Los franceses se enfrentan a fuertes dificultades para acceder a la vivienda... el problema no es la escasez de viviendas... Existen al menos 1,2 millones de viviendas desocupadas durante mucho tiempo, de las cuales más de 18.000 están en París. Se cuentan cerca de ocho millones en situación de subocupación severa. Varios cientos de miles se movilizan para ofrecer los 192 millones de pernoctaciones reservadas cada año en Francia en plataformas de alquiler a corto plazo. Al menos 9 millones de metros cuadrados de oficinas, a menudo ubicadas en centros urbanos, están vacíos y podrían ser transformados. Ahí tienes todo un stock potencial de residencias principales casi listo, ¿a qué se debe entonces el alto precio actual de la vivienda en Francia? El problema de la vivienda es la especulación, no la escasez... la multipropiedad afecta principalmente a hogares situados en los deciles de ingresos más altos. De hecho, muchos de ellos son grandes propietarios múltiples, ya que 1,2 millones de personas poseen cinco viviendas o más... Una política de vivienda adaptada a la situación se centraría más bien en promover modelos económicos no especulativos como la vivienda social o el alquiler social solidario, y permitir una mejor reutilización de los metros cuadrados ya existentes (Alexandre Coulondre, Le Monde)

 "Los franceses se enfrentan a fuertes dificultades para acceder a la vivienda. Los indicadores que lo atestiguan son numerosos. Cuando los ingresos de los hogares aumentaron un 35% entre 2000 y 2020, los alquileres subieron un 39% y los precios de compra de bienes raíces un 139%. En cuanto al número de solicitantes de viviendas sociales, ha pasado de 1,9 millones a 2,8 millones en diez años, etc.

En este contexto, el gobierno propuso, el 23 de enero, un plan de "Relanzamiento de la vivienda". Se trata de implementar diferentes dispositivos políticos para "construir dos millones de viviendas para 2030". Para lograrlo, una de las medidas estrella es la implementación del estatuto de arrendador privado, un dispositivo promovido desde hace mucho tiempo por las federaciones profesionales del sector de la construcción.

Consiste en otorgar beneficios fiscales a los hogares que elijan invertir en la compra de viviendas, siempre que estas viviendas sean posteriormente alquiladas durante nueve años para uso de residencia principal a alquileres reducidos.

El objetivo declarado del ministro de la ciudad y la vivienda, Vincent Jeanbrun, es hacer de la vivienda, gracias a los beneficios fiscales, una inversión rentable, atrayendo así los capitales de los hogares hacia la piedra. El plan de recuperación implementa la estrategia política del "choque de oferta" ya invocada por la mayoría de los ministros de vivienda anteriores, a la que se articula aquí una estrategia de "choque de inversión".

Un plan así es inadecuado para la situación por al menos dos razones. Primero, esboza la idea de que las dificultades de acceso a la vivienda se deben a una escasez. Sin embargo, los análisis empíricos arrojan una luz muy diferente sobre la vivienda en Francia. Existen al menos 1,2 millones de viviendas desocupadas durante mucho tiempo, de las cuales más de 18.000 están en París. Se cuentan cerca de ocho millones en situación de subocupación severa. Varios cientos de miles se movilizan para ofrecer los 192 millones de pernoctaciones reservadas cada año en Francia en plataformas de alquiler a corto plazo. Al menos 9 millones de metros cuadrados de oficinas, a menudo ubicadas en centros urbanos, están vacíos y podrían ser transformados.

Ahí tienes todo un stock potencial de residencias principales casi listo. La disponibilidad de viviendas depende más del uso que se hace de los metros cuadrados que de una escasez. Y aunque el estatus de arrendador privado también concierne en teoría a los edificios antiguos, las condiciones de elegibilidad no están calibradas para explotar estos yacimientos. El plan se aplicará sobre todo en las nuevas construcciones.

Si realmente no hay escasez de metros cuadrados, ¿a qué se debe entonces el alto precio actual de la vivienda en Francia? Precisamente a lo que promueve el plan de recuperación, es decir, a la "activación" de los bienes raíces residenciales.

Es el segundo límite. Cuando la vivienda se considera menos por su uso que como un producto financiero, se implementan estrategias de extracción de valor que sustentan el aumento de los precios. Pudimos encontrar estas estrategias en el sector bancario, que apostó mucho por el valor residencial durante las décadas de 2000 y 2010, distribuyendo créditos en condiciones favorables que impulsaron el aumento de los precios inmobiliarios.

A su manera, y un año después de la suspensión del dispositivo Pinel que funcionaba con el mismo principio [ofrecía, de 2014 a 2024, la posibilidad al inversor inmobiliario de beneficiarse de una reducción del impuesto sobre la renta si se comprometía a alquilar la vivienda como residencia principal durante un mínimo de seis años, dispositivo que el gobierno consideró costoso e ineficaz], el plan de recuperación anima a los hogares a adoptar una relación financiera con los bienes inmuebles.

La consecuencia será anclar aún más el sector residencial a estrategias de gestión de cartera y optimización que apoyen el aumento de los valores a medio plazo. En efecto, se puede imaginar que después de los nueve años de ventajas fiscales, muchas de las viviendas afectadas se reasignarán a los usos más rentables, como en las plataformas de alquiler a corto plazo, tal como constató el Tribunal de Cuentas con las viviendas Pinel.

Esto también plantea una cuestión de justicia social, en la medida en que los hogares a los que va dirigido el dispositivo a menudo se alejan de la imagen del pequeño ahorrador que se presenta en los discursos. Los estudios del Insee sobre la multipropiedad muestran que afecta principalmente a hogares situados en los deciles de ingresos más altos. De hecho, muchos de ellos son grandes propietarios múltiples, ya que 1,2 millones de personas poseen cinco viviendas o más.

Así, las políticas de vivienda como el plan del gobierno, que apuestan por la monetización de los activos inmobiliarios, corren el riesgo tanto de ser ineficaces para regular la carestía de la vivienda a medio plazo como de reforzar las disparidades patrimoniales en beneficio de los hogares más dotados. El problema de la vivienda es la especulación, no la escasez.

Una política de vivienda adaptada a la situación se centraría más bien en promover modelos económicos no especulativos como la vivienda social o el alquiler social solidario (BRS). También se encargaría, antes de fomentar la construcción, de permitir una mejor reutilización de los metros cuadrados ya existentes. Además, sería una elección acertada también desde el punto de vista ecológico, ya que la fase de construcción representa entre el 65% y el 85% de las emisiones de gases de efecto invernadero de un edificio a lo largo de su ciclo de vida."

(Alexandre Coulondre, Revista de prensa, 03/02/26, traducción Quillbot, fuente Le Monde)

“Con medidas adecuadas, se puede encauzar el problema de la vivienda en dos o tres años”... lo que tenemos es un sistema de extracción de rentas, la gente ya no puede pagar una vivienda... se pueden hacer muchísimas cosas desde la administración central. Por ejemplo, todos los planes de rehabilitación de vivienda pueden salir directamente del Gobierno... se podría destinar dinero público a construir, además de un ascensor, una planta extra en los edificios antiguos, aumentando en varias viviendas cada bloque, y además condicionar esa ayuda económica a que en el edificio no haya ninguna vivienda vacía, lo que obligaría a sacarlas al mercado... Las empresas de construcción tradicional tienen capacidad en este momento de hacer unas 110.000 casas al año. No puedes pedir que dupliquen esa cifra, no hay empresas suficientes... Hay que empezar a sacar al mercado las 3,8 millones de viviendas vacías que ya tenemos. Hay que terminar con una parte de los alquileres turísticos, ese mercado no puede seguir creciendo. Y podemos empezar a plantearnos la construcción industrial, que es un sistema barato y rápido y permite hacer cosas como aumentar una planta por edificio... con la construcción industrializada puedes tener una casa en cien días (José Manuel López Rodrigo)

 "Desde hace unos años, no hay mesa de domingo en familia, ni café con los amigos por las tardes en los que la conversación no termine girando en torno a la falta de la accesibilidad de la vivienda en nuestro país. Tras la gran crisis de 2008 dos generaciones –los millennial y los Z– fueron expulsadas del mercado inmobiliario, y muchas de esas personas se han resignado con amargura a la idea de que solo a través de una herencia podrán llegar a tener algún día una casa. Los que ni siquiera pueden aspirar a esa herencia quedarán para siempre a merced de un mercado que devora la nómina entera y expulsa a los habitantes de sus barrios. 

Sin embargo, el futuro podría ser otro. Hablamos por teléfono con José Manuel López Rodrigo (Madrid, 1966), ingeniero de formación, experto en Planificación y Urbanismo, exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid y actualmente director del Gabinete de la ministra de Sanidad, Mónica García (Más Madrid). 

Durante toda la conversación, López insiste a menudo en sacudirse la resignación y la melancolía paralizantes: asegura que tenemos motivos para fabricar un relato mucho más esperanzador y empezar a cambiar las cosas. Para demostrarlo, acaba de publicar el libro Casas. Hacer política con (la, nuestra, tu) vivienda (Akal, 2025), una obra en la que se proponen soluciones realistas y argumentadas ante un problema que nos atañe a todos. 

El pasado 19 de noviembre nos desayunamos con el siguiente titular: “El precio de la vivienda se encarece un 12 % en el tercer trimestre de este año y marca su récord histórico desde 1995”, –aunque algunos medios han señalado que existen discrepancias muy grandes (un 43 % de media) entre los precios que vemos en los portales inmobiliarios y los que finalmente aparecen en las escrituras notariales–. Es imposible no preguntarse qué está pasando y cómo hemos llegado a esto, más aún si tenemos en cuenta que el PSOE ha estado gobernado en coalición con otras formaciones progresistas desde 2018. 

