"La postura central del Informe del Comité de Expertos sobre las
Pensiones (a partir de ahora ICE) es que el crecimiento de la esperanza
de vida y del porcentaje de la población anciana en España hace
insostenible el sistema de pensiones públicas, a no ser que se hagan una
serie de cambios que, en la práctica, significarían una notable
reducción de las pensiones públicas, tanto de los futuros pensionistas
como de los actuales. (...)
El ICE comienza señalando que el mayor
problema que tiene el sistema de pensiones públicas es el envejecimiento
de la población. Enuncia, con gran alarma, que en el año 1900 (inicio
del siglo pasado, el siglo XX), “la esperanza de vida de los españoles
con 65 años era de unos 10 años; hoy esperan vivir veinte años más (y
hacia el 2050 se prevé que vivirán 25 años más)”.
El ICE señala que este
crecimiento de la esperanza de vida es un problema enorme para la
sostenibilidad de las pensiones.
El otro “gran problema” que cree
identificar el ICE es el crecimiento del porcentaje de población
anciana. El ICE señala que, mientras el porcentaje de la población
anciana (es decir, por encima de los 65 años) ha “crecido en las últimas
décadas hasta el 17% de toda la población, y está previsto que alcance
el 37% en 2052.
En esta última fecha, por tanto, se espera que uno de
cada tres individuos tenga más de 65 años. En cifras absolutas, el
número de pensiones que prevé la Seguridad Social pasaría -dentro de
cuarenta años a partir de ahora- de los 9 millones actuales a los 15
millones en 2052”.
El ICE concluye que no habrá suficientes trabajadores
cotizantes para sostener a tanto pensionista y todavía menos para
sostenerlos durante tantos años de vida y goce de las pensiones. De ahí
la necesidad de reducir las pensiones ya ahora, en este momento, sin
esperar más. (...)
Uno de los ejemplos más claros de la
inoperancia y falta de credibilidad de las tesis de la insostenibilidad
del Sistema Público de Pensiones es el fracaso de sus predicciones. Juan
Torres y yo tenemos todo un capítulo en nuestro reciente libro Lo que
debes saber para que no te roben la pensión (Editorial Espasa. 2013)
mostrando la falta de credibilidad de las proyecciones de los
catastrofistas.
Una por una, estas proyecciones y previsiones
(incluyendo las que han hecho varios miembros del citado Comité de
Expertos) han resultado falsas.
Veamos ahora la predicción de que a
mitad de siglo XXI el porcentaje de la población anciana habrá pasado
del 17% actual al 37% (en 2052) de toda la población. Estas cifras han
sido ampliamente utilizadas y citadas (ver mi crítica al Profesor Josep
Oliver sobre la utilización de estos datos en “Los recortes de las
pensiones no son inevitables” (Público 13.06.13).
El ICE, para llegar a
estas cifras, hace toda una serie de supuestos altamente cuestionables
(que no se explicitan en el informe), siendo el mayor de ellos el que
asume que la población española pasará de ser 46 millones a 41 millones
en los próximos cuarenta años, con lo cual el porcentaje de los ancianos
sobre el total de la población aumentará espectacularmente.
Para que
esto ocurra se tiene que asumir que, durante ese periodo, la población
de España, en lugar de crecer, como ha ocurrido durante los últimos
cuarenta años, decrecerá.
Esta observación profundamente pesimista se
basa en toda una serie de supuestos, también altamente cuestionables,
escogiendo siempre los peores escenarios posibles, tales como que la
natalidad continuará bajando y bajando; que la inmigración se reducirá y
no compensará la bajada de la natalidad; y que la economía crecerá muy
poco.
La natalidad, sin embargo, es una
variable en la que se puede influir a través de políticas públicas que
sean favorables a aumentarla, políticas, todas ellas, poco desarrolladas
en España, el país europeo con menor desarrollo de las políticas
profamiliares.
Varios países en la UE-15 han mostrado que la reducción
de la natalidad puede revertirse si hay voluntad política para
desarrollar políticas que la favorezcan. Algo semejante ocurre en cuanto
a la inmigración.
