"Nos convertimos en grúas humanas. La falta de recursos nos la
echamos sobre la espalda”, explica una cuidadora que teme se sepa su
identidad. Carmen es su nombre ficticio.
Hace cuatro años, entró a
formar parte del equipo de auxiliares del Servicio de Atención
Domiciliaria (SAD) en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), que se encarga
de supervisar las condiciones socio-sanitarias de las personas
dependientes y dar las pautas necesarias a familiares y servicios
sociales.
“Cuando llegué al servicio, me quedé asombrada. Los servicios
sociales ponían al alcance de las familias los recursos que necesitaban,
bien fuera una silla de ruedas, un andador o pañales, se adaptaban las
duchas si era necesario…”, explica. “El planteamiento principal era
evitar que perdiesen la autonomía: intervenir antes y prolongar su
calidad de vida, pero todo eso se ha ido perdiendo”, sentencia.
En los últimos años, multitud de municipios han ido recortando la
inversión en los servicios sociales, encargados de dotar de los recursos
necesarios para una calidad de vida adecuada a las personas que no
pueden valerse por sí mismas, bien por tener una edad avanzada, bien por
sufrir algún tipo de discapacidad.
La estrechez de muchas cuentas
municipales, además, ha facilitado la entrada en la gestión del servicio
de atención domiciliaria de empresas que se han adjudicado los
concursos públicos ofertando al mínimo precio posible, a costa de
reducir recursos y empeorar condiciones laborales.
En verano de este año, Clece S.A, la sociedad multiservicios propiedad del Grupo ACS, presidido por Florentino Pérez, se adjudicó el concurso
de cerca de un millón de euros anuales licitado por el ayuntamiento de
Cerdanyola para gestionar el SAD de la ciudad.
La compañía, que en el
2011 se hizo con el negocio asistencial en la Comunidad de Madrid
por 21,7 millones de euros, forma parte de la lista de constructoras
que, tras la caída del ladrillo, han derivado su negocio hacia el sector
público, junto a otras como Valoriza Servicios a la Dependencia S.L,
del grupo Sacyr.
Carmen pasó de trabajar para Inpross, una pequeña empresa familiar
gestionada por dos enfermeras, a depender de Clece. Esta auxiliar
asegura que después de que los últimos años se haya producido una
pérdida progresiva de los recursos destinados a las personas
dependientes, la entrada de Clece en el servicio ha empeorado aún más la
atención a la dependencia.
La Marea ha contactado con tres trabajadoras que han vivido
de primera mano esta degradación. Como Carmen, las otras dos tampoco
quieren revelar su nombre, pues su actual situación laboral se vería
afectada por la amenaza de los despidos. Sus testimonios dibujan un
preocupante panorama. “Antes, si la cama era muy bajita, los servicios
sociales la adaptaban a tu situación.
Ahora tengo que poner todas las
sillas del comedor como barandilla porque la señora tiene alzheimer y se
levanta a media noche. En lugar de una silla de ruedas, me encuentro
con casas en las que el marido ha tenido que ponerle rueditas a la silla
del comedor. ¿Cómo se las apaña el cuidador para cambiarle el pañal a
una señora, por lo menos cuatro veces al día, si está en una silla de
ruedas que no tiene frenos?”, lamenta Carmen.
Esta auxiliar señala que uno de los aspectos que más se ha resentido
desde la entrada de Clece en el SAD de Cerdanyola es la coordinación con
los servicios sociales, que se vinculaba a través de la empresa: “No
tenemos comunicación directa con los servicios sociales”, sentencia.
Tampoco con la propia empresa.
Hace unas semanas, una mujer con una
enfermedad mental avanzada amenazó con suicidarse y no tuvo manera de
comunicarse con ésta. “Ahora nos encontramos con un conflicto, llamas y
no hay quien responda. No hay comunicación con la empresa. He hecho 17
llamadas entre ayer y hoy para intervenciones y no me han contestado”,
afirma.
Y es que, de la compañía para la que trabajaba antes, Inpross, que
conocía a todas sus empleadas y a las personas que atendían gracias a la
proximidad, ha pasado a trabajar para una gran corporación, Clece (que
en 2011 facturó cerca de 1.000 millones de euros), en la que un mismo
coordinador debe atender a un área tan extensa que le es imposible
mantener una comunicación efectiva con todos los casos.
“Se ha reducido
el equipo administrativo, así que las coordinadoras no conocen los
casos, tienen un área demasiado grande para atenderla”, explica. “Hace
unos meses, un chico autista de unos 27 años le dio un empujón a la
cuidadora y la estampó contra la pared.
Ella ya no se pudo levantar y
pasaron cuatro horas sin que hubiera forma de comunicarse con la
empresa”. La Marea ha tratado de recabar la versión de Clece
sobre estos hechos, pero la empresa ha declinado hacer cualquier tipo de
declaración al respecto.
En Mota del Cuervo (Cuenca), María ha sido testigo directa del modus operandi de Clece, que en noviembre se hizo con el servicio integral de la residencia
pública Los Molinos. Ella trabaja como enfermera en el centro. La
entrada de la empresa ha supuesto despidos, la cancelación de muchos de
los servicios y, para los empleados, trabajar más horas por un salario
menor. “Clece ha llegado con mucha prepotencia. Lo más negativo que veo
es la confusión de funciones que ha provocado”, indica.
La lista de despidos y reasignación de funciones es larga. En la
recepción, se eliminó el turno de noche, así que los residentes ya no
pueden comunicarse con sus familiares a partir de las 23.00 horas. El
recepcionista del turno de noche pasó a trabajar durante el día. Y el
que se encargaba del turno de día fue despedido. También el que
trabajaba los fines de semana. (...)" (La Marea, 08/01/2014)
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