Trama hidrocarburos: Interpol detén Alejandro Hamlyn, líder da empresa que dirixiu un alto cargo de Alfonso Rueda... Hafesa Enerxía, a empresa do detido Alejandro Hamlyn, foi dirixida por Norberto Uzal, que tivo responsabilidade na Xunta da Galiza cando Feixoo era presidente e Rueda conselleiro de Presidencia... Uzal foi director xeral de Administración local entre 2009 e 2013 (Nós)

"Interpol detivo en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) ao empresario Alejandro Hamlyn, cuxa compañía Hafesa foi declarada culpábel nun xuízo por fraude de hidrocarburos realizado na Audiencia Nacional e ao que el non se presentou ao estar fuxido. Aliás, Hamlyn está vinculado a ex militante do PSOE Leire Díez, peza chave nunha presunta trama para desbaratar causas xudiciais que afectasen os socialistas e ao Goberno estatal. Segundo confirmaron fontes policiais, a detención levouse a cabo esta segunda feira e principiaron os trámites para a extradición, un proceso que se dilatará uns meses.

Doutra parte, fontes xudiciais indicaron que o empresario tiña unha petición de extradición da Sección Cuarta da Audiencia Nacional pola causa de hidrocarburos por mor da súa non comparecencia no xuízo, a cal estaba cursada e pendente da súa detención.

• Rueda avala a xestión na Xunta de Norberto Uzal, condenado por fraude

O nome de Hamlyn adquiriu notoriedade despois de transcender uns audios dunha reunión por videoconferencia na que o empresario participou desde Dubai (Emiratos Árabes Unidos) con Leire Díez, na que a ex militante falaba de solicitar probas contra a Unidade Central Operativa (UCO) da Garda Civil e o fiscal José Grinda.

Naquel encontro, o empresario vasco ofreceuse a facilitar información comprometedora contra a UCO e, a cambio, Díez falou de favores xudiciais a cambio, de acordo aos audios filtrados. Con todo, ambos negaron con posterioridade eses dous extremos.

• Norberto Uzal, ex alto cargo de Feixoo e Rueda, condenado a 19 anos de cárcere por fraude fiscal

Os audios desta reunión foron a orixe da primeira causa do 'caso Leire Díez' nos xulgados de Praza de Castela (Madrid), na que o maxistrado Arturo Zamarriego imputou a ex militante, o empresario Javier Pérez Dolset e o xornalista Pere Rusiñol como presuntos autores de delitos de suborno e tráfico de influencias.

Aliás, a Audiencia Nacional condenou o pasado novembro a compañía Hafesa Enerxía e a 14 persoas con penas de cárcere por unha fraude fiscal en concepto de IVE de hidrocarburos de 154 millóns de euros entre 2016 e 2019.

• Norberto Uzal: De candidato da Falanxe, a director xeral de Feixoo e agora, imputado por fraude

Entre os condenados está Norberto Uzal, entón director xeral da compañía e quen, antes do seu paso ao sector privado, tivo responsabilidades na Xunta da Galiza. En concreto, cando o agora líder do PP, Alberto Núñez Feixoo, dirixía o Goberno galego, e o actual presidente galego, Alfonso Rueda, era conselleiro de Presidencia, Uzal foi director xeral de Administración local entre 2009 e 2013."

(NósDiario, 26/08/26)

Cuando Alberto Núñez Feijóo era presidente de la Xunta de Galicia y vivía en Monte Pío, había un trasiego constante de personas ajenas a la institución cuando el escándalo de la Operación Zeta saltó a la luz al vincular la UDEF al empresario con la trama de las subvenciones a parados y personas con discapacidad. La policía consideró al amigo del presidente de la Xunta como un “intermediario” entre diversos empresarios y la cúpula del PP. Aseguraban que Pachi Lucas, el conseguidor, estaba a sueldo de la trama para realizar “gestiones de interés” como entrevistas e incluso “adjudicación y/o cobro de proyectos”... hay correos de Gerardo Crespo al presidente de la Xunta, con copia a Pachi Lucas, quejándose de la tardanza en el impago de las subvenciones... Gerardo Crespo era un destacado militante del PP y fue imputado junto a una treintena de personas, entre ellos cinco cargos de la Xunta. Crespo aseguró que durante años pagó 3.000 euros mensuales a Lucas para que le “abriera puertas” en las Administraciones públicas. “Podía abrir cualquier puerta, conseguía contrataciones”, dijo Crespo. “En el PP, o estás con los amigos, o si no, no haces nada”. Y Pachi Lucas era íntimo de Feijóo... Afirma que Feijóo avisó a Lucas de que la UDEF tenía pinchado su teléfono pero que a él no le avisaron y se sintió traicionado por los suyos, los de su partido. ¿De nuevo Feijóo utilizó información privilegiada para salvar a un amigo? O tal vez para salvarse él... La lucrativa trama se hizo con 20 millones de euros. “Trabajé con Pachi Lucas con todas las bendiciones de Feijóo”... “Evidentemente le pagaba a Pachi por ser amigo de Feijóo. Le pedimos los dos permiso al presidente para poder trabajar juntos. Y teníamos todas las bendiciones de Feijóo. A Pachi, Feijóo le dijo que había mucho dinero, que cuanto más ganáramos juntos, mejor”, explicó el empresario... En la Operación Zeta, los atestados de la UDEF contenían frases como “Feijóo va a ser la clave” o afirmaciones de los empresarios asegurando que Pachi Lucas “hablaba directamente con Alberto”... ¿Por qué Feijóo no fue llamado a declarar? Para la jueza de instrucción, lo que decían Crespo o sus socios eran "conversaciones de terceros" (lo que en jerga penal se llama referencias de oídas). Qué curioso. Parece que ese mismo supuesto fue suficiente para imputar a José Luis Rodríguez Zapatero, registrar su domicilio y su despacho e imputar a su secretaria... La causa tuvo un sobreseimiento provisional... Se libraban así, primero Feijóo y, después, su íntimo amigo (Cristina Papin Marcote)

"Recientemente, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha solicitado públicamente saber si David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reside en el Palacio de La Moncloa. Más allá de que se trata de un familiar del presidente, existe un precedente reciente con Mariano Rajoy y nadie del Partido Popular hizo ningún tipo de pregunta o petición. Su padre vivía en la residencia del presidente del Gobierno y además recibía asistencia y acompañamiento día y noche a cargo de dos personas contratadas por Presidencia. Rajoy cargó a los presupuestos de La Moncloa los gastos derivados del cuidado y acompañamiento de su padre.

Almeida defiende el derecho de la ciudadanía a conocer esta información, referente al hermano del presidente Pedro Sánchez, considerándola una obligación ética y administrativa. Debe ser obligación únicamente cuando hay un presidente que no es de su partido político. 

Parece que no recuerda que su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, protagonizó una sonada polémica cuando era presidente de la Xunta y vivía en Monte Pío. Había un trasiego constante de personas ajenas a la institución. Feijóo apelaba a su esfera privada para no contestar a las preguntas relacionadas con las entradas y salidas de la residencia institucional. Ese detalle es determinante para contextualizar el origen de la controversia. Antes de que el nombre de Pachi Lucas irrumpiera con fuerza en los titulares a través de la Operación Zeta, el halo de opacidad en torno a la residencia de Monte Pío ya formaba parte del murmullo continuo en la política gallega y en los pasillos del Parlamento. A diferencia de otras instituciones donde queda constancia de cada visita, los accesos a Monte Pío se mantuvieron bajo un estricto hermetismo. 

Feijóo defendía que la esfera privada debía quedar al margen del control político y que el uso de la zona residencial de la vivienda no requería dar explicaciones ni fiscalizar quién pernoctaba o visitaba al jefe del Ejecutivo en su tiempo libre. La oposición, por otro lado, sostenía que al tratarse de una infraestructura pública financiada íntegramente en sus costes de mantenimiento y seguridad, era imprescindible contar con protocolos claros y registros de acceso. El temor de la oposición no era solo el uso recreativo de la residencia, sino la posibilidad de que se estuvieran celebrando reuniones de carácter político, económico o de presión sin luz ni taquígrafos. No se equivocaban.

Durante el mandato de Alberto Núñez Feijóo, todo se descontroló y Monte Pío fue un foco de controversia política

Las interpelaciones parlamentarias y los comentarios periodísticos ya ponían el foco en el continuo transitar de personas ajenas a la Administración autonómica. Cuando el escándalo de la Operación Zeta saltó a la luz y se conoció el papel de Pachi Lucas como conseguidor, todos esos comentarios previos cobraron una dimensión distinta. La oposición sintió que sus sospechas iniciales sobre el uso de la residencia oficial y la falta de control en las entradas y salidas quedaban confirmadas por los atestados policiales.

La residencia oficial de la Presidencia de la Xunta de Galicia fue concebida durante la etapa de Manuel Fraga como una gran obra institucional. Con el paso del tiempo, se convirtió en un símbolo de gasto público, infrautilización y falta de transparencia. El edificio fue diseñado para servir de residencia y sede de representación del presidente gallego, aunque su uso efectivo ha sido desigual. El debate sobre quién accede, se reúne o pernocta en el recinto ha sido recurrente en el Parlamento gallego. 

El complejo cuenta con unos 25.000 metros cuadrados construidos, 70.000 con el área verde del parque. Cuenta con diferentes espacios: de residencia, con piscina climatizada, sauna, gimnasio, despachos y otras áreas institucionales. Desde el principio fue presentada como una “Moncloa gallega”, una residencia presidencial de grandes dimensiones, tal vez excesivas para una comunidad autónoma.

El coste de construcción de Monte Pío ha sido objeto de constante controversia, oscilando entre siete y diez millones de euros, según diversas estimaciones. La falta de transparencia en el desglose presupuestario ha dificultado el seguimiento de la inversión pública. Además, los gastos de mantenimiento, vigilancia y personal continúan generándose, independientemente de la ocupación efectiva del edificio. Opacidad absoluta.

