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27.8.24

Cooperativas energéticas: la lucha de David contra Goliat

 "La catalana Som Energia o la vasca Goiener son exponentes de socialización de la energía verde gracias al apoyo de sus socios, mientras en Madrid Ecooo se promueve la economía social.

“Tenemos que funcionar en un mercado transparente, con las mismas normas, pero no estamos en las mismas condiciones ni hemos partido del mismo sitio”. Así resume Alfonso García, presidente de Unión Renovables, la mayor federación de cooperativas de energía en España, por qué la suya es una lucha de David contra Goliat en un mercado, el eléctrico, tradicionalmente dominado por tres, a lo sumo cinco empresas.

“Desde el punto de vista de tamaño y poder, el desequilibrio es obvio. Pero nuestro día a día no es una lucha directa por derrotar a nadie”, apunta Erika Martínez, la presidenta de la cooperativa vasca Goiener, que aboga por “dar herramientas para que la ciudadanía pueda tomar decisiones conscientes. Creemos que esto es lo que realmente provocará el cambio de modelo por el que trabajamos. Lo que solicitamos es que las reglas del juego sean las mismas para todos”, dice Martínez.

El cooperativismo energético tiene una tradición de décadas. A escala europea, en la red REScoop hay inscritas 2.250 entidades de este tipo relacionadas con la energía o la movilidad que dan servicio a 1,5 millones de personas. En la Generalitat Valenciana, donde está la sede de Unión Renovables, que aglutina a 24 cooperativas energéticas con 124.000 personas socias, hay varias centenarias como Enercoop (no adscrita a esa entidad), fundada en Crevillent (Alicante) en 1925 y que incluso tiene una pequeña pata de generación en Portugal; y otras como Eléctrica de Alginet, Eléctrica de Meliana y la Cooperativa Eléctrica de Castellar. En Madrid está la Eléctrica del Pozo, creada en Vallecas en plena dictadura franquista (1957).

A esas entidades de larga trayectoria, muy vinculadas al territorio y previas a la liberalización del sector de 1998, se han sumado en los últimos años otras de espectro más amplio, también sin ánimo de lucro, centradas en comercializar electricidad renovable e impulsar el cambio de modelo energético democratizando su uso. En ellas los socios hacen una aportación obligatoria al capital social de 100 euros, que se les devuelve si se dan de baja, y pueden realizar aportaciones voluntarias para proyectos de generación renovable.

El caso más notable es Som Energia. Empezó a vender luz en 2011 y “ahora mismo somos la cooperativa energética sin ánimo de lucro más grande en número de personas socias de toda Europa: 84.500”, resume su coordinador general Víctor Carreño. Con sede en Girona, su plantilla suma ya 135 personas. Sus socios, el 70% en Catalunya, han aportado en la última década más de 18 millones para proyectos renovables, la mayoría, plantas fotovoltaicas sobre suelo, y algunas muy puntuales de eólica e hidráulica. Ahora tienen en estudio más de 40 y su dimensión es un tema de debate. Han abierto un proceso participativo en colaboración con la asociación Antígona para ver qué se considera un proyecto “normal”, en un momento en el que resuena la polémica por el impacto de las macroplantas, que nunca han promovido.

Los proyectos de Som generaron el año pasado 30 MWh, que solo cubrieron el 8,3% del consumo de sus socios. Bastante más (unos 38 MWh) generaron las placas de autoconsumo de los miembros de la cooperativa. El autoconsumo individual y colectivo “ha tenido un crecimiento exponencial desde 2019”, explica Carreño. Ahora supone cerca del 11% de sus contratos activos, unos 13.000. Hace poco lanzaron su batería virtual, Flux Solar, y organizan compras colectivas de paneles para sus socias.

La segunda cooperativa a nivel estatal es Goiener. Centrada en Euskadi y Navarra, tiene casi 18.000 socios (alcanzó los 10.000 en 2019) y su cooperativa de generación lleva invertidos más de 1,5 millones. Tienen en propiedad una minihidráulica en Fagollaga y un 10% de la sociedad del Ayuntamiento de Oñati (Guipúzcoa), que gestiona saltos hidroeléctricos del municipio.

