Artículo 129 de la Constitución española: Los poderes públicos... establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción - Implantar la democracia económica en España es constitucional
"Lo que se ha vendido al mundo como un acuerdo histórico entre
Washington y Caracas tiene todas las características de un atraco a mano
armada, perpetrado no con pistolas, sino con la pluma y el chantaje
geopolítico. Donald Trump ha anunciado en persona, con el tono triunfal y
arrogante que le es habitual en Truth Social, que Estados Unidos ha
obtenido el control mayoritario sobre más de 65 000 millones de barriles
de reservas probadas de petróleo en Venezuela. Diecisiete yacimientos
estratégicos repartidos entre la Franja del Orinoco y el lago de
Maracaibo, el corazón de la industria petrolera venezolana, pasan de
hecho a estar bajo la gestión de empresas estadounidenses. Para un país
que hasta hace unos meses se veía asfixiado por un entramado de
sanciones sin precedentes, esta medida tiene el amargo sabor de la
rendición incondicional.
La presidenta interina Delcy Rodríguez ha confirmado el acuerdo mediante
un comunicado en el que se hablaba de inversiones por valor de más de
100 000 millones de dólares y de ingresos fiscales por 209 000 millones
destinados a las arcas del Estado. Cifras que, leídas a toda prisa,
pueden impresionar. Pero basta con detenerse un instante y hacer una
división elemental para darse cuenta de que algo no cuadra. Doscientos
nueve mil millones dividido entre 65 mil millones de barriles da 3
dólares y 22 céntimos por barril. Esta es la cifra que Venezuela
recaudaría por cada barril extraído de su subsuelo.
El portal de investigación La Tabla
ha desmontado la operación con una frialdad que deja poco margen para
interpretaciones. Antes de la reforma de la Ley Orgánica de
Hidrocarburos aprobada en enero de 2026, el Estado venezolano recaudaba,
a través de regalías e impuestos, al menos 25 dólares por barril, y en
los cálculos más generosos se superaban los 44. Con el nuevo régimen
fiscal que entró en vigor en abril, que prevé regalías del 30 % y un
Impuesto Integrado sobre Hidrocarburos del 15 %, los ingresos podrían
alcanzar teóricamente hasta 37 dólares y 35 céntimos por cada barril,
teniendo en cuenta que el precio del crudo WTI rondaba los 83 dólares a
finales de agosto. El acuerdo con Trump, en cambio, otorga a Venezuela
menos del 9 % de lo que le garantizaría su propia legislación vigente.
La magnitud de la venta a precio de saldo resulta aún más vertiginosa
si se amplía la perspectiva a todo el período de explotación. Esos 209
000 millones de impuestos, repartidos a lo largo de un horizonte de
extracción que podría durar un siglo, se reducen a una media anual de
poco más de 2 000 millones de dólares. Si Caracas aplicara el régimen
fiscal actualmente vigente a los 65 000 millones de barriles objeto del
acuerdo, la recaudación total rozaría los 2,4 billones, es decir, más de
once veces lo previsto en el contrato. La diferencia, unos 2,2 billones
de dólares, es dinero que Venezuela cede voluntariamente —o al menos
así se presenta— a las empresas estadounidenses.
Trump no ha ocultado sus intenciones. Ha declarado que, con esta
operación, su país duplica con creces sus reservas de petróleo, que en
la actualidad rondan los 46 mil millones de barriles, según la Agencia
de Información Energética. En realidad, las reservas permanecen
físicamente en territorio venezolano, y la Constitución de Caracas
reserva al Estado las actividades fundamentales de la industria
petrolera, pero el control operativo mayoritario pasa a manos de las
empresas estadounidenses. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha
hablado de 100 mil millones de inversiones privadas, mientras que el
secretario de Guerra, Peter Hegseth, ha participado directamente en las
negociaciones, un detalle que dice mucho sobre la naturaleza de las
mismas.
Para comprender cómo se ha llegado a este punto, hay que remontarse
al pasado 3 de enero, cuando las Fuerzas Armadas de Estados Unidos
lanzaron una agresión militar contra Venezuela que culminó con el
secuestro de Nicolás Maduro,
trasladado a una prisión de Nueva York. Desde ese momento, la nueva
administración de Caracas, liderada por Delcy Rodríguez, ha ido
desmantelando progresivamente las barreras que protegían la soberanía
energética del país. La reforma de la Ley de Hidrocarburos de enero, que
abrió la puerta a la participación mayoritaria del capital privado
extranjero, ya era en sí misma una concesión significativa. Pero este
acuerdo va mucho más allá de cualquier escenario previsto por la propia
reforma, hasta tal punto que los analistas de La Tabla se preguntan si
el modelo de arrendamiento de yacimientos propuesto por Washington es
siquiera compatible con la legislación venezolana.
La comparación con el pasado es implacable. En 2010, bajo el mandato
de Hugo Chávez, Petróleos de Venezuela firmó los contratos para el
desarrollo del bloque Carabobo en la Faja del Orinoco con gigantes como
Chevron, Repsol y la empresa india ONGC. Se trataba de 50 000 millones
de barriles de crudo extrapesado con inversiones por valor de 40 000
millones de dólares; sin embargo, el Estado mantenía el control
accionarial y una participación fiscal incomparablemente superior a la
actual. Hoy, con un volumen de reservas mayor e inversiones nominalmente
más elevadas, Venezuela renuncia a casi todo.
Delcy Rodríguez ha descrito el acuerdo como fruto del fortalecimiento
de las relaciones bilaterales, y Trump se ha hecho eco de ello con
entusiasmo. Pero la retórica de la amistad y la cooperación tiene
dificultades para sostenerse ante las cifras. Venezuela posee las
mayores reservas probadas de petróleo del mundo, más de 303 000 millones
de barriles según los datos históricos de la OPEP. Con este acuerdo,
Washington obtiene el control operativo sobre más del 21 % de ese tesoro
geológico, a un precio que haría palidecer a cualquier empresa minera
colonial del siglo XIX."
"Estados Unidos e Israel ponen en el poder en Colombia a un abogado de los narcos (Ben Norton)
El expresidente colombiano Gustavo Petro acusó a Estados Unidos e Israel de injerencia en las elecciones para llevar al poder al líder de extrema derecha Abelardo de la Espriella, ciudadano estadounidense partidario de Trump y aliado de los narcotraficantes
Estados Unidos tiene una larga historia de injerencia en los asuntos internos de América Latina. Pero en los últimos años, la injerencia estadounidense se ha vuelto aún más extrema y explícita.
Y no es solo Estados Unidos quien se inmiscuye en la política latinoamericana, sino también Israel.
Un ejemplo de esta injerencia extranjera es la situación política actual en Colombia.
Colombia
tiene un nuevo presidente multimillonario de extrema derecha llamado
Abelardo de la Espriella. Es ciudadano estadounidense, votó por Donald
Trump y trabajó durante años como abogado en Miami, Florida, defendiendo
a narcotraficantes.
De
la Espriella ha delegado la política exterior de Colombia en Washington
y apoya firmemente a Israel, al tiempo que promete limitar los lazos
con China.
De la Espriella promueve las bases militares estadounidenses en Colombia y anunció: “ Quiero el Plan Colombia Dos ”.
También hizo un llamamiento a "dolarizar" la economía colombiana y adoptar el dólar estadounidense como moneda oficial del país.
El expresidente de Colombia acusa a Estados Unidos e Israel de robar las elecciones.
El
expresidente izquierdista de Colombia, Gustavo Petro, acusó formalmente
a Estados Unidos e Israel de injerencia en la segunda vuelta de las
elecciones de su país, que se celebraron en junio.
De
la Espriella fue declarada ganadora por un margen mínimo de menos del 1
por ciento, en medio de numerosas acusaciones de sabotaje e
irregularidades extremas.
Petro
afirmó que el gobierno colombiano había recopilado pruebas que
demostraban que empresas tecnológicas estadounidenses e israelíes interfirieron en las elecciones de Colombia para poner a De la Espriella en el poder.
Petro mencionó específicamente a la empresa israelí BlackCore , que ha sido acusada de interferir en elecciones en numerosos países.
Incluso
el gobierno francés ha afirmado haber reunido pruebas que demuestran
que el grupo israelí BlackCore socavó las elecciones en Francia, Escocia y Nueva York .
De
la Espriella no ocultó el hecho de que estaba conspirando con el
gobierno estadounidense en el período previo a las elecciones de 2026.
En
marzo, apenas unos meses antes de que se celebrara la primera ronda de
votación en mayo, De la Espriella viajó a Miami para reunirse con altos
funcionarios estadounidenses.
Tras años de residir en Estados Unidos, decidí convertirme en ciudadano de esta gran nación.
Aquí nacieron mis cuatro hijos, y he sido muy feliz en estas tierras.
En las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024, De la Espriella se jactó de haber votado por Trump.
Tras la declaración de Trump como ganador, De la Espriella publicó un video de celebración en TikTok ,
en el que él y sus hijos bailaban al ritmo de la canción "YMCA", que
Trump suele usar en sus mítines. Ondeaban banderas estadounidenses y
movían los puños arriba y abajo, imitando al presidente de Estados
Unidos.
De la Espriella escribió: “Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande. Hagamos que Colombia vuelva a ser grande”.
De la Espriella es multimillonario. Gran parte de su fortuna la amasó trabajando como abogado en Miami, Florida.
También se hizo famoso por defender a los narcotraficantes.
En
Miami, Abelardo De La Espriella se movía en el turbio mundo de los
abogados de "polvo blanco": abogados defensores de alto precio que
ayudan a los narcotraficantes latinoamericanos acusados y a otros a evitar duras condenas convirtiéndolos en informantes o testigos del gobierno estadounidense.
Contrató a un antiguo narcotraficante colombiano que, según consta en los registros judiciales, ayudaba a abogados del sur de Florida a encontrar ese tipo de clientes.
Además
de la fortuna que amasó defendiendo a los narcotraficantes, el nuevo
presidente colombiano tiene un negocio que modestamente bautizó con su
propio nombre, llamado De la Espriella Style .
El
sitio web de la empresa está repleto de imágenes de De la Espriella. Él
vende ropa de hombre de lujo, además de sus libros, música, poemas e
incluso sus propias líneas de ron, vino y café.
