"Dos responsables en uno de los grandes hospitales públicos madrileños, el Ramón y Cajal, ordenaron rebajar la gravedad de los pacientes en espera de una cirugía para mejorar artificialmente la situación de sus listas de espera, según documentos internos a los que ha accedido EL PAÍS. Los cambios se hicieron en el sistema informático, sin valorar en persona a esos pacientes y a espaldas de los cirujanos de traumatología que habían determinado la gravedad de esos casos, de acuerdo con cuatro médicos afectados. El motivo era cumplir con los objetivos de productividad que exige la Consejería de Sanidad autonómica, según se deduce de la explicación que dio por correo uno de esos responsables a una doctora indignada. El hospital niega haber cometido alguna irregularidad.
Los hechos ocurrieron entre el 28 de febrero y el 14 de marzo del año pasado, cuando 57 pacientes en lista de espera quirúrgica del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Ramón y Cajal pasaron de la prioridad preferente (quienes deben ser intervenidos antes de 90 días) a la normal (operación antes de 180 días). De ese modo, los responsables ganaban tiempo para lograr el resultado esperado: que los pacientes fueran operados en plazo.
EL PAÍS ha accedido a documentos y correos que muestran que la alteración fue orden de estos dos responsables y ha hablado con cuatro médicos del servicio que aseguran que no se les consultó. El cirujano que ha facilitado estas pruebas, Luis Alberto Martos, denunció lo ocurrido a la gerencia sin lograr una respuesta. Semanas después, el hospital abrió un expediente disciplinario contra él.
La manipulación de las listas de espera es una sospecha generalizada en la sanidad española porque existen incentivos electorales (las administraciones publican esta métrica mensualmente en internet) y también económicos (los médicos con responsabilidades cobran bonos de productividad si cumplen objetivos). En Madrid es conocido el caso que en 2005 llevó a la región a ser expulsada durante 10 años del sistema nacional de cómputo de listas de espera quirúrgicas, cuando se supo que la demora para una operación era contabilizada desde la visita al anestesista, en lugar del momento anterior en que el médico prescribe la operación. Es decir, el cronómetro se activaba después de lo debido para mejorar las cifras.
En aquella ocasión la alteración era puramente cosmética, pero estos cambios del Ramón y Cajal repercutieron negativamente en los pacientes, según los cirujanos, porque se rebajó falsamente su gravedad, aumentando la espera que debían soportar. Esto es así porque la decisión de quién va a quirófano no se toma por orden de llegada, sino por la prioridad (urgencia) del caso.
Martos es un cirujano veterano de 62 años en este hospital del norte de la capital del que dependen 600.128 madrileños. Se indignó cuando descubrió que habían cambiado la prioridad de sus pacientes, tras enterarse por medio de una compañera. Sospecha que estos cambios los habían hecho antes sin que nadie lo notara, pero en este caso la alteración afectó a decenas de pacientes y había huellas. En los documentos internos que ha visto EL PAÍS se pueden leer bajo el apartado “Observaciones” las anotaciones de los cambios con mensajes como “cambio prioridad p.i. (por indicación) Dr. De la Torre” o “cambio prioridad p.o. (por orden) de trah (traumatología) y direcc. médica”. Se trataba del jefe de ese servicio, Basilio José de la Torre Escuredo, y del director médico del hospital, Rafael Martínez Fernández.
La doctora que dio la alarma detectó el 14 de marzo de 2025 el cambio en el caso de una niña de tres años porque era una paciente que le preocupaba. El círculo rojo (prioridad urgente) de su ficha había pasado a verde (normal). Comprobó que nadie había avisado a los padres de la menor.
“Había criterios médicos para intervenirla con prioridad, con mucha prioridad”, comenta la doctora. “No daba crédito. ¿Cómo lo habían hecho sin tener en cuenta mi opinión? Me parece indecente”, añade esta mujer, que, como otros compañeros, ha pedido que se omita su nombre.
Dice que comprobó en los documentos internos que los cambios afectaban a los pacientes de 17 médicos. Habló con la mayoría de ellos y todos le contestaron que no habían sido avisados. También averiguó que las modificaciones habían comenzado 15 días antes, el 28 de febrero. Casi todos los pacientes tenían algo en común. Su demora oscilaba entre los 80 y los 140 días. Esos casos antes “prioritarios” y ahora “normales” dejaban de incumplir el objetivo de ser sometidos a operación antes de 90 días.