La presidenta de Goiener reconoce que para superar la crisis de precios de 2021-2022 “el apoyo de las socias fue clave. Solicitamos aportaciones voluntarias al capital social de la cooperativa, lo que nos permitió obtener liquidez de inmediato para seguir operando en el sistema y lo que es más importante, acceder a financiación externa”.

En Som ocurrió algo parecido. Como explica su coordinador general, “nos encontramos que para seguir operando tenemos que presentar unas garantías al operador que pasaron en dos semanas de un millón a 15. Un salto que para la cooperativa supuso un reto y también una fortaleza. En aquel momento pedimos aportaciones voluntarias a las socias y en menos de un mes teníamos 12 millones de nuestra base societaria”.

Ese contexto extraordinario también les obligó a recurrir a dos bancos de la economía social, Coop57 y Fiare. En 2022, con el mercado mayorista eléctrico disparado, sufrieron la primera caída de contratos de su historia, algo en lo que fue determinante la baja forzosa de unas 8.000 personas que no eran socias o carecían de vinculación con alguien de la cooperativa. El ejercicio se cerró con un resultado extraordinario, un beneficio de 7,3 millones, porque el precio de la energía fue finalmente inferior a las coberturas que se habían contratado. 

Hoy la situación de Som Energia es “totalmente diferente” y la tesorería está saneada, explica Carreño. En el último año han aprobado seis cambios de tarifas. Con los dos previstos para 2024 (el próximo en abril), esperan volver a ser tan competitivos como lo eran en 2020. 

En Goiener “es precisamente ahora cuando nos estamos recuperando”, pero “hablar de competitividad en este sector es complicado”, dice su presidenta. “Tenemos claro que nuestra estrategia no es competir por precios sino que sean justos dentro de nuestras posibilidades y atendiendo a los objetivos marcados por la Asamblea General. Además, vemos en el mercado ofertas que solo se pueden ofrecer desde una clara posición de ventaja o privilegio”, dice Martínez.

Alfonso García, también miembro del consejo rector de Goiener y presidente de Unión Renovables, ve en las comunidades energéticas, asociaciones basadas en el autoconsumo energético local, una oportunidad para empoderar a los ciudadanos en el uso de la energía. Muchos nuevos miembros de esa unión de cooperativas son comunidades como Sapiens, en Valencia; EnHerKom, en Euskadi; o las que promueve EnergÉtica, en Valladolid.

En el caso de Goiener, han acompañado la creación de 23 comunidades de este tipo ya constituidas y otras seis que están en ello. Y Som ha impulsado junto a otras cooperativas y empresas Som Comunitats, para pulsar el interés por lanzarlas en Catalunya. Pronto esperan poder conformarla como cooperativa de segundo grado. 

En Madrid, sin la tradición cooperativista de Catalunya y Euskadi, opera desde 2015 La Corriente, que gestiona el proyecto europeo Accting de comunidades energéticas y pobreza energética y comercializa electricidad de forma autónoma desde 2018. Con 1.000 socios y casi 1.100 contratos, esta cooperativa también desarrolla plantas de autoconsumo en la comunidad.

Llegar hasta aquí no ha sido fácil. “En 10 años hemos sufrido dificultades y problemas, el mercado energético tiene muchas barreras de entrada y requiere de un gran desembolso económico; para una gran empresa, 100.000 euros de pérdidas en un mes no supone un gran problema, pero para un proyecto como este, puede suponer la desaparición”, reconoce Diego Algaba, uno de sus socios.

El caso de Ecooo

También en Madrid está Ecooo, cooperativa de trabajo asociado de no lucro centrada en la acción colectiva en sus distintas vertientes. Cerca de cumplir 20 años desde que la fundó en febrero de 2005 el economista Mario Sánchez-Herrero, no tiene actividad de comercialización. Su actividad se distribuye en tres grandes patas: inversiones en energías renovables, instalación de plantas de autoconsumo, y fomento de la economía social y solidaria.