De
la Espriella es conocido en Colombia por su extremo narcisismo y
superficialidad. Es ante todo un influencer y celebridad de las redes
sociales, y carece de experiencia política.
Abelardo de la Espriella apoya que el ejército estadounidense albergue bases militares en territorio colombiano.
Ha
propuesto lo que él llama Plan Colombia Dos, en referencia a los miles
de millones de dólares que el gobierno estadounidense entregó a Colombia
en la década de 2000 para librar una brutal guerra de exterminio contra
grupos armados de izquierda. Miles de personas fueron asesinadas
durante el Plan Colombia, incluyendo no solo militantes, sino también
muchos campesinos, líderes indígenas y organizadores sindicales que
fueron blanco de paramilitares de extrema derecha y escuadrones de la
muerte patrocinados por el gobierno colombiano, y en ocasiones por corporaciones estadounidenses .
Apenas
unos días después de la toma de posesión de De la Espriella en agosto,
Colombia firmó un acuerdo con el Pentágono que permite al ejército
estadounidense entrar en su territorio.
La
idea de que De la Espriella se dedique a luchar contra los cárteles es
descabellada, dado que se labró una carrera como abogado defensor de
narcotraficantes.
Estados Unidos apoya a los narcotraficantes en América Latina.
Este
es uno de los muchos ejemplos de cómo el gobierno estadounidense apoya a
algunos de los peores narcotraficantes de América Latina, mientras
afirma cínicamente que está luchando contra los cárteles.
Las
agencias de inteligencia del gobierno estadounidense han reconocido que
Álvaro Uribe, el expresidente de derecha de Colombia, era un
narcotraficante.
Un cable desclasificado de la DIA reconocía que Uribe era un “ amigo personal cercano de Pablo Escobar ” que estaba “dedicado a colaborar con el cartel de Medellín en altos niveles del gobierno”.
El
gobierno estadounidense apoyó firmemente a Uribe cuando este gobernó
Colombia entre 2002 y 2010. Este fue el apogeo del Plan Colombia, y la
administración de George W. Bush consideraba al narcotraficante Uribe un
aliado clave en su denominada "Guerra contra las Drogas".
El
apoyo del gobierno estadounidense a los líderes de derecha del
narcotráfico en América Latina se ha mantenido constante y bipartidista
durante décadas, pero se ha intensificado bajo la presidencia de Trump, y
en particular bajo la de Marco Rubio, un halcón neoconservador que se
desempeña como secretario de Estado y asesor de seguridad nacional.
En
2025, el gobierno estadounidense intervino descaradamente en Honduras
para poner en el poder a otro líder de extrema derecha,
proestadounidense, proisraelí y antichino, Nasry “Tito” Asfura.
Como parte de la operación de injerencia electoral de Estados Unidos, Trump indultó oficialmente y liberó de prisión a uno de los peores narcotraficantes de la historia moderna, el exdictador de derecha de Honduras, Juan Orlando Hernández (JOH).
JOH
había estado encarcelado por traficar toneladas de cocaína y
ametralladoras. Su partido conservador, el Partido Nacional, utilizó
dinero del narcotráfico para manipular las elecciones en Honduras.
Hoy,
Honduras está gobernada por el mismo Partido Nacional. Asfura es un
aliado cercano del capo de la cocaína JOH. El gobierno de Estados Unidos
apoya todo esto.
Lo mismo está ocurriendo en Ecuador, país gobernado por el dictador de derecha Daniel Noboa.
Noboa ha ilegalizado al principal partido de
la oposición, el movimiento izquierdista Correísta, para poder
presentarse a las elecciones sin una oposición política efectiva.
Noboa es hijo del oligarca multimillonario más rico de Ecuador, y su familia está profundamente involucrada en el narcotráfico . La empresa familiar del presidente, Noboa Trading Co., transporta cocaína en cajas de plátanos desde sus puertos privados.
Noboa
es probablemente el narcotraficante más poderoso de la actualidad. Y
cuenta con el apoyo total e incondicional del gobierno estadounidense.
Al igual que De la Espriella, Noboa ha dado carta blanca al ejército estadounidense para llevar a cabo operaciones en territorio ecuatoriano .
El Pentágono ha lanzado incursiones armadas en Ecuador, supuestamente
para combatir el "narcotráfico", mientras que el país está gobernado por
un narcotraficante.
Al
igual que De la Espriella, Noboa es ciudadano estadounidense. El
dictador de Ecuador nació en Miami, Florida, y se educó en Estados
Unidos.
Apenas unas semanas después de su investidura a finales de 2023, Noboa viajó a Miami, Florida, para que su esposa diera a luz a su tercer hijo en suelo estadounidense . Al igual que los hijos de De la Espriella, los de Noboa también son ciudadanos estadounidenses.
Esto
resulta profundamente irónico, dado que Trump se ha jactado de estar
intentando abolir la ciudadanía por derecho de nacimiento en Estados
Unidos. La Casa Blanca de Trump prometió acabar con lo que denomina " turismo de nacimiento ".
Pero
cuando los líderes de derecha de América Latina viajan a Florida para
que sus esposas den a luz en Estados Unidos, garantizando así la
ciudadanía a sus hijos, la administración Trump lo apoya firmemente.
Colombia reconoce la ocupación israelí de los Altos del Golán y la ocupación marroquí del Sáhara Occidental.
Otro
factor que une a estos líderes de extrema derecha respaldados por
Estados Unidos en América Latina es que todos ellos están estrechamente
aliados con Israel.
Contrastan marcadamente con los presidentes de izquierda de América Latina, que apoyan firmemente a Palestina.
Bajo
el mandato de Petro, Colombia rompió relaciones diplomáticas formales
con Israel. Su gobierno también se sumó a una demanda presentada por
Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, que acusa a Israel de
genocidio.
De la Espriella ha hecho exactamente lo contrario. Ha sido lo más proisraelí posible.
Estados
Unidos tomó esa decisión en 2019, durante el primer mandato de Trump
como presidente. El régimen israelí respondió rindiendo homenaje al
presidente estadounidense de extrema derecha, inaugurando un nuevo
asentamiento colonial en territorio sirio ocupado, en flagrante
violación del derecho internacional, llamado Trump Heights.
Los
habitantes indígenas del Sáhara Occidental son el pueblo saharaui, que
ha establecido su propio gobierno, llamado República Árabe Saharaui
Democrática (RASD), bajo el liderazgo de un partido político
revolucionario, anticolonialista y de izquierda llamado Frente
Polisario.
La RASD es miembro de la Unión Africana y está reconocida por decenas de Estados miembros de la ONU.
Sin
embargo, Estados Unidos ha ejercido una presión considerable sobre
otros países para que pongan fin a su reconocimiento diplomático de la
RASD.
A
cambio del reconocimiento de Israel por parte de Marruecos, la Casa
Blanca de Trump anunció en 2020 que Estados Unidos reconocería
formalmente la supuesta soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, territorio ilegalmente ocupado.
Colombia se compromete a reducir sus lazos con China y a retirarse de la Iniciativa de la Franja y la Ruta.
Bajo
el liderazgo del ciudadano estadounidense De la Espriella, Colombia
también se ha comprometido a reducir sus lazos con China.
China es el principal socio comercial de Sudamérica, e incluso superó a Estados Unidos como el principal socio comercial de Colombia .
Pero, al igual que otros líderes de derecha latinoamericanos, De la
Espriella ha asegurado a Washington que reprenderá a Pekín.
Durante
el mandato del anterior presidente de izquierda, Petro, Colombia se
había acercado mucho más a China. Petro viajó a Pekín y anunció que su
país se uniría a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI), un proyecto
global de infraestructura.
La nueva administración en Colombia ha hecho precisamente lo contrario.
En
agosto de este año, el Senado estadounidense celebró una audiencia para
el nuevo embajador de la administración Trump en Colombia, Nate Morris.
Un
senador estadounidense preguntó a Morris sobre el memorando de
entendimiento (MdE) que Colombia había firmado bajo el programa Petro
para unirse a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, y esto fue lo que dijo en la audiencia :
Me
siento muy alentado por el presidente electo (De la Espriella) y su
compromiso de retirarse de ese memorando de entendimiento.
Y creo, obviamente, que todas las naciones tienen que tomar una decisión: o Estados Unidos o China.
El
mensaje que llega desde Washington refleja la lógica de la Guerra Fría:
todos los países del mundo tienen que elegir un bando, o estás con
Estados Unidos o estás con China; no puedes tener buenas relaciones con
ambos.
Los nuevos líderes de derecha en países como Colombia, Ecuador y Honduras han dejado claro a quién son realmente leales."
Citan al embajador de EE.UU. por amenazas a una Cooperativa Nacional... La cooperativa CALF denunció ante Diputados las presiones de la Embajada de Estados Unidos para que abandonara sus acuerdos con Huawei, incluido un proyecto de fibra óptica y un data center en Vaca Muerta... Sus directivos señalaron que recibieron amenazas de retiro de visas y reclamaron defender la autonomía tecnológica del país... La entidad sostuvo que mantiene vínculos comerciales con empresas de distintos países y que su decisión de trabajar con Huawei responde a criterios vinculados con costos, financiamiento y tecnología... “Estoy convencido, de acuerdo a lo que dijeron los dirigentes de la cooperativa, que se avasalló y se presionó, pasando todos los límites que puede eventualmente tener una embajada, en este caso la Embajada estadounidense”, sostuvo el diputado Leiva... El episodio excede el vínculo comercial entre CALF y Huawei y se inscribe en la disputa geopolítica entre Washington y Beijing por la influencia económica y tecnológica en la Argentina... La presencia de Huawei en infraestructura estratégica es uno de los puntos sensibles para Estados Unidos, que sostiene reparos sobre la participación de empresas chinas en sectores vinculados con telecomunicaciones, energía y datos... China, por su parte, cuestionó las advertencias estadounidenses y acusó a Washington de utilizar el argumento de la denominada “amenaza china” para interferir en la cooperación comercial de empresas argentinas con compañías de ese país... mientras la administración libertaria sostiene un fuerte alineamiento político con Estados Unidos, China es el primer o segundo socio comercial de
prácticamente todas las provincias argentinas... el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, lanzó una advertencia sobre el uso de tecnología china en áreas consideradas estratégicas y señaló que esa situación podría afectar la llegada de inversiones a Vaca Muerta... Washington quiere marcar condiciones para su participación en la nueva economía argentina. Beijing no está dispuesto a retirarse del tablero. Y en el medio queda Neuquén, con Vaca Muerta como principal activo y con una discusión de poder que recién parece haber comenzado (Mario Hernandez)
el primero o segundo socio comercial de
prácticamente todas las provincias argentinas,
"La cooperativa CALF denunció ante Diputados las
presiones de la Embajada de Estados Unidos para que abandonara sus
acuerdos con Huawei, incluido un proyecto de fibra óptica y un data
center en Vaca Muerta.
