“La culpa de lo que ha pasado la tenemos todos, aquí todo el mundo ganaba dinero”.

"Nadie tiene la culpa. Y si la hay, se la echan a su antecesor en el cargo. Someramente, es lo que han dado de sí las cuatro primeras sesiones de la comisión del parlamento de Cataluña que investiga el derrumbe de las cajas catalanas y el perjuicio causado a los ciudadanos que compraron preferentes o han sido desahuciados. 

Hasta ahora se ha centrado en Catalunya Banc, la antigua Caixa Catalunya. Hoy nacionalizada, suma 12.000 millones euros de inyecciones públicas y afronta el despido de 3.000 empleados y el tercer intento de venta. 

 Han comparecido cuatro expresidentes, un director general, los sindicatos. Nadie asume nada. Ni siquiera su accionista mayoritario, el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB), sobre las dos subastas fallidas.

Los comparecientes han dirigido la entidad —fruto de la fusión en 2009 de las cajas de Catalunya, Manresa y Tarragona— desde 1984 hasta el pasado mes de mayo. Los momentos de autocrítica se pueden contar con los dedos de una mano. Como cuando el lunes pasado el expresidente Antoni Serra Ramoneda soltó: “La culpa de lo que ha pasado la tenemos todos, aquí todo el mundo ganaba dinero”.

 Todo el mundo lo hacía y se ganaba mucho dinero, acaba saliendo de la boca de los comparecientes. Ya se hable de comprar la aseguradora MNA en 1995, —una pesadilla que ha acabado costando entre 210 y 300 millones—; de invertir en ladrillo hasta con promociones en Polonia sin valorar el riesgo —la justificación es que durante años dio grandes beneficios—; de abrir oficinas por toda España sin estudiar su viabilidad; de emitir preferentes desde las islas Caimán —porque así lo establecía el Banco de España—; de dar hipotecas a 40 años a mileuristas —¿quién iba imaginar  tasas de paro de más del 25%?— de fiar decisiones estratégicas a consultoras carísimas, —para eso les pagaban seis millones al año—; de votar el salario de directivos que cobraban un dineral —si eran sueldos de mercado—…  (...)

“Sí está sirviendo para ver el delirio en el que se convirtieron las cajas cuando se pusieron a hacer de bancos sin que los directivos estuvieran capacitados y sin que nadie rindiera cuentas”, opina el diputado de Ciutadans Jordi Cañas, que protagoniza duros interrogatorios. 

“Por ahora la conclusión es que había manga ancha con los equipos directivos, que tenían mucho poder”, acuerda la diputada del PSC Alicia Romero, y “se dejaron llevar por la vorágine”. Desde ICV, Josep Vendrell apunta al “abismo entre lo que costará el rescate de las nacionalizadas a los ciudadanos y la asunción de responsabilidades, que no puede quedar impune”. 

También de impunidad hablan los diputados de la CUP. David Fernández ha llamado “ladrones” a los expresidentes Narcís Serra y Adolf Todó: les ha leído la definición del término y les ha exigido que “devuelvan” sus pensiones “estratosféricas”. (...)

La tercera sesión bajó a las oficinas, con el impactante relato de los sindicatos —que votaron los sueldos de la cúpula— sobre las presiones de la dirección y el "clima de terror" en el que trabajan, empujados a vender más tarjetas y seguros, colocar más hipotecas y dando la cara ante los 80.000 clientes afectados por preferentes que se vendieron con información falsa. Los empleados tienen un teléfono de atención psicológica las 24 horas del día. (...)"                      (El País, 04/08/2013)