Para entender lo que sucede ahora hay que mirar lo que se ha hecho con la vivienda durante los últimos sesenta años. Debemos tener en cuenta que más o menos el 80 % de las casas que tenemos hoy fueron construidas después de 1960. Podemos diferenciar cuatro ciclos diferentes desde entonces hasta el momento actual. 

El primer ciclo iría desde 1960 hasta que España entra en la Unión Europea en 1985. Durante ese tiempo se construyeron ocho millones de viviendas protegidas, es decir hubo un control por parte del Estado, la gente no podía hacer lo que quisiera con su casa. Un segundo ciclo va desde 1985 hasta 1995: ahí se produce un gran problema cuando se modifica el sistema de protección. En lugar de hacer más VPO, lo que se hace es dar dinero a la gente a través del IRPF, de manera que la vivienda que te financiaban era libre, es decir, el Estado perdió el control sobre ella y su papel se limitó a financiar la compra. Entre 1982 y 2022 se ha destinado el equivalente a 162.000 millones de euros a esto –por ponerlo en perspectiva, el actual plan de recuperación es de 80.000 millones–. Además, durante ese tiempo se autorizó la descalificación de las viviendas protegidas. Recuerdo que mis padres estaban contentísimos: su vivienda protegida pasó de valer 300.000 pesetas a valer tres millones, de repente éramos una familia pudiente. 

Lo que hizo el Estado en aquel momento fue repartir mochilas, pero el problema es que, si no estabas ese día, te quedabas sin tu mochila, y a partir de ahí la administración ya no tuvo nada más para repartir. Cuando pensamos ahora en el sistema de redistribución de nuestro país, nos viene a la mente todo lo que tiene que ver con sanidad, educación, pensiones y servicios sociales, pero nadie habla de vivienda. Sin embargo, hasta 1984 todavía se consideraba la vivienda como una quinta pata en ese sistema de redistribución. 

El tercer ciclo se inició con Aznar. Se perdió el control estatal y todo pasó al mercado. Toda la transferencia que habían recibido las familias a través de las viviendas protegidas y del IRPF cambió de sentido y pasó a invertirse en los bancos. Las familias perdieron 40.000 millones y, unos años más tarde, el Estado añadió 80.000 millones más al rescate bancario. 

El cuarto ciclo sería el actual, y aún no sabemos cómo se va a llamar esto. En lugar de un sistema de redistribución lo que tenemos es un sistema de extracción de rentas, la gente ya no puede pagar una vivienda. 

¿Y hacia dónde estamos yendo? ¿Esto es otra burbuja, aunque no sea como la de 2008? ¿Qué va a suceder si se mantiene esta inercia, si nadie interviene? 

Hay varios condicionantes que se están dando a la vez. Una es que los fondos de inversión han metido mucho dinero en España comprando casas. De hecho, ahora están pensando en vender un 20 % de sus activos. El otro gran problema que tenemos tiene que ver con las herencias. Si uno mira la estructura del ahorro de las familias españolas, el 70 % de su dinero está invertido en el ladrillo. En el extremo opuesto de la OCDE estaría Austria, donde solo el 13 % del ahorro de las familias va al ladrillo. Pero aquí, cuando alguien tiene algún dinero, lo invierte en comprar una casa, o una segunda residencia, un terreno, un garaje, una vivienda para alquilar, lo que sea.

Lo que nos vamos a encontrar ahora es que la generación que compró los ocho millones de viviendas protegidas está empezando a fallecer. Así que vamos a tener ocho millones de viviendas en herencia. Y la liquidez que van a obtener los herederos la van a invertir otra vez en ladrillo, ya sea en rehabilitar su propia vivienda, o en comprar otra para ponerla en alquiler turístico, etc. Todo esto está alterando el sistema. Hay otros factores en juego también, como los 3,8 millones de viviendas vacías, o el hecho de que haya gente asustada creyendo que le van a ocupar su casa. De hecho, una de las cuestiones clave sería cambiar la manera de entender este asunto. 

Claro, pero si la vivienda es el único patrimonio que tienen las familias, ¿cómo podemos cambiar la mentalidad de la gente? 

Se puede cambiar el sentido común sobre las políticas de vivienda como ha ocurrido, por ejemplo, con el empleo. Una cosa es hablar de empleo y otra de trabajo. O hablar de transición ecológica en lugar de medio ambiente. Cuando le cambias el nombre a las cosas de repente empiezas a pensar de otra manera, y se te ocurren otras propuestas. Con la vivienda pasa lo mismo, hay que empezar a hablar de casas en lugar de hablar de vivienda. Y hay que diferenciar también entre ahorrar y especular. La gente quiere ahorrar, pero no necesariamente especular.

Hay cuatro elementos en esta cuestión. En primer lugar, cuando hablamos del acceso, ¿hablamos del acceso a la vivienda de las personas jóvenes o vulnerables? ¿O hablamos de que cuando alguien se divorcia ahora no tiene acceso a una vivienda? Hay un segundo punto que tiene que ver con el uso. Nosotros tenemos un parque muy malo. Somos el segundo país de la OCDE donde más gente vive en bloques de pisos. Tenemos aproximadamente un millón de personas de más de 65 años que viven por encima de un tercero sin ascensor. Son casas que no se pueden usar. Hay un tercer elemento que tiene que ver con el cambio climático: las casas generan el 40 % del consumo energético, contaminan. Y luego está el último elemento que mencionas, el económico. La gente tiene sus ahorros invertidos en vivienda, sí, pero también tienen hijos y quieren que sus hijos puedan tener una casa, o que sus padres ancianos puedan tener un ascensor en su bloque. 

La dinámica cultural en este país es tener la casa en propiedad, así que no podemos decirle a la gente que eso no puede ser, sino que tendremos que trabajar en esa misma dirección, sabiendo que el alquiler se va a ampliar. Cuando escribía el libro busqué los datos, y en España el 75 % de los hogares viven en una casa en propiedad. Luego hay un 15 % aproximadamente que tiene un alquiler a precio de mercado. Un 3,3 % viven de alquiler a un precio inferior al del mercado, bien porque es de renta antigua, bien porque se lo alquilan familiares o amigos. Y hay un 6 % de gente que vive gratis en casa de un familiar. La sociedad es esto, gente que quiere sobrevivir y quiere ahorrar, pero no quieren especular. Sin embargo, por algún motivo este no es el relato que se maneja en los medios. Hay mucha gente que alquila a precios por debajo del precio de mercado porque valoran otras cosas, como que su casa esté cuidada, o que una familia tenga un hogar, pero creen que son los únicos que lo hacen porque el relato que se maneja es que todo el mundo quiere sacar tajada. Lo que quiero decir con esto es que hay una masa crítica suficiente para empezar a regular el tema de la vivienda sin miedo, porque la gente va a responder favorablemente. Estamos en un momento en el que necesitamos proteger los ahorros de la gente, asegurar el acceso a la vivienda, proteger el uso de las casas y no morirnos a causa del cambio climático.

Hablemos entonces de regular y asegurar todo eso. ¿De quién son las competencias? ¿Por dónde empezamos? 

Desde luego, la política que nos ha traído hasta aquí no nos va a sacar de aquí. Hay que buscar otras soluciones. Una vía, de la que se habla mucho, es construir más casas. La otra vía es la que yo llamo “la melancolía austríaca”, esa idea de que si fuéramos como Austria el problema ya estaría resuelto. Ni somos Austria ni lo vamos a ser, así que hay que seguir buscando otras soluciones, porque de lo contrario caemos en la parálisis. Se habla mucho también del problema con las competencias entre gobierno central y comunidades autónomas. Por supuesto que las competencias influyen, pero se pueden hacer muchísimas cosas desde la administración central. Por ejemplo, todos los planes de rehabilitación de vivienda pueden salir directamente del Gobierno de España. Se pueden generar estrategias y dinámicas a las que luego se sumarán las comunidades si quieren. 

Nos encontramos en un momento decisivo. ¿Por qué todo eso no se está haciendo ya? 

Necesitamos una propuesta diferente que genere un relato diferente. Cuando por fin pasamos de hablar de empleo a hablar de trabajo nos encontrábamos ya con el agua al cuello. Y en el tema de la vivienda, nos encontramos también con el agua al cuello, y lo que necesitamos es generar un relato sobre cómo regular esto y empezar a hablar de ideas nuevas. Por ejemplo, se podría destinar dinero público a construir, además de un ascensor, una planta extra en los edificios antiguos, aumentando en varias viviendas cada bloque, y además condicionar esa ayuda económica a que en el edificio no haya ninguna vivienda vacía, lo que obligaría a sacarlas al mercado. Cuando yo he planteado esto en reuniones de alto nivel me decían “si la idea funciona, ¿por qué el mercado no hace eso?”. ¡Pues porque el mercado no lo hace todo! ¡Estas cosas necesitan ser reguladas! La cuestión es empezar a hablar de nuevas propuestas. 

Desde algunos sectores se propone construir más como solución, aparentemente obvia, al problema de la vivienda. A priori suena convincente, pero muchas voces han alertado de que no funcionaría. ¿Por qué? 

Cuando hablamos de vivienda no hablamos de personas, sino de hogares, unidades conformadas por una o más personas viviendo bajo un mismo techo. De acuerdo con los datos del INE, en el año 2039 este país va a tener 23 millones de hogares. En este momento tenemos 19,3 millones de hogares, es decir, en catorce años vamos a tener 3,7 millones de hogares más en España. De esos 3,7 millones, un tercio van a ser unipersonales. Otro tercio serán hogares de dos personas, no necesariamente dos adultos, pueden ser una pareja o un adulto con un niño. Por último, habrá otro tercio de hogares conformados por familias de dos adultos con uno o varios niños. Eso significa que en 2039 en aproximadamente la mitad de los hogares solo entrará un salario. Así que vamos a necesitar 3,7 millones de casas con un precio asequible, porque de lo contrario esta situación es insostenible. Las empresas de construcción tradicional tienen capacidad en este momento de hacer unas 110.000 casas al año. No puedes pedir que dupliquen esa cifra, no hay empresas suficientes. Tras la crisis las constructoras grandes se fueron de España a hacer obras públicas en otros países. Además, se tarda mucho tiempo en urbanizar el suelo. Así que no se puede solventar el problema a través de la construcción tradicional. Hay que empezar a sacar al mercado las 3,8 millones de viviendas vacías que ya tenemos. Hay que terminar con una parte de los alquileres turísticos, ese mercado no puede seguir creciendo. Y podemos empezar a plantearnos la construcción industrial, que es un sistema barato y rápido y permite hacer cosas como aumentar una planta por edificio. 