Sus directivos señalaron que recibieron amenazas de retiro de visas y
reclamaron defender la autonomía tecnológica del país. Tras la
denuncia, la Comisión de Asuntos Cooperativos confirmó que citará al
embajador Peter Lamelas para que dé explicaciones ante el Congreso. La
convocatoria fue impulsada por el diputado de Unión por la Patria,
Aldo Leiva, presidente de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales
y Organizaciones No Gubernamentales de la Cámara de Diputados. El legislador citó a Lamelas para el miércoles 19 de agosto,
luego de que los representantes de CALF expusieran ante la Comisión
las presuntas presiones recibidas por parte de funcionarios de la
Embajada estadounidense. El conflicto surgió a partir de una serie
de contactos entre representantes de la Embajada de Estados Unidos y
autoridades de la cooperativa neuquina, vinculados con los proyectos que
CALF desarrolla junto a Huawei. Según denunciaron los dirigentes de la
entidad, durante esas comunicaciones se plantearon objeciones a la
relación comercial y hasta se habría advertido sobre posibles
consecuencias vinculadas con las visas de integrantes de la conducción
de la cooperativa. La controversia se da en torno a proyectos
tecnológicos vinculados con la expansión de infraestructura de
telecomunicaciones en Neuquén, entre ellos un tendido de fibra óptica en
la zona de Vaca Muerta y la instalación de un centro de datos.
La tecnología china en Vaca Muerta: “No va a ayudar a traer inversiones”
Los
representantes de CALF plantearon ante Diputados que las comunicaciones
recibidas desde la representación diplomática estadounidense
constituían una intromisión en la autonomía de la cooperativa. La
entidad sostuvo que mantiene vínculos comerciales con empresas de
distintos países y que su decisión de trabajar con Huawei responde a
criterios vinculados con costos, financiamiento y tecnología. El caso
escaló luego de que Lamelas defendiera públicamente la posición
estadounidense y argumentara que las decisiones relacionadas con visas
forman parte de las facultades de Washington y están vinculadas con la
protección de sus intereses y su seguridad nacional. La posición
generó cuestionamientos desde Unión por la Patria, que puso el foco en
la posibilidad de que una representación diplomática extranjera haya
intentado condicionar una decisión comercial tomada por una organización
argentina. Aldo Leiva cuestionó la actuación que se le atribuye a la
Embajada de Estados Unidos y sostuvo que el caso debe ser analizado
como una cuestión vinculada con la soberanía argentina. “Nos parece
inadmisible”, afirmó el diputado, al considerar que no se puede permitir
que una embajada ejerza una presión de esa naturaleza sobre una
cooperativa ni sobre cualquier argentino o empresa que desarrolle una
actividad dentro del marco de las leyes nacionales y del comercio
internacional. “Estoy convencido, de acuerdo a lo que dijeron los
dirigentes de la cooperativa, que se avasalló y se presionó, pasando
todos los límites que puede eventualmente tener una embajada, en este
caso la Embajada estadounidense”, sostuvo Leiva. El legislador
remarcó además que el planteo no está dirigido exclusivamente contra
Estados Unidos, sino que busca establecer un límite frente a cualquier
representación diplomática extranjera que pretenda intervenir en
decisiones de actores argentinos. “El objetivo que perseguimos es no
solamente por esta cuestión de la Embajada de los Estados Unidos, sino
cualquier embajada que tenga presencia en nuestro país”, explicó. En
esa línea, Leiva vinculó el episodio con la defensa de la soberanía
nacional. “La soberanía debemos defenderla en todos los ámbitos”,
afirmó, y señaló que el respaldo a la posición de CALF cuenta con el
acompañamiento del bloque de Unión por la Patria. La Comisión que preside Leiva ya formalizó la convocatoria para que Lamelas concurra al Congreso el 19 de agosto y dé explicaciones sobre las denuncias formuladas por la cooperativa.
Estados Unidos y China en una nueva disputa por Vaca Muerta
El
episodio excede el vínculo comercial entre CALF y Huawei y se inscribe
en la disputa geopolítica entre Washington y Beijing por la influencia
económica y tecnológica en la Argentina. La presencia de Huawei en
infraestructura estratégica es uno de los puntos sensibles para Estados
Unidos, que sostiene reparos sobre la participación de empresas chinas
en sectores vinculados con telecomunicaciones, energía y datos. China,
por su parte, cuestionó las advertencias estadounidenses y acusó a
Washington de utilizar el argumento de la denominada “amenaza china”
para interferir en la cooperación comercial de empresas argentinas con
compañías de ese país. Vaca Muerta ocupa un lugar central en esa
disputa por su importancia estratégica para el desarrollo energético
argentino. Estados Unidos busca ampliar la participación de sus empresas
en el sector, mientras China mantiene vínculos comerciales y
financieros con la Argentina. La tensión se produce, además, en un
momento particular para el Gobierno de Javier Milei: mientras la
administración libertaria sostiene un fuerte alineamiento político con
Estados Unidos, China continúa siendo un socio económico relevante para
la Argentina. La semana pasada, el Banco Central argentino renovó el
acuerdo de intercambio de monedas con su par chino por 130.000 millones
de yuanes, equivalentes a unos US$19.500 millones. Mientras, el
embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, lanzó una
advertencia sobre el uso de tecnología china en áreas consideradas
estratégicas y señaló que esa situación podría afectar la llegada de
inversiones a Vaca Muerta. El planteo fue realizado durante el AmCham
Energy Forum 2026, donde el diplomático sostuvo que la seguridad de la
información que circula por las redes tecnológicas es un aspecto central
para las empresas que evalúan desembarcar en la Argentina. Para
Lamelas no se trata solamente de una disputa entre proveedores
tecnológicos. Según explicó, desde la mirada del gobierno
estadounidense, la infraestructura digital y la protección de los datos
están directamente relacionadas con la seguridad nacional de ambos
países. Durante su exposición, el embajador apuntó contra las
empresas tecnológicas de China y cuestionó el vínculo que, según su
planteo, mantienen con el Estado de ese país. Lamelas sostuvo que las
compañías chinas están obligadas a facilitar al gobierno de China el
acceso a información que circula mediante sus tecnologías y redes de
inteligencia artificial. En ese contexto, afirmó que los datos que pasan por esas plataformas pueden quedar bajo control del Partido Comunista chino. El
funcionario estadounidense relacionó esa cuestión con uno de los
principales proyectos energéticos de la Argentina: Vaca Muerta. Su
advertencia fue directa: consideró que la utilización de este tipo de
tecnología no favorecería la llegada de capitales extranjeros
interesados en invertir en el desarrollo de la formación neuquina. Lamelas
explicó que existen empresas estadounidenses y de otros países
interesadas en operar en la Argentina, pero que necesitan contar con
garantías respecto de la seguridad de la información. Según el
diplomático, las compañías buscan trabajar sobre redes confiables que
permitan proteger los datos vinculados con sus operaciones. “Las
empresas estadounidenses y del mundo quieren entrar en la Argentina”,
sostuvo Lamelas, aunque remarcó que para hacerlo necesitan tener la
certeza de que la información estará protegida. En contraposición,
destacó el papel de las compañías estadounidenses y aseguró que son
referentes a nivel global en materia de seguridad y transparencia.
También señaló que las empresas de Estados Unidos no utilizan tecnología
crítica proveniente de China. Para reforzar su posición, Lamelas
hizo referencia a las restricciones que existen en Estados Unidos para
determinados equipos de empresas chinas. El embajador planteó que
esas limitaciones no deberían interpretarse únicamente como una cuestión
comercial entre dos potencias, sino también como una consecuencia de
preocupaciones vinculadas con la seguridad. En ese sentido, puso como
ejemplo que en Estados Unidos existen restricciones para la compra y
venta de determinados equipos de origen chino. Durante el encuentro,
Lamelas también destacó el potencial energético de la Argentina y las
oportunidades que, a su entender, puede generar Vaca Muerta. El
representante estadounidense consideró que las reformas impulsadas por
el gobierno de Javier Milei pueden contribuir a generar más empleo y
prosperidad y resaltó el papel que podría tener la formación neuquina en
el escenario energético internacional. Pero al mismo tiempo, el
embajador de EE UU advirtió que el uso de tecnología china en Vaca
Muerta puede complicar las inversiones “El futuro energético va a
mover al mundo durante las próximas tres décadas”, planteó, y sostuvo
que una parte de esa energía puede provenir de Vaca Muerta. Por
último, Lamelas dejó un mensaje dirigido a los sectores políticos y
económicos argentinos y pidió aprovechar el momento para impulsar el
desarrollo de la formación. “Estamos decidiendo hoy el futuro de Vaca
Muerta y de Argentina”, afirmó el embajador, antes de cerrar con una
exhortación: “Por favor, no pierdan esta oportunidad”.
