"El Real Decreto Ley que regula la moratoria de dos años sin desahucios
no interrumpe el cobro de los intereses moratorios, que superan de
media el 20% de la cantidad adeudada, ni paraliza las subastas de las
viviendas habituales.
"El Real Decreto-Ley no dice nada
sobre los intereses de demora y es un fundamento del Derecho, que donde
hay mora hay intereses, por lo que cualquier juez al que le llegue un
caso, tendrá que aceptarlos", según reconoció ayer a elEconomista el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol.
Diversos notarios y registradores de la Propiedad consultados
reconocieron ayer que el Real Decreto-Ley no incluye ninguna medida de
suspensión de los intereses moratorios, lo que supone que la deuda
seguirá creciendo durante el periodo de dos años.
Incluso, a pesar de que el Real Decreto-Ley no hace mención alguna a
los intereses de demora, en el texto de la norma, en su Exposición de
Motivos, se afirma que "la trascendencia de esta previsión normativa es
indudable, pues garantiza que durante este período de tiempo, los
deudores hipotecarios especialmente vulnerables no puedan ser
desalojados de sus viviendas, con la confianza de que, a la finalización
de este período, habrán superado la situación de dificultad en que se
puedan encontrar en el momento actual".
Además, la norma establece que "esta medida, con carácter excepcional
y temporal, afectará a cualquier proceso judicial o extrajudicial de
ejecución hipotecaria por el cual se adjudique al acreedor la vivienda
habitual de personas pertenecientes a determinados colectivos.
En estos
casos, el Real Decreto-Ley, sin alterar el procedimiento de ejecución
hipotecaria, impide que se proceda al lanzamiento que culminaría con el
desalojo de las personas". De esta forma, para acogerse al
procedimiento, será necesario que la vivienda subastada se la quede la
entidad prestamista y que no concurra ningún postor en las tres subastas
reglamentarias.
En el caso de que se retrase la subasta de la vivienda habitual, los
intereses se pagarán por todo lo adeudado, mientras que en el caso de
efectuarse la subasta, tan sólo se pagaría por la deuda restante.
De
esta forma, como en buena parte de las subastas que se celebran
actualmente no hay postor, la entidad financiera termina quedándose con
la casa por el 60 ó 50 por ciento del valor, lo que supone que a partir
de ese momento sólo pasarían a percibir el 40 ó el 50 por ciento de los
intereses de demora. (...)
Para Pablo Molina, socio de ATQ Abogados, "el Real Decreto-Ley no ha
venido a arreglar nada. Es un simple parche, ya que el problema de la
deuda y de los intereses de demora continúa persistiendo, aún después de
producirse la subasta e, incluso, a pesar de la moratoria aprobada por
el Gobierno. El tema de los intereses de demora es un asunto de muy
difícil solución". (...)
La única solución para todos los consultados sería la reforma de la Ley Hipotecaria." (El Economista, 20/11/2012)
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