Los médicos explican que estas modificaciones pueden pasar desapercibidas debido a la alta carga de trabajo que les hace vivir pendientes del siguiente paciente en espera. A veces, no son ellos quienes programan las operaciones, sino los jefes de unidad, que están en un escalón intermedio, por debajo del jefe de servicio.
La doctora envió un correo al jefe del servicio, Escuredo. “¿Podría explicarme las razones que lo justifican, sin contar con el criterio del cirujano?”, le escribió el 14 de marzo. El jefe admitió esas alteraciones y dio a entender que el motivo era la meta de eficiencia pactada con la Consejería de Sanidad: “Si no son operados en ese plazo, la dirección recibe notificación por parte de la Consejería para que sean operados lo antes posible”, le respondió por escrito. “Tened en cuenta que el compromiso que adquiere el hospital con ellos es ser operados en el plazo de 90 días”.
El jefe añadió que se había reunido con “la dirección y el servicio de admisión” para resolver cómo deben ser tratados los pacientes preferentes y le indicó a la doctora: “Evitad en la medida de lo posible anotarlos como preferentes, y sí quedáis con el paciente en una fecha aproximada para ser operado y el estudio preoperatorio se pide como preferente”. Es decir, podían operarlos cuando quisieran, pero engañando al sistema sobre el tipo de prioridad.
Esta doctora dice que ignoró al jefe e indicó correctamente que la operación de la niña urgía. La operó en cuanto le dieron hueco en quirófano. Era una paciente con un caso tan sensible que había consultado a médicos de Estados Unidos: “Esta niña no podía esperar porque podía perder una pierna”, responde. “Se trató a todos los pacientes como números”.
Otros eran pacientes que “se retorcían de dolor”, dice Martos. Los documentos muestran diagnósticos como anomalías en la columna vertebral, síndrome de túnel carpiano o luxación (dislocación de los dos huesos de una articulación).
Otra doctora cuenta que una paciente suya se enteró del cambio porque los administrativos la llamaron por teléfono para comentarle que su caso no era preferente. “La invité a poner una reclamación, si yo pongo ‘prioritario’ es por algo. Tenía mucho dolor, era cuestión de tiempo que sufriese lesiones irreversibles en la articulación, no podía esperar más”, indica. Consiguió buscarle un hueco en el quirófano gracias a que otro paciente rechazó una cirugía, pero reconoce que no todos los afectados corrieron la misma suerte. Sospecha, como otros compañeros consultados, que muchos no se enteraron del cambio de prioridad. “Lo grave de esto es que no se mantuvo el criterio médico”, expresa.
Otro cirujano también afirma que algunos de sus pacientes sufrieron este cambio sin su autorización. “Me pareció fatal, nadie me preguntó, no sé si quien lo hizo siguió criterios clínicos. Fue la única vez que me pasó algo así”, comenta.
Figurar en la lista como paciente normal puede suponer esperas de hasta nueve meses (270 días). Los afectados podían observar el cambio en su carpeta ciudadana o en la aplicación de móvil, pero según estos doctores, muchos pacientes son mayores con patología degenerativa a causa de la edad y son personas que se manejan mal con la tecnología. Apenas uno o dos llamaron para protestar.
Expedientado
Martos arrastraba conflictos con su jefe, quien años antes le había denunciado, según dice, “con fines difamatorios” con dos acciones penales y sendos expedientes disciplinarios que, asegura, acabaron en nada. Cuando conoció lo sucedido con la lista de espera, montó en cólera. En un correo el 21 de marzo, se dirigió al director médico con tono acusatorio: “Esto se ejecuta por orden de la Dirección Médica (usted) y del jefe de servicio”, le dijo. “Como no hay ningún criterio médico que lo justifique, solo puede responder a criterios políticos y económicos para beneficio de los miembros de esta Dirección Médica (usted) y sus necesarios colaboradores”. Dice que no obtuvo respuesta.
El 7 de abril envió una carta al gerente del hospital, Carlos Mingo, denunciando lo que, según le dijo, consideraba una ilegalidad y le advertía de que esperaba que sancionara a esos jefes. “En caso contrario, pensaré que usted también participa de este fraude, por acción o por omisión, y habrá que explorar otras líneas de denuncia”. También la doctora responsable de la paciente de tres años solicitó por correo al gerente una investigación urgente ante una posible ilegalidad.
