"El Financial Times reveló
este mes que una camarilla de inversores israelíes, uno de los
principales grupos de consultoría empresarial del mundo y un think tank
dirigido por el ex primer ministro británico Tony Blair habían estado
trabajando en secreto en planes para explotar las ruinas de Gaza como
propiedad inmobiliaria de primer orden.
El consorcio secreto parece haber estado buscando formas prácticas de
hacer realidad la «visión» del presidente estadounidense Donald Trump
de Gaza como la «Riviera de Oriente Medio»: transformar el pequeño
enclave costero en un parque de atracciones para los ricos y una
atractiva oportunidad de inversión, una vez que se haya llevado a cabo
la limpieza étnica de su población palestina.
Mientras tanto, el Gobierno británico ha declarado
a Palestine Action organización terrorista, la primera vez en la
historia británica que un grupo de acción directa es prohibido en virtud
de la ya draconiana legislación antiterrorista del país.
Cabe destacar que el Gobierno de Keir Starmer tomó la decisión de proscribir Palestine Action tras las presiones
de Elbit Systems, un fabricante de armas israelí cuyas fábricas en el
Reino Unido han sido objeto de acciones de Palestine Action para
perturbar su actividad. Elbit suministra a Israel drones asesinos y
otras armas fundamentales para el genocidio israelí en Gaza.
Estas revelaciones salieron a la luz cuando la relatora especial de
las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos ocupados, Francesca
Albanese, publicó un informe
titulado «De la economía de la ocupación a la economía del genocidio»,
en el que se expone la amplia participación de las grandes empresas en
los crímenes de Israel en Gaza y los beneficios que obtienen de ellos.
En una entrevista con el periodista estadounidense Chris Hedges,
Albanese, experta en derecho internacional, concluyó: «El genocidio en
Gaza no ha cesado porque es lucrativo. Es rentable para demasiadas
personas».
Albanese enumera docenas de importantes empresas occidentales que han
invertido mucho en la opresión del pueblo palestino por parte de
Israel.
Como señala, no se trata de una novedad. Estas empresas llevan años, y
en algunos casos décadas, explotando las oportunidades comerciales
asociadas a la violenta ocupación israelí de los territorios palestinos.
El paso de la ocupación israelí de Gaza al actual genocidio no ha
puesto en peligro los beneficios, sino que los ha aumentado. O, como
dice Albanese: «Los beneficios han aumentado a medida que la economía de
la ocupación se ha transformado en una economía del genocidio».
La relatora especial ha sido una espina clavada para Israel y sus
patrocinadores occidentales durante los últimos 21 meses de matanzas en
Gaza.
Eso explica por qué Marco Rubio, secretario de Estado de Trump,
anunció poco después de la publicación de su informe que iba a imponer
sanciones a Albanese por sus esfuerzos por sacar a la luz los crímenes
de los funcionarios israelíes y estadounidenses.
Reveladoramente, calificó sus declaraciones —basadas en el derecho
internacional— de «guerra económica contra Estados Unidos e Israel».
Albanese y el sistema universal de derechos humanos de la ONU que la
respalda parecen representar una amenaza para el lucro occidental.
Una ventana al futuro
Israel funciona efectivamente como la mayor incubadora de empresas
del mundo, aunque en su caso no solo se limita a fomentar la creación de
empresas emergentes.
Más bien, ofrece a las corporaciones globales la oportunidad de
probar y perfeccionar nuevas armas, maquinaria, tecnologías, procesos de
recopilación de datos y automatización en los territorios ocupados.
Estos avances están asociados a la opresión masiva, el control, la
vigilancia, el encarcelamiento, la limpieza étnica y, ahora, el
genocidio.
En un mundo con recursos cada vez más escasos y un caos climático
creciente, es probable que estas innovadoras tecnologías de sometimiento
tengan aplicaciones tanto a nivel nacional como internacional. Gaza es
el laboratorio del mundo empresarial y una ventana a nuestro propio
futuro.
