"De pronto, emerge un problema concreto que llena titulares y hace saltar todas las alarmas. Y entonces se hace fuerte la sospecha de que algo no va bien.
El escándalo tiene que ver con las agresiones sexuales hacia menores tuteladas; el problema estructural hunde sus raíces en un modelo cada vez más privatizado, donde la precariedad y la falta de recursos merma la capacidad de proteger a los más vulnerables, pero sobre todo de prevenir y detectar los problemas a tiempo.
Al inicio del año, las fuerzas de seguridad detuvieron en Madrid a 37 adultos pertenecientes a una red que explotaba sexualmente a menores. Fueron liberadas diez víctimas. El rumor sobre la existencia de menores tuteladas fue en un primer momento desmentido por la propia Comunidad de Madrid, pero las autoridades confirmaron enseguida que al menos cinco de las chicas liberadas sí estaban bajo la tutela de la administración autonómica. Uno de los centros en el que residían ya fue señalado hace algo más de una década por un extrabajador, quien aseguraba que ningún menor "puede mejorar" en sus instalaciones, a no ser que se prostituya "en la calle".
Niñas tuteladas y violencia sexual. El problema no es exclusivo de la comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso. En Illes Balears sobrevuela un caso de menores tuteladas explotadas sexualmente desde hace más de dos años. El Parlamento Europeo acaba de autorizar a una comisión la investigación del caso. En la Comunitat Valenciana, un escándalo de abuso sexual implicó directamente a un educador, el exmarido de Mónica Oltra. El Síndic de Greuges –defensor del pueblo– ha puesto ahora sobre la mesa posibles abusos sexuales contra 175 menores sobre los que existe algún tipo de protección, por lo que la vicepresidenta ha pedido comparecer en Les Corts.
¿Qué es lo que subyace en un modelo de protección que parece estar impregnado por la violencia? Ana Lima está al frente de la Mancomunidad de Servicios Sociales Mejorada-Velilla (Madrid) y esta semana el caso de las niñas tuteladas por la comunidad ha ocupado el orden del día de las reuniones con su equipo. En el diagnóstico, las voces coinciden: la externalización del servicio, la precariedad de las condiciones laborales y la falta de recursos merman la calidad de los centros y su atención.
"Por un lado hay un problema estructural de todos los servicios sociales, pero sobre todo de los especializados, y es que están muy externalizados", abunda Lima. Quienes están al frente de la gestión de estos centros son organizaciones sin ánimo de lucro, fundaciones o empresas. "¿Qué ocurre? Luego el personal que se contrata está en precario: hay una alta movilidad, ratios bajas y escasos recursos, así que baja la calidad en cuanto al sistema de protección", comenta la también ex secretaria de Estado de Servicios Sociales, quien incluye entre los problemas de la protección la escasez de inspecciones que den cuenta del buen funcionamiento del servicio.
Según el último Boletín de Datos Estadísticos de Medidas de Protección a la Infancia, relativo a 2019, a lo largo del año se produjeron 21.187 ingresos en centros de menores, sumando a 31 de diciembre un total de 23.209 menores ingresados. A la cabeza en los motivos de ingreso está la tutela ex lege por las entidades públicas de protección de infancia (54,69%), seguido de la guarda provisional (20%), la guardia voluntaria (5%) y otras causas (20%). En el total de acogimientos residenciales, Melilla y Ceuta ostentan los primeros puestos en tasa por cada cien mil menores de edad, 16.394 y 2.442 respectivamente. Le siguen Euskadi (441) y Cataluña (402). A 2019, el número total de niños y niñas atendidos por el sistema de protección ascendió hasta los 50.272.
Mucho informe, poca intervención
Los centros se dividen en dos tipologías: de protección y de reforma. Los primeros son espacios más o menos abiertos, donde el menor tiene libertad para desarrollar una vida razonablemente autónoma. Buscan sustituir, en la medida de lo posible, el núcleo familiar. En los centros de reforma la estructura es cerrada. Ahí es donde van a parar menores que cuentan con alguna medida judicial, porque han cometido algún delito, así que el control es necesariamente mayor.
