El tratamiento obligatorio para la adicción a las drogas puede salvar vidas... Que el gobierno puede dar asistencia a personas con enfermedades mentales graves, aunque se nieguen, es un hecho bien establecido... la alternativa al tratamiento obligatorio en lugares como la ciudad de Nueva York no suele ser el tratamiento voluntario, sino ningún tratamiento: la vida en la calle con la oferta de drogas ilícitas más letal de la historia de Estados Unidos... La adicción reduce la capacidad de las personas para ejercer el autocontrol, sopesar con precisión las consecuencias a largo plazo frente a las de corto plazo y tomar decisiones que les beneficien. Los críticos del tratamiento obligatorio que afirman que la intervención socava la autonomía del individuo olvidan que la propia adicción mina esa autonomía... el tratamiento obligatorio que devuelve a alguien su buen juicio es una restauración de su autonomía, no una violación de la misma... La aplicación reflexiva y cuidadosa de un programa de tratamiento obligatorio puede parecer mucho pedir a una burocracia ya desbordada. Pero la realidad, degradante y peligrosa, de las calles hace inaceptable el statu quo. Si Nueva York puede diseñar una iniciativa de tratamiento obligatorio con recursos y bien diseñada, las personas con adicciones, sus seres queridos y la comunidad en general se beneficiarán enormemente (Keith Humphreys, Un. Stanford)

 "La reciente propuesta de Eric Adams, el alcalde de Nueva York, de obligar a los neoyorquinos con adicciones a someterse a un tratamiento si son un riesgo para sí mismos o para los demás es “terrible”, dijo una activista. Otra persona dijo que el plan le “produce escalofríos”.

Pero el tratamiento obligatorio, si se aplica correctamente, puede ayudar tanto a las personas con adicciones como a las comunidades en las que viven.

Que el gobierno puede dar asistencia a personas con enfermedades mentales graves, aunque se nieguen, es un hecho bien establecido. Las normas que se exigen para ello —usualmente, demostrar que el individuo está gravemente incapacitado o supone una amenaza para la comunidad— pueden variar, pero el principio subyacente es el mismo.

Este tipo de internamiento civil existe desde hace un siglo en Estados Unidos, y los 50 estados tienen leyes que regulan esta práctica. Pero Nueva York se está entre la minoría que no considera la adicción por sí sola un fundamento jurídico suficiente para ordenar la atención.

Debería hacerlo. Porque la alternativa al tratamiento obligatorio en lugares como la ciudad de Nueva York no suele ser el tratamiento voluntario, sino ningún tratamiento: la vida en la calle con la oferta de drogas ilícitas más letal de la historia de Estados Unidos.

Además, uno de los estudios más amplios y a más largo plazo sobre este tema realizó un seguimiento de 2095 pacientes con adicción y descubrió que, un año después del tratamiento, aquellos cuya atención era obligatoria tenían algo más de probabilidades de evitar el consumo de drogas que los que habían iniciado el tratamiento voluntariamente. Además, en comparación con sus homólogos que habían buscado voluntariamente tratamiento en el sistema judicial, los pacientes cuya atención era obligatoria tenían menos probabilidades de volver a ser detenidos. Otros estudios hallaron que los pacientes con atención obligatoria obtienen resultados algo peores o iguales que los pacientes voluntarios. Una nueva revisión de 22 estudios encontró “falta de evidencia de alta calidad” a favor o en contra del tratamiento involuntario de la adicción.

Pero ninguno de esos estudios comparó los resultados del tratamiento involuntario con los resultados de no recibir tratamiento, la comparación más pertinente.

Que los pacientes puedan beneficiarse del tratamiento obligatorio de la adicción solo es sorprendente si se supone que la persona típica que busca tratamiento es alguien que de manera espontánea y con una fuerte motivación interna se despierta un día y decide cambiar de vida. En realidad, esos pacientes son poco frecuentes.

En una muestra nacional de 476 personas que habían buscado tratamiento por un problema con el alcohol, más de nueve de cada 10 declararon haber sido presionadas para dejar de beber o cambiar su forma de beber por su familia, cónyuge o pareja, amigos u otras personas. Así pues, las personas sometidas a presiones legales para buscar asistencia pueden encontrarse en una situación similar a la de otras personas en el mismo programa de tratamiento.

¿Por qué la gente necesita tan a menudo que la presionen para buscar tratamiento cuando las sustancias adictivas están destruyendo su vida? Sencillamente, el consumo de drogas se siente bien, al menos a corto plazo, lo que hace que muchas personas se muestren ambivalentes a la hora de dejarlo. Y el tratamiento requiere un trabajo arduo a corto plazo para superar la atracción visceral de la adicción, antes de aportar alivio a largo plazo.

De hecho, seguir dando prioridad al consumo de sustancias frente al daño es la condición sine qua non de la adicción. La adicción reduce la capacidad de las personas para ejercer el autocontrol, sopesar con precisión las consecuencias a largo plazo frente a las de corto plazo y tomar decisiones que les beneficien. Los críticos del tratamiento obligatorio que afirman que la intervención socava la autonomía del individuo olvidan que la propia adicción mina esa autonomía. De hecho, el tratamiento obligatorio que devuelve a alguien su buen juicio es una restauración de su autonomía, no una violación de la misma.

La otra razón principal para imponer el tratamiento es que las personas con adicción no son las únicas afectadas por su comportamiento. Muchas de las cargas de la adicción recaen sobre otros: seres queridos que esperan despiertos por la noche junto al teléfono con miedo de que suene y miedo de que no suene, personas expuestas a la agresividad que provocan algunas drogas (sobre todo el alcohol y los estimulantes como la metanfetamina), o las comunidades y las empresas invadidas por el consumo público de drogas. Quienes soportan estas cargas tienen todo el derecho a presionar al individuo adicto para que cambie, incluso recurriendo al sistema de justicia penal cuando sea necesario.

