" Hace muchos años, leí un excelente libro de Carmen Martin Gaite titulado “El proceso de Macanaz: historia de un empapelamiento”. La gran escritora analizaba con mucha precisión y un gran acopio de datos el largo juicio de la Inquisición contra un destacado reformador ilustrado de nombre Melchor Rafael de Macanaz. Me quedé para siempre con el término. Como es conocido, empapelamiento hace referencia, entre otras acepciones, a un proceso judicial largo, complejo, tortuoso y con elevados costes para quien lo sufre. El PSOE, desde hace meses, de forma acelerada y concentrada en el tiempo, está siendo empapelado sistemáticamente con variados procedimientos abiertos que incriminan a familiares del presidente del gobierno Pedro Sánchez, a destacados dirigentes y militantes de la organización y, recientemente, al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Lo de Leire Diaz casi no merecería demasiados comentarios ya que estamos ante un tipo de actividad más cercana a la de Mortadelo y Filemón del insuperable Ibáñez que la del Sam Spade del maestro Dashiell Hammett. Como diría el castizo: con estos amigos, mejor enemigos jurados.
A estas alturas sería exigible dejar los eufemismos e intentar decir lo que realmente se piensa. Un poco de veracidad ayudaría, creo, al debate. Para una parte significativa de la opinión pública estaríamos ante un conjunto de casualidades cada vez más sospechosas, de convergencias objetivas entre las iniciativas de la oposición política de las derechas unificadas y los procesos abiertos contra el partido que sustenta al gobierno; una doble vara de medir bien sea la derecha o bien sea la izquierda y un tipo de informes policiales, siempre filtrados oportunamente, que acaban por determinar delito y delincuentes; investigaciones prospectivas que se atienen poco o nada a la presunción de inocencia. Se podría continuar. Muchos hablan abiertamente de golpe de Estado mediático y judicial.
Hace algunos años, Héctor Illueca y yo intentamos introducir, con escaso éxito, el termino de trama para intentar definir un tipo de poder que se activa en los momentos de crisis y que desde el 2009 actúa sistemáticamente para defender los intereses generales de clases dirigentes y, centralmente, de la Corona. La trama es un espacio de organización, coordinación e información paralegal que usa diversos instrumentos para conseguir específicos objetivos políticos. Su clave es la rapidez, la versatilidad para organizar escenarios que posteriormente se convierten en hechos comunicativos, noticias exclusivas y, es lo fundamental, procesamientos judiciales. Su composición se organiza por círculos concéntricos jerarquizados: políticos, periodistas, gestores privados y públicos, empresarios con poder y abundante presencia de lo que se ha dado en llamar las “las cloacas del Estado”, los viejos y siempre nuevos “Arcana imperii” existentes desde siempre en las unidades políticas y en nuestros modernos Estados. La trama es, sobre todo, un centro operativo de gentes que conocen a gentes, de actores bien informados que conocen a las personas adecuadas para tareas adecuadas.
Queda bien, cuando se escriben estas cosas, decir inmediatamente aquello de que no se cree en las teorías conspirativas y que las cosas son mucho más complejas. Nuestra hipótesis era otra, por cierto, inspirada de Lenin: no hay política sin conspiración; la conspiración es parte de la política, pero no la explica. Lo fundamental: desde la crisis del 2009-2010 España vivió una crisis de régimen que se convirtió en crisis de Estado cuando se convocó el referéndum el 1 de octubre de 2017 para la secesión de Cataluña. Momento decisivo: discurso del Rey dos días después, el 3. Esta intervención la entendimos muchos como un llamamiento al “Estado profundo”, a sus fuerzas constitutivas para que se movilizaran en defensa del orden jurídico-político histórico. Las consecuencias fueron inmediatas. Su efecto más importante: la autonomización de una parte significativa de los aparatos e instituciones del Estado. Ante gobiernos débiles e incapaces había que actuar con firmeza y seguir los dictados de un Rey que decía basta y que llamaba a la acción en momentos de peligro supremo. Ahora se trataba de entregar a la justicia a los enemigos del Estado, de neutralizar a los que habían puesto en cuestión las instituciones básicas y a los que se oponían a las clases rectoras del país. En esa dinámica seguimos hasta ahora con un objetivo logrado: el impulso democratizador del 15M se frustró y la sociedad sigue girando a la derecha.
¿Qué hay detrás de esta crisis de régimen? Un cambio de la “constitución material” del país. Para hacerme entender: una Constitución, la del 78 por ejemplo, es algo más que un papel, expresa la institucionalización de una relación de fuerzas, de una matriz de poder entre las clases en redefinición permanente, con equilibrios siempre inestables. Es esa constitución material la que ha ido cambiando de forma cada vez más favorable para los grandes poderes financieros-empresariales y mediáticos. En su centro: una contradicción cada vez más aguda entre la democracia social-constitucional y el capitalismo globalitario en proceso de mutación.
El debate sobre esta cuestión nos llevaría muy lejos para un artículo que no debería ser largo. Solo indicar un asunto crucial: ahora ya no hay procesos constituyentes, ahora lo que hay son “procesos destituyentes”, es decir, cambios constitucionales sustanciales sin modificar las “constituciones formales “de los Estados. Esto es posible, entre otras consideraciones, porque existe otro ordenamiento que actúa, en la práctica y en la teoría, como una “constitución” superior, determinante sobre la de los Estados individualmente considerados. Me refiero al sistema jurídico-político de la Unión Europea que ha ido convirtiendo a las naciones históricas en “comunidades autónomas” de una estructura poder oligárquica, profundamente centralizada y con una capacidad creciente de intervención sobre los países que la componen.
