Ernesto Ekaizer: El exdespacho de Montoro era “decisivo” para lograr las reformas favorables a las empresas gasístas... era el contacto con las `autoridades implicadas´ el factor decisivo para la obtención del beneficio fiscal investigado”... La patronal gasística no veía la luz del túnel en sus intentos para sacar adelante esas reformas hasta que supo que el canal para lograrlas era, ¡eureka!, Equipo Económico de Montoro. Los miembros de esta consultora, en contacto con el equipo de Hacienda que trabajaba con Montoro, diseñó las reformas. Montoro las propuso en el Consejo de Ministros. Y Mariano Rajoy les dio el visto bueno... Equipo Económico ingresó 35,5 millones por sus gestiones y capacidad de entrada en el Ministerio de Hacienda de Montoro para satisfacer la necesidad legislativa de distintos lobbies o clientes

 “Según se deduciría de los correos y documentos, en ambas reformas legales [a favor de los intereses de las empresas gasísticas quedaría definido el reparto de roles, así como el desempeño real por el que sería retribuido EQUIPO ECONÓMICO, esto es, indiciariamente la mera presentación del resultado a las `autoridades implicadas´”.

“En coherencia con ello cabe llamar la atención sobre el hecho relativo a que las gasísticas, disponiendo de equipos de expertos y profesionales (que asisten a las reuniones con EQUIPO ECONÓMICO y con el MINISTERIO), son las que materialmente desarrollan los trabajos y estudios, elaboran/perfilan los datos e informes sobre las reformas legislativas. Ello en sí mismo pudiera hacer innecesario contratar al despacho investigado para una misma labor para la que las gasísticas que tienen medios más que suficientes (y que emplearon sin éxito su propia estructura de expertos fiscalistas para sus previos intentos fallidos de obtener las reformas legales)”.

“Por tanto, el despacho investigado jugaría un rol distinto que no requiere de tal despliegue de medios ni de ese valor añadido, esto es, presuntamente sería el contacto con las `autoridades implicadas´ como factor decisivo para la obtención del beneficio fiscal investigado”.

Informe de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada (Fiscalía Anticorrupción), 23 de enero 2026.

El juez Rubén Rus, titular del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona recibió el 19 de febrero de 2025 un informe de la Unidad Central Operativa (UCO). Dicho informe analizó 400 productos financieros relacionados con miembros de la consultora Equipo Económico fundada por Cristóbal Montoro, despacho que abandonó en 2008 y pasó, tres años más tarde, a finales de 2011, a ser ministro de Hacienda del gobierno de Mariano Rajoy.

La UCO cifró en ese informe que la citada consultora había cobrado 673.500 euros por trabajos para conseguir reformas legislativas que solicitaba el sector gasísta español.

“La trazabilidad realizada no muestra una operativa diferenciada o destacable en relación con los fondos ingresados por las sociedades gasistas en comparación con otros abonos efectuados por distintas empresas. Gran parte de estas entradas tienen como destinos los socios de EE/GA [Equipo Económico] a través de transferencias directas…[que] fueron utilizados para cubrir pagos/gastos operativos y/o habituales, impuestos, gastos personales, sin que se haya identificado una derivación de estos fondos, todo ello con los datos analizados y expresados en el presente informe”, señala la UCO.

Este informe llegaba, en febrero de 2025, en un momento relevante de la acción del juez Rus, instructor de la causa desde 2018.

Todavía bajo el secreto de las actuaciones, el juez debía resolver sobre el levantamiento del secreto y la imputación a Montoro y a otras 27 personas.

El 12 de junio de 2025, el juez instructor dio orden de entregar el informe de la UCO y todas las cuentas bancarias examinadas por dicho cuerpo de policía judicial a los inspectores fiscales de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, es decir, la Fiscalía Anticorrupción.

Un mes más tarde, a mediados de julio de 2025 ¡bum!, Rus levantó el secreto sumarial y dio traslado a las partes de gran parte del material.

Montoro y otras 27 personas, socios y ex socios de Equipo Económico, y clientes, eran imputadas por presuntos delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

Cristóbal Montoro, por tanto, y nueve miembros del plantel de altos cargos del Ministerio de Hacienda, figuran entre los imputados.

Ahora, ocho meses después de que el juez instructor solicitara a los inspectores de Hacienda adscritos a la Fiscalía Anticorrupción examinar aquello que a su turno había analizado la UCO, ha llegado el informe con fecha 23 de enero pasado.

Un informe que los inspectores definen todavía como preliminar habida cuenta de que no han tenido acceso a todas las cuentas bancarias que, en principio, debían estudiar (no han tenido acceso a las de dos fundadores del despacho de consultoría, como es el caso de Montoro y del exministro Luis de Guindos).

Los inspectores solicitan ahora al juez que intervenga para que se aporten esas cuentas.

Según el nuevo informe, la cantidad que habría pagado el sector gasísta para obtener dos reformas legislativas que favorecieron fiscalmente a dichas empresas ha ascendido a una cantidad superior a la que se había barajado.

Ya no son ni los 673.500 euros que señalaba la UCO en febrero de 2025, ni los 771.000 euros apuntados en el auto del juez Rus de mediados de julio de 2025.

Ahora son, entre 2011 y 2020, 991.613,76 euros.

La cantidad refleja los pagos por dos trajes a medida: dos reformas fiscales legislativas.

La patronal gasística no veía la luz del túnel en sus intentos para sacar adelante esas reformas hasta saber que el canal para lograrlas era, ¡eureka!, Equipo Económico.

Los miembros de esta consultora, en contacto con el equipo de Hacienda que trabajaba con Montoro, diseñó las reformas.

Montoro las propuso en el Consejo de Ministros.

Y Mariano Rajoy les dio el visto bueno.

Es curioso que el mismo material examinado no haya llamado la atención de la UCO en febrero de 2025, ahora, según el informe del pasado 23 de enero, despierta sospechas fundadas de la unidad tributaria en la Fiscalía Anticorrupción.

Según advierten, había un patrón de funcionamiento de los socios y exsocios de Equipo Económico, quienes se habrían servido de esos “fondos con trazas contaminadas” con una periodicidad mensual, “lo que presuntamente pudiera asemejarse más a una velada distribución de beneficios, no vinculada a su porcentaje societario, que a una eventual remuneración por una prestación efectiva”.

Aun así, y pese a "las limitaciones expuestas" [faltan las cuentas bancarias de Montoro] y "a expensas de que dicha información, en su caso, pueda ser ampliada” loe inspectores han localizado siete transferencias en las que Montoro "consta como destinatario en el concepto bancario" por valor de 137.358,16 euros.

Y también existen pagos a la mujer del exministro que se hicieron cuando ya no estaba vinculado al despacho por un total de 9.450,69 euros.

La unidad solicita, asimismo, el envío de comisiones rogatorias-petición de auxilio judicial-Alemania y a Luxemburgo para seguir la ruta del dinero transferido.

El informe desmonta uno de los puntos del argumentario que el PP ha distribuido en los medios de comunicación según el cual sería la ausencia de una legislación para regular la actividad de lobby -grupos de presión que representan intereses privados que intentan hacer prosperar sus intereses en el Congreso y en el Gobierno- lo que explicaría la actividad de Equipo Económico durante el gobierno de Rajoy con Montoro en Hacienda.

Según el informe, Equipo Económico ingresó 35,5 millones por sus gestiones y capacidad de entrada en el Ministerio de Hacienda de Montoro para satisfacer la necesidad legislativa de distintos lobbies o clientes.

“Por tanto, el despacho investigado jugaría un rol distinto que no requiere de tal despliegue de medios ni de ese valor añadido, esto es, presuntamente sería el contacto con las `autoridades implicadas´ como factor decisivo para la obtención del beneficio fiscal investigado”, señala el informe (página 167).

Ahora, el juez Rus tiene que afirmar, frente a las múltiples personaciones y recursos de reforma, su competencia para investigar la causa y citar a declarar a Montoro y los otros veintisiete imputados." 

(Ernesto Ekaizer , blog, 15/02/26)  

El ‘modus operandi’ de Acciona para ganar contratos públicos: un buzón de Gmail donde los delegados territoriales de toda España enviaban los pliegos con las condiciones de los concursos públicos que conseguían antes de que se publicaran de Ayuntamientos y otros organismos, con la consiguiente ventaja competitiva a la hora de presentar su oferta, dinero para las consultoras y despedir al que denuncie (Braulio García Jaén)

 "El 23 de noviembre de 2023, el ya entonces exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su hombre de confianza, Koldo García, se vieron en una cafetería para hablar de Santos Cerdán, que aún era secretario de Organización del PSOE, y pronunciaron un nombre de pila: “Justo”. Lo mencionó Koldo, una sola vez. “Santos [Cerdán] ha ido al Ministerio a colocar a dos hombres de Justo, de Acciona”, le dijo a Ábalos. Y repitió: “Está intentando colocar a dos hombres que le ha pedido Acciona”.    

“Justo” era Justo Vicente Pelegrini, entonces CEO de Acciona Construcción en España, Portugal y Norte de África, según anotó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al pie de su informe de junio, el que llevó a Cerdán a la prisión provisional en la que aún hoy sigue. Cuatro días después de que se conociera el informe de la UCO que incluía los audios de las conversaciones, Acciona despidió a Pelegrini. Más de cuatro meses después, Pelegrini no ha sido llamado a declarar ni como testigo por el Tribunal Supremo, que investiga la presunta trama de mordidas a cambio de obra pública tejida por Cerdán, Ábalos y Koldo, pero el registro de dos sedes de Acciona el viernes devuelve el foco a la constructora sin la que la trama ni siquiera se entendería. Porque nadie puede cobrar si nadie paga.

A la espera de lo que esos registros muestren cuál era el papel de la constructora en el caso Cerdán, su modus operandi para conseguir algunos de sus contratos públicos —de servicios, en otro caso— está registrado en un juzgado de Sevilla. La historia de un cargo medio despedido por Acciona Infraestructuras hace un par de años, y el expediente judicial que la demanda contra su despido acumuló, desmiente el pretendido celo frente a la corrupción de Acciona. Y no solo por las irregularidades que el expediente deja al descubierto, sino porque la empresa despidió precisamente al trabajador que las denunció, según la sentencia que obligó a readmitirlo y que adelantó en su día Infobae, cuando el caso Koldo-Ábalos no era aún el caso Cerdán. A diferencia de Pelegrini, los responsables de esas irregularidades siguen en la compañía.

Matar a los mensajeros

Al menos hasta que el trabajador lo denunció a finales de 2021, Acciona operaba con un buzón de Gmail, fuera del sistema de correo corporativo, donde los delegados territoriales de toda España enviaban los pliegos con las condiciones de los concursos públicos que conseguían antes de que se publicaran de Ayuntamientos y otros organismos, con la consiguiente ventaja competitiva a la hora de presentar su oferta. Acciona, contactada por este diario, admite la existencia de ese buzón, pero asegura que se cerró tras la denuncia interna y que fue “el propio director quien mandó cerrarlo”, según un portavoz de la compañía.

