competencia tributaria entre países dentro de la Unión Europea (Irlanda, Países Bajos, Luxemburgo, Malta y Chipre) podrían sumarse iniciativas para eliminar el salario mínimo, las indemnizaciones por despido o recortes en las pensiones para aumentar las subvenciones a empresas. Esto no es una hipótesis, son políticas que ha puesto en práctica el Partido Popular en España con la reforma laboral de 2012, que recortó las indemnizaciones por despido y desniveló aún más el poder de negociación en favor de las empresas; o con la reforma de las pensiones de 2013 que recortaba el poder de compra de las pensiones un 30%.

Ferrovial, como se ve, es una anécdota en un sistema obsoleto que requiere un profundo reseteado. Pero antes de entrar a pensar cómo sanear el código de programación de las grandes corporaciones, merece la pena hacer un paréntesis en el argumento dado por el consejo de administración de Ferrovial para terminar de largarse: la inseguridad jurídica ¿Qué han querido decir con esto? España es uno de los países más ricos del planeta, una de las cuatro grandes economías de la Unión Europea y la calidad de su democracia es indiscutible, aunque es cierto que hay problemas graves para la renovación de los órganos de dirección del Poder Judicial por la cerrazón del primer partido de la oposición. ¿Será esto lo que temen los dueños de Ferrovial?, que se renueven las altas salas de la judicatura, que la Audiencia Nacional cambie de personas y criterio, y en el futuro ya no libre a las grandes constructoras –como hizo recientemente– de la sanción que les impedía acceder a 30.000 millones en contratos públicos por haber amañado las licitaciones para obras públicas durante un cuarto de siglo, entre 1992 y 2017.

¿Serán los recientes impuestos sobre los beneficios extraordinarios de bancos y energéticas? Aunque no afectan a Ferrovial, ¿habrán encendido el piloto rojo de “cuando el beneficio de tu vecino veas cortar” en el salpicadero de amenazas democráticas del puente de mando de la constructora? Solo hay que ver la reacción de banqueros y magnates de petroleras y eléctricas que –salvo honrosas excepciones– han salido en tromba a criticarlos, ¡a pesar de que se giran sobre unos beneficios que obtienen gracias a una guerra! Y no se han detenido ahí, han llevado estos impuestos a los tribunales en un ejercicio de desfachatez y codicia que quedará para los anales de la historia del gran empresariado de este país. O tal vez de Países Bajos, si cunde el mal ejemplo.

Ferrovial tiene en España su tercer mercado y el 18% de su cifra de negocio, es decir, nuestro país sigue siendo una fuente de beneficios que el programa de atesoramiento no puede descuidar. La comunidad de la que Ferrovial obtiene pingües beneficios podría hartarse y exigir en las siguientes elecciones que las grandes aportaran al erario público en función de su capacidad de pago de manera permanente. Esto claramente es un riesgo de inestabilidad jurídica, no como la entendemos usted y yo, sino como la entienden estos señores: cualquier cambio regulatorio o en los administradores de la regulación que pueda recortar su beneficio. Decir que se van por inestabilidad jurídica es un claro gesto político con el que el consejo de administración de Ferrovial entra en la campaña de un año muy electoral. El mensaje es claro: con este gobierno “los que generamos riqueza” nos tenemos que ir, aunque sea falso y hace años que se hayan ido; da igual. Es un gesto político necesario para preservar la cuenta de resultados y que obliga a bajar a la arena a señores que arreglan sus cosas en despachos.