La pata de inversión pasa por animar a los ciudadanos a invertir (a partir de 100 euros) en fotovoltaicas construidas entre 2008 y 2013 y acogidas al antiguo régimen de primas de las renovables a cambio de una rentabilidad de entre el 1,5% y el 4% en función del plazo de la inversión. Hasta ahora han socializado 236 pequeñas plantas sobre cubierta o suelo con algo más de 10 megavatios. En estos años, 4.201 personas han aportado casi 37 millones y han recibido beneficios de 13,55 millones. 

Autoconsumo colectivo

Actualmente tienen tres plantas abiertas a la inversión, una de ellas en Alcarrás (Lleida), donde se rodó la película de Carla Simón. “No tenemos macroplantas y ese es el modelo que estamos fomentando”, explica en su sede en el barrio de Lavapiés Luis Esteban Rubio, responsable de Gestión de Proyectos de Economía Social y Solidaria, Coordinador de la Escuela de Activismo Económico e integrante de Ecooo.

En la pata de autoconsumo, han montado más de 1.000 plantas. Se enorgullecen de haber puesto en marcha en 2017, con el sector completamente paralizado por el impuesto al sol del PP, 100 instalaciones con su campaña Oleada Solar, en un momento en el que solo había 150 en toda España. “Decíamos que la gente se iba a instalar placas como neveras y nos llamaban locos” y ahora “se ha producido una revolución”, dice Esteban. 

Ahora están volcados en autoconsumo colectivo. Lanzaron los primeros en Euskadi y en Madrid, en el edificio que alberga su sede. Y están construyendo el que ha sido calificado como el mayor de toda la UE, La Pablo Renovable, en Rivas Vaciamadrid. Más de 500 familias les eligieron tras un proceso participativo para un proyecto con el que no han notado el parón de 2023 en la instalación de autoconsumo doméstico.

En un momento en el que al mundo cooperativista le está costando encontrar reemplazo generacional a quienes se lanzaron a esta aventura en los 80, Ecooo tiene una escuela de activismo económico que va por su quinta edición y forma durante doce semanas las capacidades cooperativistas de jóvenes profesionales de distintas áreas. Han lanzado una suerte de infojobs de la economía social y solidaria, Up me Up, para competir con los buscadores tradicionales de empleo, seleccionado por el PERTE de economía social del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Con 31 personas trabajando, la gran mayoría de la plantilla de Ecooo son socios trabajadores. La política es que, para garantizar el compromiso de los empleados, al cabo de un año se conviertan en socios. “La ambición”, resume Luis Esteban, es pasar de “un modelo hegemónico capitalista a otro con diversidad de formas de propiedad, de producción y de consumo” que sean “sostenibles, ecologistas, feministas y con justicia social”. Se trata de pensar en “cómo mañana se cambia un millón de personas de Iberdrola a Som Energía. El día que eso pase, cambiamos este país, y no tendremos que hacer una revolución”. 

( Antonio A. Vélez, eldiario.es, 24/08/24)

14.9.23

Qué son y por qué son fundamentales las comunidades energéticas... El camino no es fácil, pero puede lograrse con constancia. “Si lo hemos hecho nosotros lo puede hacer cualquiera, eso está clarísimo. Tienes que implicarte, tienes que hacerlo tú. Esto no se puede dejar en manos de las grandes eléctricas o de los políticos”... “Sin modificar esos hábitos de consumo actuales, el ahorro inicial siempre se plantea en torno al 30-40 % sin modificar nada, luego obviamente teniendo en cuenta cuando estás produciendo y teniendo una monitorización puedes optimizar muchísimo, llegando pues al 60-70 % de tu consumo”

 "Las comunidades energéticas son, según los datos de la UE, cada vez más habituales. Los estados que cuentan con un mayor número de estas asociaciones basadas en el autoconsumo energético local son Alemania, Dinamarca y Países Bajos. En España, hay más de 40 comunidades proyectadas, según datos del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE). Según la proyección de un estudio de la asociación ecologista Amigos de la Tierra, solo con comunidades energéticas basadas en autoproducción se podría llegar a satisfacer para 2030 un 58% de la demanda eléctrica, si se pusieran en marcha ya.