Durante décadas, los funcionarios de salud pública se preocuparon por el impacto de la adicción en los hijos, compañeros de trabajo, vecinos y comunidades de los consumidores, así como en los propios consumidores. Una de las razones por las que el campo de la salud pública apoyaba las campañas publicitarias contra el tabaco y las leyes que restringían su consumo, incluso cuando los fumadores se oponían, era porque reducían el daño del humo de segunda mano y ayudaban a persuadir a los no fumadores para que no empezaran a fumar.

Pero muchos activistas de la política de drogas han adoptado en los últimos años una postura parecida a la que se asocia a los activistas del derecho a poseer armas de fuego o a quienes se resisten a las vacunas, concretamente que los deseos individuales de consumir drogas deberían pesar más que las consecuencias para la comunidad.

En San Francisco, los activistas de la reducción de daños y los funcionarios de salud pública colaboraron para colocar carteles publicitarios en los que se presentaba a los consumidores de opiáceos como personas jóvenes, atractivas y con éxito, con la teoría de que esto sería desestigmatizador y los animaría a “hacerlo con amigos” que podrían rescatarlos si sufrían una sobredosis. Esto fue una bofetada a los padres que no querían que sus hijos fueran persuadidos de que el consumo de fentanilo era una actividad deseable, así como a las muchas personas que estaban teniendo interacciones difíciles con consumidores callejeros de fentanilo que no eran de la variedad amistosa, sana e inofensiva retratada en los carteles.

Como dijo recientemente el jefe de policía convertido en investigador de salud pública Brandon Del Pozo: “Si ha habido un punto ciego entre los reformadores de la política de drogas, los activistas de la reducción de daños y sus aliados en los pasillos del gobierno, es la necesidad de abordar compasiva —pero eficazmente— las consecuencias altamente perturbadoras del consumo público de drogas y de prestar atención a lo resentida que se vuelve una comunidad cuando se deja que los problemas se enconen”.

Si los defensores no consideran el valor del tratamiento obligatorio para la comunidad por sus méritos, podrían hacerlo como un ejercicio de realpolitik. La ola de despenalización y reducción de daños que barrió el noroeste del Pacífico a partir de 2020 pasó de ser popular a impopular no solo porque no consiguió reducir las sobredosis, sino también porque aumentaron los delitos violentos y contra la propiedad, incluso cuando disminuyeron a nivel nacional. Ignorar cómo el consumo de drogas y los trastornos asociados pueden perjudicar a quien no las consume es una buena forma de socavar el apoyo popular a todo tu programa de reformas.

Dicho esto, los programas de tratamiento obligatorio solo pueden funcionar si cuentan con los recursos adecuados y se aplican cuidadosamente. En décadas de trabajo con legisladores, he oído muchas propuestas entusiastas para obligar a legiones de personas a participar en programas que ni siquiera satisfacían la demanda actual. Y las iniciativas obligatorias no solo dependen de una cantidad adecuada de tratamiento, sino también de la calidad correcta. Los programas de tratamiento deben guiarse por las mejores evidencias, además de ser limpios, seguros y respetuosos. Los jueces, tanto si evalúan las solicitudes de internamiento involuntario de los profesionales de la salud como si supervisan ellos mismos a pacientes adictos en un tribunal de drogas, deben conocer bien la mejor evidencia científica sobre la naturaleza de la adicción y su tratamiento.

La aplicación reflexiva y cuidadosa de un programa de tratamiento obligatorio puede parecer mucho pedir a una burocracia ya desbordada. Pero la realidad, degradante y peligrosa, de las calles hace inaceptable el statu quo. Si Nueva York puede diseñar una iniciativa de tratamiento obligatorio con recursos y bien diseñada, las personas con adicciones, sus seres queridos y la comunidad en general se beneficiarán enormemente." 

(Keith Humphreys , profesor de psiquiatría en la Universidad de Stanford , The  New York Times, 02/09/25)

El deseo de ser clase media: por qué España es un lugar idóneo para la 'maría'... España dista mucho de sufrir los serios problemas que padecen Estados europeos como Países Bajos o Suecia, donde la penetración de las mafias es notable, ni tampoco cuenta con zonas socialmente desarticuladas, como las banlieues francesas, en algunas de las cuales son los traficantes los que dictan la vida cotidiana. Pero hay una serie de elementos preocupantes que ya están presentes... Esa parte de España poblada por polígonos semivacíos, por territorios que creyeron que iban a despegar y se quedaron detenidos, y cuya industria cerró, resulta especialmente atractiva para promover el cultivo de la marihuana... La economía de supervivencia se impone en zonas que ya están produciendo lumpenproletariado... este tipo de producción requiere de mano de obra barata y dispuesta, dueños de naves que no hacen preguntas y cobran en negro, electricistas que hagan los ajustes precisos y de personas que miran hacia otro lado. España tiene mucha gente en situación de necesidad y acostumbrada a los apaños... el cultivador se autopercibe como un empresario que ha ascendido socialmente y que no hace ningún mal, simplemente cultiva plantas... pero la ilegalidad supone ajustes de cuentas, intentos de robo o de quemar las cosechas ajenas, suponen armas de fuego y estar dispuesto a disparar (Esteban Hernández)

 "El papel de España como centro logístico de la droga, como lugar idóneo desde el que distribuir por Europa la mercancía, es bien conocido desde hace años. Además, el auge de la marihuana, en consumo y en precio, ha convertido a nuestro país en gran productor. La mancha se va extendiendo, con los peligros asociados a ella. El aumento de la criminalidad ligado a la marihuana es significativo, pero también lo son las señales, todavía incipientes, de que esas actividades ilícitas puedan acabar condicionando de forma definitiva la vida de las poblaciones en las que operan.

El cambio que se está produciendo en España queda reflejado en el libro Brots de narcosocietat (Ed. Columna), de la periodista especializada en información policial y judicial Fàtima Llambrich, en el que alerta del nuevo escenario en el que nos estamos adentrando. España dista mucho de sufrir los serios problemas que padecen Estados europeos como Países Bajos o Suecia, donde la penetración de las mafias es notable, ni tampoco cuenta con zonas socialmente desarticuladas, como las banlieues francesas, en algunas de las cuales son los traficantes los que dictan la vida cotidiana. Pero hay una serie de elementos preocupantes que ya están presentes.