En cualquier caso, no hay mal que por bien no venga. El caso de Ferrovial debe servir como acicate al Gobierno de España para promover cambios cuando presida el Semestre Europeo durante la segunda mitad del año. La nueva gobernanza fiscal europea, por ejemplo, será el marco ideal para avanzar en la armonización de la tributación de las grandes corporaciones en la UE. En este nuevo marco fiscal la Comisión propone establecer techos de gastos en los presupuestos de los Estados. España debería añadir que también se fijen suelos de ingresos, que garanticen una contribución fiscal suficiente y un impuesto mínimo de sociedades común del 15% sobre el beneficio contable para evitar el dumping fiscal entre países y la aparición de guaridas fiscales dentro de la Unión. No es de recibo que algunos Estados exijan a otros cuentas públicas saneadas y al mismo tiempo se especialicen en agujerear la base imponible del impuesto de sociedades para atraer empresas de los demás territorios. La mejor manera de superar las curvas que vendrán cuando se termine la fase de respuesta expansiva a la actual crisis y empiece el ajuste en las cuentas públicas es, precisamente, disponer de una estructura tributaria sólida donde las grandes empresas no puedan quedar fuera del esfuerzo colectivo.

La devolución de las ayudas públicas recibidas y los impuestos de salida deben servir como cierre de la política de normalización de la contribución de las grandes corporaciones al sostenimiento de lo común. Este esquema, de hecho, va a ganar protagonismo en la política de autonomía estratégica hacia la que se mueve la UE. Si las empresas ubicadas en áreas críticas van a recibir importantes subvenciones públicas de manera permanente, no parece de recibo que luego puedan deslocalizarse a Estados Unidos por la simple decisión de su consejo de administración. De la misma manera, los movimientos de las empresas dentro del Mercado Interior, que están amparados por la libertad de establecimiento, en el caso de las grandes corporaciones deben estar justificados por cuestiones productivas u organizativas y no ser una carta blanca, al igual que ocurre con el resto de libertades, que están sujetas a requisitos. Por ejemplo, la libre circulación de personas está restringida a noventa días a partir de los cuales se debe tener un trabajo o disponer de recursos suficientes para no convertirse en una carga para el sistema de asistencia social del Estado miembro de acogida, así como estar cubiertos por un seguro de enfermedad. Las empresas, sin embargo, pueden hacer lo que quieran, que siempre serán recibidas con los brazos abiertos, aunque sea a costa de otro Estado miembro."                      

(Carlos Martín Urriza es director del Gabinete Económico de CC.OO., profesor de la UAH, CTXT, 05/03/23)

La partida de ajedrez global: lo que aún no te han contado de Ferrovial... uno, se marcha a una suerte de paraíso fiscal, los Países Bajos, que lleva mucho tiempo haciendo la competencia interna a sus (teóricos) socios europeos, y que, desde el Brexit, trata de ocupar la función que realizaba la City londinense... y dos, en el nuevo escenario internacional, EEUU está intentando atraer a empresas europeas para reforzarse internamente, y Ferrovial quiere aprovechar esa iniciativa. Se puede utilizar la retórica que se quiera, pero la realidad es que Europa está empezando a darse cuenta de lo que significa la desglobalización... La relocalización de empresas europeas y/o de sus inversiones, en Estados Unidos, forma parte de esta nueva realidad... es significativo de la brecha que se abrió en las últimas décadas entre el capital y los territorios, entre la economía y el Estado... esto ha cambiado, EEUU trata ahora de fortalecerse internamente, y lo está haciendo con las subidas de tipos de la Fed, con el desarrollo exterior de sus fondos y con las medidas para atraer industria. Vuelve a ligar capital y territorio para que su país recupere fuerza y mantenga su hegemonía... En España, y en la UE, todavía no estamos pensando en llevar a cabo un movimiento similar... o la UE comienza a actuar como sus socios y sus competidores, y da un salto sustancial en cuanto a la recuperación de sus industrias, la inversión en su territorio, y la actualización de su estructura política y administrativa, o iremos hacia una fragmentación creciente en el seno de la UE... en el caso español, la gran mayoría son pequeñas y medianas empresas. En ellas se cifra hoy las posibilidades reales de que España levante cabeza. Sin una apuesta por ellas, nos irá mucho peor, porque las otras siempre podrán marcharse

 "La salida de España de Ferrovial ha sido interpretada desde diferentes puntos de vista, pero el dominante es el de una justificación cargada de recriminaciones. "Hablando como empresario, creo que debemos volver a convertir España en un destino atractivo para invertir y en imán del mejor talento, y para ello necesitamos un marco laboral competitivo y seguridad jurídica en todos los ámbitos", dijo hace pocas fechas Rafael del Pino, y en esas declaraciones se ha querido buscar la explicación de la marcha de España de su firma.

