3.000 Viviendas Protegidas vendidas a inmobiliarias y a fondos especulativos: “O pagas o a la calle”

"O pagas o a la calle. No somos una ONG. Somos inversores. Hemos invertido millones y queremos ganar dinero”. Fue la respuesta que los inquilinos de viviendas sociales jóvenes del Ivima recibieron de Encasa Cibeles, la sociedad pantalla que esconde a Goldman Sachs y a Azora a la que la Comunidad de Madrid ha malvendido casi 3.000 VPO por 201 millones de euros.

“No somos una ONG”, dicen. Sin embargo, los contribuyentes han subvencionado a estos causantes de la crisis financiera, global y doméstica, la adquisición de unas viviendas protegidas por 201 millones que se tasaron en 300 millones. Les ha costado cada piso unos 67.000 euros, mientras que a sus adjudicatarios, si quieren ejercer el derecho a compra, les exigen unos 150.000 euros. 

Cabe destacar que más de la mitad de estos inquilinos cobran la renta mínima. Son parados de larga duración, mujeres solteras con hijos, familias numerosas, inmigrantes, discapacitados… “Estas casas son de protección pública, están hechas con el dinero de todos los madrileños”, defienden los vecinos.

 Desde que la Comunidad de Ma­drid del heredero de Esperanza Aguirre, Ignacio González, entregara a los buitres estas viviendas sociales, Encasa Cibeles, o sea, Azora y Goldman Sachs, no han parado de cometer irregularidades. La primera fue un error tipográfico por el que figuraba que habían adquirido las 2.935 viviendas, repartidas en 32 promociones, con sus 42 locales comerciales, ¡por 201.000 euros! 

Di­cho error obligó a modificar la resolución, lo que concedió a los inquilinos el tiempo suficiente para presentar un recurso ante los tribunales, con la ayuda de movimientos por el derecho a la vivienda como la PAH. Más del 80% de los afectados se pudieron acoger a la justicia gratuita. Pero sus situaciones son tan precarias, que muchos no tenían dinero ni para pagar el transporte para ir a poner el recurso.

Según los afectados de la venta, “Encasa Cibeles compró las 3.000 viviendas sociales con un capital inicial de 3.000 euros, ¿te lo puedes creer?”. Su sorpresa no se queda ahí: “Si por contrato hay que ejercer el derecho a compra en 2014, ¿cómo pueden vender nuestras viviendas en 2013?”, “¿y por qué nos exigen que paguemos todo o compremos cuando se acabe la subvención, si tenemos derecho hasta a ocho años?”, se preguntan.

 Ade­más, inciden en que “poco antes de la venta, cambiaron la ley para que se pudiera vender el conjunto de los edificios para no tener que dar el derecho al tanteo, pero la legislación dice que tienen que preguntarme”.

En los últimos meses, los medios han ido sacando a la luz más malas prácticas –cuando no supuestos delitos– de Goldman Sachs y Azora. Han puesto las viviendas a la venta por internet con los inquilinos (con opción a compra por contrato) dentro y por unos precios superiores al precio tasado del Ivima.

 En algunos casos, piden más del doble de lo que les costó adquirírselas a la Comuni­dad de Madrid. Todo un negocio privado con dinero público con tintes de presunta ilegalidad. Además, los afectados señalan que los anuncios ofertan cosas inexistentes y con fotografías que no se corresponden con la realidad.

Recientemente, los afectados han recibido cartas encabezadas con un “estimad@ inquilin@” para exigirles que pagen el Impuesto de Bie­nes Inmuebles (IBI) y la Tasa de Resi­duos Urbanos por adelantado. Les piden de una tacada 600 o 900 euros, e incluso les ofrecen la posibilidad de fraccionarlo. Ante esto, los vecinos se han informado en sus respectivos ayuntamientos, donde les han dicho que ni siquiera se conoce aún el valor catastral de las viviendas. 

El IBI es un impuesto que pagan los propietarios, no los inquilinos. De hecho, el Ivima nunca se lo exigió.

En todo caso, según el artículo 20.1 LAU, arrendador y arrendatario tenían que haber pactado y haber hecho constar por escrito a la fecha del contrato el importe anual del IBI. Cosa que no se ha hecho, por lo que no es exigible, defienden los vecinos.

 Además, Encasa Cibe­les está pidiendo por adelantado fraccionar y repercutir unos pagos (de IBI y de residuos) que hasta el momento no ha abonado. Es más, ni siquiera sabe si procede que los inquilinos los paguen, ni su cuantía exacta. “Están intentando recaudar dinero de cualquier forma”, lamentan los afectados.

Por si todo esto fuera poco, los caseros están pidiendo a sus inquilinos maltratados que les ayuden a echar a los ocupas que están utilizando estas viviendas sociales. En el Ensanche de Vallecas, donde más afectados hay, aproximadamente el 30% de los pisos está ocupado por familias en su mayoría gitanas.

 Pero los arrendatarios no les han seguido el juego: “No es fácil la convivencia, pero mi problema no son los ocupas. Mi problema es cómo puedo llegar a fin de mes con la renta que tengo”, aseguran.

A los vecinos que sí pagan, les están intentando separar: “Cada vez que se acaba una subvención, nos dicen que hay que pagar el alquiler entero, o comprar el piso, o si no, a la calle. También nos están intentando separar. Nos ofrecen otro contrato, otro piso, otra zona…”.

¿Cómo viven esta situación los afectados? “Me está enfermando. No veo lógica. No tenemos recursos. Están jugando con nuestro futuro. Casi no duermo pensando en que me pueden echar. Nos dicen que nos enfrentamos contra los poderosos: la Comunidad de Madrid y Goldman Sachs, que no sólo tiene peso económico, sino también peso político”, se lamenta una madre de tres hijos cuyo trabajo consiste en “buscar trabajo”.       (Diagonal, 17/04/2014)