A diferencia de otros inmuebles públicos, el coste anual de mantenimiento de Monte Pío no aparece identificado de forma específica en los presupuestos de la Xunta, lo que impide conocer con precisión cuánto cuesta cada año conservar la residencia oficial del presidente, aunque ya no viva allí, como es el caso actual de Alfonso Rueda.

La policía consideraba que Pachi Lucas, el conseguidor, estaba a sueldo de la trama para realizar “gestiones de interés” como entrevistas e incluso “adjudicación y/o cobro de proyectos”

Durante el mandato de Alberto Núñez Feijóo, todo se descontroló y Monte Pío fue un foco de controversia política. La oposición preguntó en el Parlamento por la presencia y pernoctaciones de diferentes personas ajenas al Gobierno, especialmente de una, el empresario Francisco Ramón de Lucas, conocido como Pachi Lucas, muy cercano al entorno personal y político de Feijóo. 

El entonces vicepresidente Alfonso Rueda, rechazó de pleno en el Parlamento las preguntas sobre si Pachi Lucas había pernoctado en Monte Pío. Reprochó que la diputada socialista preguntara en sede parlamentaria sobre un tema personal y tachó la pregunta de “rancia y casposa” haciendo además referencia a cuestiones de la prensa rosa. Sin embargo, la cuestión de fondo de la pregunta era el control de accesos, la naturaleza de las visitas privadas y la participación de personas sin cargo institucional y cercanas al presidente en reuniones oficiales.

La UDEF, en un informe policial, ya había vinculado al empresario madrileño afincado en Bueu (Pontevedra) con la trama de las subvenciones a parados y personas con discapacidad. La policía consideraba al amigo del presidente de la Xunta como un “intermediario” entre diversos empresarios y la cúpula del PP. Aseguraban que Pachi Lucas, el conseguidor, estaba a sueldo de la trama para realizar “gestiones de interés” como entrevistas e incluso “adjudicación y/o cobro de proyectos”. Existían correos electrónicos entre altos cargos de la Xunta, como Beatriz Mato, por entonces conselleira de Traballo, y el conseguidor. También hay correos de Gerardo Crespo al presidente de la Xunta, con copia a Pachi Lucas, quejándose de la tardanza en el impago de las subvenciones.

Gerardo Crespo era un destacado militante del PP y fue imputado junto a una treintena de personas, entre ellos cinco cargos de la Xunta. Crespo aseguró que durante años pagó 3.000 euros mensuales a Lucas para que le “abriera puertas” en las Administraciones públicas. “Podía abrir cualquier puerta, conseguía contrataciones”, dijo Crespo. “En el PP, o estás con los amigos, o si no, no haces nada”. Y Pachi Lucas era íntimo de Feijóo.

“Si yo tengo en plantilla a su mejor amigo, que duerme muchas veces en Monte Pío, lo mínimo es avisarme: ‘tienes pinchado el teléfono’. Porque ellos avisaron a Pachi Lucas, se desmarcaron de mí revocándome los cursos y dejaron de cogerme el teléfono”. Esta afirmación la realiza Gerardo Crespo cuando la policía estaba ya detrás. Afirma que Feijóo avisó a Lucas de que la UDEF tenía pinchado su teléfono pero que a él no le avisaron y se sintió traicionado por los suyos, los de su partido. ¿De nuevo Feijóo utilizó información privilegiada para salvar a un amigo? O tal vez para salvarse él. Crespo aseguró tener pruebas de que Feijóo fue alertado de la apertura, en teoría bajo secreto, de este sumario en el Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña.

La lucrativa trama se hizo con 20 millones de euros. “Trabajé con Pachi Lucas con todas las bendiciones de Feijóo”. “Evidentemente que le pagaba a Pachi por ser amigo de Feijóo. Le pedimos los dos permiso al presidente para poder trabajar juntos. Y teníamos todas las bendiciones de Feijóo. A Pachi, Feijóo le dijo que había mucho dinero, que cuanto más ganáramos juntos, mejor”, explicó el empresario.

En la Operación Zeta, los atestados de la UDEF contenían frases como “Feijóo va a ser la clave” o afirmaciones de los empresarios asegurando que Pachi Lucas “hablaba directamente con Alberto”.

En la 'Operación Zeta', los atestados de la UDEF contenían frases como “Feijóo va a ser la clave” o afirmaciones de los empresarios asegurando que Pachi Lucas “hablaba directamente con Alberto”

¿Por qué Feijóo no fue llamado a declarar? Para la jueza de instrucción, lo que decían Crespo o sus socios eran "conversaciones de terceros" (lo que en jerga penal se llama referencias de oídas). El criterio judicial imperante fue que no bastaba con que dos imputados usaran el nombre de un presidente para presumir de influencias. Hacía falta una prueba objetiva de retorno (un correo firmado por él, un expediente amañado directamente por su mano o un pago). Al no hallarse ese vínculo material directo, la causa se centró sobre Pachi Lucas sin rozar penalmente a Feijóo.

Qué curioso. Parece que ese mismo supuesto fue suficiente para imputar a José Luis Rodríguez Zapatero, registrar su domicilio y su despacho e imputar a su secretaria.

Alberto Núñez Feijóo conoció a Pachi Lucas en Madrid. Cuando él se fue de Galicia con Romay Beccaria y llegó a presidente de Correos. El padre de Pachi era un médico pontevedrés afincado en Madrid. El conseguidor se dedicaba a la joyería y administraba tres empresas, Lucas y cia Joyeros, Disart 4 y Ralumeg.  Comenzaron una relación de amistad que duró décadas.

Ya con Feijóo de vuelta en Galicia, Lucas era asiduo a los mítines del PP y estuvo a su lado en la toma de posesión como presidente de la Xunta. Curiosamente, la empresa Disart 4 trabajó para algunas campañas electorales del PP. En la de las autonómicas de 2009, que llevó a Feijóo a la presidencia, la empresa de Lucas facturó a los populares gallegos 25.583,80 euros. Y en la de las generales de 2011 endosó al PP nacional 53.449,11 euros. En la fiscalización de los gastos de esa campaña, el Tribunal de Cuentas reseñó que Disart 4 no pudo presentar justificantes de las operaciones que originaron ese importe. Para los investigadores, esos pagos evidenciaban que el dinero fluía entre la maquinaria del PP y la mercantil del amigo íntimo de Feijóo. La mayoría absoluta del PP bloqueo cualquier comisión de investigación en el Parlamento de Galicia.

Nadie sabe por qué esa empresa recibió eso miles de euros más allá de que pertenecía a un amigo íntimo de Feijóo. Una empresa que nada tiene que ver con organización de actos, dando servicios de publicidad que no pudo justificar. ¿Compraron joyas tal vez? Nunca lo sabremos.

Francisco Ramón de Lucas fue investigado en la Operación Zeta, centrada en el fraude de subvenciones a cursos de formación. La investigación lo señaló como uno de los “conseguidores” de la trama, actuando como enlace entre empresarios y responsables políticos. Según la instrucción judicial, Lucas habría realizado gestiones ante la dirección del PP para captar ayudas y contratos públicos, participando incluso en reuniones con miembros del Gobierno gallego y visitando Monte Pío muy a menudo. Era el “abrepuertas”, como lo había nombrado Gerardo Crespo.

La jueza de instrucción investigaba si Lucas usó su amistad directa con Feijóo y otros altos cargos del PP para actuar como enlace entre los promotores del fraude y la administración autonómica y lo imputó por tráfico de influencias. El principal acusado, Gerardo Crespo, afirmó reiteradamente que pagaba a Pachi Lucas asignaciones mensuales para que facilitara gestiones, reuniones y la adjudicación de fondos públicos para la red.

Aunque la jueza instructora ordenó su imputación basándose en los informes policiales y en los mensajes intervenidos entre los cabecillas, la situación procesal de Pachi Lucas dio un vuelco repentino en los tribunales. Primero ella, sorprendentemente, cambió de parecer. En un auto, fechado el 30 de marzo de 2017, la jueza argumentó que no había "datos objetivos" para concretar los indicios o sospechas que en su día motivaron la condición de investigado del empresario. "Más allá de que existan indicios de que se le encargara la realización de gestiones relativas a los expedientes administrativos que interesaban a Gerardo Crespo", recoge el contenido del auto.

La 'Operación Zeta' nunca desembocó en una sentencia global que resuelva el conjunto de los hechos inicialmente investigados

En junio de 2017, la Audiencia Provincial de A Coruña estimó los recursos presentados al considerar que no existían indicios delictivos con el peso ni la concreción legal suficientes para mantenerlo investigado por tráfico de influencias, obligando a la jueza a acotar la causa y separar las piezas porque "se investigan hechos, no personas". Se libraban así, primero Feijóo y, después, su íntimo amigo, de ser juzgados. 

Cómo ha cambiado desde entonces la forma de entender la justicia. Parece que hoy en día lo que se investigan son las personas más allá de los hechos. 

Todo el procedimiento fue claramente irregular. La Operación Zeta tuvo una tramitación especialmente compleja. La causa, que llegó a afectar a decenas de investigados, fue fragmentada por orden de la Audiencia Provincial, sufre años de retrasos y sobreseimientos respecto a algunos investigados y nunca desembocó en una sentencia global que resuelva el conjunto de los hechos inicialmente investigados.

Feijóo negó tajantemente tener un mediador y rechazó que Lucas actuara en su nombre. La controversia no solo se centró en la responsabilidad penal, sino también en la necesidad de transparencia y control sobre la influencia de personas sin cargo público y el registro de sus reuniones y correos con responsables institucionales. No hay sentencia absolutoria sobre Pachi Lucas. El sobreseimiento no es libre, es provisional. La fase de instrucción está suspendida a la espera de informes clave de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para determinar la cuantía real del fraude en las subvenciones. Conforme pasan los años sin que se abra juicio oral ni haya sentencias firmes, el proceso se desgasta. En la práctica, el paso del tiempo suele derivar en atenuantes por dilaciones indebidas o en el archivo directo de piezas por prescripción de delitos o falta de acusación sólida.