Ferrovial se va a ir de nuestro país por dos motivos, ambos expresamente señalados por la compañía. Se marcha a una suerte de paraíso fiscal, los Países Bajos, que lleva mucho tiempo haciendo la competencia interna a sus (teóricos) socios europeos, y que, desde el Brexit, trata de ocupar, dentro del continente, la función que realizaba la City londinense. Además de las ventajas fiscales, y puesto que se trata de un Estado con la máxima calificación crediticia, la nueva domiciliación facilitará el acceso del grupo a la financiación, que siempre es clave en los negocios, también en este.

El segundo motivo, sin embargo, ha sido menos analizado y es muy interesante. Su propósito es encontrar más mercados en los que desarrollarse. ¿Dónde ha dicho Del Pino que quiere operar? En EEUU. ¿A qué se dedica Ferrovial? A las infraestructuras. ¿Qué ha dicho Biden que va a hacer su país? Un gran plan de infraestructuras. Fondos presentes en Ferrovial, como el británico TCI y el estadounidense Lazard, insisten en que, para que sus acciones se revaloricen, hay que estar presentes en EEUU, cotizar en la bolsa de Nueva York y tener un perfil más estadounidense.

Pero esto tiene muchas más lecturas de las que parece, que hacen que la decisión de Ferrovial deba ser interpretada desde una perspectiva más profunda que aquella en la que está inmersa la política nacional.

1. El nuevo frente común

No podemos olvidar que, en el nuevo escenario internacional, EEUU está intentando atraer a empresas europeas para reforzarse internamente, y Ferrovial quiere aprovechar esa iniciativa. Se puede utilizar la retórica que se quiera, pero la realidad es que Europa está empezando a darse cuenta de lo que significa la desglobalización. El realineamiento en torno a dos polos, con sus esferas de influencia regionales, y con EEUU tirando de la cuerda de la UE, tiene también estas consecuencias. Y tendrá más todavía.

Como señala Juan Verde, que ha sido nombrado miembro del Consejo Asesor de Biden en comercio internacional, estamos "en un momento histórico de grandes cambios, en parte porque la pandemia ha dejado clarísimo que tenemos que reubicar la cadena de suministro y alejarla de esa absoluta dependencia que tenemos de China y Asia".

En su opinión, "el libre comercio como lo conocíamos hasta ahora deja de existir y nos dirigimos hacia un bloque EEUU-Europa, en el que tenemos mucho que ganar como un bloque sólido, unido, mostrando un frente común". Y está convencido de que "veremos un acercamiento entre EEUU y Europa en la posición global ante esta nueva realidad".

La relocalización de empresas europeas y/o de sus inversiones, en EEUU forma parte de esta nueva realidad. Ferrovial es un caso, veremos más. Los planes que está desarrollando Washington, y los incentivos que conllevan, son los responsables. El capital que va a invertir en su país para relocalizar cadenas de producción y apartar a Europa de China, promete ser ingente. Pero es natural. Occidente lleva tiempo entregado a los productos asiáticos, ya que estos eran, en teoría, más baratos. Y lo eran porque contaban con varias ventajas, como los subsidios gubernamentales directos o indirectos a sus industrias o la contención del coste de la mano de obra. EEUU, en algunos sectores, simplemente está actuando como sus competidores y colocará sobre la mesa una buena cantidad de dinero estatal para impulsar su producción.