Para concienciar sobre esto, la asociación Amigos de la Tierra ha lanzado una serie documental de tres capítulos que desgrana, con los testimonios de participantes de varias comunidades energéticas, el proceso de estos proyectos, desde el germen y la primera idea hasta que las comunidades son una realidad palpable. La serie documental, que se enmarca en la campaña “Tomemos la Energía” de Amigos de la Tierra, cuenta las experiencias de las comunidades energéticas de Monachil (Granada), Luco de Jiloca (Teruel), Arroyo Alumbra (Huelva), Buchabade (Pontevedra) y Gares Energía y Gares Bide (Navarra). 

 “La mayoría no teníamos ni idea, teníamos ganas”, explica Carlos Urra, presidente de Gares Energía en el primer capítulo. Las motivaciones iniciales no son las mismas para todos, en algunos casos es el miedo a la despoblación, en otros la expropiación de un monte comunal o el cambio climático, pero lo que sí es común son las ganas de cambiar las reglas establecidas y hacerlo en comunidad. “El objetivo era producir energía, autoconsumirla, empoderarnos y generar alrededor de este proyecto otra riqueza en el pueblo, otros proyectos que pudiesen surgir y luego colaborar también de una manera práctica o más activa a esta idea de renovables sí, pero así no”, resume María Navarro, miembro motor de Luco Energía. 

 Y es que ¿qué son las comunidades energéticas? Se trata de grupos de personas que se constituyen legalmente para llevar a cabo un proyecto de energías limpias basado en la descentralización de la energía y con las personas como protagonistas de este cambio energético. Las comunidades energéticas se muestran como elementos clave para democratizar la energía y luchar contra la emergencia climática, pero también son un potente germen que favorece la creación de un fuerte sentimiento de pertenencia a una comunidad. “Lo importante no es llegar al punto y conseguir el hito, sino el camino que uno pasa a través de todas esas fases y las cuestiones que va sorteando, las relaciones que se van trabando, los aprendizajes que uno va adquiriendo”, cuenta Rosario Alcantarilla, de la cooperativa Comunidad Arroyo Alumbra.

El papel de la administración y la burocracia

Para avanzar hacia la comunidad energética es necesario llevar a cabo una serie de pasos, muchas veces de forma paralela, como decidir la forma jurídica, el tipo de instalación que más conviene, las licencias y autorizaciones o con qué instituciones y administraciones hay que hablar. “Al final cada proyecto va a tener que ir aprendiendo y adaptándose a las circunstancias propias de su propio proyecto”, afirma Navarro en el capítulo dos de esta serie, el dedicado al papeleo derivado de este tipo de comunidades.

El camino no es fácil, pero puede lograrse con constancia. “Si lo hemos hecho nosotros lo puede hacer cualquiera, eso está clarísimo. Tienes que implicarte, tienes que hacerlo tú. Esto no se puede dejar en manos de las grandes eléctricas o de los políticos”, asegura Urra. Y Navarro lo tiene claro: “Creo que es la manera de que la ciudadanía pueda dar pasos por sí misma de manera autónoma y empoderándose”, sentencia.

Monitorización y ahorro

Para ser autónomo, y una vez está funcionando la instalación, es fundamental la monitorización para que la optimización sea máxima. “Uno de los puntos fuertes de una comunidad energética y en este caso de un autoconsumo colectivo es que lo que se genera aquí se pueda consumir aquí, es decir, que la exportación a la red sea la mínima posible y que el consumo instantáneo sea lo mayor posible. Para eso es necesaria la monitorización, tenemos que tener datos de cuánto se está produciendo y cuánto estamos consumiendo para así poder, en la medida de las posibilidades, adaptar los consumos a cuando hay generación”, explica Álvaro Fernández, miembro de la comunidad energética del Río Monachil. “Una de las transiciones necesarias que debemos hacer es adaptarnos a las posibilidades físicas de nuestro entorno”, sentencia.

