"La primera cuestión que cabe destacar es que con anterioridad al impacto
externo sin precedentes derivado del frenazo en seco de la liquidez a
partir de agosto de 2007, en España existía ya una burbuja crediticia e
inmobiliaria, que ponía en situación de grave riesgo a un sector
importante del sector bancario.
Especialmente a las cajas de ahorro,
destacando por su importancia Caja Madrid, Bancaja, CAM, Caixa Galicia,
Caixa Cataluña, y en los bancos ocupaba un lugar destacado el Banco
Popular, que había seguido políticas de crédito hipotecario similares a
las de las cajas de ahorro.
La burbuja se vio favorecida por factores como la ley del suelo de
Aznar que incrementó el suelo urbanizable con el argumento de que así se
abarataba el precio de la vivienda y tipos de interés e inflación bajos
(el Euribor se redujo aproximadamente desde un 5% a un 3% entre el
2000 y 2003 y no volvió a crecer hasta 2005), igualmente influyeron los
estímulos fiscales a la vivienda y la complacencia del gobierno
conservador con el modelo de crecimiento basado en el ladrillo.
Sin
embargo, los factores fundamentales que explican la burbuja son las
malas prácticas bancarias que llevaron a cabo los altos ejecutivos de
las entidades citadas anteriormente, consentidas por los consejos de
administración de las propias entidades, y los errores gravísimos de la
supervisión del sistema bajo la responsabilidad del Banco de España.
Es
importante señalar la presencia en los consejos de administración de
políticos municipales con fuertes intereses en el sector inmobiliario.
Intereses en forma de estrechas vinculaciones empresariales con
promotores inmobiliarios, y el enorme crecimiento de los ingresos
fiscales que generó la burbuja inmobiliaria en las cuentas de los
ayuntamientos.
Las entidades financieras citadas cometieron graves errores de gestión bancaria.
- Alta concentración de riesgo promotor en las carteras de crédito.
- Creación de empresas conjuntas con los promotores.
- Financiación 100% a los promotores.
- Financiación a los compradores por encima del 80% del valor de tasación.
- Garantías sobrevaloradas.
- Generalización de avales ficticios.
- Amplia cartera de participaciones industriales por tomar posiciones en los consejos.
- Aventuras fallidas en el exterior de España.
- Sueldos astronómicos vinculados a objetivos espurios como el crecimiento del balance.
A estos errores de gestión se unieron maniobras ilícitas y graves
problemas de gobierno corporativo en las cajas por el tráfico de
influencias, la financiación de los negocios de los “amigos” del consejo
de administración. Fundamentalmente tuvieron como consecuencia una
concentración inadmisible de riesgo promotor.
A los errores del sector bancario se unen graves errores en la
supervisión y regulación. A este respecto cabe decir que una parte de
los mismos son compartidos con otros reguladores de Estados Unidos y de
Europa. No hay que olvidar que las crisis bancarias se han dado de forma
generalizada en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Bélgica y
Holanda.
Pero existen errores específicos del supervisor español. El
pilar 2 de la regulación que se engloba bajo la denominación de Basilea
II, permite a los supervisores no solo que puedan exigir mayores
importes de capital, sino también cambios en las políticas de crédito,
cuando detecten situaciones de riesgo excesivo en una determinada
entidad financiera.
Cuando un supervisor cuenta con el suficiente respaldo institucional y
revisa concienzudamente las operaciones de un banco tiene en su mano
herramientas para que dejen de realizarse operaciones no ajustadas a las
buenas prácticas de riesgo.
Sin embargo, el estallido de la crisis es
una prueba incontestable de que los supervisores no aplicaron las
medidas que la legislación les permitía tomar, ante el excesivo
crecimiento del crédito hipotecario y la enorme concentración del riesgo
promotor en las carteras de las entidades financieras señaladas
anteriormente.
Por el contrario, estuvieron intensivamente dedicados a
la validación de los modelos cuantitativos que el Pilar 1 de Basilea II
había introducido. Entidades como Caja Madrid habían superado con éxito
las pruebas para poder aplicar los modelos internos, basados en la
estimación por parte de la entidad de parámetros como la probabilidad
de default de los acreditados y la tasa de pérdida dado el
incumplimiento.
Sería de gran interés conocer en que han quedado todos
esos cálculos, ante la devastadora crisis que ha tenido la entidad. Los
equipos de validación de modelos que existen en el Banco de España
tendrían mucho de que autocriticarse ante la evidencia de la crisis.
El Banco de España, aportó a la regulación internacional un producto
de su propia cosecha: la provisión anticíclica. De hecho fue una
innovación positiva, que ha sido incorporada por otros reguladores; la
provisión anticíclica es una provisión genérica que los bancos deben
dotar en función del crecimiento del crédito, bajo el supuesto razonable
de que a mayor crecimiento existen más posibilidades de que se produzca
un salto cualitativo en la morosidad.
Sin embargo, se sobrevaloró el
poder de la provisión anticíclica ante el riesgo de concentración del
sistema bancario al sector hipotecario en general y al riesgo promotor
en particular. La provisión permitió amortiguar inicialmente los efectos
de la crisis, pero no se hizo para prever lo que se denominan “créditos
mal dados”. La provisión anticíclica primaba a los créditos
hipotecarios por el hecho de disponer de garantías reales.
Pero existía
un problema que el Banco de España no tuvo en cuenta. Las garantías
hipotecarias estaban fuertemente sobrevaloradas, por lo tendría que
haber establecido unas reglas de descuento sobre el valor de tasación.
Esto habría supuesto aceptar la existencia de la burbuja inmobiliaria,
con las implicaciones correspondientes sobre las políticas de crédito de
las entidades.
Sin embargo, el diseño de la provisión anticíclica hacía que se
pidiera menos provisión a los bancos que presentaban más garantías, y
ahí justamente estaba el problema porque las garantías de los préstamos
hipotecarios, las viviendas, estaban mal valoradas (porque sus precios
eran el reflejo de la burbuja).
El regulador tuvo la oportunidad de
cortar por la vía convencional, decretando provisiones por cada crédito
que excediera un 80% del valor de tasación, revisar la valoración de las
garantías, adicionalmente infladas por el interés de los bancos de
conceder mayor valor de los préstamos (generalmente procedentes de
tasadoras del propio banco).
Lo que ocurre es que frenar a un caballo
desbocado tiene un coste en términos políticos, porque era una etapa de
crecimiento y la crítica fácil es que el supervisor hubiera impedido de
este modo que creciera nuestra economía.
Ni Caruana ni Fernández Ordoñez
han tenido intención de abordar este control cuando esa era su misión
principal: garantizar la estabilidad financiera, objetivo en el que han
fracasado de manera rotunda." (Econonuestra, 04/07/2012)
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