"México ha pagado todo lo que tenía que pagar en su guerra contra las
drogas, 60.000 muertos en los últimos seis años, pero las drogas siguen
ahí, fluyendo hacia el norte establemente a pesar y a través de los
muertos.
Pocos países tienen mejores credenciales que México, y más fútiles,
en la tarea de colaborar con esa guerra absurda, inventada por razones
electorales a finales de los años sesenta y principios de los setenta,
para que el partido republicano y su candidato Richard Nixon pudieran
oponer a la pujante agenda social de los demócratas una oferta
conservadora de ley y orden: seguridad pública, combate al crimen,
contención del vicio. Nixon ganó la elección con esa agenda y la volvió
política de su Gobierno.
El primer invitado obligatorio a la guerra contra las drogas fue
México, mediante un sellamiento de la frontera llamado Operación
Intercepción (1969), que mostró rápidamente su doble delirio: sellar la
frontera para evitar el paso de drogas y evitar el consumo en las
grandes ciudades americanas.
Desde entonces, los Gobiernos mexicanos han sido invitados
obligatorios a todas las estrategias diseñadas por Washington para
alcanzar el mismo objetivo inalcanzable: detener el flujo de drogas al
mercado estadounidense. (...)
Lo sucedido en México es una versión extrema de lo que ha pasado en
todo el mundo. La guerra contra las drogas de Nixon fue asumida por los
Gobiernos estadounidenses que le siguieron y convertida en una agenda
prohibicionista mundial radicada en la ONU.
El mundo entero fracasa ahora en lo que México, y antes Colombia, y
Myanmar y Afganistán y Rusia, y desde luego Estados Unidos, han
fracasado, que es reducir el consumo de drogas en los países
consumidores mediante la represión de su flujo en los países de
producción y paso.
La evidencia del fracaso ha llevado a muchos líderes
latinoamericanos, antiguos presidentes y jefes de Estado a revisar su
compromiso con la prohibición y a insistir en la necesidad de un
acercamiento distinto. Es el caso de los expresidentes Ernesto Zedillo y
Vicente Fox de México, Fernando Henrique Cardoso de Brasil, César
Gaviria de Colombia o Ricardo Lagos, de Chile.
Es el caso también, más significativamente todavía, de los
mandatarios en funciones Juan Manuel Santos de Colombia, José Mujica de
Uruguay, Otto Pérez Molina de Guatemala y Laura Chinchilla de Costa
Rica. En su más reciente asamblea celebrada en Guatemala hace unas
semanas, la OEA presentó un amplio informe sugiriendo la posibilidad de
al menos legalizar la marihuana. (...)
Parte de la convicción de que al menos la marihuana debe iniciar en
nuestros países un proceso de legalización, regulación y despenalización
equivalente al que ha empezado a darse dentro de los mismos Estados
Unidos, donde hay hoy 19 Estados que han legalizado el uso terapéutico
de la marihuana y dos en los que es legal el uso recreativo sin
restricción ninguna (Colorado y Washington).
El grupo mexicano se propone una despenalización del consumo de la
marihuana en la Ciudad de México y está formado, en su primer núcleo de
adherentes, por distinguidos servidores públicos de los últimos
Gobiernos del país (...)
¿Por qué proponer esta liberalización en la capital, por qué solo la marihuana y por qué solo el consumo?
— Porque la ciudad de México es una capital progresista, abierta, que
ha legislado ya sobre cuestiones claves de la libertad de costumbres
como los matrimonios del mismo sexo, el aborto y la muerte asistida.
— Porque los datos disponibles indican que la marihuana es una droga
cuyos efectos tóxicos y consecuencias en la salud son menores que los de
otras drogas permitidas como el alcohol y el tabaco.
— Porque el daño que los fumadores de marihuana pueden hacerse a sí
mismos y a otros por consumirla es mucho menor que el daño social de
perseguirla. (Casi el 80% de los presos que hay en cárceles federales de
México están acusados por hechos vinculados a “delitos contra la
salud,” narcomenudismo o narcotráfico. El 57% de ellos están presos por
ilícitos vinculados a la marihuana).
— Porque un alto porcentaje, quizá el 30 o 40%, de los ingresos de
las organizaciones de narcotraficantes mexicanos provienen de la
marihuana.
— Porque por la presión de Estados Unidos y por el compromiso con el
consenso prohibicionista mundial, México persigue hoy en su territorio
cosas que están permitidas y hasta empiezan a ser florecientes empresas
en territorio estadounidense.
¿Qué hará el Gobierno mexicano ante la contradicción de que uno de
sus principales gobiernos locales legalice lo que tiene prohibido el
federal? Probablemente lo mismo que ha hecho el Gobierno federal
estadounidense: mirar a otra parte y reconocer, como ha dicho el
presidente Obama, que tiene peces más gordos que pescar. (...)" (Jorge Castañeda /
Héctor Aguilar Camín , El País, 6 AGO 2013)
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