El “director” era Francisco Javier López Buciega, y fue a quien el trabajador denunció internamente a través del canal de Compliance (cumplimiento) de la compañía. El responsable de Compliance era Joaquín Collado, un ex alto mando de la lucha antiterrorista en la Guardia Civil que desde 2013 trabajaba en la compañía de la familia Entrecanales, y también fue nombrado instructor de la investigación interna. Frente al derecho a la confidencialidad que reconoce la ley a los denunciantes, Collado, bregado en labores de espionaje, rastreó los correos corporativos para encontrar conexiones con la cuenta de correo anónima desde la que el denunciante enviaba la información y las pruebas de su denuncia, hasta descubrirlo.

El trabajador, que no ha querido atender a este diario, pero cuyos pasos la sentencia traza pormenorizadamente, siguió comunicándose a través del canal, creyendo que lo hacía anónimamente. Y expuso “su miedo a perder su puesto de trabajo”, porque Buciega le estaba “forzando a saltarse” las normas éticas y de cumplimiento, diciéndole que quien no estuviera “dispuesto, sobra[ba] en la empresa”, según la sentencia. Envió varios correos electrónicos más —nueve de los que él mismo había remitido al buzón de Gmail—, pantallazos, audios y vídeos. El 27 de enero de 2022, tras varias semanas de comunicaciones, el trabajador denunciante aceptó reunirse con Collado como instructor de la investigación interna. Quince días después, fue despedido.

En mayo de 2024, declarado nulo el despido, el trabajador tuvo que ser readmitido. El buzón de Gmail, sin embargo, no era la única vía por la que Acciona conseguía información privilegiada sobre los contratos. En un correo sobre un consultor incorporado a la causa, Buciega le indicaba a un subordinado que había que “eliminar cualquier alusión a comisión, cambiando por la obligación de contratar los servicios recogidos en su oferta”, según refleja la sentencia. Y un audio complementaba ese correo revelando que Acciona había contratado “a la consultora que elaboró los pliegos para el ayuntamiento, para lograr adjudicaciones, como se hizo con el ayuntamiento de Alicante”, detalla la sentencia.

“Es especialmente relevante que los hechos que fueron denunciados por [el trabajador] tenían todos una base objetiva”, destaca el juez. “Los pantallazos de whatsapp y correos electrónicos aportados no fueron impugnados en la vista en cuanto a su autenticidad”, ni por la empresa ni por el directivo Buciega. Todos los materiales aportados al expediente “se dieron por auténticos”, y Buciega únicamente trató de cuestionarlos en el trámite de conclusiones del juicio, fuera de lugar.

Al juicio por el despido, el entonces CEO de Acciona Construcciones, Justo Vicente Pelegrini, estaba citado como testigo, pero no acudió, según publicó El Mundo tras el ingreso en prisión de Cerdán. Sí acudió y declaró un compañero del denunciante que había estado en una fiesta en plena pandemia de covid con personal de un ayuntamiento de la Comunidad de Madrid, Colmenar Viejo, de la que se grabó un vídeo. En el juicio reconoció que había filtrado el vídeo aportado al expediente de la denuncia sobre las irregularidades de la empresa. Lo despidieron el mismo día que al denunciante. Según el portavoz de Acciona, también por “una restructuración departamental”, aunque para el juez reforzaba “la idea del despido como represalia”.

Ni Buciega, que sigue en su puesto, ni el instructor de la investigación interna, Joaquín Collado, ex teniente coronel de la Guardia Civil que hoy mantiene “responsabilidades de seguridad” en Acciona, según un portavoz, han querido atender a este diario. El portavoz de la compañía sostiene que Acciona considera que por tratarse de un asunto laboral, las irregularidades constatadas en el proceso no han sido investigadas, porque internamente se considera que no existieron. “El trabajador fue readmitido en [2024] en cumplimiento de la sentencia”. Acciona recurrió el fallo, pero el viernes, en conversación con este diario, su portavoz anunció que iba a desistir. “La sentencia ya es firme”, dijo." 

(Braulio García Jaén , El País, 16/11/25) 

En la contabilidad manuscrita del PP que llevaba Luis Bárcenas, aparece el 23 de octubre de 1997 un pago de 1.500.000 pesetas a Miguel Ángel Rodríguez. Que apareció así M.A.R... en 1993 un pago de 1 millón de pesetas “por indicación de J.M.” [presuntamente José María Aznar], a Pedro Arriola, el extinto gurú electoral del PP... En el mes de noviembre de 1993, con el número 50, se puede ver una entrega de 300.000 pesetas “a Sánchez”. Se trata del periodista de Abc, José Antonio Sánchez, más tarde presidente de RTVE y actualmente director general de Telemadrid. Se observa: “Indicación de M.A. Rodríguez”, entonces director de comunicación del PP. En 1994, con el número 53 hay una nueva entrega, en diciembre, esta vez de 400.000 pesetas a “J.A. Sánchez. Se observa: “Petición de Miguel A. Rguez”. Y en 1995, se registra una nueva entrega con el número 36, en julio, a “José A. Sánchez” de 350.000 pesetas y se observa junto a su nombre “M.A.Rod”. Es decir: Miguel Ángel Rodríguez. Sánchez admitió ser el beneficiario (Ernesto Ekaizer)

 "(...) La contabilidad B lleva décadas rodando.

Y Gürtel, aquella trama “contra el PP”, según el mensaje que le dictó Federico Trillo, defensor de los altos cargos del PP imputados (el PP le pagó 69.000 euros por esa labor), en marzo de 2009, permitió seguir los rastros de Bárcenas sin saber hacia dónde iban a conducir.

Porque es a día de hoy que nadie recuerda la punta del ovillo: que fue precisamente a raíz de una comisión rogatoria del juez Francisco Monterde, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo -Bárcenas era senador, por tanto aforado- que la justicia helvética siguió la pista de una tarjeta Visa con la que el entonces tesorero realizó un pago -era 2010- hasta bucear debajo de la punta de un iceberg que había llegado a acumular 48,2 millones de euros en bancos de Ginebra.

  Es que Bárcenas, en calidad de senador, era una Personalidad Expuesta Políticamente (PEP), lo que obliga, por acuerdos de blanqueo de capitales entre países, al seguimiento de sus pagos.

    Eso no podría pasarle nunca, por ejemplo, a Isabel Díaz Ayuso o a su pareja Alberto González Amador, porque, según hemos revelado, ella nunca ha rellenado el formulario que se exige a presidentesa de CCAA y sus relaciones sentimentales estables (ley de blanqueo de capitales española de 2010).

Ahora, por tanto, la estrategia de Feijóo consiste en mostrar que él nada tiene que ver con la contabilidad B del PP en el pasado y que, por el contrario, el que sí está inmerso en una contabilidad B y financiación ilegal de su partido es…Pedro Sánchez.

Y aquí entra Aldama, tan necesario ahora mismo, precisamente cuando empezaba este pasado lunes, día 20 de octubre, el último capítulo de Gürtel: el juicio por blanqueo de capitales (Francisco Correa acumuló en Suiza 40.137.682,96 algo menos de los 42,8 millones de Bárcenas).

MAR Y José Antonio Sánchez

Ahora bien, es interesante refrescar la memoria: José Antonio Sánchez es el director general de Telemadrid desde el 26 de junio de 2024.

Y su experiencia con la contabilidad B del PP la hizo en primera fila. Porque en su condición de periodista político del diario Abc recibió pagos que le hizo Miguel Ángel Rodríguez después de recibir el dinero que le enviaba Bárcenas.

En Queríamos tanto a Luis (Espasa, 2015), mi segundo libro definitivo sobre la contabilidad B del PP, explico la secuencia de los pagos. [Los cuatro apuntes están señalados en el pantallazo que ilustra esta información].

En la contabilidad manuscrita del PP que llevaba Luis Bárcenas, visada por su superior, el tesorero Álvaro Lapuerta, aparece el 23 de octubre de 1997 un pago de 1.500.000 pesetas a Miguel Ángel Rodríguez. Que apareció así M.A.R

Pero en la contabilidad manuscrita había un vacío: faltaba el periodo 1993-1996. Esta parte mecanizada 1993-1996 fue desencriptada del pendrive de Luis Bárcenas y fue aportada al juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, a cargo del juez Pablo Ruz.

La versión completa fue volcada por el inspector titular número 82.701 y el policía con carné profesional 106.594 de la Comisaría General de Policía Científica, Unidad Central Criminalística, sección Informática Forense.

Pero he aquí que al dar traslado a las partes, se omitió la columna de Observaciones.

Y entre las observaciones de interés figura en 1993 un pago de 1 millón de pesetas “por indicación de J.M.” [presuntamente José María Aznar], a Pedro Arriola, el extinto gurú electoral del PP.

Pero a lo que vamos.

En el mes de noviembre de 1993, con el número 50, se puede ver una entrega de 300.000 pesetas “a Sánchez”. Se trata del periodista de Abc, José Antonio Sánchez, más tarde presidente de RTVE y actualmente director general de Telemadrid.

Se observa: “Indicación de M.A. Rodríguez”, entonces director de comunicación del PP.

En 1994, con el número 53 hay una nueva entrega, en diciembre, esta vez de 400.000 pesetas a “J.A. Sánchez. Se observa: “Petición de Miguel A. Rguez”.

Y en 1995, se registra una nueva entrega con el número 36, en julio, a “José A. Sánchez” de 350.000 pesetas y se observa junto a su nombre “M.A.Rod”. Es decir: Miguel Ángel Rodríguez.

Sánchez admitió ser el beneficiario.

Rodríguez ha explicado el pago a su nombre de 1,5 millones de pesetas, el único conocido por el que se le ha preguntado, como posiblemente “un finiquito” o “será la cosa burocrática de lo que haya sido”.

En una intervención en Antena 3 explicó que los pagos anotados por Bárcenas podían ser una “gratificación, por alguna campaña, nunca sobresueldos.

“Todo comportamiento que he visto de Bárcenas me ha parecido reprochable, pero es que por encima de él sólo había hombres honrados, como Álvarez Cascos”, explicó.

Pero este sistema no lo inventó Bárcenas.

Lapuerta siempre visaba los pagos de Bárcenas, según aparece su letra en la contabilidad B.

En resumen: que el show de Aldama con sus “bombas” fuera el plato estrella de Telemadrid del pasado lunes 20 de octubre en el que se trataba de mostrar que hay financiación ilegal en el PSOE, con Aldama como testigo de cargo –“no tengo pruebas”, al menos admitió- fue una operación calculada.

La prueba que Aldama presentó ante el juez Puente en las últimas horas, filtraciones previas mediante, ha sido desmentida por Carlos Bautista, el nuevo letrado de Ábalos. Es decir: las condiciones de compra de un local en Valencia por parte del exministro de Transportes.

Con Bautista -el que avisa no es traidor- ya no lo tendrán fácil."

