"El Gobierno gallego remitió ayer al Parlamento para su debate y
aprobación su proyecto de ley de garantías sanitarias, que fijará para
determinadas dolencias aún no especificadas una espera máxima de 60 días
para operarse y de 45 días para una consulta.
Sin embargo, el paciente
que supere esos plazos y quiera ser tratado en un centro privado, como
permite la norma, deberá adelantar de su bolsillo el importe y la Xunta
se lo compensará después, pero no por todo lo gastado sino “de acuerdo
con las tarifas que para cada proceso se señalen”.
El Consello Económico e Social (CES) reclamó hace un mes en su
valoración sobre esta ley que en esos casos el usuario “debería ser
resarcido cuando menos con la totalidad del desembolso que hubiera
realizado y no conforme a unas tarifas cuyo contenido se desconoce a
priori”, pero el Gobierno gallego ha obviado esa petición.
El CES
también reclamaba “criterios que garanticen que aquellos pacientes con
menos recursos puedan tener el derecho efectivo de acudir a un centro
privado” y, a través de un voto particular de los sindicatos, que se
concretase la financiación con la que se va a garantizar el cumplimiento
de la ley. Ayer el presidente Feijóo eludió ofrecer ningún dato
económico sobre la nueva norma.
El titular de la Xunta optó por destacar que la ley permitirá que los
pacientes sean atendidos según su gravedad, con criterios que
establecerán las sociedades médicas, y no según los intereses que
pudiese tener cada hospital para reducir su lista de espera con
operaciones de menor relevancia.
Preguntado al respecto, eludió valorar
los criterios seguidos hasta ahora para priorizar la atención sanitaria.
También destacó que además de ese “nuevo derecho”, los pacientes
también verán garantizados los de poder solicitar una segunda opinión
médica, expresar sus instrucciones previas a un tratamiento y elegir
libremente no solo médico de familia sino también hospital, enfermero y
pediatra. (...)" (El País, 03/05/2013)
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