Durante más de 40 años, Colombia ha sido frenada por redes criminales construidas en torno a un solo producto ilícito: la cocaína. La “industria” de la cocaína en Colombia equivale a un cuasi-sector exportador, y el negocio está en auge. Un estudio estima que solo en 2024, el narcotráfico de cocaína generó cerca de $16,500 millones de dólares para las organizaciones criminales—alrededor del 4.4% del PIB, más de lo que el país obtiene por sus exportaciones petroleras. A esto se suman los costos más amplios del crimen y la violencia—estimados por el BID y Fedesarrollo en 3.6% del PIB en 2022—y el lastre sobre el crecimiento se vuelve aún mayor... En México, las organizaciones criminales cobran, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, un impuesto ilegal—eufemísticamente llamado derecho de piso—solo por poder operar. Como cada eslabón de la cadena de distribución está sujeto a este tipo de cobros, los precios se inflan progresivamente: los limones que salen de la finca a 13 pesos ($0.77) el kilo pueden llegar a costar 85 pesos para cuando alcanzan al consumidor... México Evalúa calcula que la extorsión le cuesta al país alrededor del 2% del PIB anualmente... Esto ayuda a explicar por qué el crecimiento se ha mantenido obstinadamente débil, pese a unos fundamentos macroeconómicos en general sólidos... En Brasil, el crimen organizado opera cada vez más como un actor financiero sofisticado, en lugar de un depredador territorial. Organizaciones criminales como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) se han diversificado mucho más allá del narcotráfico hacia la distribución de combustibles, la minería, los bienes raíces y los fondos de inversión. La reciente Operação Carbono Oculto destapó un esquema que utilizaba más de 1,000 gasolineras y empresas de fachada para lavar ganancias ilícitas a través del sistema financiero formal... En 2025, el Instituto Igarapé situó el valor total del crimen organizado en 10.24% del PIB—cerca de R$1.3 billones ($250,000 millones)... A lo largo de dos décadas, esto deja a estas economías entre un 15% y un 30% más pequeñas de lo que podrían haber sido. Eso, también, representa un alto costo humano (Guillermo Ortiz)

"Es casi seguro que América Latina paga el precio económico más alto del mundo por el crimen organizado. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el crimen le cuesta a América Latina y el Caribe (ALC) un promedio de 3.44% del PIB anualmente, equivalente al 78% de todo el gasto público en educación de la región. Pero hay discrepancias significativas dentro de ALC. Brasil, Colombia y México destacan tanto por la magnitud del problema como por la forma en que opera el crimen organizado.

Antes de pasar a las cifras, es indispensable una advertencia. Este análisis cubre únicamente los costos económicos —inversión, productividad y crecimiento perdidos— y no el costo humano de las vidas perdidas, las comunidades desplazadas y las familias destrozadas, ya que ninguna cifra podría capturarlo sin trivializarlo. Los números que siguen son un piso, no un techo, del daño real.

Durante más de 40 años, Colombia ha sido frenada por redes criminales construidas en torno a un solo producto ilícito: la cocaína. La “industria” de la cocaína en Colombia equivale a un cuasi-sector exportador, y el negocio está en auge. Un estudio estima que solo en 2024, el narcotráfico de cocaína generó cerca de $16,500 millones de dólares para las organizaciones criminales—alrededor del 4.4% del PIB, más de lo que el país obtiene por sus exportaciones petroleras.

A esto se suman los costos más amplios del crimen y la violencia—estimados por el BID y Fedesarrollo en 3.6% del PIB en 2022—y el lastre sobre el crecimiento se vuelve aún mayor. Colombia ha padecido durante mucho tiempo un conflicto armado que involucra a grupos paramilitares de extrema derecha, organizaciones guerrilleras de extrema izquierda y carteles criminales, en el que la industria del narcotráfico juega un papel clave. El gobierno combatió a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) durante más de medio siglo, antes de alcanzar un acuerdo de paz en 2016.

Un estudio calculó que eliminar por completo el conflicto armado en Colombia entre 1988 y 2009 podría haber sumado hasta 4.4 puntos porcentuales al crecimiento económico anual. Cuando el cultivo de coca se dispara en una zona determinada, los homicidios le siguen de cerca, junto con el desplazamiento forzado y los ataques de grupos armados. Y el daño se agrava también a nivel empresarial. Una investigación sobre empresas colombianas encontró que los secuestros dirigidos contra negocios específicos—a diferencia de la violencia generalizada en sus alrededores—hacen que los gerentes reduzcan la inversión durante años después, pues el propio miedo se convierte en un impuesto sobre hacer negocios.

El acuerdo de 2016 con las FARC no trajo consigo ese dividendo de paz. La economía criminal que el pacto buscaba desmantelar ha seguido prosperando, con el cultivo de coca alcanzando un récord de 253,000 hectáreas en 2023. Además, los grupos de crimen organizado se han diversificado hacia la extorsión y la minería ilegal—los principales obstáculos al crecimiento en México y Brasil, respectivamente.

En México, las organizaciones criminales cobran, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, un impuesto ilegal—eufemísticamente llamado derecho de piso—solo por poder operar. Como cada eslabón de la cadena de distribución está sujeto a este tipo de cobros, los precios se inflan progresivamente: los limones que salen de la finca a 13 pesos ($0.77) el kilo pueden llegar a costar 85 pesos para cuando alcanzan al consumidor. Mientras que los ingresos de la cocaína colombiana al menos traen divisas a la economía, la extorsión en México representa una pérdida pura.

México Evalúa calcula que la extorsión le cuesta al país alrededor del 2% del PIB anualmente. De manera similar, el economista en jefe para México de la OCDE estima que el crimen le resta entre 1 y 2 puntos porcentuales al crecimiento anual del PIB de México. Esto ayuda a explicar por qué el crecimiento se ha mantenido obstinadamente débil, pese a unos fundamentos macroeconómicos en general sólidos. Los costos se ven agravados por la administración del presidente estadounidense Donald Trump, que ahora trata a los carteles mexicanos como un asunto de comercio y seguridad. Las amenazas arancelarias, las sanciones y la amenaza implícita de una acción militar unilateral aumentan la incertidumbre y socavan la confianza de los inversionistas.

En Brasil, el crimen organizado opera cada vez más como un actor financiero sofisticado, en lugar de un depredador territorial. Organizaciones criminales como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) se han diversificado mucho más allá del narcotráfico hacia la distribución de combustibles, la minería, los bienes raíces y los fondos de inversión. La reciente Operação Carbono Oculto destapó un esquema que utilizaba más de 1,000 gasolineras y empresas de fachada para lavar ganancias ilícitas a través del sistema financiero formal.

Cabe destacar que los homicidios en Brasil cayeron aproximadamente una quinta parte entre 2013 y 2023, pero el costo económico del crimen organizado siguió aumentando—una señal de la profesionalización y financiarización de los grupos criminales. En 2025, el Instituto Igarapé situó el valor total del crimen organizado en 10.24% del PIB—cerca de R$1.3 billones ($250,000 millones). Si Brasil redujera su tasa de criminalidad al promedio mundial, el Fondo Monetario Internacional estima que su PIB podría crecer 0.6 puntos porcentuales más rápido cada año.

La creciente presencia del crimen organizado se está convirtiendo en un tema político central en los tres países. En Colombia, Abelardo de la Espriella acaba de ganar la elección presidencial más reñida en la historia reciente del país, con la promesa de desmantelar la economía criminal. Tiene un mandato para hacerlo, pero es muy estrecho.

En Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva ha pasado gran parte de su actual presidencia evitando el tema de la seguridad pública, incluso cuando la policía de Río de Janeiro llevó a cabo un operativo de gran escala contra el CV y Estados Unidos designó al PCC y al CV como organizaciones terroristas. Ahora, Flávio Bolsonaro, el rival de Lula en la elección de octubre, busca capitalizar esta debilidad, posicionándose como el candidato de mano dura. Aunque Lula ya firmó un paquete propio contra el crimen organizado de R$11,000 millones—y aún lidera en la mayoría de las encuestas—, este es un terreno en el que preferiría no estar peleando. (...)

Incluso sin contar las vidas perdidas, las comunidades desplazadas y las familias destrozadas, los costos económicos del crimen organizado dibujan un panorama sombrío, restando entre 0.5 y 2 puntos porcentuales al crecimiento anual del PIB en los países más afectados. A lo largo de dos décadas, esto deja a estas economías entre un 15% y un 30% más pequeñas de lo que podrían haber sido. Eso, también, representa un alto costo humano."

(Guillermo Ortiz,  Project Syndicate , 31/08/26)

La DEA, metida en el narcotráfico... La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó de manera tajante las declaraciones “desafortunadas y sin sustento” del director de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terry Cole, quien el martes aseguró que los cárteles del narcotráfico y el gobierno mexicano “son lo mismo”... la mandataria recordó algunos de los escándalos de connivencia con el narco que han salpicado a la DEA (el ex director regional de la DEA en México Nicholas Palmeri sostuvo contactos “impropios” con abogados de Miami que defienden a capos latinoamericanos. José Irizarry fue condenado a 12 años de prisión tras admitir que pasó una década conspirando con cárteles colombianos para lavar dinero; Irizarry aseguró que no caería solo y señaló que docenas de agentes federales, fiscales e informantes participan en una especie de tour permanente para recoger dinero proveniente del lavado en tres continentes. Paul Campo, que llegó a ser subjefe de la Oficina de Operaciones Financieras, participó directamente en el tráfico de narcóticos)... Sheinbaum instó a la agencia a centrar su atención dentro de Estados Unidos... pues el hecho de que Washington destine tantos recursos a “combatir” el narcotráfico en decenas de países, mientras las sustancias ilícitas se consumen sin control en su propio territorio y las ganancias de los cárteles se lavan a un ritmo de 300 mil millones de dólares anuales en su sistema financiero, es un firme indicio de que las autoridades estadounidenses no tienen y nunca han tenido la intención de acabar con este problema (La Jornada)

"La DEA, metida en el narcotráfico.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó de manera tajante las declaraciones “desafortunadas y sin sustento” del director de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terry Cole, quien el martes aseguró que los cárteles del narcotráfico y el gobierno mexicano “son lo mismo”. La mandataria enfatizó que las palabras de Cole tienen motivaciones políticas y no responden a la realidad, pues la histórica disminución de la violencia, los decomisos de estupefacientes y los golpes a las estructuras criminales desmienten por sí mismos la noción de una identidad entre autoridades y criminalidad. Asimismo, la mandataria recordó algunos de los escándalos de connivencia con el narco que han salpicado a la DEA e instó a la agencia a centrar su atención dentro de Estados Unidos, donde tiene lugar la mayor operación de venta de drogas del planeta. “¿Quién la vende? ¿Cómo la venden? ¿Cómo la distribuyen? ¿Cómo lavan el dinero? Eso es algo que la DEA debería estar investigando”, indicó la titular del Ejecutivo.

El hecho de que Washington destine tantos recursos a “combatir” el narcotráfico en decenas de países, mientras las sustancias ilícitas se consumen sin control en su propio territorio y las ganancias de los cárteles se lavan a un ritmo de 300 mil millones de dólares anuales en su sistema financiero, es un firme indicio de que las autoridades estadunidenses no tienen y nunca han tenido la intención de acabar con este problema. Por el contrario, su verdadero interés reside en usarlo como pretexto para sus políticas neocolonialistas.

Por otra parte, las acusaciones de una “conexión mortal” entre los cárteles de la droga y el gobierno mexicano resultan hasta risibles en boca del jefe de una agencia totalmente desacreditada por las conductas de sus directivos y agentes. En enero de 2023, se dio a conocer que el ex director regional de la DEA en México Nicholas Palmeri sostuvo contactos “impropios” con abogados de Miami que defienden a capos latinoamericanos, por lo que en mayo de 2021 fue abruptamente transferido a las oficinas centrales en Washington, hasta que finalmente dimitió en marzo de 2022. La agencia le permitió renunciar en lugar de expulsarlo y declinó presentar cargos en su contra; es decir, premió su corrupción con impunidad total. Dos meses después, un agente y un supervisor fueron imputados por filtrar información confidencial a abogados de Miami a cambio de 70 mil dólares en efectivo, otra muestra de las cada vez más evidentes redes de corrupción tejidas entre la agencia y toda la economía que gira en torno al dinero del narcotráfico en territorio estadunidense. En julio del mismo año, el subdirector de la agencia, Louis Milione, dejó su cargo luego de que una investigación periodística sacó a la luz que trabajó como consultor de empresas farmacéuticas vinculadas a la grave crisis de adicciones a opioides.

