El 'rescate' bancario: El PP "se equivocó" en el coste del rescate bancario. Afirmaron que era "fundamental y prioritario" apoyar a la banca y que en 15 años devolverían "el préstamo". Hasta 2025 hemos perdido 109.093 millones. Y esto no acaba aquí. El quebranto final llegará a los 140.000 millones... todo el sistema bancario, no sólo las Cajas de Ahorro, estaba en situación de insolvencia y requirió de ingentes recursos en ayudas públicas para evitar su caída... además, las ayudas explícitas al sector bancario han superado los 1,7 billones de euros (ayudas públicas en forma de inyecciones de capital, compra de activos, líneas de liquidez, garantías y costes varios)... casi el 51% de las ayudas públicas explícitas del período han ido a los bancos, el 45% a las cajas de ahorro y el 3% a las cooperativas de crédito. Sin este auxilio consistente en financiación concesional y garantías a precios "no de mercado", todo el sector habría colapsado (Carlos Sánchez Mato)

Carlos Sánchez Mato @carlossmato

El PP "se equivocó" en el coste del rescate bancario. Afirmaron que era "fundamental y prioritario" apoyar a la banca y que en 15 años devolverían "el préstamo". Hasta 2025 hemos perdido 109.093 millones. Y esto no acaba aquí. El quebranto final llegará a los 140.000 millones

Sigue en el imaginario colectivo eso de que "el rescate bancario nos costó 60.000 millones de euros". Esa cantidad, en sí misma una burrada, es 49.000 millones inferior al quebranto que ya hemos sufrido y 80.000 millones menos del coste final. Su propaganda triunfa.

Rajoy, De Guindos y todo el PP dijeron por activa y por pasiva que el rescate "para recapitalizar la banca española no tendría coste para los ciudadanos" Diréis que ha sido un error y que creían sinceramente lo que decían. Te mienten.

Sabemos que el gobierno del PP mentía porque lo acreditamos en 2012 cuando se evaluaron las necesidades de capital de la banca. Algunos afirmamos que harían falta al menos 100.000 millones de euros. Simplemente no estábamos a sueldo del sector financiero.

 https://matoeconomia.blogspot.com/2012/09/quien-se-cree-los-test-de-estres.html

El 88% del coste del rescate bancario que hasta 2025 ya hemos sufrido fue causado por cajas de ahorro y el 12% por los bancos. Ese es el motivo para culpabilizar a las primeras de lo ocurrido. Es sencillamente falso.

 Todo el sistema bancario estaba en situación de insolvencia y requirió de ingentes recursos en ayudas públicas para evitar su caída. Hasta el PP presumía en ese momento de evitar con el rescate y las ayudas que se desmoronara.

 Las ayudas públicas implícitas son esenciales para un sector bancario que depende estructuralmente de ellas. Perdón por la auto cita. Lo desarrollé en mi tesis doctoral estudian su papel realizando un estudio del caso español en el período 1980-2019

 https://produccioncientifica.ucm.es/documentos/6543f10075c34262c8ea6c41

 En la última gran crisis, las ayudas explícitas al sector bancario han superado los 1,7 billones de euros, casi el 8% del PIB del período 2008-2025. "Solo" el 6,3% se ha convertido en quebranto. Brutal.

 Casi el 51% de las ayudas públicas explícitas del período han ido a los bancos, el 45% a las cajas de ahorro y el 3% a las cooperativas de crédito. Sin este auxilio consistente en financiación concesional y garantías a precios "no de mercado", todo el sector habría colapsado.

 Ayudas públicas en forma de inyecciones de capital, compra de activos, líneas de liquidez, garantías y costes varios por valor de 1,7 billones. Esas son las que denominamos explícitas que no es el único soporte que recibe la banca. Un 6,3% se ha perdido. Es coste ya sufrido.

 La factura final del rescate bancario no está cerrada. Hasta 2025 el coste sufrido asciende a 109.093 millones de euros, pero la previsión hasta 2032 es que el quebranto se incremente en 30.000 millones más.

 Los gastos financieros del préstamo del MEDE y sobre todo la conversión en deuda pública de los créditos fiscales monetizables y la liquidación de Sareb, el banco malo, elevarán el coste final del rescate bancario a los 140.000 millones. Un "pequeño" error de cálculo el del PP.

Todas las fuentes utilizadas son oficiales. Pero no encontrarás una recopilación de todas esas cifras en una tabla resumen porque no interesa que sepamos el coste del rescate al sector bancario. (...)

  Después de apropiarse las ganancias de la burbuja, nos endosaron el coste de la quiebra. Nada hace pensar que el comportamiento en la próxima crisis vaya a ser diferente. Hasta que decidamos que lo que entre todos sostenemos, es decir, la banca, de todos debe ser.

 10:51 a. m. · 11 ago. 2026 ·34,3 mil Visualizaciones

El inspector Morocho tumba la estrategia de Rajoy y su cúpula al evidenciar que el Gobierno del PP espió a Bárcenas fuera de la ley... Morocho lo ha dicho claramente, la llamada operación Kitchen fue una operación al margen del control judicial, es decir, al margen de la ley, desmoronando así la tesis esgrimida por el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, cuando dijo: "Estoy convencido de que esa operación policial se adecuó a la legalidad"... Kitchen fue una trama "contra" el caso Gürtel y sus investigadores... Morocho ha referido que padeció "presiones" de la escala de mandos de la Policía para que no se denominara como "contabilidad b" o "contabilidad extracontable" lo que mostraban los papeles de Bárcenas, y para que no se citaran en el cuerpo de sus informes a dirigentes del PP. Se ha referido en concreto a Dolores de Cospedal, exsecretaria general del PP, y a la exministra Ana Mato. A la pregunta sobre si recibió presiones o indicaciones para que no incluyera a Mariano Rajoy [que aparecía como M. Rajoy], Morocho ha contestado que "era una persona singular y se individualizó expresamente que esa persona no saliera"... Entonces "alguien asumía el rol de decirme 'Esto no se toca'. Y ha especificado que en el caso de Rajoy fue el comisario general de Policía Judicial el que le dio la instrucción (Ana María Pascual)

 "Portando su clásico maletín, el inspector jefe Manuel Morocho ha llegado a la Audiencia Nacional este miércoles con ganas de hablar, aunque la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, le ha frenado en seco desde el principio. Primero le ha advertido, cuando el policía ha abierto su pórtatil, que intentara tirar de memoria para ser todo lo espontáneo que requiere una declaración testifical en un juicio oral; y después le ha instado a que contestara únicamente a la pregunta, sin dar más explicaciones, a lo que el testigo ha replicado que quería dar contexto.

Pero incluso sin todo el contexto que hubiera preferido Morocho y las acusaciones, ha quedado claro en la sesión de este miércoles que la llamada operación Kitchen fue una operación al margen del control judicial, es decir, al margen de la ley. Lo atestigua Morocho, que fue el inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que investigó el caso Gürtel y la pieza de los Papeles de Bárcenas; causas sobre las que los acusados querían intervenir a favor del PP, sustrayendo pruebas al extesorero Bárcenas sobre la contabilidad paralela del partido.

Morocho lo ha dicho claramente: la operación Kitchen fue "una operación policial sin autorización judicial", desmoronando así la tesis esgrimida por el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en el juicio hace unos días cuando afirmó que se produjo una operación policial y no política para "cogerle el dinero a Bárcenas" y buscar sus testaferros, es decir, que, según Rajoy, Kitchen fue un operativo policial para complementar la investigación en curso sobre Gürtel. 

"Estoy convencido de que esa operación policial se adecuó a la legalidad", dijo Rajoy en el juicio, mostrando la estrategia tanto propia como del resto de la que fue su cúpula en el Gobierno (2011-2018), para negar unos movimientos políticos en el seno del partido primero y después a través del Ministerio del Interior encaminados a robar a Bárcenas sus pruebas sobre el dinero negro que se repartía entre los dirigentes del PP.

Morocho ha desmentido a Rajoy. Ni su unidad pidió apoyo a ninguna otra dentro de la Policía ni fue consciente del desarrollo de una operación policial coetánea sobre Bárcenas mientras él y su equipo investigaban Gürtel y sus derivadas. Ni él lo supo ni tampoco el Juzgado central de instrucción 6 que investigaba aquel caso de corrupción. Kitchen fue una trama "contra" el caso Gürtel y sus investigadores, ha venido a decir Morocho.

Indicios de Morocho

El inspector Morocho ha explicado que intuía que sus superiores iban a desplegar alguna acción contra Bárcenas porque uno de ellos, el comisario Olivera, acusado en esta causa, le pidió el teléfono de Rosalía Iglesias, la esposa del extesorero, pero él no lo facilitó porque intuyó que lo iban a "utilizar para indagar técnicamente sobre el mismo", en el sentido de intervenirlo. 