Dado que la “desimputación” de Pachi Lucas fue un sobreseimiento provisional, en teoría cabía reabrir su pieza si aparecían pruebas determinantes. Pero en la práctica, con una causa principal paralizada y diluida durante años, las probabilidades de que se reactiven diligencias contra él son prácticamente nulas.  

El estancamiento judicial benefició a la narrativa de Feijóo. Al prolongarse el trámite en los juzgados sin novedades ni juicio, el foco mediático se apagó, lo que permitió al Gobierno gallego cerrar el debate parlamentario argumentando que “la justicia ya había hablado” al “desimputar” a su amigo y que la causa no avanzaba por falta de sustancia.

Es sorprendente que cuando Feijóo fue preguntado por las declaraciones que constan en el sumario del caso, que lo señalan como "clave" en la trama, el entonces presidente de la Xunta señaló que, por lo que le habían contado —ya que afirmó "no tengo tiempo para andar leyendo el sumario"—, ese fragmento podría estar "manipulado", y aseguró que en el sumario faltan folios intermedios. Es decir, Alberto Núñez Feijóo, señalado en la investigación judicial, ¿considera que la UDEF ha manipulado pruebas? Esas declaraciones son verdaderamente graves.

Con la judicialización de la Operación Zeta, la estrecha amistad que unía a Feijóo y a Pachi Lucas se evaporó ante las cámaras. El empresario madrileño, que durante 15 años frecuentó el entorno personal del presidente e incluso cruzó las puertas de la residencia oficial, pasó a convertirse en una suerte de “desconocido" en las comparecencias públicas del Ejecutivo gallego. Se evaporó. No vaya a ser que si anda cerca vuelvan a aparecer pruebas o tenga intención de declarar. No le conviene a Feijóo.

Pachi Lucas, el “abrepuertas”, optó por un repliegue absoluto: desapareció por completo del foco público, de las fotos de verano en los toros y de la vida del Feijóo. Desapareció del mapa. Si no había nada ilegal, resulta un poco raro, ¿no creen?

El borrado de Pachi Lucas de la agenda de Feijóo no borra la falta de transparencia sobre el uso de los recursos públicos ni de la delgada línea que separó lo privado de lo institucional en Monte Pío. Hoy en día siguen sin dar una explicación clara. Lo que sí está claro es que Alberto Núñez Feijóo siempre ha tenido “amistades peligrosas” con las que ha compartido negocios, fines de semana, llamadas, mails, barcos, toros y desayunos."

(Cristina Papin Marcote , InfoLibre, 08/08/26) 

Una gallega que lo conoce bien, Cristina P. Marcote (como lo conocemos los gallegos), describe perfectamente a Alberto Núñez Feijóo: "Aún no sabemos quien paga su vivienda de El Viso de 8.000€ al mes de alquiler. No sabemos de dónde ha sacado tanto para tener hoy en día, él solo, un patrimonio de más de 2 millones de euros. Una persona pública, que fue Jefe de Correos y mantuvo hasta 2023 conversaciones telefónicas con su amigo narco Marcial Dorado, las cuales fueron grabadas y las hicieron desaparecer, no puede gobernar un país. Un hombre que ha tenido amistades como Pachi Lucas “el abre puertas” que cobraba comisiones por lograr favores de su amigo Feijóo y pernoctaba en la residencia oficial del presidente, no puede dirigir un país. Un hombre que es amigo de Rey Novoa, imputado y pendiente de juicio por corrupción, al que regaló 2,5 millones de euros públicos, no puede ser Presidente. Un hombre que regaló la fusión de las Caixa gallegas a su amigo venezolano Escotet, en connivencia con el primo de su pareja, Eva Cardenas, que dio contratos públicos a dedo a su cuñado, a la empresa de su hermana, a la cual ascendieron gracias a esos contratos, no puede ser presidente del Gobierno"

ℂ𝕣𝕚𝕤𝕥𝕚𝕟𝕒 ℙ. 𝕄𝕒𝕣𝕔𝕠𝕥𝕖 @crispmarcote

Alberto Núñez Feijóo ha dado una rueda de prensa desde una sede pagada por el PP con dinero negro, y hay una sentencia firme y ratificada por el Tribunal Supremo. Partiendo de esa base, está desacreditado para hablar de decencia y moralidad. 

Aún no sabemos quien paga su vivienda de El Viso de 8.000€ al mes de alquiler. No sabemos de dónde ha sacado tanto para tener hoy en día, él solo, un patrimonio de más de 2 millones de euros. 

Una persona pública, que fue Jefe de Correos y mantuvo hasta 2023 conversaciones telefónicas con su amigo narco Marcial Dorado, las cuales fueron grabadas y las hicieron desaparecer, no puede gobernar un país. 

Un hombre que ha tenido amistades como Pachi Lucas “el abre puertas” que cobraba comisiones por lograr favores de su amigo Feijóo y pernoctaba en la residencia oficial del presidente, no puede dirigir un país. 

Un hombre que es amigo de Rey Novoa, imputado y pendiente de juicio por corrupción, al que regaló 2,5 millones de euros públicos, no puede ser Presidente. 

Un hombre que regaló la fusión de las Caixa gallegas a su amigo venezolano Escotet, en connivencia con el primo de su pareja, Eva Cardenas, que dio contratos públicos a dedo a su cuñado, a la empresa de su hermana, a la cual ascendieron gracias a esos contratos, no puede ser presidente del Gobierno.

3:38 p. m. · 22 jul. 2026 ·10,1 mil Visualizaciones

El alquiler de los 250 metros cuadrados del ‘pisito’ de Feijóo, en lo que la jerga inmobiliaria denomina “la muy exclusiva” colonia de El Viso, según Idealistas, oscila entre los 5.000 y los 20.000 euros mensuales. Es decir, el presupuesto anual destinado a vivir bajo uno de esos techos va desde los 48.000 a los 240.000 euros... así que los ingresos netos (o sea, lo que le queda después de que la rapiña de la Hacienda sanchista lo desplume) necesarios para vivir al lado de la Koplowitz tienen que rozar los 150.000 euros en el más favorable de los casos y de 750.000 en el menor. Por mucho que la declaración de intereses en las instituciones españolas sean un género de ficción, los ingresos declarados de Alberto Núñez Feijóo no se acercan a cualquiera de esas cantidades... “Obviamente lo paga mi familia" dijo… y ciertamente, de lo que no hay duda es de la identidad del casero. El propietario es Abanca, por persona física o por sociedad participada, que a su manera no deja de ser “la familia”

"La dimensión del problema de la vivienda en España la describe perfectamente la situación del líder de la oposición y presidente del partido que la gente de antes llamaba “el de los ricos”. El piso se lo tiene que pagar “la familia”, según ha confesado, entre confuso y avergonzado. Una situación similar a la de tantos estudiantes universitarios que tienen que sufragar un piso compartido precariamente amueblado. 

El piso

Según fuentes varias, el alquiler de los 250 metros cuadrados de vivienda, en lo que la jerga inmobiliaria denomina “la muy exclusiva” colonia de El Viso, asciende a 4.000 euros mensuales. Eso es lo mismo que cuesta una casa en la Ciudad Jardín de A Coruña, así que consulto la web Idealista (que se llame así la web inmobiliaria de referencia ya da una idea de la confusión conceptual de la clase emprendedora española) y compruebo que las residencias de esas características en El Viso oscilan entre los 5.000 y los 20.000 euros mensuales. Es decir, el presupuesto anual destinado a vivir bajo uno de esos techos va desde los 48.000 a los 240.000 euros. El elevado porcentaje medio que una familia española destina a ese fin no baja del 30%, así que los ingresos netos (o sea, lo que le queda después de que la rapiña de la Hacienda sanchista lo desplume) necesarios para vivir al lado de la Koplowitz tienen que rozar los 150.000 euros en el más favorable de los casos y de 750.000 en el menor. Por mucho que la declaración de intereses en las instituciones españolas sean un género de ficción (menor, pero fértil), los ingresos declarados de Alberto Núñez Feijóo no se acercan a cualquiera de esas cantidades.

Cierto es que no carece de patrimonio (unos pisos aquí y allá, unas acciones de esto y lo otro) y que la dedicación a la política no le ha distraído de la gestión de lo suyo. Su patrimonio, en 2019, en su última toma de posesión en el parlamento de Galicia, era de 319.593 euros, que se convirtieron en 930.972 euros en 2023, según declaró –con año y medio de retraso, pero declaró– al arribar al Senado y la presidencia del PP.

Pero, como todo el mundo sabe, y particularmente los propietarios de viviendas en sitios sin crecimiento demográfico, una cosa es el patrimonio y otra el cash disponible.

La familia

A pesar de que no es el “niño campesino” que saca a relucir cuando le conviene, la familia de Feijóo no era una familia pudiente. Bien es cierto que, como dicen que se dice en la política mexicana, “yo no quiero que me den, sino que me pongan donde hay”. Mientras crecían las dudas sobre quién pagaba la vivienda, el inquilino arrojó luz sobre el asunto: “Obviamente lo paga mi familia… [pausa dramática] Y creo que dentro de mi familia estoy yo, es decir, mi pareja y yo”.