En su informe de 60 páginas, Albanese escribe que su investigación
«revela cómo la ocupación perpetua se ha convertido en el campo de
pruebas ideal para los fabricantes de armas y las grandes tecnológicas…
mientras que los inversores y las instituciones públicas y privadas se
benefician libremente».
Su argumento fue subrayado por la empresa armamentística israelí Rafael, que publicó un vídeo promocional
de su dron Spike FireFly en el que se le veía localizando, persiguiendo
y matando a un palestino en lo que denominaba «guerra urbana» en Gaza.
Como señala la relatora especial de la ONU, al margen de la cuestión
del genocidio en Gaza, las empresas occidentales tienen la obligación
legal y moral de romper sus vínculos con el sistema de ocupación israelí
desde el verano pasado.
Fue entonces cuando el tribunal más alto del mundo, la Corte Internacional de Justicia, dictaminó
que la ocupación israelí, que dura ya décadas, era una empresa criminal
basada en el apartheid y el traslado forzoso, o lo que Albanese
denomina políticas de «desplazamiento y sustitución».
En cambio, el sector empresarial —y los gobiernos occidentales— siguen profundizando su implicación en los crímenes de Israel.
No son solo los fabricantes de armas los que se benefician de la
destrucción genocida de Gaza y de las ocupaciones de Cisjordania y
Jerusalén Este.
Las grandes empresas tecnológicas, las constructoras y las de
materiales, la agroindustria, la industria turística, el sector de
bienes y servicios y las cadenas de suministro también se han sumado a
la causa.
Y todo ello es posible gracias a un sector financiero —que incluye
bancos, fondos de pensiones, universidades, aseguradoras y
organizaciones benéficas— deseoso de seguir invirtiendo en esta
arquitectura de opresión.
Albanese describe el mosaico de empresas que se asocian con Israel como «un ecosistema que sostiene esta ilegalidad».
Escapar al escrutinio
Para estas empresas y sus facilitadores, el derecho internacional —el
sistema jurídico que Albanese y sus compañeros relatores de la ONU
están llamados a defender— supone un impedimento para la búsqueda del
beneficio.
Albanese señala que el sector empresarial puede escapar al escrutinio protegiéndose detrás de otros actores.
Israel y sus altos funcionarios están bajo investigación por cometer
genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.
Cuando escribió a 48 empresas para advertirles de que estaban
colaborando en esta criminalidad, estas respondieron que era
responsabilidad de Israel, no suya, o que correspondía a los Estados, y
no al derecho internacional, regular sus actividades comerciales.
Las empresas, señala Albanese, pueden obtener sus mayores beneficios
en las «zonas grises de la ley», leyes que ellas mismas han ayudado a
configurar.
Los aviones F-35 de Lockheed Martin, cuyo «modo bestia» ha sido
exhibido por Israel mientras destruía Gaza, dependen de otras 1600
empresas especializadas que operan en ocho Estados diferentes, entre
ellos el Reino Unido.
A finales del mes pasado, el Tribunal Superior del Reino Unido,
aunque admitió que los componentes de fabricación británica utilizados
en el F-35 probablemente contribuyeran a cometer crímenes de guerra en
Gaza, dictaminó
que correspondía al Gobierno de Starmer tomar decisiones «sumamente
delicadas y políticas» sobre la exportación de estas piezas.
Por el contrario, el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Lammy, declaró ante
una comisión parlamentaria que no correspondía al Gobierno evaluar si
Israel estaba cometiendo crímenes de guerra en Gaza con armas
británicas, sino que era «una decisión que debía tomar el tribunal».
Lockheed Martin se ha sumado al juego del ping-pong. Un portavoz declaró:
«Las ventas militares al extranjero son transacciones entre gobiernos.
Las discusiones sobre esas ventas deben ser abordadas por el Gobierno de
Estados Unidos».
La colusión de las grandes tecnológicas
Albanese también señala a las principales empresas tecnológicas por
integrarse rápida y profundamente en la ocupación ilegal de Israel,
entre otras cosas mediante la adquisición de empresas emergentes
israelíes que explotan los conocimientos adquiridos con la opresión de
los palestinos.
