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24.2.26

El estado de Jalisco y todo su territorio, desde el Norte hasta la sierra sur y la costa, pasando por Los Altos, las Cañadas, la ciénega de Chapala, la Zona Metropolitana de Guadalajara y la joya turística de Puerto Vallarta, se convirtió en un narcoterritorio, con dueño que tiene control total de lo que pasa en el estado y cuyo nombre, apodo y apellidos conoce todo México: Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” (Salvador García Soto)... Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho, el narco más buscado del país (Heraldo)

 "Junto al horror y la tragedia que se volvió viral en el rancho Izaguirre, al exponer a nivel internacional el drama humanitario que vive México por las desapariciones, hubo otra cosa que también se sabía, se veía y que muchos, desde los gobernantes hasta los empresarios o la misma sociedad, preferían no hablar de ello o si lo hacían era solo por lo bajito: el estado de Jalisco y todo su territorio, desde el Norte hasta la sierra sur y la costa, pasando por Los Altos, las Cañadas, la ciénega de Chapala, la Zona Metropolitana de Guadalajara y la joya turística de Puerto Vallarta, se convirtió en un narcoterritorio, con dueño que tiene control total de lo que pasa en el estado y cuyo nombre, apodo y apellidos conoce todo México: Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.

Atrás quedaron los cacicazgos políticos de la era priista y los grupos dispersos de la era panista, que siempre navegaron entre los acuerdos y el dominio de los cárteles sinaloenses que se asentaron en Guadalajara y la convirtieron en una de sus plazas favoritas para vivir y para lavar sus millonarias fortunas ilícitas. La caída de Ignacio “Nacho” Coronel, abatido en 2010 por el Ejército en el exclusivo residencial Colinas de San Javier de Zapopan, marcó el fin del control sinaloense y ese mismo año emergió con fuerza el capo que se adueñó de Jalisco y que, sin ser jalisciense, hasta se apropió del nombre del estado para nombrar a su organización: “Cártel Jalisco Nueva Generación”.

Al ver el descontrol y las fracturas que ya empezaban en el Cártel de Sinaloa, Oseguera, que trabajaba para ellos y había formado un grupo llamado “Los Mata Zetas”, con el que Coronel había mantenido a raya las intenciones de los Zetas de apoderarse de Jalisco y de Guadalajara, no lo dudó y abandonó a los sinaloenses para crear su propia organización, algo que supieron bien en las áreas de inteligencia y seguridad del gobierno de Peña Nieto, pero que por omisión o colusión dejaron pasar, permitiéndole al Mencho sentar las bases de la que en pocos años sería considerada “la organización más violenta y dominante del narcotráfico en México”.

Hábil para la estrategia y conocedor de la importancia de crear sus propias redes políticas, el ascenso de Nemesio Oseguera como capo mayor del narcotráfico estuvo acompañado primero del gobierno panista de Emilio González, pero después apoyaría el regreso del PRI a la gubernatura con el triunfo del asesinado Aristóteles Sandoval, en cuyo gobierno se afianzó el CJNG y al que después asesinaron sus sicarios en un bar en Puerto Vallarta el 18 de diciembre de 2020.

Pero muy pronto “El Mencho” entendió que tenía que forjar sus propias redes en la política local y comenzó a apoyar el ascenso de figuras que, junto al partido emergente que en 2013 era Movimiento Ciudadano, empezaron a desplazar a la clase política tradicional en Jalisco, para dar paso al gobierno de Enrique Alfaro. En los seis años de la primera administración emecista terminaría de concretarse el secuestro total del estado por parte del CJNG y de Nemesio, que convirtió a Jalisco en su feudo, su negocio, su centro de operaciones y su refugio, el lugar donde ha podido moverse entre pueblos y sierras del sur sin ser nunca detenido o molestado por las autoridades federales y con el pleno conocimiento de las autoridades locales.

Mientras Alfaro construía una nueva clase política y gobernaba entre pleitos, polémicas y su mal carácter, El Mencho se apropiaba de todos y cada uno de los 125 municipios de Jalisco, dominaba Guadalajara, Zapopan y toda la zona metropolitana, convertía a Puerto Vallarta en paraíso de drogas y lavado de dinero, mientras iba imponiendo a las alcaldías los directores de seguridad y poniendo bajo su servicio a las policías municipales de todo el estado y a las propias policías y fiscalías estatales.

El gobierno federal lo sabía y lo consentía; el gobierno estatal tenía pactos inconfesables y la sociedad jalisciense y tapatía, acostumbrada a vivir siempre con la presencia y el dinero de los narcos, disfrutaba la bonanza económica que llenaba de edificios, plazas comerciales, fraccionamientos exclusivos y antros, muchos antros para mover la droga, a las principales ciudades del estado.

Las llamadas “cuatro letras” comenzaron a ser no sólo una marca comercial, con todo y hologramas en sus paquetes de droga, sino el principal referente de poder en el estado. Los ejércitos del Mencho, formados con adiestramiento militar y con una disciplina y una filosofía que raya en el fanatismo, empezaron a patrullar el estado y a confirmar su poder sometiendo y dominando a cualquiera que se resistiera o pretendiera desconocer el poder del “señor”.

Desde Jalisco, ya con su feudo bien afianzado, Nemesio Oseguera mandó a sus ejércitos a controlar Michoacán, Guanajuato y todo el Bajío. Penetró Aguascalientes y parte de Zacatecas, llegó hasta la Ciudad de México y logró también arrebatarles a los tamaulipecos del Golfo el control de varias aduanas y ciudades fronterizas con Estados Unidos. Hoy no hay narco más buscado y menos encontrado o perseguido que Oseguera Cervantes.

Los 15 millones de dólares que ofrece el gobierno de Estados Unidos por su captura hablan claramente de que El Mencho es hoy, ya sin el Mayo Zambada que negocia en Estados Unidos, El Chapo Guzmán refundido en cadena perpetua, sus rivales sinaloenses peleando una guerra intestina y la próxima ejecución de Caro Quintero por la justicia estadunidense, el principal capo y cabeza del narcotráfico mexicano.

Lamentablemente con su sangrienta leyenda viva y sus pactos políticos que lo mantienen a salvo en la era de la 4T, Nemesio Oseguera no sólo se apropió de Jalisco y lo volvió, de ser un lugar de residencia y operación de narcos a convertirse en un narcoestado, sino que también con toda la impunidad que le dieron los gobernadores priistas y emecistas, con el apoyo y protección del gobierno federal en los dos últimos sexenios, secuestró y pervirtió a la juventud jalisciense, mientras cambiaba la fama del estado, tierra de folclor, trabajo y cultura, por la de la entidad con mayor número de desaparecidos en México y la sede de los campos de exterminio para el mundo.

NOTAS INDISCRETAS…

Con la promesa pública de que “por el bien del país se conocerá toda la verdad” de lo que sucedía en el Rancho Izaguirre, el fiscal Alejandro Gertz anunció que la investigación que está iniciando la FGR y que hoy recibirá de la Fiscalía de Jalisco todos los peritajes, expedientes y hasta las instalaciones aseguradas en Teuchitlán, no ocultará nada sobre lo que se realizaba en ese rancho, donde las madres buscadoras de Guerreros de Jalisco dicen haber visto “tres crematorios” y haber encontrado restos de osamentas humanas. Lo de las osamentas lo confirmó el fiscal en su conferencia de prensa, pero sobre los crematorios dijo no tener todavía los elementos para afirmar o negar si existen o existieron. Con una disposición de responder a preguntas de la prensa que hace mucho no se le veía, más allá de sus fugaces apariciones en las mañaneras presidenciales, Gertz Manero dijo todo y a la vez no dijo nada; pero eso sí, anticipó que vienen acciones legales y posibles denuncias contra la Fiscalía de Jalisco y sus directivos y ministerios públicos que incurrieron en omisiones graves a la hora de asegurar y preservar una posible escena de delito. También respondió al comentario de un reportero diciendo que él no iba a construir una “verdad histórica” a modo de la que creó la PGR de Peña Nieto en el caso Ayotzinapa, y de lo más rescatable que comentó el fiscal fue su reconocimiento de la gravedad de este rancho y de lo que ahí se asoma –algo que no reconocen en el gobierno— y a partir de ahí en varias ocasiones Gertz insistió en que “se va a saber toda la verdad” y que eso tiene que ser “lo más pronto posible y por el bien del país”. Al final el fiscal compró tiempo para su investigación, lo que no está claro si pudo comprar, porque esa no se vende en botica, es la credibilidad en su eficiencia y autonomía…Producto de los golpeteos internos en Morena y en la 4T, ayer arreciaron las versiones difundidas por personajes del propio gobierno federal, que apuntaban a la salida de Zoé Robledo de la dirección del IMSS. La solicitud de licencia que presentó ayer el diputado federal, Carlos Ulloa, hizo pensar que el cercanísimo exsecretario particular de la presidenta Sheinbaum llegaría al IMSS a sustituir al chiapaneco. Todavía por la tarde las fuentes morenistas insistían en la salida de Zoé y se hablaba de la llegada de Ulloa o incluso del ascenso de Jorge Gaviño, actual secretario general. En medio de los rumores cada vez más insistentes, a Zoé Robledo se le vio salir ayer por la tarde de Palacio Nacional y antes de subir a su camioneta, les contestó a los reporteros que lo acosaban con la pregunta de su salida: “Sigo en el IMSS, sigo en el Instituto”, balbuceó el director que un par de horas antes de acudir a la oficina presidencial había publicado un tweet donde se dejaba ver en una reunión en el instituto. Lo que sí se confirmó ayer fue que Carlos Ulloa se integró al gabinete de su exjefa, la presidenta, como nuevo director de Birmex, a donde llega luego de la corrupción de funcionarios de esa agencia del sector salud que favorecieron a amigos en las licitaciones de medicamentos, causando un desfalco de hasta 13 mil millones de pesos, según informó el subsecretario de Salud, Eduardo Clark. Es decir que, aunque no quiso o no pudo remover a una de las herencias que le dejó su antecesor, la Presidenta va poco a poco colocando a sus colaboradores de confianza en posiciones del gabinete…Y hablando de trascendidos, nos cuenta una integrante del Servicio Exterior Mexicano que entre los diplomáticos de la cancillería se da por hecho que el ministro Alberto Pérez Dayan ya agarró “hueso” y que, a cambio de aquel voto suyo que impidió que la Suprema Corte de Justicia entrara a analizar la constitucionalidad de la Reforma Judicial, el jurista habría pedido y obtenido el codiciado exilio dorado de una embajada. Pero no cualquier embajada, Pérez Dayán sería propuesto por la presidenta Sheinbaum como embajador de México en España, para sustituir al ex priista Quirino Ordaz. Ese sería el premio para Pérez Dayan, nos dicen los embajadores, por su voto en aquella sesión histórica en la que se salvó el último dique para la controvertida Reforma Judicial. Bien decía el ex que “traición con embajada se paga” o ¿cómo era?... Los dados mandan otra Serpiente Doble. Seguimos de bajada." 