La pareja es Eva Cárdenas Botas, aunque quizás un sector considerable de los votantes conservadores no la consideren como tal, dada la inexistencia de un vínculo matrimonial, legal o religioso. Eva Cárdenas es la madre de Alberto Núñez Cárdenas, el hijo de nueve años de ambos (y que contra lo que argumenta su padre para defender la intimidad de su hogar, no vive allí, que se sepa, porque este año pasado estuvo escolarizado en A Coruña) y es además hija de Antonio Cárdenas, que fue director de personal en la extinta Caixa Galicia (como diría Guillem Martínez, quédense con el dato para después), y de Cristina Botas, una familia de raigambre falangista y farmacéutica, sin que una cosa quitase la otra, sino todo lo contrario: lo primero benefició económicamente lo segundo.

Eva Cárdenas, después de picotear en varias multinacionales de la alimentación y la perfumería, recaló en 2003 en Inditex, donde fue, con 38 años, directora de la filial más reciente, Zara Home. Una historia de éxito que finalizó en 2018, con un cese por motivos personales (y una indemnización, ni desmentida ni confirmada, de dos millones y medio de euros). Fue consultora externa de Sargadelos (hasta que las relaciones de la firma con la Xunta aconsejaron que dejase de serlo) y de Mango, pero su principal ocupación empresarial actual es Niebla Azul, una sociedad inmobiliaria que arroja unos beneficios anuales de unos 150.000 euros (lo que no está mal, con una administrativa como única empleada).

Eva Cárdenas es hermana de, entre otros, Ignacio Cárdenas, director comercial de Universal Support, una empresa de telemarketing, sin relación con el sector de la salud que, a pesar de presentar la oferta más cara, obtuvo 19,2 millones en contratos de la administración sanitaria gallega para atención telefónica y rastreo de casos de infección durante la pandemia de la covid.

Otro caso de estar en el sitio justo en el momento justo (“donde hay”) es el de la única hermana del líder de la oposición. Micaela Núñez Feijóo era delegada en Pontevedra de Eulen, pero acabó siendo la directora del área noroeste después. En los 13 años en los que su hermano presidió la Xunta, Eulen obtuvo contratos por valor de 37 millones de euros. Tan solo de 2018 a 2024, fueron 1.566 adjudicaciones de distintos órganos de la administración, la mayoría a dedo, fragmentados en partidas de menos de 30.000 euros. Y desde 2023, los sucesores de Feijóo le adjudicaron otros 17 millones. Desde que el hermano mayor de Micaela accedió al mando en la calle Génova, Eulen aumentó sustancialmente las contrataciones de administraciones como las comunidades de Andalucía y Madrid, o el ayuntamiento de la capital.

Volviendo a los Cárdenas, y a los Botas. Otro de los hermanos de Eva e Ignacio, Antonio Raimundo, ha ocupado varios cargos en Abanca, y forma parte del comité de control del fondo de pensiones del banco. Feijóo era presidente de la Xunta cuando el diktat del Banco de España determinó que las dos cajas gallegas –Caixa Galicia y Caixanova– se fusionaran primero y se privatizaran después. La nueva entidad, que sumaba más del cincuenta por ciento del mercado financiero gallego y la mayoría de los ahorros, se vendió por 700 millones de euros a un banquero venezolano entonces desconocido, llamado Juan Carlos Escotet (que los recuperó sin prácticamente haberlos desembolsado desprendiéndose de sociedades participadas).

El ganador de la pugna con rivales como Caixabank había metido el pie en el sector financiero gallego a través de un pequeño banco coruñés, Etcheverría (el Etcheverría y otra entidad coruñesa, el Banco Pastor, eran los únicos en España que manejaron en su día ducados y euros, antes de desaparecer). El entonces director general del Etcheverría y actual CEO de Abanca es Francisco Botas Ratera. Efectivamente, primo hermano de Eva Cárdenas.

El casero

Mientras Feijóo o el PP no desgranen los pormenores del inquilinato de El Viso con el mismo detalle que lo tuvo que hacer Pablo Iglesias sobre el casoplón de Galapagar, de lo que no hay duda es de la identidad del casero. El propietario es Abanca, por persona física o por sociedad participada, que a su manera no deja de ser “la familia”.

Y cuando se hagan públicos los detalles, que se repita el proceso con la mansión de su socio prioritario, Santiago Abascal, que tampoco se sabe, para no salirnos de Madrid y como decía el cuplé La chica del 17, “de dónde saca, pá tanto como destaca”."

(Xosé Manuel Pereiro  , CTXT, 03/07/26)

Feijóo es un político que pasa, en muy pocos años, de un patrimonio relativamente modesto a casi un millón de euros en depósitos y acciones, varias viviendas en propiedad y cero deudas bancarias... Un político que, viviendo exclusivamente de salarios públicos durante décadas, ha acumulado más de 600.000 € en productos financieros de ABANCA, tres viviendas en propiedad, dos garajes, una finca rústica y miles de acciones de Inditex. Y todo ello sin haber ejercido nunca en la empresa privada. La pregunta es incómoda y legítima: ¿cómo puede un político enriquecerse así sin ofrecer una explicación detallada y cronológica de cada salto patrimonial? ¿de dónde procede el capital inicial necesario para constituir un fondo de medio millón de euros? ¿Por qué no existe una trazabilidad pública sobre ampliaciones patrimoniales tan importantes? El ático de Madrid, situado en una zona de muy alto valor, no es su residencia. Feijóo lo tiene alquilado a un precio irrisorio. Él vive en una vivienda del barrio de lujo de El Viso, una de las zonas más caras de Madrid, pero cuyo titular no es él. ¿Quién paga esa vivienda? ¿Quién es el propietario? Uno de los aspectos más polémicos es la concentración del patrimonio de Feijóo en ABANCA, banco heredero de las cajas gallegas rescatadas con más de 9.000 millones de euros de dinero público y vendidas a precio de saldo al grupo de Juan Carlos Escotet, amigo íntimo de Feijóo. Durante sus gobiernos, la Xunta convirtió a ABANCA en intermediario casi exclusivo de servicios públicos (Cristina Papin Marcote)

"Alberto Núñez Feijóo se proyecta como un gestor austero, pero sus propias declaraciones de bienes muestran otra realidad. Su trayectoria se presenta como la del servidor público de carrera. Pero su declaración de bienes dibuja otro relato: el de un político que pasa, en muy pocos años, de un patrimonio relativamente modesto a casi un millón de euros en depósitos y acciones, varias viviendas en propiedad y cero deudas bancarias. No tiene ni hipotecas, ni créditos bancarios de ningún tipo.

Un político que, viviendo exclusivamente de salarios públicos durante décadas, ha acumulado más de 600.000 € en productos financieros de ABANCA, tres viviendas en propiedad, dos garajes, una finca rústica y miles de acciones de Inditex. Y todo ello sin haber ejercido nunca en la empresa privada. La pregunta es incómoda y legítima: ¿cómo puede un político enriquecerse así sin ofrecer una explicación detallada y cronológica de cada salto patrimonial?

En torno a 2012, cuando llevaba tres años como presidente de la Xunta, Feijóo presentaba un patrimonio elevado para un alto cargo público: unos 120.000 euros en cuentas, cerca de 90.000 euros en planes de pensiones y varias propiedades inmobiliarias: Un ático de 121 metros cuadrados más 15 de terraza en Madrid, otro en Vigo con garaje, y una finca rústica en Ames. Estas propiedades figuran en sus primeras declaraciones conocidas y reflejan una posición acomodada. El ático con terraza en Madrid y el piso con garaje en Vigo los compró el mismo año, en 2001, cuando era presidente de Correos y todavía mantenía contacto con su ‘célebre’ amigo, el narco Marcial Dorado. 

Entre 2012 y 2020, la foto patrimonial parece avanzar de forma gradual: sueldos altos (más de 80.000 € brutos anuales como presidente de la Xunta) y algún ingreso por alquiler y depósitos que rondan los 140.000 €. También declara unos 176.000 € en planes de pensiones. Hasta aquí, aunque alto, el patrimonio podría explicarse por el “ahorro constante” de un político con buen salario.

El gran salto llega entre 2020 y 2021. Pero nadie sabía nada hasta que tuvo que presentar obligatoriamente una declaración ante el Senado al llegar a Madrid como líder del PP, y muestra que Feijóo pasa de inversiones modestas en productos financieros a declarar un fondo de inversión de ABANCA por 481.500 euros, más 190.547 euros en un plan de pensiones también gestionado por ABANCA, y más de 200.000 euros en cuentas y depósitos. Es decir, hasta cerca de un millón de euros en activos financieros. Sin actividad privada conocida y sin un negocio familiar que justifique esa capacidad de inversión.

A este salto financiero se añaden sus participaciones en grandes empresas: 2.500 acciones de Inditex y casi un centenar de acciones de Telefónica. Pero lo más relevante sigue siendo la súbita capacidad de inversión: ¿de dónde procede el capital inicial necesario para constituir un fondo de medio millón de euros? ¿Por qué no existe una trazabilidad pública sobre ampliaciones patrimoniales tan importantes? Las declaraciones, tal como están diseñadas, solo permiten ver fotos sueltas, no la secuencia completa.

También en 2021 vendió su chalé en A Fanequeira, en Moaña, en una venta opaca y llena de interrogantes, como todo lo relacionado con su patrimonio.

La oposición en Galicia exigió a Feijóo comparecer para dar cuenta de las constantes ocasiones en las que el expresidente de la Xunta no le dijo al Parlamento cuánto valían sus propiedades ni informó de los cambios en su patrimonio cuando estos se produjeron. El PSdeG y el BNG plantearon su citación en la Comisión de Transparencia, pero la mayoría absoluta del PP gallego bloqueó la petición. El argumento oficial fue que la operación era privada y ya estaba incluida en su declaración pública. Esta negativa a dar explicaciones, como en otras tantas ocasiones, alimentó la sospecha sobre un posible conflicto de intereses y falta de transparencia. De hecho, algunos medios hablaron de un gran empresario español como comprador, y que hasta hace un mes dirigía una multinacional española líder en ingeniería, tecnología y defensa.