Los factores esenciales

En esa escalada, es relevante el hecho de que España haya dejado de ser simplemente un lugar de tránsito y se haya convertido también en productor. Hay varios factores que hacen de nuestro país un lugar idóneo para el cultivo. Además de la situación geográfica, "los delincuentes valoran que la legislación española sea más laxa que otras europeas", asegura Llambrich, pero también que "contamos con un sistema industrial en desuso, con locales con instalaciones eléctricas ya realizadas y con polígonos semiabandonados", lo que proporciona una infraestructura que les resulta favorable. Como elemento final, también está el conocimiento del territorio, ya que "hay un historial amplio de organizaciones criminales que han operado aquí".

Sin embargo, de todos esos factores, hay uno que debe destacarse, porque es el que facilita que las organizaciones se extiendan aprovechando las facilidades que las zonas interiores ofrecen. Esa parte de España poblada por polígonos semivacíos, por territorios que creyeron que iban a despegar y se quedaron detenidos, y cuya industria cerró, resulta especialmente atractiva para promover el cultivo.

Esos lugares en declive tienen dificultades relevantes, que se dejan sentir en sus clases medias y en las populares, y que se aprecia especialmente en las dinámicas migratorias. Sus jóvenes suelen marcharse en busca de mejores opciones laborales, sobre todo a grandes ciudades, pero eso solo es posible para aquellos que cuentan con alguna formación y con ayuda familiar. Los trabajos poco cualificados no ofrecen los salarios precisos para mantenerse en una ciudad cara en la que hay que afrontar el coste de la vivienda. En consecuencia, parte de su población, sobre todo aquella con bajo nivel adquisitivo, se ve obligada a permanecer en zonas en las que los empleos son insuficientes. La economía de supervivencia se impone, a menudo a través de trabajos ocasionales, de empleos parciales en negro, de ayudas públicas o de una combinación de estas fuentes de ingresos. Y los hijos que tienen crecerán con esos problemas agravados. Son zonas que están produciendo lumpenproletariado.

La marihuana es otra cosa

La relación entre los ámbitos con menos recursos de la sociedad y el tráfico de drogas es directa. De esos sectores obtienen su mano de obra en la escala más baja. Algeciras o La Línea de la Concepción son un ejemplo de ello en España, pero es algo habitual en barrios de EEUU o de otros países de Europa, y un lugar común en ciertos estados latinoamericanos: personas pobres o muy pobres, que carecen de futuro, encuentran en la actividad delictiva un ascenso social directo que puede exhibirse en signos visibles: coches, fiestas, joyas, armas.

Lo de España con la marihuana es otra cosa, porque el productor autóctono tiene cada vez menos ese perfil. Su perspectiva vital es más la de la España del apaño, ese ir tirando al que se han acostumbrado, que el de los grandes sueños de riqueza. Describe Llambrich la experiencia de un productor que recibe entre 10.000 y 12.000 euros al trimestre, que no es una cantidad menor, pero que está muy alejada de un nivel de vida elevado. En la entrevista que realiza en el libro a un joven proveniente de un entorno desestructurado, cuya vida siempre había estado ligada a delincuencia menor, aparece esta mentalidad de un modo expreso: "Identifica su actividad actual como un modo de vida que le ha permitido un cambio social. Antes robaba un bolso y tenía que enfrentarse a la gente, y ahora es un empresario, que ya ha pasado por la época de dedicarse a cuidar la plantación. Tiene una vida fácil que le permite llegar a final de mes sin preocupaciones. Se autopercibe como un empresario que ha ascendido socialmente y que no hace ningún mal, simplemente cultiva plantas".

La tipología del cultivador no ofrece un perfil único: "Hay desde personas que tienen trabajo y que obtienen un extra con la producción de marihuana, hasta delincuentes con delitos menores que han cambiado de oficio. Les sale más a cuenta y las penas si les cogen son menores".

Un apaño más

El tipo de droga ayuda, porque la marihuana está más aceptada socialmente y se percibe como menos arriesgada: no parece lo mismo cultivar maría que vender heroína. Las vías de acceso a esta droga son más fáciles, y también, por esa informalidad, es más sencillo contactar con redes que compran la producción.

El problema último es que nunca es así. La ilegalidad implica violencia y desprotección, y eso no siempre se entiende de antemano, como le ocurrió a aquel pequeño camello que denunció a un policía que patrullaba a quienes le habían robado la mercancía. La ilegalidad supone ajustes de cuentas, intentos de robo o de quemar las cosechas ajenas, suponen armas de fuego y estar dispuesto a disparar. Y las consecuencias legales no son tan laxas: "Cuando los cultivadores son imputados por pertenencia a una organización suelen sorprenderse, porque ellos son simplemente agricultores. Pero pertenecen a una red que finalmente hace posible que su producción sea adquirida", afirma Llambrich.

En todo caso, este tipo de producción requiere de mano de obra barata y dispuesta, dueños de naves que no hacen preguntas y cobran en negro, electricistas que hagan los ajustes precisos y de personas que miran hacia otro lado. España tiene mucha gente en situación de necesidad y acostumbrada a los apaños, por lo que las tentaciones se multiplican cuando se considera la producción de marihuana como un extra o como una manera de llevar una vida más holgada. Es otro apaño más."                  (Esteban Hernández, El Confidencial, 04/02/24)

Los primeros concejales del Partido Cannábico en Europa son navarros... tienen un proyecto estrella en su programa: abrir una planta de producción de cáñamo industrial en el pueblo (Murillo El Fruto, de 600 habitantes)... la planta puede ser la solución a la despoblación que afecta al municipio... el cultivo del cáñamo puede ser “estratégico” para la evolución de la agricultura en la comunidad porque tanto el industrial como el medicinal puede convertirse en un cultivo alternativo para zonas económicamente desfavorecidas o en riesgo de despoblación. De hecho, la planta es conocida entre los expertos como el “cerdo de los cultivos”, porque de ella, igual que de este animal, se puede aprovechar prácticamente todo y con una rentabilidad elevada

 "El municipio navarro de Murillo El Fruto apenas supera los 600 habitantes pero en estas elecciones ha hecho historia en Europa. Allí han sido elegidos los dos primeros concejales del Partido Cannábico Luz Verde de todo el continente: Andrés Vallés y Germán Lanas, de 30 años. Se presentaron como independientes y han obtenido un 32% de los votos emitidos en la localidad. Se quedaron a pocas papeletas de lograr la tercera acta, que habría correspondido a Aitor Murillo, de 27 años. Reconocen que no se esperaban la exposición mediática que han tenido desde entonces: “Hay mucho desconocimiento y lo primero que se ve es el porro y los porretas, pero hay mucho trasfondo detrás. Creemos que poco a poco la gente, a través de los medios, está cambiando su opinión”.

