Al despenalizar la posesión de drogas para uso personal, Oregón se ha convertido en el primer estado que reconoce que es imposible considerar, al mismo tiempo, la adicción como una enfermedad y como un delito... La criminalización intensifica el estigma de la adicción, y el estigma es uno de los mayores obstáculos para la recuperación... Tenemos que dejar de tratar a las adicciones como un delito. Y hay una alternativa... la política de drogas debe liberarse de la idea de que, sin sanciones penales, nadie dejaría las drogas... el encarcelamiento por consumo de drogas aumenta el riesgo de sobredosis, suicidio y enfermedades... La investigación es inequívoca en cuanto a que encarcelar a un adicto en realidad exacerba su condición y lo pone en un riesgo mucho mayor de recaída

 "Morgan Godvin llegó a la cárcel del condado de Multnomah, en Oregón, en junio de 2013. Se había presentado voluntariamente para ingresar a prisión durante una comparecencia ante el tribunal de narcóticos por un delito de posesión de heroína. 

Como muchos estadounidenses, creía que el encarcelamiento la ayudaría a recuperarse. Sin embargo, cuando solicitó el medicamento que le habían recetado para tratar su adicción, la enfermera “se limitó a reírse”, dijo. A Godvin se le negó el tratamiento de referencia para el trastorno por consumo de opioides, por lo que tuvo que suspenderlo abruptamente.

Casi diez años después, tras haber cumplido cuatro años de prisión por varias condenas relacionadas con drogas, Godvin está usando su dolorosa experiencia. Ha estado en recuperación desde 2015 y ahora forma parte de un consejo estatal que ayuda a supervisar la despenalización generalizada de la posesión de drogas en Oregón, que fue aprobada como iniciativa legislativa por una mayoría del 58 por ciento de los votos en 2020. La idea es que las personas más perjudicadas por la guerra contra las drogas —como los adictos y las personas de color— sean quienes ayuden a encontrar una solución pacífica.

Hoy, las personas que, como Godvin, son sorprendidas en Oregón con cantidades para uso personal de heroína, metanfetamina u otras drogas reciben el equivalente a una multa de tránsito con un costo de 100 dólares. La multa puede anularse si la persona se somete a un examen médico en el que se puede recomendar un tratamiento, aunque este no sea obligatorio. Vender o llevar cantidades superiores a las permitidas para el consumo personal puede acarrear penas de prisión.

Al despenalizar la posesión de drogas para uso personal, Oregón se ha convertido en el primer estado que reconoce que es imposible considerar, al mismo tiempo, la adicción como una enfermedad y como un delito. Este tipo de modelo se necesita con urgencia en Estados Unidos, donde el fentanilo que se consigue en las calles es la principal causa de muerte entre las personas de 18 a 45 años y donde enviar a la gente a la cárcel por consumir drogas no ha evitado la peor crisis de adicción y sobredosis en la historia del país.

La criminalización intensifica el estigma de la adicción, y el estigma es uno de los mayores obstáculos para la recuperación. El estigma es un obstáculo tan importante que la mayoría de las organizaciones que trabajan en la lucha contra la adicción tienen iniciativas ambiciosas enfocadas en abordarlo. “Creo que el más grande asesino es el estigma”, dijo una vez Jerome Adams, ex cirujano general de Estados Unidos, en un discurso sobre la adicción a los opioides. “El estigma mantiene a la gente en la sombra. El estigma impide que la gente se acerque y pida ayuda”.

Por mucho que los expertos intenten eliminar la estigmatización de las adicciones con conferencias y llamados a favor de un lenguaje más respetuoso, no se puede separar el estigma del enfoque de criminalización de las drogas. Después de todo, uno de los objetivos fundamentales de hacer que la posesión de drogas sea un delito es desalentarla al avergonzar y castigar a los infractores de la ley.

