"El debate sobre la reforma de la ley del aborto ha rebasado la arena de
debate político y ha ocupado las consultas y los laboratorios. El empeño
del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de modificar la regulación actual para acabar con el plazo de aborto libre y suprimir el supuesto de anomalías fetales
ha empujado a profesionales sanitarios a movilizarse.
Un grupo de
ellos, compuesto por ginecólogos, obstetras o expertos en diagnóstico
prenatal, ha redactado un manifiesto en contra de esa reforma que suma
645 adhesiones. Suprimir la opción de interrumpir el embarazo en caso de
malformación grave —que recoge la ley actual— acarreará consecuencias
trágicas para las familias afectadas, dicen.(...)
“La decisión de interrumpir el embarazo causa mucho sufrimiento. Si la
ley no permite la interrupción de la gestación en estos casos [de
anomalías fetales graves], a la dramática situación se sumará el
desamparo legal que sufrirán las gestantes”, explica el documento
encabezado por las ginecólogas Pilar Martínez Ten y Begoña Adiego, que
se entregará al secretario de Estado de Justicia, Fernando Román.
En él
explican que la eliminación de esa opción de la normativa desembocaría
en una clara desprotección de las afectadas, que terminarían recurriendo
al aborto clandestino e inseguro. La ley actual, aprobada en 2010 a
instancias del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, permite abortar
por encima del plazo libre de 14 semanas —en el que la mujer no precisa
justificar su decisión— y hasta la 22 si hay riesgo para la salud de la
mujer o si se detecta una malformación fetal (se precisa el dictamen de
dos médicos).
Pasado ese tiempo, y sin límite, solo es legal hacerlo si
al feto se le diagnostica una anomalía extremadamente grave e incurable
o incompatible con la vida. Un diagnóstico que debe hacer un comité
clínico. (...)
Estos abortos apenas suponen el 3% del total registrado en España, pero se trata de casos muy dramáticos de hijos deseados. El titular de Justicia argumentó, para justificar el endurecimiento de la ley en este punto, que esa opción discrimina a las personas discapacitadas.
Gallardón se escuda en un texto de la ONU
que en 2010, tras las quejas de dos asociaciones, recomendó a España
eliminar el aborto por “razón de discapacidad exclusivamente”. Eso a
pesar de que en la ley actual —tal y como contestó el Ejecutivo anterior
a la ONU— no habla en ningún caso de discapacidad, sino de anomalías
fetales graves.
Los expertos coinciden, además, en que la Ley de Salud Sexual y
Reproductiva funciona bien. De hecho, apunta el especialista en
diagnóstico prenatal Javier Pedregosa, ha permitido a mujeres a quienes
la norma anterior desamparaba —solo permitía la interrupción del
embarazo por malformaciones hasta la semana 22— abortar en casos de
anomalías gravísimas y de diagnóstico tardío.
“Ha ayudado a familias que
se veían obligadas a viajar a Francia para interrumpir su embarazo
porque en España no podían hacerlo. Si la ley se endurece esto puede
volver a ocurrir. Las consecuencias emocionales, psicológicas, sociales y
médicas de acotar esta opción son muy duras”, incide Martínez Ten.
Así, las anomalías que recoge la ley difieren de lo insinuado por
Gallardón sobre la supuesta intención eugenésica de interrumpir un
embarazo bajo este supuesto. No hay una lista cerrada de patologías,
pero la comisión de bioética de la Sociedad Española de Ginecología y
Obstetricia redactó una guía en la que reflejaba algunas: anencefalia
(nacer sin cerebro), hidrocefalia grave y progresiva o agenesia de
cuello calloso.
Cada situación, y su implicación, se estudian. El comité de expertos
—ginecólogos, pediatras y expertos en diagnóstico prenatal— que designa
cada comunidad autónoma analiza los aspectos médicos del caso —que haya
un diagnóstico claro y fundamentado, las alternativas y posibilidades
reales de tratamiento y sus consecuencias— y también todo lo relacionado
con la calidad de vida del nacido (tiempo de supervivencia previsible,
grado de desarrollo neurológico...), explica Rafael Torrejón, jefe de
Ginecología y Obstetricia del hospital Virgen del Rocío de Sevilla y
miembro de uno de los comités de Andalucía.
Y no todas las peticiones son aceptadas. También hay rechazos. En uno
de los dos comités catalanes se aprobaron 83 de las 87 solicitudes
recibidas hasta julio de 2012. En el comité clínico de Madrid, 9 de los
51 casos analizados desde julio de 2010 hasta enero de 2012 fueron
rechazados: dos casos de síndrome de Down, otro de osteocondrodisplasia,
un labio leporino... Situaciones de malformaciones severas del sistema
nervioso central (12), cardiopatías severas (11) o malformaciones
esqueléticas letales sí fueron aceptadas." (El País, 02/11/2012)
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