¿Qué papel juegan los bancos en todo este asunto? Los rescatamos con casi 80.000 millones de euros tras la crisis y ahora no dan hipotecas. ¿Es bueno que no lo hagan, nos están evitando otra burbuja? ¿O hay que obligar a los bancos a prestar dinero a los ciudadanos?

Por un lado, si empezáramos a regular los precios inundando el mercado de vivienda protegida, probablemente los bancos empezarían a dar más hipotecas. También se puede presionar directamente a las entidades bancarias, pero hay otra posibilidad mucho más interesante, que es montar un fondo público. En Francia existe un fondo público, Livret A, que maneja actualmente 400.000 millones de euros. La gente puede meter ahí sus ahorros y obtiene una rentabilidad similar a la de las Letras del Tesoro. Ese fondo serviría después para dar créditos, ya sean destinados a la compra de vivienda o a la rehabilitación de casas antiguas. Lo bueno del fondo es que permite a la gente invertir en ladrillo sin preocupaciones y con una rentabilidad garantizada. Y ahora mismo hay mucha liquidez disponible porque, como hemos dicho, la gente está empezando a recibir muchas herencias y las quieren reinvertir en ladrillo. 

Supongamos que nos ponemos ya mismo a la tarea y se empiezan a hacer todas estas cosas. Se crea un fondo, se dedica dinero público a la construcción industrial, se hacen aflorar al mercado las viviendas vacías, etcétera. ¿Cuánto tardaríamos en revertir la situación que tenemos actualmente? 

Se ha generado un relato muy negativo en torno a la cuestión de la vivienda, mucha gente cree que todo esto es imposible. Pero no es cierto, se pueden provocar cambios muy rápidos con las medidas adecuadas, por ejemplo sacando viviendas al mercado a través de una agencia pública de alquiler. Es otro asunto que también hay que proponer. Existe una narrativa falsa sobre las ocupaciones de vivienda que hace que mucha gente tenga miedo de poner su casa en alquiler. Una manera de romper con esos miedos es a través de la creación de una agencia que gestione todo lo relativo al alquiler de la vivienda, asegurando los pagos para el propietario y asegurando que la vivienda va a encontrarse en buen estado. Eso sí, con un precio controlado. Montar una agencia de alquiler público no tiene mucha complejidad, se podría hacer en poco tiempo, por ejemplo a través de instituciones que ya existen actualmente y han ido perdiendo algunas de sus funciones. Lo mismo pasa con la construcción industrializada, puedes tener una casa en cien días. 

Si empiezas a mover la rueda vas generando una dinámica de cambios donde una cosa lleva a otra. En dos o tres años podríamos tener el problema de la vivienda encauzado. Y creo que se dan las condiciones sociales en este momento para que la gente acepte tener este debate sobre la regulación del mercado de la vivienda. Al fin y al cabo, este asunto nos afecta a todos, y tenemos que vender un relato esperanzador, porque cambiar las cosas no es imposible. 

En su libro habla sobre cuestiones relativas al urbanismo y la estética. Alguien podría pensar que esos temas son secundarios o frívolos en un contexto de emergencia como es el actual. 

La pregunta que a mí me gusta hacerle a la gente es: ¿cómo te imaginas tu futuro? Porque si lo imaginas gris, tu relato se va a orientar hacia un futuro gris. Durante la dictadura las familias recibían casas que eran todas iguales, y el mensaje detrás de esa uniformidad era “no saques los pies del tiesto”. Si no puedes ni cambiar el toldo, mucho menos meterte en un sindicato. Ese es el mensaje que te envían ese tipo de casas. Yo he trabajado en rehabilitación de viviendas y la gente tiende a querer cambiar las casas, a ponerlas de otro color, a hacerlas a su manera. Y eso de alguna manera te empodera porque te hace imaginar otras posibilidades, otro futuro. "

(Entrevista a José Manuel López Rodrigo,  Adriana T. , CTXT, 28/11/25)

Ni faltan casas ni suelo... la subida de precios es generalizada en toda Europa y eso implicaría pensar que la oferta está viéndose restringida en todos los países a la vez. No parece que eso sea verosímil... España es el país que más suelo rural transformó para otros usos. Urbanizar más no es la solución... Además, la escasa construcción reciente debería verse parcialmente compensada con un “superávit acumulado” en el periodo de 2011 a 2021, cuando España incrementó en casi un millón más el número de viviendas que el de hogares. Por ello hay que fijar la mirada sobre la vivienda vacía, que según el INE asciende a casi cuatro millones de inmuebles. Eso supone un 14,4% del parque inmobiliario (José Luis Aranda)... Si se busca 'vivienda vacía' en la Wikipedia, se encuentra que en En Holanda es legal la ocupación de viviendas vacías que lo estén durante más de un año[cita requerida]. En Dinamarca, en municipios de gran tamaño, se imponen multas a los propietarios que tengan viviendas vacías durante más de seis semanas. En Francia, en el caso de propietarios que tengan una vivienda vacía durante más de 18 meses puede requisarse hasta por 12 años si existe necesidad de vivienda. En Inglaterra existe un presupuesto para comprar viviendas vacías para alquiler social y se multa a los propietarios de viviendas vacías y se obliga al alquiler o venta forzosa de viviendas privadas que lleven más de seis meses vacías

 "España vive una crisis descomunal de acceso a la vivienda. Sobre esa afirmación existe un acuerdo generalizado, como en el hecho (casi una obviedad) de que si eso sucede es porque faltan casas asequibles para la población. Pero ahí se acaban prácticamente los consensos. La respuesta a de dónde sacar pisos que la gente pueda pagar ya no es tan evidente, como muestra un artículo reciente a cargo de la Universidad Politécnica de Cataluña, publicado por el Ministerio de Vivienda, que supone una impugnación del discurso dominante en el sector inmobiliario. En España, dicen los investigadores, ni faltan tantas casas como se dice, ni el problema es la escasez de nuevo suelo.

Los arquitectos Josep Roca Cladera y Blanca Arellano Ramos, ambos del Centro de Política de Suelo y Valoraciones de la universidad barcelonesa, firman el artículo. Con el título Cinco tesis sobre la vivienda en España, aparece en la revista Ciudad y Territorio, que se presenta este miércoles en el Ministerio de Vivienda, pero su contenido ha sido parcialmente adelantado. A lo largo de 24 páginas, los autores repasan cinco aspectos clave en la actual crisis de asequibilidad: el déficit de vivienda, la relación entre la construcción de más casas y los precios, la escasez de suelo, la vivienda social y la focalización de las iniciativas en el alquiler. En todos ellos buscan datos o evidencias que avalen o refuten la visión que domina en las actuales políticas.

Sobre la supuesta falta de casas y el efecto que esto tiene sobre los precios, por ejemplo, recuerdan que es una tesis que ha defendido el propio Banco de España, cuyos informes “no dudan en acudir al argumento del déficit de vivienda como principal causante del encarecimiento residencial”. Y sostienen que “dicha convicción parece influir en el sentimiento de políticos, periodistas y, en general, de la ciudadanía”. Pero frente a esa visión generalizada expresan “serias dudas”. Entre otros motivos porque la subida de precios, recuerdan, es generalizada en toda Europa y eso implicaría pensar que la oferta está viéndose restringida en todos los países a la vez. “No parece que eso sea verosímil”, responden.

Además, la escasa construcción reciente debería verse parcialmente compensada con un “superávit acumulado” en el periodo de 2011 a 2021, cuando España incrementó en casi un millón más el número de viviendas que el de hogares. Por ello piden fijar la mirada sobre la vivienda vacía, que según el INE asciende a casi cuatro millones de inmuebles. Eso supone “un 14,4% del parque inmobiliario, muy por encima del 5% que la mayor parte de estudios especializados considera deseable”, recuerda el estudio.

Pero además, entrando en la segunda tesis, los arquitectos observan la evolución de nuevas casas levantadas y los importes para concluir que “construir mucha más vivienda no comporta necesariamente, en el mercado residencial, una reducción de precios”. El ejemplo aquí es claro: la burbuja de principios de siglo, cuando la alegría al edificar y los precios se dispararon simultáneamente.

En esa época también proliferaban los planes urbanísticos, y por eso los investigadores añaden a la refutación una reivindicación clásica de los promotores como es la escasez de suelo finalista (listo para construir). Los datos entre 2000 y 2018 —aunque en estos pesan mucho los años de la burbuja— muestran que España es el país que más suelo rural transformó para otros usos, por delante de Francia y más del doble que Alemania, Polonia o el Reino Unido. “Urbanizar más no es la solución”, sostienen los investigadores, que proponen aprovechar mejor y regenerar parcelas ya existentes. Como idea general de estas tres tesis, el artículo se basa en otras investigaciones para afirmar que en el mercado de la vivienda “la política de cantidad apenas afecta a la estructura de precios”. Esto sucede porque a la hora de fijar lo que vale una casa es determinante la capacidad de pago de la demanda. Conviene, por tanto, abordar la crisis de asequibilidad con otras herramientas, en las que se centran en la cuarta y la quinta tesis.