Vaca Muerta quedó en el centro de la pelea Por Ariel Boffelli
El
conflicto entre CALF y Huawei escaló hasta convertirse en una discusión
geopolítica con epicentro en la cuenca neuquina. De AmCham a una cumbre
de cooperativismo. Mientras en la ciudad de Buenos Aires el
embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, hablaba ante empresarios en
el Hotel Alvear sobre inversiones, seguridad y Vaca Muerta,
en Neuquén la conducción de la Cooperativa Provincial de Servicios
Públicos y Comunitarios de Neuquén Limitada (CALF) participaba de un
encuentro que terminó convertido en una demostración del cooperativismo
frente a las presiones externas. El conflicto que Sur
Política reveló días atrás dejó de ser un episodio circunscripto a una
negociación tecnológica. La discusión por el vínculo entre CALF y Huawei
se transformó en una disputa que involucra a Estados Unidos, China, el
gobierno nacional, la diplomacia y, cada vez con mayor claridad, los
intereses estratégicos que ambas potencias tienen sobre la Patagonia y
particularmente sobre Vaca Muerta. El doble juego de Lamelas
El
miércoles 12 de agosto, Lamelas recibió a una delegación de CALF. El
encuentro fue interpretado inicialmente como una oportunidad para bajar
la tensión después de que trascendieran las advertencias de funcionarios
estadounidenses sobre eventuales restricciones de visas para directivos
vinculados con Huawei. La cooperativa había denunciado esas
comunicaciones y trasladado el planteo a la Cancillería argentina. Pero pocas horas después quedó claro que la controversia estaba lejos de cerrarse. El
jueves, durante el encuentro de AmCham en el Hotel Alvear Icon, Lamelas
volvió a colocar a China y Huawei en el centro de su discurso. Frente a
representantes empresariales, sostuvo que la seguridad de los datos
forma parte de la seguridad nacional y cuestionó la utilización de
tecnología china en sectores estratégicos. El embajador vinculó esa
discusión directamente con Vaca Muerta y con la llegada de inversiones.
Su planteo fue que las compañías internacionales necesitan operar sobre
redes consideradas confiables y que la presencia de tecnología china
podría convertirse en un obstáculo para nuevos proyectos. El mensaje
tuvo además un dato político. AmCham prepara para fines de agosto una
actividad en Neuquén, con recorridas por Vaca Muerta y reuniones con
autoridades provinciales, legisladores y empresas. Washington, de esta
manera, no solamente discute sobre tecnología, busca posicionarse sobre
infraestructura, datos, energía y financiamiento que acompañará la
expansión de la principal reserva de hidrocarburos no convencionales del
país. Neuquén y cooperativismo A varios kilómetros de
distancia, el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén ofreció una
postal diferente. Allí, Marcelo Severini, presidente del Consejo
Directivo de CALF, compartió con representantes del movimiento
cooperativo una jornada atravesada por el conflicto de las últimas
semanas. La discusión ya no estaba solamente vinculada con qué
empresa proveerá determinada tecnología, el eje pasó a ser hasta dónde
puede llegar la presión de una potencia extranjera sobre una empresa
argentina y cuál debe ser el margen de autonomía para tomar decisiones
comerciales. La presencia del diputado nacional Pablo Todero agregó
una dimensión al encuentro. Todero fue uno de los actores que trabajó en
la convocatoria a la Comisión del Congreso que deberá abordar el
episodio y sus derivaciones institucionales. Otro de los que se vio muy
activo fue Sergio Fernández Novoa, que entró sonriente al auditorio al
que ya había entrado el jefe de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo. La
declaración del cooperativismo neuquino funcionó como una respuesta a la
creciente presión externa. En una semana en la que la disputa entre
Washington y Beijing se instaló de lleno en Neuquén, la defensa de la
autonomía de las cooperativas adquirió un significado mayor que el de
una discusión empresarial. China volvió a jugar sus cartas
Beijing
tampoco permaneció en silencio. La Embajada de China volvió a responder
públicamente a Lamelas y cuestionó lo que considera una política de
presión contra empresas argentinas que buscan trabajar con compañías
chinas. Image La diplomacia china ya había cuestionado las
advertencias estadounidenses y rechazado lo que considera una
interferencia sobre decisiones comerciales argentinas. Huawei, por su
parte, defendió su trayectoria en el país y negó las acusaciones de
espionaje. Así, la disputa que comenzó con las comunicaciones
dirigidas a CALF terminó escalando hasta convertirse en un capítulo de
la competencia global entre las dos principales potencias económicas. Vaca Muerta, el verdadero tablero
El
dato más importante de esta historia quizás no esté en Huawei, está en
Vaca Muerta. La cuenca neuquina dejó de ser solamente un activo
energético para convertirse en una pieza relevante de la estrategia
internacional. Estados Unidos busca ampliar su presencia en petróleo,
gas, infraestructura, tecnología y financiamiento. China, que durante
años consolidó vínculos comerciales y financieros con Argentina, intenta
preservar ese espacio. Por eso el conflicto CALF-Huawei adquirió una
dimensión inesperada y la discusión sobre tecnología terminó
conectándose con la geopolítica energética. Del Hotel Alvear a
Neuquén, el mensaje quedó expuesto. Washington quiere marcar condiciones
para su participación en la nueva economía argentina. Beijing no está
dispuesto a retirarse del tablero. Y en el medio queda Neuquén, con Vaca
Muerta como principal activo y con una discusión de poder que recién
parece haber comenzado.
Lamelas volvió a apretar al Gobierno para que rompa acuerdos con China
El
embajador estadounidense acusó a la firma Huawei de entregarle datos al
Partido Comunista Chino y aseguró que para que se concreten las
inversiones extranjeras “faltan ciertas condiciones claras”. A pesar
del escándalo que desató el apriete de la embajada de los Estados Unidos
a una cooperativa neuquina para no asociarse con la firma Huawei, el
jefe de la diplomacia norteamericana, Peter Lamelas, volvió a arremeter
en esa misma dirección. Acusó a la tecnológica china de entregarle datos
al gobierno de Pekín y deslizó que si la Argentina quiere crecer en
materia energética y tecnológica, debe asociarse a empresas
estadounidenses. “China exige a sus empresas que le den al Estado
acceso a cualquier dato que pasa por su tecnología y sus redes de IA.
Todo controlado por el Partido Comunista Chino”, cuestionó el embajador e
inmediatamente después lanzó su advertencia: “Esto no vale y tampoco va
a ayudar a atraer inversores extranjeros a Vaca Muerta”. El mensaje
de Lamelas fue arrojado frente a funcionarios de gobierno, empresarios
del Círculo Rojo y representantes de empresas líderes que se dieron cita
en el encuentro que la Cámara de Comercio de los Estados Unidos
(AmCham) en el país organizó en un hotel porteño. Los dichos del
amigo de Donald Trump no fueron al pasar. Aunque no mencionó el tema,
sus palabras tuvieron relación directa con el escándalo que afronta la
Embajada luego de que un empresario de la Cooperativa provincial de
Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén Limitada (CALF) denunciara
públicamente el apriete que el agregado de Asuntos Económicos de la
embajada, Andrew Dilts, contra él para que desista de una alianza con
Huawei. Cuando se reveló el caso, Lamelas confirmó las presiones a
los cooperativistas neuquinos y sostuvo que la decisión no fue una
“intromisión” en la soberanía argentina, sino una medida vinculada
exclusivamente con la seguridad nacional. Pero las palabras
pronunciadas por el embajador en el AmCham Energy Forum 2026 también
surgieron en el marco de la presión que él mismo encabeza contra esa
compañía. Días atrás pidió al gobierno argentino una reunión para
desactivar la alianza con esa firma. Y tras la denuncia del apriete a un
miembro de la CALF, la escalada llegó al punto de que diputados de la
oposición analizaran citar al embajador al Congreso. Sin sonrojarse
por este contexto, Lamelas se paró frente a un atril y dejó clara la
condición de que para que “el gran cambio en la Argentina” se concrete,
“faltan ciertas condiciones claras”. “¿Por qué en Estados Unidos no
se pueden comprar equipos de Huawei? No hay duda de que las empresas
estadounidenses son líderes globales de seguridad y transparencia y no
usan tecnología crítica de china”, argumentó frente al auditorio
presente en el foro empresarial que este año tuvo el lema “La energía en
clave federal”. Luego arengó sobre la “alianza estratégica” entre el
gobierno de Trump y el de Javier Milei, y aseguró que hay empresas “que
quieren entrar en la Argentina”. No obstante, advirtió que esas firmas
necesitan, ante todo, “garantías de que sus datos van a ser protegidos y
estar en niveles de confianza”. “Todo es posible en la Argentina” y
“ustedes son verdaderos protagonistas del gran cambio argentino”, pero
“faltan ciertas condiciones claras”, señaló y exigió “más reformas en
todo el país”. Especialmente “en las provincias que me piden más
inversión de los Estados Unidos y occidente”, agregó. Lamelas dejó
claro que el gobierno estadounidense “no puede obligar a las empresas a
invertir” en la Argentina, pero subrayó que desde la Embajada “estamos
trabajando codo a codo para destrabar todos los financiamientos públicos
y privados”. Prometió que, gracias a las políticas de Javier Milei,
Argentina se va a convertir en “una potencia energética” porque “en los
próximos 30 años, la energía que va a mover el mundo va a venir de Vaca
Muerta”. “Seguimos muy de cerca cada proyecto” y “si necesitan el
respaldo de la Embajada, avísennos; estamos aquí para apoyarlos”, cerró. El
Foro funcionó como un espacio de articulación que congregó a más de 850
asistentes, entre los que figuraron gobernadores, ejecutivos y
funcionarios. Durante el encuentro, la presidenta de AmCham Argentina,
Mariana Schoua, valoró el cambio de escenario: «Somos un exportador neto
de energía, con una economía en crecimiento, una inflación en descenso y
una agenda de reformas que incluyó la firma del Acuerdo de Reciprocidad
para el Comercio y la Inversión con los Estados Unidos». En esa línea,
la ejecutiva remarcó: «Recuperamos credibilidad. Ahora el desafío es
transformarla en desarrollo federal». Para graficar el peso de la
Argentina en el mercado mundial, Schoua detalló que el país «integra el
grupo de productores que contribuyen a sostener el equilibrio del
mercado petrolero» y «forma parte del triángulo del litio». Sin embargo,
la titular de la Cámara advirtió sobre la imperiosa necesidad de no
alterar las reglas del juego. «Uno de los principales riesgos que
enfrentamos es perder continuidad», alertó, y exigió: «La estabilidad
macroeconómica, el equilibrio fiscal, la previsibilidad regulatoria y la
seguridad jurídica necesitan sostenerse». El CEO de AmCham,
Alejandro Díaz, se acopló a la demanda de un entorno de negocios
confiable. «Sabemos que no alcanza con tener los recursos; por eso,
desde la Cámara seguimos construyendo espacios de diálogo entre el
sector público y privado para promover una agenda de desarrollo, mayor
competitividad y reglas estables que fomenten la inversión», enfatizó.
Díaz subrayó que «la energía, junto con la minería, puede darnos el
impulso definitivo para construir la Argentina que todos deseamos».