(Salvador García Soto , El Universal, 20/03/25) 

 

" La muerte en un operativo militar de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), desató este domingo una ola de violencia y bloqueos de carreteras en México, en lo que las autoridades consideran una reacción del grupo criminal, que ha causado la suspensión de actividades públicas en varios estados del país.

El epicentro de la violencia tuvo lugar en Jalisco (oeste de México), donde un operativo federal en Tapalpa, una pequeña localidad al sur de Guadalajara, que culminó con la muerte del líder criminal, desencadenó bloqueos viales y vehículos incendiados en varios puntos del estado, y que se han mantenido a lo largo del día.

Posteriormente, los llamados 'narcobloqueos' se extendieron a estados vecinos. En Michoacán y Colima (oeste) se reportaron unidades atravesadas en vías federales, mientras que en Guanajuato (centro) circularon imágenes de negocios incendiados.

También se registraron incidentes en Nayarit (oeste), Aguascalientes (centro), Tamaulipas, Baja California (norte), Guerrero, Chiapas y Quintana Roo (sur), según pudo constatar EFE y el reporte de autoridades.

En medio de los disturbios, la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó oficialmente la muerte del líder del CJNG durante el operativo en Tapalpa, e informó que la acción contó con trabajos de inteligencia y cooperación con Estados Unidos.

Ante la escalada de violencia, el Gobierno de Jalisco activó el "código rojo" y reforzó el despliegue de la Guardia Nacional y el Ejército. Además, anunció la suspensión temporal de eventos masivos, transporte público y de las clases presenciales el lunes 23, como medida preventiva por la violencia.

Las clases presenciales también han sido oficialmente suspendidas el lunes en los estados de Nayarit, Michoacán, Colima (oeste), Veracruz y algunas zonas de Oaxaca (sur).

En Puerto Vallarta (Jalisco), las aerolíneas cancelaron todas las operaciones internacionales y la mayoría de las nacionales, mientras que el Aeropuerto de Guadalajara informó que mantiene operaciones normales bajo un fuerte resguardo de fuerzas federales.

La violencia también llevó a la cancelación del concierto de la artista estadounidense Kali Uchis, programado para este domingo en la ciudad de Guadalajara, capital del estado, y la Liga MX reprogramó dos partidos de fútbol en el estado.

La situación ha tenido impacto también a nivel internacional, ya que Estados Unidos instó a sus ciudadanos a permanecer en sus domicilios en Jalisco y en zonas de Tamaulipas, Michoacán y Guerrero ante los bloqueos; mientras que Canadá se declaró "profundamente alarmado" por los enfrentamientos y pidió evitar salir a las calles, especialmente en Puerto Vallarta. Durante la tarde, autoridades mexicanas señalaron que continúan los operativos para restablecer la circulación en al menos 21 vialidades afectadas en Jalisco.

Operación con ayuda de EEUU

Hasta el momento no se ha informado de víctimas civiles por los bloqueos, aunque las autoridades mantienen el despliegue de seguridad ante posibles nuevas reacciones.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a los ciudadanos a mantenerse "informados y en calma", tras el operativo que derivó en diversos bloqueos de carreteras y otras reacciones violentas.

Oseguera Cervantes fue abatido en Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco, durante un operativo encabezado por fuerzas federales con apoyo de inteligencia estadounidense.

Según el Ejército mexicano, militares repelieron una agresión que dejó cuatro presuntos integrantes del CJNG muertos en el lugar y tres más gravemente heridos, quienes fallecieron durante su traslado aéreo a la Ciudad de México. Entre estos últimos se encontraba el propio líder criminal."   (Heraldo, 25/02/26)

13.3.25

Un campo de exterminio de los narcos mexicanos... el último de varios, campos de concentración y exterminio del CJNG, instalados en pueblos en la ruta entre Guadalajara y Puerto Vallarta, municipios como Tala, Teuchitlán, Ameca, Ahuisculco, la sierra de Talpa… El corredor entre Guadalajara y Puerto Vallarta son territorio del CJNG desde hace años

 "En medio de la resaca por la discusión de los aranceles, con medio México mirando hacia la frontera norte, el horror se ha hecho paso discretamente por el centro del país. Un grupo de familiares de personas desaparecidas de Jalisco ha denunciado estos días el hallazgo de un centro de exterminio del crimen, en Teuchitlán, un pueblo a poco más de una hora de Guadalajara, la capital estatal. En el rancho, de algo más de media hectárea, las buscadores han encontrado hornos crematorios, fosas, restos… Una imagen ha recorrido las redes sociales, una foto de centenares de zapatillas abandonadas, sugerencia de la misma cantidad de ausencias, personas que pudieron pasar por allí.

Sucede lo de tantas veces en México. No se trata de un predio desconocido, de un lugar apartado, de un espacio fuera del radar de las autoridades. Al contrario. En septiembre, la Fiscalía de Jalisco inspeccionó el lugar, tras la detención de 10 personas, y el rescate de dos, secuestradas y retenidas en el rancho. La dependencia encontró allí el cuerpo sin vida de una persona, decenas de fragmentos óseos quemados, armas, casquillos… Ya entonces, las autoridades tenían la idea de que aquello, además de un centro de exterminio, había sido un campo de entrenamiento de reclutas para el grupo criminal imperante en la zona, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Pero, por algún motivo, se quedaron a medias.

El rancho, conocido como La Estanzuela o Izaguirre, cobró actualidad de nuevo la semana pasada, cuando integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco llegaron allí, alertados por una llamada anónima. No les costó encontrar pruebas del horror, ignoradas en su día por la Fiscalía local. El colectivo ha informado de sus hallazgos cada día, colgando fotos en sus páginas de redes sociales, los hornos, los tenis, los restos… El caso ha llegado este lunes a la conferencia de prensa matutina de la presidenta, Claudia Sheinbaum, que ha calificado el asunto de “terrible”, además de pedir una investigación de lo ocurrido. La mandataria ha abierto la puerta a que la Fiscalía General de la República atraiga el caso.

Algunos medios han documentado además que los criminales usaban este espacio como campo de entrenamiento para sus reclutas, en muchos casos jóvenes en busca de trabajo, que llegaron allí engañados, obligados a convertirse en mano de obra barata para el grupo criminal. En uno de los casos, compartido por Reforma, un joven cuenta que vio las publicaciones de Guerreros Buscadores y reconoció el rancho, donde había estado secuestrado, tiempo atrás. Dice que llegó allí cuando contestó a un anuncio de trabajo que vio en la central de autobuses de Tlaquepaque, en la zona metropolitana de Guadalajara.

El reclutamiento forzado de jóvenes por parte del crimen organizado en esa zona de Jalisco se conoce desde hace más de una década. En 2019, EL PAÍS informaba del caso de varias víctimas, contactadas de la misma manera, a través de anuncios de trabajo falsos, en 2017. Las víctimas eran convocadas a unas jornadas de entrenamiento en Tala, pueblo vecino de Teuchitlán, con la promesa de un pago de 4.000 pesos, unos 200 dólares. El grupo criminal los recogía y llevaba al lugar en cuestión, pero, una vez allí, los sometía a un régimen cuasi castrense, con el objetivo de integrarlos a su estructura. Cualquier queja se zanjaba con la muerte.