Para reducir el estigma y mitigar la crisis de adicción, la política de drogas debe liberarse de la idea de que, sin sanciones penales, nadie dejaría las drogas. Porque lejos de alentar la recuperación, las detenciones, el encarcelamiento y los antecedentes penales pueden agravar los problemas con las drogas. La historia de Godvin es un ejemplo.

“A los nueve meses de la primera vez que estuve en la cárcel, mis inyecciones empeoraron mucho”, aseguró. Otra detención provocó que la despidieran de su trabajo. Eso ocurrió a pesar de que las investigaciones demuestran que el desempleo empeora la adicción, mientras que el empleo mejora las probabilidades de recuperación.

Además, debido a que la posesión de incluso una pequeña cantidad de residuos de drogas era un delito grave en Oregón en el momento en que detuvieron a Godvin, tuvo que renunciar a su sueño de convertirse en paramédica.

Durante las más de tres décadas en las que he cubierto la política de drogas, he escuchado cientos de historias similares, o incluso peores. Mientras que algunas personas en recuperación dicen que la cárcel las ayudó a dejar las drogas, otras describen condiciones espantosas, tratamientos ineficaces y experiencias traumáticas.

Por ejemplo, más del 80 por ciento de las cárceles y prisiones no permiten el consumo de metadona y buprenorfina, los únicos medicamentos que, según se ha demostrado, reducen la tasa de mortalidad del trastorno por consumo de opioides. Las investigaciones demuestran que experiencias como ser privadas de medicamentos mientras están encerradas disuaden a las personas de buscar más ayuda. Los estudios también revelan que el encarcelamiento por consumo de drogas aumenta el riesgo de sobredosis, suicidio y enfermedades. Asimismo, los estados estadounidenses con más detenciones por drogas no tienen menos consumo de drogas.

Estos datos han llevado a Nora Volkow, directora del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas del gobierno federal de Estados Unidos, que financia la mayor parte de las investigaciones mundiales sobre la adicción, a abogar por la despenalización para mejorar la política de drogas. Es la primera vez que veo un apoyo tan rotundo de esa agencia.

“La investigación es inequívoca en cuanto a que encarcelar a un adicto en realidad exacerba su condición y lo pone en un riesgo mucho mayor de recaída”, explicó.

Durante la campaña de despenalización de Oregón, algunas de las mayores críticas provinieron de personas en recuperación que pensaban que las sanciones penales no debían eliminarse hasta que no se estableciera un nuevo sistema de tratamiento. Algunos argumentaban que la amenaza del encarcelamiento es esencial para motivar la recuperación.

Sin embargo, las afirmaciones anecdóticas sobre los efectos positivos del encarcelamiento son desmentidas por los datos. Además, en Oregón, las organizaciones que reciben fondos estatales para ampliar la atención médica reconocen el desafío. Para tener éxito, deben reformar o sustituir los centros de rehabilitación que adoptan un enfoque punitivo y no reconocen que ser tratado como criminal es un obstáculo para buscar ayuda.

 “Tenemos que adaptarnos a la situación real de la gente”, dijo Larry Turner, presidente de Fresh Out, un programa de reinserción social de Portland, que atiende sobre todo a personas negras. Turner también está en recuperación. Su organización ofrece comida, alojamiento, grupos de apoyo y otro tipo de ayuda. Aunque algunos de los servicios (por ejemplo, el alojamiento) requieren abstinencia, otros no. La idea es atraer a la gente a la recuperación creando relaciones, no haciéndola sentir mal.

“Apoyamos todos los caminos hacia la recuperación”, dijo Fernando Peña, director ejecutivo del Centro de Apoyo de NW Instituto Latino de Portland, quien también se encuentra en recuperación. Al igual que Fresh Out, el grupo de Peña ofrece una variedad de opciones para ayudar a las personas a avanzar hacia la recuperación, desde regalar agujas limpias hasta brindar apoyo para la abstinencia.