SOLIDARIDAD DE LA UNCo POR LAS PRESIONES DE LA EMBAJADA DE EE UU
Las
autoridades de la Universidad Nacional del Comahue expresaron su
solidaridad con la conducción de la cooperativa CALF ante la
“injustificada e inaceptable intromisión de una potencia extranjera en
las decisiones autónomas” de la institución. En un pronunciamiento
que lleva las firmas del rector Christian Lopes y la vicerrectora Lorena
Higuera, la UNCo recuerda que ambas instituciones mantienen vínculos
sólidos, entre otros se destaca la sociedad en radio Universidad CALF
que data de 1987. También se pone de manifiesto el permanente respaldo
de la cooperativa al sostenimiento de la educación pública. La carta
de apoyo se entregó en el contexto del encuentro de cooperativas
organizado por CALF en la sede del Museo Nacional de Bellas Artes, en la
ciudad de Neuquén, para debatir sobre la autonomía de las entidades
intermedias.
El vínculo de China con el desarrollo productivo argentino y sus recursos naturales
Gonzalo
Fiore Viani es relacionista internacional y analista político. En sus
tesis doctoral y postdoctoral de Conicet estudia el vínculo de China con
el desarrollo productivo argentino y sus recursos naturales. Esto lo
llevó a ser invitado a Beijing para participar, junto a mandatarios de
gobiernos locales argentinos, de un foro de académicos y políticos.
Perfil Córdoba dialogó con él sobre su experiencia y el análisis del rol
de China en la política y la economía global.
—¿Cuál es el
interés que ves en China de esta profundización en los vínculos no tanto
con el Estado nacional, sino con los Estados subnacionales?
—Hay
una oportunidad. Es el primero o segundo socio comercial de
prácticamente todas las provincias argentinas, de Córdoba es el segundo,
a veces el primero. Hay una oportunidad grande en lo económico. Acá
hubo también un desembarco en cosas concretas que se ven en la diaria,
desde los bazares chinos hasta autos que hace 2 años no veías en la
calle. Y después hay un interés grande en el sector agropecuario, por
todo lo que tiene que ver con biocombustibles, maquinaria agrícola, que
va más allá de los productos primarios. Después tenés el litio en el
norte del país. La mayoría de las empresas que trabajan el litio son
chinas. En el sur está el interés por el petróleo.
—¿Y por qué creés que no es a nivel nacional, sino que van hacia los gobiernos locales?
—Creo
que en la coyuntura actual, el Gobierno nacional se ha alineado 100%
con Estados Unidos y ha subordinado la política exterior, directamente.
Entonces, a las provincias no les ha quedado otra más que salir a buscar
las inversiones y fortalecer el comercio de manera independiente. Más
allá de que las provincias argentinas no puedan hacer política exterior,
eso es una facultad del Estado nacional, pero en los hechos lo hacen
porque no les queda otra. Y se da otra cosa paradójica ahí, porque
cuando estuve en China, muchos me decían: “Milei no nos quiere, pero a
su vez, abre las importaciones y eso nos favorece”. Entonces, a los
chinos, mientras les dejes entrar con sus productos, no tienen grandes
problemas. Los negocios y las cosas más concretas las hacen con los
estados provinciales.
—Hablás de que Beijing refleja lo que vendrá; entonces ¿cuánto creés que hay de Beijing en el siglo XXI global?
—Creo
que en principio, digo Beijing, puedo decir China en general, el
capitalismo de vigilancia, el estado de vigilancia, las cámaras en todos
lados, algoritmos que manejan todo, creo que es un poco un reflejo de
lo que ya estamos empezando a vivir y quizás se va a profundizar con el
tiempo y con las propias características de cada sociedad, pero me
parece que eso es una parte negativa. No sé qué otras cosas pueden ser
exportables hacia el resto del mundo, lo interesante es que también hay
que aclarar que los chinos no quieren, o por lo menos no buscan
abiertamente, imponer su sistema hacia afuera. Lo que sí vengo viendo es
que, por ejemplo, Trump en Estados Unidos quiere imponer una vigilancia
estatal lo más grande y efectiva posible y creo que se inspira bastante
en los chinos, en un control general, de las empresas, de la gente, de
la sociedad en su conjunto. No porque los chinos se lo impongan, sino
porque Trump ve que funciona, y está tratando de hacer una “copia” en
Occidente. Por ese lado, China prefigura un poco el resto del mundo,
obviamente con muchos matices.
FUENTES: Pagina 12, Resumen Latinoamericano, Sur Política, Perfil"
"El expresidente Juan Orlando Hernández, el narcotraficante convicto indultado por el presidente Donald Trump el pasado diciembre, regresó triunfalmente a Honduras el domingo con toda su ambiciosa gloria. Bajó de un avión privado con una camisa blanca impecable, luciendo limpio como la nieve recién caída, muy lejos de las esposas que llevaba la última vez que pisó suelo hondureño.
El regreso de Hernández, tan asombroso como escalofriante, subraya la capacidad de Trump para usar su poder de indulto para socavar el estado de derecho tanto en el país como en el extranjero, interviniendo en una nación soberana para empujarla aún más hacia la derecha y asestar otro golpe en el largo historial de destructiva intervención estadounidense en Honduras. El uso de un indulto presidencial por parte de Trump para empoderar a las fuerzas de la codicia y la represión en Honduras es completamente inédito. Pero es solo una herramienta más en el arsenal imperial.
El dominio de Estados Unidos sobre Honduras se remonta a mucho tiempo atrás, desde las décadas de apoyo a las compañías bananeras hasta su uso como base militar durante la guerra de la Contra en la década de 1980, cuando el país era conocido como el "USS Honduras". En 2009, Washington apoyó un golpe militar que depuso al presidente elegido democráticamente, Manuel Zelaya. El régimen posterior al golpe, con el respaldo de EE. UU., causó estragos en la economía hondureña y su sistema judicial, dando paso a una corrupción desenfrenada por parte de los dos partidos tradicionales gobernantes, los narcotraficantes, el crimen organizado y pandillas cada vez más poderosas, todo ello entretejido con la policía y los militares.
Juan Orlando Hernández (JOH, como se le conoce) no es solo un narcotraficante documentado. Su historial delictivo es mucho más amplio. Apoyó el golpe de 2009 cuando era miembro del Congreso; mientras fue Presidente del Congreso, lideró el "Golpe Técnico" de 2012 que destituyó a la mayoría de la Corte Suprema. Él y su partido robaron hasta 300 millones de dólares del servicio nacional de salud, dejándolo en bancarrota, para financiar su primera elección como presidente en 2013. Cuatro años después, se presentó a la reelección violando la constitución, robó las elecciones cuando perdió y luego desplegó a la policía y los militares contra manifestantes pacíficos y transeúntes, matando al menos a 20 de ellos.
Durante todos estos años, los presidentes Obama, Biden y Trump apoyaron al régimen posterior al golpe y a Hernández, a pesar de la fuerte presión del Congreso y de la sociedad civil para suspender la ayuda en materia de seguridad ante las atrocidades contra los derechos humanos. Sin embargo, entre bastidores, fiscales federales independientes del Distrito Sur de Nueva York construyeron un sólido caso contra el presidente hondureño.
En enero de 2022, Xiomara Castro, esposa de Zelaya, asumió la presidencia en un triunfo arrollador del partido de centro-izquierda opositor, LIBRE, surgido de la oposición al golpe de 2009. Poco más de dos semanas después, EE. UU. extraditó a Hernández a Nueva York.
Durante el espectacular juicio de Hernández en marzo de 2024, escuché cómo testigo tras testigo declaraba que había trabajado con los líderes de los cárteles más importantes, aceptado millones en sobornos a cambio de la libre circulación de drogas y armas, e incluso ordenado un asesinato. Su famosa promesa fue "meter las drogas por las narices a los gringos". Hernández fue declarado culpable de traficar con más de 400 toneladas de cocaína y tráfico de armas, y condenado a 45 años de prisión.
Pero, sorprendentemente, el 2 de diciembre de 2025, dos días antes de las siguientes elecciones hondureñas, el presidente Trump indultó a Hernández, supuestamente a instancias de su amigo de larga data Roger Stone. Trump dejó claro que lo hacía en parte para inclinar las elecciones hacia Nasry Asfura, el candidato de extrema derecha del desacreditado Partido Nacional de Hernández. Alegando que las autoridades intentaban robar las elecciones, Trump amenazó con que habría "un infierno que pagar" si Asfura no ganaba. Temerosos de que Trump cortara las remesas que representan hasta un tercio de la economía del país, miles de hondureños cambiaron supuestamente su voto a Asfura.
El presidente Asfura es un líder débil; no es amigo de Hernández. Pero JOH, según un ex alto funcionario hondureño, ha estado dirigiendo el espectáculo del Partido Nacional desde que fue encarcelado. Su principal secuaz, Tomás Zambrano, es ahora presidente del Congreso y, una vez instalado, usó inmediatamente sus poderes para destituir al fiscal general independiente del país y al presidente de la Corte Suprema, allanando el camino para que JOH eludiera los cargos de corrupción interna. La Corte, bajo su nuevo presidente, ya ha dictaminado que no se cumplirá la orden de arresto vigente. Hernández dice que se presentará ante el tribunal para defender su inocencia el 3 de agosto.
Hernández orquestó cuidadosamente su regreso, con una pequeña ayuda de la administración Trump. Como ha documentado ProPublica, cuando fue indultado, todavía existía una orden de detención del ICE. Órdenes desde arriba la levantaron rápidamente, y entonces fue trasladado desde su prisión en Virginia Occidental por un equipo táctico especial financiado por el gobierno de EE. UU. al Hotel Waldorf Astoria en Manhattan, una violación flagrante del precedente, y para horror de los altos funcionarios de la Oficina de Prisiones.
Hernández pasó los meses posteriores a su liberación aparentemente merodeando por Florida. Publicó constantes fotos sentidas y vídeos encantadores (a veces en la playa), declarando su inocencia, su amor por Dios y su familia, y su determinación de regresar a su amado país. Comentaba los asuntos públicos como si fuera un augusto estadista veterano, no un delincuente convicto. Mientras tanto, Roger Stone tuiteaba elaboradas defensas, insistiendo en que Biden había incriminado a JOH, que los testigos mentían y que el juez y los fiscales del SDNY eran parciales.