 Y aquí llega uno de los puntos que podría aparecer como clave pero que, a medida que aumenta el sentimiento de comunidad y pertenencia, se revela como algo más secundario: el ahorro. “Sin modificar esos hábitos de consumo actuales, el ahorro inicial siempre se plantea en torno al 30-40 % sin modificar nada, luego obviamente teniendo en cuenta cuando estás produciendo y teniendo una monitorización puedes optimizar muchísimo, llegando pues al 60-70 % de tu consumo”, ejemplifica Carlos Ariñez, del grupo motor de Luco Energía.

¿Lo mejor para todos ellos? Que estas comunidades tienen un fuerte y positivo efecto contagio y se van extendiendo y creando otros proyectos paralelos de gestión común."          (Azahara García, eldiario.es, 27 de julio de 2023)

29.5.23

Co-op Cycle es una federación de cooperativas de reparto de bicicletas con 60 cooperativas afiliadas en Europa. En esta carta abierta, critican el enfoque del Gobierno francés hacia la Uberización y abogan por unos derechos laborales sólidos para los trabajadores de plataformas en toda Europa

 "Hoy [25 de mayo], Elisabeth Borne, Clément Beaune y Olivier Dussopt se dirigen a la comisión de investigación parlamentaria sobre los expedientes Uber. Nosotros, miembros de la asociación CoopCycle, expresamos nuestra preocupación por la posición que adoptará el gobierno francés sobre esta cuestión, mientras se negocia actualmente una propuesta de directiva en el Consejo Europeo, donde Francia está representada por Olivier Dussopt. Pedimos al Gobierno que no legitime este sistema de externalización. Eso equivaldría a apoyar a empresas que se enriquecen socavando los derechos de todos los trabajadores.

Uber, un modelo nocivo para los repartidores

Desde hace muchos años, los problemas derivados de la uberización están escrupulosamente documentados. Las condiciones de trabajo y la remuneración son pésimas y se deterioran constantemente. Los trabajadores trabajan más horas para mantener sus ingresos, lo que afecta a su seguridad y su salud. El número de repartidores precarios está aumentando, incluidos los trabajadores indocumentados y, a veces, ¡incluso menores!

De los 700 repartidores que la asociación CoopCycle ha encuestado en las Casas de Correos, el 75% trabaja más de 6 días a la semana, el 56% reparte entre 9 y 12 horas al día. Por último, el 84% afirma querer seguir en esta profesión por cuenta ajena, ya que considera que el estatuto es más protector.

Para dar la ilusión de que se actúa frente a un modelo desacreditado, se ha creado la ARPE (Autoridad de Relaciones Sociales de las Plataformas de Empleo). Pero con la participación de menos del 2% de los repartidores, su legitimidad es nula. Su único objetivo es preservar el modelo de plataformas.

El acuerdo firmado el mes pasado por el Sr. Dussopt sólo remunera el tiempo de reparto a 11,75 euros la hora, olvidando el tiempo de espera inherente al modelo de reparto. Es como si a los parlamentarios sólo se les pagara durante la sesión, o a los cajeros sólo cuando el cliente está en la caja. ¿Qué forma más absurda de organizar la remuneración puede existir?

Por otra parte, el modelo Uber no es rentable. Tras acumular 33.300 millones de dólares en pérdidas desde 2014, la empresa sigue viviendo de la captación de fondos. La estrategia de este tipo de plataformas es dominar el mercado vendiendo a pérdida. Una vez en situación de monopolio, la plataforma superviviente de esta guerra de precios aumentará sus tarifas para los consumidores, así como los gravámenes a los restauradores y reducirá la remuneración del personal de reparto. Se trata del esquema "el ganador se lo lleva todo", en el que sólo la plataforma gana a costa de los demás actores.