En diciembre de 2021, José Irizarry fue condenado a 12 años de prisión tras admitir que pasó una década conspirando con cárteles colombianos para lavar dinero, tiempo en el cual viajó por el mundo dándose una vida de lujos y excesos en compañía de las personas a las que supuestamente perseguía. Irizarry aseguró que no caería solo y señaló que docenas de agentes federales, fiscales e informantes participan en una especie de tour permanente para recoger dinero proveniente del lavado en tres continentes. El agente caído en desgracia afirmó incluso que él y sus colegas hacían esto porque desde hace mucho cobraron conciencia de la futilidad de la guerra contra las drogas. Hasta ahora, ni la DEA ni ninguna otra dependencia estadunidense han querido investigar la información que Irizarry ofrece sobre las dimensiones de la corrupción en sus propias filas.

En diciembre de 2025, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a Paul Campo –un ex agente de la DEA con 25 años de trayectoria que llegó a ser subjefe de la Oficina de Operaciones Financieras– de utilizar su profundo conocimiento interno para participar directamente en el tráfico de narcóticos y estructurar el lavado de 12 millones de dólares para el cártel Jalisco Nueva Generación. Hace dos semanas, la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, afirmó que la entidad podría reclamar miles de millones de dólares en daños civiles tras las revelaciones de que agentes de la DEA permitieron repetidamente que cargamentos de fentanilo llegaran a comunidades azotadas por las drogas, como parte de un supuesto plan para armar casos más grandes.

En suma, Cole y el gobierno estadunidense en su conjunto tienen mucho trabajo por hacer dentro de sus fronteras y dentro de sus propias filas, y mucho que explicar a sus votantes, antes de hacer acusaciones temerarias e improcedentes sobre otros países." 

(Editorial de La Jornada, 16/07/26) 

No hay solución militar al problema de los cárteles en México... El problema es la realidad más profunda e inalterable de que, mientras se pueda ganar dinero vendiendo drogas, eliminar a un jefe de cártel solo significa asegurar su reemplazo. Los mexicanos han visto esta película suficientes veces como para saber que el reemplazo a menudo será peor, y que solo puede surgir después de un sangriento desangramiento en brutales batallas territoriales que con demasiada frecuencia atrapan a civiles inocentes en el fuego cruzado... El contrabando hacia Estados Unidos ha existido en México desde siempre... policías, soldados o funcionarios gubernamentales mexicanos han tomado su parte de las ganancias que se pueden obtener vendiendo a los estadounidenses lo que su gobierno no les permite comprar. Sin embargo, la inseguridad y la violencia masiva para la gente común debido al narcotráfico a través de México son un fenómeno relativamente reciente, que data de 2006... A partir de ese año, el presidente conservador Felipe Calderón, con el apoyo y financiamiento de la administración Bush, se propuso aplastar militarmente a los cárteles de México. Muchos líderes prominentes de cárteles fueron asesinados o capturados mientras que las muertes de civiles se disparaban... Pero los cárteles de la droga no son ejércitos que puedan ser obligados a rendirse... son más como bancos: actores económicos que satisfacen una necesidad en un mercado enorme, aunque ilícito, y que están dispuestos a tomar medidas extremas para defender sus ganancias igualmente enormes. Eliminar a todo un cártel, desde el mula de droga más humilde hasta el narcotraficante de más alto rango, no puede acabar con el narcotráfico más de lo que cerrar el Bank of America acabaría con el sector financiero... los cárteles de hoy son más fuertes que antes. Vastas extensiones de México han pasado de ser seguras a inseguras; cientos de miles de mexicanos han sido desplazados, muchos de ellos buscando asilo en Estados Unidos; y hasta 30,000 mexicanos mueren cada año en actos de violencia relacionados con el crimen. Matar a otro líder del cártel solo nos devuelve al punto de partida... La enorme demanda de drogas ilegales y peligrosas en Estados Unidos asegura que siempre será enormemente lucrativo proporcionar un suministro. Mientras tanto, la propia abundancia de armamento de grado militar de Estados Unidos, así como el suministro de jóvenes económicamente precarios de México, aseguran que la violencia armada siempre será una opción barata para los proveedores de drogas, ya sea contra el estado o contra la competencia... ninguna política individual sería tan efectiva para reducir el poder de los cárteles de la droga mexicanos como cortar el flujo de armas estadounidenses al sur de la frontera. Esta ha sido una prioridad de larga data para el gobierno mexicano (Antonio De Loera-Brust)

 "Tan recientemente como en 2005, no solo era factible conducir desde las ciudades estadounidenses de El Paso o San Diego hasta la Ciudad de México, sino que también era seguro.

Eso ya no es así. Desde 2006, México ha caído en una guerra contra las drogas que ha hecho que grandes partes del país sean inseguras para viajar. Esa realidad quedó crudamente expuesta el domingo después de que las tropas mexicanas mataran al jefe de la droga más notorio del país. Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho", comandaba el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que respondió matando a fuerzas gubernamentales en ataques en todo México. Algunas zonas populares entre los turistas se vieron afectadas por bloqueos de carreteras y quema de coches.

Las fuerzas mexicanas mataron a El Mencho por órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum, bajo presión estadounidense y con apoyo de inteligencia de Washington, pero sin tropas estadounidenses. Una operación militar estadounidense en suelo mexicano es la línea roja de Sheinbaum en sus relaciones con Washington, que parece ansioso por utilizar la potencia de fuego estadounidense contra los cárteles de la droga mexicanos.

Al tomar medidas contra un importante líder de cártel, Sheinbaum está caminando sobre la cuerda floja. Ha revertido su postura de larga data contra la guerra contra las drogas liderada por Estados Unidos, que muchos mexicanos consideran que inició su crisis de inseguridad de larga data. (La ira por la guerra contra las drogas fue una razón importante por la que el partido Morena de Sheinbaum llegó al poder por primera vez en 2018). Al mismo tiempo, Sheinbaum intenta salvaguardar la soberanía mexicana y evitar el tipo de intervención que el presidente estadounidense Donald Trump ha amenazado repetidamente con lanzar.

La administración Trump acogió con satisfacción el ataque de México contra el CJNG y se apresuró a reclamar su parte del mérito por la eliminación de El Mencho. Sin embargo, el beneficio de la operación para los mexicanos comunes es mucho menos claro. La reacción del cártel fue rápida y despiadada. Las cifras reales de víctimas no están claras, aunque se informa que al menos 25 miembros de la Guardia Nacional de México murieron, con un total de más de 70 fallecidos. Los ataques ocurrieron a lo largo de la costa del Pacífico de México, desde Oaxaca hasta Baja California, paralizando la vida diaria y desencadenando avisos generalizados de quedarse en casa.

Durante todo el domingo, las fuerzas mexicanas trabajaron para despejar los bloqueos de carreteras y restaurar el orden en grandes extensiones del país. Para el lunes por la mañana, el gobierno afirmó haber recuperado el control. Pero es probable que la violencia continúe, con el CJNG enfrentando una sangrienta batalla de sucesión y guerras territoriales con cárteles rivales que buscan aprovechar la debilidad de su rival. Cualquier reducción en el flujo de drogas hacia el norte será temporal, si es que ocurre.

Sin embargo, la reacción de muchos expertos, políticos y analistas tanto en México como en Estados Unidos fue tan rápida como predecible: pedir inmediatamente una mayor escalada y acción militar contra los cárteles. Algunos influyentes activistas de MAGA y funcionarios republicanos difundieron afirmaciones falsas de que los cárteles estaban atacando a ciudadanos estadounidenses en México, lo que provocó una respuesta directa de la Embajada de México en Washington.

La oposición mexicana buscó presentar el caos como evidencia de que el gobierno de Sheinbaum es blando con los cárteles. El senador mexicano Alejandro Moreno afirmó que Sheinbaum lidera un "narcogobierno", sin importar que ella misma fue quien ordenó la operación contra el CJNG en primer lugar. Mientras tanto, los legisladores estadounidenses, incluido el representante republicano de Miami, Carlos Giménez, se apresuraron a insinuar que la intervención militar directa de Estados Unidos seguía sobre la mesa. Incluso el senador demócrata Rubén Gallego se unió al coro, calificando el enfoque anterior de la administración Sheinbaum hacia los cárteles como "blando".

Estas respuestas no entienden el punto. La falta de poder de fuego mexicano no fue un problema; el ejército mató con éxito a El Mencho. El problema son las consecuencias de la operación: tanto la violencia de represalia inmediata por parte del CJNG decapitado pero aún muy vivo, como la realidad más profunda e inalterable de que, mientras se pueda ganar dinero vendiendo drogas, eliminar a un jefe de cártel solo significa asegurar su reemplazo. Los mexicanos han visto esta película suficientes veces como para saber que el reemplazo a menudo será peor, y que solo puede surgir después de un sangriento desangramiento en brutales batallas territoriales que con demasiada frecuencia atrapan a civiles inocentes en el fuego cruzado.

 Así es exactamente como comenzó el problema de inseguridad de México. El contrabando hacia Estados Unidos ha existido en México desde que los contrabandistas de la época de la Prohibición operaban a través de la frontera entre Estados Unidos y México, si no antes. La corrupción endémica llegó junto con ella; muchos policías, soldados o funcionarios gubernamentales mexicanos han tomado su parte de las ganancias que se pueden obtener vendiendo a los estadounidenses lo que su gobierno no les permite comprar. Sin embargo, la inseguridad y la violencia masiva para la gente común debido al narcotráfico a través de México son un fenómeno relativamente reciente, que data de 2006.

A partir de ese año, el presidente conservador Felipe Calderón, con el apoyo y financiamiento de la administración Bush, se propuso aplastar militarmente a los cárteles de México. Muchos líderes prominentes de cárteles fueron asesinados o capturados mientras que las muertes de civiles se disparaban. Pero los cárteles de la droga no son naciones, ejércitos o grupos ideológicamente motivados que puedan ser obligados a rendirse. Los cárteles son más como bancos: actores económicos que satisfacen una necesidad en un mercado enorme, aunque ilícito, y que están dispuestos a tomar medidas extremas para defender sus ganancias igualmente enormes. Eliminar a todo un cártel, desde el mula de droga más humilde hasta el narcotraficante de más alto rango, no puede acabar con el narcotráfico más de lo que cerrar el Bank of America acabaría con el sector financiero.

Previsiblemente, la guerra contra las drogas de Calderón ha sido seguida por interminables oleadas de violencia. Se desataron batallas de sucesión cada vez que se eliminaba a un narcotraficante prominente, mientras que surgían nuevos grupos criminales para tomar su parte de las ganancias del tráfico de drogas. Irónicamente, algunos de los cárteles más peligrosos, como Los Zetas, surgieron de las mismas fuerzas militares mexicanas entrenadas por Estados Unidos que habían sido encargadas de eliminarlos.

Dos décadas después de que la violencia empeorara, pocos de los líderes de los cárteles de 2006 siguen vivos. Sin embargo, los cárteles de hoy son más fuertes que antes. Vastas extensiones de México han pasado de ser seguras a inseguras; cientos de miles de mexicanos han sido desplazados, muchos de ellos buscando asilo en Estados Unidos; y hasta 30,000 mexicanos mueren cada año en actos de violencia relacionados con el crimen. Matar a otro líder del cártel solo nos devuelve al punto de partida.

Es hora de reconocer el trato injusto que recibe el pueblo mexicano en la guerra contra las drogas respaldada por Estados Unidos. La enorme demanda de drogas ilegales y peligrosas en Estados Unidos asegura que siempre será enormemente lucrativo proporcionar un suministro. Mientras tanto, la propia abundancia de armamento de grado militar de Estados Unidos, así como el suministro de jóvenes económicamente precarios de México, aseguran que la violencia armada siempre será una opción barata para los proveedores de drogas, ya sea contra el estado o contra la competencia.