 Luis, uno de los reclutados, logró escapar y dio su testimonio, después de que las autoridades irrumpieran en el campo de entrenamiento y exterminio de Tala. “Todo el día hacíamos ejercicio y decían que, quienes obedecían, salían de vacaciones o descanso. Estábamos clasificados por nuevos, seminuevos y viejos. A los nuevos nos golpeaban todo el tiempo, siempre había hombres armados vigilando (...) No podíamos dormir hasta las 12 de la noche, quien lo hacía lo ponían para darle con gotcha o lo mataban. Los que cuidaban le tiraron balazos a dos porque se fueron al Oxxo sin permiso”, explicaba.

El caso de Tala era solo el último de varios, campos de concentración y exterminio del CJNG, instalados en pueblos en la ruta entre Guadalajara y Puerto Vallarta, municipios como Tala, Teuchitlán, Ameca, Ahuisculco, la sierra de Talpa… El hallazgo ahora de un nuevo campo interpela a las autoridades, no solo por los operativos fallidos de septiembre, sino por la tranquilidad del crimen para tomar regiones enteras y usarlas a discreción para el horror. La explicación, cuando la dan, resulta tan descorazonadora como la misma realidad. La semana pasada, el fiscal de Jalisco justificó la falta de minuciosidad en el Rancho Izaguirre, porque “es bastante grande”.

 El corredor entre Guadalajara y Puerto Vallarta, particularmente los municipios que figuran pasado el Bosque de La Primavera, Tala, Ameca, Teuchitlán, etcétera, son territorio del CJNG desde hace años. Así lo señalaba el Ejército, ya en 2022, en documentos hechos públicos gracias al hackeo masivo del colectivo Guacamaya. En un documento sobre el panorama delictivo de Jalisco en ese año, la Secretaría de la Defensa señalaba que las regiones de Valles y Sierra Occidental estaban a cargo de un lugarteniente del líder del grupo criminal, Nemesio Oseguera, alias Mencho. Se trata de Gonzalo Mendoza Gaytán, alias Sapo.

En la nota que publicó este diario en 2019 sobre reclutamiento forzado, una de las víctimas ya mencionaba al Sapo. La víctima, de nombre Luis, recuerda el asesinato de 14 muchachos, por indicación suya. ¿Su delito? Que El Sapo pensaba que habían dicho que se querían ir de allí. Primero los obligaron a pelear entre sí y fueron matando a los que caían. Luego asesinaron al resto. “A los que por miedo no manifestamos querer irnos nos hicieron llevar los cuerpos”, dice Luis. “Duramos hora y media porque había unos muy pesados, teníamos que arrastrarlos para echarlos a los elotes”. Esto es, incinerarlos."         (Pablo Ferri , El País, 11/03/25)

24.8.23

El crimen organizado mexicano exhibe músculo social entre las clases más pobres a meses de las elecciones, obligando al Estado a negociar sus exigencias... El narco ha convertido México en un agujero de arenas movedizas donde el país se hunde sin remedio desde hace tres sexenios... con un chasquido de dedos movilizaron a miles de ciudadanos que marcharon carretera adelante hasta el corazón del gobierno estatal, espantaron a la policía, les robaron una tanqueta blindada, tomaron de rehenes a una docena de agentes y trabajadores y obligaron a los políticos a negociar sus exigencias... El narco no solo ha multiplicado sus negocios, del aguacate a la industria pesquera y maderera, el turismo, los taxis, los mercados de productos falsificados, las pollerías, la cerveza o el reparto del agua; también ensaya nuevos armamentos, desde bombas a drones; y su penetración en el ámbito político no se conforma ya con presionar a los gobernantes electos, sino que coloca a su propia gente al frente de los Ayuntamientos... Siento con intensidad que México no va a poder salir solo de esto. Se necesita el concurso de otros países, un gran tratado de seguridad para América del Norte, con Estados Unidos y Canadá, nada de programitas ridículos, los acuerdos de colaboración deberían extenderse hasta España e Italia por el lado europeo, y a Chile y Colombia en la región latinoamericana... Si no lo hacen ya, es cierto el riesgo del ascenso del crimen a gobiernos estatales y de facto a un Narcoestado

 "El narco ha convertido México en un agujero de arenas movedizas donde el país se hunde sin remedio desde hace tres sexenios. Con la cabeza apenas fuera, necesita una mano tendida para no sucumbir a un poder criminal que ha diversificado el negocio hacia cualquier esfera donde suenen las monedas, de norte a sur, de este a oeste.

 En las últimas semanas, contar las víctimas era un trabajo de Sísifo: cuando se apagaba el incendio en un mercado del centro del país, estallaban las bombas en Jalisco; en Nuevo León, un pelotón de fusilamiento dejaba seis cadáveres contra el paredón, los jueces de Colima se refugiaban en sus casas y Guerrero, uno de los Estados donde la arena ya llega al cuello, ardía entre taxistas asesinados y autovías cortadas. 

En este territorio, tres días de sangre y fuego pusieron a las autoridades de rodillas y dejaron una imagen insólita que evidencia el poder del crimen para reinventarse: con un chasquido de dedos movilizaron esta semana a miles de ciudadanos que marcharon carretera adelante hasta el corazón del gobierno estatal, espantaron a la policía, les robaron una tanqueta blindada, tomaron de rehenes a una docena de agentes y trabajadores y obligaron a los políticos a negociar sus exigencias. Tal exhibición de músculo social entre las comunidades rurales más pobres tiene al país todavía con la boca abierta.

El narco no solo ha multiplicado sus negocios, del aguacate a la industria pesquera y maderera, el turismo, los taxis, los mercados de productos falsificados, las pollerías, la cerveza o el reparto del agua; también ensaya nuevos armamentos, desde bombas a drones; y su penetración en el ámbito político no se conforma ya con presionar a los gobernantes electos, sino que coloca a su propia gente al frente de los Ayuntamientos. Es lo que se suele llamar un Narcoestado. A principios de siglo, la cocaína era la división más poderosa del negocio, y aún hoy, llámese fentanilo o como quiera, la droga sigue siendo la gran fuente de rentabilidad. Lo que se llama cobro de piso, es decir, extorsión a todo aquel que monta una tienda, instala un puesto callejero o va en silla de ruedas vendiendo cigarrillos sueltos, es el segundo negocio más rentable, el principal en algunas regiones, recuerda Eduardo Guerrero, consultor de Seguridad, uno de los grandes expertos en esta materia. 

“El robo de combustible se ha reducido un poco con este Gobierno, pero han buscado nuevas vías de ingresos, como el tráfico de migrantes, la trata de mujeres, a partir de la cual se explican las muchas desapariciones de jóvenes en centros turísticos. Y de última generación, está la tala clandestina o la pesca ilegal de especies marinas que encuentran buen mercado en Asia”, a veces para el intercambio del fentanilo, dice Guerrero, también director de Lantia Intelligence.

 A nivel local se han adueñado, en algunas partes, del negocio de la construcción, el cemento, los ladrillos, y de sectores de la alimentación: obligan a comprar pollos o tortillas a sus proveedores. La falsificación y venta de toda clase de productos de marca, desde relojes a colchones es otro de sus fuertes. Como mencionaba recientemente a este periódico Luis Astorga, doctor en Sociología y uno de los grandes expertos en las redes criminales mexicanas, habría que comprar una caña de pescar y sentarse pacientemente a la orilla del mar para tener la seguridad de que lo que uno se lleva a la boca no ha engordado las arcas del crimen. Decir narco ya es decir poco, o quizá, decir todo.

En mayo de 2008, tras el arresto, meses antes, de uno de los grandes capos, Alfredo Beltrán Leyva, se desató la guerra. No iba a ser el único. Donde antes se arrestaban tres o cuatro líderes criminales por sexenio, en el gobierno de Felipe Calderón pasaron a ser casi 40. A cada golpe a la cabeza, las bandas se escindían en facciones más pequeñas que se extendían por todo el país, cada cual en busca de su negocio. Los grandes cárteles del Norte, violentos y concentrados en el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, son ahora una hidra de mil cabezas, un enorme árbol genealógico de padres, hermanos y socios que van haciéndose con cada territorio. 

Ya no hay solo señores de los cielos o de los subterráneos entre fronteras. Lo que surgió como un fenómeno concentrado en las grandes ciudades, ahora es nacional y con amplio impacto en las zonas rurales. El acoso a las empresas agrícolas, ganaderas y de la minería en tiempos de Peña Nieto (2012-2018) dio origen a los grupos de autodefensa, población civil que se armaba para resistir los embates criminales. Pero el narco todo lo fagocita y hoy ya no se sabe muy bien si esos pequeños pelotones están o no bajo el crimen organizado. Uno de los más famosos autodefensas, Hipólito Mora, muy amenazado, fue acribillado en Michoacán a finales de junio. 25 sicarios dispararon sobre el objetivo más de 1.000 balas.