Por eso cuando años después, en agosto de 2015, le saltó una alerta en la base de datos policial Gatti por coincidencia en la investigación de cuatro personas, entre ellas, Luis Bárcenas, Morocho ató cabos. "Para mí eso fue constatar una serie de indicios sobre una operación policial sin control judicial sobre Bárcenas". 

La operación Kitchen ya había acabado, en enero de 2015, y en mayo la trama quiso darle apareciencia de legalidad al operativo iniciado en 2013. Fue a través de un parte informativo introducido extemporánemante en la base policial Gatti. La información aportada allí "no era nada nuevo, todo conocido, salvo algunos datos que procedían de las vigilancias", ha matizado Morocho; vigilancias que la investigación oficial no precisaba, ha sostenido, como la que se realizó en Kitchen a Rosalia Iglesias o a su hijo Guillermo Bárcenas.

También imaginaba Morocho que podía ocurrir una operación de este tipo por toda la hostilidad y las presiones que había recibido para desvirtuar los apuntes contables de Bárcenas y despojar la investigación sobre Gürtel de los nombres de los cargos públicos y dirigentes del PP que se habían podido beneficiar de ese sistema opaco. 

Sacar a Rajoy y Cospedal

Ha referido que padeció "presiones" de la escala de mandos de la Policía para que no se denominara como "contabilidad b" o "contabilidad extracontable" lo que mostraban los papeles de Bárcenas, y para que no se citaran en el cuerpo de sus informes a dirigentes del PP. Se ha referido en concreto a Dolores de Cospedal, exsecretaria general del PP, y a la exministra Ana Mato. A la pregunta por parte de la letrada del PSOE sobre si recibió presiones o indicaciones para que no incluyera a Mariano Rajoy [que aparecía como M. Rajoy], Morocho ha contestado que "era una persona singular y se individualizó expresamente que esa persona no saliera". 

Morocho ha nombrado a sus superiores, que se reunían previamente para dilucidar qué puntos había que abordar después con él, según ha explicado. Entonces "alguien asumía el rol de decirme 'Esto no se toca'. Y ha especificado que en el caso de Rajoy fue el comisario general de Policía Judicial el que le dio la instrucción. Ha citado a algunos de aquellos superiores, como , el inspector jefe José Manuel Álvarez Luna; el jefe de la UDEF, Manuel Vázquez; el comisario general de Policia Judicial José García Losada; y el jefe de brigada, José Luis Gudiña. Vázquez declaró hace unos días y negó que Morocho hubiera recibido presiones; dijo que en todo caso sería "autopresión" por no hacer las cosas mal y le describió como una persona empecinada. 

Este miércoles se ha podido ver a un policía comprometido. Ha explicado que en junio de 2013 el comisario Olivera le citó para hacerle una oferta, darle un puesto en Lisboa, "económicamente bien retribuido". Le dijo que no. "Mi padre estaba enfermo y me dijo Olivera que podía venir los fines de semana, pero le dije que no, que tenía un compromiso con el magistrado, la instrucción, con el cuerpo de Policía y la sociedad, porque he prometido defender a la comunidad y cumplir los principios democráticos de corresponsabilizarme de la unidad de auxilio judicial en ese momento", ha manifestado en uno de los momentos más emocionantes de la sesión. 

Disparidad de medios

No solo otros destinos le ofrecieron a Morocho, también otras investigaciones para entorpecer la que realizó hasta 2021 en el caso Gürtel. Así ocurrió en 2015 cuando le trasladaron temporalmentecon a la Dirección Operativa Adjunta (DAO) y recibió el encargo de investigar al exministro socialista José Blanco. 

A preguntas de la acusación popular de Podemos, Morocho ha explicado que en el curso de aquella investigación aparecieron unos audios que no estaban transcritos y que vinculaban indiciariamente con Oriol Pujol, en lo que fue el llamado caso  ITV. Según ha relatado Morocho, en ese caso le pusieron "todos los recursos posibles" para que actuara con premura, en contraste al caso Gürtel, en el que sus informes sufrieron retrasos para llegar al juzgado, según ha contado, porque estuvieron dando vueltas "por lugares donde no tenían que estar, ni en la DAO ni en ninguna formación política", en clara alusión al Partido Popular." 

(Ana María Pascual , Público, 29/04/26)  

El inspector Morocho ratifica que recibió "instrucciones" para que Rajoy no saliera en su informe sobre la 'caja b' del PP... Confirma que el nombre de Dolores de Cospedal también fue excluido por indicaciones de sus jefes... El policía que investigó el 'caso Gürtel' y los 'papeles de Bárcenas' asegura que recibió "todo tipo de objecciones" de toda la escala de mandos para que no aparecieran "cargos públicos" en sus informes... La hostilidad hacia él llegó a un punto que cuando el DAO Eugenio Pino le presentó al comisario Enrique García Castaño, este le espetó: "Y tú qué haces aquí, si tenías que estar muerto"... ha asegurado que dio cuenta de estas presiones a los jueces que estuvieron al frente de la instrucción del caso Gürtel y que presentó una queja ante la Fiscalía Anticorrupción (Ana María Pascual)

 "El inspector Manuel Morocho, investigador del caso Gürtel y de los papeles de Bárcenas, copa la sesión de este miércoles del juicio por la operación Kitchen. Fue el responsable del informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica (UDEF) sobre el caso Gürtel y denunció presiones internas de sus superiores para hacer desaparecer los nombres de Mariano Rajoy, entre otros dirigentes del PP.

De 2013 a 2015, cuando se desarrolló la operación parapolicial contra el extesorero del PP Luis Bárcenas, Morocho estaba destinado desde 2007 al grupo de Blanqueo de la Comisaria General de Policia Judicial, investigando Gürtel, hasta 2021.

Ha comenzado el fiscal por las dos preguntas claves para determinar si los seguimientos a Bárcenas fueron legales, dentro de una operación policial de apoyo a la UDEF sobre Luis Bárcenas o fuera de la ley. Morocho ha manifestado claramente: "A la DAO no le solicitamos apoyo para la investigación de Gürtel". "¿Se le reportó algún tipo de información sobre Gürtel hasta el año 2015?", ha preguntado el fiscal. Morocho asegura que recibió una cesión de información a través de la plataforma Gatti, de inteligencia criminal, el 20 de agosto de 2015 [ha rectificado por primero dijo 2013] con una coincidencia de cuatro personas investigadas, "sin control judicial", "y cuando abro el archivo, aparece Luis Bárcenas y nombres de personas, domicilios, vehículos, sin contexto, y que eran conocidos casi todos los datos ya", ha explicado. 

Se trata del parte informativo que la trama de Kitchen introdujo en mayo de 2015 en la base de datos policial para dar apariencia de legalidad a los seguimientos al entorno de Bárcenas una vez que había concluido la operación Kitchen.

Los otros nombres que aparecían en esa nota firmada por uno de los acusados, Andrés Gómez Gordo, son Rosalía Iglesias, Beltrán Gutiérrez, Javier Sánchez Lázaro e Iván Velasco. "No aportaba nada nuevo, todo era conocido, salvo aquello que procedía de unas vigilancias. Eran personas que estaban en los autos, el magistrado Pablo Ruz había pedido comision rogatoria a Suiza. Para mí eso fue constatar una serie de indicios sobre una operación policial sobre Bárcenas". 

Respecto a Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas, Morocho ha indicado que no era necesario proceder a la vigilancia de su estudio dentro de la operación que él dirigió. Pero en la otra operación, la Kitchen, se realizaron esos seguimientos y en la nota que trataba de dar legitimidad a la vigilancia se citaba el estudio de restauración de muebles, donde Bárcenas guardaba documentación sobre la caja b del PP, pero atribuyéndole el número de calle 11, cuando el número correcto es el 32. "Porque la propia Rosalía lo dijo en el juzgado en junio de 2013", ha dicho el inspector, que ha achacado el error como algo intencionado.

"Todo tipo de objecciones"

En el turno de la letrada de la familia de Luis Bárcenas, Morocho se ha referido a las presiones que recibió en la investigación de la pieza Papeles de Bárcenas, sobre la caja b del PP y lo ha calificado como "una problemática por parte de toda la escala de mandos, no estaban de acuerdo con la inclusión de los nombres".

Y ha citado a algunos de esos superiores, "José Manuel Álvarez Luna, el señor Gudilla, Manuel Vázquez [el jefe de la UDEF], el señor Losada". Ha dicho que de ellos recibió "todo tipo de objecciones" para que no aparecieran cargos públicos". La letrada le ha preguntado si pudo presentar sus informes "sin injerencia", y Morocho ha respondido que "no".  

