"(...) La última barrabasada del ejecutivo del PP, como ejemplo de Totalitarismo Invertido, es avalar de nuevo por al menos 60.000 millones más a la banca para suavizar los criterios de fijación de capital de Basilea III.
Desde el estallido de la crisis una de las estrategias que más
utilizaron las entidades financieras españolas para suavizar su
deteriorada situación económica, especialmente aquellos bancos en teoría
más solventes, fueron los llamados activos fiscales.
Los activos fiscales en sí son derechos de cobro sobre Hacienda:
si en vez de obtener ganancias el banco registra pérdidas, entonces la
legislación española les permite, como a cualquier otra empresa, que
apunte esa cantidad para que pueda pagar menos impuestos cuando obtenga
ganancias en un futuro. Todas las entidades financieras españolas poseen
una importante cantidad de activos fiscales ya que todas han registrado
pérdidas durante estos últimos años.
El truco que han utilizado para
que parezca que les va bien y que obtienen ganancias es contabilizar
estas pérdidas en una cuenta aparte. De esa manera podían computar como
recursos propios los llamados activos fiscales diferidos.
Además,
despejando las pérdidas hacia otra cuenta, en la cuenta oficial han
podido presentar beneficios con el objetivo de no perder la confianza de
clientes, depositantes, accionistas y otros agentes interesados. En
definitiva se trata de un truco contable para maquillar las pérdidas.
La emergencia surge porque Basilea III considera que
el cobro futuro es incierto y podría no materializarse si el banco se
liquida o es incapaz de generar los beneficios suficientes como para
recuperar el importe reconocido, y por lo tanto va a dejar de considerar dichos activos fiscales como activos de buena calidad.
El problema es que si estos activos fiscales diferidos ya no les van a
servir a las entidades financieras para mostrar una posición económica
sólida, tendrán que encontrar sustitutos y eso es imposible. Y es aquí
donde el gobierno de Rajoy, duro con los débiles, dócil con los poderosos, sale de nuevo en defensa de una sistema bancario patrio insolvente.
El ministerio de Hacienda y Banco de España tienen
prácticamente lista una norma fiscal que permita suavizar el impacto de
Basilea III y los efectos que supone no poder computar como recursos
propios los llamados activos fiscales diferidos. Para ello, el gobierno
otorgaría una nueva ventaja fiscal a la banca para que esos activos sí computen como capital gracias a un aval del Estado transformando esos activos fiscales en créditos fiscales.
Hacienda asume la existencia de los créditos fiscales y si el banco
quiebra se hace responsable y los reconocerá a los acreedores como
capital que es. En definitiva, el Estado asumirá el aval del activo
fiscal. De completarse, será un nuevo expolio a la ciudadanía que
sobretodo beneficiará a los grandes bancos, esos que nos dicen obtener
miles de millones de beneficios pero cuya realidad es otra.
Ahora
entenderán ustedes por que estas élites reclaman al Gobierno cuentas
públicas saneadas a base de recortes en todas las prestaciones sociales.
Hay que abrir hueco para lo suyo. (...)" (Juan Laborda, Vox Pópuli, 02/11/2013)
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