Las reformas que aumentarían la confianza política y económica en España son las mismas que facilitarían el tan cacareado cambio de modelo productivo

"La Gran Depresión propició incrementos significativos de la integración fiscal en federaciones con mucha heterogeneidad económica e identitaria, uniones en las que el poder de veto de los Estados en las políticas sociales estaba protegido constitucionalmente. 

Tal fue el caso del seguro de desempleo en Canadá o la arquitectura financiera que siguió a la adopción del New Deal.Si el único camino para superar la crisis es más integración, y hay precedentes, ¿por qué no se produce?

 La respuesta más común apunta a limitaciones externas. Dependiendo del analista, somos víctimas bien de la miopía de quien opta por ignorar la historia, bien de un plan para convertir al sur en área de servicios a bajo coste para las pujantes economías del norte. Independientemente del motivo, el yugo contable ahoga a los países sin autonomía monetaria ni capacidad fiscal.

 Merkel no cede, guiada por un lógico instinto de supervivencia electoral. El diagnóstico es sencillo, ofrece un punto sobre el que proyectar la ira, y, convenientemente, nos exime de toda responsabilidad. Sin embargo, es también un diagnóstico falaz por incompleto.

 Es incompleto porque son los partidos mayoritarios, antes y después de la crisis, los que cargan de razones a los que, por miopía o por estrategia económica, se niegan a abrir el grifo. Para que funcione, la redistribución dentro de las federaciones hay que merecerla. 

Se trata de un dilema clásico en las uniones políticas: cómo evitar que las transferencias de recursos perpetúen o agraven la situación que se supone han de corregir. Para minimizar ese riesgo, los países demandantes deben enviar señales creíbles de que utilizarán los recursos de forma productiva. Sin un compromiso creíble, la redistribución contribuye a sostener un sistema dominado por intercambios clientelares y la persecución irracional de privilegios locales.  (...)

Siento decirlo, pero desde bastante antes de la crisis el rendimiento en todos estos aspectos es desolador. Dada nuestra historia política y económica reciente, no es creíble que los recursos transferidos desde Europa vayan a utilizarse para cambiar la estrategia de crecimiento y corregir las causas que han llevado a España a liderar, en intensidad y duración, los indicadores de impacto socioeconómico de la crisis. Y ello debilita extraordinariamente la capacidad negociadora en Europa.

Las reformas que aumentarían la confianza política y económica en España son las mismas que facilitarían el tan cacareado cambio de modelo productivo. España es un país rico en recursos, capacidad empresarial y capital humano, con buenas infraestructuras. Incluso en circunstancias adversas, la formación superior en algunas áreas (ciencias, medicina, ingeniería, por poner solo algunos ejemplos), que ahora regalamos o el desarrollo de energías renovables sugieren que hay mimbres para hacer bien las cosas. 

Por tanto, la posibilidad de abandonar una estrategia de crecimiento basada en sectores de baja productividad y formación, y escasamente competitiva internacionalmente, no es (o por lo menos no era) una quimera. Se trata de un problema político e institucional. Para que el cambio de estrategia sea efectivo hacen falta una serie de reformas que corrijan legados, todavía presentes, de la industrialización tardía, la dictadura y la propia transición.

 Las reformas necesarias son conocidas e incluyen el sistema fiscal (todavía regresivo y débil), el sistema educativo e investigador (con unos recursos raquíticos y un diseño que expulsa al talento que forma), el mercado de trabajo (que sigue mostrando unos niveles extremos de dualización), el federalismo (contraproducente, por tardío, desde el punto de vista de la estabilidad institucional) y, sobre todo, el sistema político (donde la tolerancia hacia la corrupción a todos los niveles y la institucionalización del clientelismo como forma de intercambio siguen socavando la política democrática entendida como contraste de programas). 

Como síntoma de esto último, España es de las pocas democracias avanzadas donde la renta apenas explica las preferencias redistributivas de los ciudadanos. Dicho de otro modo, en lo que se refiere a la redistribución, los ciudadanos apenas aprecian diferencias entre los dos grandes partidos. (...)

El drama para la ciudadanía hoy, drama que alimenta el creciente escepticismo hacia la política democrática, es que está obligada a elegir entre un partido que no quiere, el PP, y un partido que no puede, el PSOE.  (...)

A juzgar por los hechos, el futuro se construye a base de recortar gasto en investigación y educación, perpetuar un sistema educativo anticuado y sin orientación práctica, limitar las políticas de formación y activación laboral al tiempo que se precariza al conjunto de la fuerza de trabajo, facilitar aún más la destrucción del litoral, aumentar la regresividad fiscal, socavar a través de los presupuestos la autonomía de comunidades autónomas, permitir la fuga masiva de licenciados y doctores y diezmar los pocos servicios públicos de calidad (sanidad) al no garantizar el relevo generacional de sus cuadros.

 Mientras tanto, las diputaciones siguen cumpliendo la preciada función de tejer redes clientelares y la incapacidad fiscal del Estado se retroalimenta con amnistías fiscales. Es obvio que el PP no quiere un nuevo modelo económico que altere la base de su coalición electoral.  (...)

Sin un PSOE realmente renovado no hay alternativa; sin alternativa no hay política; y sin política no hay reformas que nos permitan mirar a Europa de otra manera."        ( Pablo Beramendi , El País, 10 JUL 2013 )