En 2022, ya como candidato nacional del PP, compra una nueva vivienda en A Coruña al contado —su tercera propiedad inmobiliaria en España— mientras reorganiza sus ahorros: 403.425 euros en un fondo de ABANCA, lo que quiere decir que pudo retirar una parte para comprar más acciones de Inditex, ya que pasó de 2.500 acciones valoradas en unos 51.050 € en 2022 a 4.000 acciones valoradas en 133.200 € en 2023.

También cerca de 195.000 euros en el plan de pensiones y un patrimonio financiero total que supera los 630.000 euros. Sus inmuebles ahora son: ático con terraza en Madrid, piso en Vigo con garaje, la vivienda recién adquirida en A Coruña, también con garaje y la finca en Ames.

Ya que exige tanto a los demás contrincantes políticos, quizá Feijóo debería empezar por él mismo en cuestiones de transparencia

Pero aquí surge un elemento especialmente turbio: el ático de Madrid, situado en una zona de muy alto valor, no es su residencia. Feijóo lo tiene alquilado a un precio irrisorio. Él vive en una vivienda del barrio de lujo de El Viso, una de las zonas más caras de Madrid, pero cuyo titular no es él. ¿Quién paga esa vivienda? ¿Quién es el propietario? ¿Por qué Feijóo, teniendo piso propio en Madrid, prefiere vivir en otra propiedad ajena situada en uno de los enclaves más elitistas de España? Ninguna de estas preguntas tiene respuesta pública. Su declaración no identifica al propietario, ni las condiciones económicas del acuerdo, ni la naturaleza exacta del uso de esa vivienda. Una opacidad que contrasta con el volumen patrimonial declarado.

Hasta el pasado miércoles en el Congreso, que declaró visiblemente enfadado ante una pregunta del presidente Sánchez que el alquiler de la vivienda de El Viso lo pagan él y su pareja. Sin embargo, no ha hecho público el importe del alquiler ni las condiciones económicas del contrato, pese a que se le ha solicitado en sede parlamentaria. ¿Miente entonces? ¿Por qué tanto misterio?

En su declaración de bienes en el Congreso (agosto de 2023), Feijóo cifra su patrimonio financiero en 769.779,09 euros. Pero de nuevo falta lo fundamental: el detalle. No se exige declarar plusvalías específicas, ni fechas de compra o traspaso, ni movimientos de fondos. El resultado es que un político puede acumular cientos de miles de euros sin que la ciudadanía pueda saber cómo se ha generado ese incremento ni cuándo se han producido las grandes operaciones.

Uno de los aspectos más polémicos es la concentración del patrimonio de Feijóo en ABANCA, banco heredero de las cajas gallegas rescatadas con más de 9.000 millones de euros de dinero público y vendidas a precio de saldo al grupo de Juan Carlos Escotet, amigo íntimo de Feijóo. 

Durante sus gobiernos, la Xunta convirtió a ABANCA en intermediario casi exclusivo de servicios públicos: Tarxeta Benvida, Xente Nova, TMG, Tarifa +65… Y al mismo tiempo, Feijóo deposita cientos de miles de euros de su patrimonio personal en fondos y planes gestionados por ese mismo banco.

No hay pruebas de trato de favor directo, pero el conflicto ético es evidente. Las decisiones políticas de Feijóo consolidaron a ABANCA como actor central del ecosistema público gallego y, una vez consolidado ese poder financiero, Feijóo deposita allí buena parte de su dinero. En una democracia madura, esta coincidencia exigiría explicaciones detalladas, no solo un PDF cada varios años con cifras globales imposibles de auditar.

Finalmente, el caso Feijóo abre una cuestión general: ¿qué nivel de enriquecimiento es compatible con el servicio público? Los sueldos de un presidente autonómico o de un senador permiten vivir muy bien, sí, pero ¿permiten acumular cerca de un millón de euros en activos financieros, tres viviendas, una finca y presencia bursátil, todo ello sin deudas y sin actividad privada conocida? ¿Cómo se controla que el uso del cargo no genere ventajas implícitas —acceso a oportunidades financieras, información privilegiada no punible, relaciones de poder— que alimenten ese patrimonio? El sistema de transparencia actual no tiene mecanismos para responder a estas preguntas.

¿Ha presentado Alberto Núñez Feijóo alguna actualización de su declaración de bienes desde la publicada al inicio de la XV Legislatura? Si la ha presentado, ¿por qué no está disponible públicamente con el mismo nivel de detalle?

Aunque la ley no obligue a hacer público el contrato de alquiler, si es que realmente existe, un líder de la oposición que aspira a presidir el Gobierno debería someterse a un estándar de transparencia superior al mínimo legal. Si el origen o las condiciones de una vivienda generan un debate público, publicar el contrato y acreditar quién paga el alquiler contribuiría a disipar cualquier duda. Ya que exige tanto a los demás contrincantes políticos, quizá Feijoo debería empezar por él mismo."

(Cristina Papin Marcote  , InfoLibre, 02/07/26) 

Contratos públicos millonarios (y opacos) para el entramado empresarial del cuñado de Feijóo... La comisión de investigación del Congreso sobre los contratos de emergencia durante la pandemia pidió un requerimiento exhaustivo de documentación a la Xunta de Galicia, que abarcaba los expedientes de Universal Support, Sum Talk Iniciativas y Nervo Group, empresas vinculadas al entorno familiar de Alberto Núñez Feijóo, situando el caso gallego entre los más cuestionados por su volumen, urgencia y vínculos familiares... la documentación remitida fue calificada de ‘parcial e incompleta’... Sesenta millones de euros. Esa cifra incluye contratos de material sanitario, servicios de rastreo, call centers y otros encargos de emergencia que el Gobierno gallego tramitó por la vía rápida en los meses más duros de la Covid-19. En el centro de esa trama aparece el nombre de Ignacio Cárdenas Botas, hermano de Eva Cárdenas, pareja de Feijóo, directivo del grupo Konecta y director comercial y de retail de Universal Support S.A., una empresa coruñesa de telemarketing propiedad de Konecta... Universal Support no es una pyme local que pasara casualmente por allí: es la empresa que, según un informe del Consello de Contas de Galicia, más dinero recibió de la Xunta por servicios vinculados directamente a la gestión de la pandemia. ¿Se lleva algo Feijóo por adjudicar contratos públicos a su cuñado? Es una pregunta que lanzo al aire. No lo sabemos (Cristina Papin Marcote)

"La comisión de investigación del Congreso sobre los contratos de emergencia durante la pandemia —creada por el Pleno el 21 de marzo de 2024 y formalmente constituida el 2 de abril de 2024— incluyó entre sus primeras actuaciones un requerimiento exhaustivo de documentación a la Xunta de Galicia. Este requerimiento abarcaba los expedientes de Universal Support, Sum Talk Iniciativas y Nervo Group, empresas vinculadas al entorno familiar de Alberto Núñez Feijóo, presidente autonómico durante los años investigados.

La comisión pidió contratos, adjudicaciones, comunicaciones internas y cualquier documento acerca de la relación entre la Xunta y el entramado empresarial del cuñado de Feijóo, Ignacio Cárdenas Botas. Sin embargo, como ya había sucedido en la comisión de investigación del Parlamento gallego, la documentación remitida fue calificada de ‘parcial e incompleta’.

Faltan documentos, más de 1.100 contratos menores adjudicados al Grupo Eulen —donde la hermana de Feijóo desempeña un cargo directivo— no fueron enviados a la comisión. En los contratos que sí se remitieron, el objeto aparece en muchos casos bajo la etiqueta genérica de ‘otros’, imposibilitando conocer qué bienes o servicios se estaban financiando con dinero público. Esta opacidad alimentó las sospechas de un intento deliberado de limitar el alcance del control parlamentario.

La comisión de investigación del Congreso continuó con peticiones adicionales y comparecencias centradas en los contratos realizados durante la pandemia, situando el caso gallego entre los más cuestionados por su volumen, urgencia y vínculos familiares.

En Galicia, la oposición reclamó en varias ocasiones que la Xunta completara la entrega de documentación, incluidos los más de 1.100 contratos menores omitidos, pero la mayoría absoluta del PP bloqueó cualquier nuevo requerimiento.

Sesenta millones de euros. Esa cifra incluye contratos de material sanitario, servicios de rastreo, call centers y otros encargos de emergencia que el Gobierno gallego tramitó por la vía rápida en los meses más duros de la Covid-19.

En el centro de esa trama aparece el nombre de Ignacio Cárdenas Botas, directivo del grupo Konecta y director comercial y de retail de Universal Support S.A., una empresa coruñesa de telemarketing propiedad de Konecta.

La concentración de adjudicaciones en una sola empresa, vinculada familiarmente al presidente autonómico de entonces, resulta difícil de compatibilizar con los principios de libre concurrencia y de prevención de conflictos de interés

Cárdenas es, además, hermano de Eva Cárdenas, pareja de Feijóo, lo que convierte cada euro público adjudicado a las compañías que dirige o con las que colabora en un caso de potencial conflicto de intereses que en cualquier democracia exigente dispararía todas las alarmas. ¿Se lleva algo Feijóo por adjudicar contratos públicos a su cuñado? Es una pregunta que lanzo al aire. No lo sabemos.

Universal Support no es una pyme local que pasara casualmente por allí: es la empresa que, según un informe del Consello de Contas de Galicia, más dinero recibió de la Xunta por servicios vinculados directamente a la gestión de la pandemia.

Entre 2020 y 2021, esta filial de Konecta facturó a la administración gallega 15,2 millones de euros procedentes de fondos Covid por servicios de atención telefónica, rastreo de contactos y otros encargos ligados a la emergencia sanitaria.

El detalle es todavía más incómodo: de esos 15,2 millones, 9,76 millones proceden de 12 contratos del Servizo Galego de Saúde (Sergas) tramitados por la vía de urgencia, sin concurso abierto competitivo. 