Los cárteles de la droga mexicanos son un problema sin solución militar. Reconocer esto no significa tirar la toalla e ignorar la amenaza genuinamente peligrosa para la salud pública que representan las drogas ilícitas. De hecho, penas más severas contra los consumidores de drogas en Estados Unidos, especialmente los ricos y privilegiados, que consumen casualmente el producto de una enorme miseria latinoamericana, podrían ayudar a reducir la demanda que perpetúa la fuerza de los cárteles en toda la región. Si se les pide a los jóvenes mexicanos que mueran combatiendo a los cárteles de la droga que contrabandean cocaína, lo menos que Estados Unidos puede hacer es encarcelar a algunos de los jóvenes corredores de bolsa de Wall Street, a los técnicos de Silicon Valley y a los miembros del personal del Congreso que la esnifan rutinariamente.

Más allá de las medidas punitivas, se debería hacer mucho más para abordar las realidades de la adicción en los Estados Unidos, especialmente en lo que respecta a los opioides. La administración Trump ha dado un ejemplo particularmente malo en este frente al proponer recortes en programas que abordan la adicción a los opioides, retrocediendo solo después de una reacción significativa.

La reciente cooperación diplomática de Estados Unidos con China para abordar el flujo de precursores químicos para la producción de fentanilo ha demostrado que es posible obtener resultados reales en la reducción del suministro general de drogas al prevenir su fabricación. Estrategias similares para limitar las materias primas necesarias para la producción de drogas incluyen invertir en programas de sustitución de cultivos en dificultades en Colombia, donde los agricultores de coca de larga data necesitan inversión de capital, acceso a mercados y asistencia técnica para que la transición a cultivos legítimos, como el banano y el cacao, sea factible.

 Sin embargo, ninguna política individual sería tan efectiva para reducir el poder de los cárteles de la droga mexicanos como cortar el flujo de armas estadounidenses al sur de la frontera. Esta ha sido una prioridad de larga data para el gobierno mexicano, que intentó sin éxito demandar a los fabricantes de armas estadounidenses en un tribunal de EE. UU. El historial de Washington en esta área es particularmente irregular, con exmilitares estadounidenses corruptos y otros funcionarios federales que a menudo se encuentran vendiendo armas financiadas con fondos de los contribuyentes a cárteles mexicanos.

Aprobar la Ley ARMAS, presentada por el representante demócrata de Texas, Joaquín Castro, sería la forma más sensata de garantizar que los cárteles ya no tengan acceso fácil a las armas de fuego estadounidenses. La propuesta legislativa devolvería la autoridad sobre las exportaciones de armas pequeñas del Departamento de Comercio al Departamento de Estado y requeriría la creación de una estrategia interinstitucional para interrumpir el flujo de armas estadounidenses a América Latina, revirtiendo una decisión de la administración Trump en su primer mandato destinada a promover las exportaciones de armas pequeñas de Estados Unidos.

Trágicamente, abordar las causas fundamentales tanto de la oferta como de la demanda de armas y drogas no parece interesar a Trump. Su administración no valora las vidas mexicanas, como lo indica su dura política migratoria cada día. En cambio, Estados Unidos parece decidido a presionar al gobierno mexicano para que tome medidas cada vez más provocadoras contra los cárteles, convirtiendo al país en un campo de batalla, victimizando a los mexicanos comunes y luego utilizando la violencia resultante para aumentar la presión a favor de nuevas acciones militares. Mientras tanto, la Casa Blanca también parece dispuesta a mantener la frontera de Estados Unidos cerrada a los solicitantes de asilo mexicanos que crea la guerra contra las drogas.

Los mexicanos han estado viendo esta película sin parar desde 2006. No hay final feliz; solo hay interminables secuelas sangrientas. Es hora de escribir un nuevo guion." 

(Antonio De Loera-Brust, Revista de prensa, 26/02/26, fuente Foreing Policy, enlaces en el original) 

El estado de Jalisco y todo su territorio, desde el Norte hasta la sierra sur y la costa, pasando por Los Altos, las Cañadas, la ciénega de Chapala, la Zona Metropolitana de Guadalajara y la joya turística de Puerto Vallarta, se convirtió en un narcoterritorio, con dueño que tiene control total de lo que pasa en el estado y cuyo nombre, apodo y apellidos conoce todo México: Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” (Salvador García Soto)... Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho, el narco más buscado del país (Heraldo)

 "Junto al horror y la tragedia que se volvió viral en el rancho Izaguirre, al exponer a nivel internacional el drama humanitario que vive México por las desapariciones, hubo otra cosa que también se sabía, se veía y que muchos, desde los gobernantes hasta los empresarios o la misma sociedad, preferían no hablar de ello o si lo hacían era solo por lo bajito: el estado de Jalisco y todo su territorio, desde el Norte hasta la sierra sur y la costa, pasando por Los Altos, las Cañadas, la ciénega de Chapala, la Zona Metropolitana de Guadalajara y la joya turística de Puerto Vallarta, se convirtió en un narcoterritorio, con dueño que tiene control total de lo que pasa en el estado y cuyo nombre, apodo y apellidos conoce todo México: Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.

Atrás quedaron los cacicazgos políticos de la era priista y los grupos dispersos de la era panista, que siempre navegaron entre los acuerdos y el dominio de los cárteles sinaloenses que se asentaron en Guadalajara y la convirtieron en una de sus plazas favoritas para vivir y para lavar sus millonarias fortunas ilícitas. La caída de Ignacio “Nacho” Coronel, abatido en 2010 por el Ejército en el exclusivo residencial Colinas de San Javier de Zapopan, marcó el fin del control sinaloense y ese mismo año emergió con fuerza el capo que se adueñó de Jalisco y que, sin ser jalisciense, hasta se apropió del nombre del estado para nombrar a su organización: “Cártel Jalisco Nueva Generación”.

Al ver el descontrol y las fracturas que ya empezaban en el Cártel de Sinaloa, Oseguera, que trabajaba para ellos y había formado un grupo llamado “Los Mata Zetas”, con el que Coronel había mantenido a raya las intenciones de los Zetas de apoderarse de Jalisco y de Guadalajara, no lo dudó y abandonó a los sinaloenses para crear su propia organización, algo que supieron bien en las áreas de inteligencia y seguridad del gobierno de Peña Nieto, pero que por omisión o colusión dejaron pasar, permitiéndole al Mencho sentar las bases de la que en pocos años sería considerada “la organización más violenta y dominante del narcotráfico en México”.

Hábil para la estrategia y conocedor de la importancia de crear sus propias redes políticas, el ascenso de Nemesio Oseguera como capo mayor del narcotráfico estuvo acompañado primero del gobierno panista de Emilio González, pero después apoyaría el regreso del PRI a la gubernatura con el triunfo del asesinado Aristóteles Sandoval, en cuyo gobierno se afianzó el CJNG y al que después asesinaron sus sicarios en un bar en Puerto Vallarta el 18 de diciembre de 2020.

Pero muy pronto “El Mencho” entendió que tenía que forjar sus propias redes en la política local y comenzó a apoyar el ascenso de figuras que, junto al partido emergente que en 2013 era Movimiento Ciudadano, empezaron a desplazar a la clase política tradicional en Jalisco, para dar paso al gobierno de Enrique Alfaro. En los seis años de la primera administración emecista terminaría de concretarse el secuestro total del estado por parte del CJNG y de Nemesio, que convirtió a Jalisco en su feudo, su negocio, su centro de operaciones y su refugio, el lugar donde ha podido moverse entre pueblos y sierras del sur sin ser nunca detenido o molestado por las autoridades federales y con el pleno conocimiento de las autoridades locales.

Mientras Alfaro construía una nueva clase política y gobernaba entre pleitos, polémicas y su mal carácter, El Mencho se apropiaba de todos y cada uno de los 125 municipios de Jalisco, dominaba Guadalajara, Zapopan y toda la zona metropolitana, convertía a Puerto Vallarta en paraíso de drogas y lavado de dinero, mientras iba imponiendo a las alcaldías los directores de seguridad y poniendo bajo su servicio a las policías municipales de todo el estado y a las propias policías y fiscalías estatales.

El gobierno federal lo sabía y lo consentía; el gobierno estatal tenía pactos inconfesables y la sociedad jalisciense y tapatía, acostumbrada a vivir siempre con la presencia y el dinero de los narcos, disfrutaba la bonanza económica que llenaba de edificios, plazas comerciales, fraccionamientos exclusivos y antros, muchos antros para mover la droga, a las principales ciudades del estado.

Las llamadas “cuatro letras” comenzaron a ser no sólo una marca comercial, con todo y hologramas en sus paquetes de droga, sino el principal referente de poder en el estado. Los ejércitos del Mencho, formados con adiestramiento militar y con una disciplina y una filosofía que raya en el fanatismo, empezaron a patrullar el estado y a confirmar su poder sometiendo y dominando a cualquiera que se resistiera o pretendiera desconocer el poder del “señor”.

Desde Jalisco, ya con su feudo bien afianzado, Nemesio Oseguera mandó a sus ejércitos a controlar Michoacán, Guanajuato y todo el Bajío. Penetró Aguascalientes y parte de Zacatecas, llegó hasta la Ciudad de México y logró también arrebatarles a los tamaulipecos del Golfo el control de varias aduanas y ciudades fronterizas con Estados Unidos. Hoy no hay narco más buscado y menos encontrado o perseguido que Oseguera Cervantes.

Los 15 millones de dólares que ofrece el gobierno de Estados Unidos por su captura hablan claramente de que El Mencho es hoy, ya sin el Mayo Zambada que negocia en Estados Unidos, El Chapo Guzmán refundido en cadena perpetua, sus rivales sinaloenses peleando una guerra intestina y la próxima ejecución de Caro Quintero por la justicia estadunidense, el principal capo y cabeza del narcotráfico mexicano.

Lamentablemente con su sangrienta leyenda viva y sus pactos políticos que lo mantienen a salvo en la era de la 4T, Nemesio Oseguera no sólo se apropió de Jalisco y lo volvió, de ser un lugar de residencia y operación de narcos a convertirse en un narcoestado, sino que también con toda la impunidad que le dieron los gobernadores priistas y emecistas, con el apoyo y protección del gobierno federal en los dos últimos sexenios, secuestró y pervirtió a la juventud jalisciense, mientras cambiaba la fama del estado, tierra de folclor, trabajo y cultura, por la de la entidad con mayor número de desaparecidos en México y la sede de los campos de exterminio para el mundo.