A Cospedal no se la pudo incluir

Y en el turno de la acusación del PSOE, la letrada le ha seguido preguntando por los informes y a quiénes se excluyó de ellos. "Todos los que salen como receptores de fondos en la contabilidad, incluido un apoderado en la cuenta, que no se pudo incluir". "¿Se refiere a la señora Cospedal?"; "Sí", ha contestado. Respecto al exmarido de Dolores de Cospedal, el empreario Ignacio López del Hierro, ha dicho Morocho que "me llamó Manuel Vázquez [jefe de la UDEF por entontes] y me dijo que había cometido un gran error, que aparecía en el documento y en los anexos, y que había que quitarlo directamente".

Morocho ha manifestado que él alegó que eso no podía hacerlo. "Le dije que si estaba en el listado yo no podía hacer una excepción". Más tarde otro de sus jefes le dijo que López del Hierro era amigo de Villarejo. La inclusión del nombre del entonces marido de Villarejo como donante del PP en la caja b del partido generó "un desasosiego en la escala de mandos".

Morocho ha ahondado sobre las presiones en relación al nombre que había que darle a la caja b. La "categorización del documento", en relación a la contabilidad b, fue un "problema" ha dicho Morocho, que la ha deficinido como una "caja extracontable".

El inspector ha ratificado que le dieron instrucciones para que Mariano Rajoy no saliera en su informe sobre la caja b pero no ha querido dar el nombre del superior que le dio la orden: "Había reuniones colectivas y una persona llevaba la voz, previamente ellos se habían reunido", ha explicado.

Apartarle del caso

El inspector ha ratificado que le ofrecieron un puesto en una embajada, "bien retribuido", para apartarle de la investigación del caso Gürtel. Incluso le daban a opción a elegir la embajada y veladamente le pidieron los informes de la pieza Papeles de Bárcenas previamente. Morocho ha manifestado que no lo aceptó y que nunca facilitó información fuera de los canales habituales. "Dije que no por mi compromiso con el magistrado, con la instrucción, con la sociedad", ha dicho.

Ha manifestado que en un momento dado el comisario Olivera, acusado en la causa, le pidió el teléfono de Rosalía Iglesias y él no lo facilitó porque intuyó que se iba a operar con él, "que lo van a utilizar para indagar técnicamente sobre el mismo", en el sentido de poder pincharlo. "Yo percibía que iba a haber una acción en el entorno de Bárcenas", ha añadido.

Los informes, parados, en la DAO y el PP

"Todos los informes se retrasaban, estaban semanas parados, y los informes estaban dando vueltas por lugares donde no tenía que estar, ni en la DAO ni en ninguna formación política", ha explicado Morocho, que se ha referido a que el juez le requeria con urgencia los informes y él no podía hacer nada. También se ha referido al momento previo de estar adscrito para dar auxilio a la Audiencia Nacional. "Antes tenía que estar constantemente dando explicaciones, pensaban que me estaban pasando los autos por detrás (...) Se me acusaba de dar titulares de forma recurrente a la prensa y de ser la bestia negra del PP".

La hostilidad hacia él llegó a un punto que cuando el DAO Eugenio Pino le presentó al comisario Enrique García Castaño, este le espetó: "Y tú qué haces aquí, si tenías que estar muerto". Hay que recordar que García Castaño fue exonerado de esta causa por motivos de enfermedad.

Entre las presiones recibidas, Morocho ha recordado que le  investigaron en la Unidad de Asuntos Internos por haber filtrado presuntamente información a la agencia de detectives Método 3. Aquella fue "investigación totalmente prospectiva", que "no llegó a nada", ha dicho.

"El objetivo final era quitarme de en medio" y entonces le propusieron irse a un curso a Estados Unidos dos meses, se lo ofrecieron en la DAO, era un curso singular del FBI. Al haber acabado los informes y con permiso del juez, Morocho indica que finalmente hizo el curso.

En 2015 Morocho fue trasladado a la DAO, hasta agosto de 2016, y considera que fue para entorpecer su labor al frente de la investigación de Gürtel. "Era conocido por todos que yo no quería ese traslado", ha manifestado.

El letrado del exministro Jorge Fernández Díaz ha intentado desvirtuar el relato de Morocho en relación a las presiones que recibió y le ha preguntado si dejó constancia por escrito de aquellas presiones, a lo que el testigo ha asegurado que dio cuenta de ella a los jueces que estuvieron al frente de la instrucción del caso Gürtel y que presentó una queja ante la Fiscalía Anticorrupción." 

(Ana María Pascual , Público, 29/04/26)  

M. Rajoy: todo falso (salvo alguna cosa)... entre gracieta y gracieta conviene no olvidar que, bajo la presidencia de Rajoy, todo un ministerio del Interior dedicó (presuntamente, de momento) recursos y esfuerzos a eliminar cualquier prueba que Luis Bárcenas pudiera emplear para salpicar a dirigentes del Partido Popular y del Ejecutivo, y Montoro se dedicaba (presuntamente, de momento) a legislar al dictado de empresas privadas a cambio de mordidas millonarias. Todo graciosísimo. Muy típico de gobiernos de repúblicas bananeras donde política y mafia se dan la mano... es más que evidente quién era el beneficiario de toda la Operación Kitchen: se llama Partido Popular y se apellida Rajoy, Cospedal, etcétera, etcétera. La pregunta es quién ordenó ponerla en marcha y la mantuvo, utilizando hasta setenta agentes de policía para espiar a Luis Bárcenas, extesorero del partido... en la misma sala del juicio, Bárcenas señaló directamente a Rajoy al contar cómo la trama hizo desaparecer un audio en el que se escuchaba al también presidente del PP meter en la trituradora la última página de la “contabilidad extracontable” (o sea, ilegal, en negro) en presencia del tesorero... todo esto no ayuda en absoluto a otorgar alguna credibilidad al teatro judicial emitido en directo... ¿Y lo de Montoro? Pasito a pasito, con mucha calma y gracias al esfuerzo muy personal de una fiscal rigurosa y un juez de provincias sin apenas recursos. Claro que debería decretarse una “prioridad nacional”: garantizar, de verdad, una justicia igual para todos (Jesús Maraña)

 "Rajoy, como en la canción de Sabina, lo niega todo, incluso la verdad. Lo cual no es ninguna sorpresa. Pero merece la pena explorar un poco lo que esconde esa natural desgana, esa retranca del personaje que al parecer produce cierta empatía aunque le sirva a la persona para esquivar responsabilidades gravísimas. Porque entre gracieta y gracieta conviene no olvidar que, bajo la presidencia de Rajoy, todo un ministerio del Interior dedicó (presuntamente, de momento) recursos y esfuerzos a eliminar cualquier prueba que Luis Bárcenas pudiera emplear para salpicar a dirigentes del Partido Popular y del Ejecutivo en las múltiples irregularidades ya sentenciadas por el Supremo en el caso Gürtel. Como tampoco olvidamos que en esos mismos años, y bajo la misma presidencia del Gobierno, en el ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro se dedicaban (presuntamente, de momento) a legislar al dictado de empresas privadas a cambio de mordidas millonarias. Todo graciosísimo. Muy típico de gobiernos de repúblicas bananeras donde política y mafia se dan la mano.

Lo que Mariano Rajoy hizo el jueves durante la media hora que pasó por la Audiencia Nacional fue defender a su amigo y subordinado durante muchos años Jorge Fernández Díaz y al número dos de este, su secretario de Estado en Interior, Francisco Martínez. Y, de paso, defenderse a sí mismo aunque formalmente nunca haya sido acusado. Por eso sostiene Rajoy que la Kitchen “no fue una operación política”, sino “una operación policial” cuyo objetivo fundamental era “coger el dinero del señor Bárcenas y averiguar quiénes eran sus testaferros”. Y, por supuesto, todo “se ajustó a la legalidad” (ver aquí). Y los elefantes vuelan y los caballitos ladran. A estas alturas es más que evidente quién era el beneficiario de toda la Operación Kitchen: se llama Partido Popular y se apellida Rajoy, Cospedal, etcétera, etcétera. La pregunta es quién ordenó ponerla en marcha y la mantuvo, utilizando hasta setenta agentes de policía para espiar a Luis Bárcenas, extesorero del partido. 

El pasado lunes, en la misma sala del juicio, Bárcenas señaló directamente a Rajoy al contar cómo la trama hizo desaparecer un audio en el que se escuchaba al también presidente del PP meter en la trituradora la última página de la “contabilidad extracontable” (o sea, ilegal, en negro) en presencia del tesorero que él mismo había nombrado (ver aquí). Rajoy asegura que eso es “absolutamente falso”. Y es la palabra de uno contra la del otro, puesto que ya se encargó precisamente la Kitchen de destruir cualquier prueba documental (o no, quién sabe si en las profundas alcantarillas de Villarejo existe alguna copia) que pudiera aclarar el enigma.