El Grupo NSO ha desarrollado el software espía para teléfonos Pegasus, que ahora se utiliza para vigilar a políticos, periodistas y activistas de derechos humanos en todo el mundo.
El año pasado, la administración Biden firmó un contrato
con otra empresa israelí de software espía, Paragon. ¿Nos enteraremos
algún día de que Estados Unidos utilizó precisamente este tipo de
tecnología para espiar a Albanese y a otros expertos en derecho
internacional, con el pretexto de que estaban librando una supuesta
«guerra económica»?
IBM entrena al personal militar y de inteligencia israelí, y es
fundamental para la recopilación y el almacenamiento de datos
biométricos sobre los palestinos. Hewlett Packard Enterprises suministra
tecnología al régimen de ocupación, los servicios penitenciarios y la
policía de Israel.
Microsoft ha desarrollado en Israel su mayor centro fuera de Estados
Unidos, desde el que ha creado sistemas para el ejército israelí,
mientras que Google y Amazon tienen un contrato de 1200 millones de dólares para proporcionarle infraestructura tecnológica.
La prestigiosa universidad de investigación MIT, el Instituto
Tecnológico de Massachusetts, ha colaborado con Israel y empresas como
Elbit para desarrollar sistemas de armas automatizadas para drones y
perfeccionar sus formaciones en enjambre.
Palantir, que suministra plataformas de inteligencia artificial al ejército israelí, anunció
una asociación estratégica más profunda en enero de 2024, al comienzo
de la matanza de Israel en Gaza, en torno a lo que la agencia de
noticias Bloomberg denominó «Battle Tech».
Durante los últimos 21 meses, Israel ha introducido nuevos programas automatizados impulsados por IA, como «Lavendar», «Gospel» y «Where’s Daddy?», para seleccionar un gran número de objetivos en Gaza con poca o ninguna supervisión humana.
Albanese llama a
esto «el lado oscuro de la nación start-up, tan arraigado y tan
íntimamente relacionado con los objetivos y beneficios de la industria
militar».
No es de extrañar que las empresas tecnológicas estén recurriendo a
las calumnias de siempre contra el relator especial y la ONU por
desvelar sus actividades. El Washington Post informó de
que, a raíz del informe de Albanese, el cofundador de Google, Sergey
Brin, calificó a la ONU de «transparentemente antisemita» en un chat en
un foro para empleados.
Campo de concentración
Hay una larga lista de otros nombres conocidos en el informe de
Albanese: Caterpillar, Volvo y Hyundai están acusados de suministrar
maquinaria pesada para destruir viviendas, mezquitas e infraestructuras
en Gaza y Cisjordania.
Bancos líderes como BNP Paribas y Barclays han suscrito bonos del
Tesoro para reforzar la confianza del mercado en Israel a través del
genocidio y mantener sus tipos de interés favorables.
BP, Chevron y otras empresas energéticas se están beneficiando de los
yacimientos de gas existentes en el Mediterráneo oriental y de los
gasoductos que atraviesan las aguas marítimas palestinas frente a Gaza.
Israel concedió licencias de exploración para el yacimiento de gas sin explotar de Gaza, frente a la costa, poco después de iniciar su matanza genocida.
El último plan de Israel de crear, según sus propias palabras, un «campo de concentración»
dentro de Gaza, donde los civiles palestinos serán confinados bajo
estrecha vigilancia armada, se basará sin duda en asociaciones
comerciales similares a las que hay detrás de los falsos «centros de
distribución de ayuda» que Israel ya ha impuesto a la población del
enclave.
Soldados israelíes han testificado
que se les ha ordenado disparar contra las multitudes de palestinos
hambrientos que hacen cola para recibir alimentos en estos centros, lo
que explica por qué se ha matado a decenas de palestinos cada día
durante semanas.
