"(...) ¿por qué no se habla del salario recibido por los ejecutivos de las
grandes corporaciones? ¿debe ser considerado competencia exclusiva de
las empresas concernidas? ¿es un tema menor sin consecuencias para la
dinámica económica y empresarial?
De tanto en tanto, alguna publicación pone el foco en este asunto, pero
es la excepción que confirma la regla: la información estadística al
respecto es escasa y fragmentaria. (...)
En mi opinión, la razón fundamental de este déficit es la ausencia de
voluntad política -y, en consecuencia, de medios- para recoger
sistemáticamente esa información, contrastarla y hacerla pública; del
mismo modo que, en un terreno más general, no existe gran interés por
recopilar datos sobre los ingresos y los patrimonios de los sectores más
privilegiados de la sociedad.
Detrás (o delante) de estas lagunas estadísticas hay una evidente
intencionalidad política: dejar fuera del debate los ingresos de los
ejecutivos; centrarlo en el salario mínimo o, como mucho, en los
salarios en general, y lanzar toda la artillería para anunciar la
debacle económica que supondría su mejora.
En este contexto, valen su peso en oro publicaciones como las de
OXFAM Intermon. Concretamente, el informe “Quien parte y reparte: La huella en la desigualdad de las empresas del IBEX 35” ofrece datos sobre las remuneraciones percibidas por los principales
ejecutivos del IBEX 35.
Con datos de 2018, los principales ejecutivos
reciben de promedio 4,4 millones de euros al año, cantidad que, en
algunas empresas, como Naturgy, ACS y Banco de Santander, se supera
ampliamente. Comparando esas retribuciones con el sueldo promedio,
representaban para el conjunto de las firmas 123 veces, siendo de 455 en
Inditex, 257 en el Banco de Santander y 213 en el BBVA.
Mostrar asombro o incluso indignación por esta brecha salarial sería
quedarse en la epidermis de un fenómeno que, sin duda alguna, resulta
escandaloso. Estos desmesurados privilegios no se justifican en la
productividad de quienes los disfrutan, sino en el inmenso poder que
atesoran las elites empresariales, que se ha visto reforzado por las
diferentes reformas laborales que, con el pretexto de flexibilizar los
mercados de trabajo y adaptarlos a las fluctuaciones del ciclo
económico, en realidad pretendían, y han conseguido, debilitar la
capacidad de negociación y presión de los trabajadores.
Suponen un lastre tanto para las empresas afectadas como para la
economía en su conjunto. Consolidan una casta vinculada a los mercados
financieros, favorece operaciones bursátiles y especulativas destinadas a
recompensar a los equipos directivos y principales accionistas, lastra
la inversión productiva y retira recursos que podrían destinarse a
mejorar los salarios de la mayor parte de los trabajadores.
Suficientes razones para ocupar un lugar preferente en el debate
público y político. ¿Se podría hacer algo al respecto? En primer lugar,
los gobiernos podrían establecer un techo y un suelo entre los salarios
máximo y medio de, por ejemplo, 5:1, aplicable para las empresas del
Estado y para las privadas que contraten con las administraciones
públicas o que reciban recursos de las mismas; en segundo lugar, debería
legislarse para que el mecanismo de fijación de retribuciones para los
directivos sea transparente y sometido a la supervisión del conjunto del
accionariado y de los trabajadores; en tercer lugar, habría que dotar
de más progresividad a la estructura tributaria, muy generosa con los
ingresos más elevados. (...)" (Fernando Luengo, Otra Economía, 19/01/20)