Pero lean: “Es claro que el origen de la Operación Kitchen ni estuvo relacionado ni afectaba al ministerio del Interior. Y es obvio que el señor Bárcenas era el tesorero del Partido Popular, no del ministerio del Interior y no dependía ni estaba vinculado con dicho ministerio”. Esto escribía, negro sobre blanco, la defensa del exministro Fernández Díaz en julio de 2021. Por entonces los principales acusados iban lanzando dardos para que en las alturas del PP tuvieran claro que no se iban a “comer el marrón” de unos cuantos años de cárcel por unas prácticas mafiosas cuyo único interés era de partido, no policial. De hecho, no se conoce que durante todo ese periodo la trama llevara ninguna de sus pesquisas o acciones a la autoridad judicial correspondiente. 

Y además, a Rajoy le traiciona la cronología. El mensaje de “Luis, sé fuerte” lo envía el 18 de enero de 2013, dos días después de conocerse que Luis Bárcenas oculta una fortuna millonaria en Suiza. Dice ahora que la Kitchen, que se puso en marcha en verano del mismo año, perseguía la recuperación del dinero de Bárcenas, cosa que, a la luz de ese mensaje enviado, tenía sin dormir a Rajoy, más ocupado por esas fechas en recortar servicios públicos y subir impuestos.

Por último, sostiene Rajoy –también en su día responsable de Interior–, que ni los ministros ni los secretarios de Estado ni, por supuesto, los presidentes “están en las operaciones policiales” ni en “los fondos reservados”. Ahora va a resultar que Rajoy defiende la inocencia de José Barrionuevo y Rafael Vera, condenados por el Supremo en los años noventa por una operación parapolicial ilegal realizada con dinero público.

La amnesia selectiva de Rajoy, casi tan aguda como la de María Dolores de Cospedal, y las clamorosas mentiras de ambos fueron celebradas por las defensas de Fernández Díaz y Francisco Martínez con unas pocas preguntas cómplices. Y, si cabe aún más llamativo, el silencio de la fiscalía y de la abogacía del Estado. Siempre hay una explicación técnico-jurídica o procesal que lo justifica todo. Y en este caso todo está condicionado, como ya hemos advertido alguna otra vez, por la instrucción del juez Manuel García-Castellón, que se esforzó muchísimo en delimitar toda la investigación de la Kitchen al ministerio del Interior, evitando explorar a fondo la vertiente política que conducía a las alturas del PP y del Gobierno. Incluso se han dejado fuera de este juicio de la Kitchen audios que todos hemos escuchado y que ponen en evidencia la declaración que este mismo jueves hizo Cospedal. “Yo a Villarejo le hacía preguntas, no encargos”, aseveró tan pancha, y añadió además que nunca había hablado por teléfono, “ni fijo ni móvil”, con el comisario, como si no hubiera escuchado media España su voz indicándole que lo de “la libretita” donde Bárcenas apuntaba sus pagos “sería mejor lograrlo parar”. Pero resulta que Cospedal puede mentir sin consecuencias, precisamente por su estatus peculiar de testigo que fue imputada con un archivo provisional de la causa (ver aquí).

Por mucho que la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, justifique su actitud en los interrogatorios de estos días como consecuencia de que sólo cabe en este juicio lo que figura en los escritos de acusación, se agradecería un mínimo esfuerzo por lo que debería ser el objetivo prioritario de una causa judicial: conocer los hechos presuntamente delictivos, identificar a sus responsables y, por último, castigarlos si se demuestra su culpabilidad. Ni la retranca de Rajoy ni el sonriente cuajo de Cospedal, tan cómodos ambos con la permanente asistencia de Palacios cortando todo intento de evidenciar que es imposible juzgar la Kitchen sin conectarla con la Gürtel, ayudan en absoluto a otorgar alguna credibilidad al teatro judicial emitido en directo. Y respecto al fiscal y la abogacía del Estado, resulta asombrosa su renuncia a poner en aprieto alguno a Rajoy o a Cospedal mientras hay que leer tropecientas columnas en la prensa diestra denunciando la permanente “injerencia” del Gobierno en la acción de la justicia. A la vista está la eficacia de las “presiones” del malévolo Bolaños: Begoña Gómez, camino del banquillo con una petición de cárcel que casi dobla a la de Fernández Díaz; el hermano de Sánchez, también pendiente de juicio oral; el ex fiscal general, condenado sin prueba alguna; la Kitchen, juzgándose como si hubiera sido una ocurrencia de Villarejo y de otro policía cuya salud mental le impide declarar; y Ábalos y Koldo al borde de la trena (sobran los motivos) mientras el ínclito Aldama se pasea tan campante y el novio de Ayuso sigue comprando áticos en Chamberí. ¿Lo de Montoro? Pasito a pasito, con mucha calma y gracias al esfuerzo muy personal de una fiscal rigurosa y un juez de provincias sin apenas recursos.

Claro que debería decretarse una “prioridad nacional”: garantizar, de verdad, una justicia igual para todos."

( Jesús Maraña , InfoLibre, 25/04/26)

Bárcenas recuerda a todos quién es el auténtico Mariano Rajoy... Bárcenas recordó la escena de la que ya habló en 2021 y que es uno de los momentos estelares de la historia del PP... El día de 2009 en que Rajoy se llevó un susto de muerte al ver un documento con las cifras de la caja B que conservaba el tesorero del partido. En su despacho, Bárcenas le presenta “la contabilidad extracontable” con un saldo... “Cómo es posible que tengáis esos papeles”, dice que comentó el expresidente... “Le entrego la última hoja de esos movimientos donde figura el saldo. Él se da la vuelta en el sillón, eso se oye en la grabación, y lo introduce en el destructor de papeles. El papel, que era una fotocopia, queda destruido”... Bárcenas asegura que grabó esa conversación, al igual que otra con Arenas. Forma parte del material que preocupaba al PP... Al salir de la cárcel, Bárcenas no los encontró. Se los habían robado, según su testimonio... El jueves está previsto que Rajoy declare en el juicio como testigo. Seguro que lo niega todo. Siempre lo ha negado todo... Bárcenas confirmó la tesis de la Fiscalía al identificar varios documentos y datos personales suyos que se encontraron en casa del comisario Villarejo. Todos ellos presuntamente entregados por el chófer Sergio Ríos, ahora en el banquillo, y al que contrató el policía a cambio de dinero sacado de los fondos reservados, como sostiene la acusación. Ese era el objetivo de la trama. Evitar que Bárcenas pudiera hacer daño al PP haciendo público ese material... Es la razón por la que hoy no podemos escuchar a Rajoy meter la copia del saldo de la caja B del partido en una máquina para destruir documentos. La justicia es igual para todos, excepto para los que pueden reclutar a comisarios para que les hagan de detectives privados

 "Bárcenas confirma en el juicio de Kitchen que grabó el audio de la reunión con Rajoy en la que le mostró un documento con el saldo de la caja B –y que el líder del PP destruyó de inmediato, según ese relato–, pero que los miembros de la trama se ocuparon de eliminar

Villarejo, en un audio de 2015: “¡El chófer es mío! Si Bárcenas escapa, le ponemos a dar vueltas por la Cibeles hasta trincarlo”

Luis Bárcenas tiene ahora todo el pelo blanco, pero no ha perdido seguridad en sí mismo. Quizá no suene tan arrogante como en el pasado, pero habla de forma enérgica y sin generar dudas. Solo en un momento se deja llevar por un carácter que nunca debió de ser fácil y comenta que cierta pregunta o sugerencia de un abogado viene a ser una estupidez. Pide disculpas rápidamente al ver que la presidenta del tribunal se ha quedado un poco anonadada por el atrevimiento. Tiene muy claro que va a contar en un juicio lo que Mariano Rajoy le pidió que se guardara para sí.

El extesorero del Partido Popular fue la principal víctima de la Operación Kitchen, la red de espionaje policial fuera de cualquier control judicial que se montó en el Ministerio de Interior. El objetivo era impedir que las pruebas en poder de Bárcenas llegaran a manos de la justicia y de los medios de comunicación. Al poco de comenzar a declarar el lunes, estableció una distinción interesante. “Esta operación tiene un comienzo por los responsables del partido y después, si se prueba aquí, un traslado al Ministerio del Interior”. Él tenía que saberlo bien. Sus interlocutores desde el principio eran dirigentes del PP o abogados vinculados al partido. Uno de ellos era Rajoy (“Luis, sé fuerte”).

El juez García Castellón se ocupó de que no se llegara a ninguna parte por esa vía de investigación. Rajoy, Cospedal o Javier Arenas nunca tuvieron que sudar demasiado. La responsabilidad quedó circunscrita al Ministerio de Interior, lo que no es una minucia, estando en el banquillo un ministro y un secretario de Estado del Gobierno de Rajoy y varios miembros de la cúpula policial.

Bárcenas recordó la escena de la que ya habló en 2021 y que es uno de los momentos estelares de la historia del PP. El día de 2009 en que Rajoy se llevó un susto de muerte al ver un documento con las cifras de la caja B que conservaba el tesorero del partido. En su despacho, Bárcenas le presenta “la contabilidad extracontable” –una forma elegante de llamar al dinero negro– con un saldo. “Cómo es posible que tengáis esos papeles”, dice que comentó el expresidente.