Hernández está ahora invirtiendo el guión para presentar su próxima audiencia por cargos de corrupción como una prueba del estado de derecho, en la que él es víctima de la corrupción, no el perpetrador. El jefe de las fuerzas armadas ya ha anunciado que Hernández estará protegido por una unidad especial de élite del ejército y la policía.
En Honduras se entiende ampliamente que Hernández aspira a ser presidente nuevamente. Pase lo que pase, el impacto destructivo del indulto de Trump ya es claro y solo se intensificará. El estado de derecho se ha desgarrado aún más, y el Partido Nacional de Hernández, que había sido casi completamente desacreditado por los cargos de narcotráfico, ahora gobierna sin control, en alianza con el Partido Liberal, que ha cedido ante él.
Mientras tanto, la coalición opositora que surgió con tanta fuerza de la resistencia al golpe de 2009, e incluso aseguró la presidencia durante cuatro años, está débil y en desorden. Los periodistas corren peligro cada vez que hablan; LIBRE ha perdido gran parte de su base; y los movimientos de base de pueblos indígenas y campesinos siguen siendo reprimidos, ya que las leyes recién promulgadas criminalizan a los defensores de la tierra como "terroristas" y legalizan el desalojo de campesinos. El 26 de mayo, 20 campesinos del Valle de Aguan fueron masacrados por sicarios que supuestamente actuaban en nombre de grandes terratenientes, narcotraficantes y otras élites.
Mientras tanto, en Washington, poderosas voces del Congreso siguen presionando contra el indulto, especialmente la enorme contradicción entre este y el uso que hace Trump de la retórica de la guerra contra las drogas para atacar ilegalmente decenas de embarcaciones en el Pacífico y el Caribe, invadir Venezuela y secuestrar a su presidente por presunto narcotráfico, y amenazar cada vez más con una intervención armada contra Cuba y México. "¿Por qué el Presidente de los Estados Unidos indultaría a alguien a quien usted condenó y describió como involucrado en actividades violentas y permitiendo que toneladas de cocaína ingresaran a los Estados Unidos?", preguntó el senador Jack Reed (D-R.I.) en la audiencia de confirmación del 15 de julio de Jay Clayton como Director de Inteligencia Nacional.
El domingo, miles de hondureños se presentaron en un mitin para vitorear a Hernández a su regreso, mientras bailaba en el escenario con su esposa, también de camisa blanca. Pero si los patrones del pasado se repiten, los asistentes fueron transportados a cambio de dos dólares y un sándwich; incluso se podían ver los autobuses alineados detrás de la multitud. Bajo toda esa imaginería limpia y feliz, Hernández y su partido siguen siendo podridos hasta la médula, apuntalados, como siempre, por Estados Unidos y los brazos, el intercambio de inteligencia, el entrenamiento y la legitimidad que este proporciona."
"QUITO, Ecuador—Alexandra Bravo, la fiscal encargada de
investigar los ataques de EE. UU. contra tres embarcaciones ecuatorianas
y los relatos de tortura y secuestro de los 36 sobrevivientes, fue
asesinada a tiros en la ciudad costera de Manta el mes pasado. Según la
policía, el 14 de junio un sicario a bordo de una motocicleta negra
disparó contra Bravo cuando ella y su hermana salían de una cafetería
alrededor de las 11 de la mañana. La hermana de Bravo, quien se lanzó a
protegerla, también murió en el ataque.
Al llegar a
la escena del crimen, los agentes dicen que encontraron cinco casquillos
de 9 mm y al chofer de Bravo herido, pero ningún rastro de la escolta
policial que había sido asignada para protegerla. La Policía Nacional,
que opera íntegramente bajo el poder ejecutivo, ha iniciado una
investigación para determinar si hubo una falla de seguridad interna.
Bravo es la vigésimo sexta miembro del sistema judicial de Ecuador asesinada desde 2020 y la segunda persona que investigaba delitos de Estado asesinada esa semana.
Además de su asignación habitual de casos de homicidio y crimen
organizado, Bravo había estado trabajando en los casos Fiorella, Negra
Francisca Duarte II y Don Maca —una serie de ataques con drones contra embarcaciones pesqueras civiles que Drop Site dio a conocer en abril.
Dos de los tripulantes de las embarcaciones regresaron a casa y
denunciaron haber sido secuestrados, vendados y privados de alimentos
durante ocho días por hombres armados estadounidenses, vestidos con
uniformes militares de EE. UU. a bordo de un barco patrullero con
bandera estadounidense, antes de ser abandonados en El Salvador.
El
Comité de las Naciones Unidas Contra las Desaparición Forzada respaldó
los llamados para que se realice una investigación, exigiendo que
Estados Unidos proporcione información sobre el paradero de los ocho
hombres que aún se encuentran desaparecidos y sobre cualquier
implicación en el asunto a más tardar el 27 de abril. Hasta la fecha,
Estados Unidos no ha respondido.
Bajo el mandato del presidente de derecha de Ecuador, Daniel Noboa —un multimillonario nacido en Miami a quien a menudo se describe como un “dictador respaldado por Estados Unidos”—el
país se ha convertido en un campo de experimentacion importante para la
Operación Southern Spear, la campaña de bombardeos extrajudiciales de
Washington que supuestamente tiene como objetivo a los
“narco-terroristas” y que ha causado la muerte de 221 personas hasta la
fecha. No hay evidencia de que muchas de las víctimas, incluidas las de
la investigación de Bravo, se hubieran dedicado al tráfico de drogas.
“No
puedo sugerir que haya sido un asesinato político, pero evidentemente,
cuando matan a un fiscal es por la investigación que está llevando a
cabo”, declaró a Drop Site Fernando Bastías, un reconocido abogado de
derechos humanos de la CDH de Ecuador y miembro de la Organización
Mundial contra la Tortura, con sede en Ginebra, “Eso es algo que hemos
aprendido de nuestra experiencia en Ecuador”.
Una
fuente dentro del departamento de policía de Manta, que conocía
personalmente a Bravo, le dijo a Drop Site News que la fiscal
ecuatoriana estaba bajo presión de sus superiores en la Fiscalía General
para que tratara los ataques de EE. UU. exclusivamente como “casos de
desaparición”. La fuente, que pidió permanecer en el anonimato por temor
a represalias, dijo que a Bravo le ordenaron cerrar todas las líneas de
investigación después de que se encontraran a 36 de los 44 hombres
desaparecidos —a pesar de que llegaron con lesiones graves, entre ellas
una pérdida de visión del 70 % y pies desgarrados hasta dejar al
descubierto la carne y los huesos, lo cual los expertos médicos
consideraron consistente con sus relatos de explosiones y tortura.
La
investigadora principal de Human Rights Watch quien entrevistó a Bravo
como parte de su investigación sobre las tres embarcaciones, recordó de
manera similar que Bravo enfrentó “desafíos internos dentro de la propia
institución para avanzar en la investigación”. La investigadora señaló
que la fiscal solicitó repetidamente la cooperación de otras entidades a
cargo del rescate del barco, incluida la Capitanía del Puerto de Manta,
pero “ninguna respondió a sus solicitudes de información”. Durante el
bombardeo de La Negra Francisca, Darwin Pico-Flores, un testigo ocular a
bordo de una embarcación cercana, le dijo a Drop Site que llamó a la
Capitanía del Puerto de Manta para solicitar asistencia de emergencia.
Nadie acudió. En abril, como parte de su primera investigación sobre el
incidente, Drop Site llamó al puerto en busca de comentarios. Los
funcionarios colgaron el teléfono al enterarse de que la llamada era de
periodistas.
La investigadora dijo a Drop Site que
Bravo, en su última reunión el 8 de mayo, le dijo que “aún se encontraba
en las etapas iniciales de la indagación y la investigación”. Bastías
dijo que Bravo “estaba investigando a un país [Estados Unidos] que ha
sido presentado en los medios como un aliado contra el crimen. Esa
investigación no ha avanzado en absoluto, y eso se debe a la intención
de evitar meterse en líos o problemas con nadie”. La fuente dentro del
Departamento de Policía de Manta dijo que Bravo, debido a la falta de
cooperación de otras agencias estatales, había pedido consejo sobre cómo
buscar nuevas fuentes de evidencia.
En los días
previos a su muerte, Bravo fue reasignada a la Fiscalía General en
Montecristi, un municipio vecino. Consecuentemente, ella fue reasignada a
otros casos y ya no estaba a cargo de investigar los tres ataques a las
embarcaciones. Drop Site se comunicó con varios representantes de la
Fiscalía General para solicitar comentarios sobre por qué se había
reasignado a Bravo, pero no recibió respuesta. Drop Site intentó
comunicarse con el sustituto de Bravo para obtener comentarios, pero se
le había ordenado explícitamente que no hablara con la prensa. Tras
varias semanas de intentos por obtener una respuesta de la Fiscalía
General del Estado, la institución respondió a Drop Site que la
investigación se encuentra bajo reserva y que no podía pronunciarse
sobre las razones del traslado de Bravo.
Dentro del régimen militar ecuatoriano respaldado por Estados Unidos, la Fiscalía General se ha convertido en una institución cada vez más opaca y politizada.
“Ya es un gran obstáculo para que los fiscales investiguen a los
agentes estatales locales. Ahora imagínese a los agentes estatales
internacionales”, dijo Bastías. “El Poder Ejecutivo ha implementado una
serie de marcos legales que dejan en impunidad a estos agentes estatales
extranjeros.”, agregó, refiriéndose a la inmunidad diplomática otorgada
a todo militar estadounidense y al personal del Departamento de Defensa
a través de los 22 decretos de ley marcial del presidente Noboa.
El
Pentágono, la Guardia Costera y el Comando Sur de EE.UU. han negado
tener conocimiento o responsabilidad alguna sobre los incidentes con las
embarcaciones. Después de que Drop Site publicó pruebas fotográficas
del bombardeo de La Negra Francisca, los
legisladores estadounidenses interrogaron al secretario de Guerra de
EE. UU., Pete Hegseth, durante una audiencia en el Congreso. El 13 de junio, el día antes del asesinato de Bravo, los diputados Joaquín Castro (D-Texas) y Bill Keating (D-Mass.) publicaron una carta dirigida a Hegseth, al secretario de Estado Marco Rubio y al jefe de la Guardia Costera de EE. UU., Kevin Lunday, en la que exigían una auditoría completa de la participación del gobierno de EE. UU. en los ataques.