En los centros de protección se trabaja "desde la libertad, así que muchas veces los niños se van y el personal está tan saturado que es muy difícil saber dónde están, muchas veces ni se denuncia", comenta Lima. Es lo que ocurrió en la Comunidad de Madrid. En ocasiones, "las familias están deseando que el niño cometa un delito para que vayan al centro de reforma y estén controlados".
El problema se agrava cuando entre los menores brotan los trastornos mentales o las adicciones, algo en absoluto fuera de lo común. Diego Rodríguez, responsable de la Sección Sindical de CCOO en Fundación Diagrama, una de las entidades dominantes del sector, liga estos problemas a las consecuencias tras las salidas de los chicos. "No hay ningún mecanismo para saber qué pasa en esas salidas, cuando salen no existe ningún tipo de supervisión sobre ellos y, por ejemplo, es normal que los que tengan adicciones salgan y sigan consumiendo".
Las intervenciones psicológicas, añade, prácticamente brillan por su ausencia. Los profesionales "apenas tienen tiempo para salir de sus despachos" y dedican gran parte de su jornada a labores burocráticas. Coincide Cassandra, actualmente educadora en un piso de inserción laboral para mayores de edad, pero anteriormente trabajadora en un centro. "El problema principal viene de la falta de recursos de personal, no solo educadores, sino también de otros servicios como las revisiones médicas, la detección de posibles trastornos o el acompañamiento individualizado".
Durante su etapa en el centro, relata la profesional, los menores contaban con una psicóloga para entre 45 y 55 usuarios. "Tenía que hacer informes, trabajo burocrático y nada de intervención. A eso hay que sumar que cuando los chicos están en el centro son recién llegados y su capacidad para expresarse es mínima". En ese mismo punto, la atención rigurosa de cada caso particular, se detiene también Ana Lima. Es fundamental examinar los perfiles, "ver problemas de salud mental y de adicción", pero también "ver si hay niñas víctimas de violencia sexual y ver si hay niños agresores". No hacerlo, advierte, puede ser un cóctel explosivo.
El largo camino hacia la integración
Preguntadas por los recientes casos de abuso y violencia sexual, las voces consultadas guardan un silencio cauto, seguido de la condena explícita. Si el problema más inmediato está en las salidas y en la ausencia absoluta de control, lo que germina en el fondo es mucho más grave: la falta de recursos impide trabajar la prevención y cuidar el vínculo con los menores, la mayor herramienta para promover su integración. Sin reparar las grietas que atraviesan a la estructura misma del modelo, el problema no solo se agrava, sino que se cronifica. Entretanto, los chavales crecen, alcanzan la mayoría de edad y después "se quedan en la calle", señala Lima, "hay un fracaso en la entrada al sistema y en la salida".
Patricia trabaja como educadora en un centro de protección que es en realidad una casa, una tipología que se asemeja "más a un ambiente familiar". En su centro son seis menores, todos de edades similares, entre los diez y los trece años. "Parten todos de familias desestructuradas, menores que han sufrido maltrato, abuso o explotación sexual, a veces con progenitores en la cárcel o en situación de consumo de drogas, hay un abandono muy grande de los menores". En esa coyuntura, cuenta la educadora, "los primeros meses para ellos son muy duros: aunque con sus familias lo han pasado mal, tienen mucho apego y las echan muchísimo de menos". La fase de adaptación "es brutal: psicológicamente los destroza, los abate, los deprime y evidentemente también les pone furiosos".
Hasta el momento en que entienden que es lo mejor para ellos, "los menores batallan porque no quieren estar ahí". Patricia y sus compañeros trabajan para corregir toda una educación previa, marcada en ocasiones por la ausencia total de límites, y otras veces por el exceso de imposición. Las situaciones problemáticas que se producen como consecuencia requieren de recursos y protocolos efectivos para su resolución. "Puede haber destrucción de mobiliario, situaciones de peligro físico contra el resto de menores" o incluso agresiones al propio personal. Diego Rodríguez denuncia que en estos últimos casos, "lo más normal es que la fiscalía o el juez de menores no actúen de oficio", pero también se deslizan "sutiles amenazas de las entidades a los trabajadores para que no denuncien, así que se produce una indefensión absoluta".
