"Las residencias de la tercera edad en Cataluña se encuentran en una
situación desesperada. Los impagos de la Generalitat están afectando
gravemente a la viabilidad de los centros y, solo el año pasado, 25 de
ellos tuvieron que cerrar. Y la sangría no tiene visos de parar.
El
sector denuncia la “asfixia financiera” y asegura que un nuevo impago
como el que se produjo en julio de 2012 condenaría al cierre a cientos
de geriátricos con plazas públicas o concertadas.(...)
En los geriátricos, la mayor parte del gasto corresponde a los sueldos
de los trabajadores, que son por lo tanto los primeros afectados por los
problemas financieros. El presidente de la Unión de Pequeñas y Medianas
Residencias (Upimir), Vicente Botella, apunta que “tenemos un perfil de
trabajador mileurista, y dejar de pagar la nómina representa
condenarlos, porque es gente que depende totalmente de su sueldo para
pagar hipotecas, colegios, comida…”. (...)
El cierre de centros lleva aparejado un importante impacto sobre los
ancianos que se encuentran ingresados. Gran parte de ellos presenta un
deterioro cognitivo importante y sus capacidades de adaptación son
lentas, así que el cambio de hábitos y de lugar de residencia representa
un proceso traumático.
“Cuando a esta persona la sacas de este entorno
es como si nos llevan a Marte, y además de noche. Estamos absolutamente
perdidos, no tenemos referencias visuales o auditivas y eso genera una
angustia y pasarlo mal”, explica Rueda.
“Si nosotros, jóvenes, en
plenitud de condiciones, nos vamos cinco días de vacaciones y estamos
tres días sin hacer de vientre, pues imagina estos cambios en personas
con este nivel de dependencia”, añade.
La Generalitat mantiene
que los problemas de tesorería le impiden hacer frente a los compromisos
con las residencias en los plazos acordados, y señala que es
consecuencia del “ahogo económico” a la que está “sometida” por parte
del Estado.
“Entendemos que en parte puede ser así, pero es cuestión de
priorizar”, alega Rueda. ASCAD, junto con patronales del sector, ha
promovido una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que reclama que el
pago a la dependencia pase a situarse en el primer nivel de
obligatoriedad, el mismo en el que se sitúan las resoluciones
judiciales.
“Entendemos que el valor supremo de todo es el ser humano y,
por lo tanto, lo primero que tenemos que cuidar es su subsistencia; que
no se vaya dinero a ningún Any Espriu si primero la persona no se ha cuidado”, defiende Rueda." (Brais BenítezLa Marea, Rebelión, 19/03/2013)
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