A pesar de que el plazo venció el 10 de julio, ninguna de las agencias
ha emitido una respuesta pública. La secretaria de prensa de Keating,
Lauren McDermott, le dijo a Drop Site que su oficina había recibido una
respuesta de la oficina de Rubio, pero ninguna del Departamento de
Guerra ni de la Guardia Costera. No reveló el contenido de la respuesta.
Los
sobrevivientes que regresaron a casa, tanto como las familias de los
que no, aún no han recibido ninguna respuesta. Le dijeron a Drop Site
que “las autoridades nos cerraron la puerta en la cara”. María, la
esposa de uno de los pescadores, le contó a Drop Site que su suegra
murió esperando el regreso de su hijo, y que sufría de una depresión
grave y dejó de comer en las semanas previas a su muerte.
A
pesar de los esfuerzos de ambos gobiernos por obstaculizar la
investigación, siguen surgiendo pruebas que respaldan los testimonios de
los pescadores sobre los secuestros, ataques aéreos y tortura. Drop
Site obtuvo un video exclusivo de la actividad de la Guardia Costera de
EE. UU. en las inmediaciones del bombardeo de La Negra Francisca,
inteligencia de fuentes abiertas que corrobora los testimonios de La
Negra Francisca, y entrevistas policiales con testigos presenciales que
confirman la presencia de EE. UU. alegada por los sobrevivientes y
documentada por Drop Site. Con la ayuda de Tomi McCluskey, analista de
OSINT de Airwars y exmiembro del Cuerpo de Marineros de EE. UU., Drop
Site tuvo acceso a imágenes térmicas adicionales de la NASA que
corroboran el bombardeo del “Negra Francisca”, así como a datos de
rastreo de embarcaciones que sitúan la actividad de la Guardia Costera
de EE. UU. a lo largo de la ruta por la que, según los pescadores,
fueron llevados tras el ataque.
Lawfare político bajo el régimen militar ecuatoriano respaldado por Estados Unidos
Noboa, quien gobierna mediante toques de queda militares y el hambre masiva de los presos políticos,
ha hecho todo lo posible por convertirse en el aliado más fuerte de
Trump en Sudamérica. Desde que asumió la presidencia, ha hecho caso
omiso de la prohibición constitucional de Ecuador sobre la presencia
militar estadounidense—ratificada por el 60% de los votantes en
noviembre de 2025— que se introdujo originalmente hace casi 20 años
precisamente debido a un historial de hundimientos de embarcaciones por
parte del ejército estadounidense frente a la costa de Manta. Además,
su administración autorizó la primera oficina del FBI en territorio
ecuatoriano, apoyó una iniciativa de la embajada de EE. UU. para incriminar falsamente a miembros del gobierno de izquierda de Colombia antes de las elecciones y colaboró con EE. UU. en el bombardeo
de trabajadores agrícolas civiles inocentes a lo largo de la frontera
entre Colombia y Ecuador—todo ello en nombre de la lucha contra el
narcotráfico.
Cabe destacar que se descubrieron embarcaciones de la empresa exportadora de la familia
de Noboa traficando con €26 millones de libras esterlinas en cocaína
—un detalle que no ha disuadido al Departamento de Estado de nombrarlo
socio clave en la Guerra contra las Drogas de Trump—. El mes pasado, The
Guardian informó que un denunciante que investigaba los vínculos de Noboa con el narcotráfico fue asesinado.
Aun
así, Noboa sigue siendo miembro de pleno derecho del “Escudo de las
Américas” de Trump. La Coalición de las Américas contra los Cárteles,
como también se conoce al Escudo, funciona como una alianza tanto
militar como altamente política, y ha intervenido abiertamente para
respaldar los intereses de Estados Unidos en Bolivia mientras el
presidente Rodrigo Paz se enfrentaba a un paro nacional contra la
austeridad.
Que un fiscal local acuse a las fuerzas
estadounidenses de bombardeos extrajudiciales y tortura de civiles
ecuatorianos socavaría la alianza y dañaría las relaciones entre Ecuador
y Estados Unidos.
Otros funcionarios públicos que
han estado investigando la presunta colusión delictiva entre Estados
Unidos y Ecuador también han recibido amenazas de muerte. Mónica
Palacios, asambleísta para los ecuatorianos radicados en Estados Unidos,
quien declaró que llevaría el caso de La Fiorella ante las Naciones
Unidas, enfrentó meses de lawfare
político tras destapar un escándalo de corrupción presuntamente cometida
por una empresa estadounidense y el Estado ecuatoriano. El pasado
viernes, Palacios denunció haber recibido amenazas de muerte contra ella y su hijo de un año,
junto con imágenes del exterior de su vivienda en Nueva York. La
legisladora responsabilizó directamente al presidente Daniel Noboa y
sostuvo que las amenazas fueron una represalia por su investigación
sobre el peculado.
“Existe una persecución directa
contra jueces y fiscales que, en el marco de sus funciones, toman
decisiones que no se alinean totalmente con lo que quiere el Poder
Ejecutivo y terminan siendo sancionados”, dijo Bastías, el abogado de
derechos humanos. “Por otro lado, también existe el riesgo que viene del
contexto de criminalidad”. De todos modos, afirmó, la muerte de Bravo
“tiene mucho que ver con lo que hace o no hace el Estado, porque hasta
ahora no ha habido mecanismos de seguridad efectivos para los
funcionarios del sistema judicial. Eso genera una responsabilidad
automática del Estado. Eso es indiscutible.”
Diego Vintimilla Jarrín, exdiputado de la Asamblea Nacional de Ecuador y actual portavoz del Partido Comunista de Ecuador, se expresó
de manera similar a Drop Site: “El gobierno de Noboa es la agenda más
anti soberana que hemos tenido desde el inicio de la democracia. No
tengo pruebas de quién asesinó a la fiscal, pero el hecho de que ella
estuviera investigando ciertos elementos y que estos luego dejaran de
parecer importantes también dice mucho sobre los problemas subyacentes”.
Surgen nuevas pruebas que implican a EE. UU.
The Negra Francisca
Estados
Unidos sostiene que nunca interactuó con ninguna de las tres
embarcaciones. Un portavoz de la Guardia Costera de EE. UU. declaró a
The Guardian que la única participación de la agencia en los hechos fue
el despliegue del USCGC Bertholf en una misión de búsqueda y rescate
tras recibir una alerta MAYDAY de que la Negra Francisca estaba en
llamas, y que finalmente no encontró nada.
Sin
embargo, los datos de rastreo de los movimientos del Bertholf,
proporcionados en exclusiva a Drop Site por McCluskey, sitúan al buque
cerca de la Negra Francisca en el momento del bombardeo antes de que
este apagara su señal —sólo para reaparecer frente a la costa de Costa
Rica en las mismas fechas en que la tripulación de la Negra Francisca
fue llevada a aguas centroamericanas y transferida al Comando Naval de
El Salvador, con extremidades destrozadas y quemaduras graves a causa
del ataque. Hernán Flores, capitán de la Negra Francisca, le dijo a Drop
Site que los oficiales salvadoreños le informaron específicamente que
“personal estadounidense había llamado para coordinar el traspaso”.
La
Guardia Costera Estadounidense negó haber coordinado el traspaso. “La
Guardia Costera no desempeñó ningún papel en el traslado de los
pescadores de La Negra Francisca Duarte II”, afirmó un portavoz.
El USCGC
Bertholf partió de la base militar de Galápagos a las 4 p. m. del 16 de
marzo y dejó de transmitir su ubicación poco después. Un día más tarde,
La Negra Francisca fue bombardeada a 170 millas de distancia —una
distancia que normalmente se recorre en barco en entre 3 a 10 horas.
Drop Site solicitó a la Guardia Costera de EE. UU. que diera cuenta de
la actividad del buque patrullero después de que su señal se
interrumpiera. La Guardia Costera respondió que “no divulga los
movimientos de los buques patrulleros durante las misiones de aplicación
de la ley por razones de seguridad operativa”.
A la
1:02 p. m. del 17 de marzo, el sistema FIRMS de la NASA registró una
anomalía térmica compatible con un incendio provocado por explosivos, lo
cual corrobora la hora y el lugar en que los pescadores de la Negra
Francisca le dijeron a Drop Site que su barco fue incendiado por ataques
de múltiples drones. La tripulación afirma que luego fueron capturados a
punta de arma por hombres de cabello rubio que hablaban inglés y
vestían uniformes de faena de color caqui con parches de la bandera
estadounidense cosidos en las mangas; sus descripciones coinciden con
los uniformes que aparecen en los comunicados de prensa del Comando Sur
de EE. UU. A bordo del buque patrullero con bandera estadounidense, los
hombres armados presuntamente los mantuvieron como rehenes, hundieron su
barco ya bombardeado, les colocaron capuchas en la cabeza, golpearon a
algunos de los pescadores y les negaron comida durante ocho días
mientras los transportaban a Centroamérica.
La
señal del USCGC Bertholf reapareció en aguas costarricenses el 22 de
marzo cerca del puerto de Golfito, a aproximadamente 450 millas náuticas
de las aguas de El Salvador. Apagó su transpondedor y no lo reactivó
hasta el 24 de marzo, 24 horas después de que la Guardia Costera de El
Salvador anunciara públicamente que tenía bajo su custodia a los
pescadores de La Negra Francisca.
Como parte de
nuestra primera investigación, Drop Site se puso en contacto con 11
funcionarios del gobierno de El Salvador. Todos se negaron a hablar
oficialmente, alegando una orden de silencio de su gobierno.
Existen
precedentes de que el Bertholf ha participado en la transferencias de
víctimas de ataques aéreos de EE. UU. a las autoridades centroamericanas
alrededor del mismo período; medios costarricenses informaron que el
Bertholf entregó los restos de dos fallecidos y un sobreviviente herido
en el puerto de Golfito, en Costa Rica. El inspector náutico de Costa
Rica, Wilber Urroz Guido, dijo que no tenía información sobre los
movimientos del buque, pero que este estaba autorizado a actuar en
virtud de un memorándum de entendimiento entre Estados Unidos y Costa
Rica —similar a los acuerdos que Estados Unidos mantiene con Ecuador y
El Salvador.