(Ernesto Ekaizer , blog, 22/10/25) 

Ernesto Ekaizer: en el caso Montoro, no se distinguía Equipo Económico empresa, de su equipo económico en el Ministerio de Hacienda... se trata de un mecanismo de corrupción que supera la frontera del Ministerio de Hacienda... La actividad que realizaba el Equipo Económico excedía de lo que sería el traslado de las posiciones de grupos de interés, al ir mucho más allá. Aprovecharon la estrecha colaboración con miembros del Gobierno que, por formar parte del Consejo de Ministros, participaban en la iniciativa legislativa a través de los proyectos de ley, e incluso en la aprobación de normas con rango de ley (en el caso de los decretos leyes). También se valdrían de que, incluso en el caso de asuntos que por razón de la materia la iniciativa correspondía a otros departamentos ministeriales, el Ministerio de Hacienda participaba, en la medida en que los mismos afectaban a los ingresos o gastos del Estado. Así el engranaje legislativo sería rentabilizado por Equipo Económico para el enriquecimiento de sus socios... Para dar una apariencia de legalidad a estos ingentes ingresos, Equipo Económico habría estado facturando a las sociedades que abonaban dichas comisiones, en concepto de prestación de servicios de asesoría y también por la realización de informes estratégicos que funcionarían como cobertura de la comisión, velando el pago de la misma... ¿Y Rajoy? Su responsabilidad como presidente del Gobierno y como presidente del Consejo de Ministros que aprobaba los proyectos de ley y decretos leyes a la medida de los gasistas y otros sectores es indudable... La Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo condenaron a Manuel Chaves y José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía, sin entrar a considerar su participación concreta en la trama de los ERE. Pero el TC dio el amparo a Chaves y Griñán y elaboró la doctrina que exige mucho más que ser presidente para condenarle

 “El particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido, y prohibición de contratar con el sector público, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social por tiempo de seis a diez años. Si obtuviere el beneficio perseguido, estas penas se impondrán en su mitad superior”.

Artículo 429 Código Penal, 2025.

¿Quién mandaba en Cristóbal Montoro?

EQUIPO ECONÓMICO.

Montoro hizo indistinguible su equipo económico del despacho Equipo Económico que él había fundado en 2004/2005 con el nombre de Montoro y Asociados, tras su actividad en el gobierno de José María Aznar.

Leo y oigo que el sumario de lo que ya conocemos como el 'caso Montoro' o la conversión del Ministerio de Hacienda del Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy en una máquina para facturar la venta de leyes no tendría consecuencias si hubiera existido en España un registro de 'lobbies' o una ley reguladora de 'lobbies'.

¿Qué es un 'lobby'?

Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra inglesa define una “actividad cuyo objetivo es influir en la toma de decisiones de -ámbito público o privado en favor de intereses determinados”.

La empresa Equipo Económico, fundada por Montoro, se convirtió en una profecía autocumplida: cuando él pasó a ser ministro de Hacienda dicha compañía se convirtió en el 'lobby' principal, la entrada, antesala, o sala de espera, de su despacho en el edificio de la madrileña calle de Alcalá, 4. No se distinguía Equipo Económico empresa de su equipo económico en el Ministerio de Hacienda.

El 11 de junio de 2019, el subinspector de Mossos d’Esquadra TIP 4493, en calidad de instructor, elevó al juez Rubén Rus Vela, titular del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona, un atestado de 63 páginas que lleva por encabezado: “Diligencia Resumen de Actuaciones”.

En las conclusiones, señala que “en primer lugar cobra fuerza la hipótesis barajada de inicio según la cual Equipo Económico habría estado cobrando grandes cantidades de dinero en concepto de comisiones, por su capacidad de influir en las decisiones de los poderes Ejecutivo y Legislativo”.

¿Cómo lo hacía?

Para dar una apariencia de legalidad a estos ingentes ingresos, Equipo Económico habría estado facturando a las sociedades que abonaban dichas comisiones, en concepto de prestación de servicios de asesoría y también por la realización de informes estratégicos que funcionarían como cobertura de la comisión, velando el pago de la misma”.

Resulta sumamente interesante -para desmentir la idea de que si hubiese un registro o legislación sobre grupos de presión o 'lobbis' en España, que por supuesto debería aprobarse cuanto antes- ver cómo interpretaba el TIP 4493 la actividad de Equipo Económico.

"La actividad que realizaba EE [Equipo Económico] excedía de lo que sería el traslado de las posiciones de grupos de interés, al ir mucho más allá. Aprovecharon la estrecha colaboración con miembros del Gobierno que, por formar parte del Consejo de Ministros, participaban en la iniciativa legislativa a través de los proyectos de ley, e incluso en la aprobación de normas con rango de ley (en el caso de los decretos leyes). También se valdrían de que, incluso en el caso de asuntos que por razón de la materia la iniciativa correspondía a otros departamentos ministeriales, el Ministerio de Hacienda participaba, en la medida en que los mismos afectaban a los ingresos o gastos del Estado. Así el engranaje legislativo sería rentabilizado por Equipo Económico para el enriquecimiento de sus socios”.

Primera conclusión: se trata de un mecanismo de corrupción que supera la frontera del Ministerio de Hacienda.

Y el informe subraya: “Si el tipo de actividad es detestable por cuanto la mayoría de las veces obedece y prioriza el interés de unos pocos en detrimento de la mayoría, en el caso particular de Equipo Económico se presenta especialmente execrable por cuanto quienes ejecutan o habían desempeñado cargos públicos se han estado beneficiando de su posición privilegiada con la única finalidad de enriquecerse patrimonialmente”.

 Los dos personajes claves de la trama, según todas las fuentes consultadas, han sido los hermanos Martínez Rico: Ricardo y Felipe… “El dinero acabó convirtiéndose en el objetivo de su vida y poco a poco consagró su formación a conseguir cada vez más”, dijo una fuente que convivió ambos en el Gobierno de Mariano Rajoy. “El error de Montoro fue nombrar jefe de Gabinete a Felipe Martínez Rico”, apuntó… Es que Felipe Martínez Rico fue jefe de gabinete de Montoro y más tarde subsecretario de Hacienda durante el Gobierno de Rajoy.

Ricardo Martínez Rico había sido director de gabinete de Montoro en la secretaría de Estado de Hacienda en 2003/2004, en el último año del Gobierno de Aznar, secretario de Estado de Presupuestos.

Alberto Nuñez Feijóo “recuperó” en enero de 2023 parte del equipo de Montoro. Y recientemente ha “recuperado” a Alberto Nadal, secretario de Estado de Energía en 2013-2016, es decir, en el periodo en el que se elaboraron y aprobaron lo que serían las reformas que querían y por las que pagaron 360.000 euros las empresas gasistas. En el sumario de esta causa, su nombre no aparece.

El despacho Equipo Económico utilizaba la misma jerga en sus contratos que los bancos de inversión. Te cobraba, como en el caso de las empresas del gas, 60.000 euros como adelanto y una prima de éxito o success fee. El éxito, claro, era la aprobación de la ley en el Parlamento

¿Y Rajoy?

Su responsabilidad como presidente del Gobierno y como presidente del Consejo de Ministros que aprobaba los proyectos de ley y decretos leyes a la medida de los gasistas y otros sectores es indudable.

Pero la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre los ERE exigiría probar que también, como Montoro, participaba en la operación. La Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo condenaron a Manuel Chaves y José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía, sin entrar a considerar su participación concreta en la trama de los ERE. Pero el TC dio el amparo a Chaves y Griñán y elaboró la doctrina que exige mucho más que ser presidente para condenarle. Se requiere una conducta concreta para favorecer, como lo hacía Montoro, a las empresas y sectores que pagaban a Equipo Económico."

(Ernesto Ekaizer , blog, 22/07/25) 

El caso Montoro es un agravio personal para una generación entera... Robar, qué duda cabe, es inexcusable y está muy feo. Pero llevarte por delante la vida de millones de personas para robar a manos llenas es jugar en otra liga de codicia y crueldad... Muchos de nosotros, millennials y no tan millennials, seguimos hoy, en 2025, sin haber logrado desembarazarnos por completo de la alargada sombra de aquella época horrenda... Se fue instalando la idea perversa de que la gente común había cometido un pecado o un crimen que debía pagar muy caro. Habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades... Junto con la criminalización de una generación entera y la autoayuda, la caridad más repulsiva encontró su espacio... en el programa 'Entre todos', se mendigaba dinero de la audiencia para ayudar a personas en quiebra a montar negocios humildes, en su mayoría destinados al fracaso... el PP aprobó, según los titulares de la época, el mayor ajuste presupuestario y fiscal de la democracia... Montoro lo calificó de “medidas ponderadas en términos económicos y sociales”... el Gobierno anunciaba un recorte adicional de 10.000 millones, a repartir entre Educación (3.000 millones) y Sanidad (7.000)... Andrea Fabra, diputada del PP, exclamó desde su bancada “¡Que se jodan!”... En diciembre de 2012, el desempleo alcanzó al 26% de la población, y al 55% de los jóvenes... cuatro mil enfermos de hepatitis fueron condenados a muerte porque se decidió que sus vidas no valían el dinero que costaba el medicamento que podía curarlos... llegó un punto en el que rendirse era la única opción a la que te podías acoger... Pienso en el proyecto vital que se volvió irrealizable –emparejarse, formar una familia, vivir como un adulto– porque la única solución era un cuarto en casa de nuestros padres... Pienso en la experiencia migratoria, tristemente familiar para muchos de nosotros... lo que ha hecho Montoro, ministro de Hacienda durante los dos mandatos de Rajoy, va mucho más allá de una mera mordida... El caso Montoro es un asunto personal... Lo he vivido como un agravio, como un escupitajo en la cara... No existe castigo les redima por esto, no tienen manera de devolvernos lo que nos han quitado, no reparación posibles... para poder devolvernos lo que nos han quitado, tendrían que arreglárselas para traer de vuelta aquellos que iban a ser los mejores años de nuestras vidas (Adriana T.)

 "Robar, qué duda cabe, es inexcusable y está muy feo. Pero llevarte por delante la vida de millones de personas para robar a manos llenas es jugar en otra liga de codicia y crueldad.

No sé en qué año datar la crisis de 2008. Sé que es una afirmación extraña. Entiéndanme. No sé en qué año datar el momento en el que me volví aguda, dolorosamente consciente, de lo en serio que iba la crisis de 2008. De las consecuencias que iba a tener sobre nuestro futuro. Sobre toda nuestra vida adulta. Muchos de nosotros, millennials y no tan millennials, seguimos hoy, en 2025, sin haber logrado desembarazarnos por completo de la alargada sombra de aquella época horrenda. 17 años no son nada en términos históricos. Dentro de un siglo, solo los historiadores más expertos sabrán diferenciar la crisis de 2008 de la crisis del covid de 2020. Se considerará el típico ejercicio de los de ir a pillar en las pruebas de Selectividad. Ya saben. Enumere las consecuencias sociales y económicas en el Estado español de la primera crisis del siglo XXI. Jolines, profe. Yo qué sé. ¿Esa fue en la que emigró todo el mundo, o eso ocurrió en la segunda? No, José Miguel, acuérdate del truco nemotécnico que vimos: en la segunda crisis no te dejaban salir de casa, así que migrar tampoco.  

