La inmensa mayoría de la deuda pública corresponde a intereses (más de 100 millones diarios)

"(...) Según el economista Juan Torres (¿Quién vive gratis en España? Público, 17-11-13) “casi el 70 % de lo que hoy debe el Estado español es por concepto de intereses y este concepto es lo que hace que hoy día deba 4,5 veces lo que debía en 1989.

 Mientras que si los déficits de gastos e ingresos corrientes generados desde 1989 se hubieran financiado por un banco central con los mismos tipos de interés con que el Banco Central Europeo financia a la banca privada, nuestra deuda ahora no llegaría ni al 15% del PIB”. 

De esta afirmación podemos sacar tres conclusiones:

1ª- La inmensa mayoría de la deuda pública corresponde a intereses (más de 100 millones diarios).

2ª Esta deuda pública no se ha generado por los gastos ocasionados por el estado de bienestar, sino por la ayuda económica que ha tenido que proporcionar el Estado a la banca en crisis para evitar su quiebra, que desde el 2009 se cifra en 246.000 millones de euros (según el FMI), con los correspondientes intereses.

3ª- Si nuestro país hubiera mantenido su Banco Central propio hoy no tendría ningún problema de liquidez y de deuda pública. Debemos recordar que mientras el Banco Central Europeo presta el dinero de todos los europeos a la banca privada a menos del 1 %, ésta dedica ese préstamo a adquirir deuda pública al 3, 4, 5, ó 6 %. 

Por otra parte, el dinero directo que el Banco Central Europeo ha prestado para el rescate de la banca (más de 61.000 millones de euros) no ha ido directamente a ella, sino que se ha canalizado a través del FROB (Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria), dependiente del Ministerio de Economía, y, por tanto, ha pasado directamente a engrosar la deuda pública.

Sin embargo, los ingresos en estos años de crisis han caído constantemente debido, sobre todo, a la disminución de ingresos por el IVA (la fuerte caída del consumo interno por bajada de salarios y el elevado nivel paro), al mantenimiento de una fiscalidad injusta que recae sobre todo en los asalariados, reducida tributación de las grandes empresas y multimillonarias fortunas y al enorme fraude fiscal anual (unos 80.000 millones de euros). (...)"             (Juan García Ballesteros, Rebelión, 30/11/2013)