Es demasiado pronto para evaluar la eficacia del enfoque de Oregón. La nueva ley entró en vigor el pasado mes de febrero y cerca del 90 por ciento de los fondos para los servicios de recuperación no llegarán a los proveedores sino hasta los próximos meses. Pero, en 2021, los arrestos por posesión de drogas se redujeron casi un 75 por ciento en comparación con la cifra de 2019.

Los críticos señalan que la policía no está emitiendo muchas citaciones por posesión y pocos de los que son citados están haciendo la llamada telefónica para obtener la evaluación de tratamiento requerida. Sin embargo, los partidarios argumentan que la reducción de arrestos y encarcelamientos ayuda a la recuperación y que la creación de un mejor sistema toma tiempo.

“Las personas que consumen drogas ya no estarán tan apartadas de la sociedad, lo cual mejora de inmediato los problemas de salud, reduce el estigma y aumenta su acceso y disposición a participar en los servicios”, dijo Godvin.

Portugal, el modelo para los cambios de Oregón, despenalizó la posesión de drogas en 2001 y amplió el tratamiento. Las tasas de adicción a la heroína, las infecciones por VIH y las muertes por sobredosis se redujeron, mientras que las tasas de consumo de drogas entre los jóvenes se mantuvieron igual que en países similares que no tuvieron ningún cambio de política. Los políticos estadounidenses estarían celebrando si las tasas de delincuencia y consumo de drogas de Estados Unidos cayeran alguna vez a los bajos niveles que se observan ahora en Portugal.

Como resultado, Massachusetts y Vermont ahora están analizando proyectos de ley para la despenalización y los activistas están trabajando en una iniciativa en California para 2024.

Los partidarios de estos esfuerzos saben que si Estados Unidos quiere resolver la crisis de las sobredosis, debe empezar a tratar la adicción como un trastorno médico. El primer paso es seguir el ejemplo de Oregón y dejar de tratar las adicciones como un delito."                (Maia Szalavitz, The New York Times, 27/01/22)

Cómo se convirtió Portugal en un referente mundial en la regulación de las drogas... su receta se basa en la comunicación con el drogadicto gracias a los pares, personas que pasan o han pasado por la misma situación de quienes consumen en las calles, que gozan de su confianza... son una conexión entre los drogadictos, las ONGs y el sistema de salud

"Fue entonces cuando el Gobierno aprobó una nueva estrategia que se empezaría a implementar dos años después, tras largos debates con la sociedad civil y en el Parlamento. La legislación no era ni mucho menos revolucionaria: despenalizar el consumo a aquellos que portasen un máximo de 10 dosis de una determinada sustancia ilícita. 

No muy distinto de lo que sucede en España, por ejemplo. Pero lo que marcó la diferencia fue el cambio de sensibilidad hacia los drogodependientes: dejaron de ser tratados como a delincuentes, se aplicaron programas de atención, sustitución de heroína por metadona, se les incluyó en el sistema sanitario para atender sus enfermedades. 

Los resultados no tardaron en llegar. Aunque el consumo en general de estupefacientes no ha descendido, el de heroína y cocaína, dos de los más problemáticos, ha pasado de afectar al 1% de la población lusa a un 0,3%; las infecciones de VIH entre los consumidores han caído a la mitad (en el total de la población ha pasado de 104 nuevos casos al año por millón en 1999 a 4,2 en 2015); la población carcelaria por motivos relacionados con drogas ha bajado del 75% al 45%, según datos de Agencia Piaget para el Desarrollo (Apdes).

Jose Queiroz, su director, define esta política como “una aproximación humanista que no juzga y se basa en la confianza y en la relación con la gente”. La ley puso las bases, pero de poco habría servido si no hubiera sido acompañada por medidas sociales y fondos destinados a servicios de lo que se conoce como reducción de daños, es decir, mitigar en lo posible las consecuencias negativas de las drogas desde una perspectiva no basada tanto en la persecución como en la información, la atención médica y los servicios a los adictos. 