17 años, en términos de una vida humana, son muchísimos. Hay condenas por homicidio que han durado menos. 17 años abarcan toda mi juventud, toda la juventud de la gente de mi generación. Dos años antes del inicio de la crisis, en 2006, tuvo lugar mi graduación del bachillerato. El profesor a cargo de dar el discurso durante la entrega de diplomas, a la sazón director de mi instituto, pronunció unas palabras que todavía están atornilladas en algún lugar de mi hipocampo: dijo que todo el mundo recuerda la época de la veintena como una de las más felices. Dijo que siempre pensaríamos en los años que estaban por venir como los mejores de nuestras vidas. Dijo que teníamos que aprovechar y exprimirle todo el jugo a nuestra efervescente juventud. 

Lo que vino después difícilmente puede ser recordado como una buena época para la mayoría de nosotros. Se fue instalando de manera gradual, insidiosa, la idea perversa de que la gente común había cometido un pecado o un crimen que debía pagar muy caro. Habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades, ese era el mantra que se repetía una y otra vez, en alusión esencialmente a los curritos que cometieron la osadía de meterse en hipotecas salvajes para tener un lugar donde vivir en mitad de una burbuja inmobiliaria terrorífica. Los medios de comunicación, siempre serviles con el poder, se sumaron encantados a aquella fiesta. Recuerdo asqueada que algunos de los programas más populares del prime time iban sobre disciplinar a los ninis: el nombre que recibieron los jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban, es decir, una gran parte de los veinteañeros de España en aquel momento. En lugar de explicar aquella crisis como un problema estructural, relacionado con decisiones políticas de muy difícil justificación, se resolvió convertirlo en una cuestión de alcance estrictamente individual. Sálvese quien pueda. Tonto el último. Entre 2008 y 2011, Cuatro emitió un programa llamado Ajuste de cuentas, en el que cada semana una familia en bancarrota recibía los consejos de un vendehumos experto. Por si no lo recuerdan y tienen curiosidad, las soluciones para superar su delicada situación siempre consistían en trabajar más y gastar menos, no había más ciencia. Junto con la criminalización de una generación entera y la autoayuda, la caridad más repulsiva encontró también su espacio, y nada menos que en la televisión pública: entre 2013 y 2014 se estuvo emitiendo cada tarde el programa Entre todos, en el que se mendigaba dinero de la audiencia para ayudar a personas en quiebra a montar negocios humildes, en su mayoría destinados al fracaso.  

Lo que veíamos por la tele tenía consecuencias en nuestra manera de interpretar la realidad. A principios de 2010 me encontré por la calle con un antiguo compañero del instituto, un tipo majete que hasta entonces siempre me había caído bien. Nos pusimos hablar de tonterías, y de pronto le brotó de las entrañas un discurso furibundo en el que me aseguró que no se creía que una persona que dedicara ocho horas diarias a encontrar trabajo pudiera seguir en paro. La tasa de desempleo para los menores de 25 cerró aquel año en un flamante 43,4%, mientras que la tasa total era del 20,33%, el dato más alto desde 1997. Y ese no fue el récord. 

En 2011 se produjo el cambio de Gobierno. Zapatero adelantó las elecciones al 20 de noviembre, elecciones que el PP ganó con 186 escaños, diez más de los que se necesitan para tener la mayoría absoluta en el Congreso. Ellos, eficaces gestores y totalmente libres para actuar, nos sacarían de aquel entuerto en un periquete, se nos dijo. 

El Gobierno de Mariano Rajoy se puso a trabajar de inmediato con la seriedad y la eficacia que caracterizan al Partido Popular. 

El 11 de enero de 2012, el PP aprobó, según los titulares de la época, el mayor ajuste presupuestario y fiscal de la democracia. Se anunció la subida del IRPF y del IBI durante dos años, la congelación de los sueldos de los funcionarios y un recorte de gasto de 8.900 millones. Podemos leer en la pieza enlazada que el ministro Montoro las calificó de “medidas ponderadas en términos económicos y sociales”, y aseguró que “no afectaban ni recaían sobre los sectores más débiles de la sociedad”. También añadió que se trataba de “decisiones neutrales”, necesarias para recuperar la credibilidad de España. 

Un par de semanas después, el 27 de enero, el Consejo de Ministros aprobaba el establecimiento de techos de gasto para todas las administraciones. El anteproyecto de ley recogía la posibilidad, anunció el ministro Montoro, de multar con el 0,2% de su PIB nominal a las comunidades autónomas que no corrigieran sus déficits en seis meses.

El 10 de febrero de 2012, la ministra de Trabajo Fátima Báñez presentó el decreto-ley de una reforma laboral (“extremadamente agresiva”, en palabras de Luis de Guindos, ministro de Economía) por la que se abarataba y facilitaba –todavía más– el despido. 

El 7 de marzo, el ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció que la inversión pública en 2012 se reduciría un 40% debido a la necesidad de compensar la “falta de responsabilidad” de sus antecesores socialistas.

El 30 de marzo de 2012, Cristóbal Montoro presentó el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que establecía un recorte de gasto público de 13.400 millones de euros. Se incluyó también una amnistía fiscal, no encontraron un momento más adecuado para ello. 

Algo más de una semana después, el 9 de abril, el Gobierno anunciaba un recorte adicional de 10.000 millones, a repartir entre Educación (3.000 millones) y Sanidad (7.000).

El listado de recortes y despropósitos se mantuvo durante los meses siguientes: se implantó el copago farmacéutico, se eliminó el derecho a la asistencia sanitaria a casi un millón de personas migrantes, subió el IVA…

El 11 de julio de 2012, con el país ya en shock, Mariano Rajoy compareció en el Congreso para comunicar que se iba a proceder a una revisión de la prestación por desempleo “para garantizar que las prestaciones no generasen efectos desincentivadores en la búsqueda de trabajo”. Andrea Fabra, diputada del PP por la provincia de Castellón, exclamó desde su bancada “¡Que se jodan!”. 

En diciembre de 2012, el desempleo alcanzó al 26% de la población, y al 55% de los jóvenes. 1.833.700 hogares tenían a todos sus miembros en paro. Pero tener la suerte de trabajar a jornada completa tampoco era garantía de poder pagar comida, alquileres o facturas: en esa misma fecha, el salario mínimo interprofesional se fijó en 645,30 euros al mes. Emergió un fenómeno nuevo: familias enteras vivían de la exigua pensión de un abuelo o abuela jubilados. 

Si es duro leer los titulares de aquella época, mucho peor es pensar en la traducción que tuvieron en nuestras vidas aquellos Consejos de Ministros.

Pienso, en primer lugar, en la gente que ni siquiera está aquí para contarlo. En los cuatro mil enfermos de hepatitis que fueron condenados a muerte porque se decidió que sus vidas no valían el dinero que costaba el medicamento que podía curarlos. En las cifras de suicidios por desahucios, una de las expresiones más violentas en las que se encarna la ideología neoliberal, y una lacra de la que seguimos sin librarnos. 

Pero los que salimos con vida de aquello lo hicimos muy tocados. A mucha gente de mi generación se nos pone un nudo en el pecho al pensar en los años en blanco en el currículum y en el informe de vida laboral de la Seguridad Social, en la experiencia perdida dando tumbos por trabajos precarios espantosos, en los años de cotización esfumados de los que nos vamos a acordar cuando lleguemos a la edad de jubilación dentro de tres décadas. 

Pienso en los estudios inacabados, en los títulos universitarios que no llevan nuestro nombre porque llegó un punto en el que rendirse era la única opción a la que te podías acoger. 

Pienso en el proyecto vital que se volvió irrealizable –emparejarse, formar una familia, mudarse a otra ciudad, vivir como un adulto– porque la única solución habitacional con la que contábamos era un cuarto en casa de nuestros padres, cuarto al que mucha gente tuvo que regresar de manera forzada en aquella época. Cuarto del que muchos no pudieron salir durante años.

Pienso en la gente que no pudo comprar un piso en aquella época, o perdió el que tenía. Ahora que se está produciendo una nueva burbuja inmobiliaria, tal vez todavía más atroz que la anterior, pienso en cómo la crisis de 2008 los mantiene atrapados en 2025 en un bucle de alquileres inasumibles, pisos compartidos y la incertidumbre ante nuevas subidas y terminaciones unilaterales de contrato. 

Pienso en la experiencia migratoria, tristemente familiar para muchos de nosotros. En la desazón inefable que se siente cuando una despliega ante sí un mapa de Europa, u otro lugar aún más lejano, y empieza a hacer cábalas con toda la frialdad de la que se es capaz en una situación así. Aquí el sueldo es más alto, pero ese idioma es complicado de aprender. Aquí parecen más tolerantes con los españoles, pero dicen que el clima es horrible. Aquí no nos quieren mucho y los salarios son reguleros, lo dejo como última opción, aunque nunca se sabe. 

Que un alto cargo público, nos da igual de qué partido político o ideología, utilice su posición privilegiada para robar, malversar o desfalcar dinero público es, por supuesto, inadmisible. No me detendré en ahondar en esa obviedad. 

Pero, sin restarle importancia a ese tipo de corruptelas, lo que parece haber hecho Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda durante los dos mandatos de Mariano Rajoy, así como en la segunda legislatura de Aznar, va mucho más allá de una mera mordida, un contratito público colocado a dedo o un reparto de dinero de dudosa procedencia. 

Según la investigación llevada a cabo durante los últimos siete años por un juez de Tarragona, en aquellos años horribles en los que muchos pasábamos noches enteras comiendo techo presas de la ansiedad, el exministro, junto con una trama que por el momento alcanza a casi una treintena de personas físicas y jurídicas, se dedicó a emplear los poderes del Estado para hundir en la miseria a un país entero a través de una legislación creada ah hoc con el propósito de favorecer a los clientes de su empresa de consultoría. Todavía están por conocerse todos los detalles de este caso, y es muy probable que durante las próximas semanas se sucedan toda clase de revelaciones escandalosas, pero todo parece indicar que numerosos miembros del Gobierno de Rajoy utilizaron todo el aparato estatal a su alcance para hacer y deshacer a su antojo, como si los ministerios de turno fueran su cortijo particular. No solo robaron: institucionalizaron el robo a través de marcos normativos expresamente ideados para ello mientras el país atravesaba una situación extraordinariamente delicada.  

Decir que muchos estamos tristes y asqueados es quedarse muy corta. La mayoría de nosotros hemos aprendido a leer o escuchar las noticias tomando distancia con respecto a los hechos noticiables. Pensamos con indiferencia vaya, otro al que han cogido con las manos en la masa, ya no te puedes fiar de nadie, apuramos el café y bajamos a la calle a tomar el autobús que nos lleva al trabajo. Para cuando conseguimos pillar un asiento en el transporte público, nuestra mente ya está sobrevolando otros temas desde hace rato. Pero este asunto, para mí, para muchas personas de mi edad, en general para todos los que sufrimos en su día y seguimos sufriendo hoy las consecuencias de la crisis, es diferente. Lo he vivido como un agravio, como un escupitajo en la cara. El caso Montoro es un asunto personal. Robar, qué duda cabe, es inexcusable y está muy feo. Pero llevarte por delante la vida de millones de personas para robar a manos llenas es jugar en otra liga de codicia y crueldad. 

