3.000 pacientes llevan más de 3 años esperando para poder ser intervenidos, en Cataluña

"Según los datos oficiales, la sanidad pública catalana tiene en lista de espera 181.559 ciudadanos, de los más de siete millones y medio que están incluidos en su ámbito de cobertura. 

La única Comunidad Autónoma que supera este record histórico es Andalucía. El tiempo medio de espera en Cataluña es de 7,29 meses, aunque existen grandes diferencias y, según esos mismos datos oficiales, 3.000 pacientes llevan más de 3 años esperando para poder ser intervenidos. 

Esos son los datos oficiales, pero gracias a las triquiñuelas de los adictos y adeptos al régimen sanitario imperante, se consigue maquillar la realidad para que no se compruebe que el incremento de las listas de espera, bajo la égida de Boi Ruiz, es un auténtico escándalo sin parangón en Europa ni en el resto de España.

 Ese maquillaje consiste en incluir al paciente en la lista de espera, no en el momento del diagnóstico, sino cuando ya se le han realizado todas las pruebas (analítica, electrocardiograma, pruebas radiológicas o de imagen) que forman parte del estudio preoperatorio, pero que no modifican el diagnóstico previamente establecido ni la indicación quirúrgica.

Esos pacientes, ya diagnosticados y pendientes de una operación, son temporalmente enviados al limbo de las listas de espera y, hasta que no sean convenientemente "bautizados" por los fieles ángeles y arcángeles al servicio del sumo hacedor Ruiz, no podrán ingresar en el cielo de las listas de espera oficiales.

 Hace pocos días, el honorable consejero de Salud, ha prometido en sede parlamentaria que, durante este año, piensa acabar con la espera padecida por 23.800 pacientes pendientes de una intervención quirúrgica que, teóricamente, tienen garantizado un tiempo máximo de 6 meses al que, en la práctica, nunca se dado cumplimiento.

 Se trata de 14 tipos de intervenciones, debidas a enfermedades no cancerosas pero muy frecuentes y que pueden resultar severamente invalidantes y, algunas incluso tributarias de tener complicaciones graves. Se trata de cirugía por cataratas, prótesis de rodilla y cadera, artroscopias, varices, cálculos en la vesícula biliar, patología prostática... 

Boi Ruiz ha reconocido que desde que llegó al cargo, las listas de espera para esas 14 patologías que en teoría tienen un tiempo de espera máximo garantizado, han aumentado en casi 30.000 personas, pero ha responsabilizado de ese incremento a un "problema estructural", agravado por el recorte en el presupuesto en sanidad, decidido por el gobierno del que él forma parte, en los últimos tres años. Según el Sr. Ruiz ese recorte ha sido del 16% pero, según otras fuentes bien documentadas, no es inferior al 30%. (...)

un número, según dicen importante pero no concretado, ha abandonado las listas. ¿Se habrán curado espontáneamente? ¿Tal vez han fallecido? ¿Han buscado una alternativa privada? Y, si es así, ¿han sido atendidos privadamente dentro del sistema público o fuera de él?

Y así llegamos a la polémica suscitada por algunas denuncias sobre el traspaso de pacientes desde la sanidad pública a la privada, con la finalidad de conseguir avanzar en las listas de espera previo pago.

 En un alarde sin precedentes, el mismo consejero que es quien ha inducido, compelido, autorizado, fomentado, recomendado, alabado y permitido a todos los centros concertados de Cataluña a esa perversa práctica, con la finalidad de que consigan así los recursos que él mismo les ha restringido, tiene la desfachatez de afirmar en sede parlamentaria que "se trata de una práctica rigurosamente prohibida" y se permite, además, hacer un llamamiento público recomendando a los ciudadanos que "quien se vea en esta situación o sospeche que le han engañado y que utilizan la lista de espera para inducirlo a que vaya pagando, que lo denuncie", puesto que si esa denuncia se comprueba, su departamento actuará "con toda contundencia".

¿Qué entiende el Sr. Ruiz por "utilizar la lista de espera para inducirlo a que vaya pagando"? El consejero sabe perfectamente que los profesionales ni son responsables ni tan siquiera gestionan esas listas de espera, por lo que mal pueden utilizarlas para derivar pacientes a la privada ni para ninguna otra cosa. 

No se trata de que el profesional que indica la intervención o que incluso debe realizarla, la demore de forma voluntaria e intencionada ofreciéndole al paciente la posibilidad de adelantarla mediante pago; esa práctica es perseguible legalmente, pero el consejero sabe perfectamente que la martingala, de la que él mismo es valedor y promotor, y que consiste en utilizar recursos pagados con dinero público para favorecer y obtener lucrativos beneficios privados, no funciona así.

 El profesional que atiende al paciente, en prácticamente todos los casos, se limita a informarle del tiempo de demora para poder ser intervenido a través de la aseguradora pública (que no gratuita) y, otros son los que se ocupan de hacerle saber las "posibilidades" que ese mismo centro u otro pueden ofrecerle y, entre esos "otros" cabe incluir la difusión mediática, y también de pago, que se ha dado a algunos centros, como Barna Clínic que, a pesar de recibir más de 11 millones de euros anuales de los Presupuestos públicos y utilizar las instalaciones costeadas con recursos también públicos, realiza exclusivamente actividad privada. 

El "modelo" que algunos centros pretenden imitar, con la colaboración, el beneplácito y la aquiescencia de los poderes públicos, es el de Barna Clínic pero, eso sí, sin tener acceso a la generosa partida presupuestaria que la Consejería del Sr. Ruiz le facilita y que proviene del bolsillo de todos los ciudadanos, incluso de los que no pueden pagar ni acceder a sus magníficos servicios sanitarios y de hostelería. (...)"              (Carme Pérez, Crónica Global, Lunes, 24 de marzo de 2014)