 Pero el narco siempre anduvo por sierras y montañas, eran sus lugares de cultivo y las sendas de paso. “Han ido amasando una base social, invertían dinero en comunidades rurales para que les cuidaran las rutas del trasiego de la droga y las casas donde guardaban las armas, dinero o incluso personas secuestradas, como los migrantes”, dice Guerrero. Recientemente, ha habido más gestos. En plena pandemia se reportó en varios sitios del país el reparto de alimentos y electrodomésticos para paliar las carencias de una población muy pobre, extremadamente pobre, y cansada de esperar a un Estado que nunca llega. “Se dieron hasta casos en los que ofrecían empleo a jóvenes que lo habían perdido por la crisis del coronavirus”, recuerda el consultor de Seguridad.

 El crimen estaba comprando empatía, solidaridad y lealtad. Y el pueblo llano respondía avisándoles de los movimientos del Ejército en esas tierras. “Las bandas se muestran con estas poblaciones de forma benevolente, los necesitan, son estratégicos”, sostiene Guerrero, el mismo que compara la situación de México con arenas movedizas donde cada vez se hunde más el país. Las madres buscadoras, que peinan el territorio en busca de los restos de sus familiares, están llegando ahora a acuerdos con el narco para excavar sin ser agredidas, mientras que en el Estado no siempre encuentran eco a sus peticiones.

 De tarde en tarde, las bandas criminales emiten videos que parecen paradas militares: todo lujo de tanques, armas y uniformados. Es su forma de decir que son dueños de tal o cual territorio. Esta semana, el desfile fue distinto. La exhibición de fuerza en Chilpancingo, la capital de Guerrero, reunió a miles de campesinos y transportistas que bajaron de las montañas armados con estacas y machetes y cortaron las carreteras que llevan a Acapulco y la Ciudad de México hasta salirse con la suya. El asunto plantea una nueva transformación del crimen, con capacidad para movilizar pueblos enteros, como un partido político que acarrea ciudadanos para llenar sus mítines. “Es doloroso, con un gobierno de izquierda cuya prioridad debería ser debilitar los centros de reclutamiento criminal a base de programas sociales”, lamenta Guerrero.

 Ese ha sido, de hecho, el mensaje que ha lanzado el presidente Andrés Manuel López Obrador en todo su mandato, que él resumía en la frase “abrazos, no balazos”. Se trata, dice siempre el mandatario, de estrangular la pobreza, de multiplicar las becas y las ayudas sociales para que los jóvenes no consideren la alternativa del crimen como una salida ventajosa. Pero solo había que fijarse en las rudas sandalias y los pies polvorientos, las caras arrugadas por el sol, las dentaduras melladas de muchos de los campesinos que llegaron con sus garrotes de bambú hasta la capital de Guerrero. 

La pobreza está muy lejos de extinguirse. Y ya de paso, los líderes de la manifestación camuflaron sus exigencias, que el gobierno resumió en la liberación de dos mafiosos detenidos, con un pliego de mejoras sociales en sus comunidades: drenaje de aguas negras, asfalto de calles, mejoras educativas y seguridad en las rutas. Nadie tiene duda de que eso también hace falta. Pero la ausencia del Estado ha ido dando paso al narco, poco a poco, elecciones tras elecciones.

 En el horizonte asoman ya los comicios de 2024, donde se elegirán presidentes municipales, gubernaturas, diputados y senadores, y un nuevo presidente para México. Esa proximidad electoral también tiene que ver con el estallido de fuego que se está viviendo en los últimos días, el crimen está tomando posiciones, situando a los suyos, presionando a propios y ajenos, jugando a la desestabilización. “La movilización social, el músculo que han exhibido estos días es un mensaje a la clase política”, dice Lilian Chapa Koloffon, analista senior de World Justice Proyect. 

“Se comportan como operadores políticos, lo que están diciendo no es solo que pueden colocar a los suyos, sino movilizar votantes o desestabilizar elecciones. Robar un vehículo blindado y tomar rehenes a las puertas del Palacio de Gobierno en Chilpancingo es una enorme manifestación de falta de respeto a las autoridades sin temor alguno a sanciones. Las autoridades se han sentado a negociar con los agentes retenidos durante una noche”, dice Chapa Koloffon. El narco es el interlocutor y cada nuevo gobernante que sube al poder siente su aliento en el cogote.

 “Siento con intensidad que México no va a poder salir solo de esto. Se necesita el concurso de otros países, un gran tratado de seguridad para América del Norte, con Estados Unidos y Canadá, nada de programitas ridículos, homologar leyes y desde luego avanzar en nuevas tecnologías para la seguridad y la capacitación de recursos humanos. Eso podría cuajar en 10 o 15 años”, dice Guerrero, “pero la sociedad tiene que empujar fuerte en esa idea”. A su parecer, los acuerdos de colaboración deberían extenderse hasta España e Italia por el lado europeo, y a Chile y Colombia en la región latinoamericana. “Si no lo hacen ya, es cierto el riesgo del ascenso del crimen a gobiernos estatales y de facto a un Narcoestado”."            (Carmen Morán Breña , El País,  16/07/23)

1.8.23

Más de 44.000 efectivos en 100 países diferentes: la DEA de Estados Unidos informa sobre las operaciones de los carteles mexicanos de Sinaloa y el CJNG

 "Entre el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cartel de Sinaloa suman más de 45.000 efectivos repartidos entre más de 100 países alrededor del globo terráqueo, una especie de empresa multinacional que opera exitosamente a la sombra del sistema. El informe es de Annie Milgram, jefa de la agencia antidroga de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), que aseguró este jueves en una comparecencia que México produce “en masa” el fentanilo, la droga sintética que registra más sobredosis en el vecino del norte, y que el “único límite” de los carteles a su producción son la falta de precursores químicos que llegan desde China.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que sistemáticamente ha negado que su país produzca esta droga, ha negado la mayor durante la conferencia de prensa matutina de este viernes y ha puesto en duda los datos de la DEA. “No tenemos esa información, no sé de dónde lo sacó la señora de la DEA”, dijo el presidente en un tono casi despectivo. “¿Cuáles son las pruebas que tiene?”, ha espetado López Obrador. El Gobierno mexicano, por su parte, acusa a China de ser la productora del fentanilo y asegura que México solo es la puerta de entrada del producto a su vecino del norte.

 Pero esa no era la única información en posesión de la DEA. El informe recalca que el CJNG es el grupo criminal con mayor presencia en México: opera en 21 de los 32 Estados, tiene unos 18.800 miembros y presencia en todos los continentes, excepto en la Antártida, el continente helado al sur del planeta Tierra. El Cártel de Sinaloa tiene 26.000 efectivos, presencia en 19 Estados de la República y fue, gracias al grupo Los Chapitos, el pionero en la fabricación y tráfico de fentanilo a Estados Unidos. “Controlan una empresa criminal mundial que ha quitado la vida a decenas de cientos” de sus compatriotas, ha denunciado Milgram.

A lo largo de estos años, en los que la que crisis del fentanilo ha escalado a cotas no vistas nunca antes con ninguna droga, la agencia estadounidense ha investigado y mapeado a los grupos criminales más importantes de México, en un intento por frenar o al menos ralentizar sus actividades. Ahora, la DEA tiene identificados a miembros de esas redes y a facilitadores, mayoristas y las personas y empresas que se encargan del lavado de dinero. También han identificado a las personas de sus comunidades, en Estados Unidos, que son la última pieza del puzle, las que ponen el producto en manos de los consumidores al otro lado de la frontera.

 Las autoridades han obtenido la información después de un cambio profundo al interior de la organización. Milgram ha contado que la DEA creó dos equipos de contención, uno centrado en el Cártel de Sinaloa y otro en el CJNG. Los equipos están integrados por agentes especiales de inteligencia, analistas de datos y científicos expertos en asuntos químicos y financieros. El cambio de estrategia parece haber dado resultados y ha llevado a la creación de estrategias como la operación Last Mile, que permitió rastrear y detener a 3.337 miembros y asociados a los dos carteles en Estados Unidos. “Identificamos que ambos grupos utilizan las redes sociales y aplicaciones encriptadas para coordinarse con los consumidores”, informó Milgram.

Aun así, México insiste en negar la mayor, pese a las evidencias. En una reunión a principios de semana entre las delegaciones de Estados Unidos y Canadá, México aseguró que el país es sobre todo un lugar de tránsito de la droga sintética, pero que no la produce. Por tanto, los esfuerzos están centrados en contener el paso de fentanilo en coordinación con los demás países norteamericanos. La reunión estuvo encabezada por la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, y por la asesora de seguridad de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall. Las revelaciones de la DEA ponen de nuevo contra las cuerdas a México y hace que sea cada vez más difícil negar que aquí no se produce fentanilo, droga que es entre 50 y 100 veces más fuerte que la heroína."              (D. Alonso Viña, El País, 28/07/23)

7.2.23

No es ningún secreto que los policías mexicanos se pluriemplean para los narcotraficantes... no sirve de nada perseguir a los mafiosos si no se persigue su protección política... Y lo que es más grave, a menos que Estados Unidos pueda reducir la cantidad que los estadounidenses gastan en drogas ilegales -estimada en cerca de 150.000 millones de dólares al año en un estudio-, esta narcocorrupción puede seguir adelante con consecuencias catastróficas... mientras las fuerzas de seguridad del país encuentren formas más sofisticadas de aceptar sobornos, como el uso de intermediarios, es poco probable que esto cambie

 "No es ningún secreto que los policías mexicanos se pluriemplean para los narcotraficantes. Ya en 2010, un comandante estatal apodado "El Tyson" admitió en un vídeo de confesión en televisión nacional que no sólo era un miembro de alto rango de un cártel, sino que hacía que jóvenes reclutas del narco descuartizaran cadáveres para perder el miedo a la sangre. El Tyson fue detenido por la policía federal cuando estaba controlado por Genaro García Luna, un agente de inteligencia de mandíbula cuadrada que fue un arquitecto clave de la guerra del país contra los cárteles.

