El sucio negocio de las cárceles privadas en Estados Unidos... y caro

"La tasa de crímenes se ha reducido un tercio en Colorado en los últimos 10 años, lo que ha provocado que desde 2009 este estado de Estados Unidos haya cerrado cinco de sus cárceles; pero paradójicamente las prisiones privadas están cada vez más llenas.

 El motivo es que disponen de una cuota mínima de ocupación acordada con el Gobierno estatal, que, con tal de garantizarla, se vio obligado hace unos meses a trasladar a 3.330 reclusos de las instalaciones públicas, que tenían camas vacías, a las privadas. El de Colorado no es, sin embargo, un caso aislado.

 Se repite en otras zonas del país y revela los entresijos detrás del auge de la privatización carcelaria en EE UU, así como la perversa disputa entre el interés público de rehabilitar a los presos y reducir la población carcelaria, y el objetivo inherente a toda empresa de maximizar sus beneficios. (...)

La privatización de las cárceles no ha cesado de crecer desde los años 80, cuando nació el primer operador, pero ha sido en la última década cuando se ha disparado con vigor. Entre 1999 y 2010, el número de reclusos en prisiones privadas aumentó un 80%, muy por encima del 18% que registró el conjunto de la población carcelaria, de acuerdo con las estadísticas oficiales.

 Takei tiene muy claras las causas de este fenómeno: “EE UU vive una epidemia de encarcelación masiva. Entre 1970 y 2010, la cifra de presos creció un 700% y eso ha impulsado a las compañías privadas”, esgrime. (...)

Sin embargo, el documento del ITPI considera “ilusorio” pensar que las cuotas mínimas de ocupación de las cárceles acaben beneficiando a los contribuyentes. La entidad asegura que, por ejemplo, en Arizona las prisiones privadas han acabado costando 33 céntimos más al día por recluso que las públicas, mientras que en Colorado el traslado de los 3.330 presos para cumplir la base mínima ha acarreado una factura de dos millones de dólares. (...)

Como es previsible el auge privatizador ha engrosado las cuentas de resultados de CCA y del otro gigante del sector, Geo Group. Por ejemplo, en el tercer trimestre de 2013 CCA registró un beneficio neto de 51,8 millones de dólares en comparación con los 42,3 millones del mismo periodo del año anterior. 

Ambos grupos cotizan en bolsa y su elevada rentabilidad ha atraído a grandes entidades financieras y bancos a invertir en ellas, según explica el activista Takei. En sus informes públicos, las compañías admiten que el aumento de la población carcelaria repercute positivamente en sus resultados, y que, en cambio, pueden suponer riesgos para sus negocios que se relajen los procedimientos de detención de inmigrantes y las leyes que rigen la duración de las penas.

En este sentido, según el informe de In the Public Interest, tanto CCA como Geo Group hacen intensamente lobby para tratar de que endurezcan las leyes con el objetivo último de aumentar —o como mínimo mantener— la población carcelaria. La primera destinó 17,4 millones de dólares en influenciar a políticos entre 2002 y 2012, mientras que la segunda gastó bastante menos (2,5 millones) entre 2004 y 2012, según datos del Center for Responsive Politics, una entidad civil. 

En paralelo, también hicieron generosas donaciones a las campañas de líderes políticos clave: entre 2003 y 2012, CCA destinó 1,9 millones, mientras que Geo Group 2,9 millones.

“Mantienen relaciones muy desarrolladas con las autoridades políticas para tratar de obtener más contratos”, apunta, por su parte, Shar Habibi, directora del departamento de investigación de ITPI. Y, en paralelo, en busca del mayor beneficio empresarial, ambas compañías intentan reducir al máximo los “costes operativos” de sus prisiones para convertir en ganancia las aportaciones que reciben de los gobiernos.

 Esto se traduce, critica, en tener el personal estrictamente necesario o ahorrar en mantenimiento de las instalaciones, seguridad y sueldos, lo que suele derivar en contratar a trabajadores sin la cualificación necesaria. Y todo ello puede generar un cóctel explosivo que, en algunos casos, ha desencadenado en malos tratos a los presos, un aumento de la conflictividad o incluso en fugas de reclusos. (...)

Habibi asegura que, en general, los estados mantienen una severa supervisión de las condiciones de las prisiones privadas, pero que, cuando ésta se relaja o deja de ser regular, los operadores privados tienden a tratar de gestionar las cárceles “por debajo de los estándares” con tal de rebajar aún más sus costes.

 Y en algunos casos la situación se les acaba yendo de las manos, como acaba de pasar en una prisión de CCA en el estado de Idaho. A principios de enero, las autoridades anunciaron que iban a retirarle la concesión después de múltiples denuncias de violencia y negligencias de los trabajadores. CCA reconoció el año pasado que falsificó los informes que proporcionó al Gobierno sobre la jornada laboral de sus empleados al notificar que estaban trabajando en momentos en que en realidad sus puestos estaban completamente vacantes.

 No se trata de un episodio aislado, pues el informe del ITPI incluye ejemplos muy parecidos en otras cárceles del país. Y en casos como el de Idaho el rescate público acaba disparando el presupuesto de gestión de la prisión y son los contribuyentes los que pagan los platos rotos.(...)"                     (El País, 23/01/2014)