"La querella del Tribunal Ciudadano de Justicia, admitida a finales de
marzo, abre las puertas para juzgar a los principales responsables del
hundimiento de Caja Madrid. No sólo por estafar al banco, sino a toda la
sociedad española. (...)
“Como el Gobierno no va a investigar, lo vamos a hacer nosotros”, fue la
idea que impulsó la creación de plataformas ciudadanas para juzgar a
los responsables de una crisis que las asambleas del 15M siempre
calificaron de “gran estafa”. (...)
Un frente más se abre para los gestores de la caja nacionalizada, en
especial para Miguel Blesa, que en 2014 había evitado que la cosa fuera a
mayores con la inhabilitación de por vida del juez que instruía su
caso, Elpidio Silva. Un nuevo frente que “apunta al fondo de la
cuestión: cómo nos estafaron los gestores de los bancos”, dice a Diagonal Liliana Pineda, una de las impulsoras del TCJ.
A diferencia de otras iniciativas similares, dice, la querella del TCJ pretende poner en el centro“el carácter sistémico” de la estafa inmobiliaria.
En esta demanda, explica Pineda, los afectados de esta “gran estafa” no
son un sector específico: “De alguna manera estos gestores han
defraudado al conjunto de la sociedad, porque ha sido el Estado, a
través de los recortes, los rescates y la emisión de deuda, quien ha
tenido que cubrir esta gestión fraudulenta de los bancos”.
De las plazas a los tribunales
“Hemos llegado aquí gracias al éxito de la gestión horizontal y
participativa”, explicaba el 30 de marzo Pedro Martí, otro de los
portavoces del TCJ. Desde inicios del 15M, narra Liliana Pineda, la
“angustia de la gente que se movilizaba por el tema de la vivienda, que
estaba sufriendo los desahucios”, condujo en las plazas al gran
debate: cómo castigar a los responsables del fraude inmobiliario.
A mediados de 2012, el TCJ hizo un llamamiento a los afectados por la
sobretasación hipotecaria y el 7 de junio se reunieron cerca de 300
personas en la Plaza del Carmen, a pocos metros de Sol.
“Nos dimos cuenta de que para demostrar el carácter sistemático de la
estafa no valía con aportar unos pocos informes”, cuenta Pineda. En la
plaza del Carmen se comenzaron a revisar cientos, miles de casos de
afectados por la estafa inmobiliaria. No fue algo fácil. Escritura
completa, papeles de la hipoteca, de la tasación… La mayoría de los
afectados no tenían esa documentación.
Según relata Pineda, se pusieron
en contacto con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y con las
asambleas de vivienda que habían nacido en los barrios al calor del 15M.
De los más de 2.000 afectados con los que hablaron, pudieron documentar cientos y cientos de casos de sobretasaciones y concesiones fraudulentas de hipotecas en Caja Madrid.
Las historias se repetían. Eran personas que “por su
situación económica o social” tenían dificultades para conseguir una
vivienda en alquiler. A menudo, las condiciones para comprarse una casa a
25 años eran más asequibles que los requisitos –y los precios– que les
pedían para una vivienda en alquiler. “En un momento de explosión
urbanística sin precedentes, lo importante era enganchar a la gente.
La
mayoría tenía contratos laborales que no pasaban de los dos años.
Algunos tenían permisos temporales de residencia”, dice Pineda. En
ocasiones, relata, los promotores juntaban a dos compradores que no se
conocían y en el mismo momento de la venta uno se convertía en avalista
del otro. (...)
Además de la falta de información sobre lo que estaban firmando –qué
eran las cláusulas suelo, cómo subían los intereses a partir del
segundo año o qué era la dación en pago a la que no tenían derecho–, el
otro punto que une todos los relatos eran las sobretasaciones.
Pongamos que una casa vale 100, y la notaría y los impuestos otros
10. El Banco de España recomienda que el crédito para pagar esa vivienda
no supere 80. Es decir, que el comprador debe aportar los 30 que
faltan. Pero, ¿qué pasa si no los tiene? En los años del milagro español
eso no era un problema.
La tasadora valoraba el piso en 130, de forma
que sobre el papel parecía que no se había concedido un crédito
hipotecario superior al 100% del valor del inmueble. Así, la banca podía dar préstamos a “personas insolventes,
quienes, sin adelantar cantidad alguna, veían cómo les entregaban una
casa”, cuentan desde el TCJ. A veces, en la ampliación de hipoteca se
incluían el coche o los muebles.