En un giro del destino, sin embargo, el propio García Luna está siendo juzgado ahora en Nueva York, acusado de embolsarse millones de dólares de esos mismos capos tras ayudarles a traficar toneladas de cocaína a Estados Unidos. El juicio, que comenzó el 17 de enero en un tribunal federal de Brooklyn y se espera que dure ocho semanas, abre un nuevo camino en la guerra contra las drogas. Desde que Richard Nixon declarara por primera vez la guerra contra las drogas en 1971, Estados Unidos ha acabado con un amplio abanico de traficantes mexicanos, el más famoso Joaquín "El Chapo" Guzmán, condenado en el mismo tribunal de Brooklyn en 2019. Pero nunca antes un funcionario mexicano de tan alto rango se había enfrentado a un jurado estadounidense por cargos de narcotráfico.

 Periodistas y activistas llevan años señalando que no sirve de nada perseguir a los mafiosos si no se persigue su protección política. Por tanto, este caso marca un serio punto de inflexión para la aplicación de la ley en Estados Unidos. Pero también hace saltar las alarmas. El nivel de corrupción alegado por los testigos va más allá de todo lo que he visto en mis dos décadas cubriendo la guerra contra las drogas en México. Como mínimo, el juicio es muy embarazoso para los agentes antidroga y los políticos de Washington que se relacionaron con García Luna. (Hay fotos de él con Hillary Clinton, Barack Obama y el ex fiscal general Eric Holder). Y lo que es más grave, las acusaciones de largo alcance también sugieren que, a menos que Estados Unidos pueda reducir la cantidad que los estadounidenses gastan en drogas ilegales -estimada en cerca de 150.000 millones de dólares al año en un estudio-, esta narcocorrupción puede seguir adelante con consecuencias catastróficas.

Además, no está garantizado que el jurado condene a García Luna. En su alegato inicial, el abogado defensor César de Castro afirmó que la acusación no tiene pruebas contundentes de que su cliente llevara una doble vida como agente de la ley y jefe del crimen. "No hay dinero. No hay fotos. Ni videos. Ni mensajes de texto. Ni correos electrónicos. No hay registros", dijo De Castro. "No hay pruebas creíbles, creíbles, plausibles de que el señor García Luna ayudara a los cárteles".

Sin embargo, los fiscales están utilizando el testimonio de los denominados testigos colaboradores, entre los que se incluyen operativos de los cárteles con cicatrices y canas que podrían haber llegado a acuerdos con los fiscales para subir al estrado. Algunos han confesado haber matado a múltiples víctimas y ser importantes traficantes. Antes de que comenzara el juicio, el juez incluso tuvo que dictaminar que la defensa no podía preguntarles sobre posibles actos de canibalismo -una práctica que se ha descubierto que practican varios mafiosos- porque podría "distraer".

Durante la selección del jurado, los fiscales se aseguraron rigurosamente de que los candidatos estuvieran de acuerdo en que podían creer a esos testigos y condenar a alguien basándose en sus pruebas, aunque no estuvieran respaldadas por pruebas físicas. Si el jurado declarara inocente a García Luna, sería, como dijo el martes el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, "un fiasco: quedarían muy mal las agencias y el gobierno de Estados Unidos". Hay mucho en juego.

 Cuando conocí a García Luna en 2005, cuando era una estrella en ascenso como jefe de una agencia federal de investigación apodada el FBI de México, me pareció poco convincente, sobre todo porque balbuceaba y tartamudeaba. Pero era convincente en su argumento de que las fuerzas de seguridad mexicanas tenían que cambiar para hacer frente a los nuevos retos. Era una época en la que los asesinatos entre bandas en México iban en aumento y los traficantes mexicanos habían usurpado a los colombianos como los mayores mafiosos del continente, pasando la mayor parte de la cocaína, heroína y metanfetamina por el Río Grande.

Al año siguiente, García Luna ascendió a un puesto en el gabinete del Presidente Calderón, que ordenó a soldados y policías una ofensiva nacional contra los cárteles. García Luna revolucionó la policía federal, aumentándola de 6.000 a 37.000 agentes. También trató de salvar su imagen, financiando una telenovela llamada El Equipo, en la que policías guapos participaban en audaces operaciones. Además, Calderón elaboró con Washington la Iniciativa Mérida para aumentar la cooperación en la lucha. En virtud de ella, Estados Unidos proporcionó a las fuerzas de seguridad mexicanas miles de millones de dólares en equipamiento y formación, incluidos helicópteros Black Hawk y equipos de escuchas telefónicas. García Luna también forjó sólidas relaciones con agentes de todo el aparato de seguridad estadounidense.

 Al principio, esta nueva guerra contra los cárteles pareció dar sus frutos. En 2007, infantes de marina mexicanos realizaron la mayor redada de cocaína de la historia, con la incautación de 23 toneladas frente a la costa del Pacífico. Capos que habían eludido la justicia durante mucho tiempo fueron abatidos. A los sospechosos del cártel detenidos se les hizo grabar vídeos de confesiones, como el de Tyson, en el que detallaban asesinatos en serie.

Pero entonces estalló la violencia, con incesantes tiroteos, golpes estilo ejecución y masacres. Cubrí gran parte de este derramamiento de sangre, un período sombrío en el que descubrí cadáveres acribillados en la calle y vi a demasiadas madres gritar de dolor. Cuando el presidente Calderón dejó el cargo en 2012, México sufría una crisis humanitaria de fosas comunes y desapariciones que seguían sin resolverse. Por su parte, García Luna se marchó de México a Florida para montar una empresa de consultoría de seguridad y alquilar una casa de lujo en la playa. (...)

El primer testigo del gobierno fue Sergio Villarreal Barragán, un corpulento ejecutor conocido como El Grande, un ex policía que fue reclutado por el cártel de Sinaloa. El hecho de que Villarreal estuviera en la policía antes que en la mafia no es un hecho extraño, sino revelador de la historia de México: los cárteles del país crecieron desde sus humildes comienzos como campesinos con la ayuda de redes corruptas en las fuerzas de seguridad. La trayectoria profesional entre mafiosos y policías era como una puerta giratoria.

Villarreal describió cómo su jefe, el capo Arturo "El Barba" Beltrán Leyva, se reunía con García Luna en un piso franco del sur de Ciudad de México y le entregaba sobornos en bolsas de lona y cajas de cartón -por valor de más de un millón de dólares al mes- en nombre del cártel de Sinaloa. A cambio, García Luna permitía que la cocaína del cártel viajara por México, atrapaba a sus rivales y pasaba información policial. "Todo funcionaba a la perfección. Fue la mejor inversión que hicieron", afirma. En una ocasión, el cártel utilizó esta información para robar dos toneladas de cocaína a sus rivales, declaró Villarreal, y se repartió los beneficios con el propio García Luna.

Este tipo de testimonio era de esperar en este juicio. Pero lo que Villarreal describió a continuación fue extraordinario. El cártel, explicó, fabricaba ladrillos de cocaína falsos y los cambiaba con la policía por cocaína real incautada. En otra ocasión, los mafiosos se disfrazaban de policías, detenían a un rival y luego lo entregaban a los agentes reales. En una ocasión, el cártel secuestró a García Luna y lo llevó ante El Barbas porque no contestaba al teléfono.

 Villarreal también explicó cómo la estrecha relación del cártel con la policía corrupta consiguió reducir la tasa de asesinatos de México durante un periodo en 2007, justo cuando la ofensiva de Calderón parecía ir bien. Pero entonces, dijo, los acuerdos dentro de los cárteles se vinieron abajo y la violencia se disparó. Una de las mayores batallas fue entre Beltrán Leyva y su amigo de la infancia "El Chapo", que terminó con Beltrá Leyva abatido por infantes de marina mexicanos. (...)

El juicio podría actuar como elemento disuasorio para que los funcionarios mexicanos se lo piensen dos veces antes de aceptar descaradamente sobornos de los cárteles. El Presidente mexicano López Obrador parece ciertamente optimista cuando habla de ello en sus conferencias de prensa matutinas, afirmando que demuestra lo corrupto que era el anterior gobierno. Sin embargo, el juicio también simboliza algo incómodo del México actual. Llama la atención, por ejemplo, que el juicio se celebre en Nueva York y no en Ciudad de México. Los jueces mexicanos han condenado a generales y gobernadores estatales por trabajar con bandas de narcotraficantes, pero no a un funcionario tan poderoso como García Luna, ni a un ex presidente. Y mientras las fuerzas de seguridad del país encuentren formas más sofisticadas de aceptar sobornos, como el uso de intermediarios, es poco probable que esto cambie. Quizá sea aún más deprimente el hecho de que, desde que García Luna se ha ido, los cárteles han pasado a consumir drogas sintéticas más peligrosas, como el fentanilo, que están provocando un índice mucho peor de sobredosis en Estados Unidos.