La diferencia entre el nivel de vida de España y sus
vecinos del sur probablemente continuará e incluso aumentará, y con ella
la inmigración. Y es más que improbable que el aumento de la
productividad no repercuta en un aumento del crecimiento económico (tema
del cual hablaré más tarde en el artículo). No es, pues, probable que
el escenario de crecimiento negativo tanto económico como poblacional
sea el más acertado.
El problema de las pensiones no es demográfico sino económico
En realidad, lo que importa en cuanto a
la sostenibilidad de las pensiones no es el factor demográfico, sino el
económico. El tema que debería discutirse no es si habrá demasiados
ancianos o no, sino si habrá suficiente riqueza en el país para sostener
a los ancianos y a todos los demás.
Y ahí está el punto clave que el
ICE ni siquiera considera y por el que paga un coste: está profundamente
equivocado y ello es fácil de demostrar. Analicemos, primero, su
alarmismo acerca de que la esperanza de vida de las personas de 65 años
se haya doblado desde 1900, lo cual considera muy preocupante para la
sostenibilidad de las pensiones. (...)
El Comité de Expertos parece desconocer
que, desde 1900 hasta ahora, el PIB (es decir, la riqueza del país) ha
crecido 24 veces (si, 24 veces). Es cierto que la esperanza de vida de
las personas de 65 años se ha doblado en más de un siglo. Pero, ¿cuál es
el problema si la riqueza del país ha crecido 24 veces durante el mismo
periodo, es decir que el país es 24 veces más rico ahora que en 1900?
Repito ¿Dónde está el problema? ¿No cree el Comité de Expertos que una
sociedad veinticuatro veces más rica que en 1900 tiene recursos más que
suficientes para pagar las pensiones a aquellos trabajadores que han
creado esa riqueza? Una sociedad veinticuatro veces más rica tiene
veinticuatro veces más recursos para los pensionistas y veinticuatro
veces más recursos para los no pensionistas. Repito una vez más ¿dónde
está el problema?
Hoy la sociedad española tiene recursos
más que suficientes para poder pagar las pensiones de los ancianos. Y
los tendrá también para pagarlas en la segunda mitad del siglo XXI. Unos
cálculos sencillísimos del impacto del aumento de la productividad en
la riqueza del país así lo muestran.
Si la productividad aumentara un
1,5% por año (cifra muy conservadora, pues el crecimiento anual promedio
en el periodo 1971-2011 ha sido de 2,4%), el PIB de España sería 2,25
veces más grande en la segunda mitad del siglo XXI (hacia 2060) de lo
que lo fue al principio de la crisis en 2007. Es decir, si el PIB fuera
100 puntos en 2007, este aumentaría a 225 en 2060.
Pues bien, España se
gastó 8 puntos del PIB (el 8%) en pensionistas y 92 en no pensionistas
en 2007. Los alarmistas indican que para sostener a los pensionistas
habrá que gastarse en España en 2060 el 15%, lo cual indican que es
inasumible, sin clarificar por qué es inasumible. En realidad, sería muy
asumible.
Un 15% del PIB en el 2060 (es decir, de 225) serían 33 puntos
(15% de 225) para pensionistas, cantidad mayor que los 8 de 2007, y 192
para los no pensionistas (225-33=192), lo cual es superior a los 92 del
2007. ¿De nuevo, dónde está pues el problema? (nota a los principiantes
en econometría: estoy hablando de valor de moneda constante, con la
misma capacidad adquisitiva en 2007 y en 2060). (...)
Hace cuarenta años, España tenía el 18%
de la población trabajadora en el campo, produciendo alimentos para
todos los españoles. Hoy es solo el 2%. Este dos por ciento produce más
alimento que el 18% de hace 40 años.
Imagínese el ridículo de un “Comité
de Expertos” que hubiera alarmado a la población española, cuarenta
años atrás, escribiendo que el hecho de que el número de trabajadores en
el campo estuviese disminuyendo en España, determinaría que la
población española se moriría de hambre por falta de trabajadores en el
campo.