 La decisión de presentarse a las elecciones la tomaron porque querían reactivar la política municipal, asegura Vallés, buscando que el pueblo esté informado de las decisiones que se adoptan y participe más: “Ante la opacidad del Ayuntamiento, la poca transparencia, queremos colaboración ciudadana y participación”. Quieren “cambiar la forma de hacer política”. Compartirán el salón de plenos solo con otro partido, Adelante Murillo, que ha ganado los comicios con mayoría absoluta. “Votar cada cuatro años es muy cómodo, pero queremos que se tenga más iniciativa vecinal, que las cosas que sean buenas para el pueblo se puedan votar en consenso”, añade Murillo.

 Por ahora no tienen medidas concretas para articular esa participación vecinal, pero sí un proyecto estrella en su programa: abrir una planta de producción de cáñamo industrial en el pueblo. “Quieren hacer esa planta en Navarra y estamos convencidos de que si no es aquí, será en otro pueblo”, asegura Vallés. Para Lanas, la planta puede ser la solución a la despoblación que afecta al municipio. “No hay oportunidades laborales y la gente se va. Hay mucha gente que no quiere trabajar en el campo porque es muy duro y [los trabajadores agrícolas] son todos migrantes”. Él lo sabe bien, es el responsable de una explotación agrícola y viticultor por cuenta propia.

La planta de cáñamo industrial permitiría complementar una economía eminentemente agrícola. Murillo El Fruto, explican, es el mayor pueblo exportador de guindillas para conservas, pero también se cultivan otros productos: espárragos, tomates para conserva, pimientos, trigo, cebada, maíz... Sin embargo, más allá del campo, apenas hay industria. Y las últimas empresas que se han instalado, añade Fermín Les, presidente del Partido Cannábico en Navarra, son muy contaminantes. La alternativa de la planta de cáñamo es un proyecto a largo plazo, pero creen que puede ser muy beneficioso para el vecindario porque podría establecer “una relación de simbiosis entre la parte agrícola y la parte industrial”.

 Más allá de los planteamientos del Partido Cannábico, la planta industrial de cáñamo no es una quimera. Este 2023 se prevén cambios para flexibilizar la normativa que regula la producción y comercialización del cáñamo. De hecho, el Gobierno foral ha impulsado la Asociación Navarra para la Investigación del Cáñamo (ANIC), en la que participa directamente y bajo cuya fórmula —pionera en España— se ha aliado con la Universidad Pública de Navarra (UPNA), con el centro de investigación biomédica Navarrabiomed, con el Instituto de Agrobiotecnología del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC-IDAB), con las sociedades públicas INTIA y Nasertic, y con la empresa privada Josenea.

 El objetivo es investigar, plantar y desarrollar variedades de cáñamo que tengan bajos porcentajes de THC, el principio estupefaciente por el que es más conocido, y que puedan destinarse a fines médicos, científicos, de investigación o para el cultivo. Desde el Ejecutivo navarro consideran que el cultivo del cáñamo puede ser “estratégico” para la evolución de la agricultura en la comunidad porque tanto el industrial como el medicinal puede convertirse en un cultivo alternativo para zonas económicamente desfavorecidas o en riesgo de despoblación. De hecho, la planta es conocida entre los expertos como el “cerdo de los cultivos”, porque de ella, igual que de este animal, se puede aprovechar prácticamente todo y con una rentabilidad elevada.

La creación de esta asociación será “positiva” para el impulso de esta industria, considera Les: “Ya está triunfando en Francia, Italia o la República Checa, que son quienes han abanderado esto en la Unión Europea, junto con Suiza”. Desde su formación tampoco dejan de lado otra de sus reivindicaciones: la legalización del cannabis. Les considera que esa decisión contribuiría a “reducir el consumo, recaudar más impuestos y mejorar la seguridad, porque la guerra contra las drogas es un despilfarro”. E insiste: “El cannabis es salud también, tiene su uso terapéutico y España es el último país de la UE en incorporarlo”.

Les considera que lo ocurrido en Murillo El Fruto es un “ejemplo” de que “la sociedad va por delante” de los gobernantes: “Los agricultores tienen mucha información al respecto y están abiertos a incorporarlo”. En cualquier caso, defiende que los objetivos de Vallés y Lanas en el consistorio van más allá: “Son chicos de Murillo y lo que van a hacer es trabajar por el pueblo para que haya una escuela mejor, para que no se vaya la gente del pueblo”. Para esa tarea se preparan ya los dos concejales electos, que reconocen que sienten un poco de respeto: “Como nunca hemos estado en política, desconocemos muchas cosas, pero tenemos ganas”. En líneas generales tienen buena relación con los miembros del otro partido elegido, Adelante Murillo, que ha obtenido cinco concejales, mayoría absoluta. “No vamos a ir a incendiar nada. Creemos que podremos trabajar en común”, concluye Lanas."              (Amaia Otazu  , El País, 10/06/23)

Tres mil empleados del narco en La Línea. Una treintena de bandas con miles de colaboradores directos impone en la ciudad gaditana sus reglas, basadas en el clientelismo y el temor

"De una calada honda, Pepe —tez morena de marcadas arrugas, 62 años y nombre ficticio— se mete en los pulmones un cóctel de tabaco y hachís. “Hoy la mitad de todo esto sería mío, pero lo dejé. El negocio ha cambiado mucho, ya no son narcos, son asesinos”, reconoce mientras exhala una narcótica nube, en una luminosa mañana en la playa de El Tonelero, en La Línea de la Concepción (Cádiz). 

