"A mediados del año 2010 la prestigiosa revista British Medical Journal
publicó un artículo titulado: "Crisis presupuestaria, salud y programas
de bienestar social", firmado por David Stuckler y colaboradores, en el
que se hacía una estimación del impacto en la mortalidad por los
recortes sociales impuestos por los diversos gobiernos europeos.
En ese
artículo se calculaban los efectos atribuibles a un recorte
presupuestario de 80 euros por persona, en gastos sanitarios y sociales
(ayudas a discapacitados, desempleados, jubilados, familias y niños).
Para realizar esa estimación se correlacionaba el importe total de esos
gastos y la mortalidad general en 18 países de la Unión Europea, en un
intervalo de tiempo entre 1980 y 2005.
Entre otras conclusiones, el
trabajo preveía un incremento en la mortalidad general de casi un 1%
(0,99%), siendo este incremento de un 2,8% atribuible a problemas
relacionados con el alcohol, de un 4,3% por tuberculosis, y el debido a
enfermedades cardiovasculares de un 1,2%.
Hace pocos meses, la misma revista publicó un artículo donde se
analizaban los recortes que esta sufriendo la sanidad pública en España y
en donde se alertaba de los efectos negativos que pueden tener tales
medidas sobre el sistema sanitario y sobre la salud de los españoles.
Los autores de ese trabajo, que son investigadores de la London School
of Higiene & Tropical Medicine del Reino Unido, analizan el impacto
de la disminución presupuestaria del 13,65% que se ha impuesto en
sanidad desde el año 2010, que corresponde a 150 euros per capita, y
sobre un presupuesto que ya era de los más bajos de toda la Unión
Europea.
Hay que recordar que la disminución presupuestaria acumulada en
Cataluña, en ese mismo período, ha sido superior al 20% y que,
recientemente, el señor Carles Constante, director general de Regulación
y Planificación de Recursos Sanitarios de la Generalidad y también
actual presidente del ICS, anunció nuevos "ajustes" en la prórroga
presupuestaria del 2013.
Los autores del estudio ponen en duda que las medidas de ahorro
decididas por los responsables de la sanidad española estén basadas en
evidencias probadas y alertan de que, si no se corrige la situación
actual, existe un grave riesgo para la salud de la población ante un
incremento de las enfermedades infecciosas, como la tuberculosis o el
VIH.
Los científicos relacionan ese incremento en las enfermedades
infecciosas a la exclusión sanitaria de los extranjeros en situación
irregular puesto que, según los datos que aportan, este incremento ya se
ha producido y es más notorio en aquellas Comunidades Autónomas donde
se han aplicado a rajatabla las medidas decididas por el Gobierno.
El estudio, en concordancia con lo que ya había sido anunciado
anteriormente por otros investigadores, pone de manifiesto el aumento de
casos de depresión, un mayor índice de suicidios, y un incremento de
enfermedades relacionadas con el alcohol, todo ello coincidiendo con
mayores tasas de desempleo y con una disminución del gasto publico en
políticas sociales y sanitarias. Lo que en el año 2010 eran sólo
estimaciones, se ha concretado ya en resultados.
Los autores hacen referencia a la falta de debate social y de
consenso sobre las medidas impuestas, tanto por el Gobierno central como
por los diversos gobiernos autonómicos, y también cuestionan la
existencia de una base sólida para sustentar algunas de esas medidas
como, por ejemplo, la privatización de los centros de salud y de los
hospitales que en mayor o menor medida, de forma abierta o encubierta,
se está llevando a cabo en todo el país.
Se presentan además, y como trabajo de campo, 34 entrevistas
realizadas a diversos profesionales sanitarios, médicos y enfermeras de
Cataluña, precisamente porque según citan los autores, es donde se
iniciaron los recortes sanitarios.
Las manifestaciones de los
encuestados son contundentes; la mayor parte de ellos muestra su
preocupación por la reducción de la asistencia ante el cierre de camas y
la disminución de la actividad, e incluso llegan a temer por las
muertes que pueden comportar todos esos recortes.
Algunos encuestados
apuntan que esas medidas se orientan más a favorecer la privatización y
el beneficio privado que a conseguir una mejora en la eficiencia del
sistema y alertan sobre el conflicto de intereses que se oculta tras una
supuesta racionalización sanitaria.(...)" (Carme Pérez, Crónica Global, Sábado, 9 de noviembre de 2013)
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