NOTAS INDISCRETAS…

Con la promesa pública de que “por el bien del país se conocerá toda la verdad” de lo que sucedía en el Rancho Izaguirre, el fiscal Alejandro Gertz anunció que la investigación que está iniciando la FGR y que hoy recibirá de la Fiscalía de Jalisco todos los peritajes, expedientes y hasta las instalaciones aseguradas en Teuchitlán, no ocultará nada sobre lo que se realizaba en ese rancho, donde las madres buscadoras de Guerreros de Jalisco dicen haber visto “tres crematorios” y haber encontrado restos de osamentas humanas. Lo de las osamentas lo confirmó el fiscal en su conferencia de prensa, pero sobre los crematorios dijo no tener todavía los elementos para afirmar o negar si existen o existieron. Con una disposición de responder a preguntas de la prensa que hace mucho no se le veía, más allá de sus fugaces apariciones en las mañaneras presidenciales, Gertz Manero dijo todo y a la vez no dijo nada; pero eso sí, anticipó que vienen acciones legales y posibles denuncias contra la Fiscalía de Jalisco y sus directivos y ministerios públicos que incurrieron en omisiones graves a la hora de asegurar y preservar una posible escena de delito. También respondió al comentario de un reportero diciendo que él no iba a construir una “verdad histórica” a modo de la que creó la PGR de Peña Nieto en el caso Ayotzinapa, y de lo más rescatable que comentó el fiscal fue su reconocimiento de la gravedad de este rancho y de lo que ahí se asoma –algo que no reconocen en el gobierno— y a partir de ahí en varias ocasiones Gertz insistió en que “se va a saber toda la verdad” y que eso tiene que ser “lo más pronto posible y por el bien del país”. Al final el fiscal compró tiempo para su investigación, lo que no está claro si pudo comprar, porque esa no se vende en botica, es la credibilidad en su eficiencia y autonomía…Producto de los golpeteos internos en Morena y en la 4T, ayer arreciaron las versiones difundidas por personajes del propio gobierno federal, que apuntaban a la salida de Zoé Robledo de la dirección del IMSS. La solicitud de licencia que presentó ayer el diputado federal, Carlos Ulloa, hizo pensar que el cercanísimo exsecretario particular de la presidenta Sheinbaum llegaría al IMSS a sustituir al chiapaneco. Todavía por la tarde las fuentes morenistas insistían en la salida de Zoé y se hablaba de la llegada de Ulloa o incluso del ascenso de Jorge Gaviño, actual secretario general. En medio de los rumores cada vez más insistentes, a Zoé Robledo se le vio salir ayer por la tarde de Palacio Nacional y antes de subir a su camioneta, les contestó a los reporteros que lo acosaban con la pregunta de su salida: “Sigo en el IMSS, sigo en el Instituto”, balbuceó el director que un par de horas antes de acudir a la oficina presidencial había publicado un tweet donde se dejaba ver en una reunión en el instituto. Lo que sí se confirmó ayer fue que Carlos Ulloa se integró al gabinete de su exjefa, la presidenta, como nuevo director de Birmex, a donde llega luego de la corrupción de funcionarios de esa agencia del sector salud que favorecieron a amigos en las licitaciones de medicamentos, causando un desfalco de hasta 13 mil millones de pesos, según informó el subsecretario de Salud, Eduardo Clark. Es decir que, aunque no quiso o no pudo remover a una de las herencias que le dejó su antecesor, la Presidenta va poco a poco colocando a sus colaboradores de confianza en posiciones del gabinete…Y hablando de trascendidos, nos cuenta una integrante del Servicio Exterior Mexicano que entre los diplomáticos de la cancillería se da por hecho que el ministro Alberto Pérez Dayan ya agarró “hueso” y que, a cambio de aquel voto suyo que impidió que la Suprema Corte de Justicia entrara a analizar la constitucionalidad de la Reforma Judicial, el jurista habría pedido y obtenido el codiciado exilio dorado de una embajada. Pero no cualquier embajada, Pérez Dayán sería propuesto por la presidenta Sheinbaum como embajador de México en España, para sustituir al ex priista Quirino Ordaz. Ese sería el premio para Pérez Dayan, nos dicen los embajadores, por su voto en aquella sesión histórica en la que se salvó el último dique para la controvertida Reforma Judicial. Bien decía el ex que “traición con embajada se paga” o ¿cómo era?... Los dados mandan otra Serpiente Doble. Seguimos de bajada." 

(Salvador García Soto , El Universal, 20/03/25) 

 

" La muerte en un operativo militar de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), desató este domingo una ola de violencia y bloqueos de carreteras en México, en lo que las autoridades consideran una reacción del grupo criminal, que ha causado la suspensión de actividades públicas en varios estados del país.

El epicentro de la violencia tuvo lugar en Jalisco (oeste de México), donde un operativo federal en Tapalpa, una pequeña localidad al sur de Guadalajara, que culminó con la muerte del líder criminal, desencadenó bloqueos viales y vehículos incendiados en varios puntos del estado, y que se han mantenido a lo largo del día.

Posteriormente, los llamados 'narcobloqueos' se extendieron a estados vecinos. En Michoacán y Colima (oeste) se reportaron unidades atravesadas en vías federales, mientras que en Guanajuato (centro) circularon imágenes de negocios incendiados.

También se registraron incidentes en Nayarit (oeste), Aguascalientes (centro), Tamaulipas, Baja California (norte), Guerrero, Chiapas y Quintana Roo (sur), según pudo constatar EFE y el reporte de autoridades.

En medio de los disturbios, la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó oficialmente la muerte del líder del CJNG durante el operativo en Tapalpa, e informó que la acción contó con trabajos de inteligencia y cooperación con Estados Unidos.

Ante la escalada de violencia, el Gobierno de Jalisco activó el "código rojo" y reforzó el despliegue de la Guardia Nacional y el Ejército. Además, anunció la suspensión temporal de eventos masivos, transporte público y de las clases presenciales el lunes 23, como medida preventiva por la violencia.

Las clases presenciales también han sido oficialmente suspendidas el lunes en los estados de Nayarit, Michoacán, Colima (oeste), Veracruz y algunas zonas de Oaxaca (sur).

En Puerto Vallarta (Jalisco), las aerolíneas cancelaron todas las operaciones internacionales y la mayoría de las nacionales, mientras que el Aeropuerto de Guadalajara informó que mantiene operaciones normales bajo un fuerte resguardo de fuerzas federales.

La violencia también llevó a la cancelación del concierto de la artista estadounidense Kali Uchis, programado para este domingo en la ciudad de Guadalajara, capital del estado, y la Liga MX reprogramó dos partidos de fútbol en el estado.

La situación ha tenido impacto también a nivel internacional, ya que Estados Unidos instó a sus ciudadanos a permanecer en sus domicilios en Jalisco y en zonas de Tamaulipas, Michoacán y Guerrero ante los bloqueos; mientras que Canadá se declaró "profundamente alarmado" por los enfrentamientos y pidió evitar salir a las calles, especialmente en Puerto Vallarta. Durante la tarde, autoridades mexicanas señalaron que continúan los operativos para restablecer la circulación en al menos 21 vialidades afectadas en Jalisco.

Operación con ayuda de EEUU

Hasta el momento no se ha informado de víctimas civiles por los bloqueos, aunque las autoridades mantienen el despliegue de seguridad ante posibles nuevas reacciones.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a los ciudadanos a mantenerse "informados y en calma", tras el operativo que derivó en diversos bloqueos de carreteras y otras reacciones violentas.

Oseguera Cervantes fue abatido en Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco, durante un operativo encabezado por fuerzas federales con apoyo de inteligencia estadounidense.

Según el Ejército mexicano, militares repelieron una agresión que dejó cuatro presuntos integrantes del CJNG muertos en el lugar y tres más gravemente heridos, quienes fallecieron durante su traslado aéreo a la Ciudad de México. Entre estos últimos se encontraba el propio líder criminal."   (Heraldo, 25/02/26)

El liderazgo mexicano ha trazado una línea pública: ninguna intervención militar extranjera en territorio mexicano... Esta postura no es mero nacionalismo; es una necesidad institucional. Una vez que se concede la autoridad operativa, es difícil revertirla... Washington presiona para que fuerzas o agentes de inteligencia estadounidenses acompañen a las unidades mexicanas, lo que capta la esencia del momento; la solicitud no es simbólica, sino jurisdiccional... México está entrando en una fase en la que Estados Unidos ya no solo negocia intereses; negocia el perímetro de su autoridad... el problema de los cárteles se está replanteando, pasando de ser una tragedia compartida a una prueba de tensión para la soberanía... La Doctrina Monroe es una perspectiva a través de la cual Washington puede interpretar las decisiones sobre puertos, telecomunicaciones, infraestructura, inversión e incluso regulaciones en la región. Introduce una segunda capa: la narrativa del competidor externo... México se verá presionado no solo para combatir a los cárteles, sino también para demostrar que su modernización económica no crea puntos de apoyo para China... La postura óptima de México en este entorno no es ni la rebeldía ni la acomodación. Es una soberanía disciplinada: una cooperación medible y rápida, acompañada de un límite estricto en torno al control operativo... Washington puede exigir "acciones tangibles" y, al mismo tiempo, dar a entender que solo la presencia estadounidense puede validarlas. México debe responder con una capacidad estatal lo suficientemente visible como para satisfacer la demanda de resultados, a la vez que lo suficientemente protegida institucionalmente como para preservar la autoridad... En esta encrucijada, la pregunta decisiva no es si México puede cooperar. Es si México puede institucionalizar la cooperación de una manera que le niegue a Estados Unidos el argumento de que la acción unilateral es necesaria... Si México tiene éxito, convertirá la proximidad en una ventaja negociada y mantendrá intacta la integración sin aceptar la subordinación. Si fracasa, el hemisferio entrará en una fase de creación de precedentes donde las excepciones operativas "temporales" se convertirán en la nueva base y donde el lenguaje de la asociación enmascarará una erosión discreta de la soberanía (Guilherme Schneider)

 "México está entrando en una fase en la que Estados Unidos ya no sólo negocia intereses: está negociando el perímetro de la autoridad.

México está entrando en una fase en la que Estados Unidos ya no solo negocia intereses; negocia el perímetro de su autoridad. El lenguaje de la Doctrina Monroe es importante porque reordena lo que Washington considera legítimo en su propio hemisferio. Cuando la primacía se convierte en el principio explícito, los socios no son simplemente socios; se convierten en variables en una ecuación de seguridad donde los resultados se juzgan por el cumplimiento y la rapidez.

Ese cambio ya es visible en el caso de México: el problema de los cárteles se está replanteando, pasando de ser una tragedia compartida a una prueba de tensión para la soberanía. En esta lógica, la pregunta ya no es si Estados Unidos y México cooperan, sino si México acepta la presencia operativa definida por Estados Unidos como el precio del acceso y la estabilidad. Informar que Washington presiona para que fuerzas o agentes de inteligencia estadounidenses acompañen a las unidades mexicanas capta la esencia del momento; la solicitud no es simbólica, sino jurisdiccional. 

El liderazgo mexicano ha trazado una línea pública: ninguna intervención militar extranjera en territorio mexicano. Esta postura no es mero nacionalismo; es una necesidad institucional. Una vez que se concede la autoridad operativa, es difícil revertirla; el costo de la legitimidad interna es permanente, mientras que las ganancias en seguridad siguen siendo inciertas y políticamente transferibles en Washington. México entiende que las concesiones más costosas son las que cambian el precedente.

Sin embargo, el discurso bélico no necesita convertirse en guerra para ser estratégicamente efectivo; solo necesita volverse plausible. Las alertas de la FAA sobre "actividades militares" en zonas conectadas con México y el corredor del Pacífico funcionan como un mecanismo de normalización; acostumbran a los mercados y al público a una suposición general de riesgo militar, incluso cuando la relación formal sigue siendo de cooperación. Bajo una doctrina de dominio hemisférico, la ambigüedad misma se convierte en una herramienta.

Aquí es donde la encrucijada de México se agudiza: su influencia es real, pero estructural, no teatral. La integración industrial norteamericana no es un eslogan abstracto; es la coreografía cotidiana de las cadenas de suministro, la mano de obra, la logística y los flujos energéticos. Interrumpirla también perjudicaría los intereses estadounidenses, pero eso no elimina la amenaza; cambia el estilo de negociación y empuja a México a un juego de ritmo donde la credibilidad se construye mediante resultados técnicos y desempeño institucional, mientras se niega a hacer concesiones que transfieran autoridad.

La Doctrina Monroe también introduce una segunda capa: la narrativa del competidor externo. El objetivo declarado de la doctrina, de negar posicionamiento estratégico a competidores no hemisféricos, no se limita a Venezuela. Es una perspectiva a través de la cual Washington puede interpretar las decisiones sobre puertos, telecomunicaciones, infraestructura, inversión e incluso regulaciones en la región. 

México se verá presionado no solo para combatir a los cárteles, sino también para demostrar que su modernización económica no crea puntos de apoyo que Washington pueda etiquetar como riesgos estratégicos. En la práctica, esto puede llevar la política industrial al ámbito de la seguridad.

La postura óptima de México en este entorno no es ni la rebeldía ni la acomodación. Es una soberanía disciplinada: una cooperación medible y rápida, acompañada de un límite estricto en torno al control operativo. El intercambio de inteligencia, la disrupción financiera, la interdicción de precursores químicos, el rastreo de armas y la extradición pueden enmarcarse como actos soberanos que producen resultados compartidos. Lo que debe resistirse es la redefinición del territorio mexicano como un entorno operativo permisivo para la proyección de fuerzas estadounidenses.