Los más frecuentes son ofrecer materiales esterilizados a quienes se inyectan, metadona a los que buscan dejar la adicción a la heroína, espacios de consumo supervisado (también conocidos como narcosalas) o, según las tendencias más recientes y progresistas, centros donde examinar las sustancias para que los usuarios sepan exactamente qué se meten en el cuerpo. 

Cada vez más países, a través de ONG, proporcionan este servicio en lugares lúdicos, como festivales de música y, poco a poco, van abriendo sedes fijas, como sucede en el propio Portugal, Holanda o Suiza.

Existe una amplia literatura científica que muestra cómo este tipo de políticas reducen la muerte por sobredosis y mejoran la salud de los consumidores. Particularmente las tasas de VIH caen automáticamente donde se implementan: el virus del sida, que lleva años bajando en todo el mundo, sigue expandiéndose entre esta población, particularmente en los países del Este de Europa, donde la mayoría de las soluciones de reducción de daños están prohibidas. 

Una de cada ocho personas que se inyecta drogas en el mundo es seropositivo, y solo un 1% vive en un país donde se apliquen este tipo de políticas, según Harm Reduction International, que ha celebrado su 26º congreso esta semana en Oporto.

Algunas investigaciones muestran incluso que la seguridad ciudadana allá donde se implementan medidas más avanzadas en materia de drogas sube, como sucedió en Vancouver desde que abrió una narcosala. 

Pero la ideología no siempre se alinea con a evidencia: los países más conservadores siguen restringiéndolas, incluso persiguiendo a los drogadictos, como sucede en Rusia o Filipinas.

Desde que Portugal dio el giro en sus políticas el consenso ha mantenido la ley y ningún gobierno desde hace 20 años, ni de derechas ni de izquierdas, ha tenido la tentación de revertirla. Pero según cuenta Queiroz, sí que se han visto recortes de fondos, como en la época de la crisis, que dan al traste con todos estos esfuerzos.

 “No es necesario cambiar la legislación, basta con dejar de invertir para que el sistema deje de funcionar como debería”, relata. Pone el ejemplo de España, que con una legislación similar en todo el país tiene comunidades que son incluso “mucho más avanzadas que Portugal”, como el País Vasco y Cataluña. Y otras donde apenas hay atención a los drogodependientes. “Todo depende de la voluntad política”, resalta Queiroz.

Un buen ejemplo de cómo los fondos se canalizan a la ayuda a los toxicómanos es la propia Apdes. Tiago Teixeira, físico y trabajador del sistema sanitario portugués, es el supervisor del programa de sustitución de opiáceos de la agencia. Comenzó como voluntario, pateando las calles para ofrecer a quienes consumían información sobre VIH y hepatitis C (un 80% de los toxicómanos padece o ha padecido), condones (las prácticas de riesgo son mucho más frecuentes en esta población), agujas esterilizadas para inyectarse... 

Pero el contacto con ellos habría sido prácticamente imposible sin los pares, personas que pasan o han pasado por la misma situación de quienes consumen en las calles, que gozan de su confianza, que no son vistos como parte de un sistema que viene a imponerles conductas. Por eso, decía Queiroz, la receta portuguesa se basa en la comunicación: “Es un colectivo que está sufriendo fuertes situaciones de violencia, estigma, obstáculos para acceder a buenas medicinas, al sistema de salud. Padece normalmente pobreza estructural y exclusión. Nuestro papel es conectar con ellos, que haya una relación de confianza; de lo contrario todas estas políticas de reducción de daños no les llegarían”.

Los pares son una conexión entre los drogadictos y las organizaciones que les ayudan. Y figuras como la de Teixeira, quien los enlaza con el sistema de salud. “Les atendemos, les hacemos controles de VIH, de tuberculosis [otra dolencia que se dispara entre los consumidores de drogas, entre otras circunstancias porque suelen consumir juntos y hacinados, compartiendo el bacilo que viaja por el aire], les ofrecemos la metadona. 