 Todo ha cambiado desde entonces, y no necesariamente para mejor. En su testimonio, El Grande también habló del brillo de la riqueza del narco; de cómo su jefe El Barbas tenía una flota de coches, entre ellos un Lamborghini, un Ferrari y un Rolls Royce, y mascotas, entre ellas un tigre blanco y una pantera negra. En medio de tanta opulencia, lograr justicia para los muertos a ambos lados de la frontera será un reto extraordinario, si no imposible. Aunque las historias de El Grande, El Barbas y El Chapo dominen los titulares, están muy alejadas del sangriento conflicto que ha consumido México, y de los cadáveres en descomposición que aún se desentierran en fosas comunes."             ( , UnHerd, 26/01/23; traducción DEEPL)

31.8.22

El narco se ensaña contra la población porque puede hacerlo, hasta tiene un término propio: calentar la plaza... práctica a través de la cual un grupo criminal, grande o pequeño, provoca el caos en un territorio dominado por su rival para atraer a las fuerzas armadas, y así quebrarle el negocio temporalmente a un rival... así una ciudad completa se convierte en un macabro escenario bélico, que es para los criminales un campo abierto donde pasearse con bombas y rifles de asalto desatando el pánico y acribillando a gente a quemarropa, como si estuvieran en un videojuego... como cuando el narco incendia cinco rincones del país en menos de una semana... la violencia en México se cobra 100 homicidios al día... Cada rincón del país está sembrado de cuarteles y camiones blindados con militares que patrullan las calles con más asiduidad que un coche de la policía municipal. El problema es que ni siquiera todo el poder del Ejército ha podido controlar la violencia en los últimos tres años

 "Para comprender cómo se vive el terror de la violencia en México es necesario colocarse mentalmente a las puertas de una pizzería de Ciudad Juárez, un jueves por la noche. O de quienes trataban de volver a sus casas en Tijuana un día después. Es probable que uno no sepa que unas horas antes, a unos kilómetros de ahí, en un penal estatal, una pelea entre bandas rivales, llamadas en este caso Los Chapos y Los Mexicles, se han sentenciado a muerte. Nadie puede prever el caos que se desatará horas después. Y un vecino va a una pizzería a cenar, o a una tienda de alimentación, o a echar gasolina a su coche, o vuelve del trabajo en un autobús de la fábrica, cuando todo estalla. Cuando la mecha que se prendió tras las rejas de una cárcel, gobernada por todos menos por el propio Estado, se extiende a la puerta de su casa. Y entonces una ciudad completa se convierte en un macabro escenario bélico, que es para los criminales un campo abierto donde pasearse con bombas y rifles de asalto desatando el pánico y acribillando a gente a quemarropa, como si estuvieran en un videojuego.

 La masacre del jueves contra civiles en Juárez no fue, como explicó el viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador, un caso inédito de ensañamiento contra la población. Se ha sucedido en los últimos años en diferentes puntos del país con la misma voracidad: Reynosa, Fresnillo, Aguililla, Caborca... El viernes por la tarde, en un ataque coordinado, el crimen organizado incendiaba vehículos y cortaba carreteras en las principales ciudades de Baja California, Tijuana, Tecate y Mexicali. Una escena similar a la que vivió el jueves Ciudad Juárez y dos días antes, en Guanajuato y Jalisco. Lo que parece insólito es la cantidad de hechos violentos del narco que han incendiado cinco rincones del país en menos de una semana. Las portadas de la prensa nacional llegaron a abrir tres días seguidos con las llamas consumiendo negocios, gasolineras, camiones, pueblos rendidos a su poder. Y con muertos.

 El martes, unos hombres vestidos de militares, que coreaban el nombre de El Mencho —Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación— irrumpían a tiros en una tienda de Guanajuato atemorizando a todos, no solo los que estaban ahí, sino también a los que seguían desde su casa en sus celulares el poder absoluto del narco en su pueblo. Esos hombres de camuflaje y sus muchas camionetas blindadas con estampas del cartel se estacionaron frente a un cuartel militar y vaciaron los cargadores. Pero en esa tienda, durante tres minutos y 30 segundos, no hubo más uniforme que el de los sicarios.

 El narco se ensaña contra la población porque puede hacerlo. Ese es el mensaje que han enviado los criminales durante décadas, pero especialmente en los últimos años, tras el descabezamiento de los grandes cárteles que fragmentó el crimen en minicélulas, pandillas locales, grupos regionales, con el mismo poder de fuego que toda una corporación municipal, o incluso estatal. De manera que los conflictos ya no se producen exclusivamente por el control de las rutas del tráfico de drogas hacia Estados Unidos, todo puede comenzar con una riña en un penal, con una pelea impredecible entre jefecillos locales, sicarios que cambian cada semana de bando. Y esto se ha reproducido en cada rincón del país. De esta forma, no es necesario un gran golpe del Estado contra el narco para que incendien una ciudad; basta con que a uno de ellos, armado hasta los dientes, le parezca oportuno someter a gente inocente para llamar la atención de la policía y hasta del Ejército y así quebrarle el negocio temporalmente a un rival.

 El ensañamiento contra la población es tan común que hasta tiene un término propio: calentar la plaza. Así se llama en la jerga del narco, que ha permeado necesariamente entre la población, la práctica a través de la cual un grupo criminal, grande o pequeño, provoca el caos en un territorio dominado por su rival para atraer a las fuerzas armadas. Esto incluye balazos a gente inocente, quema de negocios, bloqueo de carreteras, y todo el ruido posible. El objetivo es que el Ejército se despliegue, se pida desde el Gobierno que se dé con los responsables, haya unas cuantas detenciones, y en definitiva, se rompa el orden criminal establecido para imponer después otro. Y así, las veces que el crimen lo considere.

No hay frentes de batalla, ni tampoco zonas claras donde uno sepa que está a salvo. Hay algunos Estados que se escapan de estos niveles de terror, como Yucatán. Pero en general, la violencia en México se cobra 100 homicidios al día y hay más de 100.000 desaparecidos, más que los que provocó el conflicto con la guerrilla en Colombia y la represión de la dictadura Argentina.

 Los plomazos pueden aparecer en un exclusivo hotel en la Riviera Maya, en una avenida turística de Playa del Carmen, con la misma facilidad que aparecen más de una decena de cadáveres torturados frente al Palacio de Gobierno en Zacatecas.

El Gobierno informa cada miércoles sobre seguridad y los jueves, de detenciones exitosas. Cada uno de estos ataques se observan como hechos aislados, como tragedias inevitables. La corrupción de las autoridades, la desigualdad, la pobreza, son el leitmotiv de cada conferencia mañanera del presidente para justificar una crisis de Gobierno compleja de resolver. Más becas para los jóvenes, para evitar que pueblen las filas del crimen organizado, más ayudas para disminuir la sangrante brecha que mantiene a la mitad de su población en situación de pobreza. Medidas ambiciosas que no ponen un coto a la violencia a corto plazo.

 Esta semana, López Obrador ha anunciado una de sus reformas pendientes, la consolidación de la Guardia Nacional como un cuerpo militar encargado de combatir el crimen, pero también de tareas de seguridad pública. (...)

La medida, que ha sido polémica por no contar con el acuerdo suficiente entre los miembros de la oposición y por lo que implica asumir que el Ejército tomará el control absoluto del combate a la delincuencia, no supondrá en la práctica ningún cambio. Cada rincón del país está sembrado de cuarteles y camiones blindados con militares que patrullan las calles con más asiduidad que un coche de la policía municipal. El problema es que ni siquiera todo el poder del Ejército ha podido controlar la violencia en los últimos tres años.

 Declararle la guerra abierta al narco no es una opción para López Obrador. El país observó las consecuencias de la batalla que emprendió el Estado con Felipe Calderón en 2006 y que continuó Enrique Peña Nieto hasta 2018. El número de ejecuciones extrajudiciales de los militares se disparó, también la cantidad de homicidios entre gente inocente, y las fosas de cadáveres comenzaron a multiplicarse con fuerza. Las peores matanzas que había vivido el país sucedieron en esos años. Y el presidente busca distanciarse de sus antecesores con una política menos agresiva. Aunque se siguen organizando ataques contra el narco: el intento de detención de un líder criminal del Cartel Jalisco fue lo que provocó esta semana el caos en diferentes municipios del centro del país.

 Mientras las estrategias de seguridad se debaten en los despachos, un ciudadano cualquiera va a una pizzería en Ciudad Juárez un jueves por la noche. Una mujer entrevista en un negocio de alimentación a otra joven que ha llegado a buscar trabajo. El primero acaba acribillado a tiros junto a otras tres personas. Y la tienda se incendia por dos cócteles molotov que el grupo de los Mexicles ha arrojado antes de desatar el caos en esta ciudad fronteriza, las dos mueren ahí dentro. La población es su rehén y ellos, los únicos que mandan, hasta el próximo ataque."                 (Elena Reina, El País, 13/08/22)

19.11.21

El 'narco-estado' se envalentona... La Marina acusa a la hija de ‘El Mencho’ de secuestrar a dos de sus militares... la desaparición fue orquestada por Laisha Oseguera, horas después de que fuera capturada su madre Rosalinda González Valencia

 "Dos miembros del personal de la Marina han sido secuestrados por los hombres de Laisha Oseguera, hija de uno de los narcos más poderosos del país, Nemesio Oseguera, alias El Mencho, y su pareja Christian Gutiérrez, según ha confirmado la Secretaría a EL PAÍS.