La paradoja que México debe gestionar es la paradoja central del nuevo momento: lo técnico se ha vuelto político, y lo político se expresa cada vez más a través de procedimientos técnicos. Washington puede exigir "acciones tangibles" y, al mismo tiempo, dar a entender que solo la presencia estadounidense puede validarlas. México debe responder con una capacidad estatal lo suficientemente visible como para satisfacer la demanda de resultados, a la vez que lo suficientemente protegida institucionalmente como para preservar la autoridad.

En esta encrucijada, la pregunta decisiva no es si México puede cooperar. Es si México puede institucionalizar la cooperación de una manera que le niegue a Estados Unidos el argumento de que la acción unilateral es necesaria. La Doctrina Monroe es una doctrina de legitimidad, no solo de poder. Por lo tanto, la respuesta de México debe ser una doctrina de competencia: la demostración de que la soberanía no es un obstáculo para los resultados, sino la condición para obtener resultados sostenibles.

Si México tiene éxito, convertirá la proximidad en una ventaja negociada y mantendrá intacta la integración sin aceptar la subordinación. Si fracasa, el hemisferio entrará en una fase de creación de precedentes donde las excepciones operativas "temporales" se convertirán en la nueva base y donde el lenguaje de la asociación enmascarará una erosión discreta de la jurisdicción."

(Guilherme Schneider , Other News, 19/01/26)

Editorial de La Jornada: DEA, injerencismo desbocado... The Washington Post reveló que la Administración de Control de Drogas (DEA) sugirió perpetrar ataques militares en territorio mexicano, entre los que se incluían asesinatos selectivos de presuntos líderes de cárteles y la destrucción de infraestructura que, a juicio de la agencia, fuera usada por el crimen organizado. La intervención armada en México fue promovida por el entonces director interino de la agencia, Derek S. Maltz... la información del rotativo reafirma el carácter de la DEA como uno de los organismos del gobierno estadunidense más propensos al injerencismo, la violación abierta de la legalidad internacional, la aplicación extraterritorial de la ley, las ejecuciones extrajudiciales y otros excesos inaceptables en un estado de derecho... El impulso de la agencia para que Washing-ton violara la integridad territorial mexicana y llevara adelante operaciones militares ilegales en nuestro país ratifica una vez más el acierto de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional enviada al Congreso por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2020, que exigía poner en conocimiento de las autoridades mexicanas la información que se alleguen en el ejercicio de sus funciones... La DEA nunca perdonó al ex mandatario que haya terminado el uso de México como patio trasero para sus actividades encubiertas, las cuales no redundaron en ninguna disminución del trasiego de estupefacientes y, por el contrario, se dieron en un marco de complicidad con Genaro García Luna, a quien hoy las autoridades estadunidenses mantienen preso por tráfico de cocaína. Por ello, los intentos de agresión revelados ayer deben entenderse en el marco del continuo golpeteo político con que la agencia busca debilitar a los gobiernos mexicanos... En momentos en que Washington ya ha presumido el hundimiento de tres embarcaciones en las cercanías de Venezuela y el asesinato de sus tripulantes sin aportar prueba alguna de que se encontraran cometiendo algún delito o pertenecieran a algún grupo criminal, es imperativo insistir en que matar a personas por su supuesta participación en el tráfico de drogas, sin hacer intento alguno por detenerlas, procesarlas y demostrar su culpabilidad no es una forma de aplicación de la ley, sino la puesta en práctica de la piratería imperial y un crimen en sí mismo

 "The Washington Post reveló ayer que, en las primeras semanas del nuevo gobierno de Donald Trump, la Administración de Control de Drogas (DEA) sugirió perpetrar ataques militares en territorio mexicano, entre los que se incluían asesinatos selectivos de presuntos líderes de cárteles y la destrucción de infraestructura que, a juicio de la agencia, fuera usada por el crimen organizado. La intervención armada en México fue promovida por el entonces director interino de la agencia, Derek S. Maltz, quien se expresó “totalmente a favor” de atacar los laboratorios de producción y a los cabecillas de los grupos criminales, pero fue descartada por la Casa Blanca y el Departamento de Defensa, ahora renombrado Departamento de Guerra.

Aunque la información del rotativo no resulta sorprendente, reafirma el carácter de la DEA como uno de los organismos del gobierno estadunidense más propensos al injerencismo, la violación abierta de la legalidad internacional, la aplicación extraterritorial de la ley, las ejecuciones extrajudiciales y otros excesos inaceptables en un estado de derecho.

El impulso de la agencia para que Washing-ton violara la integridad territorial mexicana y llevara adelante operaciones militares ilegales en nuestro país ratifica una vez más el acierto de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional enviada al Congreso por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2020. Dicha iniciativa estableció la obligación de los agentes de otros gobiernos y de las embajadas acreditadas en México cuyo personal realice actividades en materia de seguridad nacional de poner en conocimiento de las autoridades mexicanas la información que se alleguen en el ejercicio de sus funciones, con lo que puso fin al libertinaje con que se manejaron los espías estadunidenses durante las administraciones neoliberales, el cual alcanzó niveles escandalosos en el calderonato.

La DEA nunca perdonó al ex mandatario que haya terminado el uso de México como patio trasero para sus actividades encubiertas, las cuales no redundaron en ninguna disminución del trasiego de estupefacientes y, por el contrario, se dieron en un marco de complicidad con Genaro García Luna, a quien hoy las autoridades estadunidenses mantienen preso por tráfico de cocaína. Por ello, los intentos de agresión revelados ayer deben entenderse en el marco del continuo golpeteo político con que la agencia busca debilitar a los gobiernos de la Cuarta Transformación con el propósito de recuperar sus capacidades para actuar arbitrariamente en persecución de objetivos que nada tienen que ver con el combate a los cárteles.

En momentos en que Washington ya ha presumido el hundimiento de tres embarcaciones en las cercanías de Venezuela y el asesinato de sus tripulantes sin aportar prueba alguna de que se encontraran cometiendo algún delito o pertenecieran a algún grupo criminal, es imperativo insistir en que matar a personas por su supuesta participación en el tráfico de drogas, sin hacer intento alguno por detenerlas, procesarlas y demostrar su culpabilidad no es una forma de aplicación de la ley, sino la puesta en práctica de la piratería imperial y un crimen en sí mismo que merece una condena tajante por parte de todo gobierno, organismo multilateral, organización de la denominada sociedad civil e individuo comprometido con la vigencia de las leyes y el respeto a los derechos humanos.

Desde México, es urgente revisar la relación con la DEA y evaluar la pertinencia de poner en pausa toda colaboración con la agencia en tanto no se comprometa de manera explícita y creíble a conducirse con apego a las leyes mexicanas y dejar de lado la mentalidad neocolonial que guía sus acciones."

(Editorial de La Jornada, 20/09/25) 

Trump quiere bombardear los cárteles en México... la posibilidad de ataques militares directos y unilaterales contra los cárteles en suelo mexicano parece más cercana que nunca... Los tiroteos suenan en las calles. Hombres armados y enmascarados sacan a la gente de sus casas. Hay cuerpos mutilados tirados en las banquetas. Durante casi un año, el estado de Sinaloa ha estado asediado por facciones enfrentadas del Cártel de Sinaloa... tengo claro que una acción militar unilateral estadounidense no desmantelará a estos grupos. Los cárteles son redes criminales cada vez más transnacionales que dirigen una serie de actividades delictivas en enormes extensiones de territorio. Los ataques estadounidenses con aviones no tripulados u otros ataques selectivos apenas les harían mella... Los cárteles se mueven por las enormes ganancias del mercado negro, de las cuales la más importante viene del tráfico de drogas estadounidense, que solo en 2017 ascendió a más de 150.000 millones de dólares, además de otros miles de millones procedentes del contrabando de personas, el robo de petróleo y la extorsión en gran parte de la economía mexicana... también han convertido en uno de los mayores empleadores de México... acabar con los jefes máximos, como probablemente trataría de hacer Trump, solo provocaría que los cárteles se dividieran en facciones más pequeñas y violentas... Despojar a los cárteles de su poder requerirá años de duro trabajo a ambos lados del río Grande... Si Washington se toma en serio el desmantelamiento de los cárteles, debería empezar por su lado de la frontera: reduciendo la enorme demanda estadounidense de drogas, tomando medidas enérgicas contra el blanqueo de dinero en Estados Unidos y deteniendo el flujo de armas de fuego ilegales hacia México...Trump quiere una demostración de poderío militar estadounidense en un país que, según afirman, es caótico y carece de ley, no abordar los profundos problemas que han permitido el florecimiento de los cárteles. Un ataque estadounidense contra un laboratorio de fentanilo podría hacer que Trump pareciera fuerte ante su base. Pero las vastas redes del crimen organizado, y el mercado de la droga estadounidense que las mantiene en funcionamiento, no se pueden dinamitar tan fácilmente (Ioan Grillo, The New York Times)

 "Los tiroteos suenan en las calles. Hombres armados y enmascarados sacan a la gente de sus casas. Hay cuerpos mutilados tirados en las banquetas. Durante casi un año, el estado de Sinaloa, en el noroeste de México, ha estado asediado por facciones enfrentadas del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, que han librado un brutal conflicto interno.

Las autoridades mexicanas han tomado medidas enérgicas deteniendo a más de 1500 presuntos miembros del cártel en el estado, desde octubre, según el jefe de seguridad de México. Pero no han logrado detener el baño de sangre que se está produciendo allí ni en otros lugares de México, donde los cárteles desde hace tiempo son una fuerza dominante.

Durante años, el presidente Donald Trump ha amenazado con implicar al ejército estadounidense en esta lucha. El gobierno ya ha designado al Cártel de Sinaloa como una organización terrorista extranjera, junto con otros grupos delictivos mexicanos. La CIA ha estado realizando vuelos encubiertos con drones sobre México para identificar laboratorios de fentanilo y otros objetivos de los cárteles.

Hoy, la posibilidad de ataques militares directos y unilaterales contra los cárteles en suelo mexicano parece más cercana que nunca.

Al parecer, Trump ha firmado una directiva que autoriza el uso de la fuerza militar contra los cárteles. Se ha informado que el Pentágono ha estado estudiando estos planes y ha desplegado miles de soldados adicionales en aguas de América Latina y el Caribe.

Las autoridades en Ciudad de México, que habían afirmado que estaban a punto de alcanzar un importante acuerdo de seguridad con Washington, se vieron aparentemente sorprendidas por la noticia. “Jamás permitiríamos, jamás, que el ejército norteamericano o alguna otra institución de los Estados Unidos pisara territorio mexicano, nunca”, dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el 11 de agosto.

Tras más de dos décadas cubriendo las guerras de los cárteles en México, tengo claro que una acción militar unilateral estadounidense no desmantelará a estos grupos. Los cárteles son redes criminales cada vez más transnacionales que dirigen una serie de actividades delictivas en enormes extensiones de territorio. Los ataques estadounidenses con aviones no tripulados u otros ataques selectivos apenas les harían mella y enardecerían las relaciones con el gobierno mexicano, impidiendo la cooperación necesaria para acabar con estas organizaciones. Trump quiere una demostración de fuerza, pero un ataque estadounidense solo empeoraría una situación ya de por sí mala.

Para algunos halcones de Washington, los ataques al sur de la frontera serían un uso justo del poder militar estadounidense. “Los cárteles mexicanos de la droga son tan peligrosos y asesinos como los grupos terroristas”, escribió en la red social X el senador Tom Cotton, por Arkansas, en respuesta al informe.

Esta lógica sitúa la lucha contra los cárteles de la droga mexicanos en el mismo plano que la guerra contra el terrorismo, durante la cual Estados Unidos ejecutó miles de ataques con drones contra objetivos terroristas en Pakistán, Afganistán y otros lugares, y durante la cual el Equipo 6 de los SEAL asesinó a Osama bin Laden en Abbottabad en 2011. Estas operaciones ayudaron a desmantelar Al Qaeda y otras redes terroristas, aunque las guerras más amplias de Afganistán e Irak fueran un fracaso en última instancia.

