"(...) Una semana antes de que Merkel reeditase su victoria electoral en las
legislativas alemanas, era el secretario general del sindicato
Comisiones Obreras quien proponía la implantación de una Renta Mínima
Garantizada en todo el Estado.
Comisiones Obreras ha propuesto una RMI indefinida de 425 euros mensuales
para toda persona sin trabajo remunerado ni prestación de desempleo. El
sindicato cifra en mil millones de euros anuales el coste
presupuestario de esta medida.
El 24 de septiembre, Ignacio Fernández Toxo expresaba el objetivo de
establecer un sistema de rentas mínimas garantizadas con “carácter de
derecho subjetivo”, al estilo de la Renta Básica extremeña,
aprobada en mayo y que ya han solicitado alrededor de 5.000 hogares.
La
Junta empezará a otorgar estas ayudas en noviembre, e incluyen la
novedad de que es compatible con recibir un salario menor a la cuantía
de esta renta, que sólo llegará a un 5% de la población desempleada. Se
trata, en ambos casos de medidas de carácter temporal y condicional,
lo que hace que no se consideren equivalentes al concepto de “renta
básica” establecido por los colectivos que trabajan este tema.
La Renta Básica se define como un ingreso pagado por el Estado a cada
miembro de pleno derecho de la sociedad para que cubra sus necesidades
vitales, experiencia que ya se ha consolidado en lugares tan dispares
como Alaska y Namibia.
En septiembre, la Iniciativa Ciudadana Europea por una Renta Básica ha comenzado a recoger firmas para alcanzar el millón necesario para que la Comisión Europea estudie la viabilidad y posible implementación de la Renta Básica Incondicional a nivel europeo.
Dicha iniciativa lleva recogidas más de 90.000 firmas a comienzos de
octubre, sin embargo el objetivo, que pasa por lograr un millón de
firmas de personas de al menos 15 Estados miembros de la UE, parece
lejano.
En Catalunya el 5 de octubre acabó el plazo de recogida de las 50.000
firmas necesarias –se han recogido 64.000– para que la Iniciativa
Legislativa Popular por una Renta Garantizada de Ciudadanía (RGP) sea
debatida en el Parlamento autonómico. Esta iniciativa, promovida desde
distintos movimientos sociales catalanes, busca dotar a las personas en situación de pobreza de una paga mensual de 664 euros sin obligación de participar en acciones de inserción social ni un tiempo máximo de prestación." (Diagonal, 14/10/2013)
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