 Su parsimonia y sinceridad se cotizan al alza en el epicentro de la droga del sur de España, La Atunara. En pleno día y armados hasta los dientes, policías y guardias civiles han entrado a tropel en este barrio. Ha caído una colla (argot autóctono para referirse a una banda de traficantes) y hay 13 detenidos. Los vecinos se arremolinan alrededor. Algunos, caldeados, gritan “chivatos” a policías y periodistas.  (...)

Tan solo en La Línea, con 63.278 habitantes, los sindicatos policiales estiman que existen unas 30 bandas con más de 3.000 colaboradores directos. “Se han echado a la poca vergüenza. Son mafias a las que les da igual matar o que les maten”, añade Pepe. 

“El niño se ha hecho grande. Empezó con el trapicheo, siguió con el contrabando de tabaco y llegó al hachís”. Juan Franco, alcalde de La Línea, resume lo que está ocurriendo en su pueblo. Ciudad frontera por partida doble (con Gibraltar y Marruecos), es la puerta de entrada del chocolate en Europa. 

En 2017, se aprehendieron 145.372 kilos de hachís frente a los 100.423 de 2016, lo que supone un incremento cercano al 45%, con 755 detenidos, según ha reconocido este lunes el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en su visita a la localidad. 

Pero aunque el ministro se empeñe en resaltar que la zona “no va a estar dominada por los narcotraficantes”, los responsables de contenerlos sobre el terreno tienen una visión distinta. “Hay un evidente aumento de la agresividad. Embisten, usan armas y van sin piedad”, dice Macarena Arroyo, fiscal antidroga del Campo de Gibraltar.

“Cierta ética”

Criados en familias de gayumberos —palabra local para referirse al que trafica con droga—, el actual narco linense ha aprendido el oficio de sus mayores y lo ha llevado a otro nivel. “No es que quiera dar una imagen romántica, pero la anterior generación tenía cierta ética”, reconoce Franco. 

Pepe recorría 14 kilómetros “para bajarse al moro” en una patera y traer no más de dos o tres fardos de hachís. Trabajaba para jefes que preferían pasar desapercibidos y, aunque a él nunca le detuvieron, sabía a lo que se exponía: “Si un guardia te cogía, te rendías porque te habían pillado”.

 Pero eso se acabó, en el viaje de una embarcación neumática (gomas, en el argot) de hoy se transportan de dos a tres toneladas y la nueva generación hace lo que sea por protegerlas. No ayudó que el relevo se produjese en plena crisis, con tasas de paro en La Línea que rondaron el 42% (ahora está en un 33%) y plantillas de agentes seriamente tocadas.  (...)

Con las plantillas policiales esquilmadas y el kilo de hachís valorado en 1.640 euros, la empresa del narco ha invertido beneficios en sofisticarse. “Están a años luz. Su infraestructura está muy por encima de la nuestra”, asegura Arroyo. Además de radares, suelen emplear teléfonos encriptados, narcolanchas con hasta tres motores fueraborda y una amplia red de informantes. “Si te metes con el coche por sus zonas, cualquiera de los que estén vigilando enviarán tu matrícula a un grupo que tienen para ver si te tienen fichado. 

Incluso usan cámaras para controlar la ciudad”, reconoce un policía que pide ocultarse bajo el nombre de Eduardo. Un paseo por La Atunara descubre decenas de miradas furtivas de jóvenes, de entre 20 y 30 años, con caras de pocos amigos. Para foráneos o agentes, callejear más de la cuenta, preguntar en exceso o sacar una cámara puede conllevar amenazas o pedradas.

Eduardo ya ni se sorprende de lo ocurrido en el hospital. El año pasado, en una detención en la playa, vio cómo un grupo de vecinos acabó rodeando a seis policías para intentar llevarse del coche patrulla al apresado. En abril de 2017, un centenar de personas se liaron a pedradas contra otros agentes que intentaban frustrar un alijo en la zona de El Tonelero. 

En la madrugada del pasado lunes, tres encapuchados entraron en un depósito judicial en Conil para robar una narcolancha a punta de pistola. Las embestidas de todoterrenos a coches patrulla y las armas (en un registro aparecieron hasta cinco Kalashnikov) son ya comunes.

 “La impunidad es absoluta”, reconoce Juan, guardia civil linense. El agente estima que a las costas de La Línea arriban “hasta 10 gomas diarias cargadas de hachís”. Calcula que operan unas 30 collas y “cada una da trabajo directo a unas 100 personas”. Son una minoría, pero “han capilarizado la sociedad hasta tal punto que ya han llegado a todo”, asegura Franco. 

En los barrios en los que se asienta, el narco impone su ley, basada en la generosidad con el vecino, la connivencia y el silencio. Pero Juan lo tiene claro: “No es solidaridad, si dan algo, ya se lo cobrarán. Favor por favor”. Su interés por comprar ayudas incluso ha calado en los agentes. Policía y Guardia Civil ya se han visto obligadas a detener a varios compañeros, vinculados a tratos de favor con traficantes, reconoce José Encinas, de AUGC.

El traficante es capaz de imponer su narcocultura a golpe de chándal y coches lujosos. El alcalde da más señas: “Se creen que son nobleza y realizan matrimonios de conveniencia. 

Vinculan así las bandas y garantizan el silencio entre familias”. Su ideal de ostentación ha llegado incluso a tiendas del centro. En una —bajo sospecha por pertenecer a la mujer de un capo— los escaparates son una oda a prendas deportivas y deseadas marcas para narcos. “Les gusta hacer ostentación”, reconoce Juan mientras no pierde ojo de su alrededor. “Cuando veas a uno con chándal negro, reloj vistoso, pelo y barba perfecto… Ya sabes”, tercia con media sonrisa.