“Le entrego la última hoja de esos movimientos donde figura el saldo. Él se da la vuelta en el sillón, eso se oye en la grabación, y lo introduce en el destructor de papeles. El papel, que era una fotocopia, queda destruido”, explicó Bárcenas en la sala. No se sabe si Rajoy pensaba que estaba eliminando un documento original, pero su reacción fue inmediata, según la declaración del extesorero. Ese papel no debía salir de su despacho.

Bárcenas asegura que grabó esa conversación, al igual que otra con Arenas. Forma parte del material que preocupaba al PP. Contrató a un preso que decía saber de informática para que borrara ese y otros documentos en una salida de la prisión. Finalmente, no pudo hacerlo, pero alguien se ocupó del borrado. Al salir de la cárcel, Bárcenas no los encontró. Se los habían robado, según su testimonio.

El jueves está previsto que Rajoy declare en el juicio como testigo. Seguro que lo niega todo. Siempre lo ha negado todo, hasta lo que era imposible de negar. “Es metafísicamente imposible que haya podido destruir los papeles de Bárcenas”, dijo cuando declaró como testigo en el juicio de la caja B del PP. Veremos hasta dónde llegan los conocimientos de metafísica en el tribunal.

Los políticos pueden llegar a tener graves problemas de percepción de la realidad. Lo de Rajoy supera la media. Un abogado de las acusaciones le preguntó en ese juicio quién tomó la decisión de reformar toda la sede del PP en la calle Génova, una obra que supuso las lógicas molestias a los ocupantes del edificio. “No lo sé. Lo que sí puedo decirles es que yo no he sido”, respondió. Resulta que alguien decidió rehabilitar la sede entera con un coste superior al millón de euros, pero el pobre Mariano no dio ninguna orden. A fin de cuentas, él sólo era el presidente del partido.

Inicialmente, los dirigentes del PP prometieron a Bárcenas que harían lo posible para protegerle de las investigaciones judiciales. Pidió una “interlocución” directa con el ministro de Interior y el de Justicia. “Me indica (Rajoy) que con Jorge (Fernández Díaz) no hay ningún problema. 'Es amigo mío y te atenderá'”, le dijo el líder. Con Ruiz Gallardón, titular de Justicia, no se comprometió a nada. Al final, habló con el ministro de Interior, pero este se escaqueó y le pusieron otro interlocutor.

En ese momento, la sintonía entre el extesorero y la dirección del partido era completa. Es lo que le llevó a pedir a un preso que borrara los audios y otras pruebas. Por eso, se enfureció cuando El Mundo sacó la noticia que decía que él “había grabado a todo el partido” y que incluso había acudido a 'la tienda del espía' para hacer acopio de material de espionaje. Era falso y eso le podía meter en problemas con dirigentes del PP con los que aún quería estar a buenas.

Tiempo después, descubrió que le habían engañado o que las promesas eran imposibles de cumplir. “No se cumplen las expectativas que yo estaba teniendo”, fue como lo describió Bárcenas. Vio que estaba solo cuando ni siquiera pudieron impedir que su mujer entrara en prisión.

Bárcenas confirmó la tesis de la Fiscalía al identificar varios documentos y datos personales suyos que se encontraron en casa del comisario Villarejo. Todos ellos presuntamente entregados por el chófer Sergio Ríos, ahora en el banquillo, y al que contrató el policía a cambio de dinero sacado de los fondos reservados, como sostiene la acusación. Ese era el objetivo de la trama. Evitar que Bárcenas pudiera hacer daño al PP haciendo público ese material.

Es la razón por la que hoy no podemos escuchar a Rajoy meter la copia del saldo de la caja B del partido en una máquina para destruir documentos. La justicia es igual para todos, excepto para los que pueden reclutar a comisarios para que les hagan de detectives privados y no precisamente de los que descubren al autor del crimen en el desenlace." 

( Iñigo Sáenz de Ugarte, el.diario.es, 20/04/26) 

El inspector que investigó 'Kitchen' identifica a Mariano Rajoy con los apodos de ‘el Asturiano’ y ‘el Barbas’... El inspector Fraga ha explicado que en un informe plasmó que el Asturiano tuvo conocimiento de la operación, pero el juez instructor, Manuel García Castellón, cerró esa línea de investigación (Público)... Despiporre después de que el inspector principal de 'Kitchen' identifique a Rajoy como 'el Asturiano': "Ya solo faltaría averiguar quién es el misterioso M. Rajoy" (Tremending)

 "El inspector jefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional que instruyó la pieza Kitchen, Gonzalo Fraga, ha explicado este lunes las evidencias en el sumario que conducen a la conclusión de que el Barbas y el Asturiano es Mariano Rajoy, a preguntas del fiscal.  

Con estos motes aparece reflejado en audios y documentación aportada al juicio Rajoy, presidente del Gobierno al tiempo que se desarrolló la operación Kitchen. El inspector Fraga ha explicado que en un informe plasmó que el Asturiano tuvo conocimiento de la operación, pero el juez instructor, Manuel García Castellón, cerró esa línea de investigación.

El policía ha explicado que el juez le pidió que identificara a un tal "asturiano" que aparecía en muchas conversaciones grabadas por el comisario Villarejo. Y así lo hizo. Ha explicado que en un audio intervenido entre Villarejo y el abogado Javier Iglesias, cercano al PP, en el que se refieren al Barbas, el comisario le pide que le haga llegar su descontento con la situación, en el sentido de que no se habían cumplido sus expectativas sobre todos los trabajos que hacía para la órbita del Gobierno del PP. Posteriormente, Iglesias le comunicó que en efecto le había trasmitido su mensaje a Rajoy.

Ya en 2020 en otro audio de Villarejo con Ana Rosa Quintana, este le dice que "va a tirar hacia arriba" y le explica claramente a la presentadora que el Asturiano es Rajoy, ha explicado el policía."                 (Ana María Pascual , Público, 13/04/26) 

 

( Despiporre después de que el inspector principal de 'Kitchen' identifique a Rajoy como 'el Asturiano': "Ya solo faltaría averiguar quién es el misterioso M. Rajoy".

 Hoy, en noticias que no sorprenden a nadie: el inspector principal que investigó 'Kitchen' ha identificado a Mariano Rajoy con los apodos de el Asturiano y el Barbas.

El juicio sobre el espionaje a Bárcenas continúa y este lunes ha declarado el inspector jefe Gonzalo Fraga. Este ha explicado cómo concluyó que, bajo esos apodos, los acusados se referían al entonces presidente del Gobierno, que estuvo al tanto de la operación, según el policía. 

El agente ha detallado que llegaron a esa conclusión a través de diversos documentos y audios. "No ofrece dudas", ha remarcado.

 La declaración ha recordado en redes a otro de los motes, el famoso M. Rajoy. El enigma del siglo que ha hecho correr ríos de tuits en los últimos años.

 Mario @PiedrafitaMario

Solo nos faltaría que averigüen de una vez quién es el misterioso M. Rajoy.

Europa Press @europapress

El responsable de la investigación policial de la 'Operación Kitchen' ratifica que la trama se refería a Rajoy como "El Asturiano" o "El Barbas": "La persona a la que denominan 'El Asturiano' es Mariano Rajoy"

De europapress.es

 12:02 p. m. · 13 abr. 2026 ·55,6 mil Visualizaciones

12:51 p. m. · 13 abr. 2026 ·4.768 Visualizaciones

(Tremending, 13/04/26) 

Ernesto Ekaizer: El exdespacho de Montoro era “decisivo” para lograr las reformas favorables a las empresas gasístas... era el contacto con las `autoridades implicadas´ el factor decisivo para la obtención del beneficio fiscal investigado”... La patronal gasística no veía la luz del túnel en sus intentos para sacar adelante esas reformas hasta que supo que el canal para lograrlas era, ¡eureka!, Equipo Económico de Montoro. Los miembros de esta consultora, en contacto con el equipo de Hacienda que trabajaba con Montoro, diseñó las reformas. Montoro las propuso en el Consejo de Ministros. Y Mariano Rajoy les dio el visto bueno... Equipo Económico ingresó 35,5 millones por sus gestiones y capacidad de entrada en el Ministerio de Hacienda de Montoro para satisfacer la necesidad legislativa de distintos lobbies o clientes

 “Según se deduciría de los correos y documentos, en ambas reformas legales [a favor de los intereses de las empresas gasísticas quedaría definido el reparto de roles, así como el desempeño real por el que sería retribuido EQUIPO ECONÓMICO, esto es, indiciariamente la mera presentación del resultado a las `autoridades implicadas´”.