Save the Children ha señalado este viernes la necesidad de ahondar en la protección y recuperación de las víctimas, ante la escalada de casos de agresiones sexuales, mediante la implantación de protocolos de prevención y detección temprana.
Patricia es muy cuidadosa cuando habla de límites y control. "A los menores les tienes que proporcionar libertad para que desarrollen sus habilidades sociales y formen parte activa del entorno en el que viven", disecciona. Ahora bien, añade, si el menor se escapa de un centro, "se ponen en marcha los protocolos y se denuncia, ahí ya son otros agentes los que intervienen". El problema es que no siempre se hace así.
En la construcción de un vínculo, la educadora es partidaria de "dejarles un espacio desde que llegan para que no se sientan asediados: hay que respetar los tiempos del menor, para que pueda subsanar, adaptarse e incorporarse a la nueva situación de vida". Pero sobre todo, enfatiza, es necesaria "mucha comprensión" y poco a poco ir "introduciendo normas". No hay una fórmula para conseguirlo y los resultados no siempre serán satisfactorios al instante. "A veces funciona y otras no", puede que se den situaciones en las que "todo este trabajo se desvanece", afirma la trabajadora. "Los menores responden como pueden, como saben y como han aprendido". (Sabela Rodríguez, InfoLibre, 15/01/22)
"(...) Diversos expertos consultados por este diario afirman que existe una falta de recursos y de voluntad política para proteger a estas menores y que el sistema de acogida adolece de problemas largamente desoídos.
Un informe de UNICEF publicado en 2017 y en el que entrevistaban a más de 300 responsables, educadores y menores alertaba de que existían casos de explotación sexual en centros de acogida de siete de las nueve comunidades autónomas analizadas. Aunque no especificaba en cuáles, advertía de que "en algunos casos podría haber indicios de que son captados por redes de trata de seres humanos, que además les utilizan para conseguir contactar con otros menores del centro".
"Si bien se han producido avances legislativos en los últimos años, como la Ley Orgánica de protección jurídica del menor de 2015 que supuso una transformación del sistema de protección, ésta no llevó aparejada una dotación presupuestaria y hemos visto cómo a lo largo de los últimos años este sistema ha ido funcionando por inercia. El hecho de que existan serios problemas de financiación y de recursos en el sistema de protección a la infancia a lo largo de los últimos años muestra hasta que punto este asunto no ha sido una prioridad política", afirma a Público Cristina Junqueras, responsable de políticas de Infancia de UNICEF.
Otros expertos van aún más lejos y hablan de una desinversión de recursos
en algunas comunidades autónomas, como Madrid. Es el caso de Miguel
Ángel Martín que durante 11 años fue director de dos centros de atención
a la Infancia de la Capital. Denuncia que desde hace más de una década se han destruido servicios clave para la protección de menores,
como los educadores de calle o los programas de vida independientes,
que llegó a tener 100 plazas y que era una alternativa para chavales que
rechazaban la institucionalización y vivían a cargo de monitores
especializados en pisos y albergues.
"Los programas para la vida autónoma no están, no existen. Se han ido cerrando o paralizando y habría que preguntarse cómo se trabaja la emancipación", explica Martín a Público. Este experto relata cómo a lo largo de las últimas dos décadas el modelo, al menos en la Comunidad de Madrid, ha potenciado los "macrocentros tardo-franquistas", en donde el número de niños tutelados es muy alto (algunos llegan a tener 70 o 90 plazas) y en los cuales realizar una intervención individualizada de los menores es prácticamente imposible. "Hemos retrocedido en estos últimos años de forma brutal y lo que padecemos en la última década es una situación de abandono", añade.
La situación no es homogénea. Si bien la Administración central tiene una labor de supervisión y de asegurar la coherencia de estos servicios, las competencias están transferidas a las distintas comunidades autónomas y los modelos y recursos varían entre unas y otras. Otro problema de esta descentralización es la dificultad para recopilar y analizar datos globales. Tal como han manifestado todos los consultados para este reportaje, conocer la realidad de los menores tutelados y las carencias en las distintas regiones es una tarea titánica. (...)