También tienen un ejemplo a seguir: el clan de Los Castañas, capitaneado por los hermanos Antonio y Francisco Tejón, los señores del narcotráfico linense. Controlan el 60% del hachís y “son héroes para su entorno”, dice José Encinas, de la AUGC. En La Línea, éstas y otras andanzas de los narcos están en boca de muchos. Y el pueblo ya no puede más.

 “Sentimos alarma, asco, desesperanza y sensación de abandono”, reconoce Franco. La tarde del próximo 27 de febrero ya hay convocada una manifestación para decir ‘basta’. Exigen la declaración de La Línea como zona de especial singularidad, el refuerzo de los cuerpos de agentes, la creación de unos juzgados especializados y la adopción de medidas económicas y sociales para la localidad.

Mientras, la rueda sigue girando. (...)"                      (Jesús A. Cañas, El País, 20/02/18)

El 17 de junio de 1971, Nixon declaró 'la guerra contra las drogas'... en 2011 se produjeron 200.000 muertes violentas relacionadas con su tráfico

"(...) Fue hace 43 años, el 17 de junio de 1971, cuando el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, usó por primera vez el término guerra contra las drogas, convirtiendo su consumo en el enemigo público número uno del país.

 Desde entonces se ha construido un multimillonario entramado internacional basado en la tolerancia cero, la criminalización del uso y posesión de las drogas, el menosprecio de las políticas de reducción de daños e incluso en la militarización de la respuesta a los cárteles. 

Sirva tan sólo como ejemplo de esta ingente maquinaria el presupuesto récord de 15 mil millones de dólares destinados en el año fiscal 2011-2012 por la administración Obama en su lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes.

Sin embargo, y a pesar de todos los recursos económicos, policiales, judiciales y políticos destinados a esta “guerra”, los niveles de adicción, tráfico y violencia siguen aumentando. 

En febrero de este año, Chatham House, un prestigioso think thank británico de relaciones internacionales, nada sospechoso de coquetear con propuestas radicales, recogía en un informe denominado Illicit Drugs and International Security: Towards UNGASS 2016 una recopilación de datos que vienen a ratificar esta afirmación.  De todos ellos conviene destacar, si acaso, los más importantes: según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en 2011 se produjeron 200.000 muertes violentas relacionadas con el tráfico de drogas. Sólo en México se han registrado 70.000 muertes y 26.000 desapariciones relacionadas directamente con el narcotráfico desde 2006.

En Europa por su parte, se ha registrado un incremento muy significativo en la demanda de estupefacientes, y en concreto, en el consumo de cocaína desde la pasada década. Europa cuanta ya con aproximadamente 4 millones de consumidores habituales de cocaína, siendo España, Italia y Reino Unido los principales mercados de esta sustancia. 

El valor anual del mercado internacional de la droga representa, según cifras de la UNODC, 320.000 millones de dólares, siendo el tercer mercado ilegal más lucrativo después del de las armas y el petróleo.

Para algunos países menos desarrollados, caso de Guinea Bissau, el valor de mercado de la cocaína que transita por sus fronteras es muy superior a todo el producto interior bruto nacional. Además como consecuencia del efecto trasvase o ballon effect, mientras que Colombia reducía su extensión de tierra dedicada al cultivo de hoja de coca en un 58% entre 2000 y 2009, Perú y Bolivia incrementaban esa extensión de tierra en un 38% en el mismo período.

Otro dato muy revelador es el que se refiere al incremento de la población carcelaria en Estados Unidos en más de medio millón de personas (la mayoría población negra y latina) entre 1982 y 2007 debido a delitos asociados al comercio y tenencia de drogas ilícitas. Finalmente, y aunque se trate de uno de los datos más complicados de cifrar, baste como indicador del dinero blanqueado del narcotráfico la multa récord de 1.900 millones de dólares que en 2012 tuvo que pagar el banco HSBC por su relación con los principales cárteles mexicanos.

Y aunque hay casos de éxito como el ya mencionado caso de Colombia, o la reducción en el cultivo de adormidera en el triángulo de oro (Tailandia, Myanmar y Laos), lo cierto es que el sistema internacional de control de drogas se ha demostrado ineficaz e incapaz de reducir la demanda, el tráfico y la producción de drogas.

 Allí donde las agencias antinarcóticos han conseguido cerrar una ruta de tráfico, como ocurriera con los países caribeños en los 90, las redes internacionales han encontrado rutas alternativas, caso de la actual ruta por África occidental. Allí donde se ha conseguido limitar el consumo de una determinada droga tradicional, ha crecido la demanda por otras drogas sintéticas. (...)"          (Fernando Valdés Verelst, Público, 03/10/2014)

La duración de la crisis duplica el tráfico de drogas: la incautación de cocaína crece un 117%

"La duración de la crisis está dejando estadísticas inesperadas en las cuentas de Hacienda. La última la ha proporcionado el Departamento de Aduanas que ha revelado que en el año 2013 se ha duplicado el tráfico de drogas hacia España y que la incautación de sustancias como la cocaína han aumentado un 117% en apenas doce meses hasta sumar casi 15 toneladas. 

También el tráfico de hachís se ha multiplicado en los últimos meses. Oficialmente, la Agencia Tributaria habla de un aumento de los controles pero los funcionarios de la frontera dicen que las cifras reflejan también un incremento "preocupante" del tráfico de estupefacientes. 

En el caso de la cocaína, frente a las 6,9 toneladas incautadas en 2012, en 2013 se interceptaron 14,9. (...)

En cuanto al tráfico de hachís, también se ha reactivado la llamada "ruta del Mediterráneo oriental" que conecta la Península con países como Siria, Egipto, Turquía o Marruecos. Según las cifras de la Agencia Tributaria, el incremento en este tipo de droga es de casi el 30% en un solo año. En concreto, frente a las 109 toneladas incautadas el pasado año, en 2013 se localizaron 139,3 toneladas. (...)

La Directora del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, María Pilar Jurado, asegura que, al mismo tiempo, la crisis en España está "abaratando" también el lado del consumo, en favor de las drogas sintéticas. 