Sin embargo, los cárteles mexicanos operan de forma muy diferente a los grupos extremistas internacionales. Los cárteles no se mueven por una doctrina religiosa o política concreta, sino por las enormes ganancias del mercado negro, de las cuales la más importante viene del tráfico de drogas estadounidense, que solo en 2017 ascendió a más de 150.000 millones de dólares, además de otros miles de millones procedentes del contrabando de personas, el robo de petróleo y la extorsión en gran parte de la economía mexicana. Esta empresa a gran escala puede financiar amplias redes de operativos y pagar a las autoridades y funcionarios que de otro modo podrían interponerse en su camino, convirtiendo de hecho a estos grupos en un poder en la sombra en gran parte del país.

Estos recursos también han convertido a los grupos del crimen organizado en uno de los mayores empleadores de México, según un estudio publicado en la revista Science en 2023. Pueden seguir operando frente a la enorme presión de las fuerzas gubernamentales y los grupos rivales. Y acabar con los jefes máximos, como probablemente trataría de hacer Trump, solo provocaría que los cárteles se dividieran en facciones más pequeñas y violentas.

Por ejemplo, la lucha por el poder dentro del Cártel de Sinaloa estalló en respuesta a la detención del veterano narcotraficante Ismael Zambada García. Al parecer, en julio de 2024, un hijo del tristemente célebre Joaquín Guzmán, conocido como El Chapo, atrajo a Zambada, líder de una facción competidora del Cártel de Sinaloa, a un avión en el que fue trasladado a un aeródromo de Nuevo México y entregado a las autoridades estadounidenses. En lugar de que se desmantelara el grupo, como esperaban las autoridades, la traición desencadenó una lucha por el control del floreciente imperio de la organización, lo cual fue la última versión de una sangrienta regularidad que vengo observando desde hace décadas.

Las amenazas del gobierno de Trump corren el riesgo de socavar un notable momento de cooperación entre ambos gobiernos. Desde que asumió el poder en octubre, Sheinbaum ha colaborado de manera estrecha con funcionarios estadounidenses para sofocar la actividad de los cárteles, y las fuerzas de seguridad se han centrado más quirúrgicamente en los laboratorios de drogas, los traficantes de fentanilo y los contrabandistas de personas.

Esta colaboración ha dado resultados, como el descenso de más del 50 por ciento de las incautaciones de fentanilo en la frontera desde que Sheinbaum asumió el cargo, según datos estadounidenses. México ha colaborado con las fuerzas de seguridad estadounidenses para detener y eliminar a los principales miembros; la semana pasada, México envió a Estados Unidos a 26 personas acusadas de ser miembros de alto rango de un cártel. Un ataque unilateral de Estados Unidos, sobre todo si corre el riesgo de causar bajas civiles, agravaría el sentimiento antiestadounidense existente y dificultaría políticamente que Sheinbaum siguiera colaborando con Washington en temas vitales como los cárteles y la migración.

Despojar a los cárteles de su poder requerirá años de duro trabajo a ambos lados del río Grande. México tiene que hacer más para hacer frente a la creciente violencia y eliminar a los políticos y funcionarios corruptos que facilitan la actividad de los cárteles y se benefician de ella. Si Washington se toma en serio el desmantelamiento de los cárteles, debería empezar por su lado de la frontera: reduciendo la enorme demanda estadounidense de drogas, tomando medidas enérgicas contra el blanqueo de dinero en Estados Unidos y deteniendo el flujo de armas de fuego ilegales hacia México.

En 1916, Estados Unidos envió miles de soldados a México para dar caza al bandido convertido en revolucionario Pancho Villa, después de que este realizara una violenta incursión en Nuevo México. Aunque los soldados nunca atraparon a Villa, Newton D. Baker, entonces secretario de Guerra, declaró que la empresa había sido un éxito. El verdadero propósito de la misión, dijo, era “una extensión del poder de Estados Unidos en un país perturbado más allá de todo control”.

El mismo imperativo parece impulsar hoy a los partidarios de la acción militar estadounidense en México. Quieren una demostración de poderío militar estadounidense en un país que, según afirman, es caótico y carece de ley, no abordar los profundos problemas que han permitido el florecimiento de los cárteles. Un ataque estadounidense contra un laboratorio de fentanilo podría hacer que Trump pareciera fuerte ante su base. Pero las vastas redes del crimen organizado, y el mercado de la droga estadounidense que las mantiene en funcionamiento, no se pueden dinamitar tan fácilmente."

(Ioan Grillo, Revista de prensa, 22/08/25, fuente The New York Times)

¿Qué pasaría si drones estadounidenses atacaran México? Trump exigió al gobierno mexicano que atacara a los cabecillas de los cárteles, cuando se lo ordenaran, o de lo contrario se enfrentaría a más ataques con aviones no tripulados. Cuando Sheinbaum se negó, Washington impuso aranceles del 500% a las importaciones mexicanas, sumiendo a México en una recesión y devastando la industria automovilística estadounidense... Ante la firmeza de Sheinbaum, Trump ordenó nuevos ataques con drones en Sinaloa y Michoacán. México respondió expulsando al embajador estadounidense, pero siguió buscando la reconciliación... los cárteles intensificaron los ataques contra los servicios de seguridad mexicanos, asesinando a funcionarios mexicanos y a un ejecutivo estadounidense en México, intensificando la extorsión a empresas de propiedad estadounidense en México y empleando artefactos explosivos y drones contra los envíos hacia el norte procedentes de fábricas estadounidenses en México... la economía mexicana entró en barrena a causa de los aranceles, y el sentimiento antiamericano alcanzó un máximo histórico. Los trabajadores despedidos destrozaron fábricas estadounidenses, y más mexicanos de las zonas rurales recurririeron a los cárteles para obtener servicios básicos si su gobierno no era capaz de ampliar la asistencia social... El embajador chino en México sugirió reducir los aranceles mexicanos a las importaciones chinas... la administración Trump amenazó con cerrar todos los pasos fronterizos, provocando el pánico en los mercados. Sheinbaum contraatacó insinuando que congelaría la cooperación en inmigración. La amenaza de que México abandonara sus políticas migratorias, que interceptaron a 900.000 migrantes el año pasado, llevó a la administración Trump a la mesa de negociaciones en serio... y los cárteles intensificaron la producción de fentanilo en Estados Unidos, pues la demanda -el determinante último del tráfico de drogas- no se vio frenada por los ataques aéreos y las redadas (Harrison Mann, Agencia de Inteligencia de Defensa)

 "El interés del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por golpear a los cárteles mexicanos, descartado durante su primer mandato como una especulación ociosa, es ahora una auténtica opción política debatida en el seno de la Casa Blanca. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo a principios de mayo que había propuesto enviar tropas estadounidenses a México para ayudar a combatir el narcotráfico. (Sheinbaum rechazó la oferta.) Y en medio de la creciente presión sobre México para que permita a Estados Unidos un papel más importante en la lucha contra los cárteles de la droga en el país, la administración Trump está considerando ataques unilaterales con aviones no tripulados, como informó NBC, mientras que la CIA revisa sus autoridades para usar la fuerza letal contra los cárteles, según CNN. La designación en febrero por parte del Departamento de Estado de EE.UU. de varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, aunque no proporciona ninguna base legal para operaciones militares, fue aplaudida por Elon Musk, aliado de Trump, como una autorización de facto. Muchos en la Casa Blanca comparten su entusiasmo. ¿Qué podemos esperar si los «halcones de México» se salen con la suya?

 Para responder a esta pregunta, en febrero llevé al Capitolio a ex altos funcionarios de Estados Unidos y México, además de otros expertos regionales, para un ejercicio de simulación patrocinado por el Fondo Educativo Ganar sin Guerra. Asumiendo los papeles de la administración Trump, la administración Sheinbaum, los cárteles mexicanos, la industria y los trabajadores estadounidenses y la sociedad civil mexicana, representaron un escenario apenas ficticio en el que Trump lanza ataques con drones contra los infames cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

Los ejercicios de mesa -o «wargames»- son una valiosa herramienta de análisis, ya que simulan desde conflictos armados hasta respuestas ante catástrofes o crisis diplomáticas. También son una herramienta de la que a menudo se abusa. Con demasiada frecuencia, los simulacros de guerra ignoran los efectos del conflicto en la población civil, asumen con optimismo que no hay vías para una escalada peligrosa y presentan el conflicto militar como algo sin costes, incruento y aparentemente ganable. Para evitar estos escollos, utilizamos un escenario extraído directamente de las noticias del día; empoderamos a la sociedad civil, a los trabajadores y a las empresas como sus propios equipos; y seguimos de cerca los impactos del conflicto en la población, tanto en México como en Estados Unidos. El resultado fue tan esclarecedor como aterrador.

 El ejercicio reveló que los ataques estadounidenses con aviones no tripulados precipitaron una serie de crisis crecientes. Aunque el ejercicio terminó con la Ciudad de México restableciendo lazos con Washington, la relación bilateral emergió como una sombra de lo que fue: reducida a acuerdos transaccionales, sin confianza, que priorizaban la violencia de alto perfil contra los cárteles mientras fracasaban en frenar de forma sostenible el tráfico de drogas. Aunque el equipo de Trump anunció una victoria, se produjo a expensas de las industrias estadounidenses que dependen del comercio transfronterizo y desató una violencia desbocada en México. No se evaluó el impacto en la cantidad de fentanilo que cruza la frontera, que en el mundo real ya ha estado disminuyendo desde el verano pasado, antes de que Trump o Sheinbaum asumieran el cargo.

El ejercicio comenzó con una respuesta airada pero relativamente conciliadora de la administración Sheinbaum, que congeló la cooperación en materia de seguridad y expulsó a todo el personal militar y policial estadounidense, pero siguió trabajando para restablecer las relaciones al statu quo anterior. No lo consiguieron. Trump exigió al gobierno mexicano que atacara a determinados cabecillas de los cárteles, cuando se lo ordenaran, o de lo contrario se enfrentaría a más ataques con aviones no tripulados. Cuando Sheinbaum se negó, citando el lema «Cooperación, sí, subordinación, no», Washington impuso aranceles del 500% a las importaciones mexicanas, sumiendo a México en una recesión y devastando la industria automovilística estadounidense.

 Ante la firmeza de Sheinbaum, Trump ordenó nuevos ataques con drones en Sinaloa y Michoacán. La Ciudad de México respondió expulsando al embajador estadounidense, pero siguió buscando la reconciliación, proponiendo nuevos acuerdos de cooperación en materia de seguridad con la esperanza de apaciguar a Trump.

Los cárteles, sin embargo, no estaban de humor conciliador. Tras dos rondas de ataques estadounidenses con aviones no tripulados y las conversaciones de seguridad en curso entre Estados Unidos y México, algunos cárteles empezaron a tomarse en serio la retórica de Trump y a temer que Ciudad de México pudiera cooperar con Washington en una campaña militar a gran escala.

Con la esperanza de disuadir a ambos gobiernos, los cárteles arremetieron, intensificando los ataques contra los servicios de seguridad mexicanos, asesinando a funcionarios mexicanos y a un ejecutivo estadounidense en México, intensificando la extorsión a empresas de propiedad estadounidense en México y empleando artefactos explosivos improvisados y drones contra los envíos hacia el norte procedentes de fábricas estadounidenses en México.

Aunque el equipo de Trump temía que los cárteles expandieran su violencia política a Estados Unidos, el equipo de los cárteles llegó a la conclusión de que no valía la pena el riesgo de exponer e interrumpir sus operaciones de drogas allí, que seguían siendo lucrativas a pesar de la presión en México.

 Mientras tanto, la economía mexicana entró en barrena a causa de los aranceles, y el sentimiento antiamericano alcanzó un máximo histórico. Los trabajadores despedidos destrozaron fábricas estadounidenses, y la sociedad civil mexicana advirtió que más mexicanos de las zonas rurales recurrirían a los cárteles para obtener servicios básicos si su gobierno no era capaz de ampliar rápidamente la asistencia social. La escalada de violencia de los cárteles se sumó a la población de desplazados internos de México, que ya se contaba por cientos de miles. Entre la violencia y el agravamiento de la crisis económica, aumentó la emigración a Estados Unidos.