2. La paradoja de Ferrovial

Este movimiento es racional. Los grandes países del mundo están haciendo frente a esta era de desglobalización a partir del reforzamiento de sus capacidades. Y, para conseguir ese objetivo, están movilizando al mundo del capital para que colabore con esos deseos políticos que son necesidades nacionales. China no ha tenido problema nunca con esto, porque sus millonarios han actuado bajo el dictado del partido, Rusia está solucionando esas divergencias, a veces con gente que se asoma demasiado a la ventana, y EEUU está utilizando las inversiones y los subsidios para lograrlo. Todos menos Europa, que continúa con sus dudas y ha anunciado un plan que, en volumen y ambición, está muy lejos de los de sus competidores.

La paradoja en este orden es significativa. Ferrovial se marcha con la intención de operar en EEUU, pero Washington ya ha asegurado que la inversión que realice estará supeditada a requisitos. Las leyes sobre semiconductores, infraestructura y reducción de la inflación canalizarán más de 500 mil millones de dólares a la industria. Sin embargo, no serán gratis: según informa el NYT; las empresas que reciben subsidios de la Ley CHIPS deberán cumplir con estrictas condiciones financieras, también el de compartir ganancias con el Gobierno en el caso de los beneficios caídos del cielo.

A partir de aquí, la decisión de Del Pino puede ser convenientemente traducida. Ferrovial desea marcharse a operar en EEUU en condiciones que podrán ser todavía más gravosas que las que el gobierno español pretende imponer. Cuando son los Estados los que fijan las prioridades y utilizan mecanismos como los planes industriales, esperan reciprocidad y exigen a quienes se benefician de ellos que contribuyan a las necesidades de los territorios y a un cierto bienestar común. Si consigue contratos importantes en EEUU, Ferrovial no impugnará las condiciones que le impongan ni dirá que mejor se marcha. Ferrovial no se muda a un país más amable, sino a uno que va a gastar dinero y en el que puede haber negocio.

3. La banal política española

Nada de esto sería posible sin un nuevo alineamiento entre política y economía que, en nuestro país y en la UE, parece fuera del mapa. En España la decisión de Ferrovial ha sido interpretada políticamente en los términos habituales. Díaz Ayuso afirmaba que "Sánchez prefiere una España sin empresas antes que dar marcha atrás en su política fiscal, que nos va a arruinar" y el PP ha responsabilizado al impuesto a las grandes fortunas de esa marcha. Calviño ha salido a afirmar que la postura de Del Pino es un error, no resulta aceptable y que supone una falta de compromiso con el país, y desde la izquierda, Martín Urriza, director del Gabinete Económico de CCOO, la calificaba de "deserción" y la tildaba de gravísima.

Las críticas desde ambos lados del espectro político se han sucedido. La derecha ha insistido en la hostilidad del gobierno española hacia el ámbito empresarial y su recurrente afición a los impuestos. La izquierda ha subrayado que el auge de Ferrovial ha estado vinculado a la acción estatal y que debería devolver todas las ayudas que ha recibido. Para los primeros, España no está suficientemente preparada y la gestión cortoplacista de los políticos empeora nuestra situación, con lo que resulta natural que los mejores se sientan expulsados y tiendan a marcharse. Mucha gente coincidirá con este marco de pensamiento, y verán justificable la salida de Ferrovial. Pero quedarnos con esto es permanecer en aspectos secundarios. El asunto es mucho más amplio.

4. La economía contra la identidad

Las contradicciones en que la derecha y la izquierda incurren en la valoración del asunto Ferrovial se perciben mucho más claramente si se constata una doble estimación: las opiniones varían cuando se trata de empresas o de territorios, de política o economía, incluso si los asuntos son muy semejantes. Hemos tenido en España un par de ejemplos claros.