"La explotación sexual de menores tuteladas es una realidad en España y en el resto de Europa. Lo que ocurre, y esto está ampliamente estudiado no sólo en España, sino también en países de nuestro entorno, es que estos niños y niñas que están en centros residenciales de protección vienen con experiencias de malos tratos y violencias muy graves en sus familias, y esto no lo podemos olvidar. En la mayoría de los casos, las niñas y niños explotados vienen con abusos sexuales previos por parte de las personas de las que dependían, de sus cuidadores principales (el padre, la madre, los tíos o abuelos). Nos encontramos con niños altamente vulnerables que requieren de un vínculo seguro con un adulto, que el sistema de protección en centros no ofrece. Este es el principal factor de riesgo, porque un niño no puede crecer en un centro, donde no puede haber (por mucho que algunos educadores se esfuercen), que pueda ser referente como un padre o una madre", explica a este diario Noemí Pereda, directora del Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente (GReVIA) de la Universidad de Barcelona y coordinadora del grupo de investigadores nombrado por el IMAS de Baleares para investigar el abuso sexual de niñas tuteladas en dicha comunidad.
Esta experta explica que las menores que entran en los centros son muy vulnerables, que en general vienen muy dañadas y se encuentran absolutamente desamparadas a nivel emocional en un centro. A esto se suma que hay una serie de mafias que conocen muy bien estas necesidades de pertenencia de los menores. El dinero, afirma, no es lo más importante para ellas. "Es verdad que a veces estas mafias les dan recompensas, les regalan móviles..., pero lo más importante es el vínculo emocional, y esto es complejo y es donde realmente tenemos un problema porque no queremos escuchar".
Afirma que durante la exhaustiva investigación que el equipo llevó a cabo en Mallorca, los explotadores sexuales se hacían llamar papis; los clientes, tíos; y las niñas explotadas eran hermanas. "Esto es el modelo de familia que estas niñas están deseando tener. Lo que hacen las mafias es una perversidad, pero fíjate cuánto conocimiento tienen para captarlas", añade Pereda.
En general no se encuentra una niña sola involucrada con estas mafias, sino varias de ellas, incluso decenas. En la última actuación policial en Madrid se detectaron diez niñas explotadas. "Lo que ocurre es que si una de estas niñas del centro se va con estas mafias suele captar a otras y esto se convierte en una red. Por eso, una de las soluciones es que las niñas víctimas de abusos previos o de explotación sexual tienen que estar siempre en centros especializados. Centros que no existen en general. Son niñas y niños de alto riesgo, expuestos en un entorno que es un centro que no proteger de este riesgo y nos encontramos con mafias que saben perfectamente cómo captarlas.
Así lo defiende también Rocío Mora, directora de APRAM, que posee uno de los únicos centros especializados en abusos sexuales a menores y que trabaja en la Comunidad de Madrid. Afirman que anualmente rescatan de las redes de la prostitución a unas 1.600 mujeres, casi el 60% de las cuales comenzaron siendo explotadas cuando eran niñas. "Se necesitan centros especializados y con profesionales formados que conozcan los indicadores de violencia sexual y que puedan hacer un seguimiento individualizado de estas menores. Que también controlen sus salidas para evitar que caigan una y otra vez en estas mafias", añade Mora, advirtiendo que este modelo ha sido criticado, pero es efectivo. A su parecer, no se podrá avanzar en la protección de estas menores sin un compromiso estatal de lucha contra la trata y la explotación sexual y exige cuanto antes una ley. "Cuando haya una política pública contra la trata, avanzaremos. De lo contrario estos casos seguirán siendo una noticia del día", afirma.
Opacidad y lucha política
La noticia de las niñas explotadas sexualmente en Mallorca abrió una tormenta política de un nivel nunca antes visto. Fuerzas como Vox o el Partido Popular cargaron y siguen haciéndolo contra el gobierno progresista como un arma política. Un debate que ha dejado en segundo plano el interés superior de las menores.