No existe castigo o expiación que les redima por esto, no tienen manera de devolvernos lo que nos han quitado, no hay justicia o reparación posibles. Porque, para eso, para poder devolvernos lo que nos han quitado, tendrían que arreglárselas para traer de vuelta aquellos que iban a ser los mejores años de nuestras vidas."

( Adriana T.  , CTXT, 20/07/2025)

Mientras ejecutaba los recortes dictados por la troika o dictaba amnistías fiscales para las grandes fortunas, el ex ministro de Hacienda de Rajoy, Cristóbal Montoro, montaba toda una organización dedicada a vender leyes y reformas legislativas "a medida" de las grandes empresas, o a influir en las decisiones del gobierno de Rajoy... Las empresas gasistas no son las únicas que presuntamente recurrieron a los servicios de Montoro. También lo hicieron los monopolios del sector eléctrico y de las renovables... con el "págale a Montoro y él te lo afina"... Montoro y. su equipo habrían creado una «organización» dentro del Ministerio de Hacienda para beneficiar a grandes empresas, llegaron a redactar el texto de las propias leyes que iban a beneficiarles... Que las grandes empresas «compitan» entre sí mediante tráfico de influencias, mordidas y concursos amañados, consiguiendo leyes Prêt-à-porter, diseñadas a medida, o directamente redactadas por ellas… es lo que habitualmente sucede fuera del radar de la opinión pública... Corruptos y corruptores, siempre el mismo esquema ( Julio Cebrián)

 "Corruptos y corruptores, siempre el mismo esquema. Una investigación judicial de 7 años revela cómo grandes empresas monopolistas -gasísticas y eléctricas- pagaron al despacho de abogados de Cristóbal Montoro (Equipo Económico) para que elaborara leyes a medida o influyera en las decisiones del gobierno de Rajoy. El exministro, junto a decenas de altos cargos del ministerio de Hacienda, ha sido imputado por cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraude contra la administración y otros delitos de corrupción. 

 Tras una investigación que arranca en 2018 (siete años) y que ha sido mantenida en el más estricto secreto de sumario, el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona que dirige el juez Rubén Rus ha destapado un caso de corrupción de hondo calado y enorme impacto mediático, al implicar exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y a varios ex altos cargos del Ministerio de Hacienda durante los gobiernos de Aznar (2000-2004) y Rajoy (2011-2018).

Entre ellos están Miguel Ferré Navarrete, exsecretario de Estado de Hacienda, Pilar Platero Sanz, exsubsecretaria de Hacienda, Felipe Martínez Rico, exsubsecretario de Hacienda y exdirector de Gabinete de Montoro, Santiago Menéndez, exdirector de la Agencia Tributaria, o Diego Martín-Abril, exdirector general de Tributos.

Junto a Montoro, todos ellos enfrentan cargos por delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, falsedad documental y negociaciones prohibidas. El juez sostiene que la trama operaba con un «presunto abuso del ejercicio de la función pública», redactando normas legislativas a demanda de empresas que pagaban por ello, en detrimento del interés público.

También se investiga a seis sociedades, entre ellas empresas gasísticas como Air Liquide, Praxair, Carburos Metálicos, Abelló Linde y Messer Ibérica, agrupadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM)..

Págale a Montoro y él te lo afina

La investigación comenzó en 2018 tras el hallazgo fortuito de correos electrónicos en la empresa Messer Ibérica de Gases, en el marco de una pesquisa inicial relacionada con un caso urbanístico en Tarragona. Estos correos sugerían pagos a Equipo Económico, un despacho de abogados fundado por Montoro en 2006 (antes conocido como Montoro Asociados y actualmente Global Afteli), para obtener reformas legislativas favorables.

Las empresas gasistas no son las únicas que presuntamente recurrieron a los servicios de Equipo Económico (EE). También lo hicieron los monopolios del sector eléctrico y de las renovables, con la esperanza de que los pagos sirvieran para aprobar rebajas fiscales. Así consta en los informes de los Mossos d’Esquadra incorporados a las pesquisas y que apunta a que las eléctricas pagaron, al menos, alrededor de 11 millones al despacho del exministro de Hacienda entre 2008 y 2015

Según el auto judicial, Montoro y su equipo habrían creado una «organización» dentro del Ministerio de Hacienda para beneficiar a empresas clientes de Equipo Económico mediante reformas legislativas «a medida». Estas empresas pagaban sumas significativas (se documentan 779.705 euros entre 2011 y 2019) para obtener ventajas fiscales y regulatorias. El auto incluso revela que estas grandes empresas llegaron a redactar el texto de las propias leyes que iban a beneficiarles.

Al menos, según el auto, la trama logró dos rebajas fiscales clave para estos monopolios gasísticos

• En 2013, en el momento de los mayores recortes y ajustes contra la población, Montoro les concedió la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad.
• En 2018, el ministerio de Hacienda impuso la modificación del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) mediante un real decreto legislativo, eliminando requisitos que dificultaban beneficios fiscales para las gasísticas.

Una corrupción consustancial al capitalismo monopolista

Que Cristóbal Montoro y el gobierno de Rajoy beneficiaron escandalosamente a las grandes empresas del Ibex35 al mismo tiempo que descargaban sobre el 90% de la población durísimos recortes en pensiones, sanidad, educación y políticas sociales es algo que ya sabíamos. Lo que ahora se revela es que lo hicieron a cambio de grandes mordidas -casi 800.000 euros- y no «en diferido» (a través de puertas giratorias, colocando a Montoro en un consejo de administración tras su paso por la política), sino untándole en vivo y en directo mientras ocupaba su cargo.

Que lo escandaloso de las revelaciones no nos impida ver lo evidente. No estamos ante la excepción, sino ante la regla.

La corrupción es consustancial al capitalismo monopolista de Estado. Que las grandes empresas «compitan» entre sí mediante tráfico de influencias, mordidas y concursos amañados, consiguiendo leyes Prêt-à-porter, diseñadas a medida, o directamente redactadas por ellas… es lo que habitualmente sucede fuera del radar de la opinión pública."

( Julio Cebrián , De Verdad Digital, 18/07/25)

Recordando el caso Montoro... Los jefes de Anticorrupción impidieron a la fiscal del caso, Carmen García, solicitar el volcado de una cuenta de correo electrónico que podía pertenecer al entonces ministro Cristóbal Montoro... El conflicto en el seno de Anticorrupción comenzó cuando la fiscal pidió en abril de 2023 identificar al titular de una cuenta de correo del Ministerio de Hacienda, identificada como “aromero@minhap”, para solicitar el “volcado” del buzón. El teniente fiscal prohibió pedir esa diligencia al juez, García insistió en que era necesaria y al fiscal jefe, Alejandro Luzón, concluyó que era “improcedente”. García activó entonces el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y forzó la convocatoria de una junta de fiscales anticorrupción que, en diciembre de 2023 y por 18 votos contra 5 (incluido el suyo), se puso del lado del jefe. La fiscal buscó entonces vías alternativas. Llamó al jefe de la investigación de los Mossos d’Esquadra y le pidió que solicitara al juez el volcado de esa cuenta de correo. La maniobra llegó a oídos del fiscal jefe y se inició así un expediente sancionador que acabó con una multa de 1.000 euros para la fiscal por desobedecer órdenes de un superior... correos electrónicos apuntan a presuntas maniobras de Hacienda para entorpecer investigaciones perjudiciales para el PP o perjudicar a rivales políticos... como para convencer al juez instructor de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, de que las donaciones ilegales a la caja b del PP no eran delito

 "La Fiscalía ha dado un paso más en su investigación disciplinaria contra Carmen García Cerdá, la fiscal anticorrupción que inició las pesquisas sobre actividades presuntamente irregulares cometidas desde Equipo Económico, el despacho que fundó en 2006 el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro.

La actuación fue iniciada el pasado mes de noviembre por la Inspección fiscal por una presunta desobediencia de García Cerdá tras el freno que el jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, impuso en relación con determinados correos electrónicos hallados en el marco de la investigación penal. El expediente ya está sobre la mesa del promotor de la acción disciplinaria de la Fiscalía, Manuel Moix, que ha abierto expediente disciplinario.

A partir de ahora, Moix podrá practicar prueba --llamar a declarar a García Cerdá y otros implicados, o recabar documentos-- y finalmente propondrá sanción o bien archivará el asunto, según ha adelantado ABC y ha confirmado este diario en fuentes fiscales. El expediente fue abierto a finales de la semana pasada, y la fiscal afectada ya ha sido informada al respecto.

En principio, se acusa a esta funcionaria de cometer una falta muy grave -que puede terminar con su expulsión de Anticorrupción o incluso la separación del servicio- porque tras la orden de su jefe presuntamente trató con los investigadores de la causa abierta contra Equipo Económico en un juzgado de Tarragona. Dicha convesacion versó sobre las pruebas que vendrían a documentar que este despacho usó en beneficio de sus clientes sus influencias entre los altos cargos y funcionarios del Ministerio de Hacienda del Gobierno del PP.

Según la investigación realizada por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, los investigadores han tenido acceso a numerosos correos electrónicos intercambiados entre altos cargos de la Agencia Tributaria, coincidiendo con la etapa en la que Montoro estaba al frente de Hacienda, en los que se hacía referencia a la situación fiscal de distintas personas, como la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, el exministro Rodrigo Rato o del confundador de Podemos Juan Carlos Monedero. Luzón habría ordenado a García Cerdá cesar en estas líneas de investigación, al no ver que pudiera prosperar una acusación de revelación de secretos al respecto.

Discrepancias con el jefe

Este asunto dio lugar a una junta de fiscales de Anticorrupción el pasado 26 de septiembre, propiciada por García Cerdá --invocó para ello el artículo 27 del Estatuto Fiscal-, si bien la reunión se resolvió a favor de Luzón, que recabó 19 apoyos frente a los 5 de su subordinada. Fue después de este capítulo cuando se inició la investigación disciplinaria a García Cerdá que ahora avanza con la apertura del expediente.

La diferencias entre esta fiscal y Luzón van más allá de este caso. También han chocado por algunos aspectos de la investigación de la trama 'Púnica', donde tanto García Cerdá como Teresa Gálvez optaron por no suscribir el informe de la pieza número 9 --sobre la presunta 'caja b' del PP de Madrid--, en el que se proponía librar a los ex presidentes regionales Esperanza Aguirre e Ignacio González, como finalmente hizo el juez instructor. Solo se entregó con la firma del fiscal Alejandro Cabaleiro.

Además, se da la circunstancia de que García Cerdá también obligó en su día a una reunión de la junta de fiscales cuando Moix fue jefe de Anticorrupción. En dicha ocasión, para dejar patente que tanto ella como su compañero entonces en el caso Lezo, Carlos Yáñez, consideraban necesarios registros en la causa en la que el principal imputado era el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. La fiscal niega desobediencia y confía que el asunto se aclare a lo largo de la instrucción ahora iniciada por su antiguo jefe.