Universal Support se convirtió así en la principal beneficiaria de los contratos de call center y rastreo impulsados por la Xunta, concentrando una parte desproporcionada del negocio público en plena crisis sanitaria.

En paralelo a los contratos de emergencia, Universal Support dio un salto cualitativo: en abril de 2022 ganó un concurso del Sergas para gestionar el servicio telefónico de información sobre la covid por 4.058.533,72 euros, pese a presentar la oferta más cara de las finalistas.

Además, la compañía del cuñado de Feijóo carecía de experiencia previa en servicios sanitarios cuando comenzó a recibir estos encargos millonarios.

Si se suman los 15,2 millones en contratos de emergencia y fondos covid a los más de 4 millones del concurso de 2022, Universal Support alcanza ya los 19,2 millones de euros adjudicados por la Xunta solo en el ámbito de la pandemia, sin contar otros contratos anteriores o ajenos a la covid.

Esta cifra, que se repite en diversas investigaciones periodísticas, dibuja una relación continuada y estructural entre el Gobierno gallego y la empresa del cuñado del hoy líder de la oposición.

Pero la historia no se agota en los grandes números. Universal Support obtuvo además unos 200.000 euros en contratos menores y adjudicaciones directas "a dedo" de la Xunta mientras Feijóo era presidente, sin concurrencia pública y con un retraso de cuatro meses a la hora de publicar esos expedientes en el portal de transparencia.

El Gobierno gallego incumplió así los plazos de la Ley de Transparencia precisamente cuando se trataba de contratos especialmente sensibles por sus vínculos familiares.

La documentación presentada en la comisión de investigación del Congreso eleva todavía más el número de contratos: en el Diario de Sesiones de junio de 2024 se habla de hasta 42 contratos relacionados con la Covid concentrados en Universal Support, buena parte de ellos en el año 2021.

Esta concentración de adjudicaciones en una sola empresa, vinculada familiarmente al presidente autonómico de entonces, resulta difícil de compatibilizar con los principios de libre concurrencia y de prevención de conflictos de interés que marcan tanto la legislación europea como la estatal.

El argumento oficial de la Xunta, defendido por el exconselleiro de Sanidade Julio García Comesaña ante la comisión de investigación, es que todos los contratos se firmaron con arreglo a la ley y en un contexto de urgencia extrema, y que Universal Support ya trabajaba para el Samur en Madrid y fue capaz de poner 75 teleoperadores a disposición del Sergas en cuestión de días.

Pero la legalidad formal de un procedimiento no elimina por sí sola la sombra de trato de favor cuando el beneficiario es el cuñado del máximo responsable político que decide la contratación.

Los contratos con Universal Support se enmarcan además en un ecosistema empresarial más amplio, donde aparecen otras sociedades vinculadas al grupo Konecta y al propio Ignacio Cárdenas. La comisión del Congreso ha exigido a la Xunta toda la documentación sobre contratos, comunicaciones, subvenciones y ayudas concedidas entre 2008 y 2023 a Universal Support S.A., Sum Talk Iniciativas S.A. y Nervo Group Investment, todas ellas relacionadas con el mismo entramado empresarial

La solicitud incluye no solo los expedientes de contratación sino también correos, actas de reuniones y cualquier rastro de interlocución con esos grupos empresariales.

Varios medios gallegos han explicado que Ignacio Cárdenas ha ocupado cargos de dirección o apoderamiento en sociedades como Sum Talk Iniciativas S.A. o STD Multiopción, además de su posición en Universal Support, lo que refuerza la idea de un grupo de empresas que actúan en red para concurrir a diversos contratos públicos.

La documentación pedida por el Congreso pretende aclarar si esa red de sociedades operó de forma coordinada para maximizar la facturación pública en Galicia durante los años de gobierno de Feijóo.

El caso de Telemark‑Coremain, la UTE que gestiona el 112 en Galicia, añade otra capa de opacidad al cuadro. Telemark‑Coremain, vinculada también al entorno de Ignacio Cárdenas, recibió más de 15 millones de euros de la Xunta para la gestión del número único de emergencias.

Esta cifra incluye, entre otros, un contrato de 7.417.289,26 euros adjudicado en 2018 para el servicio de gestión del Centro Integrado de Atención de Emerxencias 112 Galicia.

La estrategia defensiva del PP se ha centrado en dos ideas: que todo fue legal y que, en plena pandemia, no había tiempo para más garantías procedimentales

La propia empresa Coremain reconoce en su web corporativa que participa en UTE con Telemark en el proyecto de gestión operativa del 112 de la Axencia Galega de Emerxencias (AXEGA), lo que confirma el peso de este consorcio en la externalización de un servicio tan crítico como la atención a emergencias.

La combinación de altas cuantías, contratos de larga duración y vínculos empresariales con el entorno del poder político de Alberto Núñez Feijóo dibuja un mapa de riesgos que, de nuevo, cualquier sistema serio de integridad pública debería haber analizado y mitigado.

La oposición gallega ha denunciado que, tanto en el caso de Universal Support como en el de Telemark‑Coremain, la Xunta construyó un sistema de externalización masiva de servicios públicos sin controles suficientes y con una clara puerta giratoria entre lo privado y lo institucional.

Ese modelo habría permitido a un puñado de empresas afines o vinculadas al entorno familiar de Feijóo concentrar decenas de millones de euros en contratos, mientras la administración reducía capacidad propia y se blindaba tras la excusa de la “gestión eficiente” y de la urgencia sanitaria.

En paralelo a la investigación parlamentaria estatal, el Parlamento de Galicia aprobó la creación de una comisión sobre contratación pública cuya ponencia final, recogida en el Boletín Oficial de enero de 2025, constata problemas de transparencia y control en el conjunto del sistema, aunque evita entrar a fondo en la dimensión familiar y de posible conflicto de intereses de los contratos vinculados a Universal Support o Eulen 

La lectura de ese dictamen sugiere una voluntad de cerrar en falso el debate en Galicia mientras el foco político se desplaza a Madrid.

La comisión del Congreso, sin embargo, ha ido más allá al exigir no solo contratos y expedientes, sino también todas las comunicaciones y relaciones laborales, comerciales o mercantiles entre el hermano de la pareja de Feijóo y cualquiera de las empresas del grupo Konecta con la Xunta. Esa ampliación apunta a aclarar si hubo un uso sistemático de la posición de poder para favorecer a empresas del entorno familiar, más allá de la estricta literalidad de la legislación de contratos.

La Xunta también pagó en 2020 sobreprecios de hasta el 37% por la compra de material sanitario a Mape Asesores, la empresa gallega que propició ese año la comisión de 2 millones de euros a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por intermediar en la compraventa de ese tipo de material en lo peor de la pandemia.

En este contexto, la estrategia defensiva del PP se ha centrado en dos ideas: que todo fue legal y que, en plena pandemia, no había tiempo para más garantías procedimentales. Pero los hechos recogidos por las investigaciones periodísticas y por la propia documentación oficial —concentración de contratos, retrasos en la publicación, empresas sin experiencia sanitaria previa que se convierten en proveedores casi exclusivos— apuntan a un patrón de captura de lo público que excede con mucho las necesidades de urgencia.

Quedan, en todo caso, demasiadas zonas oscuras: no se conocen aún en detalle todos los importes y contratos con filiales como Sum Talk Iniciativas S.A. o Nervo Group Investment, aunque la documentación pedida por la comisión de investigación incluye expresamente esos nombres. Tampoco se ha esclarecido públicamente cuál ha sido exactamente el papel personal de Ignacio Cárdenas en la negociación de los contratos ni qué canales informales se utilizaron para que su empresa se situara siempre en la pole position de las adjudicaciones.

Lo que sí sabemos ya es que la Xunta de Feijóo levantó un ecosistema de contratos públicos en el que la línea entre el interés general y el interés familiar se volvió peligrosamente borrosa.

Y que, una vez estalló el escándalo, la reacción del aparato político no fue abrir ventanas y entregar toda la información, sino retrasar publicaciones, minimizar cifras y refugiarse en la coartada de la emergencia.

Frente a esa cultura del favor y de la opacidad, la exigencia democrática es clara: auditorías independientes, publicación íntegra y accesible de todos los expedientes, identificación de los beneficiarios últimos de las empresas adjudicatarias y, si se confirman las sospechas de trato de favor, depuración de responsabilidades políticas además de las eventuales responsabilidades penales. 

Porque lo que está en juego no son solo los contratos de la Covid, sino la confianza de la ciudadanía en que los recursos públicos no se convierten en un negocio privado para el entorno familiar de algunos representantes del poder político." 