Ambas se dedican a las posibles soluciones a la situación actual. “La construcción de viviendas sociales es nuestro gran problema”, afirma el artículo. “Tan solo un 17% de vivienda acabada en el periodo 2007-2023 ha sido de protección [oficial], siendo el último año del que se dispone de datos el más bajo de la mencionada serie”, justifican los autores para reclamar más vivienda social. Esta es una de las grandes apuestas políticas (de momento, sin una plasmación clara en el mercado) y cuenta con un apoyo amplio junto con el fomento del alquiler. Pero “el consenso que despierta el impulso del mercado de arrendamiento se quiebra en cuando se hace referencia a la política de contención de alquileres”, advierten el artículo. Una intervención de rentas, limitada en el tiempo según recuerdan los expertos, a la que ven sentido si se acompaña de otras ayudas y de medidas como la regulación del alquiler turístico y de temporada, que restringen la oferta para usos residenciales." 

( José Luis Aranda , El País, 26/11/25)

 

"  Wikipedia: vivienda vacía

 Una vivienda desocupada, deshabitada, ociosa o vacía es aquella vivienda en la que no habita nadie durante un periodo continuado de tiempo, que dependiendo de la legalidad o parámetros estadísticos de cada país puede variar. La vivienda vacía se considera una patología urbana.^[1]​

Para que una vivienda se considere vacía debe cumplir esta condición durante un tiempo mínimo así como unas condiciones de habitabilidad que impidan calificarla como infravivienda. La vivienda deshabitada no debe confundirse con la segunda vivienda que se ocupa durante cortos períodos de tiempo.

Derecho a la vivienda y vivienda vacía

Las viviendas vacías constituyen, desde el punto de vista del acceso a la vivienda, un problema social que cuestiona las políticas de vivienda de los distintos países. Se considera una pérdida de recursos y una mala gestión del parque inmobiliario la coexistencia de un número importante de viviendas vacías junto con la demanda insatisfecha de vivienda.

Aunque desde el punto de vista del propietario puede no considerarse un problema, si éste puede asumir fácilmente los costes derivados del mantenimiento de la vivienda sin ocupar, desde el punto de vista social, una vivienda vacía es una patología urbana.^[2]​^[3]​^[4]​^[5]​^[6]​

Políticas públicas sobre la vivienda desocupada

Las políticas públicas en relación con las viviendas deshabitadas son de muy distinto tipo aunque en general se tiende a penalizar, en muy distinta medida, la inacción del propietario -sea un banco, un grupo financiero o inversor, una inmobiliaria o un particular- para dar uso a dicha vivienda. Las medidas van desde la expropiación total o temporal hasta el incremento de diferentes tasas e impuestos^[7]​^[8]​ u otro tratamiento fiscal.^[9]​

Fiscalidad, tasas y multas a las viviendas vacías en Europa

En Holanda es legal la ocupación de viviendas vacías que lo estén durante más de un año^{[cita requerida]}. En Dinamarca, en municipios de gran tamaño, se imponen multas a los propietarios que tengan viviendas vacías durante más de seis semanas^{[cita requerida]}.

En Francia se ofrecen ayudas a los propietarios para rehabilitar y alquilar la vivienda garantizando el ingreso por alquiler. Existe además una tasa sobre vivienda vacía en ciudades de más de 200 000 habitantes y siempre que la tasa de viviendas vacías sea superior a la media, la población esté en crecimiento y haya menos oferta que demanda de alquiler. En estas condiciones la tasa es del 10% del valor catastral de la vivienda el primer año, el 12.5 % el segundo y 15 % el tercero y posteriores. En el caso de propietarios -personas jurídicas- que tengan una vivienda vacía durante más de 18 meses puede requisarse hasta por 12 años si existe necesidad de vivienda.

En Reino Unido la Agencia Estatal de Vivienda Vacía (Empty Home Agency) da incentivos fiscales a los propietarios para compra y rehabilitación de viviendas vacías. También existe un presupuesto para comprar viviendas vacías para alquiler social y se multa a los propietarios de viviendas vacías y se obliga al alquiler o venta forzosa de viviendas privadas que lleven más de seis meses vacías, salvo que sea una segunda residencia, su propietario esté enfermo o recién fallecido y se esté tramitando la herencia, esté trabajando en otra ciudad o la utilice de forma esporádica.

En Suecia los ayuntamientos ofertan vivienda en alquiler barata que obliga a los propietarios a ajustar precios. También se procede, dependiendo de las circunstancias, a demoler las viviendas vacías. En Alemania los propietarios están obligados a la rehabilitación o pueden ser expropiados temporalmente para poner la vivienda en alquiler. En municipios con más del 10 % de viviendas vacías la Administración procede a demoler las viviendas vacías que no se pueden alquilar. En Italia se penaliza fiscalmente la vivienda vacía por un valor del 9 por 1000 del valor catastral.^[10]​

Impuestos a la viviendas vacías

España

En algunas comunidades autónomas y ayuntamientos de España se han aprobado sanciones a los bancos que acumulen viviendas vacías promoviéndose que dichas viviendas se dirijan al alquiler social. En otros se establece una tasa que deben pagar los propietarios de viviendas vacías.^[11]​^[12]​^[13]​^[14]​

Canadá

En la ciudad canadiense de Vancouver, los propietarios de viviendas están obligados a hacer una declaración anual si su propiedad se encuentra "sin ocupantes" (independiente si se encuentra amoblada o vacía), o si es ocupada por periodos cortos de tiempo, por lo que deben pagar un impuesto del 1% del valor del avalúo fiscal de la vivienda, de lo contrario se arriesgan a multas si son denunciados.^[15]​

Número de viviendas vacías

Viviendas vacías en América

En México, alrededor del año 2010, el número de viviendas deshabitadas estaba cerca de los 5 millones. Existían 35 617 724 viviendas de particulares, de las cuales sólo 28 607 568 estaban habitadas por lo que 4 997 806 estaban desocupadas; 2 012 350 era segunda vivienda o vivienda de uso temporal.^[1]​

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 2010, sobre un total de 1 425 840 viviendas censadas, había 340 975 vacías, un 24.91 %.^[16]​

Viviendas vacías en Europa

En Europa, en 2014, según The Guardian, había más de 11 millones de viviendas vacías. España era el país con más viviendas vacías, 3.44 millones sobre un parque de 25.2 millones de viviendas, es decir, el 13.7 % del total.^[17]​^[18]​ (...)"

En Azpeitia había 553 solicitudes de alquiler social y, al mismo tiempo, en el ayuntamiento manejan la cifra de 563 viviendas vacías... "Se trataba de poner en la balanza, por un lado, el derecho a tener una vivienda en desuso, y, por otro, el derecho de la ciudadanía a una vivienda digna", afirma. El peso cayó rotundamente de este último lado... correspondía a los ayuntamientos cumplir el derecho subjetivo a la vivienda, un elemento que permite además el acceso a otro tipo de derechos... así se impone un canon de 10 euros por metro cuadrado a quienes tuvieran pisos vacíos durante más de dos años, salvo que se tratase de segundas residencias o que existiesen razones justificadas... el reglamento que estipula la aplicación del canon establece algunos indicadores, como los bajos niveles en el consumo de agua... Para evitar la aplicación del canon, el titular de la vivienda debe ponerla en alquiler –ya sea en el mercado o acogiéndose a los programas del Gobierno vasco– o a la venta... hasta ahora solo cuatro o cinco propietarios respondieron al Ayuntamiento que les daba "un poco igual" y que no tenían intención de dejar de tener una casa vacía. "Otros piden algo de tiempo porque son viviendas heredadas", explicó. Para facilitar estos procesos, el Gobierno municipal aprobó en enero pasado unas ayudas económicas destinadas a quienes necesiten realizar reparaciones en sus viviendas antes de ponerlas en alquiler (Danilo Albin)

 "El mes de julio se despide al calor de las fiestas en Azpeitia, un pueblo enclavado en el interior de Gipuzkoa. La celebración de San Ignacio marca uno de los momentos más especiales del año en este municipio, gobernado por EH Bildu. Entre pañuelos festivos y clima veraniego, no hay prácticamente habitante que no conozca otra de las señas distintivas: en Azpeitia no quieren que existan casas vacías y gente sin casa.

"Entendemos la vivienda como un derecho social básico", dijo a Público en una mañana prefestiva su alcaldesa, Nagore Alkorta. Mientras el pueblo se preparaba para vivir sus Saninazioak, esta mujer, integrante de EH Bildu y máxima responsable municipal desde 2019, rememoraba cómo empezó todo.  

Los números hablan por sí solos. En 2021, poco después de que el ayuntamiento habilitara su primera Oficina de Vivienda Municipal, Alkorta comprobó que había 553 solicitudes de alquiler social y, al mismo tiempo, un amplio número de casas vacías. Las cosas no cuadraban. 

Fue entonces cuando Azpeitia recordó lo que algunos años antes había ocurrido en el Parlamento vasco. En junio de 2015, la Cámara autonómica aprobó –con los votos en contra de PNV y PP– la ley de vivienda, que establecía el derecho subjetivo a una vivienda de alquiler y la imposición de un canon de 10 euros por metro cuadrado a quienes tuvieran pisos vacíos durante más de dos años, salvo que se tratase de segundas residencias o que existiesen razones justificadas. 

El reglamento sobre la aplicación del canon a las viviendas vacías se desarrolló en 2021. Con esa herramienta legal en la mano, el Ayuntamiento de esta localidad de Gipuzkoa decidió dar un paso adelante y convertirse en el primer municipio de la Comunidad Autónoma Vasca que puso en práctica lo que la ley de vivienda decía en el papel. 

El peso y la balanza

Alkorta recuerda los "nervios del principio", consciente de que Azpeitia acababa de abrir un camino hasta entonces sin explorar. "Se trataba de poner en la balanza, por un lado, el derecho a tener una vivienda en desuso, y, por otro, el derecho de la ciudadanía a una vivienda digna", afirma. El peso cayó rotundamente de este último lado. 