Pues, no solo no morimos de hambre, sino que este 2% produce
mucho más alimento que el 18% de hace cuarenta años. En realidad, el
estado está subsidiando a los agricultores para que no produzcan tanto.
Pues bien, saquen “alimento” y pongan “pensiones” y verán lo ridículas
que son las tesis catastrofitas del ICE y de los deterministas
demográficos.
El factor demográfico no es el problema. ¿Cuál es? De lo que no se habla en nuestro país: la distribución de las rentas
El punto clave para analizar la
viabilidad de las pensiones no es la transición demográfica, sino la
distribución de las rentas, tema que tampoco aparece por ninguna parte
en el ICE. Centrándose en el “desequilibrio” etario, se olvidan, ignoran
u ocultan el “desequilibrio de rentas” que es la raíz del problema.
Veamos los datos.
La Seguridad Social se financia a partir de fondos derivados del trabajo. (...) Esta redistribución de las rentas a favor del capital ha creado enormes problemas. (...) La otra consecuencia de esta redistribución de las rentas a favor de las
rentas del capital a costa de las rentas del trabajo ha sido
precisamente la bajada de ingresos a la Seguridad Social pues, al
disminuir las rentas del trabajo, también disminuyen los ingresos a la
Seguridad Social.
Ahí está el problema que el ICE ignora. Las políticas
neoliberales que se han estado aplicando en la Unión Europea (y en la
Eurozona a partir del establecimiento del euro), con el énfasis puesto
en la reducción de los salarios y del gasto público, junto con el
desarrollo de políticas fiscales favorables a las rentas del capital,
han sido los mayores ataques (y no hay otra manera de decirlo) que se
han hecho a la Seguridad Social. (...)
Y ahora es el mismo capital financiero el que está culpabilizando al
envejecimiento de la población de la crisis de la Seguridad Social. Y el
Comité de Expertos, cuya composición condiciona sus conclusiones (9 de
los 12 miembros son personas próximas a la banca y a las compañías de
seguros), también enfatiza esta tesis, promoviendo como solución un
enorme recorte de los beneficios sociales. (...)
Soluciones alternativas
Las soluciones para el futuro de las
pensiones pasan por centrarse no tanto en la transición demográfica,
sino en aumentar la riqueza del país y su redistribución, mediante
medidas macroeconómicas, laborales y sociales (encaminadas a facilitar
una sociedad de alta productividad) y medidas fiscales (orientadas a una
redistribución muy marcada de la riqueza que se habrá creado con este
aumento de la productividad y que vaya en sentido opuesto al que ha
estado yendo en estos últimos treinta años, es decir, redistribuyendo
desde el mundo del capital (y muy en especial del capital financiero)
hacia el mundo del trabajo.
En aquellos países que se quiera
mantener el sistema de reparto para financiar las pensiones, es
fundamental que aumente el número de trabajadores (en España hay una
enorme cantera de mujeres y jóvenes que quieren trabajar), impedir los
salarios bajos y la precariedad, aumentar la progresividad en la
financiación de la Seguridad Social y del Estado (España tiene uno de
los Estados de la UE-15 con menores ingresos, con menor gasto público
social y menos redistributivos) y aumentar la fuerza de los sindicatos,
puesto que la distribución de la riqueza creada, resultado del
incremento de la productividad, depende no solo del nivel de la
productividad, sino también del poder del mundo del trabajo.
Hoy el
capital es el grupo de presión más poderoso que se ha beneficiado más de
este aumento de la productividad. Debería revertirse esta situación y
que fuera el mundo del trabajo el que forzara la redistribución de la
renta nacional a su favor y, en consecuencia, de la Seguridad y de la
protección social." (Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL
PLURAL y en la columna “Pensamiento crítico” en el diario PÚBLICO, 17 de
junio de 2013, en vnavarro.org, 17/06/2013)
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