(Cristina Papin Marcote  , InfoLibre, 03/12/25) 

"Se llamaba María José Alcón y murió en extrañas circunstancias al precipitarse desde el balcón de su casa en Valencia. Confesó la corrupción del PP. Hoy han sido absueltos los 5 acusados de la pieza E del 'Caso Taula' del PP en la que estaba implicada en las adjudicaciones" (Fonsi Loaiza)

Fonsi Loaiza @FonsiLoaiza

"Se llamaba María José Alcón y murió en extrañas circunstancias al precipitarse desde el balcón de su casa en Valencia. Confesó la corrupción del PP. Hoy han sido absueltos los 5 acusados de la pieza E del 'Caso Taula' del PP en la que estaba implicada en las adjudicaciones"

12:13 p. m. · 23 jun. 2026 ·10,1 mil Visualizaciones

"El noviete de la lideresa tenía una vida normal, no demasiado ostentosa, viviendo bien pero sin lujos, en un piso normal y corriente de un pueblo de la periferia de Madrid, hasta que conoció a Isabel Díaz Ayuso y su nivel de vida se disparó al calor de las concesiones y comisiones vinculadas a la presidencia de su novia. Ni más ni menos que 4,4 millones de euros se llevó Alberto González Amador desde que es novio de Isabel Díaz Ayuso por chanchullos con Quirón, que es la joya de la corona de la privatización de la sanidad que la lideresa favorece regando de dinero público a la empresa que le paga el ático al novio y que ella disfruta como partícipe a título lucrativo. Para lograr ese suntuoso negocio pagó medio millón de euros para comprar una empresa a la mujer del directivo de Quirón con el que hacía negocios. Una empresa de belleza que solo tenía un ordenador viejo y dos máquinas de depilar. Hacienda, que no es tonta, y cualquiera de nosotros, que tampoco lo somos, sospechamos que esa compra no era más que una simulación para pagarle una comisión al directivo del que dependían esos millones de euros que el consorte de la quironesa se agendó en solo tres años de noviazgo" (Antonio Maestre)

 "(...) El noviete de la lideresa tenía una vida normal, no demasiado ostentosa, viviendo bien pero sin lujos, en un piso normal y corriente de un pueblo de la periferia de Madrid, hasta que conoció a Isabel Díaz Ayuso y su nivel de vida se disparó al calor de las concesiones y comisiones vinculadas a la presidencia de su novia. Ni más ni menos que 4,4 millones de euros se llevó Alberto González Amador desde que es novio de Isabel Díaz Ayuso por chanchullos con Quirón, que es la joya de la corona de la privatización de la sanidad que la lideresa favorece regando de dinero público a la empresa que le paga el ático al novio y que ella disfruta como partícipe a título lucrativo. Para lograr ese suntuoso negocio pagó medio millón de euros para comprar una empresa a la mujer del directivo de Quirón con el que hacía negocios. Una empresa de belleza que solo tenía un ordenador viejo y dos máquinas de depilar. Hacienda, que no es tonta, y cualquiera de nosotros, que tampoco lo somos, sospechamos que esa compra no era más que una simulación para pagarle una comisión al directivo del que dependían esos millones de euros que el consorte de la quironesa se agendó en solo tres años de noviazgo. (...)"

(Antonio Maestre, eldiario.es, 21/06/26) 

A longa sombra de Marcial Dorado segue perseguindo a Feijóo na súa intención de derrubar a Sánchez... Pedro Sánchez volveu referirse á relación que tivo o presidente do PP, Alberto Núñez Feijóo, co narcotraficante Marcial Dorado. "Leccións ningunha", dixo dirixíndose á bancada do Grupo Popular, o "partido de Marcial Dorado" (Galicia Confidencial)

 "O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, asegurou que asume os seus "erros" pero que "xamais" asumirá o "grao de hipocrisía" do partido implicado na Púnica, Gürtel, Kitchen ou na chamada "policía patriótica". Ademais, volveu referirse á relación que tivo o presidente do PP, Alberto Núñez Feijóo, co narcotraficante Marcial Dorado. "Leccións ningunha", dixo dirixíndose á bancada do Grupo Popular, o "partido de Marcial Dorado".

Tras denunciar a "oposición tramposa" do PP, o titular do Executivo acusou os populares de dar "leccións de democracia" e non aceptar "o resultado das eleccións". "Dan leccións de lexitimidade e ocultan a corrupción", engadiu. Ademais, o presidente do Goberno criticou que o PP leve oito anos pedindo eleccións e lembrou que a Constitución establece catro anos de mandato. Por iso, afirmou que seguirán gobernando ata 2027 e "moi por diante" se así o deciden os españois.

Previamente, o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, cargou con dureza contra o presidente do Executivo polo seu "gestapillo" no coñecido como 'caso Leire' e díxolle que dimita e que non "estire esta porcallada", devolvendo a palabra aos españois. Pola súa banda, Pedro Sánchez rexeitou as "leccións" do Partido Popular tras a súa "corrupción", citando expresamente casos como Kitchen, Gürtel ou Púnica.

Na sesión de control ao Goberno no Congreso, Feijóo identificou o presidente do Goberno coas siglas P.S. que aparecen nas axendas da exmilitante socialista Leire Díez. "Señor P.S., se o sabía todo, se o sabía todo terá que dimitir por corrupción, e se non o sabía, terá que dimitir por incompetente", espetoulle a Sánchez.2 

(Galicia Confidencial, 10/06/26) 

El acceso de Feijóo a la función pública: una oposición hecha a medida por Fraga... su plaza fija de funcionario nació de una ley diseñada a medida por el Parlamento gallego bajo la mayoría absoluta de Manuel Fraga... No hacía falta aprobar en sentido estricto; bastaba con se presentaran hasta tres veces, para convertir a muchos interinos en funcionarios fijos sin superar realmente unas oposiciones competitivas. Solo se aplicó aquel año. Y fue en ese contexto cuando Feijóo consiguió su plaza en el Cuerpo Superior de la Administración... La oposición de 1991 no ha dejado de generar críticas en Galicia. La oposición política y parte de la prensa la calificaron como una “oposición a medida”, diseñada para regularizar a determinados colectivos y con un grado de discrecionalidad en la configuración de tribunales que levantó sospechas... Aquella oposición fue una excepcionalidad, un sistema extraordinario y único, que solo se aplicó en 1991. Resumiendo: sí, era posible suspender las tres veces y aun así entrar fijo, porque la ley lo garantizaba... se conoció como “la ley de las tres oportunidades”... Con la plaza asegurada, la carrera de Feijóo en la administración fue meteórica, su trayectoria se desarrolló siempre en despachos de confianza política y cargos de alta dirección... Así empezó la carrera de quien hoy exige transparencia a los demás. Feijóo es el ejemplo de cómo desde el PP manipulan ciertos engranajes para legislar el enchufe, convertirlo en norma y llamarlo mérito. Otra forma de corrupción... Es un “modus operandi” para un “modus vivendi” que Feijóo lleva poniendo en práctica toda su carrera política (Cristina Papin Marcote)

 "El líder del PP presume de mérito y esfuerzo a lo largo de toda su trayectoria, pero su plaza fija de funcionario nació de una ley diseñada a medida por el Parlamento gallego bajo la mayoría absoluta de Manuel Fraga. La carrera política de Alberto Núñez Feijóo tiene un origen que rara vez ocupa titulares, o suscita preguntas al líder del Partido Popular: su acceso a la condición de funcionario de carrera en la Xunta de Galicia. No hacía falta aprobar en sentido estricto; bastaba con se presentaran las tres oportunidades. Oficialmente, el PP de Fraga justificó la medida como una “regularización” de interinos con años de servicio. En la práctica, fue una amnistía encubierta para convertir a muchos interinos en funcionarios fijos sin superar realmente unas oposiciones competitivas.

Solo se aplicó aquel año. Y fue en ese contexto cuando Feijóo consiguió su plaza en el Cuerpo Superior de la Administración (grupo A1).

AFICA: el sindicato que se esfumó tras lograr Feijóo la plaza

Pero la historia arranca antes. En los años ochenta, mientras trabajaba como interino en los servicios jurídicos de la Xunta, Feijóo encabezó la Agrupación de Funcionarios Interinos y Contratados Administrativos (AFICA). Desde esta plataforma, organizó encierros, huelgas y protestas en San Caetano reclamando la estabilidad laboral y pasarelas hacia la fijeza. Según recuerda Ansía, miembro de la Confederación Intersindical Galega (CIG), el sindicato de Feijóo tuvo un recorrido breve: “desapareció cuando consiguieron sus plazas de funcionarios”. “Más que un sindicato era un lobby que peleaba por unas oposiciones a la carta para aprobar con facilidad y pasar al grupo A de la administración”. “En realidad, tanto Feijóo como Carlos Negreira (también del PP y que fue alcalde de A Coruña) eran ya unos trepas. Nosotros exigíamos mejoras sociales y laborales que ellos apoyaban porque lo que buscaban era acceder a la carrera de funcionarios, pero no porque les interesaran lo más mínimo aquellas reivindicaciones"

Entre las reclamaciones que Feijóo defendió en aquellos meses se encontraba el derecho a realizar el examen para obtener la plaza hasta tres veces, en caso de suspender en los dos primeros intentos. Un instrumento coyuntural que sirvió de trampolín para transformar a interinos en funcionarios de carrera.

El socialista Fernando González Laxe fue presidente de la Xunta de Galicia entre 1987 y febrero de 1990, los años de “sindicalismo” de Feijóo. Pero no fue hasta 1991, con la presidencia de Manuel Fraga, que pusieron en marcha la oposición “ad hoc”. 

Una oposición hecha a medida de Feijóo

La oposición de 1991 no ha dejado de generar críticas en Galicia. La oposición política y parte de la prensa la calificaron como una “oposición a medida”, diseñada para regularizar a determinados colectivos y con un grado de discrecionalidad en la configuración de tribunales que levantó sospechas. En aquel proceso, los méritos acumulados en la Xunta contaban casi tanto como los ejercicios de la oposición. No es anecdótico: en un sistema en el que el acceso a la función pública debe garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad, la excepcionalidad de la ley de 1991 abrió un atajo difícil de justificar con criterios de transparencia. Y ese atajo es el que utilizó Feijóo, quien hoy se presenta como el adalid de la meritocracia y la transparencia. 

Aquella oposición fue una excepcionalidad, un sistema extraordinario y único, que solo se aplicó en 1991. Resumiendo: sí, era posible suspender las tres veces y aun así entrar fijo, porque la ley lo garantizaba.

Popularmente en Galicia aquella convocatoria de la primera era Fraga, se conoció como “la ley de las tres oportunidades”.

Del “sindicalismo” al poder político

Con la plaza asegurada, la carrera de Feijóo en la administración fue meteórica. La oposición le dio el título de funcionario de carrera A1 del Cuerpo Superior de la Xunta, pero nunca ejerció como tal en un puesto ordinario; enseguida saltó a cargos de libre designación con peso político. 