"Entonces analizamos el procedimiento administrativo y estudiamos cómo canalizar la aplicación del canon. Entendimos que nos correspondía a los ayuntamientos cumplir el derecho subjetivo a la vivienda, un elemento que permite además el acceso a otro tipo de derechos", relató la alcaldesa.     

A la hora de establecer si una vivienda está vacía o no, el reglamento que estipula la aplicación del canon establece algunos indicadores, como los bajos niveles en el consumo de agua. 

A día de hoy, en el ayuntamiento manejan la cifra de 563 viviendas vacías, exactamente diez por encima del número de vecinos que en 2021 estaban inscritos en las listas de espera del Gobierno vasco para acceder a un piso de alquiler social. 

Para evitar la aplicación del canon, el titular de la vivienda debe ponerla en alquiler –ya sea en el mercado o acogiéndose a los programas del Gobierno vasco– o a la venta. "El objetivo es que estas viviendas entren en circulación", resumió Alkorta. 

La alcaldesa señaló que hasta ahora solo cuatro o cinco propietarios respondieron al Ayuntamiento que les daba "un poco igual" y que no tenían intención de dejar de tener una casa vacía. "Otros piden algo de tiempo porque son viviendas heredadas", explicó. 

Para facilitar estos procesos, el Gobierno municipal aprobó en enero pasado unas ayudas económicas destinadas a quienes necesiten realizar reparaciones en sus viviendas antes de ponerlas en alquiler. 

Alquileres rotacionales

Azpeitia también cuenta con 12 viviendas tuteladas para personas mayores de 65 años o con algún tipo de dependencia de primer grado, así como un programa de alquileres rotacionales –con una duración máxima de cinco años– enfocado en jóvenes de hasta 35 años y dificultades socioeconómicas para emanciparse. 

"Hemos visto que sólo una tercera parte de las personas de entre 18 y 35 años está emancipada. Este programa de alojamiento rotacional es un buen recurso para posibilitar un proyecto de vida", señala Alkorta. (...)" 

(Danilo Albin , Público, 03/08/25) 

Si en España solo faltan 700.000 viviendas ¿cómo no se ha resuelto ya? Hablamos de un país con 1,1 millones de pisos vacíos en las 7 provincias más pobladas, 370.000 Airbnbs en ZT y una capacidad de construir 600.000 viviendas al año durante la burbuja... La crisis de acceso a la vivienda en España no la provoca la inmigración sino poderosos intereses económicos que han bloqueado la oferta para elevar los precios y convertir la vivienda en un activo para la especulación (Carlos Martín Urriza)

Carlos Martín Urriza @carlosurriza

La crisis de acceso a la vivienda en España no la provoca la inmigración sino poderosos intereses económicos que han bloqueado la oferta para elevar los precios y convertir la vivienda en un activo para la especulación.

Si en España solo faltan 700.000 viviendas ¿cómo no se ha resuelto ya? Hablamos de un país con 1,1 millones de pisos vacíos en las 7 provincias más pobladas, 370.000 Airbnbs en ZT y una capacidad de construir 600.000 viviendas al año durante la burbuja.

 https://recyt.fecyt.es/index.php/CyTET/article/view/118153/85046

 El nuevo Plan Estatal de Vivienda vuelve a proteger a los especuladores: apenas 7.000 millones en 5 años y, una vez más, canalizados a través de inmobiliarias privadas.

9:36 p. m. · 18 oct. 2025 125 Visualizaciones 

España es uno de los países, entre los 35 de la OCDE, con mayor número de casas por habitante. Y el problema está en el importante número de viviendas que no están siendo utilizadas, o son infrautilizadas... hay 3,8 millones de viviendas vacías. El debate está en si realmente están vacías, o más bien infrautilizadas. Lo que sabemos es que el consumo de electricidad en estas viviendas es extremadamente bajo... 1,1 millones de estas casas están en capitales de provincia, o en ciudades con más de 50.000 habitantes. Por lo tanto, donde más se necesitan. También hay 400.000 casas secuestradas por el mercado turístico... La cuestión es que por mucho que se construyan viviendas y haya más casas, si estas casas son compradas como producto de inversión o activo financiero, no se resolverá nunca el problema. Está bien construir más viviendas públicas, pero simultáneamente hay que abordar el problema de su distribución y uso... las casas que se venden en el mercado están siendo adquiridas como producto de inversión. El 56% de las compras, en los últimos diez años, se hacen sin hipoteca... Eso hay que abordarlo, y hacerlo fundamentalmente mediante impuestos... En Singapur, si quieres comprarte una primera casa, la administración te ayuda. Pero si se trata de una segunda o una tercera casa, cuando ya se tiene una primera de uso, lo que hace la administración es subirte los impuestos. Algo así se podría hacer aquí. Pero está pasando todo lo contrario. Quien más impuestos paga ahora por la vivienda es quien lo compra para vivir en ella... en Viena no se dan facilidades para la edificación de viviendas de lujo, cosa que sí se hace con la vivienda asequible. Incluso regalando suelo... Los ricos, que son los que menos impuestos pagan, no quieren pagar. Hay que bajar impuestos a las personas trabajadoras, que no tienen patrimonio, y subirlos a los que son enormemente ricos. De lo que se trata es de equilibrar la balanza. Las bases materiales y morales de la democracia liberal están en crisis. Así no es extraño, pues, que aumente el número de personas que dejan de creer en la democracia (Jaime Palomera)

 "Antropólogo, especializado en economía, particularmente de la desigualdad. Desde 2007, investiga sobre la vivienda, que se ha convertido en el motor principal del malestar social. Ha publicado artículos científicos sobre la burbuja inmobiliaria. Cofundador del Instituto de Investigación Humana de Barcelona. Ahora, publica El secuestro de la vivienda (Editorial Pòrtic / Ediciones Península).

¿Quién secuestra la vivienda, por qué, cómo…?

Fundamentalmente, las casas son, primero de todo, un bien de primera necesidad. Pero tienen la particularidad de que pueden ser destinadas a usos diferentes de los que pensó el arquitecto, quien las diseñó o quien las construyó. Uno de ellos es, precisamente, el no uso, que es mantener la vivienda vacía. También puede ser destinada a convertirse en un hotel, un piso turístico o en alquiler de temporada. El secuestro consiste precisamente en eso. Algo que se hace principalmente en el mercado turístico. Con ello se secuestra, claro está, la función social de estas casas, su función residencial. También hay otras cosas que se secuestran, como por ejemplo el saber.

¿El saber, oculto detrás de un espeso velo de mentiras y medias verdades?

Vivimos en un país –y en otros también pasa– donde están actuando permanentemente thinks tanks, expertos, economistas…, que nos impiden conocer las auténticas causas del problema de la vivienda, y ver cómo se produce su secuestro. El mantra de que esto se resuelve aumentando la oferta no explica ni soluciona el problema. En el libro, lo comparo con la ley de la gravedad. Si a una persona que viera un avión estrellarse se le ocurriera decir que ha sido por la ley de la gravedad, diríamos que desvaría. Porque, seguramente, habría otros motivos más concretos que influyeron en el vuelo para que el avión se estrellara. Con la vivienda pasa lo mismo cuando se dice que la demanda hace que el precio suba.

¿No parece increíble que, a estas alturas de la historia, la escasez de vivienda siga siendo, y cada vez más, un problema?

España es uno de los países, entre los 35 de la OCDE, con mayor número de casas por habitante. Y el problema está en el importante número de viviendas que no están siendo utilizadas, o son infrautilizadas, cosa que no pasaba hace unas cuantas décadas. En España hay 3,8 millones de viviendas vacías. El debate está en si realmente están vacías, o más bien infrautilizadas. Lo que sabemos es que el consumo de electricidad en estas viviendas es extremadamente bajo. Por lo tanto, se deduce que en estas casas no están viviendo familias, a lo largo del año. Cuando esto se plantea, hay quien responde diciendo que esto se debe a que hay muchas casas vacías en la España deshabitada. Pero, en realidad, si miramos bien los datos, vemos que, aunque es cierto que hay casas sin habitar en la España vaciada, 1,1 millones de estas casas están en capitales de provincia, o en ciudades con más de 50.000 habitantes. Por lo tanto, donde más se necesitan. También hay 400.000 casas secuestradas por el mercado turístico, y esta cifra va subiendo.

¿Al final, en esto de la vivienda, chocamos frontalmente con el mercado, que es quién tiene la sartén por el mango?

La cuestión es que por mucho que se construyan viviendas y haya más casas, si estas casas son compradas como producto de inversión o activo financiero, no se resolverá nunca el problema. Está bien construir más viviendas públicas, pero simultáneamente hay que abordar el problema de su distribución y uso. Aquí hay una cuestión fundamental: una parte muy importante de las casas que se venden en el mercado están siendo adquiridas como producto de inversión. El 56% de las compras, en los últimos diez años, se hacen sin hipoteca. Es una minoría la gente que se hipoteca para una primera vivienda. Además, prácticamente la mitad de los que compran con hipoteca, en los últimos años, lo están haciendo como producto de inversión, segunda o tercera vivienda. Los que más necesitan casa no son los principales compradores. El mercado de la vivienda tiene una permanente injerencia de actores que compran casas porque es un producto extremadamente rentable. Lo que se invierte en una casa se revaloriza mucho más que teniendo el dinero en el banco.

¿La combinación de uso turístico y residencial, en el tiempo, podría contribuir a paliar el problema, o todo lo contrario?