Moix tuvo que dimitir de la jefatura de Anticorrupción en junio de 2017, tan sólo 87 después de asumir el cargo, al trascender que tenía una participación en una empresa panameña con sus hermanos. A pesar de ello, desde noviembre pasado es el promotor de la Acción Disciplinaria de la Fiscalía General del Estado, por lo que de él dependerá instruir y, en su caso, sancionar disciplinariamente a García Cerdá si considera acreditado que desobedeció a su ahora superior." 

(Cristina Gallardo,  Tono Calleja Flórez,  Ángeles Vázquez , J. G. Albalat, El Periódico, 15/01/24)

 

"El ‘caso Montoro’: de una denuncia anónima contra una empresa de gas al veto de Anticorrupción a que la fiscal husmease en el “correo del ministro” .

 La investigación judicial contra el exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro y la empresa de asesoría fiscal que fundó, Equipo Económico, ha sido especialmente larga (desde 2018) y compleja. Comenzó con una denuncia anónima contra una empresa gasista y unos correos electrónicos localizados durante una de las primeras diligencias de investigación ordenada por el juez. Esos documentos fueron intervenidos en la empresa Messer Ibérica de Gases. Sus directivos habían encargado un informe sobre bonificaciones de la factura eléctrica que el Gobierno estaba tramitando a través de iniciativas legislativas. Los directivos de Messer señalaban en sus comunicaciones la necesidad de acudir a Equipo Económico para conseguir sus propósitos, lo que hizo sospechar al instructor. Un equipo de los Mossos ayudado por la UCO de la Guardia Civil requisó en 2023 documentación del caso en el Ministerio de Hacienda.

Aquella investigación empieza a asomar la cabeza ahora. La causa ha permanecido siete años bajo secreto de sumario (todo un récord, apuntan fuentes judiciales), periodo en el que se ha dirimido, entre otras cosas, una cruenta batalla en el seno de la Fiscalía. Los jefes de Anticorrupción impidieron a la fiscal del caso, Carmen García, solicitar el volcado de una cuenta de correo electrónico que, según la investigadora, podía pertenecer al entonces ministro Cristóbal Montoro.

El conflicto en el seno de Anticorrupción comenzó cuando la fiscal pidió en abril de 2023 identificar al titular de una cuenta de correo del Ministerio de Hacienda, identificada como “aromero@minhap”, para solicitar el “volcado” del buzón. El teniente fiscal prohibió pedir esa diligencia al juez, García insistió en que era necesaria y al fiscal jefe, Alejandro Luzón, concluyó que era “improcedente”. García activó entonces el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y forzó la convocatoria de una junta de fiscales anticorrupción que, en diciembre de 2023 y por 18 votos contra 5 (incluido el suyo), se puso del lado del jefe.

La fiscal buscó entonces vías alternativas. Llamó al jefe de la investigación de los Mossos d’Esquadra y le pidió que solicitara al juez el volcado de esa cuenta de correo. La maniobra llegó a oídos del fiscal jefe y se inició así un expediente sancionador que acabó con una multa de 1.000 euros para la fiscal por desobedecer órdenes de un superior. La fiscal García siempre tuvo claro que la dirección de correo (aromero) correspondía a la del ministro, cuyo nombre completo es Cristóbal Montoro Romero. El jefe de los Mossos aseguró que la fiscal le llamó por teléfono y le habló siempre del vaciado del correo “del ministro”.

Rubén Rus, el juez de Tarragona que está al frente del caso, ha comunicado al exministro y a otras 27 personas —incluidos altos responsables de Hacienda durante su mandato, entre 2011 y 2018— su condición de investigados en esta causa. Montoro, según la investigación, impulsó presuntamente reformas legislativas que supusieron importantes rebajas fiscales para empresas gasistas. Esas empresas abonaron, siempre según la instrucción, casi 780.000 euros a Equipo Económico (EE), un despacho de abogados que había fundado tiempo atrás el propio Montoro, como pago para impulsar unas reformas que no habían podido lograr por otros cauces.

El auto judicial circunscribe la investigación a dos hechos, que corresponden con las dos reformas legislativas aprobadas. El juez ha ordenado “el expurgo” de los correos electrónicos intervenidos, de manera que se mantengan solo los que sean de interés para la causa. Rus, sin embargo, mantiene abiertas diversas piezas separadas (algunas siguen en secreto) que se basan en correos electrónicos y que apuntan a presuntas maniobras de Hacienda para entorpecer investigaciones perjudiciales para el PP o perjudicar a rivales políticos.

La defensa del PP en Hacienda por el caso Gürtel. Algunos de los correos electrónicos conocidos tras la investigación judicial versan sobre las gestiones en el seno del Ministerio de Hacienda, y en pleno estallido del caso Gürtel, para convencer al juez instructor de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, de que las donaciones ilegales a la caja b del PP no eran delito. Mientras que el juez pedía a los peritos de Hacienda que le calculasen el fraude del PP por no tributar por las donaciones ilegales que registraba en su caja b; los dirigentes del ministerio de Cristóbal Montoro respondían al juez que esas donaciones ilegales no tenían obligación de declararse en el Impuesto de Sociedades, y por tanto era imposible imputar al PP un delito fiscal. El órgano dependiente del Ministerio de Hacienda elaboró un dictamen donde expresaba que su criterio era “absolutamente contrario al utilizado por expreso mandato de la autoridad judicial”, según dejó escrito la inspectora jefa de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), Margarita García-Valdecasas. El informe arrojó el resultado de una cuota impagada de 220.167 euros, por encima del mínimo que la ley fija (120.000 euros) para acusar por delito fiscal. La Audiencia Nacional confirmó en sentencia la existencia de una caja b que funcionó durante años en el PP y con la que se pagó una parte de las obras de la sede de Génova,13, pero absolvió al PP del delito fiscal. El Supremo confirmó esta sentencia y rechazó las alegaciones del PSOE que pidió incorporar al caso los correos incautados por el juzgado de Tarragona donde se detallaba como se gestionó dentro del ministerio la amenaza judicial contra el PP. 

 Uno de las comunicaciones entre los altos cargos del ministerio de Montoro resume así el conflicto con el juez Ruz:

26 de marzo de 2015. “Si preguntan, no hay delito en el PP”. “Si le preguntan, la Agencia Tributaria mantiene su criterio, no hay delito en el Partido Popular, sí en UNIFICA [empresa que acometió las obras de reforma de la sede del PP y cobró parte del servicio en dinero negro]. A su vez, Justicia se está planteando la posibilidad de que la Abogacía del Estado plantee un recurso al auto del juez [ordenando una informe sobre el fraude fiscal del PP al no pagar el impuesto de sociedades por las donaciones ilegales recibidas en 2008]. En este caso, también se solicitarían argumentos a la AEAT para fundamentar el recurso. Decidiría la sala de la Audiencia Nacional que ya en anteriores ocasiones ha considerado que una donación ilegal no debería de estar exenta de tributación en el Impuesto sobre Sociedades...”.

Rato acusa a Montoro de persecución política por los correos incautados en el ministerio. El exvicepresidente Rodrigo Rato acusó a Montoro de una persecución política que desembocó en la causa judicial por la que fue condenado a una pena de cuatro años y nueve meses de prisión por delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. Rato basó su acusación en los correos electrónicos incautados durante la investigación abierta en un juzgado de Tarragona y llegó a leer alguno de esos correos durante el juicio celebrado hace casi un año en la Audiencia Provincial de Madrid. “Estamos aquí”, declaró Rato, porque el 16 de abril de 2015, cuando fui detenido y registraron mi casa y mi oficina previo aviso a los medios, Felipe Martínez Rico, jefe de gabinete del ministro Montoro, le escribió otro correo electrónico en el que le asegura “Nos viene bien, para demostrar que la DTE [amnistía fiscal] ha servido de señuelo a la Agencia Tributaria (AEAT) para centrar investigaciones de fraude fiscal, y que de la investigación posterior, incluso, puede derivarse acusación por delito fiscal. Ya sabemos por qué estamos aquí”."

(José Manuel RomeroJesús García Bueno , El País, 17/07/25)

Ernesto Ekaizer: ¿Qué está pasando con el caso Santos Cerdán? ¿A qué esperan para hacer la entrada y registro en Acciona, principal beneficiario de los amaños según el juez Puente? El ejecutivo de Acciona imputado, Merino (foto), niega el pago de comisiones y declara que la UTE con Servinabar de Antxon Alonso, que también niega pago de mordidas, fue decidido por su "superior"... el juez Puente ya tiene indicios -las declaraciones de los cinco empresarios imputados- para sospechar de que no todo lo que el atestado de la UCO decía va a misa... la carga de la prueba está en manos de la acusación y no está aportando indicios contra Santos Cerdán

 "¿Qué está pasando con el caso Santos Cerdán? Después de su entrada en prisión el lunes, 30 de junio, las declaraciones de cinco empresarios imputados como presuntos pagadores de comisiones -dos, este lunes, 7 de julio, después de tres, el viernes- no han arrojado indicios o sombras de pruebas susceptibles de justificar, retrospectivamente, la convicción del juez Leopoldo Puente de enviarle a prisión sin fianza para evitar que precisamente por su contacto con esos cinco empresarios -su llamada "posición funcional", juez Puente 'dixit'- pudiera destruir pruebas.

Y resulta cada vez más incoherente que el propio juez destacara en su auto del 30 de junio el papel de la empresa Acciona y exhiba al respecto una incapacidad de actuación. Veamos. En su auto, el juez sostenía que Santos Cerdán cumplía una "posición funcional" que llevaba a que "Ábalos y García pudieran desconocer, acaso, quien o quienes eran las personas físicas en concreto que, en beneficio de la empresa favorecida por la adjudicación -Acciona Construcción actuando en U.T.E.- realizaba/n los pagos, cuál era el importe total de los mismos el mecanismo por cuya virtud se concretaban, limitándose a recibir lo comprometido cuando Cerdán distribuía con ellos los beneficios".

También subraya el juez que "finalmente, conviene no perder de vista tampoco que el total de las obras adjudicadas a la mercantil Acciona Construcción, importaba una suma muy próxima a los 550 millones de euros (concretamente 530.271.005 euros)". Estas son dos de las numerosas referencias a la relevancia de Acciona Construcción en el citado auto.

Este lunes, 7 de julio, el representante de Acciona en aquellas fechas, Fernando Merino, ha respondido al juez y al fiscal sobre la constitución de la Unión Temporal de Empresas (UTE) con la empresa Servinabar en 2015.

A la pregunta del juez Puente sobre si él había constituido la UTE, Merino respondió:

-"No, lo hizo mi superior".

A la pregunta sobre su relación con Santos Cerdán, señaló:

-"Lo conocí también [como a Koldo García] el primer año que llegué a Navarra. En 2014, en una ronda de presentaciones".

-"Y por qué quiso presentarse a Santos Cerdán como representante de Acciona?", indagó el juez.

-"Suele ser habitual reunirse con los agentes sociales".

-Y" Santos Cerdán, ¿qué agente social era?", preguntó el juez.

-"Formaba parte de la oposición en el Parlamento navarro".

-"¿Es posible que cenara con Santos Cerdán?", inquirió el juez.