¿Qué significa hablar de “procesos destituyentes”? Dispositivos para deconstruir, desmontar, los fundamentos (políticos, económicos y jurídicos) del constitucionalismo social, (conquista histórica del movimiento obrero organizado) eludiendo los procedimientos previstos para la reforma de las constituciones vigentes y, sobre todo, marginando al pueblo como sujeto único del poder constituyente. Se desconecta democracia, pueblo y territorio; es decir, se rompe con la historia vivida, con conflicto social, con las experiencias colectivas y se impone un marco supranacional cada vez más distante de la ciudadanía, de sus preocupaciones y, lo fundamental, sin capacidad real de decisión sobre las políticas que realmente le afectan.
La clave, a mi juicio, es partir de esta realidad para entender lo que está pasando en nuestro país y en su sistema de partidos. Desde que llegó Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno, se vive una fuerte polarización política que crece y crece prácticamente sin límites. Si nos dejáramos llevar por los aplausos al Papa León XIV en el Congreso de los Diputados y por las posteriores valoraciones de los dirigentes políticos, el centro vertebrador sería la doctrina social de la Iglesia Católica. No parecería para tanto. La polarización es una estrategia política-discursiva de los grandes poderes económicos y de las derechas unificadas para derribar a este gobierno, imponiendo una agenda propia y situando al PSOE a la defensiva. Este operativo está dirigido, organizado y ejecutado por la trama, por una de las caras del poder real. El sesgo de clase del poder judicial tiene que ver con a quién investiga y a quién no, con el cómo se investiga y a quién se protege. Todo el mundo sabe que la corrupción ha sido y es un componente fundamental del bipartidismo imperfecto que ha gobernado el país desde casi siempre. Distinguir entre el robo sofisticado del PP y el choriceo de los Ábalos y de los Koldos conduce a la melancolía. La corrupción sigue siendo un elemento estructural de nuestra vida pública. Todo lo demás es engañarse y engañar.
El bipartidismo ha sido un modo de organizar el poder para que los que mandan sigan acumulando capital, influencia y capacidad para determinar la agenda pública. Pedro Sánchez ha respetado, en lo fundamental, los consensos básicos, eso que se ha dado en llamar los “temas de Estado”, a saber, alineamiento con la OTAN y con la política exterior norteamericana; seguimiento férreo de las políticas de la Unión Europea y, destacadamente, de las políticas de rearme y militarización de la economía y de la sociedad; defensa a ultranza de la monarquía y de su centralidad en el sistema político; el modelo productivo y de poder, no ha cambiado sustancialmente. Han mejorado, moderadamente, las condiciones laborales y el llamado “escudo social” sigue funcionado para una parte de la población. Dicho de otra forma: se han realizado mejoras de las condiciones de vida de las mayorías siempre compatibles con los intereses de los grandes poderes económicos-empresariales.
¿Y Trump? Aquí es donde aparecen las habilidades de Sánchez. Se enfrenta al presidente norteamericano, se diferencia públicamente de él, pero sigue las políticas decididas y organizadas por la OTAN; renueva los acuerdos sobre las bases e incrementa en un 50% el gasto militar. Crítica a Netanyahu para defenderla solución de dos Estados, cuando estamos ante la presencia de un etnocidio en su fase terminal. Postureo al servicio de todos contra la extrema derecha. Mientras, insisto, la izquierda que se llama a sí misma alternativa, ha decidido unir su suerte a la del presidente del gobierno, en el periodo final de la legislatura y en condiciones marcadas por la fragmentación, la pérdida de militancia, de vínculos sociales y de arraigo popular.
Si todo esto es así ¿por qué esta polarización tan dramatizada? Simplemente porque este PSOE ha dejado de ser funcional a la nueva relación de fuerzas, a la matriz de poder que emerge en una UE que se refunda de nuevo, buscando en la militarización y el rearme la superación de su crisis, con una Alemania que no oculta su objetivo de convertirse en la potencia hegemónica y que impone el “liberalismo autoritario” como nuevo régimen político, económico y social obligatorio para todos los Estados. Los grandes poderes económico-financieros creen que ha llegado el momento para la revancha social, para ajustarle las cuentas al movimiento obrero organizado, para liberalizar y flexibilizar el mercado laboral, privatizar la sanidad, desmantelar la educación pública y poner fin al actual modelo de pensiones. El definitiva, mercantilizar el conjunto de las relaciones sociales y dar por extinguido nuestro débil Estado del bienestar. Es el viejo sueño de los poderes oligárquicos: convertir las enormes desigualdades de renta, riqueza y poder existentes en jerarquías sociales constitutivas de un nuevo orden posdemocrático.
El bipartidismo que hemos conocido se agotó y lo que viene es otra cosa mucho más a la derecha ¿Con otro PSOE? ¿Con un nuevo partido liberal progresista? El fin de la socialdemocracia es evidente en casi todas partes. En muchos países se elige ya entre dos derechas extremas y lo que se ha venido llamando izquierda va desapareciendo lentamente. En el fondo –se sabe pero no se dice– este capitalismo monopolista-financiero no admite reformas, solo contrarreformas. El llamado “capitalismo democrático” fue el producto de una etapa histórica ya pasada. ¿Qué queda? Gestionar gobiernos con soberanías limitadas, tutelados por las estructuras de poder europeas y las político-militares de la OTAN, estrechamente vigilados por los poderes facticos y eso que eufemísticamente se llama “los mercados”.
La ofensiva contra el gobierno continuará con más fuerza aún. El problema es que unir la suerte de lo que queda de la izquierda al destino de Pedro Sánchez puede terminar significando el fin de esta.
( Manolo Monereo , El Viejo Topo, 26/06/26, fuente Nortes)