“En coherencia con ello cabe llamar la atención sobre el hecho relativo a que las gasísticas, disponiendo de equipos de expertos y profesionales (que asisten a las reuniones con EQUIPO ECONÓMICO y con el MINISTERIO), son las que materialmente desarrollan los trabajos y estudios, elaboran/perfilan los datos e informes sobre las reformas legislativas. Ello en sí mismo pudiera hacer innecesario contratar al despacho investigado para una misma labor para la que las gasísticas que tienen medios más que suficientes (y que emplearon sin éxito su propia estructura de expertos fiscalistas para sus previos intentos fallidos de obtener las reformas legales)”.

“Por tanto, el despacho investigado jugaría un rol distinto que no requiere de tal despliegue de medios ni de ese valor añadido, esto es, presuntamente sería el contacto con las `autoridades implicadas´ como factor decisivo para la obtención del beneficio fiscal investigado”.

Informe de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada (Fiscalía Anticorrupción), 23 de enero 2026.

El juez Rubén Rus, titular del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona recibió el 19 de febrero de 2025 un informe de la Unidad Central Operativa (UCO). Dicho informe analizó 400 productos financieros relacionados con miembros de la consultora Equipo Económico fundada por Cristóbal Montoro, despacho que abandonó en 2008 y pasó, tres años más tarde, a finales de 2011, a ser ministro de Hacienda del gobierno de Mariano Rajoy.

La UCO cifró en ese informe que la citada consultora había cobrado 673.500 euros por trabajos para conseguir reformas legislativas que solicitaba el sector gasísta español.

“La trazabilidad realizada no muestra una operativa diferenciada o destacable en relación con los fondos ingresados por las sociedades gasistas en comparación con otros abonos efectuados por distintas empresas. Gran parte de estas entradas tienen como destinos los socios de EE/GA [Equipo Económico] a través de transferencias directas…[que] fueron utilizados para cubrir pagos/gastos operativos y/o habituales, impuestos, gastos personales, sin que se haya identificado una derivación de estos fondos, todo ello con los datos analizados y expresados en el presente informe”, señala la UCO.

Este informe llegaba, en febrero de 2025, en un momento relevante de la acción del juez Rus, instructor de la causa desde 2018.

Todavía bajo el secreto de las actuaciones, el juez debía resolver sobre el levantamiento del secreto y la imputación a Montoro y a otras 27 personas.

El 12 de junio de 2025, el juez instructor dio orden de entregar el informe de la UCO y todas las cuentas bancarias examinadas por dicho cuerpo de policía judicial a los inspectores fiscales de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, es decir, la Fiscalía Anticorrupción.

Un mes más tarde, a mediados de julio de 2025 ¡bum!, Rus levantó el secreto sumarial y dio traslado a las partes de gran parte del material.

Montoro y otras 27 personas, socios y ex socios de Equipo Económico, y clientes, eran imputadas por presuntos delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

Cristóbal Montoro, por tanto, y nueve miembros del plantel de altos cargos del Ministerio de Hacienda, figuran entre los imputados.

Ahora, ocho meses después de que el juez instructor solicitara a los inspectores de Hacienda adscritos a la Fiscalía Anticorrupción examinar aquello que a su turno había analizado la UCO, ha llegado el informe con fecha 23 de enero pasado.

Un informe que los inspectores definen todavía como preliminar habida cuenta de que no han tenido acceso a todas las cuentas bancarias que, en principio, debían estudiar (no han tenido acceso a las de dos fundadores del despacho de consultoría, como es el caso de Montoro y del exministro Luis de Guindos).

Los inspectores solicitan ahora al juez que intervenga para que se aporten esas cuentas.

Según el nuevo informe, la cantidad que habría pagado el sector gasísta para obtener dos reformas legislativas que favorecieron fiscalmente a dichas empresas ha ascendido a una cantidad superior a la que se había barajado.

Ya no son ni los 673.500 euros que señalaba la UCO en febrero de 2025, ni los 771.000 euros apuntados en el auto del juez Rus de mediados de julio de 2025.

Ahora son, entre 2011 y 2020, 991.613,76 euros.

La cantidad refleja los pagos por dos trajes a medida: dos reformas fiscales legislativas.

La patronal gasística no veía la luz del túnel en sus intentos para sacar adelante esas reformas hasta saber que el canal para lograrlas era, ¡eureka!, Equipo Económico.

Los miembros de esta consultora, en contacto con el equipo de Hacienda que trabajaba con Montoro, diseñó las reformas.

Montoro las propuso en el Consejo de Ministros.

Y Mariano Rajoy les dio el visto bueno.

Es curioso que el mismo material examinado no haya llamado la atención de la UCO en febrero de 2025, ahora, según el informe del pasado 23 de enero, despierta sospechas fundadas de la unidad tributaria en la Fiscalía Anticorrupción.

Según advierten, había un patrón de funcionamiento de los socios y exsocios de Equipo Económico, quienes se habrían servido de esos “fondos con trazas contaminadas” con una periodicidad mensual, “lo que presuntamente pudiera asemejarse más a una velada distribución de beneficios, no vinculada a su porcentaje societario, que a una eventual remuneración por una prestación efectiva”.

Aun así, y pese a "las limitaciones expuestas" [faltan las cuentas bancarias de Montoro] y "a expensas de que dicha información, en su caso, pueda ser ampliada” loe inspectores han localizado siete transferencias en las que Montoro "consta como destinatario en el concepto bancario" por valor de 137.358,16 euros.

Y también existen pagos a la mujer del exministro que se hicieron cuando ya no estaba vinculado al despacho por un total de 9.450,69 euros.

La unidad solicita, asimismo, el envío de comisiones rogatorias-petición de auxilio judicial-Alemania y a Luxemburgo para seguir la ruta del dinero transferido.

El informe desmonta uno de los puntos del argumentario que el PP ha distribuido en los medios de comunicación según el cual sería la ausencia de una legislación para regular la actividad de lobby -grupos de presión que representan intereses privados que intentan hacer prosperar sus intereses en el Congreso y en el Gobierno- lo que explicaría la actividad de Equipo Económico durante el gobierno de Rajoy con Montoro en Hacienda.

Según el informe, Equipo Económico ingresó 35,5 millones por sus gestiones y capacidad de entrada en el Ministerio de Hacienda de Montoro para satisfacer la necesidad legislativa de distintos lobbies o clientes.

“Por tanto, el despacho investigado jugaría un rol distinto que no requiere de tal despliegue de medios ni de ese valor añadido, esto es, presuntamente sería el contacto con las `autoridades implicadas´ como factor decisivo para la obtención del beneficio fiscal investigado”, señala el informe (página 167).

Ahora, el juez Rus tiene que afirmar, frente a las múltiples personaciones y recursos de reforma, su competencia para investigar la causa y citar a declarar a Montoro y los otros veintisiete imputados." 

(Ernesto Ekaizer , blog, 15/02/26)  

En el siniestro del metro de Valencia, en julio de 2006, en el que murieron 43 personas y 47 resultaron heridas, la Generalitat que presidía Francisco Camps ordenó el silencio administrativo mediático. Lo que entonces se llamaba Canal Nou ni cambió la programación ese día, y ninguneó a la Asociación de Víctimas durante años... “La culpa fue del barco” dijo Ana Botella, sobre la marea negra del Prestige... Cuando el del Alvia de Angrois, con 80 víctimas, Rajoy no hizo ninguna comparecencia, ni en plasma... el entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, los expulsó manu militari de los actos oficiales de homenaje... En comparación con los antecedentes, la gestión de Óscar Puente parece decente. Ha ofrecido la información que tenía (o al menos la que decía tener), no ha especulado con hipótesis posibles o no, y no ha echado mano del comodín de la fatalidad o de que los designios divinos son inescrutables. Las causas de la tragedia de Adamuz se conocerán después de una investigación compleja (Xosé Manuel Pereiro)

 "La mañana del 24 de julio de 2013, A.C. esperaba en la estación de Santiago de Compostela a una compañera de trabajo, y sin embargo muy amiga. Tanto que venía a pasar unos días en su casa. A ella, como al resto de los allí presentes, en vez del tren les llegó un estruendo no muy lejano. Venía de Angrois, la aldea por la que pasa la vía tres kilómetros antes de la parada. A.C. y yo, nos vimos, horas después, en el edificio donde habían sido convocados los familiares de los viajeros que habían llegado allí después de una búsqueda en vano por los hospitales. A.C. estaba destrozada y yo creo que nunca en mi vida profesional estuve rodeado de tanta angustia y tanto dolor. A cada nombre proferido en voz alta (el de un cadáver que había sido identificado), una o varias de las numerosas personas que estaban en vilo, oscilando entre la resignación y unos últimos restos de esperanza, prorrumpían en sollozos convulsivos. Uno de aquellos nombres, de las 80 personas muertas, era el de la compañera de A.C.