Las empresas estadounidenses y los sindicatos presionaron a Trump para que restableciera el comercio con México, pero su prioridad era la sumisión de Sheinbaum. Mientras los trabajadores de la industria automotriz se manifestaban en los centros industriales de los estados fronterizos y del Cinturón del Óxido, la administración Trump envió al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos a hacer redadas en las manifestaciones, alegando que los manifestantes apoyaban a los cárteles designados terroristas. El ejercicio resultó ser lamentablemente premonitorio, ya que la administración Trump en el mundo real comenzó a detener a manifestantes bajo pretextos similares solo dos semanas después.

Mientras tanto, el conflicto entre Estados Unidos y México no pasó desapercibido en el extranjero. El embajador chino en México sugirió reducir los aranceles mexicanos a las importaciones chinas -que Ciudad de México planteó originalmente en diciembre como gesto de buena voluntad hacia Washington- y establecer un acuerdo de reabastecimiento de combustible para la armada china. La administración Sheinbaum se negó, pero continuó explorando opciones para protegerse de su vecino, que acababa de perder su confianza.

 Frustrada con Sheinbaum, la administración Trump amenazó con cerrar todos los pasos fronterizos, provocando el pánico en los mercados. Sheinbaum contraatacó insinuando que congelaría la cooperación en la aplicación de las leyes de inmigración.

La amenaza de que México abandonara sus políticas migratorias, que interceptaron o detuvieron a más de 900.000 migrantes el año pasado, llevó finalmente a la administración Trump a la mesa de negociaciones en serio. En el mundo real de la Casa Blanca, este riesgo es lo que hizo que el asesor antiinmigración de Trump, Stephen Miller, se mostrara contrario a atacar a los cárteles. En el ejercicio, las dos partes llegaron a una distensión en forma de un nuevo acuerdo de cooperación en materia de seguridad que prometía más redadas de alto perfil. Sin embargo, el nuevo equilibrio era frágil. Las autoridades mexicanas mantuvieron alejados a sus homólogos estadounidenses, impidiendo la cooperación sustantiva necesaria para buscar soluciones a largo plazo al problema de los cárteles, que explotó en los meses siguientes.

 Con sus filas engrosadas por la crisis económica de México, los cárteles lucharon por llenar los vacíos dejados por los ataques estadounidenses y las redadas mexicanas. La posición de guerra de los cárteles contra el gobierno mexicano les impulsó a aumentar las ventas de fentanilo y la extorsión, mientras que las operaciones contra los laboratorios de fentanilo fomentaron la dispersión y la innovación. Los cárteles intensificaron la producción en Estados Unidos, donde los precursores químicos son fáciles de adquirir a través de pequeños paquetes por correo de empresas chinas o indias. La demanda -el determinante último del tráfico de drogas- no se vio frenada por los ataques aéreos y las redadas. En última instancia, no había ninguna razón para concluir que el total de fentanilo producido por los cárteles fuera menor de lo que habría sido si la administración Trump no hubiera desencadenado la caótica cadena de acontecimientos descrita anteriormente.

Entonces, ¿qué podemos concluir de este ejercicio? Aunque no es predictivo, pintó un panorama sombrío de los costos si la administración Trump decide atacar a los cárteles. Aunque los ataques con drones y las redadas debilitaron a algunos cárteles, potenciaron a sus rivales y dividieron a otros grupos en bandas más violentas. Además, este enfoque hizo poco para detener el flujo o la rentabilidad del fentanilo, que persistió mientras hubo demanda.

 En última instancia, las mayores víctimas fueron los mexicanos, que sufrieron una pobreza, una violencia y un desplazamiento elevados. Pero los trabajadores del otro lado de la frontera tampoco se salvaron, ya que los amplios aranceles hicieron subir el desempleo y los precios al consumo, y la «guerra contra los cárteles» se utilizó para justificar violaciones de las libertades civiles.

¿Qué pasará si Trump bombardea México? Nada que te guste, vivas en el lado de la frontera que vivas."

(Harrison Mann, miembro senior de Ganar Sin Guerra. Es ex oficial del Área Exterior del Ejército de Estados Unidos y analista de inteligencia en la Agencia de Inteligencia de Defensa, Revista de prensa, 21/05/25, fuente  Foreign Policy)

La evolución del estado mexicano y el narcotráfico... más de 400 000 homicidios desde 2006, la mayoría relacionados con la violencia del narcotráfico... «Más que una guerra, la violencia actual en México es una forma de vida y tiene como contrapartida un nuevo Estado que aún no sabe cómo llamarse ni cómo contar la historia de su propio origen... la transformación neoliberal de México no solo supuso una rápida privatización y desregulación de la economía, sino también reformas legales y policiales que dejaron a México en una peligrosa tierra de nadie entre arquitecturas jurídicas rivales: una «isla de derechos» rodeada por un «mar de extorsión»... y las organizaciones criminales mexicanas pasaron de ser intermediarias de los proveedores colombianos a dirigir ellas mismas las operaciones. La geografía del poder criminal también cambió... Bajo el peso de estos acontecimientos, el Estado mexicano se ha vuelto incapaz de cumplir muchas de sus funciones básicas; sin embargo, al mismo tiempo, el ejercicio de su poder ha implicado una violencia y unos abusos de autoridad cada vez más frecuentes... en resumen, «mucha soberanía, poca administración de justicia»... es precisamente porque el Estado no puede administrar eficazmente la justicia que el ejército lleva a cabo ejecuciones extrajudiciales como expresión de la voluntad soberana" (Claudio Lomnitz)... o sea, ¿no es lo que estamos viendo en México y en otros lugares de América Latina la siguiente etapa en la evolución del Estado producido por el neoliberalismo real? El proyecto neoliberal puede estar en ruinas, pero sus contornos rotos siguen configurando el camino de América Latina, y la forma de Estado que dejó atrás —con su legitimidad erosionada y sus poderes soberanos dispersos— sigue presidiendo el interregno (Tony Wood)

"El 5 de marzo, familias mexicanas que buscaban a sus familiares desaparecidos hicieron un macabro descubrimiento en un rancho de Teuchitlán, Jalisco: doscientos pares de zapatos, montones de ropa y fragmentos de huesos. El lugar había sido allanado por la Guardia Nacional el pasado mes de septiembre y se habían producido varias detenciones, pero en ese momento las autoridades parecían haber pasado por alto los horrores que se escondían bajo tierra, que rápidamente se consideraron pruebas de que el rancho había sido utilizado como lugar de matanzas sistemáticas.

El caso de Teuchitlán provocó una nueva ola de indignación en México, tanto por la gestión de la investigación por parte del Gobierno como por su incapacidad para frenar el creciente número de muertes y desapariciones que han marcado al país desde que el presidente Felipe Calderón lanzara su «guerra contra el narcotráfico» en 2006. Las estadísticas solo pueden reflejar una pequeña parte de lo que ha supuesto esta catástrofe, pero son lo suficientemente impactantes: más de 400 000 homicidios desde 2006, la mayoría relacionados con la violencia del narcotráfico, y más de 127 000 personas siguen desaparecidas, con decenas de miles más desplazadas internamente debido a la violencia. Dos décadas después, no se vislumbra un final y, a pesar de los dramáticos cambios políticos provocados por la victoria de Andrés Manuel López Obrador en 2018 y la de su sucesora, Claudia Sheinbaum, en 2024, aquí al menos ha habido una continuidad monstruosa.

Las consecuencias se dejarán sentir en la sociedad mexicana durante las próximas décadas. Puede que se tarde aún más en evaluar el alcance total de la devastación. Para el antropólogo mexicano y destacado intelectual público Claudio Lomnitz, la pérdida evidente del monopolio de la violencia por parte del Estado es solo una señal de un cambio más fundamental. «Más que una guerra», escribe en Soberanía y extorsión (2024), «la violencia actual en México es una forma de vida y tiene como contrapartida un nuevo Estado que aún no sabe cómo llamarse ni cómo contar la historia de su propio origen».

Lomnitz es desde hace tiempo uno de los analistas más perspicaces de la sociedad y la cultura mexicanas. Nacido en Chile en 1957, se trasladó con su familia a México en 1968, año del movimiento estudiantil y de la masacre de Tlatelolco. Se formó en antropología en Stanford en la década de 1980 y desde 2006 trabaja en Columbia. A través de sus columnas en los periódicos mexicanos Excélsior y La Jornada, así como en la revista Nexos, ha contribuido de forma constante a los debates públicos y a la vida intelectual de México. En libros como Salidas del laberinto (1992) y México profundo, México silencioso (2000), diseccionó brillantemente el nacionalismo mexicano, mientras que en La muerte y la idea de México (2005) trazó el significado totémico de la muerte en la cultura del país a lo largo de varios siglos, desde la violencia fundacional de la conquista española hasta los cultos modernos a La Santa Muerte. También ha producido obras históricas de gran riqueza, como El regreso del camarada Ricardo Flores Magón (2014), en la que explora las conexiones transnacionales entre los anarquistas mexicanos y los simpatizantes estadounidenses en vísperas de la Revolución Mexicana. En un tono más personal, Nuestra América (2021) narra de forma conmovedora los múltiples exilios de su familia, desde Alemania y Besarabia hasta Perú y Chile, y de allí a México.

En Sovereignty and Extortion, Lomnitz centra su atención en la actualidad y sostiene que la violencia de la «guerra contra las drogas» se ha entrelazado con el surgimiento de un nuevo tipo de Estado. Basado en una serie de conferencias impartidas en 2021 con motivo de su ingreso en el Colegio Nacional de México, el libro trata de ofrecer explicaciones más sustantivas y estructurales de la actual crisis del narcotráfico en el país, rechazando los simplistas marcos morales habituales en el discurso público. El título original en español del libro era El tejido social rasgado, un tropo recurrente que, según Lomnitz, postula una cohesión social perdida que podría recuperarse de alguna manera restableciendo las antiguas normas morales. En su opinión, este tipo de apelaciones ofrecen poca información sobre las razones de esa pérdida de cohesión social o sobre los mecanismos que la hicieron posible en primer lugar. Equipado con las herramientas del análisis antropológico, a lo largo de los seis capítulos del libro, Lomnitz ofrece interesantes perspectivas sobre una amplia gama de temas, desde los cambios en la naturaleza de la policía mexicana hasta los cambios en la organización social de los cárteles, y desde la evolución de la economía ilícita hasta las alteraciones en las prácticas locales de secuestro de novias en el México rural.

Pero la preocupación central de Lomnitz es explicar la transformación del Estado mexicano desde la década de 1980. En el centro de su análisis se encuentra el proyecto neoliberal, inaugurado bajo Miguel de la Madrid a principios de la década de 1980, pero acelerado drásticamente bajo Carlos Salinas de Gortari, para integrar a México en los mercados globales y, en particular, para profundizar sus lazos con Estados Unidos bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Para Lomnitz, la transformación neoliberal de México no solo supuso una rápida privatización y desregulación de la economía, sino también reformas legales y policiales que, en teoría, tenían por objeto ampliar el «estado de derecho» y, por lo tanto, garantizar la igualdad de condiciones para la competencia en el libre mercado. Si bien los presupuestos policiales se incrementaron, los salarios aumentaron y los agentes recibieron más formación, Lomnitz sostiene que las reformas también socavaron un sistema de clientelismo y vínculos informales. Describe cómo la policía era anteriormente un mecanismo de «regulación de la informalidad», que consistía en gran medida en que los policías extorsionaban a las empresas locales y a los delincuentes. Aunque ineficaz para resolver delitos o administrar justicia, este sistema mantenía una apariencia de orden. En su opinión, el intento neoliberal de imponer un nuevo conjunto de normas fracasó debido a la resistencia de este sistema informal, al tiempo que lo desmanteló parcialmente, dejando a México en una peligrosa tierra de nadie entre arquitecturas jurídicas rivales: una «isla de derechos» rodeada por un «mar de extorsión».