-"No. No lo veo posible. Hemos tomado un pincho en alguna ocasión. Pero tanto como cenar no lo veo posible".

-"¿Ha pagado alguna comisión a alguno de los implicados en esta causa?", remató el juez.

-"No".

A todo esto, en su recurso de apelación, la defensa de Cerdán sostiene que "en el atestado de la UCO no aparece investigada ninguna UTE entre Servinabar y Acciona". Pero si el juez, a la luz de la respuesta de Merino en el sentido de que no fue él quien ordenó la creación de la UTE con Servinabar, no ordena la entrada y registro en la sede de Acciona, ¿qué sentido tenían sus afirmaciones sobre Acciona en su auto de prisión? Si el fiscal tampoco lo pide y la UCO está dispuesta a registrarlo todo menos a Acciona, ¿por qué no lo solicita la defensa de Santos Cerdán?

Y en lo que se refiere a la declaración de Antxon Alonso, propietario y administrador de Servinabar, que solo respondió a las preguntas de su abogada, según explicó el contrato entre él y Santos Cerdán nunca se llevó a efecto, como declaró el secretario de Organización defenestrado del PSOE, quien reconoció su existencia, pero al tiempo aclaró que nunca se llevó a la práctica. Alonso negó haber pagado comisiones.

Asimismo, como señaló en su recurso Benet Salellas (abogado de Santos Cerdán), "no llega a comprenderse como el relato indiciario se construye a partir de la pretendida relación directa de Santos Cerdán con Servinabar si dicha empresa tampoco aparece relacionada con las adjudicaciones investigadas".

¿Qué esperan el fiscal Luzón y el juez Puente?

A que el equipo de la UCO diga ¡Eureka!

¿Es eso?

¿Va a ser cierto lo que el letrado Salellas recordó en su recurso?

Que Eduardo Torres Dulce, en calidad de fiscal General del Estado, declaró en su comparecencia el 23 de abril de 2014 que "las causas más complejas, no las instruyen ni el juez ni el fiscal, sino que llegan precocinadas por la policía y la Agencia Tributaria y la capacidad de filtraje crítico es muy limitada".

La capacidad de filtraje es muy limitada.

Realmente ¿es así?

Porque el juez Puente ya tiene indicios -las declaraciones de los cinco empresarios imputados- para sospechar de que no todo lo que el atestado de la UCO decía va a misa.

Y ello no porque haya que darle veracidad a lo que dicen -tienen derecho a no declarar contra sí mismos y a no decir verdad- sino porque la carga de la prueba está en manos de la acusación y no está aportando indicios contra Santos Cerdán.

Y es una pena que Salellas no haya presentado primero recurso de reforma ante el propio juez y haya ido 'per saltum' a la Sala de Recursos.

Precisamente porque hubiera sido interesante darle al juez la oportunidad de rectificar." 

(Ernesto Ekaizer , blog, 08/07/25) 

Jesús Maraña: sin rodeos, el informe de la UCO implica a Santos Cerdán en la trama de Koldo y Ábalos... sabemos en un sólo documento, más que en meses y meses de instrucción de casos como el que tiene a un paso del banquillo al Fiscal General del Estado... Pedro Sánchez ha asegurado que no supo de los indicios contra Cerdán hasta la misma mañana de este jueves (como nos pasó a muchísimos periodistas)... Donde se mide la honestidad de un partido o de un gobierno es en la contundencia a la hora de gestionar la reacción a los casos de corrupción... Ha acertado Sánchez (tampoco tenía otra) al exigir la dimisión inmediata de todos sus cargos a Cerdán... ¿Acciona no tiene nada que decir sobre los sólidos indicios que la señalan en presuntos sobornos a dirigentes políticos y responsables institucionales?... Feijóo, alentado por estas filtraciones que se reciben en Génova antes que en ninguna otra parte, decidió elevar el listón (si es que era posible) en la estrategia de deslegitimación del Gobierno, y en la deshumanización de Pedro Sánchez... Le puede la ansiedad forzada por esa pinza que forman Ayuso desde dentro del partido y Abascal desde fuera (como hijo pródigo radicalizado al que Aznar, y Ayuso, y Aguirre, y Cayetana… pretenden rescatar como sea)... Que el PP y Feijóo no tengan la menor credibilidad a la hora de erigirse en la fortaleza de la anticorrupción (con la mochila llena de actuaciones meridianamente “mafiosas” desde el poder, algunas aún pendientes de juicio, como la trama Kitchen) no quiere decir que Sánchez haya completado sus deberes, si aspira a algo más que encastillarse en el Gobierno... Acierta pidiendo reiteradas disculpas a la ciudadanía y a la militancia socialista, y encargando una auditoría externa que clarifique el perímetro de las tropelías de Cerdán, Ábalos y Koldo... Pero también urge recuperar la iniciativa política, con una renovación en la dirección del PSOE y una crisis de Gobierno que consiga transmitir confianza y fortaleza para abordar soluciones a los problemas de la ciudadanía... basta con que se perciban la sinceridad de unos sentimientos y la racionalidad de unos argumentos basados en datos y no en bulos, como la de la presidenta navarra, María Chivite, llorando de impotencia ante las cámaras

"Sin rodeos: el informe 96/2025 de 490 folios firmado por dos agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre “irregularidades en contratación pública”, con fecha 5 de junio y conocido este jueves, contiene indicios contundentes de la implicación de Santos Cerdán en la trama de presunta corrupción hasta ahora protagonizada por Koldo García, José Luis Ábalos y el empresario Víctor de Aldama. Hay conversaciones transcritas en ese informe (aún no hemos escuchado los audios) que dejan cero lugar a la duda sobre el comportamiento del ya ex secretario de Organización del PSOE (ver aquí). Por eso, porque ya no cabe confiar en absoluto en la presunción de inocencia (política) de Cerdán, Pedro Sánchez ha hecho lo que debía hacer exigiéndole la dimisión inmediata de todos sus cargos (ver aquí). Y algo incluso más importante: anuncia una auditoría externa para comprobar todas las cuentas del partido que pasaron por sus manos, con el fin de que quede claro que el asunto se ciñe a unos mangantes y no afecta a la financiación socialista.

Es mucho aún lo que no sabemos de este entramado, pero conocemos ya lo suficiente para asentar algunas conclusiones provisionales y urgentes:

1.- En un solo documento (ese informe de la UCO) hay indicios más sólidos sobre irregularidades en altas instancias de un servicio público que en meses y meses de instrucción de casos como el que tiene a un paso del banquillo al Fiscal General del Estado o el que mantiene bajo presión permanente a la esposa del presidente del Gobierno o el que directamente procesa al hermano de Pedro Sánchez. Dicho de otra forma: la consolidación de elementos probatorios de la existencia de organización criminal y cohecho en las andanzas de Koldo, Ábalos, Aldama y Cerdán no justifica en absoluto procesos de investigación prospectiva, tan repletos de decisiones “creativas” como ausentes de una mínima apariencia de imparcialidad, utilizados sin disimulo con la intencionalidad política de criminalizar al entorno familiar del presidente del Gobierno.

2.- Resulta destacable y significativo que las conversaciones transcritas apunten a que el verdadero “jefe” de esta banda era el propio Santos Cerdán, por encima de Ábalos. Se sabía que fue Cerdán quien se trajo a Madrid a Koldo desde Navarra, quien le presentó a Ábalos y quien lo apadrinó para que pasara de conductor de un coche con misiones añadidas de seguridad a convertirse en asesor y mano derecha del ministro de Fomento. La calaña del personaje queda requeteconfirmada por el simple hecho de que al menos desde 2019 ya grababa las conversaciones que mantenía con sus “jefes”, amigos y compañeros de partido.

3.- Lo cierto es que en toda aquella tropa de militantes socialistas que apoyaron ya en 2014 la candidatura de Pedro Sánchez contra el “aparato” de la vieja guardia es evidente que se colaron unos cuantos elementos más entusiastas del progreso personal que del colectivo. Nada menos que los dos secretarios de Organización de los mandatos de Sánchez como secretario general han caído ya por presuntas corrupciones. No parece Sánchez buen ojeador de la decencia política en la sala de máquinas de Ferraz.

4.- Ha asegurado el presidente que no supo de los indicios contra Cerdán hasta la misma mañana de este jueves (como nos pasó a muchísimos periodistas) y que incluso en esas horas el número tres del partido negaba las acusaciones. Ha acertado Sánchez (tampoco tenía otra) al exigir en cualquier caso la dimisión inmediata de todos sus cargos a Cerdán, incluida la entrega de su acta de diputado (cosa que no consiguió con Ábalos). Las corrupciones son inevitables en todo sistema político. Donde se mide la honestidad de un partido o de un gobierno es en la contundencia a la hora de gestionar la reacción a los casos de corrupción. A veces no es fácil ejercer el respeto a la presunción de inocencia de cualquiera al tiempo que se protege la credibilidad de un proyecto, un liderazgo y una organización. En infoLibre siempre hemos mantenido que la responsabilidad jurídica no es paralela, ni mucho menos previa, a la política, pero que esta debe asumirla cualquier cargo público al margen de su derecho a la defensa.

5.- A menudo los grandes casos de corrupción quedan en la memoria colectiva ligados exclusivamente a personajes de la política. Pero no hay corrompidos sin corruptores. En el que nos ocupa, esos 490 folios desgranan múltiples indicios que señalan a empresas concretas, pero muy especialmente a Acciona, como el “pagador” de mordidas a cambio de adjudicaciones de contratos públicos. Hemos escuchado a Sánchez, a Cerdán, a Ábalos, etc., etc., ¿pero acaso Acciona no tiene nada que decir sobre los sólidos indicios que la señalan en presuntos sobornos a dirigentes políticos y responsables institucionales? Si uno lee atentamente el informe de la UCO, cabría definir a Santos Cerdán como el ‘hombre de Acciona’ en el círculo de influencia de Fomento.

6.- Durante horas, este jueves, no pocos dirigentes de la oposición política, económica, judicial y mediática salivaron (una vez más) con la caída inmediata del Gobierno progresista vía convocatoria de elecciones anticipadas. Parece que no aprenden, ni del talante de Sánchez (acostumbrado a moverse al borde del precipicio) ni de la evidencia de lo que significa la fragmentación parlamentaria que caracteriza nuestro sistema político desde el fin del bipartidismo. No es sólo que no interese a Pedro Sánchez convocar unas elecciones para perderlas (cosa que no ha hecho nunca presidente alguno en democracia, salvo quizás Zapatero en 2011), sino que ninguno de los socios de investidura tiene ahora mismo alicientes racionales para poner fin a la legislatura.