Se está haciendo y resulta parte del problema. Porque al propietario no le interesa tener a personas más de seis meses, digamos, porque la otra mitad del año tiene turistas. Imposibilita que haya familias que puedan disponer de la vivienda con un mínimo de estabilidad. Desde la gran crisis financiera de 2008, hemos entrado en un cambio histórico, de paradigma, donde los más ricos disponen de muchos incentivos para comprar y acaparar casas como un producto de inversión. Eso explica que entre 2008 y 2023 el mercado de alquiler haya aumentado en 1,3 millones de viviendas. ¿Son nuevos? No. Eran de pequeños propietarios que los tuvieron que vender y los están comprando no personas que se convertirán a su vez en pequeños propietarios, sino los que ya tienen propiedades. Van acumulando y las colocan en mercados de alquiler cada vez más especulativos. Eso hay que abordarlo, y hacerlo fundamentalmente mediante impuestos.

¿Tienen recorrido las medidas que está anunciando el Gobierno central y también la Generalitat, en el caso de Cataluña, para cambiar de alguna manera las derivas del mercado de la vivienda?

Isabel Díaz Ayuso también lo está diciendo. Es un paso importante. La diferencia entre Cataluña y Madrid es que ésta sigue haciendo lo que se ha hecho toda la vida: vivienda protegida que, al cabo de unos años, se vende. Así, en España se han perdido tres millones de viviendas que hoy serían públicas. Lo que plantea Cataluña y Euskadi, que es quien más lo ha hecho históricamente, es que toda vivienda protegida que se cree no deje nunca de serlo. Ahora se plantea hacer, por primera vez, vivienda protegida a perpetuidad. Pero también es verdad que es como intentar apagar un incendio forestal con cubos de agua. El mercado es inmenso, y las dinámicas especulativas alarmantes. 50.000 viviendas protegidas, como se ha planeado en Cataluña, es el plan más ambicioso de todas las comunidades autónomas, pero comparadas, por ejemplo, con las 100.000 viviendas turísticas, o las 400.000 vacías, son cubos de agua.

¿Hay ejemplos contrastados, significativos, que podrían emularse para hacer frente a la crisis de la vivienda?

Fundamentalmente, lo que planteo es hacer lo que ya hizo Singapur hace años, que no es nada más que limitar la especulación y el acaparamiento. En Singapur, si quieres comprarte una primera casa, la administración te ayuda. Pero si se trata de una segunda o una tercera casa, cuando ya se tiene una primera de uso, lo que hace la administración es subirte los impuestos. Algo así se podría hacer aquí. Pero está pasando todo lo contrario. Quien más impuestos paga ahora por la vivienda es quien lo compra para vivir en ella. Sin llegar a ser un fondo buitre, si tienes más de ocho viviendas, pagas menos impuestos a la hora de comprar pisos o de ponerlos en alquiler. El mercado del alquiler es un juego tramposo. No es sólo que la gente compite cuando intenta comprar o alquilar un piso con inversores con mucho dinero, sino que encima estos inversores tienen un montón de ayudas fiscales que les permiten endeudarse con las casas, con menos dinero que cualquier persona que quiera comprarse un piso. Hay que cambiar las reglas del juego. Y hay que hacer lo mismo con la construcción, como en Viena, donde no se dan facilidades para la edificación de viviendas de lujo, cosa que sí se hace con la vivienda asequible. Incluso regalando suelo.

¿Planteas, en fin, como Roosevelt con el New Deal, la utilización de la palanca fiscal como herramienta idónea de intervención en la vivienda?

Sí. En los años 30, Roosevelt se dio cuenta de que había gente con mucho poder y capacidad monopolista para fijar precios. Lo que generaba desigualdad e incidía negativamente en la economía productiva. Es un poco lo que está pasando ahora. Si la gente tiene que pagar tanto por una hipoteca o un alquiler, la capacidad de consumo baja, y eso es malo para la economía. Incluso las acciones de las empresas pierden interés para los inversores.

Los impuestos, sin embargo, parece que no están de moda, sino todo lo contrario.

Los ricos, que son los que menos impuestos pagan, no quieren pagar. Hay que bajar impuestos a las personas trabajadoras, que no tienen patrimonio, y subirlos a los que son enormemente ricos. De lo que se trata es de equilibrar la balanza. Las bases materiales y morales de la democracia liberal están en crisis. Así no es extraño, pues, que aumente el número de personas que dejan de creer en la democracia." 

(Entrevista a Jaime Palomera, Peru Erroteta , elTriangle, 13/07/25)

Líneas de trabajo para garantizar el derecho a la vivienda: Legislar la dación en pago retroactiva para poder liberar de deudas impagables de por vida a las más de 700.000 familias... obligatoriedad de que la Administración realoje a las personas sin alternativa habitacional... obligatoriedad de que la Administración realoje a las personas sin alternativa habitacional... elaborar un censo de la propiedad, accesible de forma gratuita y por medios electrónicos, para conocer quiénes son los propietarios de los inmuebles... eliminación de Socimis... Eliminar privilegios fiscales de rentistas particulares... con un gravamen del 3% sobre el suelo ocioso en manos de actores privados, el Estado ingresaría 150.000 millones de euros... con lo que se podría crear un Fondo Público de Inversión para generar un parque público de vivienda... Multas por evasión fiscal y usos antisociales de la vivienda... Ayudas fiscales para la promoción de vivienda asequible y sostenible... Promover la autoconstrucción especialmente en el entorno rural. Tal como viene realizando el Ayuntamiento de Marinaleda... Banco Público con el objetivo de financiar la promoción de vivienda cooperativa... Medidas para remunicipalizar el suelo... establecer la obligatoriedad de residir por un mínimo de 5 años en los inmuebles comprados en zonas tensionadas... Movilización de suelo, pisos vacíos e infraviviendas para la creación de un parque público inmobiliario... Prohibición de las empresas y actividades de desalojo ilegal (Luis Sanmartín)

 "Vivimos una tormenta perfecta. El exceso de riqueza por parte de una élite financiera, que acapara viviendas y el suelo útil, para procurar un aumento de sus ingresos exprimiendo a los trabajadores, con un Estado cómplice que protege intereses especulativos, promoviendo puertas giratorias y una fiscalidad laxa ha propiciado una situación de crisis habitacional global. El resultado es un precio de la vivienda que no para de hipertrofiarse, desdoblado peligrosamente de los salarios, porque tanto el suelo edificable como de los inmuebles acaba en pocas manos.              

No obstante, existen decenas de propuestas, no solo para paliar la emergencia planetaria de desahucios, sino para sentar las bases de un mundo equitativo en el que toda persona pueda acceder dignamente a un hogar. Aquí destacamos 20 líneas concretas de trabajo, que no agotan la creatividad política en la construcción de un futuro mejor. 

Medidas de emergencia para impedir los desahucios sin alternativa habitacional. Establecer la obligatoriedad de que la Administración realoje a las personas sin alternativa habitacional, en casos de primera y única vivienda, y en pisos públicos establecidos en el propio territorio. En caso de que la parte propietaria sea una empresa inmobiliaria, una entidad financiera o tenedores con más de cinco inmuebles, el desahucio deberá ser paralizado llegando a un acuerdo de alquiler social. Y en caso de producirse el desahucio de forma ilegal, que la parte propietaria realoje a la persona afectada en un inmueble de su propio patrimonio, corriendo con todos los gastos, incluidos los suministros, durante un mínimo de 12 meses y hasta que se llegue a un pacto de alquiler social.

Los pactos de alquiler social serán indefinidos, y no podrán superar el 10%, 12% o 14% de los ingresos de la unidad familiar dependiendo de su situación de vulnerabilidad, y estos límites incluirán el coste de los suministros básicos de agua, luz, gas e internet. Perseguir con amplias multas la discriminación de colectivos racializados, personas refugiadas, familias monomarentales y monoparentales, víctimas de violencia de género y otros grupos vulnerables en el acceso a la vivienda.

Reforma del sistema bancario. Legislar la dación en pago retroactiva para poder liberar de deudas impagables de por vida a las más de 700.000 familias que han padecido ejecuciones hipotecarias desde el comienzo de la crisis en 2008. Establecer la imposibilidad de vender las hipotecas sobre viviendas como producto financiero en la bolsa. Prohibir el uso de líquido captado por los depósitos de clientes habituales para financiar empresas de capital privado y fondos de extracción del ámbito inmobiliario. Obligatoriedad de que los bancos atiendan presencialmente a las personas que no puedan hacer frente a la hipoteca, o estén ocupando un inmueble, para iniciar negociaciones de alquiler social. Establecer quitas de la deuda proporcionales a los intereses de demora pagados por las personas afectadas desde el inicio de la crisis en 2008. Realizar quitas por la diferencia entre tasaciones infladas previas a la concesión de una hipoteca y tasaciones a la baja realizadas cuando comienza un proceso de ejecución hipotecaria.

Medidas para que el alquiler sea una forma segura y asequible de acceso a la vivienda. Reducción de los precios del alquiler en un 60% para compensar las subidas continuas de la última década. Establecer una regulación de precios del alquiler que sea aplicable en todo el Estado, y no sólo limitada a zonas tensionadas, mediante la creación de un índice de referencia de creación y aplicación obligatoria por parte del Ministerio de Vivienda. Establecer una obligatoriedad de que la Administración realoje a las personas sin alternativa habitacional, prohibir el arrendamiento y subarrendamiento de áreas internas de los inmuebles (alquiler por habitaciones, camas, etc.), prohibiendo los alquileres de temporada y limitando fuertemente los usos turísticos, prohibiéndolos en los municipios con más de 50.000 habitantes. Crear una oficina pública en la que funcionariado experto valore la negativa a la hora de devolver las fianzas, persiguiendo con multas de mínimo del 50% sobre retenciones de fianzas no comunicadas o injustificadas. Creación de un repositorio de malas prácticas, permitiendo la elaboración de una lista negra de inmobiliarias y tenedores que hayan reincidido en las mismas.