Los testimonios de testigos presenciales
también ponen en duda la versión de los hechos de la Guardia Costera de
EE. UU. Un video compartido en exclusiva con Drop Site por Darwin
Pico-Flores, testigo presencial del ataque y sobrino del capitán de la
Negra Francisca, muestra a una lancha patrullera de la Guardia Costera
de EE. UU. patrullando las aguas donde ocurrió el bombardeo.
Darwin
dijo que el 17 de marzo estaba pescando en las cercanías, a bordo de su
barco, el Solavil, cuando vio humo elevándose en la distancia alrededor
de las 2 p. m. Mientras intentaba repetidamente comunicarse por radio
con la tripulación de La Negra Francisca, vio una aeronave
estadounidense sobrevolando la zona en círculos. No fue sino hasta horas
más tarde que se enteró por una señal de radio de que La Negra
Francisca estaba en llamas y se apresuró a dirigirse al lugar, donde
encontró el barco consumido por el fuego y sin rastros de
sobrevivientes.
Recuperó dos botes de emergencia
carbonizados, tomó fotos como evidencia del incendio y luego llamó al
Puerto de Manta para pedir ayuda. Nadie acudió.
Darwin
decidió emprender el regreso al puerto para buscar ayuda de emergencia
y, justo cuando se alejaba del lugar del incendio, unas luces rojas y
verdes se posaron sobre la Negra Francisca. Temiendo por su seguridad,
alejó su embarcación del lugar.
A
la tarde siguiente, Darwin le contó a Drop Site que su barco fue
abordado por la Guardia Costera de EE. UU., la cual detuvo e interrogó a
la tripulación durante casi 12 horas a través de un traductor de
español con acento puertorriqueño. Dijo que el personal de la Guardia
Costera confirmó que las luces rojas y verdes eran de su patrulla y
reconoció haber llegado al lugar donde se encontraba la Negra Francisca la
noche anterior, pero se negó a dar más detalles sobre lo que habían
encontrado. En cambio, interrogaron a los pescadores sobre si habían
visto algo y por qué Darwin había rescatado las lanchas.
Después
de decirles a los oficiales de la Guardia Costera que la Negra
Francisca era el barco de su tío, Darwin dice que de repente dejaron de
interrogarlo y comenzaron a comunicarse por radio en inglés con sus
colegas a bordo del guardacostas cercano que se ve en el video. “Como
éramos los únicos que lo habíamos visto todo, temíamos que nos hicieran
algo”, dijo Darwin. Sintió que la Guardia Costera de EE. UU. mostró poco
interés en ayudarlo a localizar a su familia y, en cambio, parecía más
enfocada en “asegurarse de que no fuéramos testigos de nada”.
McCluskey
afirma que la táctica de múltiples drones —descrita por las tres
embarcaciones— refleja una doctrina estadounidense. Argumenta que es
poco probable que otras potencias regionales, desde países vecinos hasta
grupos del crimen organizado, cuenten con el presupuesto o el acceso a
dicha tecnología. No se conoce ningún precedente de que los cárteles
utilicen drones de vigilancia tipo “ojo en el cielo” en la alta mar,
aunque la Guardia Costera también ha negado operar drones armados en
aguas ecuatorianas.
Además, la decisión de mantener
con vida a los sobrevivientes —a pesar de que esto implicara testimonios
de tortura— y los esfuerzos y gastos para transportarlos, refleja mucho
más un protocolo del Departamento de Defensa —diseñado para evitar
ramificaciones legales internacionales— que lo que cualquier grupo del
crimen organizado se molestaría en practicar. “Si hubieran sido los
cárteles, nunca los hubieras encontrado”, dijo McCluskey. “No habría
sobrevivientes con quienes hablar, no habría historias.”
The Fiorella
La
Fiorella fue atacada frente a la costa de las Galápagos el 20 de enero;
los ocho pescadores a bordo siguen desaparecidos. El día antes de que
el barco desapareciera, la esposa del capitán recibió una llamada de su
esposo a través de una línea de emergencia, en la que le advertía que
había aeronaves estadounidenses sobrevolando la zona.
Drop
Site obtuvo las transcripciones de las entrevistas policiales a dos
testigos presenciales, Christian Flores y Dimas Ignacio Álvarez, quienes
confirmaron haber visto La Fiorella envuelta en humo y rodeada por
unidades estadounidenses. Los dos hombres formaban parte de la
tripulación de La Fiorella, pero llevaban varias horas fuera del barco
colocando un palangre en una balsa cercana cuando la embarcación se
incendió.
En sus declaraciones a la policía, Flores y
Álvarez describieron dos aeronaves estadounidenses sobrevolando La
Fiorella el 18 de enero; múltiples drones grises estadounidenses y un
barco patrullero con bandera de EE. UU. rodeando la embarcación el 19 y
el 20 de enero —el día en que desaparecieron sus compañeros de
tripulación—, el gran buque patrullero de bandera estadounidense cerca
del humo. Desde la distancia, no pudieron distinguir al personal a bordo
del buque, pero sus relatos coinciden con los de la tripulación de la
Negra Francisca, quienes afirmaron que fueron tomados como rehenes por
estadounidenses armados a bordo de un buque patrullero de bandera
estadounidense. Las descripciones de los testigos también coinciden con
las aeronaves y el equipo que aparecen en publicaciones del Comando Sur
de EE. UU.
Transcripciones de las entrevistas policiales con los testigos presenciales, obtenidas en exclusiva por Drop Site News.
Tras
avistar el humo, los dos pescadores dijeron que escucharon a sus
compañeros de tripulación llamando al capitán por radio en señal de
socorro. Nunca más se los volvió a ver.
El abogado
que representa a los dos sobrevivientes de la “Fiorella”, Juan Ávila, le
dijo a Drop Site que la fiscal asesinada, Alexandra Bravo, era su
sobrina.
La Guardia Costera le dijo a Drop Site que “no tiene registro de haber estado involucrada con La Fiorella”.
En la nación más violenta del Occidente, Bravo no es una excepción
La
ausencia de una escolta policial asignada cuando Bravo fue asesinada
presenta similitudes con el asesinato del candidato presidencial
favorito Fernando Villavicencio en 2023. Una comisión del Congreso
determinó que la escolta policial de Villavicencio era insuficiente, que
había sido escoltado de manera poco convencional a través de una salida
expuesta a nivel de la calle, contrariamente al protocolo estándar, y
que el vehículo blindado designado para proteger a Villavicencio durante
la campaña electoral había sido dejado por su equipo de seguridad en
Guayaquil ese mismo día. Estas fallas lo hicieron particularmente
vulnerable cuando los agresores se le acercaron y le dispararon en la
acera mientras salía de una reunión con otros funcionarios del gobierno.
La
muerte de Villavicencio preparó el camino para que la campaña del ahora
presidente Daniel Noboa —que en las encuestas tenía un 3 %— se
disparara hacia la victoria. En una entrevista con Señal Colombia, la
diputada de la Asamblea Nacional y miembro del partido de Villavicencio,
Gisella Molina, quien estaba con él y resultó herida durante el
asesinato, sugirió que los funcionarios del gobierno tenían conocimiento
previo del complot.
Durante la investigación del
asesinato de 2024, Drop Site publicó mensajes privados de la entonces
fiscal general Diana Salazar que revelaron un complot para implicar al
partido del expresidente socialista democrático Correa en el asesinato
de Villavicencio, en el marco de una estrecha colaboración con el
embajador de Estados Unidos.
Posteriormente, el
Estado concluyó que el cártel de Los Lobos había cometido el asesinato
de Villavicencio y alegó que los exmiembros del partido de Correa eran
los autores intelectuales. Los fiscales afirman que Los Lobos mataron a
Villavicencio por desenmascarar su red criminal. Mientras Villavicencio
hacía campaña en pro de erradicar la narco economía, Ecuador bajo el
mandato de Noboa —acusado de ofrecer inmunidad a los jefes del crimen
organizado a cambio de apoyo electoral— se ha convertido en el principal
centro de distribución del 70 % de la cocaína del mundo.
Inmediatamente
después de la muerte de Bravo, la Fiscalía General emitió un comunicado
público en el que atribuía su asesinato a una represalia contra los
fiscales que combaten el crimen organizado. Al ser consultada por Drop
Site sobre la decisión de atribuir el asesinato al crimen organizado y
sobre los avances en la investigación del equipo policial encargado de
la protección de Bravo, la Fiscalía General del Estado respondió que el
caso se encuentra bajo reserva y declinó hacer comentarios.
Aunque
la Fiscalía General aún no ha presentado pruebas que respalden su
afirmación, Bravo se lamentó ante Human Rights Watch de que “el peligro
siempre estaba presente” en su trabajo. “Dijo que ser fiscal en un
contexto de crimen organizado era complejo y arriesgado, pero no dio más
detalles”, explicó la investigadora de Human Rights Watch
a Drop Site. Manta se encuentra en el epicentro de la crisis del crimen
organizado en Ecuador, a medida que este pequeño país sudamericano se
convierte en la nación más violenta del hemisferio occidental.
Bravo también estaba a cargo de investigar la desaparición sin resolver, en 2024, del barco Patricia Lynn y sus 21 tripulantes.
Bravo
es la segunda persona relacionada con el caso de Patricia Lynn que ha
sido asesinada. La primera fue la suegra de uno de los pescadores
desaparecidos, quien se convirtió en la portavoz de las familias de las
víctimas y organizó marchas exigiendo respuestas sobre el paradero de
sus familiares desaparecidos. María Chóez fue asesinada a tiros por dos
agresores armados mientras atendía su puesto de mariscos en el centro de
Manta.
La investigadora afirma que el hundimiento
del barco Patricia Lynn en aguas ecuatorianas “sirvió de precedente en
todos estos asuntos relacionados con embarcaciones”.
“Si
Ecuador contara con un marco de confianza en sus instituciones, uno
podría pensar que [el asesinato de Bravo] fue un crimen comun”, dijo
Vintimilla Jarrín, exlegisladora. “Pero dada la violencia sistemática
contra jueces, fiscales y abogados, no hay mucho margen para darles el
beneficio de la duda. Veintiséis miembros del sistema judicial
asesinados es una cifra impactante. Y, por supuesto, toda esta crisis ha
sido impulsada por una agenda dirigida directamente por las autoridades
gubernamentales; quienes se benefician del crimen organizado son los
grandes grupos de poder”.