7.- Alberto Núñez Feijóo ha querido vender la piel del oso… desde que aterrizó en Madrid llegado de Galicia. Y se le está haciendo largo el camino. Quizás alentado por filtraciones que se reciben en Génova antes que en ninguna otra parte, decidió hace semanas elevar el listón (si es que era posible) en la estrategia de deslegitimación del Gobierno de coalición y en la deshumanización de Pedro Sánchez. Ya en vísperas del congreso nacional del PP, decidió nada menos que definir como “mafia” al Gobierno y como “capo” de la misma al propio Sánchez (ver aquí). Boicoteó la Conferencia de Presidentes y convocó una concentración en Madrid bajo el lema de “Mafia o democracia”. Si uno es coherente con todo eso, más que exigir elecciones anticipadas lo que debe es presentar denuncia en el juzgado de guardia y reclamar prisión para el “capo”. Le puede la ansiedad forzada por esa pinza que forman Ayuso desde dentro del partido y Abascal desde fuera (como hijo pródigo radicalizado al que Aznar, y Ayuso, y Aguirre, y Cayetana… pretenden rescatar como sea).

y 8.- Que el PP y Feijóo no tengan la menor credibilidad a la hora de erigirse en la fortaleza de la anticorrupción (con la mochila llena de actuaciones meridianamente “mafiosas” desde el poder, algunas aún pendientes de juicio, como la trama Kitchen) no quiere decir que Sánchez haya completado sus deberes, si aspira a algo más que encastillarse en el Gobierno con el arma de la potestad exclusiva para la convocatoria de elecciones anticipadas. Acierta pidiendo reiteradas disculpas a la ciudadanía y a la militancia socialista por este nuevo bochorno; también lo hace encargando una auditoría externa que clarifique el perímetro de las tropelías de Cerdán, Ábalos y Koldo; y expulsando de todo cargo público a su ya ex secretario de Organización. Pero también urge (incluso antes de este jueves negro en Moncloa y en Ferraz) una hoja de ruta que intente recuperar la iniciativa política, que logre ocupar la conversación pública con lo que se hace más que con lo que se dice (algo nada sencillo ante el paisaje mediático y sus dependencias). Lo cual incluye más pronto que tarde una renovación en la dirección del PSOE y una crisis de Gobierno que consiga transmitir confianza y fortaleza para abordar soluciones a los problemas de la ciudadanía, antes que a los que preocupan a quienes han traicionado los principios éticos de una militancia política honrada y un servicio público honesto.

Si hay una imagen que concentra la hecatombe que supone el daño causado por quienes se han dedicado a llenar su buchaca en lugar de atender sus obligaciones cívicas, políticas y legales es, a mi entender, la de la presidenta navarra, María Chivite, llorando de impotencia ante las cámaras (ver aquí). No hay que gritar ni actuar para ganar la confianza de la ciudadanía o la credibilidad de un proyecto: basta con que se perciban la sinceridad de unos sentimientos y la racionalidad de unos argumentos basados en datos y no en bulos. La democracia no acabará nunca con la corrupción, pero está obligada a castigarla con absoluta dureza, caiga quien caiga y cueste lo que cueste."   (Jesús Maraña , InfoLibre, 11/06/25)

Nunca sabremos quién es el misterioso «Alberto» del caso Koldo como nunca supimos quién era «M. Rajoy» de la caja B del partido... Koldo García comunicó a uno de los empresarios clave de la trama investigada, Juan Carlos Cueto, “que había quedado con Miguel Tellado y Alberto” para tratar, presuntamente, una reclamación del Govern balear a la empresa de la trama corrupta. Tellado ya sabemos quién es, y de Alberto qué podemos decir

 "Pedro Sánchez ha pedido a José Luis Ábalos que entregue su acta de diputado y este le ha contestado con una declaración de guerra: irse al Grupo Mixto, donde promete seguir dando batalla y despotricando del partido que se lo dio todo. La decisión del presidente del Gobierno español, sin duda, ha sido la más acertada. Y no solo por la rapidez con la que ha actuado: en apenas un par de días tras saltar el escándalo tomaba medidas drásticas para sacar del Grupo Parlamentario Socialista a un diputado que, si bien es cierto no está imputado en nada (de momento), es más que probable que tenga que pasarse por el juzgado para dar alguna que otra explicación.

La Justicia se ha tomado muy en serio el turbio asunto del cobro de comisiones por la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia, el llamado caso Koldo que salpica al asesor y colaborador más estrecho de Ábalos en su etapa de ministro de Transportes. Sin embargo, a menudo esa celeridad de los jueces y magistrados con el fango socialista se convierte en paso de tortuga cuando se trata de indagar en posibles trapacerías cometidas por el principal partido conservador. Como también contrasta la contundencia con la que se ha manejado Sánchez en este lamentable episodio con la inacción que siempre ha demostrado el PP a la hora de limpiar sus cloacas.

En los últimos años se han detectado numerosísimos escándalos políticos y económicos en Génova, asuntejos que ellos creen sin importancia y que Mariano Rajoy, en su momento, calificó de “casos aislados”. Paradigmático fue aquel momento para la historia en el que, en medio de un torbellino de corrupción en la Comnunidad Valenciana, el presidente del Gobierno colgó el cartel de “político ejemplar” a Carlos Fabra, el controvertido presidente de la diputación de Castellón encarcelado por algún que otro desliz. O cuando el propio dirigente gallego le dijo a Luis Bárcenas, el tesorero del PP implicado en el tema de la caja B del partido, aquello de “Luis sé fuerte, hacemos lo que podemos”. A día de hoy, el listado de juicios pendientes de los populares es tan largo como abochornante: 30 causas por corrupción abiertas desde hace más de una década; treinta sumarios que sería imposible enumerar aquí porque se nos acabaría el espacio para la columna. Casos tristemente célebres como Gürtel, Lezo, Púnica, Erial, Kitchen y otros contra relevantes exdirigentes de la derecha que aún tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados. Y lo que es peor, a uno de sus últimos presidentes, Pablo Casado, lo echaron poco menos que a patadas por denunciar una supuesta corruptela en la adquisición de material sanitario, la que afectaba al hermanísimo de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Qué mejor ejemplo que ese de que el PP convive con el dinero sucio sin ningún tipo de remordimiento ni cargo de conciencia y de que pobre de aquel al que se le ocurra airear la formidable y prodigiosa maquinaria de corrupción sistemática e institucionalizada que ha sido ese partido en los últimos años.  

No, no está el PP como para dar lecciones a nadie sobre comportamientos políticos éticos, limpios y ejemplares. Y, sin embargo, Alberto Núñez Feijóo ha sacado pecho sin pudor en la última semana, arremetiendo contra Sánchez y el PSOE a cuenta del affaire que persigue a Ábalos cuando en su partido todavía quedan muchas alfombras por levantar. Precisamente, el mismo día que el líder de la oposición subía a la tribuna de oradores de las Cortes para acusar al presidente del Gobierno de connivencia con el caso Koldo (ese ya famoso “señor Sánchez, sin rodeos, usted lo sabía y lo tapó”), algunas informaciones periodísticas apuntaban a que no solo los socialistas entraron en contacto con la red de Koldo García, mano derecha de Ábalos, sino que en alguna que otra conversación grabada a los presuntos implicados por la Guardia Civil aparecía también Miguel Tellado, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, y un tal “Alberto”. ¿Quién es este misterioso personaje? 

El hecho recuerda bastante a aquel acertijo que ocurrió con la famosa anotación en la caja B del partido (o sea las cuentas opacas, sin declarar), en la que aparecía un tal “M. Rajoy” como beneficiario de sobres, gratificaciones extra y pedreas que no pasaban por Hacienda. La Justicia nunca llegó a averiguar quién era aquel Eme Punto, uno de los casos más enigmáticos de la historia de España. Quizá fue que en la siempre atascada y burocrática oficina judicial no le pusieron demasiado celo profesional ni interés a la hora de indagar en el suceso. Eso sí, si en lugar de ese “M punto…” hubiese constado en la libreta “Pablo punto Iglesias”, hace mucho que el líder podemita estaría comiéndose la perpetua en Guantánamo.

A Sánchez solo le quedaba una salida a todo este embrollo del caso Koldo: aplicar el código deontológico con la mayor dureza e inflexibilidad posible para predicar con el ejemplo. Nadie hubiese entendido que el hombre que llegó a la Moncloa gracias a una moción de censura ante la tibieza del PP en la lucha contra la corrupción aplicara ahora la doble vara de medir y mirara para otro lado, pusiera paños calientes o afirmara cosas como que esto no es un caso del PSOE, sino un caso contra el PSOE ideado por la malvada Fiscalía (esas cosas llegaron a salir por boca de altos dirigentes genoveses).

Es cierto que al premier socialista, con fama de cruel y sañudo, no le tiembla el pulso a la hora de defenestrar a un amigo o estrecho colaborador, tampoco a alguien como Ábalos que llevaba toda su vida en el partido, un histórico, un peso pesado que además le acompañó, codo con codo, en su dura travesía por el destierro de España, como un Cid posmoderno, para recuperar Ferraz. Había razones políticas y personales para mantener al exministro en su acta de diputado pero, una vez más, el jefe decidió deslizar la guillotina, como un Robespierre del socialismo, sin piedad ni miramientos. Una frialdad que en este caso todos deberíamos agradecer, ya que el interés del país y la higiene democrática han de estar por encima de los sentimentalismos y los amiguetes. La prueba del algodón de que Moncloa ha hecho lo correcto está en que la izquierda a la izquierda del PSOE le ha agradecido la contundencia en la ejecución. La propia Yolanda Díaz ha asegurado que “la tolerancia cero con la corrupción es el límite”. Y lo dice la lideresa de un grupo político que cada vez que huele la corrupción cerca de sí se revuelve como un vampiro ante una ristra de ajos.

Sea como fuere, y volviendo al caso que persigue a Ábalos, lo lógico sería indagar hasta sus últimas consecuencia en las posibles corrupciones sanitarias de los dos pilares del bipartidismo. Más cuando ya se sabe que el pasado 2 de diciembre Koldo García comunicó a uno de los empresarios clave de la trama investigada, Juan Carlos Cueto, “que había quedado con Miguel Tellado y Alberto” para tratar, presuntamente, una reclamación del Govern balear a la empresa de la trama corrupta. Tellado ya sabemos quién es, y de Alberto qué podemos decir. La noticia bomba hizo que el líder popular se apresurara a rechazar, en los pasillos de las Cortes, cualquier tipo de insinuación maledicente sobre su persona. “Evidentemente, no”, dijo Feijóo con rotundidad al ser preguntado a su llegada al Senado por estos supuestos contactos con la trama mafiosa. 

Casi al mismo tiempo, el propio Tellado negaba que haya mantenido conversación alguna o reunión con el tal Koldo García. Todas estas sospechas deberían aclararse en una pertinente comisión parlamentaria de investigación, pero el PP se ha negado en rotundo a poner luz y taquígrafos a la hora de aclarar el infame cambalache en la compra de mascarillas en el que probablemente incurrieron más de una administración pública de uno y otro partido. Está claro que en el PP no quieren que se sepa toda la verdad. Sin embargo, reparten estopa a diestro y siniestro, sin compasión ni piedad, con el tema. Se resisten a que se indague en el affaire por si ellos salen escaldados, mientras no paran de dar lecciones de moralidad a los demás. Ante semejante hipocresía estomagante, solo cabría decir: ¿Lo ves, “Alberto”, ves como no se puede hablar?"            (José Antequera, Diario16, 02/03/24)