Esos centros, gestionados por la engañosa Fundación Humanitaria de Gaza, fueron en parte idea
del Boston Consulting Group, la misma consultora que este mes ha sido
sorprendida tramando convertir Gaza en la «Riviera de Oriente Medio»
libre de palestinos de Trump.
El campo de concentración que Israel tiene previsto construir sobre
las ruinas de la ciudad de Rafah —que, de nuevo de forma engañosa, se
denominará «zona humanitaria»— exigirá que todos los que entren sean
«sometidos a controles de seguridad», utilizando datos biométricos,
antes de su encarcelamiento.
Sin duda, otros contratistas, utilizando sistemas en gran parte
automatizados, controlarán el interior del campo hasta que, en palabras
del Gobierno israelí, se pueda aplicar un «plan de emigración» para expulsar a la población de Gaza.
Albanese señala los numerosos precedentes de empresas privadas que
han impulsado algunos de los crímenes más horribles de la historia,
desde la esclavitud hasta el Holocausto.
Albanese insta a los abogados y a los actores de la sociedad civil a
que emprendan acciones legales contra estas empresas en los países en
los que están registradas. Siempre que sea posible, los consumidores
deben ejercer toda la presión que puedan boicoteando a estas empresas.
Concluye recomendando que los Estados impongan sanciones y un embargo de armas a Israel.
Además, pide a la asediada Corte Penal Internacional —cuatro de cuyos
jueces, al igual que ella, están sancionados por Estados Unidos— y a
los tribunales nacionales «que investiguen y enjuicien a los ejecutivos
y/o entidades corporativas por su participación en la comisión de
crímenes internacionales y el lavado de las ganancias obtenidas de esos
crímenes».
Cultura psicópata
Todo esto es crucial para comprender por qué las capitales
occidentales han seguido colaborando en la matanza de Israel, incluso
cuando los estudiosos del Holocausto y el genocidio —muchos de ellos
israelíes— han llegado a un firme consenso de que sus acciones constituyen un genocidio.
Los partidos gobernantes en países occidentales como Estados Unidos y
Gran Bretaña dependen en gran medida de las grandes empresas, tanto
para su éxito electoral como, tras la victoria en las urnas, para
mantener su popularidad mediante la promoción de la «estabilidad
económica».
Keir Starmer llegó al poder en el Reino Unido después de rechazar el
popular modelo de financiación popular de su predecesor, Jeremy Corbyn, y
cortejar en su lugar al sector empresarial con promesas de que el partido estaría en su bolsillo.
Sus garantías también fueron fundamentales para que los medios de
comunicación propiedad de multimillonarios —que se habían vuelto
ferozmente contra Corbyn, vilipendiándolo constantemente como
«antisemita» por sus posiciones socialistas democráticas y pro
palestinas— allanaran el camino de Starmer hacia Downing Street.
En Estados Unidos, los multimillonarios incluso tienen a uno de los
suyos en el poder, Donald Trump. Pero incluso su campaña dependió de la
financiación de grandes donantes como Miriam Adelson, la viuda israelí del magnate de los casinos Sheldon Adelson.
Adelson es uno de los principales donantes, que financia a los dos principales partidos, y no oculta que su prioridad política número uno es Israel.
Una vez en el poder, los partidos quedan efectivamente secuestrados
por las grandes empresas en amplios ámbitos de la política interior y
exterior.
El sector financiero tuvo que ser rescatado por los contribuyentes —y
sigue estándolo a través de las llamadas «medidas de austeridad»—
después de que sus excesos imprudentes hundieran la economía mundial a
finales de la década de 2000. Los gobiernos occidentales consideraron
que los bancos eran «demasiado grandes para quebrar».
Del mismo modo, Israel, la mayor incubadora mundial de las industrias
armamentística y de vigilancia, es demasiado grande para que se le
permita quebrar. Incluso cuando comete genocidio.
Los críticos del auge de las empresas globalizadas durante el último medio siglo, como el famoso lingüista Noam Chomsky y el profesor de derecho Joel Bakan, llevan mucho tiempo señalando los rasgos psicopáticos inherentes a la cultura empresarial.
