El ex-ministro Abel Matutes (“Es una ley en la que yo mismo he trabajado mucho”), vuelve a robar la propiedad pública de las salinas... y toda la costa

" Ciento diez propietarios de Formentera celebraban ayer el trato “excepcional” que les da el proyecto de Ley de Costas. El Gobierno del PP excluirá sus fincas e inmuebles, afectados por la anterior norma, con lo que los liberará y la titularidad de las propiedades bloqueadas por los actuales deslindes e hitos retornará a sus manos. (...)

Con 10.000 pobladores, la famosa y pequeña Formentera pasa en verano a tener hasta 40.000 residentes. La atracción y el negocio radican en los arenales de los 69 kilómetros de la costa insular, en gran parte protegida y no alterada por las murallas de cemento.

Los afectados por la ley vieja pugnaban por cambiar el deslinde de líneas moradas de 1988 y las rojas de 1968. Formentera cuenta con un parque natural en sus salinas, estanques y dunas playeras, conexo al ámbito vecino de las salinas y playas de Ibiza. 

Ambos latifundios son propiedad de Salinera Española e Ibifor, de la familia del expresidente balear Gabriel Cañellas, del PP, que recuperarán la posesión y la capacidad de libre disposición y explotación de los enclaves afectados por la ley que ahora se modifica. Decenas de viviendas antiguas y negocios de restauración están en estos ámbitos salineros.

El exministro de Exteriores con el PP, Abel Matutes, se atribuyó parte de la paternidad del cambio legal en El Diario de Ibiza. “Es una ley en la que yo mismo he trabajado mucho”, aseguró. El grupo Matutes tiene intereses hoteleros y proyectos de golf cerca de las salinas y planes de puertos deportivos en Ibiza.

Los ecologistas del Gen-Gob de Ibiza afirman que “se vuelve a robar la propiedad pública de las salinas”, mientras que Salinera Española festeja que vaya a “restituirse la propiedad privada, la original, tras una expropiación sin indemnización”.        (El País, 06/10/2012)

"Da la impresión de que el texto ha sido redactado para favorecer solo a unos determinados grupos de interés, y no para reforzar la protección y el uso público de los bienes del DPMT. 

Respecto a la dimensión económica, no hay duda del especial trato dado en el texto de la reforma. Solo el hecho de que las concesiones sean otorgadas por 75 años, es decir, a tres generaciones vista, es buena muestra de su perfil e intención. Este plazo es, a todas luces, un exceso, y se parece bastante a una privatización de hecho del DPMT. 

Por cierto, una vez que sean aplicados los nuevos criterios para el deslinde del DPMT y sean excluidas bastantes instalaciones y edificios, ¿quién pagará las obras de su defensa costera?, ¿y quién pagará los daños ocasionados por el mar a esas mismas edificaciones?"         (El País, 06/10/2012)