 De hecho, los servicios de vigilancia aduanera tienen orden de extremar ahora el control de los químicos que sirven para elaborar drogas como el éxtasis, el speed, el popper o el GHB, entre otros. Ese consumo aumenta, según Jurado porque resulta más barato que el de drogas como la cocaína. (...)"              (Vox Populi, 31/03/2014)

"Cada grupo mafioso es capaz de controlar hasta 15 plazas de venta, solo con la cocaína se obtenían tres millones de euros diarios"

"Me presenta un problema de aritmética con el polvo blanco tan elemental como alucinante. De cada kilo de cocaína pura se podían extraer, tras el proceso de corte, unos dos kilos de coca, si se quiere de calidad óptima; o bien tres o, incluso, cuatro kilos, si se rebaja la calidad.

Por un kilo de cocaína se paga entre 10.000 y 12.000 euros, incluidos los costes de transporte hasta Secondigliano. 50.000 o 60.000 euros al por mayor equivalen a unos 150.000 al detalle, un margen de beneficio de unos 100.000 euros.

Si calculas que hay plazas que llegan a vender hasta dos kilos al día trabajando las 24 horas del día, ¿sabrías decirme cuánto se puede llegar a ganar en un día?".

El cálculo es sencillo. Teniendo en cuenta que cada grupo mafioso es capaz de controlar hasta 15 plazas de venta, solo con la cocaína se obtenían tres millones de euros diarios.(...)

Amato mantenía una relación excelente con el cártel de Cali que había ganado la guerra contra Pablo Escobar. Funciona así: de cada cargamento de coca se paga la mitad, uno permanece como rehén de los colombianos, y si la otra mitad no llega, lo matan.

A Lello le dispensaban un trato muy bueno durante, digámoslo así, el secuestro. Hotel, juego, mujeres".Maurizio Prestieri, en el espacio de diez años, se convierte en uno de los hombres más ricos del territorio y en uno de los capos más respetados. La cartera de su familia, en los momentos de mayor expansión, llega a manejar cinco millones de euros al mes. (...)

La anti-Mafia le ha confiscado decenas de libros mayores.... Cuantiosas cifras de los kilos de hachís y de cocaína que pasan por sus manos, las zonas de donde proviene el dinero. No faltan extrañas siglas del tipo ME o LO: Merda y Lota, respectivamente, y también se menciona el importe que hay que desembolsar cada mes a los policías a fin de evitar un control o un arresto. (...)

"Conseguíamos hacernos con todo: restaurantes, bares, hoteles, casas en medio mundo. Fábricas, negocios, contratas. Cuando Nápoles inicia el proyecto de expansión en el área norte, para lograr que contratasen a nuestras empresas bloqueábamos el paso a las hormigoneras. Con una 38 apuntábamos a la cara de los conductores, los hacíamos bajar y nos apoderábamos del camión. Parábamos el motor de la hormigonera y el cemento se secaba dentro de la cuba.

De este modo, la empresa perdía el cemento, perdía el camión hormigonera, que quedaba para el desguace, e incluso perdía la contrata porque retrasaba las obras. En ese momento no les quedaba otra que contratarnos a nosotros. Coca, contratas, política, así gobiernas la vida de las personas.

¿Política? Política, por supuesto. Tome buena nota de ello. Son historias que pueden parecerle increíbles. Pero no es más que la realidad de todos los días... la realidad política". (Roberto Saviano: Autorretrato de un capo, El País, 13/02/2011, p. 5/6)

Los parados se drogan más

"De las tres posibles situaciones laborales que un adulto puede tener -no trabajar ni querer hacerlo, estar trabajando o estar en el paro-, son los desempleados contra su voluntad los que más drogas consumen.

Ellos encabezan la clasificación en las 11 sustancias que se incluyen en la Encuesta 2007-2008 sobre consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral en España que ofreció ayer Nuria Espí, delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas." (El País, 27/01/2011, p. 28)

La inaplazable legalización de las drogas...

"Hace algún tiempo escuché al presidente de México, Felipe Calderón, explicar a un grupo reducido de personas, qué lo llevó hace tres años a declarar la guerra total al narcotráfico, involucrando en ella al Ejército. Esta guerra, feroz, ha dejado ya más de quince mil muertos, incontables heridos y daños materiales enormes.

El panorama que el presidente Calderón trazó era espeluznante. Los cárteles se habían infiltrado como una hidra en todos los organismos del Estado y los sofocaban, corrompían, paralizaban o los ponían a su servicio. Contaban para ello con una formidable maquinaria económica, que les permitía pagar a funcionarios, policías y políticos mejores salarios que la administración pública, y una infraestructura de terror capaz de liquidar a cualquiera, no importa cuán protegido estuviera. Dio algunos ejemplos de casos donde se comprobó que los candidatos finalistas de concursos para proveer vacantes en cargos oficiales importantes relativos a la Seguridad habían sido previamente seleccionados por la mafia.

La conclusión era simple: si el gobierno no actuaba de inmediato y con la máxima energía, México corría el riesgo de convertirse en poco tiempo en un narco-estado. La decisión de incorporar al Ejército, explicó, no fue fácil, pero no había alternativa: era un cuerpo preparado para pelear y relativamente intocado por el largo brazo corruptor de los cárteles. (...)

Los argumentos de los críticos son, principalmente, los siguientes: no se declaran guerras que no se pueden ganar. El resultado de movilizar al Ejército en un tipo de contienda para la que no ha sido preparado tendrá el efecto perverso de contaminar a las Fuerzas Armadas con la corrupción y dará a los cárteles la posibilidad de instrumentalizar también a los militares para sus fines. Al narcotráfico no se le debe enfrentar de manera abierta y a plena luz, como a un país enemigo: hay que combatirlo como él actúa, en las sombras, con cuerpos de seguridad sigilosos y especializados, lo que es tarea policial.