Cuando ven una de nuestras furgonetas [de Apdes] ya saben que pueden confiar en nosotros. Y esto ha servido para derribar barreras con el hospital. Muchos usuarios han tenido malas experiencias con el sistema sanitario, han sido tratados de forma inadecuada por profesionales que quizás no están acostumbrados estas situaciones. Esto les alejaba del sistema de salud y era un círculo vicioso”, cuenta Teixeira.

También ha cambiado radicalmente la acción policial. Los agentes de Portugal tuvieron que pasar de la noche a la mañana de tratar a los consumidores como delincuentes a hacerlo como enfermos. Ya no se les arresta, aunque se mantienen multas por el consumo, que pueden ser eliminadas con la integración en programas de desintoxicación.

 “Se tardó en cambiar la mentalidad de los funcionarios. Y ni siquiera podemos decir que estemos 100% adaptados, pero la diferencia es enorme: existe una nueva mirada hacia los usuarios de drogas, el policía ha pasado a ayudarles. Y esto también ha redundado en una reducción drástica del papeleo que antes se producía con cada intervención, las detenciones…”, enumera António Leitão da Silva, jefe de la policía municipal de Oporto.

En las afueras de la ciudad, en lo que se conoce como la Casa Velha, van cada día medio centenar de usuarios a consumir. La mayoría fuma crac, heroína o ambas. Son las ruinas de lo que parece una antigua casa señorial, con vegetación que brota del suelo entremezclada con papelinas, pequeños botes de metadona, trozos de papel de plata… Allí está Mario, 53 años, delgado, con pocos dientes y las secuelas que la heroína marcadas en el rostro. 

Dejó esta droga hace ocho años. Gracias a las políticas de reducción de daños la cambió por metadona, que toma a diario para suplirla. Sigue enganchado al crac, que fuma en pipa mientras voluntarios de ONG van repartiendo utensilios limpios y comida. Para esto no se ha inventado un sustituto que quite el mono y que sea menos lesivo.

 Ha estado en la cárcel nueve veces, sobre todo en los noventa, cuando todavía era detenido simplemente por consumir. “Ahora está todo mejor. Voy a un centro de atención donde puedo bañarme, cambiarme de ropa, me siento más limpio. Cada año me vacunan contra la gripe, me atienden si estoy enfermo…”, enumera.

La mejora de la atención de este colectivo no solo redunda en ellos, como señalan los expertos, es beneficioso para la salud pública: redunda en menores costos para la sanidad, que se ahorra atención de casos más graves; contiene brotes de enfermedades contagiosas.

Todas estas medidas hicieron que Portugal se convirtiera en un referente para muchos otros países. Pero las cosas no son ni mucho menos perfectas. Las ONG se quejan de que los fondos son escasos. Las asociaciones de consumidores de que las leyes siguen sin ser suficientemente progresistas: quieren poder consumir de manera informada sustancias legales. Lo más parecido es la marihuana, que sigue prohibida excepto para uso medicinal, siempre bajo prescripción médica y cuando otros remedios no hayan funcionado. 

Y, pese a todos los avances, en todo el país todavía no existe ni una sala de uso supervisado, algo que se ha demostrado muy valioso para reducir infecciones y sobredosis, pero que suele llegar con enorme polémica entre los vecinos. Según la Red Internacional de Locales de Consumo de Drogas, no suman ni un centenar en todo el mundo. La mayoría están concentrados en Holanda (20), Suiza (18), Alemania (26) y España (15, en su gran mayoría en Cataluña). Australia, Canadá, Francia, Dinamarca, Noruega y Luxemburgo son otros países que tienen centros de este tipo.

Pero el congreso de reducción de daños de Oporto ha traído buenas noticias para los partidarios de la reducción de daños en el país. Durante su inauguración, según cuentan fuentes cercanas, influido por el ambiente proclive a estas políticas, el alcalde de la ciudad, Rui Moreira, anunció que se abriría uno próximamente. Por la improvisación del anuncio se conocen pocos detalles, pero supone un nuevo paso adelante del país al que el mundo de las drogas miraba hace 20 años.

