"M.P, vecino de Hospitalet de Llobregat, vivía desde hacía nueve meses
ocupando "de patada" un piso vacío de protección oficial con su mujer y
su hija menor de edad. Se convirtió en ocupa después de haber agotado el
paro y no poder pagar el piso de alquiler donde vivía.
Pero hace una
semana recibió una orden de desahucio anunciándole que tenía que
abandonar la vivienda de manera inminente. Finalmente, ayer por la tarde
decidió ahorcarse en plena calle, en un parque de la calle Juan de
Juanes en el barrio del Gornal en l'Hospitalet.
Según ha informado el presidente de la Asociación de Vecinos Carmen Amaya, Juan Álvarez, M.P, de 45 años de edad, se personó esta semana en el Ayuntamiento de la localidad para pedir que realojaran a su familia en un albergue "porque hacía mucho frío para quedarse tirado en la calle con su familia".
Según ha informado el presidente de la Asociación de Vecinos Carmen Amaya, Juan Álvarez, M.P, de 45 años de edad, se personó esta semana en el Ayuntamiento de la localidad para pedir que realojaran a su familia en un albergue "porque hacía mucho frío para quedarse tirado en la calle con su familia".
Pero, según Álvarez, los servicios sociales del
consistorio denegaron su petición. La misma fuente apunta que, como
último recurso, el fallecido se personó en dos ocasiones, la última el
mismo día del suicidio, para reclamar una demora de un mes en la
ejecución del desahucio.
Al no obtener una respuesta satisfactoria, a
las cinco de esta tarde "ha salido con una cuerda de la vivienda que
ocupaba" y ha decidido ahorcarse en el parque de las Setas, a pocos
metros del piso que en pocas horas iba a tener que abandonar por la
fuerza.
La víctima era electricista hasta que llegó la crisis. Una vez agotada la prestación por desempleo, pasó a cobrar una pensión de unos 300 euros "debido a la depresión que sufría a raíz de no encontrar trabajo", según Álvarez. Además de tener que hacer frente a un juicio por ocupación ilegal, Adigsa reclamaba a la familia 9.000 euros por haber entrado "de patada" al piso.
La víctima era electricista hasta que llegó la crisis. Una vez agotada la prestación por desempleo, pasó a cobrar una pensión de unos 300 euros "debido a la depresión que sufría a raíz de no encontrar trabajo", según Álvarez. Además de tener que hacer frente a un juicio por ocupación ilegal, Adigsa reclamaba a la familia 9.000 euros por haber entrado "de patada" al piso.
El presidente de la asociación de
vecinos del barrio asegura que, poco antes de suicidarse, la víctima le
llamó por teléfono para transmitirle su desesperación: "Estaba muy
nervioso, me dijo que se había tomado unas pastillas, yo intenté
calmarle y le dije que me esperara en la plaza para hablar sobre su
situación e intentar encontrar una solución al problema, pero llegué
demasiado tarde". Después del trágico suceso, los responsables
de los servicios sociales del Ayuntamiento se presentaron en casa de los
familiares para ofrecer su apoyo." (La Vanguardia, 12/11/2012)
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