 La desaparición se produjo unas horas después del fuerte operativo del Ejército desplegado en la ciudad de Zapopan, a las afueras de Guadalajara (Jalisco) para detener a la esposa de El Mencho, Rosalinda González Valencia, y madre de Laisha. El golpe al corazón familiar del líder del cartel Jalisco Nueva Generación se ha cobrado sus primeras dos víctimas. Las autoridades han localizado la camioneta en la que viajaba el personal naval, pero su paradero sigue siendo un misterio.

La información de inteligencia de la Marina apunta a que desaparecieron en la tarde del lunes, mientras Zapopan continuaba cercada por una de las detenciones más importantes contra el narco de este año, la de González Valencia. Los desaparecidos son un chófer y una administrativa que esperaban en el estacionamiento de un Walmart del municipio a que saliera el capitán —no han querido revelar su nombre—. Los tres se encontraban haciendo tiempo, según explican fuentes de la Secretaría, para poder regresar a la base naval, pues el cerco militar se lo impedía. Dentro del establecimiento, a través de vídeos de cámaras de seguridad y otros datos de inteligencia, estaba también Christian Gutiérrez, pareja de Laisha.

 La presencia de Gutiérrez en el lugar donde fueron vistos por última vez conecta el secuestro directamente con la única hija libre del matrimonio entre El Mencho y Rosalinda González. Tras la captura de Rubén Oseguera, El Menchito, en 2015 y su extradición a Estados Unidos en 2020, además de la detención en Washington de su hermana, Jessica Johanna Oseguera en ese mismo año, la única heredera de sangre del imperio criminal del cartel Jalisco Nueva Generación es Laisha. Y es a ella a quien la Marina acusa de ordenar el secuestro de su personal, horas después de que fuera detenida su madre.

Rosalinda González Valencia fue detenida poco antes del secuestro en el Walmart por personal del Ejército, en una operación en la que la Marina no participó, según la información oficial. El motivo para ejecutar la orden de detención en su contra fue que se había saltado el protocolo para su libertad condicional: había faltado reiteradamente a sus citas para firmar en el penal. Un juez ha ordenado este miércoles la prisión preventiva. Además, enfrenta un proceso desde 2018 por delincuencia organizada y lavado de dinero.

Ante las posibles represalias que podía tomar el poderoso cartel Jalisco Nueva Generación tras la captura de la esposa de su líder y presunta jefa del brazo financiero del grupo, el municipio de Zapopan amaneció el martes cercado como si se tratara de un frente de guerra. Camionetas blindadas y decenas de militares patrullando una de las zonas más exclusivas, residencia de los más poderosos de Guadalajara, la tercera ciudad más importante del país. En este rincón de centros comerciales y fraccionamientos de lujo ha sido también el bastión del cartel que lleva el nombre del Estado.

Los de Jalisco Nueva Generación, desde su fundación en 2010, y su meteórico éxito hasta convertirse en uno de los grupos criminales más poderosos —solo compite con Sinaloa en capacidad de fuego— han sembrado el terror en el país. La escalada de violencia que sufre México desde hace más de una década, con récord de homicidios que se baten cada año (casi 100 al día), se le achaca en gran medida a la guerra por el control de rutas, plazas y nuevos territorios de este cartel que ha conseguido extender sus tentáculos a prácticamente todo el territorio nacional, excepto los bastiones históricos de los de Sinaloa.

El secuestro de dos miembros del personal de la Marina evidencia de nuevo el poder del narcotráfico en México. Como un Estado dentro del Estado. Con la capacidad de amenazar y amedrentar a una de las instituciones mejor valoradas del país y que durante años se ha encargado del combate al crimen organizado y al descabezamiento de sus líderes. El silencio de la Secretaría de Defensa y del propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, ante la última afrenta del narco a una institución pública es también un reflejo del éxito de la estrategia del terror al que somete el narcotráfico desde hace décadas al país."                 (elena Reina, El País, 17/11/21)

30.10.19

¿Qué hay detrás de la humillante liberación del hijo del Chapo? ¿Cómo ganó el Cártel de Sinaloa la batalla de Culiacán? ¿Qué caso tiene enviar al ejército a quemar sembradíos de marihuana en Sinaloa si el cultivo es legal para uso recreativo en California?

"En 2011, Carlos Pascual, embajador de Estados Unidos en México, se convirtió en el primer embajador estadounidense en verse obligado a renunciar. 

Una serie de cables que Pascual envió a Washington, publicados en WikiLeaks, revelaron que cuando las autoridades estadounidenses identificaban la ubicación de un objetivo valioso, debían elegir entre varias opciones desagradables: notificar al ejército mexicano —que podría optar por evitar riesgos o incluso llegar a pasarle información al sospechoso—, informar a la policía federal —que en esencia se encontraba paralizada— o avisar a la Armada —que, entrenada en Estados Unidos, era efectiva pero extremadamente violenta—.


Para resolver este dilema, por lo regular introducían a agentes estadounidenses en los equipos que rastreaban a los capos y compartían información de inteligencia solo con fuerzas mexicanas aprobadas previamente mediante un estricto proceso de revisión de Estados Unidos.


Una posible explicación para la humillante derrota sufrida por el ejército mexicano y el presidente Andrés Manuel López Obrador la semana pasada en Culiacán, Sinaloa, cuando fuerzas del gobierno capturaron y más tarde liberaron a un importante capo de las drogas, quizá tenga relación con estos precedentes. No existen pruebas de que las autoridades estadounidenses hayan localizado a Ovidio Guzmán López, conocido como el Chapito, pero, en caso de ser así, podría identificarse un patrón.


Su padre, Joaquín Guzmán Loera, el capo de las drogas conocido como el Chapo, fue capturado en dos ocasiones gracias a inteligencia de la Administración de Control de Drogas (DEA). También contribuyeron a la captura de otros delincuentes de gran valor, como Edgar Valdez Villarreal (la Barbie), arrestado en 2010, y Arturo Beltrán Leyva, asesinado en 2009.

Es posible que estos factores hayan contribuido a que se realizara una redada improvisada, descuidada, débil y, a fin de cuentas, catastrófica, para atrapar al hijo del Chapo en respuesta a una solicitud de Washington de extraditarlo a Estados Unidos.


Después de que cientos de sicarios del Cártel de Sinaloa sitiaron la ciudad y amenazaron con asesinar a varios rehenes, López Obrador no tuvo más remedio que liberar a Guzmán López. En la prensa y las redes sociales de México abundan comentarios sobre la indignación que causó en el ejército la decisión de López Obrador de liberar a Guzmán López. ¿Entonces, por qué fueron tras él?


Una posible teoría es que la DEA encontró a Guzmán López y sus homólogos mexicanos no estaban muy convencidos de detenerlo. López Obrador declaró hace meses que había decidido no aplicar la “estrategia contra los capos” respaldada por Estados Unidos y que tantas críticas generó en México: después de doce años de acciones concentradas en los líderes de los cárteles, no solo había más violencia, sino que fracasaron en reducir el tamaño, el poder y la brutalidad de los grupos criminales.


La batalla de Culiacán hace evidente que el Cártel de Sinaloa no está más debilitado que antes de que comenzara la guerra contra las drogas. Quizá las autoridades mexicanas que recibieron la alerta de los estadounidenses pensaron que si no capturaban a Guzmán López los estadounidenses los acusarían de ser sus cómplices, así que decidieron proceder sin mucho entusiasmo y con resultados desastrosos.

 También es posible que, en vista de que el acuerdo comercial para América del Norte —el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)— todavía no es aprobado por el congreso estadounidense, López Obrador se haya sentido presionado a actuar.


Normalmente, cuando las autoridades van por objetivos muy valiosos, aplican una fuerza impresionante. Pero para arrestar a Guzmán López, solo se enviaron 35 efectivos, por lo que las fuerzas mexicanas fueron aventajadas y vencidas muy pronto. Las fuerzas del gobierno tampoco sitiaron la ciudad ni contaron con el apoyo de helicópteros estadounidenses. En consecuencia, las fuerzas de Guzmán López asediaron la ciudad con violencia.


No es ninguna sorpresa que el Cártel de Sinaloa haya aventajado a las fuerzas federales el viernes pasado en Culiacán. El ejército mexicano y la nueva Guardia Nacional tal vez estaban muy ocupados en detener a personas que migran desde Centroamérica a lo largo de la frontera mexicana con Estados Unidos. Desde el verano, se han enviado más de 20.000 soldados a la frontera para detener el flujo de migrantes. En todo momento, el número total de soldados en servicio activo oscila entre 50.000 y 60.000. Casi la mitad de los efectivos del gobierno realizan actividades que le corresponderían a la policía migratoria.