Como recuerda, Alexandre Quintanilha, presidente del comité parlamentario de Educación y Ciencia, muchos por entonces les advertían de que su regulación estaba fuera del sistema legal internacional, de que acabaría en los tribunales. “En tiempos dominados por el miedo y la regresión está bien escuchar una historia de éxito. Pero lo que fue innovador en el pasado tiene que mantenerse bajo control permanente.

 Las políticas públicas tienen que adaptarse a las nuevas tendencias y abordar los desafíos emergentes y de largo plazo. No nos podemos dormir en los laureles. Todos los países, todas las ciudades, todas las comunidades pueden hacer más y mejor para la reducción de daños”, reflexionaba en Oporto Jorge Sampaio, presidente de Portugal cuando la medida se aprobó.

En la 26ª Conferencia de Reducción de daños, que se ha celebrado en Oporto esta semana, ha habido tiempo para repasar casos de éxito como el portugués, pero también para subrayar los enormes retos que hay por delante. Más allá de llevar estas políticas a los países donde no las tienen, algunas voces apostaban por seguir avanzando hacia una regulación más progresista en materia de estupefacientes. 

Lo dijo la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien afirmó que la “guerra contra las drogas ha fracasado”, ya que el consumo en lugar de disminuir crece. Entre 2000 y 2015 ha habido un aumento del 60% en las muertes relacionadas con las drogas: 450.000 fallecimientos en 2015, según la Organización Mundial de la Salud.

Más contundente se muestra Michel Kazatchkine, de la Comisión Global para Política de Drogas: “Necesitamos descriminalizar a los consumidores, pero no solo esto. En muchos países se cree que poniéndoles multas van a solucionar el problema, pero lo normal es que no puedan pagarlas, lo que les lleva al sistema criminal y a la encarcelación. 

La demanda de drogas existe y seguirá existiendo y si no se encuentra de forma legal, será en el mercado ilegal, con todas sus malas consecuencias: adulteración, mafias, epidemias de VIH, hepatitis, corrupción, violencia e inseguridad”. 

El comisionado se muestra a favor de legalizar los estupefacientes, como se está haciendo en algunos países con el cannabis, pero también con los duros. “Los gobiernos deberían apostar por un uso seguro de estas sustancias. Hay que enfrentarse al mundo tal como es, y uno libre de drogas no existe”.                  (Pablo Linde, El País, 06/05/19)

La despenalización de la droga... en Portugal

""Es una victoria simbólica", dice mientras da buena cuenta de unos pezinhos de cerdo, un plato contundente, "y sabroso", precisa. "Creo que mi elección en el OEDT se debe a la repercusión y visibilidad de la política portuguesa sobre drogas". Una política, cuyo mayor exponente es la ley de julio de 2001 que descriminaliza la compra, posesión y consumo de todas las drogas sin excepción, incluidas la heroína y la cocaína.

Una ley sin parangón en el mundo. En su día, los sectores más conservadores pronosticaron poco menos que el apocalipsis. "Llegarán aviones repletos de estudiantes para fumar marihuana, sabedores de que no irán a la cárcel. Les prometemos sol, playa y la droga que quieran", dijo el diputado derechista Paulo Portas. Ninguna de las terribles predicciones se cumplió. Por el contrario, el consumo de todas las drogas disminuyó, "sobre todo entre los más jóvenes".

Glenn Greenwald, uno de los 25 constitucionalistas liberales más influyentes de Estados Unidos, el Cato Institute (Washington DC) y publicaciones como The Economist han aplaudido la experiencia portuguesa. El padre de la criatura no es otro que João Goulão. "Nuestros resultados son analizados en otros países. Argentina, México y la República Checa han dado pasos en nuestra línea".

Su osadía a la hora de defender la descriminalización del consumo de drogas no incluye la legalización. "No imagino un escenario de consenso internacional que permita lograr este objetivo". (JOÃO GOULÃO: "Permitimos la droga y bajó el consumo". El País, ed. Galicia, última, 26/01/2010 )