Las empresas están legalmente obligadas a perseguir el beneficio y a
dar prioridad al valor para los accionistas por encima de cualquier otra
consideración. Las limitaciones a su libertad para hacerlo son
prácticamente inexistentes tras las oleadas de desregulación de los gobiernos occidentales sobornados.
Bakan observa
que las empresas son indiferentes al sufrimiento o la seguridad de los
demás. Son incapaces de mantener relaciones duraderas. Carecen de
cualquier sentido de la culpa o de capacidad de autocontrol. Y mienten,
engañan y defraudan para maximizar sus beneficios.
Estas tendencias psicopáticas se han puesto de manifiesto en escándalo tras escándalo, ya sea en la industria del tabaco y la banca, o en las empresas farmacéuticas y energéticas.
¿Por qué iban a comportarse mejor las grandes empresas en la búsqueda de beneficios vinculados al genocidio de Gaza?
Bakan se dirige a quienes confunden su argumento con una teoría
conspirativa. Los comportamientos psicopáticos de las empresas no son
más que el reflejo de las obligaciones legales que les incumben como
instituciones —lo que él denomina su «dinámica lógica»— de maximizar los
beneficios y marginar a sus rivales, sin importar las consecuencias
para la sociedad en general, las generaciones futuras o el planeta.
Enriquecerse con el genocidio
Hay mucho en juego en Gaza para los gobiernos occidentales,
precisamente porque hay mucho en juego para el mundo empresarial que se
enriquece con el genocidio de Israel.
Los gobiernos y las empresas tienen un interés común abrumador en
proteger a Israel del escrutinio y las críticas: les sirve como perro de
presa colonial en el Oriente Medio rico en petróleo y como fuente de
ingresos para las industrias armamentística, de vigilancia y
penitenciaria.
Esto explica por qué Trump y Starmer, por un lado, y las
administraciones universitarias, por otro, han invertido tanto capital
político y moral en aplastar los espacios, especialmente en el ámbito
académico, donde se supone que la libertad de expresión y la protesta
son más preciadas.
Las universidades están lejos de ser una parte desinteresada. Antes
de que la policía destrozara sus campamentos en los campus, los
estudiantes manifestantes trataron de poner de relieve lo fuertemente invertidas
que están las universidades en la economía de la ocupación y el
genocidio, tanto financieramente como a través de acuerdos de
investigación con el ejército y las universidades israelíes.
La necesidad de proteger a Israel del escrutinio también explica las
rápidas medidas adoptadas en Occidente para tachar de «antisemitismo»
cualquier intento de pedir cuentas a Israel o a su ejército genocida.
Las medidas desesperadas a las que están dispuestos a llegar los
gobiernos quedaron patentes este mes, cuando funcionarios británicos y
los medios de comunicación del establishment desataron una tormenta de indignación
después de que una banda punk en Glastonbury coreara «¡Muerte, muerte
al ejército israelí!», en referencia al ejército genocida de Israel.
Y a medida que el poder de la acusación de antisemitismo se ha
debilitado por su uso indebido, las capitales occidentales están
reescribiendo sus estatutos para calificar de «terrorismo» cualquier intento de poner palos en las ruedas de la economía genocida, por ejemplo, saboteando fábricas de armas.
La moralidad y el derecho internacional se están esparciendo al
viento para mantener la fuente de ingresos más importante de Occidente.
Todo sigue igual
La indispensabilidad de Israel para el sector empresarial y una clase
política occidental cautiva se extiende mucho más allá de la pequeña
Gaza. Israel está desempeñando un papel desmesurado como incubadora de
industrias bélicas en un campo de batalla global en el que Occidente
busca asegurar su continua primacía militar y económica sobre China.
El mes pasado, la élite empresarial mundial, compuesta por
multimillonarios del sector tecnológico y titanes corporativos, junto
con líderes políticos, editores de medios de comunicación y funcionarios
militares y de inteligencia, se reunió una vez más en la discreta cumbre de Bilderberg,
celebrada este año en Estocolmo.