"Mallorca ha sido
la primera región que ha afrontado este tema de cara. Se creó una
comisión de investigación cuyos resultados están transformando el
sistema de acogida de la isla". Así lo asegura Pereda. Pero advierte de
que la opacidad y la falta de información sobre este asunto en las distintas comunidades es prácticamente total.
"Durante el informe que hicimos con la Universidad de Barcelona solicitamos como comisión de expertos a las distintas autonomías que comunicaran si en sus centros había casos de explotación y si tenían protocolos para prevenirla. Ninguna comunidad, excepto Madrid e Ibiza, respondió. Y estas últimas en el sentido de que estaban trabajando en un documento. Es un tema tabú, es un tema secreto que las comunidades quieren tapar a toda costa. Y esto supone un problema grave que tiene como consecuencia que no se pongan los recursos necesarios para prevenirlo", advierte Pereda.
Parte de ese oscurantismo se vio en la Comunidad de Madrid hace unos días. Cuando el 3 de diciembre saltó la noticia de se había detenido a una red de narcotraficantes que explotaban sexualmente a diez niñas tuteladas, la Comunidad de Madrid salió inmediatamente a desmentirlo y afirmó que era totalmente falso que las menores estuvieran tuteladas. Tampoco admitió que estuvieran acogidas en ningún centro de menores antes de la redada policial. Este diario desveló sólo unas horas después que al menos cinco de ellas estaban acogidas en centros de la comunidad de Madrid: cuatro en el de Picón de Jarama y otra en el centro de primera acogida de Hortaleza.
Dos días más tarde, el gobierno de Díaz Ayuso reconocía que sólo tres de ellas estaban en centros de menores e inició una guerra contra la Delegada del Gobierno, asegurando que le había trasmitido información falsa. Un extremo que la delegación del Gobierno desmintió a este diario.
La realidad es que estas trifulcas políticas acaban por engullir al conocido como interés superior del menor y sirve para echar tierra sobre un problema estructural que afecta a miles o decenas de miles de niños (sobre todo niñas) que están acogidos o tutelados en centros oficiales en España.
Mientras tanto, de las niñas liberadas por la mafia en Madrid poco se sabe. Después de que la consejería que dirige la popular Concepción Dancausa reconociera que varias de las menores sí estaban tuteladas en centros de menores de la Comunidad de Madrid, diversas fuentes policiales han afirmado a Público que una de ellas fue entregada a su familia, otra había cumplido la mayoría de edad y que el resto fueron devueltas a centros de menores, principalmente al de Picón de Jarama, donde residían varias de ellas. Es decir, a los mismos centros que las desprotegieron y que, tal como afirmas diversos expertos consultados por este periódico, no tienen los medios ni los conocimientos para tratar las serias violencias y secuelas que han sufrido.
Tal como afirman los diversos expertos consultados, los niños tienen que crecer en familia, no en instituciones, y esto representa un desafío que tendría que hacer repensar todo el sistema de acogida y tutela. No es sencillo. Tal como afirma Pereda, España tiene muy poco acogimiento familiar, entre otras cosas por un problema cultural, de familias cerradas que no favorece este tipo de cuidados: "Estos casos que conocemos deberían interpelar a toda la sociedad, porque nos echamos las manos a la cabeza con estos casos, pero luego no investigamos qué pasó con las menores". Afirma que es imprescindible ir a un modelo de acogimiento familiar y mirar a otros países, como los nórdicos, en donde se ha implantado un sistema por el que existen familias profesionales, a las que se les paga un sueldo, no una ayuda, para que se dediquen a crear y se les apoya y orienta en la tarea.
"Lo principal es que se abra la luz y que exijamos recursos específicos. Este no es un problema de una comunidad autónoma. Existe desde hace años,
pero no se han puesto los recursos encima de la mesa. No es una
vergüenza que surjan casos en una región. La vergüenza es taparlo y no
poner soluciones. Eso podemos hacerlo. ¿Qué vamos a hacer con las niñas
de Madrid, y las de Canarias? ¿Quién las está reparando?", acaba Pereda." (Marisa Kohan, Público, 15/01/22)
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