Cuando se conoció lo de Adamuz, la madre de la fallecida llamó a mi amiga A.C. “Lo he vuelto a revivir todo”. Mi amiga también, aunque han pasado más de una docena de años. Pero no sólo eso. Mientras todavía recontaban los muertos del AVE en Córdoba, se dio a conocer la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña que absolvía al único responsable de la seguridad ferroviaria que estaba encausado y centraba toda la responsabilidad en el maquinista. (Yo coincidí con él, con el maquinista, pocos meses después del accidente en casa de un amigo común, y puedo asegurar que las únicas consecuencias de lo que había pasado que le daban lo mismo eran las judiciales). La justicia se supone que es ciega, pero lo que está claro es que quienes la gestionan carecen de la más mínima empatía y del más elemental don de la oportunidad. Lo de dar a conocer la sentencia del fiscal García Ortiz en el 50 aniversario de la muerte de Franco podría ser una humorada. Exonerar (con todos los fundamentos de derecho que quieran y que no cuestiono) a quienes no implementaron las medidas de seguridad que habrían podido evitar la muerte de 80 personas, en la estela de otras 46 en circunstancias similares revela, en el mejor de los casos, que su reino no es de este mundo. Para los supervivientes del Alvia fue ahondar en la herida recién abierta.

Para los supervivientes del Alvia, la publicación de la sentencia poco después del accidente de Adamuz ahondó en la herida

“Al principio de las catástrofes, y cuando han terminado, se hace siempre algo de retórica. En el primer caso, aún no se ha perdido la costumbre; en el segundo, se ha recuperado. Es en el mismo momento de la desgracia cuando uno se acostumbra a la verdad”, se suele echar mano en estas circunstancias de esta frase de Albert Camus, que en realidad no está acreditado que la dijese o la escribiese nunca. Tampoco tiene demasiada importancia porque no acabo de entenderla. Supongo que quiere significar que se habla mucho, antes y después, pero que la verdad es la pérdida en el momento en que se produce. Sí es cierto que hay retórica –antes, después y durante las catástrofes– pero el dolor de la desgracia permanece. Y, de vez en cuando rebrota.

En esa retórica de los primeros momentos a la que alude el Camus apócrifo, los manuales de comunicación institucional aseguran que las declaraciones públicas –además de los habituales mensajes de condolencia– conforman el modo en que la sociedad va a interpretar ese hecho, y reforzarán o corregirán el arquetipo mental que cada persona se ha construido en base a experiencias anteriores o a creencias. El error más común, dicen, es pretender pasar página lo antes posible, echando la culpa al azar, al elemento humano, a la providencia o al rival político que corresponda. Es decir, cerrando la crisis en falso, sin que lo sucedido ayude a tomar medidas para que no se repita.

En el siniestro del metro de Valencia, en julio de 2006, en el que murieron 43 personas y 47 resultaron heridas, la Generalitat que presidía Francisco Camps (que ahora, tal y como está el listón, se postula para presidirla de nuevo) ordenó el silencio administrativo mediático. Lo que entonces se llamaba Canal Nou ni cambió la programación ese día, y ninguneó a la Asociación de Víctimas durante años (cuando la Generalitat cerró la cadena, los trabajadores hicieron entrar por una ventana a la presidenta para entrevistarla y pedirle públicamente perdón). Y la mayoría de los medios ignoraron igualmente sus movilizaciones.

Cuando lo del Alvia, el presidente en ejercicio, Mariano Rajoy, no hizo ningún tipo de comparecencia, ni siquiera en plasma. Un periódico madrileño, buceando en el Facebook del maquinista, publicó con alarde un post de cuando hacía sus prácticas con el AVE en el que se enorgullecía de la velocidad a la que iba (como si no fuese precisamente eso para lo que se estaba preparando, lo que le exigirían después y lo que la empresa ofrecía a los clientes).

Cuando se pasa página en falso, en esos momentos de desgracia, lo que aflora para no agostarse no es la verdad, sino su búsqueda. Los afectados por el accidente de Angrois y los familiares de los fallecidos recorrieron un largo camino para encontrarla. No se conformaron con la inculpación del maquinista ni con el informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (que no es un organismo independiente, sino que está adscrito al Ministerio de Fomento). Pelearon entrevistas con políticos de distinto signo. Unos les ayudaron, como la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, que llevó el asunto y a los afectados a Bruselas y forzó una resolución de la Agencia Ferroviaria Europea, que criticó la investigación española; o el diputado socialista Odón Elorza, que se enfrentó a la posición oficial del partido e intentó, en un primer momento, que el PSOE apoyase la creación de una comisión de investigación en el Congreso. En cambio, el entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, los expulsó manu militari de los actos oficiales de homenaje.

También lograron entrevistarse con los responsables últimos de los ministerios implicados (por orden cronológico de responsabilidades, el socialista José Blanco y a la popular Ana Pastor), que les dieron condolencias, pero no respuestas. Los dos fueron convocados a la comisión de investigación en el Congreso, que también lograron arrancar, pero que murió con el fin de la legislatura. Consiguieron testimonios de trabajadores de Adif y Renfe que escogieron decir la verdad a riesgo de perder su puesto de trabajo. Comprobaron, como se sospechaba, que las prisas por las inauguraciones y los resultados primaron sobre la seguridad del servicio. Todo ello para que, casi trece años después, quedase certificado en papel de oficio que la culpa fue exclusivamente de un maquinista que se despistó.

Lo mismo les aconteció a las víctimas del metro de Valencia. La culpa se la llevó en solitario, según la primera sentencia, el maquinista (uno de los fallecidos) por exceso de velocidad. A pesar de que, como en el caso del Alvia, había denuncias por escrito de la peligrosidad de ese punto (e incluso un descarrilamiento tres años antes). Sólo la lucha de los afectados consiguió que ocho años después se reabriese el caso, que supuso que fuesen inculpados ocho cargos de Ferrocarriles de la Generalitat de Valencia, de los que finalmente –mediante un acuerdo que redujo la pena a 22 meses– cuatro fueron condenados por 43 delitos de homicidio por imprudencia profesional grave, otros 37 delitos por lesiones y otro de omisión o cooperación necesaria contra el derecho de los trabajadores.

En comparación con los antecedentes (sin retrotraernos al franquismo, cuando las víctimas de los siniestros los contabilizaba el ministro de turno según su real parecer), la gestión de Óscar Puente parece decente. Ha ofrecido la información que tenía (o al menos la que decía tener), no ha especulado con hipótesis posibles o no, y no ha echado mano del comodín de la fatalidad o de que los designios divinos son inescrutables. Las causas de la tragedia de Adamuz se conocerán después de una investigación compleja (aunque el CIAM siga dependiendo del ministerio), y toda cuanta declaración catastrofista (“miles de españoles viajan en tren sin saber que su vida corre peligro” es una de mis preferidas) o información falsa se difunda lo que provoca es ansiedad y dolor en los afectados por la tragedia, intranquilidad social y no poder aprovechar la experiencia para no tener que sufrirla de nuevo. 

Porque es cierto que los accidentes ocurren de improviso. Es su naturaleza, por lo menos la semántica: son sucesos eventuales que alteran el orden regular de las cosas, o acciones, también eventuales (es decir, fortuitas, ocasionales) de las que resulta un daño involuntario para alguien o algo, según la RAE. Pero no ocurren porque sí. Sin llegar al extremo de lo que decía Madeleine Albright, que no creía que las cosas sucediesen por accidente, que uno se las ganaba (no creo que se refiriese a este tipo de accidentes), lo cierto es que no son inexplicables, extraños o misteriosos, sino el resultado de la concurrencia de múltiples factores preexistentes.

Uno que se me ocurre quizá sea que en España hemos pasado en pocos años de unas conexiones ferroviarias propias de una colonia británica del siglo XIX a una de las redes de alta velocidad mayores de Europa. Una red que se construyó detrayendo recursos e inversiones de los trenes de cercanías y media distancia, y en muchos casos inhabilitando el trazado de las propias líneas que daban prestaciones de proximidad. Se diseñó con criterios de demanda electoral y no de eficacia funcional o de servicio público, y en la práctica sirve para que los usuarios viajen cómodamente desde Madrid a cualquier sitio, o lleguen rápidamente a Madrid o a cualquier otro destino, siempre que pase por Madrid. Un modelo que viene de los primeros Borbones y que, por lo que se ve, les sobrevivirá. Eso provoca, además de una alta intensidad de tráfico en líneas concretas, que los recursos de tiempo y de dinero para supervisarlas y mantenerlas quizá no estén a la altura de lo inaugurado.

Pero prometer parece que da votos, y estrenar lo prometido no digamos, así sea una rotonda con fuente. Después ya se verá si hay agua. Como reconoció alguien que no tenía problemas electorales, Nikita Jruschov, los políticos siempre prometen construir un puente, aunque no haya río."