En 1991 ya era secretario general técnico de la Consellería de Agricultura. Un año después, Romay Beccaria, su mentor, lo nombró secretario general del Sergas, el máximo cargo administrativo de la sanidad gallega, con apenas 31 años. Desde entonces, Feijóo nunca volvió a ocupar un puesto “ordinario” como funcionario: su trayectoria se desarrolló siempre en despachos de confianza política y cargos de alta dirección.

Una plaza con sombras

El debate no es si Feijóo aprobó o no algún examen: El debate es qué tipo de oposición fue aquella y qué papel jugó la mayoría absoluta del PP en su diseño. La de 1991 fue una convocatoria irrepetible, con reglas distintas a las ordinarias y con un resultado claro: la consolidación de interinos que, como Feijóo, encontraron en aquella puerta abierta su pasaporte a la función pública. 

Legal, sí. Ético, no. Así empezó la carrera de quien hoy exige transparencia a los demás. Feijóo es el ejemplo de cómo desde el PP manipulan ciertos engranajes para legislar el enchufe, convertirlo en norma y llamarlo mérito. Otra forma de corrupción.

¿Dará explicaciones algún día, Alberto Núñez Feijóo? Como político que aspira a ser Presidente del Gobierno, no debería dejar estos claroscuros de su currículo sin dilucidar. ¿Hubo trato de favor? Los hechos así lo demuestran.

La historia de su plaza de funcionario de carrera es también la historia de un sindicato creado para ese objetivo, de un atajo administrativo, y de una rápida conversión de interino rebelde en alto cargo institucional. 

Un episodio que merece revisitarse porque arroja luz sobre la forma en que se construyen las élites del Partido Popular en Galicia, donde la frontera entre meritocracia y nepotismo es más difusa de lo que se reconoce. Es un “modus operandi” para un “modus vivendi” que Feijóo lleva poniendo en práctica toda su carrera política." 

(Cristina Papin Marcote , , InfoLibre,  05/09/25)

El alarmante proceso de desprestigio de la UCO... El reciente informe de la UCO sobre la dana de Valencia viene a añadir un nuevo episodio a la peligrosa tendencia hacia la politización que aqueja en los últimos años a esta brigada policial de élite... y pone de manifiesto que el cáncer de la politización también corroe al Instituto Armado... la Guardia Civil da pábulo a la teoría de la conspiración, esa misma que mantienen influencers, youtubers y heraldos de la nueva extrema derecha... lo más preocupante del informe es su carácter sesgado, sectario, como fabricado a instancia de parte... Todos los organismos, funcionarios de la Administración y responsables políticos estaban enterados de que se avecinaba un temporal de dimensiones históricas, todos menos Mazón, que no suspendió su agenda, ni la pública ni la privada, para remangarse y ponerse al timón... La cronología de los hechos no deja lugar a la duda, tal como demuestra la airada respuesta al informe de la UCO emitida por la jueza Nuria Ruiz... La responsabilidad de los 227 fallecidos debe atribuirse exclusivamente a la Generalitat Valenciana, que no activó a tiempo el protocolo telemático de alerta a la población. Punto final. Y cualquier rumor o teoría alternativa (tal como ocurrió con el 11M) solo tiene un objetivo: intoxicar, contaminar, manipular a la opinión pública para tratar de enderezar los bajos índices de popularidad del barón valenciano que se dio a los placeres del Ventorro cuando sus paisanos morían ahogados... Es evidente que la UCO ha asumido un riesgo innecesario al tratar de echarle un cable a Mazón. Y aquí cabría preguntarse quién o quiénes han impulsado este documento que no hay por dónde cogerlo, qué altos mandos han dado la orden de seguir una línea de investigación en vía muerta y descartada por la mismísima jueza instructora. El ministro Marlaska debería poner a trabajar a los de Asuntos Internos, ya que estamos hablando de una pericial claramente tendenciosa y orientada hacia un fin político concreto... Si alguien no para pronto la deriva de desprestigio de esta brigada, más pronto que tarde el ciudadano dejará de creer en ella, como ya ha dejado de creer en otros pilares del sistema como el CGPJ o el Tribunal Supremo (José Antequera)

"El reciente informe de la UCO sobre la dana de Valencia viene a añadir un nuevo episodio a la peligrosa tendencia hacia la politización que aqueja en los últimos años a esta brigada policial de élite. El atestado va mucho más allá del deber (invadiendo competencias de la jueza de Catarroja) y llega a conclusiones subjetivas que no se ajustan a la realidad de lo que pasó aquel fatídico día del 29 de octubre.

Según los agentes encargados del informe, los niveles de caudal en el Barranco del Poyo se superaron entre las 16.15 y las 17.25 pese a que la Confederación Hidrográfica del Júcar no emitió una alerta hasta las 18.43. De esta manera, la UCO apunta directamente al organismo gestor del agua, al Ministerio de Transición Ecológica, a Teresa Ribera y a Pedro Sánchez. O sea, que la Guardia Civil da pábulo a la teoría de la conspiración, esa misma que mantienen influencers, youtubers y heraldos de la nueva extrema derecha. Y en el PP y Vox hacen palmas con las orejas.

Carlos Mazón respira algo más tranquilo después de esta polémica pericial que parece un traje hecho a medida para el hombre del Ventorro. Sin duda, lo más preocupante del informe es su carácter sesgado, sectario, como fabricado a instancia de parte, ya que se centra en un lapso de tiempo determinado, obviando que aquella jornada negra la Confederación remitió al Gobierno valenciano hasta 18 correos sobre la Cuenca del Poyo (en horas críticas y en horas menos críticas), mientras que la Agencia Estatal de Meteorología realizó 24 llamadas a la Generalitat Valenciana, desde la seis y media de la mañana, alertando del peligro de inundación por dana (unas fueron atendidas, otras, por lo que sea, no). Por no hablar de que la AEMET venía advirtiendo del temporal una semana antes, como demuestra el hecho de que la Universitat de València suspendió las clases ese día como medida de precaución.

Todos los organismos, funcionarios de la Administración y responsables políticos estaban enterados de que se avecinaba un temporal de dimensiones históricas, todos menos Mazón, que no suspendió su agenda –ni la pública ni la privada–, para remangarse y ponerse al timón. Al contrario, el exhonorable decidió seguir adelante con su comilona con una conocida periodista valenciana, por lo visto un evento más importante que activar la alerta roja, lo que probablemente hubiese salvado muchas vidas. En realidad, no hacía falta ningún parte meteorológico más, bastaba con poner la tele a primera hora de la mañana y ver el formidable despliegue de los compañeros de À Punt sobre el temporal para entender la gravedad de lo que se nos venía encima. Pero ni eso. El menú del Ventorro era más ameno y divertido.

La cronología de los hechos no deja lugar a la duda, tal como demuestra la airada respuesta al informe de la UCO emitida por la jueza Nuria Ruiz. La instructora está que trina con los subordinados de la Benemérita que se le han rebelado y les ha enmendado la plana al calificar de “erróneo” e “incompleto” el atestado. Pero el rosario de reproches y zascas con el que Ruiz afea el trabajo de los agentes metidos a meteorólogos de oficio va mucho más allá, hasta resultar sonrojante y demoledor para el Instituto Armado. Según la instructora, el controvertido informe no se ajusta al encargo concreto que hizo el juzgado de Catarroja (el análisis debía limitarse a una cronología de los desbordamientos sin valoraciones sobre la actuación de los implicados); ignora los testimonios de las víctimas, los informes de la Generalitat y las declaraciones de los expertos que ya han declarado ante la jueza; reproduce teorías conspiranoicas superadas como la del supuesto “apagón informativo” de la Confederación, ya descartada por la magistrada; y pasa por alto las llamadas telefónicas cruzadas entre la AEMET y el teléfono de Emergencias 112. Por todo ello, la titular del juzgado rechaza imputar al presidente de la Confederación, Miguel Polo, quien viene manteniendo la misma versión desde hace nueve meses: “Tenemos claro que no somos responsables de la tragedia”. De esta manera, se cierra la vía de investigación alternativa que venía proponiendo el PP de Feijóo y Mazón, así como algunas asociaciones ultras y más o menos esotéricas personadas como acusación popular en la causa. La responsabilidad de los 227 fallecidos debe atribuirse exclusivamente a la Generalitat Valenciana, que no activó a tiempo el protocolo telemático de alerta a la población. Punto final. Y cualquier rumor o teoría alternativa (tal como ocurrió con el 11M) solo tiene un objetivo: intoxicar, contaminar, manipular a la opinión pública para tratar de enderezar los bajos índices de popularidad del barón valenciano que se dio a los placeres del Ventorro cuando sus paisanos morían ahogados.

Es evidente que la UCO ha asumido un riesgo innecesario al tratar de echarle un cable a Mazón. Y aquí cabría preguntarse quién o quiénes han impulsado este documento que no hay por dónde cogerlo, qué altos mandos han dado la orden de seguir una línea de investigación en vía muerta y descartada por la mismísima jueza instructora. El ministro Marlaska debería poner a trabajar a los de Asuntos Internos, ya que estamos hablando de una pericial claramente tendenciosa y orientada hacia un fin político concreto. En los últimos tiempos hemos asistido a demasiados casos polémicos instruidos por la UCO. Y es una auténtica tragedia para la democracia, ya que una unidad que siempre se ha destacado por su eficacia y buen hacer, hasta colocarse a la vanguardia entre las mejores policías del mundo, está contrayendo el cáncer letal para el Estado de derecho: el de la politización de las instituciones, las cloacas y las policías patrióticas a gusto del PP. Si alguien no para pronto la deriva de desprestigio de esta brigada, más pronto que tarde el ciudadano dejará de creer en ella, como ya ha dejado de creer en otros pilares del sistema como el CGPJ, el Tribunal Supremo o el propio Parlamento convertido ya en un fangoso ring para las cuitas personales de banderías y facciones enfrentadas." 

(José Antequera , Diario16+, 31/07/25)