Eliminar el papel de los intermediarios privados en el mercado inmobiliario. Ilegalizar la existencia de inmobiliarias privadas, que se han convertido en intermediarios innecesarios entre arrendadores e inquilinos, así como entre vendedores y compradores, tendiendo a inflar los precios, plantear contratos abusivos y cobrar comisiones exageradas por servicios irrelevantes. Prohibir la existencia de portales inmobiliarios privados, que durante la última década han enviado información maquillada a los medios de comunicación para inflar los precios de la vivienda de forma artificial. En su lugar, crear servicios de atención pública. Y elaborar un censo de la propiedad, accesible de forma gratuita y por medios electrónicos, para conocer quiénes son los propietarios de los inmuebles. Además, que estos censos detallen quiénes son los CEO de las grandes empresas inmobiliarias, y si han sido escogidos por un fondo de extracción, para poder detectar si forman parte de un conglomerado mayor.

La unificación de los diferentes entes que procesan las solicitudes de realojos públicos. Eliminando duplicidades y fragmentaciones en los procesos de solicitud de pisos o recursos públicos, unificando Servicios Sociales, Oficinas de Vivienda, Servicios de Mediación y análogos. Establecer sistemas de vigilancia digital para que los usuarios sepan a tiempo real en qué punto de evaluación están sus solicitudes. Realizar formaciones entre los trabajadores sociales sobre la situación psicológica y socioeconómica de los usuarios, remarcando su posición de vulnerabilidad y necesidad de un trato empático. Establecer por ley que los trabajadores sociales atiendan a los usuarios dejándoles ir acompañados por miembros de movimientos y colectivos de vivienda. Favorecer formatos de asesoramiento colectivo en la Administración, fomentando lazos de solidaridad y la ayuda mutua entre los usuarios.

Eliminar privilegios fiscales de fondos de extracción. Detallamos algunos de estos privilegios. En primer lugar, las Socimis son sociedades inmobiliarias centradas en el arrendamiento que tributan al 0% en vez del 25% general del Impuesto de Sociedades, que se aplica sobre el excedente de beneficios; disfrutan de una exención del 95% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) que oscila entre un 4% a 10% del valor de un inmueble adquirido y también aplican la misma exención al impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) que varía entre el 0’5 al 1’5%. En segundo lugar, las Sociedades de Arrendamiento son agrupaciones con 8 o más inmuebles, que pagan un IVA superreducido del 4% en vez del general del 21% en la compraventa de inmuebles. En tercer lugar, los Fondos de Inversión Inmobiliaria son otra forma societaria sobre la que no se aplican impuestos de plusvalía, siendo éste el beneficio en la venta de una propiedad inmobiliaria. 

Eliminar privilegios fiscales de rentistas particulares. El alquiler de inmuebles por parte de personas físicas disfrutan de amplias exenciones en el IRPF por las rentas conseguidas: del 50% en todos los casos, del 60% si la vivienda está rehabilitada, del 70% en caso de alquilarse a jóvenes de entre 18 a 35 años y 90% en caso de rebaja el alquiler en un 5% del precio respecto del anterior contrato. Además, el propio Pedro Sánchez ha anunciado su intención de aumentar la exención al 100% en todos los casos. Es decir, que los rentistas particulares no paguen ni un solo impuesto. Esta política es gasolina intervencionista que encarece los precios, al atraer la actividad extractivista, que en busca de beneficios rápidos sube los precios de las viviendas.

Aumentar los gravámenes fiscales para impedir el acaparamiento de viviendas. En primer lugar, establecer un gravamen sobre el suelo ocioso en manos de actores privados, entendido como el suelo que no posee actividad. Con un gravamen del 3%, el economista Inurrieta ha calculado que el Estado ingresaría 150.000 millones de euros. En segundo lugar, procurando que las plusvalías percibidas por la venta de suelos reviertan totalmente en los Ayuntamientos como se practicaba en Reino Unido antes de los años 80. Junto con la anterior medida, ello impediría el aumento del precio del suelo, ya que ello implicaría impuestos al alza que tratarían de ser evitados por los acaparadores. En tercer lugar, establecer una lógica progresiva en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), bajando el actual en casos de primera vivienda y aumentándolo por tramos de forma especialmente intensa a partir del cuarto inmueble. En cuarto lugar, aplicar la progresividad en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), que tomando como referencia aproximada la fiscalidad de Singapur, podría mostrar tipos del 17% en la compra de la segunda vivienda, 25% en la tercera, 33% en la cuarta y así progresivamente aumentando 8 puntos por inmueble; y con porcentajes que podrían aumentar en caso de que el comprador sea un fondo de extracción o una entidad financiera. Además, establecer impuestos especiales a la venta de inmuebles, que no sean primera vivienda y hayan sido vendidos en menos de tres años desde su adquisición, desincentivando así la especulación. 

Multas por evasión fiscal y usos antisociales de la vivienda. Actualmente el IBI puede ser aumentado hasta en un 150% en caso de acaparar inmuebles vacíos, pero esta medida apenas desalienta a los grandes conglomerados al suponer un castigo irrisorio. En su lugar, se deberían plantear multas en base al patrimonio del actor que ejerce un uso antisocial. Además, la evasión fiscal en materia de vivienda debería tener un gravamen del 70% al 100% respecto de la cantidad no tributada atendiendo a las características y patrimonio del defraudador. 

Ayudas fiscales para la promoción de vivienda asequible y sostenible. Establecer una exención del IVA y un tipo máximo al 10% al Impuesto de Sociedades en proyectos de vivienda cooperativa o pública, reducir el IBI en caso de primera y única vivienda, aplicar exenciones en el IRPF de inquilinos sin propiedades, aplicar exenciones en el IRPF de socios de cooperativas de vivienda sin propiedades, permitir desgravaciones fiscales por reformas de eficiencia energética y el uso de materiales ecológicamente sostenibles como la madera, y permitir quedarse un 20% de la plusvalía por la venta de un terreno siempre que el comprador sea una entidad pública.

Promover la autoconstrucción y la recuperación de estructuras residenciales, especialmente en el entorno rural. Tal como viene realizando el Ayuntamiento de Marinaleda, ejecutar cesiones gratuitas de suelo público para la autoconstrucción de primeras viviendas, que sirvan de residencia habitual. Tales proyectos son ejecutados por el propio residente con la ayuda de expertos y materiales facilitados por la Administración; esta ayuda es amortizada mediante el pago de un canon que no supere los 20€ mensuales. Además, despenalizar la ocupación, reconstrucción y recuperación de pueblos abandonados, como ocurrió en el área de Fraguas. Y ofreciendo asistencia pública de forma que se incentive un retorno a las áreas rurales abandonadas.

Creación de un Fondo Público de Inversión con el objetivo de generar un parque público de vivienda. Este fondo podría financiarse con 150.000 millones de euros provenientes de gravar el suelo ocioso al 3% más una dotación presupuestaria de otros 50.000 millones conseguidas mediante las otras medidas fiscales mentadas. Además, se podría dotar al fondo con todos los activos inmobiliarios y de suelo provenientes de la gestora Sareb. Y para complementarlo, podría nutrirse de los activos inmobiliarios y terrenos infrautilizados de Administraciones como RENFE y Adif, entre otras posibles fuentes. Además, el fondo sería un instrumento para financiar Ayuntamientos locales de cara a la expropiación de inmuebles; o su rehabilitación a cambio de ser convertidos en públicos pasado un período de 70 años.

Creación de un Banco Público con el objetivo de financiar la promoción de vivienda cooperativa. Creación de un Banco Público, mediante dotación presupuestaria y la nacionalización de los activos de los bancos por valor de los aproximadamente 60.000 millones de euros en concepto de rescates bancarios directos no devueltos y los 35.000 millones de deuda pública generados por el desbalance de la Sareb. La función del banco público sería la financiación de proyectos de vivienda cooperativa o pública; especialmente atendiendo a una política de préstamos blandos, al 0% de interés y exentos de impuestos, para posibilitar a las clases populares acceder a proyectos de vivienda cooperativa. 

Medidas para remunicipalizar el suelo. Obligar a los promotores de suelo a computar en sus planes generales contables el valor del suelo por el valor de uso agrícola tal como propone el urbanista Bertrán, imposibilitando inflar el precio de forma ficticia o bajo la especulación del valor final una vez se edifique. Establecer que en las expropiaciones, el valor del suelo se expropie por el valor de uso agrícola con márgenes estrechos para evitar la corrupción urbanística y la escalada de precios. Utilizar las medidas contables mencionadas para devaluar el precio del suelo y al mismo tiempo adquirirlo mediante procedimientos de tasación utilizando peritos de la Administración Pública. Un proceso análogo fue llevado a cabo por el Ayuntamiento de Viena a principios del siglo XX, revirtiendo la escalada de precios de los terrenos urbanizables. Esta política se podría combinar con una normativa de retorno similar a la practicada por el Estado de China. Siguiendo esta política, el suelo cedido por las instituciones, a través de concursos públicos, acarrea un límite de tiempo por el cual el suelo debe retornar a la Administración convirtiendo en pública la propiedad construida sobre los terrenos: con tramos de 70 años para activos residenciales, 50 años para activos industriales, 40 años para activos comerciales y turísticos, y 30 años para activos del sector primario. Y posibilitar una prórroga que retrase el retorno público del suelo y las propiedades construidas, sólo en casos de que los promotores privados asuman fuertes compromisos sociales. Posibilitar que las cesiones de suelo sean gratuitas en caso de proyectos de vivienda cooperativa o pública. 

Fomentar la residencia, en vez de la especulación, en las zonas tensionadas. Tal como aplicaron en 2020 en Países Bajos, y actualmente en Dinamarca, establecer la obligatoriedad de residir por un mínimo de 5 años en los inmuebles comprados en zonas tensionadas. De esta forma se promociona el uso residencial y se desincentiva el especulativo. Además, despenalizar la ocupación en viviendas acaparadas por fondos de extracción, entidades financieras y tenedores con más de cinco inmuebles. Establecer un tope a los beneficios potenciales, de máximo un 3%, en licitaciones para la construcción y rehabilitación de viviendas. Obligar a los promotores privados a realizar reservas del 50% al 70% de vivienda social en casos tanto de construcción como de rehabilitación, topando los precios de tales inmuebles por debajo del precio de mercado. Prohibir la privatización de viviendas públicas y cooperativas.