Si una firma encuentra mejores condiciones fuera de su país, porque en el de origen recibe un trato poco adecuado, porque coloca obstáculos para su crecimiento, porque no apoya lo suficiente o porque obliga a pagar demasiado, es natural que desee irse: tiene que tomar las mejores decisiones para sí misma. No hace demasiado tiempo, hubo un caso en el que se emplearon en España los mismos argumentos a nivel territorial. Lo que se nos decía es que una región estaba recibiendo un trato poco adecuado, que se colocaban trabas a su desarrollo, que recibía menos de lo que aportaba, y por tanto, que era lógico que quisiera marcharse. Esas razones fueron esgrimidas durante el procés, e incluso años antes: Cataluña no estaba recibiendo el trato adecuado en nuestro país, los gobernantes españoles tomaban sistemáticamente decisiones que la perjudicaban, y aportaba más de lo que recibía, y todo para sostener a regiones fallidas, como Extremadura o Andalucía; era una nación innovadora, con visión de futuro y con proyección al exterior, pero España no hacía otra cosa que impedir que cobrase todo su esplendor.

 Los argumentos que esgrimían los independentistas eran muy similares a los de Ferrovial. También las críticas a ambos movimientos resultan muy semejantes: Cataluña era insolidaria porque había crecido gracias al apoyo español, y ahora nos lo pagaba queriéndose marchar; Ferrovial creció gracias al presupuesto español y ahora nos lo ha retribuido abandonando el país.

La paradoja es que las alabanzas a la decisión de Rafael del Pino provienen de entornos de la derecha, que piden un marco más cómodo para que las empresas no se vayan, pero que fueron los más hostiles en el caso catalán; las críticas más profundas a Ferrovial surgen desde la izquierda, desde aquellos entornos que más comprensivos fueron con el procés, y que insistieron en la necesidad de otro modelo territorial para España en el que las zonas más desarrolladas pudieran tener una cabida cómoda. Los mismos argumentos eran alabados o justificados cuando se trataba de una empresa, y se combatían ferozmente cuando los utilizaba un territorio. Desde la izquierda era justo al revés.

Es probable que se señale que ambos casos no son lo mismo. Y ciertamente, hay diferencias, pero son del orden puramente legal: una empresa puede marcharse porque el orden jurídico nacional e internacional se lo permite, y un territorio no por los mismos motivos, ya que se requiere un procedimiento legal mucho más exigente. Pero fuera de ese ámbito, los apoyos argumentales de unos y otros son muy semejantes.

Esta divergencia, sin embargo, sirve para comprender cómo se ha desenvuelto la política en los últimos años. La derecha ponía el acento en lo económico y exigía medidas cada vez más favorables a las empresas para que no se marchasen; si no se cuidaba a los grandes empresarios o a los grandes fondos, se irían del país. La izquierda subrayaba lo identitario, y señalaba que eran necesarias mejores condiciones para aquellos territorios, normalmente ricos, que tenían deseos de irse. La política ha actuado desde la continua contemporización; cada cual ha elegido a los suyos.

5. El dinero y el territorio

Este asunto retrata bastante bien la política española, pero también la europea. No se estaba pensando en términos comunes, no se estaba intentando vertebrar los territorios, no se los dotaba de una dirección conjunta, sino que contemporizaba permanentemente con aquellos que tenían más poder. Por ejemplo, en el seno de la Unión Europea, nadie puso coto a Países Bajos, un Estado que contaba con todas las ventajas de los paraísos fiscales y ninguno de sus inconvenientes. La política prefirió eludir el marco de fondo y justificar las desigualdades, ya fueran económicas, territoriales, regionales o identitarias: cada parte del espectro político elegía dónde poner el acento, a cuáles defender y a cuáles criticar.

