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4.10.17

Cinco cosas que te vas a comer con el acuerdo CETA que entra en vigor hoy: carne clorada...

"Este viernes día 22, el polémico acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Canadá, conocido como CETA por sus siglas en inglés, entrará en vigor casi en su totalidad. Un 90% de sus directivas se comenzarán a aplicar sin que el acuerdo haya sido ratificado por muchos de los parlamentos de los Estados miembros.

 Bélgica ha recurrido el sistema de arbitraje ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y países como la Francia de Macron, han encargado estudios sobre sus posibles riesgos antes de votarlo.

Mientras llueven críticas sobre la puesta en vigor de un tratado que sigue levantando suspicacias, el Gobierno español ya ha dado luz verde a su aplicación. Colectivos ecologistas y la campaña “No al TTIP, CETA y TiSA” siguen denunciando las graves consecuencias que puede tener la puesta en marcha de un tratado de libre comercio que podría rebajar los estándares de control y calidad de los productos y servicios que vienen de Canadá. 

Estos cinco grupos de alimentos podrán encontrarse dentro de muy pronto en nuestros menús diarios.

1. La carne clorada

Las regulaciones canadienses permiten que la carne de vaca y pollo sea lavada y procesada con agua clorada, algo que está prohibido en la UE. Este proceso consiste en utilizar agua con cloro y otros químicos para limpiar la carne al final del proceso de producción. Los posibles efectos para la salud de este método siguen siendo una incógnita. (...)

2. Fármacos de crecimiento en la carne

Uno de los secretos de esa industria alimentaria de superproducción se encuentra en los fármacos y hormonas de crecimiento. Uno de ellos es la ractopamina, un fármaco beta-agonista que estimula el crecimiento y que está prohibido en 160 países, incluidos los de la UE, debido a la preocupación acerca de su impacto en la salud humana. En Canadá está permitida y utilizada como droga veterinaria que se inyecta al ganado bovino, cerdos y pavos. El estimulante es inyectado antes del sacrificio por lo que los niveles de residuo permanecen en el alimento.

3. Alimentos genéticamente modificados

La “tolerancia cero” de la UE permite solo el 0,1% de material modificado genéticamente (GM) en variedades que no estén aprobadas, pero en Canadá la cosa es muy distinta. Canadá es uno de los tres grandes productores de alimento GM del mundo. La UE obliga a etiquetar cualquier producto que haya sido modificado genéticamente (conteniendo más del 0,9% de ingredientes GM). En cambio, en Canadá, no se requiere un etiquetado obligatorio, solo voluntario. (...)

4. Colorantes alimentarios

La regulación canadiense permite que los fabricantes puedan etiquetarlos utilizando su nombre común, como “Fast Green FCF” o simplemente “colorantes”. Muchos de ellos están permitidos allí, pero no en la UE. 

Algunos de los prohibidos en varios de los Estados miembros, y que podremos encontrar en nuestros alimentos desde hoy, son el Fast Green FCF, el Citrus Red No.2, 18 Allura Red, Ponceau SX, Brilliant Blue FCF, indigotina y tartrazina

5. Salmón clonado

En mayo de 2016, Health Canada y la Canadian Food Inspection Agency anunció que el salmón genéticamente modificado de la empresa AquaBounty ha sido aprobado para la venta como alimento en Canadá. Este es el primer animal genéticamente modificado en ser aprobado en Canadá tanto para alimento humano como para animal, en filetes de pescado, aceite de pescado o alimento de peces.

 Y en Canadá, la empresa no está obligada a etiquetarlo en los estantes de las tiendas. Las tasas arancelarias para el salmón, que ahora se extienden hasta el 15%, se eliminarán bajo el CETA, por lo que más salmón canadiense se venderá en Europa.  (...)"                 (Yago Álvarez, Attac Madrid, 21/09/17)

8.6.15

El tratado secreto obligará a los países a dar explicaciones a las empresas, incluso cuando legislen por intereses sociales. El TiSA impondrá topes a las normativas en todos los niveles de gobierno

"Los documentos filtrados por Wikileaks prueban que los 50 países firmantes quieren obligar a los gobiernos a dar explicaciones a las empresas, incluso cuando legislen por intereses sociales. El texto plantea imponer topes a la dureza de estas normativas, y este marco será de obligada aplicación a todos los niveles de la administración.

 Si América fue algún día la tierra de las oportunidades, los grandes tratados como el TiSA o el TTIP vienen a servir como escenario idílico para las multinacionales, como su propia tierra prometida. Los documentos del Trade in Services Agreement (TiSA) que hoy negocian 50 países con absoluta opacidad prueban que el acuerdo servirá para restar aún más poder normativo a los estados, en detrimento de las empresas prestadoras de servicios.

El documento reservado al que Público ha tenido acceso gracias a su colaboración con Wikileaks –en exclusiva en España- recoge los posicionamientos de los países que negocian este acuerdo y su intención de desarmar a los estados en lo que respecta a su capacidad reguladora. El texto que hoy está sobre la mesa establece que el tratado afectará a todos los niveles de regulación, de los gobiernos centrales a los ayuntamientos, pasando por las comunidades autónomas e incluso por los colegios profesionales.

De ser ratificado este texto, los gobiernos elegidos de forma democrática deberán avisar al resto de países firmantes y por ende a las multinacionales de las normativas que pretendan aprobar, siempre en aras de la “transparencia”, según el documento. Esto permitirá a las empresas anticiparse a esos cambios normativos, y presionar directamente a los gobiernos pidiéndoles explicaciones que estos estarán obligados a facilitarles por escrito, influyendo así sobre su capacidad legislativa.

Son los estados los que estarán obligados a crear estos cauces de comunicación, y deberán responder a los requerimientos de las empresas "sin retrasos innecesarios", como reza el texto. El mismo documento que pretende obligar a los gobiernos a asegurar su “imparcialidad” a la hora de conceder licencias para prestar servicios a las empresas extranjeras, y que les conmina a seguir “criterios objetivos y transparentes”, como “la capacidad” de prestar un servicio que pueda tener una empresa, dejando de lado otras razones sociales, medioambientales o culturales. 

En este marco de pensamiento neoliberal, los ciudadanos son vistos como consumidores, y son las multinacionales las beneficiadas por un acuerdo que persigue incrementar sus beneficios, en detrimento también de los mercados locales.

El documento, fechado en febrero de 2014 pero actualmente vigente, establece incluso límites poco claros a estas normativas. "No deben ser más estrictas de lo necesario [burdensome es el término original]". La interpretación de qué es realmente "necesario" queda de nuevo en mano de las empresas. Y el documento final podría beneficiarlas aún más.

 Una de las propuestas de Estados Unidos y Australia deja la puerta abierta a que estados y empresas diriman sus diferencias a través de tribunales de arbitraje similares a los que utilizan las empresas cuando pueden agarrarse a un mecanismo de blindaje ISDS.

Esta cláusula de protección de multinacionales es precisamente la parte más polémica del tratado de libre comercio entre Washington y Bruselas, el apartado del TTIP más difícil de vender para la Comisión, la encargada de negociar en nombre de los 28 en ambos acuerdos. (...)"               (Público, 03/06/2015)