La norma que regula la gestión de la lista de espera es una orden de la Consejería de Sanidad de 2016 según la cual los cirujanos “son los responsables de la indicación y el establecimiento de la prioridad clínica” de los pacientes. No obstante, el gerente del hospital aseguró en su respuesta a la doctora que la gestión de la lista recae en una diversidad de profesionales y órganos. Además, intentó cerrar el asunto al decir que la incidencia había sido resuelta (porque se le había permitido operar a la niña en la fecha que ella consideró oportuna). Tras destacar esto, el gerente celebró que “el servicio es capaz de ordenarse y reorganizarse para mejor atención a los pacientes incluso en situaciones dificultosas”.
Al cirujano Martos le contestó de forma más escueta, remitiéndole a su jefe de sección y a su jefe de servicio para que aclararan los criterios sobre la lista de espera. Pero en paralelo se había iniciado otro episodio que el médico describe como una ”acusación antinatural” contra él. Los dos jefes señalados solicitaron al gerente la apertura de un expediente por “conflictos internos y acoso” que sigue en curso. El instructor le ha citado para acudir este miércoles a la declaración de su jefe, De la Torre: “Dicen que yo, un subordinado, acoso a mis superiores”, cuenta incrédulo el cirujano, que ha buscado la defensa jurídica del sindicato médico mayoritario en Madrid, Amyts.
La cirujana que operó a la niña denunció en febrero de este año los hechos a la comisión deontológica del Colegio de Médicos, órgano que responde a este periódico que no puede pronunciarse mientras se investiga lo sucedido por un deber de confidencialidad.
Plus salarial
EL PAÍS ha hecho varios intentos de entrevista a los dos responsables señalados. En su lugar, una portavoz del hospital ha contestado por escrito subrayando el compromiso del centro con la correcta gestión de la lista de espera, la atención a los pacientes y el cumplimiento de las normas. Ha añadido que la gestión de la lista corresponde a cada servicio asistencial de acuerdo con criterios clínicos y con la responsabilidad de los médicos que ven a esos pacientes. “Ni la Dirección Médica ni la Gerencia realizan directamente la gestión o modificación de las listas de espera quirúrgicas de los servicios”, asegura. “Por tanto, no cabe atribuir a estos órganos la realización de alteraciones individuales en las historias clínicas de los pacientes”.
La buena gestión de la lista influye en el complemento de productividad de los jefes de servicio y miembros de sus equipos, según el contrato programa del Ramón y Cajal de 2025, el documento por el que el gerente del hospital y sus superiores en el Servicio Madrileño de Salud establecen los objetivos para una gestión eficiente. El indicador 28 (de un total de 63) premia o penaliza en función de si hay pacientes que han superado la fecha límite de intervención (90 o 180 días). El plus de productividad de un jefe de servicio ronda los 3.579 euros.
Aparentemente, estos cambios no alteraron los datos que pueden consultar los ciudadanos en la web de la Comunidad donde se informa del total de pacientes en la lista y de su distribución en cinco tramos de demora (0-30 días, 30-60, 60-90, 90-180 y más de 180), pero no se detalla cuántos han superado la fecha límite de intervención, es decir, si cumplen o incumplen la meta de productividad.
Esa lista muestra que traumatología del Ramón y Cajal era en febrero de 2025 uno de los peores servicios de su tipo en Madrid. Ocupaba el puesto 23 de un total de 28 con una espera media de 77,5 días. Hoy es aún peor: ha crecido hasta los 98,6 días.
La manipulación de las listas por métodos diversos es vista como un mal común de la sanidad pública española. El presidente de atención hospitalaria de Amyts, Javier Ortega, considera que lo que sale a la luz es solo “la punta del iceberg”. “Muchos médicos suelen mirar para otro lado cuando conocen la manipulación”, critica. “Pero con los enfermos no se juega”.
El profesor de la Escuela Nacional de Sanidad-Instituto de Salud Carlos III José Manuel Freire dice que los gerentes de los hospitales no tienen un incentivo para perseguir estos casos y lamenta que para conocerlos haga falta un médico excepcional, “un héroe o un mártir”.
Martos se ha convertido en un paria. Muchos compañeros han dejado de hablarle. Cuando opera, reina el silencio, a pesar de que los quirófanos son ambientes distendidos. Esto llama la atención de los visitantes. “Creen que somos muy diligentes”, dice con una sonrisa. En su WhatsApp ha puesto el siguiente mensaje: “La soledad es el precio de la verdad”."