El desmoronamiento del sistema informal coincidió con otros dos cambios cruciales. Uno fue la disminución de la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que, tras haber amañado descaradamente las elecciones presidenciales de 1988, se vio obligado a ceder a las crecientes presiones en favor de la democratización. En 2000, estas presiones acabaron provocando la derrota del partido tanto a nivel presidencial como, cada vez más, a nivel estatal y local. Sin embargo, como observa Lomnitz, este entorno político pluralizado no hizo sino aumentar las oportunidades para la corrupción; además, los sucesivos gobiernos lanzaron sus propias reformas legales y policiales, ninguna de las cuales se aplicó plenamente, lo que amplió la confusión judicial.

El segundo cambio se produjo en la economía ilícita de México. En la década de 1980, después de que la cocaína se sumara a la marihuana y la heroína como drogas preferidas por los consumidores estadounidenses, las organizaciones criminales mexicanas pasaron de ser intermediarias de los proveedores colombianos a dirigir ellas mismas las operaciones. La geografía del poder criminal también cambió, ya que el control de las rutas de contrabando hacia Estados Unidos —a través de Tijuana y Mexicali hacia California, en el oeste; y a través de Reynosa y Matamoros hacia Texas, en el este— se convirtió en un activo tan crucial como el control de los campos de amapola y las plantaciones de cannabis. El posterior auge de la metanfetamina y otras drogas sintéticas alteró una vez más estos patrones, y la importación de precursores químicos desde Asia Oriental convirtió los puertos del Pacífico mexicano y sus zonas de influencia en objeto de una feroz competencia.

Bajo el peso de estos acontecimientos, el Estado mexicano se ha vuelto incapaz de cumplir muchas de sus funciones básicas; sin embargo, al mismo tiempo, el ejercicio de su poder ha implicado una violencia y unos abusos de autoridad cada vez más frecuentes. La «guerra contra las drogas» es el síntoma más evidente de esta disfunción: aunque los niveles de violencia ya habían aumentado antes de 2006, la creciente militarización de la respuesta del Estado al crimen organizado desde entonces solo ha traído consigo un aumento constante del número de víctimas. Las operaciones del ejército han causado la muerte de un gran número de civiles, mientras que la fragmentación de muchos de los cárteles ha dado lugar a guerras territoriales mortales.

Lomnitz resume la destructiva combinación de incapacidad y violencia del Estado mexicano en la frase «mucha soberanía, poca administración de justicia». En su opinión, ambas cosas están interrelacionadas: por ejemplo, es precisamente porque el Estado no puede administrar eficazmente la justicia que el ejército lleva a cabo ejecuciones extrajudiciales como expresión de la voluntad soberana. Según Lomnitz, este recurso inmediato a la violencia es en sí mismo un indicio de que, contrariamente a las aspiraciones de López Obrador y de muchos en la izquierda mexicana de «recuperar» la soberanía nacional, «uno de los pocos atributos que el Estado mexicano no ha perdido es su capacidad demostrada para realizar actos soberanos». De hecho, una de las características definitorias de la nueva forma de Estado que ha surgido en México es precisamente lo que él llama un «exceso de soberanía».

¿Hasta qué punto es convincente este análisis? Lomnitz tiene sin duda razón al afirmar que el Estado mexicano funciona hoy de manera diferente a como lo hacía hace unas décadas, aunque el carácter del nuevo Estado que identifica y la cronología de su aparición siguen siendo un poco opacos. Esto no es descabellado, dado que las conferencias recopiladas en Sovereignty and Extortion se ofrecieron como una primera aproximación al problema y no como una teorización completa. Aun así, vale la pena detenerse en el diagnóstico de Lomnitz, tanto porque algunas de sus premisas básicas parecen cuestionables como porque las preguntas que plantean nos llevan en una dirección diferente a la que él toma.

Lomnitz diferencia claramente su relato de las dos narrativas políticas dominantes de la historia reciente de México. Por un lado, está la idea de la «transición democrática» desde el régimen del PRI, que según sus defensores llevó triunfalmente a México al siglo XXI y avanzaba sin problemas hasta 2018. Por otro lado, está la «Cuarta Transformación» proclamada por López Obrador en 2018, que se presenta como la verdadera democratización de México y se basa en una visión de renovación nacional a la altura de las tres transiciones históricas anteriores: la independencia de España, las reformas liberales de Benito Juárez a mediados del siglo XIX y la Revolución Mexicana. Para Lomnitz, ambas narrativas interesadas pasan por alto la aparición más decisiva de una nueva forma de Estado, que comenzó bajo el PRI y ha continuado bajo los gobiernos que le han seguido, incluido el de López Obrador. La verdadera diferencia entre ambos lados del aparente punto de inflexión de 2018, según Lomnitz, es que el gobierno de AMLO marcó un intento de inclinar la balanza lejos del proyecto neoliberal de Estado de derecho y volver a la economía «incrustada» o informal en la que vive y trabaja gran parte de la población mexicana.

Sin embargo, incluso según el propio Lomnitz, los términos de la dicotomía que establece —formal frente a informal, Estado de derecho frente a incrustado— tienden en realidad a solaparse y difuminarse. Esto se debe, por supuesto, a que no se refieren a ámbitos separados, sino a partes interdependientes de un mismo sistema que casualmente se clasifican y tratan de forma diferente. Los mecanismos informales de corrupción a través de los cuales solía funcionar la policía en México (y que siguen funcionando, a pesar de las reformas neoliberales) son un buen ejemplo: funcionaban tal y como describe Lomnitz precisamente porque existía una estructura formal de leyes que podía aplicarse de forma selectiva. El «Estado de derecho» que las reformas neoliberales de México intentaron introducir no era nuevo en su formalidad, sino en su intención y sus objetivos; se trataba de un tipo particular de ley, diseñada para promover un conjunto concreto de intereses.

Desde ese punto de vista, resulta curioso que Lomnitz, aunque se muestra muy escéptico con respecto a la «Cuarta Transformación» de López Obrador, parezca aceptar la autodescripción neoliberal tal cual, como si las reformas realmente tuvieran la intención de llevar el estado de derecho por igual a todos. Pero, como quedó claro con la aplicación de estas medidas, el Estado de derecho era en este caso principalmente para las empresas y los inversores, y se refería mucho más a los derechos de propiedad a gran escala que, por ejemplo, a la pequeña delincuencia, por no hablar de la protección de los trabajadores o la garantía de la igualdad de acceso a los bienes públicos. Como consecuencia de este desequilibrio, inherente al carácter de clase de las propias reformas neoliberales, en la década de 1990 México experimentó un aumento de la desigualdad y un fuerte deterioro de las condiciones laborales, especialmente en las maquiladoras. Las «islas» de derechos de propiedad a las que se refiere Lomnitz se diferenciaban del «mar» de extorsión que las rodeaba solo en el sentido de que habían sido deliberadamente aisladas para proteger los beneficios privados; y, al igual que las propias maquiladoras, seguían dependiendo de la mano de obra y los recursos de su hinterland para funcionar. Lo que en el relato de Lomnitz aparece como un proceso de transformación legal tristemente incompleto fue selectivo y parcial por diseño. Esto es importante porque afecta a la forma en que caracterizamos los resultados: ¿hasta qué punto los reformadores neoliberales consiguieron realmente lo que querían? ¿Y es la difícil situación actual de México, en última instancia, consecuencia de su fracaso, como da a entender Lomnitz, o de su éxito?

Otra característica sorprendente del argumento de Lomnitz es su definición idiosincrásica de la soberanía. La palabra tiene múltiples significados, por supuesto, y abarca un amplio campo de significados y prácticas. Tal y como se utiliza en Sovereignty and Extortion, se refiere principalmente al ejercicio de la violencia soberana por parte del gobierno central. Hay muchos pensadores en cuya obra podría haberse inspirado Lomnitz para explorar este tema, desde Hobbes hasta Schmitt, pero su principal inspiración teórica es, en cambio, el ensayo de David Graeber y Marshall Sahlins On Kings (2017), en particular su enfoque en los orígenes de la soberanía en los rituales religiosos. Se trata de un material fascinante en sí mismo, pero sin duda inadecuado para la tarea conceptual que nos ocupa: Graeber y Sahlins se referían a sociedades premodernas y, en muchos casos, preestatales, y no a un país industrializado con una población de 130 millones de habitantes. Sea lo que sea lo que le haya sucedido al Estado en el México contemporáneo, no ha evolucionado a partir de prácticas rituales, sino que ha mutado a partir de un conjunto preexistente, amplio y complejo, de instituciones y relaciones sociales.

El problema de la perspectiva histórica asoma en otros puntos del relato de Lomnitz. El «exceso de soberanía» que diagnostica se considera característico del Estado mexicano contemporáneo, pero aparentemente no del Estado gobernado por el PRI durante la mayor parte del siglo XX. Incluso en sus propios términos, esto no se sostiene: si las ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército son signos de un exceso de soberanía, entonces seguramente el uso de escuadrones de la muerte por parte del Gobierno para reprimir a las guerrillas de izquierda en los años sesenta y setenta también lo sería. De hecho, según sus criterios, esos actos se ajustan mejor a la definición que los asesinatos actuales, ya que la cadena de mando que los conectaba con el poder soberano central —el presidente— era mucho más clara entonces que ahora.

Sin duda, la escala de la violencia ha aumentado enormemente desde los días de la llamada Guerra Sucia. Pero el poder represivo ejercido por los presidentes del PRI estaba mucho más coordinado que el que tienen a su disposición AMLO o Sheinbaum. Muchos de los propios ejemplos de Lomnitz apuntan igualmente no a una centralización excesiva de la soberanía, sino a lo contrario: una pérdida de control central y una fragmentación del poder soberano. Esto podría describirse como un «exceso» solo en el sentido de multiplicación: el número de actores que ejercen lo que parece voluntad soberana ha aumentado exponencialmente. Desde esta perspectiva, las ambiciones de AMLO de «restaurar la soberanía» parecen un tipo diferente de ilusión: maniobras retóricas para compensar un Estado cada vez más vacío.

Aun así, la idea básica de Lomnitz sigue siendo válida —algo ha cambiado en el funcionamiento del Estado— y, por lo tanto, nos queda la pregunta de cómo pensar esta nueva forma de Estado. Aquí puede ser útil situar a México en el contexto más amplio de América Latina, donde varios otros países experimentaron una transformación neoliberal en la década de 1990 y se ven igualmente afectados por la escalada de la violencia de la guerra contra las drogas y la inseguridad. En esta situación de crisis, los gobiernos de toda la región están reforzando el papel represivo del Estado y militarizando progresivamente las fuerzas del orden; el brutal modelo de encarcelamiento masivo de Bukele en El Salvador y el estado de emergencia permanente de Noboa en Ecuador son solo los ejemplos más flagrantes. Al mismo tiempo, en gran parte de la región, la provisión de bienes públicos por parte del Estado se ha reducido de manera constante bajo los dictados de la austeridad, incluso cuando el Estado ha seguido desempeñando su función de mantener el acceso del capital a los mercados. México se desmarca de estas tendencias regionales principalmente porque AMLO trató de combinar la austeridad con un aumento del gasto público en áreas seleccionadas y afirmó que daba prioridad a los pobres del país por encima de los intereses de los inversores. Pero, por lo demás, se ajusta a un patrón más amplio de escalada de la militarización y disminución de la capacidad del Estado.

El abandono progresivo de la provisión de bienestar social, el creciente énfasis en las funciones coercitivas, el mantenimiento de los mercados: ¿no es esto lo que describe la esencia del Estado neoliberal, más que algo completamente nuevo? En tal caso, ¿no es lo que estamos viendo en México y en otros lugares de América Latina la siguiente etapa en la evolución del Estado producido por el neoliberalismo real, en contraposición a las fantasías del Estado de derecho y los mercados transparentes que vendían sus ideólogos? El proyecto neoliberal puede estar en ruinas, pero sus contornos rotos siguen configurando el camino de América Latina, y la forma de Estado que dejó atrás —con su legitimidad erosionada y sus poderes soberanos dispersos— sigue presidiendo el interregno.."

( Tony Wood , New Left Review, 09/05/25, traducción DEEPL)