"La burbuja inmobiliaria de la década 1998-2008 ha provocado en el
sistema financiero español un agujero de unos 250.000 millones de euros,
prácticamente impagable para los bancos, casi todos, que asumieron el
riesgo de financiar la construcción de casas, urbanización de suelos y
compra de terrenos para una demanda ficticia.
El Estado español ha ido
en su auxilio otorgándoles ayudas, en forma de avales, créditos,
subvenciones o participaciones de capital, por un valor superior a los
200.000 millones de euros, según diversas estimaciones.
Eso significa
que cada ciudadano mayor de 18 años residente en España ha prestado ya a
los bancos 5.500 euros para tapar su pufo
inmobiliario, lo que paradójicamente no ha conseguido frenar la sangría
de 400.000 desahucios de familias desalojadas de esas mismas viviendas. (...)
Otras estimaciones elevan aún más la factura pública del rescate a la
banca española. El ex ministro de Trabajo y actual diputado socialista
en el Congreso, Valeriano Gómez, la calcula en 232.000 millones de
euros.
Según sus cuentas, las ayudas públicas directas para la solvencia
de las entidades financieras ascienden a 61.000 millones de euros, a lo
que hay que añadir 36.000 millones de posibles futuras pérdidas
cubiertas por el Fondo de Garantía de Depósitos, más el déficit
originado por la venta de las entidades nacionalizadas (Bankia,
Catalunya Caixa, NovaCaixaGalicia y Banco de Valencia), que según sus
previsiones pueden ser de unos 35.000 millones, y por último unos
100.000 millones en avales, contabilizando también los últimos 30.000
concedidos por el Gobierno el pasado mes de noviembre.
¿Cuánto de
este dinero se recuperará? Pues las estimaciones no son muy halagüeñas,
puesto que el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB)
podría tener que asumir pérdidas por al menos un tercio de estos 200.000
millones.
Pérdidas que de hecho ya se vienen produciendo desde 2010 y
que están siendo pagadas por los ciudadanos en forma de recortes
sociales y subidas de impuestos, ya que, por otra parte, la política de
austeridad impuesta por Alemania en la UE obliga a ir rebajando
progresivamente el déficit público.
La predicción que lanza Gómez es aún
más pesimista, pues eleva el coste total a futuro del rescate bancario
para la ciudadanía a 150.000 millones, un 15 por ciento de nuestro
Producto Interior Bruto (PIB). Luego los recortes sociales, bajada de
sueldos y subidas de cotizaciones e impuestos aún no habrían acabado.
Curiosamente,
este enorme caudal público de ayudas a un sector privado, sin
precedentes en la historia de España, no ha ido acompañado de
contraprestaciones hacia la población en la actuación bancaria.
Ni ha
vuelto a fluir el crédito con suficiente fuerza ni se han parado los
desahucios de familias que no pueden pagar porque se han quedado en paro
y porque la cuota de su hipoteca es bastante elevada, problemas ambos
provocados por esa misma burbuja inmobiliaria.
Todo lo contrario. El
Gobierno ha impugnado insistentemente la legislación antidesahucios
aprobada por la Junta de Andalucía, hasta que ha conseguido paralizarla
en el Tribunal Constitucional, con la justificación de que ponía en
peligro la reestructuración bancaria.
De esta forma, los desalojos de familias que se quedan en la calle siguen produciéndose a diario. (...)" (José Luis Gordillo, Periodismo Humano, en Rebelión, 30/01/2014)
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