Pero ¿por qué la tasadora iba a hacer algo así? Ah, ¿no lo hemos dicho? La mayoría de las tasadoras son propiedad de los bancos.
Es el caso de la tasadora del grupo de la caja madrileña, Tasaciones
Madrid SA, cuyo ex director general Ignacio de Navascués ha sido
imputado por el juez De la Mata en la querella del TCJ.
La misma Fiscalía Anticorrupción –con ese nombre, ¿no se debería
dedicar a perseguir la corrupción?– no negó la veracidad de las
acusaciones de la querella, aunque recomendó que ésta no fuera aceptada
al tratarse de una “práctica generalizada”.
En esto tiene razón: el
Banco de España y un estudio de 57.000 casos de la Universidad Pompeu
Fabra confirmaban que las sobretasaciones eran una práctica sistemática.
Pero la Fiscalía Anticorrupción –“aliada de los querellados”, según
denuncia Pineda– se equivocaba en el resto, al menos según el juez De la
Mata: el hecho de que las sobretasaciones fueran “generalizadas” no
puede “justificar cualquier práctica”, dice el texto en el que se admite
la querella.
¿Quién se come el marrón?
Pero la pregunta sigue ahí: ¿por qué un banco se iba a arriesgar a
que todos estos créditos nunca fueran devueltos? La querella del TCJ
tiene una explicación. Se llama titulización. Un
procedimiento que los bancos sólo podrían utilizar con los préstamos
hipotecarios “saludables”, aquellos que no supusieran –precisamente– más
del 80% del valor del inmueble.
Pero ¿qué es titulizar? Tomas unas cuantas miles de hipotecas, de las
buenas, fuertes y robustas, y las mezclas con otras miles de origen
dudoso, tóxicas, las empaquetas en un bono hipotecario, te aseguras de
que alguna de las tres grandes agencias de calificación les den la
máxima calificación –una triple A– y las vendes en los mercados
financieros internacionales.
De esta forma, explica Juan Carlos Barba,
no tenían que esperar 25 años para recuperar el valor total del dinero
prestado, sino que, de forma inmediata, “volvían a conseguir financiación para alimentar el monstruo en el que se había convertido el sector de la construcción”.
Otra vez con la conspiranoia: ¿por qué una agencia de calificación de
prestigio internacional con más de 100 años de antigüedad iba a engañar
a los inversores? La razón hay que rastrearla a mediados de los años
70, cuando la desregulación de los mercados financieros llevó
a que las agencias de calificación ya no fueran remuneradas –como había
sido hasta entonces– por las personas que invierten en bonos y en
acciones, sino por aquellas entidades que los emiten. Por esta misma
práctica, estas calificadoras han recibido multas milmillonarias en
EE UU.
Cuando “el mayor proceso especulativo de la historia del capitalismo”, según palabras de The Economist, quedó al descubierto, el sistema bancario quebró en cadena, también en España. “¿Cómo podíamos ganar cada vez menos y gastar cada vez más?”, se pregunta José Luis Carretero en el libro Tu casa no es tuya, es del banco.
En el caso de Caja Madrid, según Pedro Martí, “esas
pérdidas, inicialmente, trataron de cubrirse con las participaciones
preferentes”, pero como no lograron cubrir el agujero generado, la caja
efectuó su salida a bolsa sin informar a los accionistas de que el banco
estaba arruinado. Este proceso, prosigue Martí, terminó con el rescate
de la banca. “La crisis la iba a pagar sólo la población, ése fue el
acuerdo”, sostienen desde el TCJ.
La demanda del TCJ pretende poner en el centro “el carácter sistémico” de la estafa inmobiliaria
“En vez de meter en la cárcel a los gestores que habían causado la
crisis y exigirles responsabilidades, el Gobierno aceptó el poder de
éstos”, dicen.
Como nadie más iba a hacerlo, han sido las iniciativas desde abajo las que han marcado el debate y los procesos judiciales contra
Caja Madrid y Bankia. Liliana Pineda admite que prevén encontrarse con
todo tipo de obstáculos: además de la resistencia de la Fiscalía
Anticorrupción, con los despachos más potentes a nivel mundial. (...)
“Estamos apuntando muy alto, a las tripas del sistema financiero… Pero
ya consideramos un éxito que la querella haya sido admitida y que de
alguna manera se pueda estar hablando sobre todo esto”, dice la abogada
del TCJ. " (Martín Cuneo, Diagonal, 17/04/16)
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