López Obrador no ha definido con claridad qué quiere hacer con la guerra contra las drogas de sus predecesores, que cobraron la vida de más de 250.000 mexicanos desde 2007 y dejaron un saldo de 40.000 desaparecidos. Durante la campaña electoral pidió el fin a la guerra contra las drogas y dijo que enviaría a los militares de vuelta a los cuarteles. 

Después de ser electo, se comprometió a crear una Guardia Nacional integrada principalmente por antiguos miembros del ejército, la Armada y la policía federal —con mejores sueldos y nueva capacitación— y a legalizar algunas drogas. Más tarde, para decepción de sus seguidores, dijo que no pensaba promover la legalización de la marihuana. 

Renegó de la “estrategia contra los capos”, pero la aplicó a los hijos del Chapo.


Como resultado de este enfoque errático, desde que López Obrador asumió la presidencia en diciembre pasado la violencia ha aumentado en México, hasta alcanzar las cifras más altas registradas en la historia del país. 

Solo unos días después de la batalla de Culiacán, catorce policías fueron masacrados en la población de Aguililla, en el estado de Michoacán, y un enfrentamiento entre el ejército y presuntos delincuentes dejó a quince personas sin vida en Tepochica, estado de Guerrero. En Ciudad de México se registran más delitos, desde robos con violencia en tiendas de Louis Vuitton hasta tiroteos en barrios más pobres. El gobierno ya perdió el control de la situación.


López Obrador había trazado un curso razonable hasta los sucesos de Culiacán. La guerra contra las drogas ya no era prioridad para el gobierno mexicano y Estados Unidos estaba menos involucrado. Aunque está bien que López Obrador se dedique a reducir la pobreza y la desigualdad, que aumente los salarios y las transferencias de efectivo, además de alentar a las empresas a contratar a los jóvenes desempleados que ya culminaron sus estudios, los mexicanos quizá no sientan ningún cambio en el corto plazo.


Debería mantener el rumbo, ignorar a los estadounidenses y no hacer caso cuando los embarques de drogas fluyan hacia Estados Unidos. ¿Qué caso tiene enviar al ejército a quemar sembradíos de marihuana en Sinaloa si el cultivo es legal para uso recreativo en California? López Obrador debería aclararles a la DEA y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ya desechó la estrategia contra los capos, que ya no permitirá la presencia de agentes estadounidenses y que solo él decidirá, en su caso, cuándo ir tras figuras como los hijos del Chapo.


Nunca debe volver a ponerse en una situación en la que la única salida sea la humillante liberación de delincuentes y negociaciones con terroristas."


(Jorge G. Castañeda, secretario de Relaciones Exteriores de México de 2000 a 2003, es profesor en la Universidad de Nueva York y columnista de opinión del Times. Revista de prensa, 27/10/19 . Fuente: The New York Times)


"(...) la DEA, agencia norteamericana dedicada a combatir este flagelo, aunque no son pocos los que sostienen que su rol es bien distinto. 

Siendo los estadounidenses los máximos consumidores de tales productos es política oficial acusar a varios Estados, con los que no comulgan política o ideológicamente, de favorecer su producción o distribución.
 
También es su doctrina oficial solicitar la extradición de personas vinculadas a ese negocio. Este es uno de los temas que está en el centro de las complejas relaciones entre los EEUU y México. Uno de los últimos casos resonantes ha sido la extradición de Joaquín “El Chapo” Guzmán, capo narco del cartel de Sinaloa, uno de los más importantes en la actual realidad mejicana.


Guzmán, que tuvo dos fugas cinematográficas de cárceles mejicanas, ha sido extraditado a los EEUU, allí fue juzgado y condenado a perpetuidad. En estos días, Ovidio “El Ratón” Guzmán López de 28 años -hijo menor de “El Chapo”- también reclamado por la justicia norteamericana, protagonizó un inédito incidente que da cuenta de la situación del narcotráfico en ese país.


Hace pocos días, según información oficial, efectivos de las fuerzas federales fueron agredidos desde una vivienda en Culiacán, capital del Estado de Sinaloa, donde Diego Armando Maradona dirigía un equipo de fútbol de la segunda división. Al responder a esa agresión y controlar la vivienda, detuvieron a cuatro personas. Una de ellas era Ovidio Guzmán.


En pocos minutos convergieron sobre el lugar camionetas artilladas, en número altamente superior a las fuerzas federales, mientras la policía local se abstenía de intervenir.

 Luego de algunas negociaciones y con el aval de las máximas autoridades del país “El Ratón” fue dejado en libertad y simultáneamente se “fugaron” 51 presos de la cárcel del lugar. Fueron 8 los muertos en esas balaceras. Entre lo que refleja este hecho se debe destacar el peso efectivo del narcotráfico en ese país y la complejidad del tal problema.
Para penetrar un poco más en esa problemática se puede decir que el 11 de diciembre del año 2006 un Presidente mexicano ordenó lo que se conoce como “La Guerra al Narcotráfico”. Eso significó poner a las Fuerzas Armadas de ese país y las fuerzas de seguridad federales, al frente de ese “combate”.

Para abril 2018 la cifra oficial y documentada de homicidios, desde aquel diciembre 2006, era de 250.547 víctimas. El promedio anual que, al momento de declararse dicha “guerra”, no llegaba a las 9 mil víctimas, alcanzó en los años siguientes -hasta la fecha indicada- un promedio anual superior a las 20 mil.


Todo ello sin contar a los desaparecidos, cuya cifra oficial supera los 40 mil. Sus cuerpos ya no son buscados desde hace varios años.  (...)

El 1° de diciembre del año pasado asumió la presidencia Andrés Manuel López Obrador (AMLO). En febrero de este año, el presidente imbuido de ideas progresistas,  anunció el fin de la estrategia seguida, por los dos presidentes que lo precedieron, contra los narcos. Su saldo ya fue señalado.


En su lugar planteó otra estrategia centrada en la “pacificación”, cuyos principales aspectos se resumen en las ideas de: “Paz, reconciliación, perdón, amnistía y legalización”. La decisión de liberar a este narco, el menor de los Guzmán, responde a esa estrategia y “para evitar males mayores”. La sola mención de esta circunstancia da una idea de la gravedad de la situación que atraviesan."                       

(Juan Guahán, Analista político y dirigente social argentino, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la . Estrategia.La. 26/10/19)


"El jueves 17 de octubre, durante al menos tres horas, la ciudad de Culiacán le perteneció por completo al Cártel de Sinaloa, aun cuando el alcalde de la ciudad y el gobernador del estado se encontraban ahí.

Los conocimientos logísticos, tácticos y de la geografía de la región fueron elementos que ayudaron al cártel a ganar la batalla contra las fuerzas federales, los cuales ha desarrollado desde sus inicios en el Siglo XX sin que el Estado mexicano haya podido detectarlos ni neutralizarlos. (...)

La reacción de los grupos armados del cártel tras enterarse de la presencia de los policías militares y la Guardia Nacional fue formar anillos perimetrales mediante el bloqueo de los puntos de acceso de la zona —la cual conocen bien— con autos y camiones incendiados.

El reporte dado a conocer por la Secretaría de la Defensa Nacional informó de 19 bloqueos en las vialidades de la ciudad mediante la apropiación de 42 vehículos, dos de ellos propiedad de esa dependencia. El perímetro que delimitan ocho de estos sitios crea un anillo de tres mil 600 metros cuadrados cuyo centro es la zona donde las autoridades afirman que capturaron a Ovidio Guzmán.

Las fuerzas federales solo pudieron ganar y resguardar uno de los puntos de acceso de los nueve que hay en el área, el cual está ubicado en la avenida Universitarios, en el Jardín Botánico. Pero no fue suficiente.

Con este operativo los sicarios encerraron en ese perímetro no solo a los elementos federales que pretendían ser los captores —y terminaron siendo los capturados—, sino también a la población de Culiacán.

Además, bloquearon la autopista que va de la ciudad hacia el norte de Sinaloa a la altura de la caseta de cobro de la sindicatura de Costa Rica. También, de acuerdo con reportes oficiales y de la misma población civil, bloquearon la vía de salida hacia el sur y el camino hacia el pueblo llamado Mojolo.
Al ver estos bloqueos, estratégicamente colocados, podemos comprender que Culiacán fue tomado por el crimen organizado durante al menos tres o cuatro horas. No había otra autoridad en el lugar ni podrían haber ingresado refuerzos por tierra.

Lo ocurrido el jueves acentúa una incógnita y reclamo que por largo tiempo en Sinaloa le hemos hecho a los distintos gobiernos federales: ¿Por qué a pesar de la inversión millonaria por parte de las autoridades en armamento, así como dispositivos y tecnologías de vigilancia, información e inteligencia, el Cártel de Sinaloa ha crecido de manera exponencial? ¿Por qué no se le ha contenido?
La Secretaría de Gobernación, la de la Defensa Nacional y la Marina cuentan con análisis puntuales del modus operandi del cártel y los puntos vulnerables de Culiacán. Después de la derrota que sufrieron, deberían usarlos."

(Francisco Cuamea es director del centro de datos e investigación Buró de Información Estratégica. Revista de Prensa, 21/10/19. Fuente: The Washington Post)