Muchos de estos críticos no dicen lo que de veras piensan, porque se trata de algo indecible: que es absurdo declarar una guerra que los cárteles de la droga ya ganaron. Que ellos están aquí para quedarse. Que, no importa cuántos capos y forajidos caigan muertos o presos ni cuántos alijos de cocaína se capturen, la situación sólo empeorará. A los narcos caídos los reemplazarán otros, más jóvenes, más poderosos, mejor armados, más numerosos, que mantendrán operativa una industria que no ha hecho más que extenderse por el mundo desde hace décadas, sin que los reveses que recibe la hieran de manera significativa.

Esta verdad vale no sólo para México sino para buena parte de los países latinoamericanos. En algunos, como en Colombia, Bolivia y Perú, avanza a ojos vista y en otros, como Chile y Uruguay, de manera más lenta. Pero se trata de un proceso irresistible que, pese a las vertiginosas sumas de recursos y esfuerzos que se invierten en combatirlo, sigue allí, vigoroso, adaptándose a las nuevas circunstancias, sorteando los obstáculos que se le oponen con una rapidez notable, y sirviéndose de las nuevas tecnologías y de la globalización como lo hacen las más desarrolladas transnacionales del mundo.

El problema no es policial sino económico. Hay un mercado para las drogas que crece de manera imparable, tanto en los países desarrollados como en los subdesarrollados, y la industria del narcotráfico lo alimenta porque le rinde pingües ganancias. Las victorias que la lucha contra las drogas pueden mostrar son insignificantes comparadas con el número de consumidores en los cinco continentes. Y afecta a todas las clases sociales. Los efectos son tan dañinos en la salud como en las instituciones. Y a las democracias del Tercer Mundo, como un cáncer, las va minando.

¿No hay, pues, solución? ¿Estamos condenados a vivir más tarde o más temprano, con narco-Estados como el que ha querido impedir el presidente Felipe Calderón? La hay. Consiste en descriminalizar el consumo de drogas mediante un acuerdo de países consumidores y países productores, tal como vienen sosteniendo The Economist y buen número de juristas, profesores, sociólogos y científicos en muchos países del mundo sin ser escuchados. En febrero de 2009, una Comisión sobre Drogas y Democracia creada por tres ex-presidentes, Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria y Ernesto Zedillo, propuso la descriminalización de la marihuana y una política que privilegie la prevención sobre la represión. Éstos son indicios alentadores.

La legalización entraña peligros, desde luego. Y, por eso, debe ser acompañada de un redireccionamiento de las enormes sumas que hoy día se invierten en la represión, destinándolas a campañas educativas y políticas de rehabilitación e información como las que, en lo relativo al tabaco, han dado tan buenos resultados.

El argumento según el cual la legalización atizaría el consumo como un incendio, sobre todo entre los jóvenes y niños, es válido, sin duda. Pero lo probable es que se trate de un fenómeno pasajero y contenible si se lo contrarresta con campañas efectivas de prevención. De hecho, en países como Holanda, donde se han dado pasos permisivos en el consumo de las drogas, el incremento ha sido fugaz y luego de un cierto tiempo se ha estabilizado. En Portugal, según un estudio del CATO Institute, el consumo disminuyó después que se descriminalizara la posesión de drogas para uso personal. (...)

Lo que ocurre en México es trágico y anuncia lo que empezarán a vivir tarde o temprano los países que se empeñen en librar una guerra ya perdida contra ese otro Estado que ha ido surgiendo delante de nuestras narices sin que quisiéramos verlo."
(MARIO VARGAS LLOSA: El otro Estado. el País, ed. Galicia, opinión, 10/01/2010, p. 31 )

'Narcoaldeas'

"Esta región sufrió en 2007 el azote del huracán Félix, que devastó la zona dejando un reguero de cadáveres y destrucción (las autoridades cifran en más de 240 los muertos y desaparecidos, 20.000 las casas destruidas y 198.000 los damnificados). No hay hospitales ni escuelas y la energía eléctrica y las telecomunicaciones son un verdadero lujo. La región, además, es tierra de nadie: en más de 50.000 kilómetros cuadrados las autoridades mantienen apenas a 600 oficiales. Una zona idónea para el establecimiento del narcotráfico.

"Cuando se combinan la pobreza y el abandono con la negligencia de la administración pública, tenemos minorías étnicas que ante la desesperanza encuentran en el narcotráfico una opción de vida a la vista de las autoridades", explica el catedrático Félix Maradiaga.

Con el avance del narcotráfico se han formado las que se conocen como

narcoaldeas, pequeñas poblaciones con un nivel de vida diferente al de la región donde se encuentran. Algunos aldeanos han construido casas de cemento -un lujo en este lugar de chozas de pajas- con paneles solares, telefonía por satélite y antenas parabólicas. Estos lujos, afirman los analistas, son comprados con dinero del narcotráfico. (...)

El narcotráfico entró con fuerza en Nicaragua a partir de 1990, tras la caída del primer Gobierno sandinista de los ochenta y la reducción del Ejército Popular Sandinista, que contaba con más de 130.000 miembros. Entre 1997 y 2007 las autoridades se han incautado de 58.000 kilos de cocaína, la mitad de ellos en las costas del Caribe, aunque los expertos afirman que esa cifra apenas representa el 20% del total que circula por el país. "Algunos pescadores de la zona fueron la estructura primaria de apoyo al narcotráfico en dos sentidos, en acopio y reventa de la droga y suministro de combustible", explica Roberto Orozco, investigador del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) de Managua.

Lo que más alarma a los analistas es el hecho de que el mayor número de detenidos por relación con el narcotráfico son nicaragüenses: 7.777 personas entre 2000 y 2007. Además, Orozco afirma que en el país ya hay "pequeños carteles" que dan seguridad y que almacenan droga para la reventa o para la venta en el mercado interno, porque el avance del narcotráfico va de la mano del aumento en el consumo: un estudio realizado en 2006 por el Consejo Nacional de Lucha contra las Drogas mostraba que 850.000 nicaragüenses habían consumido drogas. Una cifra alta en un país de 5,2 millones de habitantes." (El País, ed. Galicia, 23/12/2009, p. 6)