De todas estas diferencias, la más significativa es la que se abrió en las últimas décadas entre el capital y los territorios, entre la economía y el Estado. La Unión Europea es el mejor ejemplo de lo que ha sido la globalización, ya que contaba con una moneda única y con un banco central común, pero carecía de las estructuras políticas, administrativas y normativas que los territorios y las uniones territoriales (los Estados y la UE) necesitan para equilibrar el juego. La política, y por tanto la democracia, estaba muy por debajo de quienes tomaban las decisiones económicas. Se constituyó así un orden en el que las excepciones dominaban: el capital tenía muchos espacios por los que escaparse de los controles nacionales, ya que no existía ningún poder supranacional, global, que fijase reglas comunes y que, por tanto, pudiera ejercer de regulador. El capital se separó de los territorios y buscó, como ahora Ferrovial, los lugares que eran más provechosos. Eso ha provocado muchas disfunciones, que son las que ahora estamos intentando arreglar. La pérdida de poder adquisitivo de las capas medias y trabajadoras de los países occidentales, la deslocalización de la industria y el declive de las capacidades estratégicas han conducido a esta guerra fría en la que estamos inmersos. La debilidad occidental fue aprovechada por otros actores, como China, y lo hicieron fruto de las armas que les proporcionamos.

6. La nueva época: nómadas y sedentarios

Lo de Ferrovial indica que ese mapa ha cambiado, porque es producto de la voluntad de Biden de recomponerlo. Después de mucho tiempo mirando hacia el exterior, EEUU trata ahora de fortalecerse internamente, y lo está haciendo con las subidas de tipos de la Fed, con el desarrollo exterior de sus fondos y con las medidas para atraer industria, pero también mediante la inversión interior y la recuperación de sus capacidades productivas y estratégicas. Vuelve a ligar capital y territorio para que su país recupere fuerza y mantenga su hegemonía.

Este momento trae consigo un par de cambios sustanciales. EEUU ya intentó ligar en el pasado EEUU y Europa para separarnos del bloque enemigo. Se llamó Plan Marshall y dio lugar a una vinculación sólida entre Washington y las capitales de Europa Occidental. Pero en aquel entonces fue producto de inversiones estadounidenses en Europa para reconstruirla, y contenía el propósito de generar un nivel de bienestar suficiente que contuviera, con la fuerza de la prosperidad, a los comunistas. Hoy está invirtiendo en su país y atrayendo firmas europeas.

En todo esto de Ferrovial, hay muchos más movimientos de fondo, y más consecuencias

En España, y en la UE, todavía no estamos pensando en llevar a cabo un movimiento similar. No hace falta más que ver el discurso de Sánchez en Dinamarca para entender que seguimos arrastrando los pies, y hablando tímidamente de renovables, Ucrania e inmigración, pero sin tener en cuenta que las necesidades de la época obligan a Europa a un reforzamiento masivo de sus capacidades propias. La UE sigue con la mentalidad de la globalización, y eso no deja de ser un problema que acarrea consecuencias sustanciales: o la UE comienza a actuar como sus socios y sus competidores, y da un salto sustancial en cuanto a la recuperación de sus industrias, la inversión en su territorio mediante planes comunes y la actualización de su estructura política y administrativa, o iremos hacia una fragmentación creciente y hacia mayores tensiones internas en el seno de la UE.

La segunda consecuencia la podemos extraer desde Estados secundarios en el contexto internacional, como el español. Es evidente que si no hay vínculos claros entre empresas y territorio, es muy difícil crear prosperidad. Hasta ahora, los gobiernos occidentales han optado por apoyar a las empresas más grandes, aquellas más financiarizadas y más participadas, que son las que menos ligazón tienden a tener con sus países de origen. Sería lógico un giro, y más en estos tiempos atravesados por la geopolítica, en el que el apoyo estatal fuese a parar a firmas vinculadas con los territorios. En el caso español, algunas de ellas, pocas, cotizan en el Ibex, pero la gran mayoría son pequeñas y medianas empresas. En ellas se cifra hoy las posibilidades reales de que España levante cabeza. Sin una apuesta por ellas, nos irá mucho peor, porque las otras siempre podrán marcharse. La pugna entre nómadas y sedentarios regresa al primer plano.

De manera que, en todo esto de Ferrovial, hay muchos más movimientos de fondo, y más consecuencias que extraer, que la simple discusión sobre si la empresa de Del Pino hace bien o mal yéndose. Convendría que tuviéramos en cuenta todo lo que conlleva esa decisión.2"              (Esteban Hernández , El Confidencial, 04/03/23)