[https://www.declassifieduk.org/wes-streeting-mixes-with-tech-billionaires-at-bilderberg-summit/
]
Destacaron los directores generales de los principales proveedores de
«defensa» y fabricantes de armas, como Palantir, Thales, Helsing,
Anduril y Saab.
La guerra con drones, utilizada de forma innovadora por clientes militares clave como Israel y Ucrania, ocupó un lugar destacado en la agenda.
La mayor integración de la inteligencia artificial en los drones parece
haber sido uno de los temas principales de los debates.
El trasfondo de este año, al igual que en los últimos años, fue la
supuesta amenaza creciente de China y el «eje autoritario» asociado que
lo integra, formado por Rusia, Irán y Corea del Norte. Esta amenaza se
percibe principalmente en términos económicos y tecnológicos.
En mayo, Eric Schmidt, exdirector de Google y miembro del consejo de Bilderberg, escribió con alarma
en el New York Times: «China está a la par o adelantando a Estados
Unidos en una variedad de tecnologías, especialmente en la frontera de
la IA».
Añadió que Occidente estaba en una carrera contra China por el
inminente desarrollo de una IA superinteligente, que daría al ganador
«las llaves para controlar el mundo entero».
Schmidt, al igual que otros habituales de Bilderberg, predice
que las necesidades energéticas de la superinteligencia artificial
provocarán guerras energéticas cada vez más intensas para que Occidente
mantenga su supremacía.
O, como resumía un informe de The Guardian sobre la conferencia sumó el estado de ánimo:
«En esta desesperada carrera en la que el ganador se lo lleva todo por
las llaves del mundo, en la que la «geopolítica de la energía» cobra
cada vez más importancia, las centrales eléctricas, junto con los
centros de datos a los que alimentan, se convertirán en los objetivos
militares número uno».
La matanza de Israel en Gaza se considera que ha desempeñado un papel fundamental en la apertura del «campo de batalla».
Las mismas empresas que se están beneficiando del genocidio de Gaza
se beneficiarán del entorno más permisivo, tanto legal como militar,
creado por Israel para futuras guerras, en las que los civiles
masacrados solo cuentan como «muertes accidentales».
Un artículo publicado en abril en la revista New Yorker expuso el reto
al que se enfrentan los planificadores militares estadounidenses, que
se consideran lastrados desde la década de 1980 por el auge de una
comunidad de derechos humanos que ha desarrollado una experiencia en el
derecho de la guerra independiente de las interpretaciones interesadas
del Pentágono.
El resultado, según lamentan los generales estadounidenses, ha sido
una «aversión general al riesgo de daños colaterales», es decir, a matar
civiles.
Los planificadores militares del Pentágono están deseosos de utilizar
la matanza de Gaza como precedente para su propia violencia genocida a
la hora de someter a futuros rivales económicos como China y Rusia, que
amenazan la doctrina oficial estadounidense de «dominio global en todos
los ámbitos».
The New Yorker expone este razonamiento: «Gaza no solo parece un
ensayo general del tipo de combate al que se pueden enfrentar los
soldados estadounidenses. Es una prueba de la tolerancia del público
estadounidense hacia los niveles de muerte y destrucción que conllevan
este tipo de guerras».
Según la revista, la violencia genocida desatada por Israel está
abriendo el «espacio de maniobra legal», el espacio necesario para
cometer crímenes contra la humanidad a la vista de todos.
De ahí proviene gran parte del impulso de las capitales occidentales
por normalizar el genocidio, presentarlo como algo habitual y demonizar a
sus oponentes.
Los fabricantes de armas y las empresas tecnológicas, cuyas arcas se
han llenado gracias al genocidio de Israel en Gaza, pueden obtener
riquezas mucho mayores con una guerra igualmente devastadora contra
China.
Sea cual sea el guion que nos vendan, no habrá nada moral ni
existencial en la batalla que se avecina. Como siempre, se tratará de
gente rica deseosa de hacerse aún más rica."
(Jonathan Cook , blog, 21/07/25, traducción DEEPL)