Movilización de suelo, pisos vacíos e infraviviendas para la creación de un parque público inmobiliario. Según el Instituto Nacional de Estadística, actualmente hay 3’8 millones de viviendas vacías en el estado español, de las cuales más de un millón se localizan en capitales de provincia y grandes municipios, que representan los lugares en los que se concentra el 80% de la población. Además de multar a los propietarios que hayan mantenido estos inmuebles vacíos de forma injustificada durante más de 12 meses, se requerirá una expropiación masiva de todos estos activos para fomentar un parque de vivienda pública. Procurar un proceso análogo de multas y expropiación con las infraviviendas alquiladas y los locales comerciales reconvertidos sin cédula de habitabilidad; recuperando estas últimas su función comercial. Fomentar la masovería urbana como forma alternativa al acceso a la vivienda: cediendo inmuebles a cambio de su rehabilitación por parte del cesionario.

Política del Housing First. Tal como viene realizando las instituciones finlandesas durante los últimos años, se aplicará una política de “housing first” con las personas sin techo. Esta política se basa en otorgar como primer recurso el acceso a una vivienda a las personas sin techo. Y ha demostrado ser más efectiva para conseguir su reintegración, reduciendo el sinhogarismo en más del 50%; ya que dota de un vínculo regular con el territorio, y el acceso a una nutrición e higiene básica, todos ellos factores que facilitan la búsqueda de empleo y la consolidación de lazos comunitarios. Colaborar con entidades gobernadas democráticamente, sin ánimo de lucro, y del ámbito de la economía social y solidaria, para aplicar estas políticas con un mayor conocimiento del territorio y un acercamiento más personalizado a los usuarios. 

Prohibición de las empresas y actividades de desalojo ilegal. Prohibir empresas de desalojo ilegal, haciendo extensibles las penas por el delito de coacciones agravadas del artículo 172 del Código Penal a los socios capitalistas de tales entidades empresariales, conllevando penas de prisión de seis meses a 3 años y multa de 12 a 24 meses. Aplicar un régimen de multas sobre las empresas de alarmas cuando realicen propaganda sobre datos o casos falsos de ocupación, aprovechando miedos infundados para acrecentar sus negocios.

Restringir la cantidad de líquido disponible para operaciones financieras. Gravar grandes transacciones financieras con impuestos progresivos, prohibir el uso de criptomonedas o productos análogos para tokenizar la especulación inmobiliaria, prohibir el uso de planes de pensiones privados, planes de seguros, fondos de deuda soberana y agencias gubernamentales por parte de especuladores financieros y fondos de extracción, blindar los planes de pensiones públicos prohibiendo su financiarización, prohibir la externalización de gestiones de la administración pública y la recepción de comisiones por parte de entidades financieras y fondos de extracción como viene ocurriendo con las ventas de la Sareb. Fomentar la creación de cooperativas de crédito sin ánimo de lucro para fomentar formas alternas del acceso a la vivienda como el cooperativismo.

Universalización de la vivienda. Todas las medidas mencionadas con anterioridad deben ser planes a corto y medio plazo para hacer realidad la medida finalista: la creación de un parque de acceso universal, de titularidad pública, que represente como mínimo un 50% sobre el parque total, de acceso gratuito para los usuarios, que presente condiciones materiales de calidad, ecológicamente sostenibles y mantenido mediante la fiscalidad a la alta riqueza. Y para el resto del parque fomentando otras formas de tenencia como el modelo cooperativo o la vivienda social con precios regulados, siguiendo también criterios ecológicamente sostenibles."         ( Luis Sanmartín , El Salto, 28/05/25)

Las medidas del gobierno para movilizar vivienda vacía y fomentar el alquiler asequible: subir la imputación en el IRPF a viviendas vacías o sin uso económico tiene un problema porque se calcula sobre el valor catastral, que suele estar muy por debajo del valor de mercado... En Sant Antoni (Barcelona), un piso de 500.000€ puede tener un valor catastral de solo 100.000€... Con la nueva medida, ese piso vacío en Sant Antoni pasaría de pagar 1.100€ a 1.500€ en el IRPF. Solo 400€ más al año. ¿Eso incentiva a ponerlo en alquiler? Difícilmente... también se aumentan las ayudas fiscales a los caseros (que ya eran muy grandes), condicionadas a que bajen el precio. Suena bien, pero un casero que alquila a 2.000€ al mes, no es una exageración, actualmente ya tiene una reducción del 50% en el IRPF, como el resto de caseros. Lo que se propone es que si baja el alquiler a 1.900€, podrá deducirse hasta el 95%... Lo que habría que hacer es hacer un impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) modular, para todos: Si te quieres comprar tu primer piso, te bajo el ITP al máximo. Si ya tienes propiedades y estás acaparando para especular, te subo el ITP todo lo que pueda... frente a los pisos turísticos, al Gobierno central solo le queda una herramienta posible, estudiar la creación de un impuesto específico, extraordinario, que realmente castigue la conversión de viviendas en hoteles (Jaime Palomera)

Jaime Palomera @JaimePalomera

1/ El Gobierno ha anunciado medidas para movilizar vivienda vacía y fomentar el alquiler asequible. Algunas van en buena dirección, pero si no se afinan difícilmente tendrán impacto real, y pueden generar más frustración. En este hilo explico por qué y qué se podría mejorar. 

 2/ Una de las medidas clave consiste en subir la imputación en el IRPF a viviendas vacías o sin uso económico. El primer problema es que se calcula sobre el valor catastral, que suele estar muy por debajo del valor de mercado. Me explico.

 3/ En muchas ciudades, el valor catastral representa solo un 15%–30% del precio real. En Sant Antoni (Barcelona), un piso de 500.000 € puede tener un valor catastral de solo 100.000 €. En Ruzafa (Valencia), uno de 350.000 € puede tener 70.000 €.

 4/ Con la nueva medida, ese piso vacío en Sant Antoni pasaría de pagar 1.100 € a 1.500 € en el IRPF. Solo 400 € más al año. ¿Eso incentiva a ponerlo en alquiler? Difícilmente.

 5/ Además, no se distingue claramente entre piso vacío, segunda residencia o uso turístico. Sería más eficaz crear un impuesto específico, que aumente para quienes se dedican a acaparar propiedades con fines especulativos.

 6/ La segunda medida clave: Se aumentan las ayudas fiscales a los caseros (que ya eran muy grandes). La diferencia es que por primera vez se condicionan a que bajen el precio. Suena bien, pero veamos en qué se traduce.

 7/ Imaginemos un casero que alquila a 2.000 € al mes. No es una exageración, entrad en cualquier portal. Actualmente ya tiene una reducción del 50% en el IRPF, como el resto de caseros. Lo que se propone es que si baja el alquiler a 1.900€, podrá deducirse hasta el 95%.

 8/ Para lograr un cambio fiscal efectivo, habría que: 

- Suprimir los regalos que Hacienda ya da a los caseros (a cambio de nada) 

- Bonificar solo a quienes hacen alquileres estables y a precio asequible. Zanahoria para quien baja precios y palo para quien los sube.

 9/ La tercera medida busca, en principio, impedir las compras especulativas. ¿Pero qué se propone? Duplicar el impuesto de transmisiones patrimoniales a compradores no residentes de fuera de la UE. Esto solo afecta a menos del 4% del mercado y es fácil de esquivar.

 10/ Lo que habría que hacer es hacer un impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) modular, para todos: 

- Si te quieres comprar tu primer piso, TU CASA, te bajo el ITP al máximo. 

 - Si ya tienes propiedades y estás acaparando para especular, te subo el ITP todo lo que pueda.

 11/ La cuarta medida consiste en hacer que los propietarios de pisos turísticos paguen un IVA del 21%, como todo el mundo. Actualmente lo tienen super reducido. Pero esto difícilmente va hacer que dejen de alquilar los pisos a turistas. Tratarán de repercutirlo en el precio.

 12/ Lo cierto es que lograr que el mercado turístico deje de secuestrar viviendas y que estas vuelvan al sistema residencial depende de las comunidades autónomas. Catalunya, por ejemplo, ha aprobado una ley que obliga a cerrar todos los pisos turísticos en muchos municipios.

 13/ Frente a la inacción de la mayoría de comunidades y ayuntamientos, creo que al Gobierno central solo le queda una herramienta posible: estudiar la creación de un impuesto específico, extraordinario, que realmente castigue la conversión de viviendas en hoteles.

 14/ También se anuncia un cambio fiscal para las SOCIMIs (fondos de inversión): si no reinvierten en alquiler asequible, tributarán algo más. El impuesto sobre beneficios no distribuidos (si proceden del alquiler) pasa del 15% al 25%.

 15/ El problema es que si reparten beneficios o compran más pisos, apenas pagan impuestos. El tratamiento fiscal de las SOCIMIs sigue siendo privilegiado. Sucede como con el IRPF: la solución real pasa por premiar el alquiler asequible y dificultar la inversión especulativa.

 16/ En resumen: las medidas se basan en un diagnóstico correcto del problema de fondo, que es el uso especulativo de las casas, e impide que haya más oferta asequible. Pero su diseño actual es tibio y no altera los incentivos que nos han traido hasta aquí.

 17/ ¿Qué habría que hacer con los impuestos? Usarlos para penalizar los usos antisociales y premiar los sociales. No estoy inventando nada, esto ya se hace en sitios como Viena y Singapur con éxito. Para saber más, de forma rigurosa y amena: 

"Jaime Palomera: El secuestro de la vivienda. Por qué es tan difícil tener casa y como esto puede romper la sociedad"

10:42 a. m. · 23 may. 2025 27,9 mil Visualizaciones