Un modelo tóxico para los repartidores y la sociedad

 En la última década, la uberización ha cuestionado la forma en que se establecen las relaciones de producción en nuestra sociedad. Uber ha surgido como un actor clave en esta redefinición. Este nuevo enfoque, similar al que prevalecía en el siglo XIX antes de la llegada del trabajo asalariado, sitúa al capital y al trabajo por tareas en el centro de los procesos de producción, relegando al trabajador a un segundo plano. Las decisiones importantes, como el salario y la frecuencia de las asignaciones, son tomadas por algoritmos mientras se ignora la inteligencia y la contribución específica de las personas, lo que conduce a una aniquilación de la humanidad en el trabajo.

Sin embargo, las plataformas Uber no han logrado imponerse solas, sino que han contado con el apoyo de opciones políticas. Las revelaciones de los "Expedientes Uber" y las audiencias parlamentarias han puesto de manifiesto la inacción del Estado frente a prácticas agresivas e ilegales, poniendo en peligro la solidez de nuestro modelo social. Esto es tanto más preocupante cuanto que muchos sectores de la economía están siendo víctimas de la Uberización, ya que este modelo se está extendiendo a ámbitos como el transporte de pasajeros, las cajas de los comercios, así como a tareas antaño consideradas más cualificadas, como el marketing o la contabilidad.

Mientras el Gobierno afirmaba recientemente defender la sostenibilidad fiscal del sistema de pensiones de reparto, para ellos debería ser crucial preservar sus ingresos, es decir, ¡las cotizaciones basadas en la remuneración del trabajo a través de los salarios! Pero los actores que se aprovechan de la generalización del trabajo autónomo han jugado hábilmente con la lentitud inherente a la toma de decisiones democrática. Esto constituye un peligro para la perennidad de nuestro modelo social basado en las cotizaciones sociales, tanto de los asalariados como de los empresarios. En efecto, el estatuto de autónomo elimina la cuota patronal de las cotizaciones sociales y el tipo de cotización es inferior al de un asalariado. Además, el aumento de la competencia entre los trabajadores reduce mecánicamente las cotizaciones sociales al disminuir los salarios.

La Uberización es, por tanto, un ataque a la democracia por parte del capitalismo financiero: nadie votó ni quiso sacrificar a los más vulnerables y nuestro modelo social en el altar del beneficio. Pone en peligro un sistema de protección que los repartidores apoyan, y que CoopCycle apoya a través de su modelo de plataforma alternativa propiedad de los trabajadores. ¡Un modelo social que está siendo atacado y que el gobierno debe defender!

Francia debe apoyar la presunción de asalarización

 Un rayo de esperanza reside en la directiva propuesta por la Comisión Europea y votada por el Parlamento Europeo el 2 de febrero de 2023. Propone una presunción de empleo si la plataforma cumple al menos dos de los siguientes criterios: determina el nivel de remuneración o establece límites máximos; supervisa la realización del trabajo por medios electrónicos; limita la libertad de elección de horarios, vacaciones, rechazo de una tarea o subcontratación; establece normas obligatorias específicas sobre apariencia y conducta hacia el cliente final; limita la posibilidad de trabajar para otros clientes...".

Mientras que los diputados franceses del grupo Renew votaron a favor de la directiva en el Parlamento, el Sr. Dussopt defiende una presunción de independencia que va en contra de esta directiva. Nos resulta difícil comprender las señales contradictorias procedentes de la mayoría presidencial sobre esta cuestión. Nos sigue preocupando la posición del gobierno francés sobre la Uberización.

Pedimos al gobierno francés que aclare su posición y que apoye la directiva europea en los términos propuestos por la Comisión.

Este texto está firmado por los militantes de la asociación CoopCycle, dirigentes de las Casas de Correos y fundador de la federación CoopCycle de cooperativas de reparto en bicicleta."                (Brave New Europe, 25/05/23; traducción DEEPL)