(Xosé Manuel Pereiro , CTXT, 6/02/2026 )

Las cosas del 'impuesto al sol'... Bélgica confisca a España hasta casi los 850 millones, consolidando a este país como el principal escenario de ejecuciones forzosas contra los activos españoles... El origen de este agujero financiero para las arcas públicas reside en la inseguridad jurídica creada tras la supresión de las ayudas por parte del Gobierno de Rajoy en 2013, rompiendo la fórmula de incentivos que había atraído 70.000 millones de euros en capital extranjero. Actualmente, el Estado español acumula una deuda reconocida con un total de 27 acreedores que asciende a 1.748 millones de euros de principal, a los que se suman más de 522 millones en concepto de intereses, costas judiciales y honorarios (Suelo Solar)

 "La justicia belga ha autorizado el bloqueo de otros 482,4 millones de euros, una cifra destinada a resarcir a los acreedores internacionales que ganaron sus pleitos ante el Ciadi (Banco Mundial). Esta intervención eleva el montante total confiscado por Bélgica a España hasta casi los 850 millones de euros, consolidando a este país como el principal escenario de ejecuciones forzosas contra los activos españoles.

La operación financiera se ha ejecutado mediante la intervención de los créditos que Eurocontrol, el organismo encargado de la gestión de la navegación aérea europea, transfiere periódicamente al gestor estatal español Enaire. Dado que las cuentas operativas de Eurocontrol se encuentran bajo jurisdicción belga, los tribunales de ese país han considerado legítimo inmovilizar dichos fondos para satisfacer la deuda con el fondo OperaFund, que reclama una compensación por la eliminación retroactiva de las primas otorgadas en 2007.

El origen de este agujero financiero para las arcas públicas reside en la inseguridad jurídica creada tras la supresión de las ayudas por parte del Gobierno de Mariano Rajoy en 2013, rompiendo la fórmula de incentivos que había atraído 70.000 millones de euros en capital extranjero. Actualmente, el Estado español acumula una deuda reconocida con un total de 27 acreedores que asciende a 1.748 millones de euros de principal, a los que se suman más de 522 millones en concepto de intereses, costas judiciales y honorarios.

La resistencia del Ejecutivo actual a acatar los laudos internacionales está resultando en una factura creciente para el erario público. Se estima que la demora en los pagos genera un sobrecoste de 207.000 euros diarios (unos 144 euros por minuto). Ante la negativa de pago, los inversores han desplegado una ofensiva global que ya ha encontrado eco en tribunales de Reino Unido, Australia y Estados Unidos, donde se han validado procesos de rastreo y embargo sobre activos estatales, incluyendo sedes diplomáticas y cuentas bancarias, dejando a España en una situación de vulnerabilidad financiera internacional sin precedentes.

El impacto en las empresas públicas y el cerco internacional

1. El factor Enaire: Riesgo operativo y financiero

La elección de Enaire como objetivo de los embargos no es casual. Al ser el principal proveedor de servicios de navegación aérea en España, gestiona el cuarto espacio aéreo más importante de Europa. Su relación financiera con Eurocontrol es el "talón de Aquiles" del Estado en esta disputa:

• Asfixia de tesorería: Aunque el control del tráfico aéreo sigue garantizado, la inmovilización de 850 millones de euros supone un golpe directo a la liquidez del gestor. Este dinero, destinado originalmente a financiar infraestructuras y salarios del sistema de control aéreo, queda en un limbo legal hasta que los laudos se ejecuten o se resuelvan los recursos.

• Vulnerabilidad jurisdiccional: Al tener cuentas bajo leyes belgas, Enaire se convierte en el vehículo más sencillo para que los fondos recuperen su dinero sin necesidad de incautar bienes físicos (más difíciles de liquidar).

2. Londres: El Instituto Cervantes como rehén

En el Reino Unido, la justicia británica ha sido especialmente estricta con la doctrina de la "inmunidad soberana". Los acreedores han logrado hitos sin precedentes:

• Activos bajo la lupa: En 2023, el Tribunal Superior de Londres autorizó órdenes de embargo que pesan sobre la sede del Instituto Cervantes y el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas.

• Derechos de explotación: Incluso se ha planteado el embargo cautelar de las indemnizaciones que el Reino Unido debe pagar a España por el hundimiento del petrolero Prestige, lo que demuestra que cualquier activo financiero español en suelo británico está en riesgo.

3. Estados Unidos y Australia: Reconocimiento masivo de deuda

La ofensiva ha cruzado el océano con resultados igualmente desfavorables para el Gobierno central:

• Washington (EE. UU.): La justicia estadounidense ha validado recientemente deudas por valor de 691 millones de euros a favor de fondos como NextEra e InfraRed. Esto permite a los inversores pedir el embargo de activos financieros del Estado español en bancos de EE. UU.

• Sídney (Australia): El Tribunal Federal australiano ha emitido resoluciones de ejecución por 469 millones de euros. En este país, la justicia ha rechazado de pleno el argumento de España basado en que el derecho de la Unión Europea impide estos pagos, sentenciando que los tratados internacionales (como la Carta de la Energía) prevalecen sobre las disputas internas de la UE.

4. Consecuencias a largo plazo: La prima de riesgo jurídica

Más allá del dinero confiscado, el mayor daño para España es la reputación ante los mercados. La negativa sistemática a pagar sentencias firmes del Banco Mundial (Ciadi) envía una señal de inestabilidad a futuros inversores. Si el Ejecutivo no negocia una salida, el coste diario de 207.000 euros en intereses seguirá drenando fondos públicos, mientras el patrimonio del país en el extranjero queda permanentemente expuesto a ser subastado por orden judicial.

¿qué pasará con los inversores españoles?

Esta es, quizás, la paradoja más dolorosa del conflicto de las renovables: los inversores españoles están en una situación de total desprotección en comparación con los fondos extranjeros, debido a lo que jurídicamente se conoce como "discriminación por nacionalidad".

Mientras que los fondos de inversión de Bélgica, Luxemburgo, Abu Dabi o Japón están logrando embargar activos de España en el extranjero, los inversores nacionales (particulares, familias y pequeñas empresas españolas) se encuentran en un callejón sin salida legal.

Qué ha pasado y qué les espera:

1. El cierre de la vía judicial en España

A diferencia de los extranjeros, los inversores españoles no pudieron acudir al arbitraje internacional del CIADI (Banco Mundial), ya que este organismo solo arbitra disputas entre un Estado y un inversor de otro país.

Los españoles tuvieron que recurrir al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional:

• La sentencia de 2016: El Tribunal Supremo español dictaminó que el recorte retroactivo era legal, argumentando que las empresas solo tenían derecho a una "rentabilidad razonable" y no a que las primas se mantuvieran fijas para siempre.

• El carpetazo definitivo: Al ser validado por el Constitucional, los inversores nacionales agotaron todas las instancias internas. No tienen un laudo que ejecutar ni un tribunal que autorice embargos contra su propio país.

2. La "Discriminación Inversa"

Se ha dado una situación insólita: dos plantas solares situadas una al lado de la otra, una propiedad de una familia de Murcia y otra de un fondo de pensiones de Canadá, reciben tratos opuestos.

• El fondo canadiense cobra una indemnización millonaria vía embargo en Bélgica.

• La familia murciana debe asumir la pérdida patrimonial y, en muchos casos, seguir pagando los créditos bancarios que solicitaron para construir la planta.

3. El recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)

La única esperanza que les queda a algunos colectivos de inversores españoles es el Tribunal de Estrasburgo. Han presentado demandas alegando que se ha vulnerado su derecho a la propiedad y que existe una discriminación evidente frente a los extranjeros. Sin embargo:

• Es un proceso extremadamente lento (puede tardar años).

• El TEDH suele ser muy respetuoso con la soberanía económica de los Estados en tiempos de crisis.

4. ¿Qué pasará con ellos a futuro?

El escenario para el inversor nacional es sombrío por tres motivos:

1. Sin capacidad de presión: No pueden amenazar con embargar el Instituto Cervantes o las cuentas de Enaire, porque están bajo la jurisdicción directa del Estado que les denegó la ayuda.

2. Quiebras técnicas: Muchos pequeños productores (el famoso "Sol para todos" que atrajo a 60.000 familias) han tenido que refinanciar sus deudas o vender sus plantas a precio de saldo a, irónicamente, grandes fondos internacionales.

3. Desigualdad de condiciones: Si finalmente el Gobierno español decidiera negociar con los fondos extranjeros para detener los embargos internacionales, es muy probable que los inversores españoles no reciban nada, ya que para el Estado su caso es "cosa juzgada" por el Tribunal Supremo

En resumen

Los inversores españoles son los grandes perdedores de esta crisis. Mientras el Estado gasta millones en abogados internacionales y pierde otros tantos en intereses de demora (esos 207.000 euros diarios), los ciudadanos nacionales que invirtieron en la transición ecológica de su propio país han visto cómo sus derechos de cobro se desvanecían legalmente en casa."                               (Suelo Solar, 15/01/26)